ACCIÓN REIVINDICATORIA. PUEDEN EJERCITARLA TODOS LOS COPROPIETARIOS DEL BIEN COMÚN, UNA PARTE DE ELLOS O UNO SOLO, PERO EL JUEZ DEBE LLAMAR A TODOS AL JUICIO, ANTE LA EXISTENCIA DE UN LITISCONSORCIO ACTIVO NECESARIO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE MÉXICO Y SINALOA).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 182/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, EN APOYO DEL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 22 DE NOVIEMBRE DE 2013. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO PARTICULAR. PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS. SECRETARIO: FRANCISCO OCTAVIO ESCUDERO CONTRERAS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal, 226, fracción II, de la nueva Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, en relación con el punto segundo, fracción VII, y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diverso circuito, en un tema que, por ser de naturaleza civil, corresponde a la materia de la especialidad de la Primera Sala. Lo anterior, con base, además, en el criterio sustentado por el Pleno de este Alto Tribunal, en la tesis P. I/2012, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011)." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Tomo 1, marzo 2012, página 9, Décima Época)
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos del artículo 197-A, primer párrafo, de la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, toda vez que la formuló el presidente del Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, en apoyo del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito.
TERCERO. Ahora bien, con el fin de establecer y delimitar la materia de esta contradicción, se estima conveniente transcribir las partes considerativas de las ejecutorias dictadas en los asuntos que oportunamente fueron sometidos a la potestad jurisdiccional de los Tribunales Colegiados contendientes, a fin de estar en aptitud de resolver si existe o no la controversia de criterios denunciada.
El Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, en apoyo del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, al resolver el dieciocho de abril de dos mil doce el amparo directo civil 48/2012 (cuaderno auxiliar 104/2012), consideró, en lo que interesa, lo siguiente:
"SEXTO. Es infundado e inoperante el concepto de violación. Previamente, deben destacarse los antecedentes que derivan de las constancias que integran el juicio ordinario civil 904/2010, a las cuales, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se les reconoce eficacia demostrativa plena y de las cuales se obtiene lo siguiente: I. Mediante escrito presentado el diecisiete de diciembre de dos mil diez, ante el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Escuinapa, Sinaloa, **********, por su propio derecho y en representación de **********, **********, **********, ********** y **********, demandó en la vía ordinaria civil y en ejercicio de la acción reivindicatoria, a **********, aquí quejoso, la declaración de los actores como propietarios del inmueble ubicado en calle **********, la desocupación y entrega de dicho inmueble, el pago de daños y perjuicios derivados de su ocupación, así como de gastos y costas del juicio (fojas 1 a 13). II. El Juez de primera instancia, mediante auto de once de enero de dos mil once, admitió la demanda y ordenó el emplazamiento del demandado (folio 43). III. En su escrito de contestación, el demandado opuso la excepción de falta de acción y derecho con motivo de que ha sido posesionario del inmueble reclamado (folios 48 a 50). IV. Seguido el juicio en sus demás etapas procesales, se dictó sentencia el seis de septiembre de dos mil once (folios 193 a 203), en la cual se resolvió lo siguiente: ‘PRIMERO. Ha procedido la vía ordinaria civil. SEGUNDO. La parte actora ********** acreditó la acción intentada que hiciera valer por derecho propio; el demandado ********** no demostró sus excepciones. TERCERO. Consecuentemente, se declara que la parte actora ********** tiene dominio respecto del bien inmueble que vienen reclamando, consistente en una finca urbana, destinada para casa habitación, ubicada en calle **********, con las medidas, colindancias y demás características precisadas en la parte considerativa de la presente resolución. CUARTO. Se condena al demandado **********, a la entrega del inmueble en controversia, con sus frutos y accesiones en su caso, que deberá hacer voluntariamente a la parte actora dentro del término de 5 cinco días, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 490 del código adjetivo civil estadual, contados a partir de que cause ejecutoria la presente sentencia, o de lo contrario se procederá a la ejecución forzosa. QUINTO. No se hace especial condena al pago de costas, en virtud de que no se actualiza ninguno de los supuestos, contenidos en las diversas fracciones del numeral 141 de la ley de enjuiciamiento civil vigente para el Estado.’. V. En contra de esta sentencia, el demandado, por conducto de su procuradora judicial, interpuso recurso de apelación, del que correspondió conocer a la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, quien mediante sentencia de cuatro de noviembre de dos mil once, confirmó el fallo impugnado (folios 211 a 219). La sentencia de referencia es la que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo, lo que se precisa, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 77 de la Ley de Amparo. Ahora bien, previo al estudio del concepto de violación, debe precisarse que si bien, la actora ********** promovió su demanda, en el juicio de origen, por su propio derecho y en representación de **********, **********, **********, ********** y **********, en virtud de que estos últimos eran también copropietarios del inmueble objeto de la litis, al haberlo adquirido conjuntamente mediante sucesión intestamentaria, según se advierte de la escritura pública número **********, protocolizada por el notario público número **********, con ejercicio y residencia en Escuinapa, Sinaloa, exhibida por dicha actora (fojas 27 a 37 del juicio de origen); lo cierto es que, al resolver en definitiva, el Juez de instancia estimó que el poder exhibido para acreditar la representación de los copropietarios mencionados sólo facultaba a ********** para que, con ese carácter, pueda vender al mejor postor el bien inmueble, mas no la legitima para demandar en su nombre. No obstante lo anterior, se determinó que la actora había demostrado su acción, sin que el demandado la desvirtuara con sus excepciones, por lo que la condena a este último se efectuó únicamente teniéndose como actora a ********** (fojas 197 y 198 ibídem). Por ese motivo, al interponer el recurso de apelación, la parte demandada expuso, en su primer agravio, que la actora, al no tener la representación de los demás copropietarios, con quienes forma un litisconsorcio activo, carecía de legitimación para accionar, debido a que la sentencia habría de afectar a todos (fojas 204 a 207 ibídem). Este agravio se declaró infundado por la Sala responsable, quien expuso que la demandante, en su calidad de copropietaria del bien inmueble que reclama, se encuentra legitimada por sí para ejercer la acción reivindicatoria, de conformidad con el artículo 15 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa (lo transcribe), del que se desprende que a cualquier comunero le es dable deducir las acciones relativas a la defensa de la cosa común, sin necesidad de que se llamen al juicio a todos los copropietarios. Lo anterior, porque si conforme a lo establecido en los artículos 936 y 948 del Código Civil para el Estado (los transcribe) la copropiedad es el derecho de propiedad que compete a varias personas proindiviso sobre una misma cosa, esto es, no pertenece a los copropietarios sobre parte determinada, sino en forma proporcional, ideal y abstracta, además de que supone un estado de indivisión, en el que cada copropietario ejerce su derecho de goce respecto de toda la cosa, en tanto que la acción reivindicatoria es la acción real que tiene el propietario de un bien mueble o inmueble, cuyo objeto es que se declare judicialmente su derecho de dominio y que se le devuelva el bien con sus frutos y accesiones, entonces, debe reconocerse en el copropietario la facultad de ejercer la acción reivindicatoria y cita como apoyo la tesis de jurisprudencia con el rubro: ‘ACCIÓN REIVINDICATORIA. SU EJERCICIO POR UN COPROPIETARIO.’ y la tesis aislada con título: ‘COPROPIEDAD, REIVINDICACIÓN EN CASO DE.’. Además, la responsable precisa que para la actualización del litisconsorcio activo necesario, debe estar expresamente establecido en la ley, porque frente a tal figura jurídica se contrapone el principio de derecho consagrado en el artículo 32 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, consistente en que: ‘a nadie puede obligarse a intentar o proseguir una acción contra su voluntad’, principio que conforme al propio precepto, y a lo dispuesto en el artículo 29, párrafo primero, del mismo código, tiene las siguientes excepciones: ‘a) Cuando se trate de la acción de jactancia; b) Cuando alguno tenga acción o excepción que dependa del ejercicio de la acción de otro, a quien pueda exigir que la deduzca, oponga o continúe desde luego; y si es excitado para ello se rehusare, lo podrá hacer aquél; c) Cuando el deudor excitado por su acreedor se rehúse a ejercitar una acción que le compete, puede hacerlo éste siempre que su crédito conste en título ejecutivo’. Así, al no ubicarse entre dichas excepciones el régimen de copropiedad, antes bien, acorde con lo establecido en el artículo 15 del código procesal en mención, el comunero puede deducir las acciones relativas a la cosa común en calidad de dueño, salvo pacto en contrario o ley especial, debe primar el principio general atinente a que ‘a nadie puede obligarse a intentar o proseguir una acción contra su voluntad’. En apoyo a lo anterior, el tribunal responsable cita la tesis aislada con el rubro: ‘LITISCONSORCIO ACTIVO NECESARIO. PARA QUE SE ACTUALICE DEBE ESTAR EXPRESAMENTE ESTABLECIDO EN LA LEY (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).’. Ahora bien, en el único concepto de violación, la parte quejosa refiere que la demandante, en su calidad de copropietaria del inmueble, no está legitimada para ejercer la acción reivindicatoria intentada en el juicio de origen, porque si bien el artículo 15 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa (lo transcribe) establece que el comunero puede deducir las acciones relativas a la cosa común, en calidad de dueño, lo cierto es que tal disposición tiene dos limitaciones que consisten en que el comunero está impedido para deducir las aludidas acciones cuando existe pacto en contrario o cuando la ley especial se lo impide. Esta última excepción, considera actualizada la parte quejosa, debido a que el artículo 944 del Código Civil para el Estado de Sinaloa (lo transcribe) limita la actuación del comunero, al disponer que para administrar la cosa común se requiere del consentimiento de la mayoría de los copropietarios, por lo que para accionar en juicio, deberá contarse con la anuencia de todos los comuneros, por ende, uno solo de ellos no puede tomar la iniciativa, dada la trascendencia que reviste tal proceder y, sobre todo, el riesgo que implica involucrarse en un proceso judicial, a virtud del cual todos los condueños deben estar enterados para que, además de que otorguen su autorización, aporten ideas, datos e información para la obtención del mejor resultado posible en el litigio. Lo anterior, aun cuando la copropiedad es el derecho de propiedad que compete a varias personas proindiviso sobre una misma cosa; pues precisamente, al ejercer su derecho de goce respecto de toda la cosa, la realidad es que ejerce dominio respecto de una parte alícuota, y si la acción reivindicatoria es la acción real que tiene el propietario de un bien, cuyo objeto es que se declare judicialmente su derecho de dominio y que se le devuelva, es claro que sólo se puede hacer tal declaración respecto de todos los copropietarios, por ser quienes tienen el dominio y, por ende, a todos ellos se les podrá devolver, pues pensar lo contrario, implicaría que el Juez, al hacer la declaración en el sentido de que el accionante tiene el dominio, lo está convirtiendo en propietario único del inmueble y, por tanto, privando de su derecho de propiedad a los demás copropietarios, sin haber sido oídos en el juicio. Ahora, en cuanto al argumento de la responsable en el sentido de que para la actualización del litisconsorcio activo necesario debe estar expresamente establecido en la ley, porque a tal figura se contrapone el principio de derec
o consagrado en el artículo 32 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa (se transcribe) que consiste en que a nadie puede obligarse a intentar o proseguir una acción contra su voluntad; la quejosa manifiesta que el litisconsorcio está expresamente establecido en la ley, en el artículo 944 del Código Civil para el Estado de Sinaloa, el cual dispone que para la administración de la cosa común serán obligatorios todos los acuerdos de la mayoría de los partícipes, sin que en este caso se advierta que la actora contara con esa aprobación; máxime que de conformidad con el Diccionario de la Lengua Española, el vocablo ‘administrar’ significa ordenar, disponer y organizar los bienes; de lo que se sigue que si ‘disponer’, también de acuerdo con dicho diccionario, significa, además de ‘deliberar, determinar y mandar lo que ha de hacerse’, ‘ejercitar en algo facultades de dominio’, se tiene que ejercitar una acción judicial, por tratarse de un acto de dominio, es un acto de administración del bien común que, de conformidad con el invocado numeral 944, debe hacerse, por lo menos, por la mayoría de los copropietarios. Independientemente de lo anterior, considera inexacto que el principio de que a nadie puede obligarse a intentar o proseguir una acción contra su voluntad, se contraponga al litisconsorcio activo necesario, pues se está refiriendo a los sujetos que, de acuerdo con la ley, están facultados para intentar la acción, que, en el caso, lo son todos los copropietarios actuando en mayoría o la totalidad, pero de manera alguna tal disposición autoriza a que si los demás condueños son renuentes a ejercitar la acción, podrá hacerlo uno de ellos, pues esto se contrapone a la figura del litisconsorcio consagrada en el artículo 944 del código sustantivo civil de Sinaloa. Además, si hay renuencia por parte de los demás dueños, para proceder judicialmente, sus razones muy poderosas han de tener y deben respetarse, pues quizá les convenga que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y, por tal motivo, decidieron no proceder; de ahí que el numeral 944 en comento dispone que para la administración de la cosa común serán obligatorios todos los acuerdos de la mayoría de los partícipes; sin que sea válido que uno de los copropietarios accione en contra de la voluntad de los demás, porque en una acción como la que nos ocupa se puede dar el caso de una reconvención por la prescripción positiva, a la cual tiene derecho el demandado, en virtud de la cual es necesario que todos hayan promovido la acción, puesto que todos deben ser reconvenidos, por así exigirlo el artículo 1154 del Código Civil para el Estado de Sinaloa (se transcribe). Sostener lo contrario, como lo hace la Sala, refiere la quejosa, contraviene el principio de que ‘a nadie puede obligarse a intentar o proseguir una acción contra su voluntad’, consagrado en el artículo 32 del código procesal en consulta, en virtud de que, al haber promovido solamente la señora **********, se obligó a los demás copropietarios a ejercitar y proseguir la acción en contra de su voluntad, en virtud de que la sentencia que en definitiva se dicte, necesariamente habrá de afectarles, hayan intervenido o no; afectación que se verá reflejada en el cambio de situación que propicie el fallo definitivo; situación que tal vez los condueños que no litigaron no deseaban. En apoyo a lo anterior, la impetrante del amparo invoca las tesis aisladas, de rubros: ‘ACCIÓN REIVINDICATORIA EJERCITADA POR UN COPROPIETARIO, IMPROCEDENCIA DE LA, CUANDO SE ACTUALIZA LA FIGURA JURÍDICA DEL LITISCONSORCIO. INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 1.86 Y 2.12 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE MÉXICO.’ y ‘LITISCONSORCIO EN EL PROCEDIMIENTO CIVIL. CONCEPTO.’. Los motivos de inconformidad acabados de resumir se contestarán en forma conjunta, toda vez que son unívocos en pretender evidenciar que la parte actora carecía de legitimación para ejercer la acción reivindicatoria de un bien inmueble sujeto a copropiedad, sin haberse llamado a los demás copropietarios, con los cuales refiere, formaba un litisconsorcio activo, además de que controvierten, en esencia, las razones apuntadas por la Sala responsable, en cuanto a la facultad del comunero de ejercer las acciones que corresponden a la cosa común, sin necesidad de llamar a los demás copropietarios, pues la quejosa manifiesta que si para la administración de la cosa común serán obligatorios todos los acuerdos de la mayoría de los partícipes, ello es indicativo de que todos los copropietarios deben consentir el ejercicio de la acción promovida por uno de ellos, sin perjuicio de abordar los argumentos secundarios expuestos en torno a este planteamiento, a fin de cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad que toda sentencia debe contener. Lo anterior, conforme a la siguiente jurisprudencia: Registro «IUS» No. 167961. Localización: Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX, febrero de 2009, página 1677, tesis VI.2o.C. J/304, jurisprudencia, materia común. ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO.’ (se transcribe). Ahora bien, según se adelantó, resulta infundado el concepto de violación, en atención a lo siguiente: Los artículos del Código Civil para el Estado de Sinaloa, que regulan la copropiedad, disponen lo siguiente: ‘Artículo 936.’. ‘Artículo 941.’. ‘Artículo 943.’. ‘Artículo 944.’. ‘Artículo 948.’ (se transcriben). Asimismo, el artículo 15 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa dispone: ‘Artículo 15.’ (se transcribe). En principio, existe la copropiedad cuando una cosa o un derecho pertenece proindiviso a varias personas, característica que lleva implícito que ninguno de los copropietarios tiene dominio sobre determinadas partes de la cosa o derecho. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 1a./J. 11/2000, visible en la página 62, Tomo XII, noviembre de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: ‘ACCIÓN REIVINDICATORIA. IMPROCEDENCIA DE SU EJERCICIO ENTRE COPROPIETARIOS.’. En esta jurisprudencia, Nuestro Máximo Tribunal sustentó que la parte alícuota es una parte ideal determinada desde el punto de vista aritmético en función de una idea de proporción. Esto significa que cada copropietario tiene una participación respecto de cada una de las moléculas de la cosa y ésta variará según los derechos de éstos, es decir, no se puede deslindar la parte material de cada uno de los copropietarios, ni establecer cuando haya varias cosas, cuál corresponde a unos y cuál a otros, ya que todas son tratadas como una unidad. Es decir, el derecho de cada uno de los copropietarios se limita a una parte indivisa, o sea, que ninguno de ellos puede circunscribir su derecho a una parte de la cosa físicamente determinada, siendo titular de una cuota ideal o parte indivisa, expresada por una cifra, es decir, un medio, un cuarto, un tercio. Debe precisarse que tal y como se desprende de los artículos arriba transcritos, cada partícipe tiene el derecho de libre uso de la cosa común, con la condición de no darle un destino impropio ni de causar daño ni perturbación a la posesión de los demás; sin embargo, siendo los copropietarios partícipes, aun de la parte más pequeña del bien común, no puede restringirse a ninguno de ellos, salvo convenio en contrario, el derecho de usar la totalidad de la cosa, puesto que ambos tienen por igual derechos de copropiedad sobre todas sus partes. Luego, si existe copropiedad cuando una cosa o un derecho pertenece proindiviso a varias personas, ello implica que los copropietarios no tienen dominio sobre partes determinadas de la cosa, sino un derecho de propiedad sobre el todo en cierta proporción a la que se le da el nombre de parte alícuota. La parte alícuota es una parte ideal determinada desde el punto de vista aritmético, en función de una idea de proporción. Esto significa que cada copropietario tiene una participación respecto de cada una de las partes de la cosa y ésta variará según los derechos de éstos, por lo tanto, no se puede deslindar la parte material de cada uno de los copropietarios, ni establecer cuando haya varias cosas, cuál corresponde a unos y cuál a otros, ya que todas son tratadas como una unidad. En ese orden, cada partícipe tiene el derecho de libre uso de la cosa común, con la condición de no darle un destino impropio ni de causar daño ni perturbación a la posesión de los demás; sin embargo, siendo los copropietarios partícipes, aun de la parte más pequeña del bien común, no puede restringirse a ninguno de ellos, salvo convenio en contrario, el derecho de usar la totalidad de la cosa, puesto que todos tienen, por igual, derechos de copropiedad sobre todas sus partes. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el artículo 4o. del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa (se transcribe), la acción reivindicatoria constituye la más propia y eficaz defensa ordinaria de la propiedad, pues tiene como finalidad el reconocimiento del derecho de dominio y, en consecuencia, la restitución de la cosa que indebidamente retiene un tercero. Por tanto, la acción reivindicatoria es la acción real que tiene el propietario de un bien mueble o inmueble que se dirige contra el poseedor del mismo, para recuperarlo y obtener que se le entreguen los frutos y accesiones de la cosa. Es cierto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia preinvocada, determinó que la acción reivindicatoria es improcedente entre copropietarios, sin embargo, se resolvió que la misma se puede dirigir en contra de un tercero que posee indebidamente la cosa. Luego, si la copropiedad supone un estado de indivisión en el que cada copropietario ejerce su derecho, no sobre una parte determinada de la cosa, sino respecto de toda ella y sobre toda la cosa el copropietario ejerce su derecho de goce; es inconcuso que la acción reivindicatoria, al tener por objeto la protección de la propiedad, sí debe reconocerse al copropietario la facultad de ejercer esa acción, por virtud de que su derecho se extiende a toda la cosa. Tal razonamiento encuentra sustento en el artículo 15 suprascrito, del que se desprende que al comunero, entendido como copropietario, se le permite deducir las acciones relativas a la cosa común, en calidad de dueño, sin necesidad de tener el consentimiento unánime de los demás condueños, salvo pacto en contrario, cuya interpretación, en su sentido literal, implica la autorización del ejercicio del derecho de un copropietario no sobre una parte determinada de la cosa común, sino respecto de toda ella, en beneficio también de los demás copropietarios. Es orientadora la tesis de jurisprudencia sustentada por la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido: Registro «IUS» No. 392147. Localización: Sexta Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Apéndice de 1995. Tomo IV, Parte SCJN. Página: 14. Tesis: 20. Jurisprudencia. Materia: civil. ‘ACCIÓN REIVINDICATORIA. SU EJERCICIO POR UN COPROPIETARIO.’ (se transcribe). Además, debe dejarse claro que la acción reivindicatoria puede ser ejercitada por todos los copropietarios, por una parte de ellos, o por uno solo, porque es principio elemental del régimen de
comunidad, el que el dominio de cada uno de los interesados sea en todo, de manera que, al emitirse un fallo por haberse ejercitado la acción reivindicatoria, quien quiera que sea el actor, favorezca a los demás copropietarios, sin que pueda aceptarse que el reivindicante carezca de legitimación activa, porque al pedir la cosa uno de los comuneros, no actúa en representación de los demás, como si fuese su apoderado y necesitara justificar la existencia del mandato, sino que lo hace por su propio derecho, y si la sentencia favorece a todos, no es por fenómeno jurídico alguno de gestión oficiosa, o de mandato expreso o ficto, sino por la imposibilidad de hecho, de separar el dominio del actor, del de aquellos que permanecieron en silencio, caso en el que debe favorecerse a todos. Sirven como fundamento a lo expuesto, las tesis sustentadas por la antes Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establecen lo siguiente: Registro «IUS» No. 803101. Localización: Sexta Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. XXXI, Cuarta Parte, Página: 10. Tesis aislada. Materia: civil. ‘ACCIÓN REIVINDICATORIA. LEGITIMACIÓN DEL COPROPIETARIO PARA EJERCITARLA.’ (se transcribe). Registro «IUS» No. 358681. Localización: Quinta Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. XLVIII. Página: 2440. Tesis aislada. Materia: Civil. ‘COPROPIEDAD, REIVINDICACIÓN DE LA.’ (se transcribe). En esos términos, el artículo 944 del Código Civil para el Estado de Sinaloa no puede interpretarse en el sentido de que limita la actuación del comunero, al disponer que para administrar la cosa común se requiere del consentimiento de la mayoría de los copropietarios, por lo que para accionar en juicio, deberá contarse con la anuencia de todos los comuneros. En efecto, la quejosa sostiene que el litisconsorcio activo está expresamente establecido en el citado artículo, sin que, en este caso, se advierta que la actora contara con esa aprobación, máxime que de conformidad con el Diccionario de la Lengua Española, ejercitar una acción judicial, por tratarse de un acto de dominio, es un acto de administración del bien común. Estos razonamientos son infundados, en virtud de que el artículo 15 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa faculta al comunero para deducir las acciones relativas a la cosa común, en calidad de dueño, salvo pacto en contrario o ley especial. En cuanto a esta última salvedad, contrario a lo que refiere la quejosa, el artículo 944 del código sustantivo civil local del Estado de Sinaloa, al establecer que para la administración de la cosa común serán obligatorios todos los acuerdos de la mayoría de los partícipes, en modo alguno constituye una limitación al comunero para ejercer acciones relativas a la cosa común. Esta deducción deriva de que en ambos preceptos se hace referencia a la cosa común; de modo de que si en uno se faculta al comunero en calidad de dueño para accionar en función de la cosa común y en otro, interpretado como lo sugiere la quejosa, lo limita, debiendo existir previo acuerdo, sería nugatorio el contenido del primero, debido a que, entonces, en ningún caso, el comunero podría accionar por sí solo. En esa tesitura, la armonización de los preceptos en comento debe ser en sentido contrario a como lo refiere la inconforme, pues el artículo 944 de referencia no es una salvedad para la facultad del comunero de deducir acciones relativas a la cosa común, sino que se trata de una regla general relacionada con los actos de administración. Esta regla genérica de carácter sustantivo, efectivamente, establece que para la administración de la cosa común serán obligatorios todos los acuerdos de la mayoría de los partícipes; sin embargo, dicha disposición tiene como excepción, una de carácter procesal, en el sentido de que el comunero puede deducir las acciones relativas a la cosa común, en calidad de dueño, salvo pacto contrario o ley especial. Entendido de esta manera, no puede establecerse que el Código Civil para el Estado de Sinaloa constituya una ley especial, que contenga una salvedad para lo dispuesto en el artículo 15 del código procesal respectivo, pues contrariamente a esta correlación de normas, la ley sustantiva establece una regla general para la administración de la cosa común, acerca de los acuerdos por mayoría de los comuneros, y de aceptarse que dentro de los actos de administración se encuentra el ejercicio de acciones, en este sentido, existe una disposición de carácter especial en un cuerpo normativo de carácter procesal, en el que
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24956-be202beb/accion-reivindicatoria-pueden-ejercitarla-todos-los-copropietarios-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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