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SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. DEBE DECRETARSE SI EN CONTRA DE LA SENTENCIA DEFINITIVA PROCEDÍA EL RECURSO DE APELACIÓN Y NO SE AGOTÓ (LEY DE AMPARO PUBLICADA EL DOS DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN).

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 957/2013. · Registro digital (IUS): 25009
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2014-05-02
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Pág. 1832.

AMPARO DIRECTO 957/2013. 23 DE ENERO DE 2014. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: FERNANDO SÁNCHEZ CALDERÓN. SECRETARIO: RAMÓN HERNÁNDEZ CUEVAS.

CONSIDERANDO:

QUINTO. Estudio de fondo del asunto. Se estima innecesario analizar los conceptos de violación propuestos por el quejoso, debido a ser improcedente el juicio de amparo y, por ende, procede decretar el sobreseimiento del juicio de garantías.

En el caso, se considera actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la ley de Amparo.

La disposición legal citada, dispone:

"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:

"...

"XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativas o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.

"Se exceptúa de lo anterior:

"a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o algunos de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales;

"b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal;

"c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento.

"Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o a su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo."

Acorde con dicha disposición, antes de acudir a la vía constitucional debe agotarse el principio de definitividad, salvo en los casos de excepción en donde de manera expresa se releva de esa obligación procesal.

Los artículos 34 y 170 de la Ley de Amparo, así como el diverso 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establecen la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer del juicio de amparo directo en términos del artículo 107, fracciones V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en contra de sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio.

El artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone:

"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: ... III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquellas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado."

Por su parte, el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, prevé:

"Artículo 170. El juicio de amparo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometido durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo.

"Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta ley.

"Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificadas o revocadas, salvo al caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. ..."

Del contenido de las normas constitucional y reglamentaria antes reproducidas, se obtiene la procedencia del juicio de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio, dictadas por los tribunales judiciales administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo.

Asimismo, el párrafo segundo del artículo 170, fracción I, de la ley reglamentaria precisa que se entenderá por sentencias definitivas, las que decidan el juicio en lo principal y por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido.

El párrafo tercero del señalado artículo de la Ley de Amparo, dispone "que para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia", por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos.

Lo anterior, evidencia como requisito para la procedencia del juicio de amparo directo, agotar previamente el recurso ordinario establecido en la ley de la materia, por virtud del cual, la sentencia definitiva pueda ser modificada o revocada, esto es, debe cumplirse con el principio de "definitividad", salvo el caso en que la ley permita la renuncia del recurso.

En la especie, ********** por su propio derecho, reclama la sentencia dictada el ocho de octubre de dos mil trece, así como su aclaración de diez de octubre posterior, en la tercería excluyente de dominio relativa al expediente **********, por el Juez Mixto de Cuantía Menor y de Juicios Orales de Jilotepec, Estado de México, que decidió de fondo el juicio de tercería excluyente de dominio, deducida del juicio ejecutivo mercantil instado por su parte en contra ********** y otros.

En esa virtud, para resultar procedente el juicio de amparo en términos del tercero párrafo del artículo 170 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 Y 107, Constitucionales, se requiere previamente a éste, agotar el recurso ordinario establecido en la ley de la materia, por virtud del cual, pudiera modificarse o revocarse la sentencia definitiva, en la especie, el recurso de "apelación" previsto en el artículo 1339 del Código de Comercio, habida cuenta que la ley de la materia, no autoriza renunciar a ese medio de impugnación.

En efecto, los artículos 1339 y 1339 Bis del Código de Comercio, señalan:

"Artículo 1339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a quinientos mil pesos por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad de manera anualmente. ..."

"Artículo 1339 Bis. Los asuntos de cuantía indeterminada siempre serán apelables."

De las disposiciones legales en análisis, se advierte que la cuantía en un juicio mercantil se fija tomando en cuenta como base únicamente la prestación principal reclamada en la demanda; de ahí que para ese efecto no es válido acudir a algún factor ajeno a aquélla y que los asuntos de cuantía indeterminada, siempre serán apelables.

Ahora, si bien es cierto que la tercería excluyente de dominio en materia mercantil se vincula al juicio al que se encuentra afecto el bien o los bienes que el tercerista pretende excluir, también lo es que no autoriza a tomar en cuenta la cuantía de ese juicio para determinar la de la tercería, pues ésta formal y materialmente constituye un juicio autónomo, en donde la materia de la controversia es distinta a la del juicio con el cual se vincula; tan es así, que la tercería se ventila por cuerda separada, porque a través de ella se ejerce una acción nueva y diversa a la que se discute en el juicio preexistente.

Consecuentemente, si en la tercería excluyente de dominio el tercerista sólo busca que se le reconozca la propiedad o dominio de uno, varios o todos los bienes en el juicio respecto del cual se promueve, se concluye que dicha tercería es un juicio de cuantía indeterminada, en tanto que el tercerista no persigue como prestación principal el pago de una cantidad líquida determinada en la demanda inicial de tercería o susceptible de determinarse a través de una simple operación aritmética, sino únicamente que se le respete su derecho de propiedad o de dominio en relación con el bien o los bienes que pretende excluir de la afectación generada con el juicio preexistente en el que hace valer la tercería.

Luego, si por la propia naturaleza del fin que se persigue a través de la tercería, ésta debe considerarse de cuantía indeterminada entonces para la procedencia del juicio de amparo directo, tratándose de tercerías excluyentes de dominio derivadas de juicios mercantiles, es necesario agotar el recurso de apelación; pues, por un lado, el artículo 1339 Bis del Código de Comercio, establece que los asuntos de cuantía indeterminada siempre serán apelables y, por otro, es necesario agotar los recursos ordinarios antes de promover el juicio de amparo, al ser una regla institucional del sistema procesal que implica que las autoridades judiciales locales deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción, antes de que dichas disputas sean sometidas al conocimiento de las autoridades que ejercen la jurisdicción constitucional; de ahí que, resultaba imperativo que el quejoso previamente a acudir al juicio de amparo directo agotara el recurso de apelación a que se contrae el artículo 1339 Bis del Código de Comercio.

Cabe precisar que la posición jurídica adoptada en esta resolución, en el sentido de que en los asuntos de cuantía indeterminada debe agotarse el recurso de apelación, encuentra pleno soporte jurídico, además, en la jurisprudencia 1a./J. 89/2010, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, febrero de 2011, materia civil, página 61, de rubro y texto siguientes:

"APELACIÓN. RESULTA PROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS, AUTOS, INTERLOCUTORIAS O RESOLUCIONES DICTADOS DURANTE EL PROCEDIMIENTO MERCANTIL, CUANDO EL MONTO DEL NEGOCIO RESULTE DE CUANTÍA INDETERMINADA. La improcedencia del recurso de apelación en los juicios mercantiles respecto de asuntos de cuantía inferior a los doscientos mil pesos establecida en los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio, constituye una disposición excepcional, puesto que el legislador excluyó de forma limitativa la procedencia de ese medio de defensa cuando la controversia impulsó una cuantía inferior a doscientos mil pesos; esto es, el creador de la norma no hizo extensiva la hipótesis normativa a los demás juicios mercantiles ni a otro tipo de procedimientos judiciales. En esta lógica, el tratamiento que debe darse a asuntos de cuantía indeterminada, al no estar previstos como tales en el Código de Comercio, es el que imponen las reglas generales, es decir, las que regulan los juicios ordinarios, de tal suerte que los autos, interlocutorias y sentencias dictadas durante el procedimiento pueden ser impugnadas a través del recurso de apelación. Aunado a lo anterior, se estima que debe atenderse la regla establecida en el artículo 238 del Código Federal de Procedimientos Civiles, -misma que señala que ‘sólo son apelables las sentencias que recaigan en negocios cuyo valor exceda de mil pesos, y en aquellos cuyo interés no sea susceptible de valuarse en dinero’-, por resultar complementaria al Código de Comercio. Así, se considera que la regla aplicable es la establecida en el artículo 1339, en el sentido de que contra las resoluciones dictadas en el procedimiento y sentencias recaídas en asuntos de cuantía indeterminada procede el recurso de apelación."

Asimismo, es aplicable al caso que nos ocupa, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 94/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, publicada en el mismo medio de difusión, Décima Época, Libro 1, Tomo I, diciembre de 2013, página 498, aprobada en su rubro y texto en sesión de fecha cuatro de septiembre de dos mil trece, que establece:

"TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO EN MATERIA MERCANTIL. LAS PRESTACIONES RECLAMADAS EN DICHO JUICIO SON DE CUANTÍA INDETERMINADA, POR LO QUE PREVIAMENTE A IMPUGNAR EN AMPARO DIRECTO LA RESOLUCIÓN QUE LE PONE FIN A AQUÉLLA, DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE APELACIÓN. De la reforma al Código de Comercio, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que la cuantía de un juicio mercantil se fija tomando como base únicamente la prestación principal reclamada en la demanda; de ahí que, para ese efecto, no es válido acudir a algún factor ajeno a aquélla. Ahora, si bien es cierto que la tercería excluyente de dominio en materia mercantil, se vincula al juicio al que se encuentra afecto el bien o los bienes que el tercerista pretende excluir, también lo es que no autoriza a tomar en cuenta la cuantía de ese juicio para determinar la de la tercería pues ésta, formal y materialmente, constituye un juicio autónomo, en donde la materia de la controversia es distinta a la del juicio con el cual se vincula; tan es así, que la tercería se ventila por cuerda separada, porque a través de ella se ejercita una acción nueva y diversa a la que se discute en el juicio preexistente. Consecuentemente, si en la tercería excluyente de dominio el tercerista sólo busca que se le reconozca la propiedad o dominio de uno, varios o todos los bienes en el juicio respecto del cual se promueve, se concluye que dicha tercería es un juicio de cuantía indeterminada, en tanto que el tercerista no persigue como prestación principal el pago de una cantidad líquida determinada o susceptible de determinarse a través de una simple operación aritmética, sino únicamente que se le respete su derecho de propiedad o de dominio en relación con el bien o los bienes que pretende excluir de la afectación generada con el juicio preexistente en que hace valer la tercería, de ahí que si por la propia naturaleza del fin que se persigue a través de la tercería, ésta debe considerarse de cuantía indeterminada, entonces para la procedencia del juicio de amparo directo, tratándose de tercerías excluyentes de dominio derivadas de juicios mercantiles, es necesario agotar el recurso de apelación pues, por un lado, el artículo 1339 Bis del Código de Comercio, establece que los asuntos de cuantía indeterminada siempre serán apelables y, por otro, es necesario agotar los recursos ordinarios antes de promover el juicio de amparo, al ser una regla institucional del sistema procesal que implica que las autoridades judiciales locales deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción, antes de que dichas disputas sean sometidas al conocimiento de las autoridades que ejercen la jurisdicción constitucional; de ahí que al justiciable le sea obligatorio agotar los recursos ordinarios antes de acceder a la justicia de amparo, pues así lo exige el principio de definitividad contenido en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, cuyo contenido en el tema que interesa esencialmente se reitera en el artículo 170 de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013."

En tal contexto, si en el caso concreto, de las constancias que conforman el presente juicio de amparo directo, con eficacia demostrativa plena, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente al presente asunto, en términos del artículo 2o. de la Ley de Amparo, no se advierte que el quejoso hubiera agotado el recurso de apelación previsto en el artículo 1339 Bis del Código de Comercio, se materializa el supuesto de improcedencia a que se refiere la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, habida cuenta que el presente asunto no se ubica en ninguno de los supuestos de excepción previstos en los incisos a), b) y c) de dicha norma legal transcrita en párrafos precedentes, que relevara de agotarse el principio de definitividad y, por ende, procede sobreseer en el juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del invocado ordenamiento legal.

Ello, se reitera, debido a que como se ha puntualizado, el juicio de amparo que nos ocupa, se promovió en contra de la sentencia definitiva de ocho de octubre de dos mil trece y aclaración de diez de octubre siguiente, dictada en la tercería excluyente de dominio por el Juez Mixto de Cuantía Menor y de Juicios Orales de Jilotepec, Estado de México, que decidió de fondo la tercería excluyente de dominio, instada por la parte quejosa **********, en el expediente **********, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por su parte en contra de ********** y otros.

Cabe precisar que la definición de sentencia definitiva establecida en el artículo 170 de la Ley de Amparo en vigor, es distinta al que proporcionaba la ley de la materia abrogada.

En efecto, el artículo indicado, señala:

"Artículo 107. ... Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; ..."

Por otro lado, el artículo 46 de la Ley de Amparo abrogada, en la parte relativa disponía:

"Artículo 46. ... se entenderán por sentencias definitivas las que decidan el juicio en lo principal, y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. ..."

Como se ve, la definición de sentencia definitiva que proporcionan los ordenamientos legales en análisis son distintos, pues mientras la Ley de Amparo en vigor define como sentencia definitiva "la que decide el juicio en lo principal", la ley anterior supeditaba esa definición a que no procediera en su contra ningún recurso, por virtud del cual pudiera ser modificada o revocada, premisa esta última que la Ley de Amparo en vigor ya no contiene en la definición de sentencia definitiva, lo que se acota para los efectos legales conducentes.

No es óbice a lo expuesto, que por auto de catorce de noviembre de dos mil trece, se haya admitido el presente juicio de amparo directo, ya que dicho auto es de trámite y no causa estado en relación con el Pleno del Tribunal Colegiado; por ello, ese acuerdo de trámite no impide que el Pleno de este órgano colegiado, determine desechar la demanda de amparo.

Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis aislada LXXVIII/90, emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo V, Primera Parte, enero a junio de 1990, página 161, que a la letra dice:

"COMPETENCIA. EL AUTO DEL PRESIDENTE DE LA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN QUE LA DECLARA, NO CAUSA ESTADO. El auto del Presidente de la Sala en que, entre otras cuestiones, la declara competente para conocer del recurso de revisión, sólo corresponde a un examen preliminar del asunto, pues el estudio definitivo de la competencia de la Sala corresponde realizarlo a la propia Sala y, por ello, no causa estado. Por consiguiente, si con posterioridad se advierte que la Sala no es legalmente competente, la misma no debe conocer del asunto y deberá, en consecuencia, remitirlo al órgano jurisdiccional competente."

En esa tesitura, con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, debido a que en el caso no se advierte deficiencia de la queja que suplir, en términos de lo previsto por el artículo 79 de la Ley de Amparo.

Es importante destacar que similar criterio sostuvo este Tribunal Colegiado de Circuito, al resolver los juicios de amparo directo números **********, ********** y **********, promovidos por los quejosos **********, ********** y **********, en sesiones de veinticinco de septiembre de dos mil trece, diez de octubre de ese mismo año y veintitrés de enero de dos mil catorce, respectivamente, cuyo criterio derivó del juicio de garantías citado en primer término, cuyos rubro y texto son del contenido literal siguiente:

"SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. DEBE DECRETARSE SI EN CONTRA DE LA SENTENCIA DEFINITIVA PROCEDÍA EL RECURSO DE APELACIÓN Y NO SE AGOTÓ. (LEY DE AMPARO PUBLICADA EL DOS DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN). Conforme al numeral 170, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, el juicio de amparo directo procede en contra de sentencias definitivas, entendiéndose por éstas en términos del segundo párrafo del artículo en análisis, las que deciden el juicio en lo principal; empero, para la procedencia del juicio, acorde con la literalidad de su párrafo tercero, debe agotarse el recurso ordinario previsto en la ley de la materia, por virtud del cual pueda modificarse o revocarse. En ese entendido, si en contra de la sentencia definitiva procedía el recurso de apelación y éste no se agotó ni es renunciable, se materializa la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, del ordenamiento legal en comento, lo que impone sobreseer en el juicio de amparo directo, en términos del artículo 63, fracción V, de esa propia ley, siempre que en el caso no se actualice supuesto de excepción alguno que la propia fracción XVIII del citado 61 prevé. No se soslaya que la definición de sentencia definitiva que proporciona la Ley de Amparo en vigor es distinto del que se contenía en la ley abrogada, pues en la actual, se entiende por sentencia definitiva ‘la que decide el juicio en lo principal’, mientras que la abrogada establecía por sentencia definitiva ‘la que decide el juicio en lo principal y respecto del cual las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual pudiera ser modificada o revocada’, dato que abona en el criterio que aquí se adopta."

Por lo expuesto y fundado, además, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 73, 76, 189 y 217 de la Ley de Amparo, se;

RESUELVE:

ÚNICO.-Se sobresee en el juicio de amparo directo promovido por **********, por su propio derecho, en contra de la sentencia de ocho de octubre de dos mil trece y aclaración de diez de octubre siguiente, dictada en la tercería excluyente de dominio por el Juez Mixto de Cuantía Menor y de Juicios Orales de Jilotepec, Estado de México, en el expediente número **********.

Notifíquese; y con testimonio de la presente ejecutoria, devuélvanse los autos a la autoridad que los remitió. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese como asunto concluido.

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron los Magistrados que integran el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, presidente, Fernando Sánchez Calderón, José Martínez Guzmán y Javier Cardoso Chávez; siendo ponente el primero de los nombrados.

En términos de lo previsto en los artículos 3, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25009-ad806211/sobreseimiento-en-el-juicio-de-amparo-directo-debe · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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