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Modo: Corpus Pro

ABOGADO PATRONO. EL AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 89 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ CARECE DE FACULTADES PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO DIRECTO A NOMBRE DEL QUEJOSO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2013. · Registro digital (IUS): 25028
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2014-05-16
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, Pág. 1113.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 12 DE DICIEMBRE DE 2013. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA CALIFICADA DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS SALVADOR CASTILLO GARRIDO, JOSÉ PÉREZ TRONCOSO, ALFONSO ORTIZ DÍAZ Y DEL MAGISTRADO DECANO Y PRESIDENTE DEL PLENO ELIEL ENEDINO FITTA GARCÍA, CONTRA LOS VOTOS PARTICULARES DE LOS MAGISTRADOS HUGO ARTURO BAIZÁBAL MALDONADO, AGUSTÍN ROMERO MONTALVO, ALFREDO SÁNCHEZ CASTELÁN Y JOSÉ MANUEL DE ALBA DE ALBA. PONENTE: JOSÉ PÉREZ TRONCOSO. SECRETARIO: MANUEL ESTEBAN SÁNCHEZ VILLANUEVA.

Boca del Río, Veracruz. Acuerdo del Pleno del Séptimo Circuito, correspondiente al doce de diciembre de dos mil trece.

VISTOS;

Y,

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante oficio sin número, recibido el tres de septiembre de dos mil trece, en la Oficialía de Partes del Pleno del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito denunció la posible contradicción de tesis entre los criterios sustentados por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, al resolver el amparo directo 317/2013, y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de ese mismo circuito, ambos con residencia en Xalapa, Veracruz, al resolver el amparo directo 861/2012.

El escrito de denuncia señala lo siguiente:

"En cumplimiento a las normas contenidas en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 227, fracción III, de la actual Ley de Amparo, este Tribunal Colegiado de Circuito denuncia la posible contradicción de criterios, entre el sustentado por este mismo órgano federal, al resolver el amparo directo número 317/2013, y el sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de este mismo circuito, en los siguientes términos. Este Tribunal Colegiado, en sesión de veintitrés de agosto de dos mil trece, resolvió el amparo directo número 317/2013, en cuya ejecutoria se estableció que con base en el artículo 89 del Código de Procedimientos Civiles, así como de diversas disposiciones legales del Código Civil del Estado, tesis de jurisprudencia y doctrina transcritas, se desprende que el nombramiento de abogado patrono confiere a éste facultades de representación, equiparables a las otorgadas en un mandato o poder y, por tanto, facultades para la promoción del juicio de amparo. En cambio, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de este circuito, en el juicio de amparo directo número 861/2012, emitió un criterio jurídico discrepante, pues sobreseyó, al estimar que el autorizado para oír notificaciones, carece de legitimación para promoverla, porque del artículo 89 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, no deriva que tenga atribuciones para promover juicio de amparo directo en representación de su autorizante, conforme a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 90/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1176 del Libro XII, septiembre de 2012, Tomo 2, materia común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de título y sinopsis: ‘AUTORIZADO EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CARECE DE FACULTADES PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO DIRECTO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 199/2004). El artículo 5o., último párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, permite que el actor en el juicio contencioso o su representante legal, autorice por escrito a un licenciado en derecho para que a su nombre reciba notificaciones, quien podrá elaborar promociones de trámite, rendir pruebas, presentar alegatos e interponer recursos. Por su parte, el artículo 13 de la Ley de Amparo señala que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, ésta será admitida en el juicio constitucional para todos los efectos legales, siempre que se compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas. Ahora, de esta última disposición no deriva que el autorizado para oír notificaciones tenga atribuciones para promover juicio de amparo directo en representación de su autorizante, ya que conforme a la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso debe aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; todo lo cual significa que únicamente el directamente afectado con alguna determinación jurisdiccional puede demandar la protección de la Justicia Federal, principio que la legislación reglamentaria de dicho precepto constitucional señala al disponer su artículo 4o., que el juicio de amparo sólo podrá seguirlo el agraviado, su representante legal o su defensor, personas estas últimas que en todo caso podrían ser reconocidas en términos del citado artículo 13 para efectos de la promoción del juicio de amparo directo, pero no los autorizados para oír notificaciones, cuya participación se limita a la defensa del actor exclusivamente en la jurisdicción ordinaria.’. Por tanto, se advierte que el criterio sustentado en el citado juicio de amparo directo número 861/2012, puede estar en contradicción con el emitido por este tribunal en el diverso juicio de amparo directo número 317/2013, ya que sobre un mismo punto de derecho, se adoptaron criterios jurídicos discrepantes, pues mientras que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de este circuito estableció que el autorizado para oír notificaciones carece de legitimación para promoverla, este órgano colegiado arribó a la conclusión contraria, es decir, de que el abogado patrono sí cuenta con facultades para promover el juicio de amparo directo."

SEGUNDO. Mediante proveído de cuatro de septiembre de dos mil trece, el Pleno del Séptimo Circuito admitió a trámite la denuncia de contradicción de tesis, registrándose con el número 2/2013; solicitó a los presidentes de los Tribunales Colegiados contendientes copias certificadas de los amparos directos 317/2013 y 861/2012, así como la información electrónica que contuviera dichos fallos; requirió a las presidencias de los Tribunales Colegiados contendientes que informaran si los criterios sustentados en los asuntos materia de la contradicción continuaban vigentes o, en su caso, que informaran la causa para tenerlos por abandonados; a fin de integrar el presente expediente.

TERCERO. En fecha siete de octubre de dos mil trece, se ordenó turnar los autos al Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, José Pérez Troncoso, a fin de que formulara el proyecto de sentencia correspondiente.

CUARTO. Mediante oficio 5273, el secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, hizo del conocimiento de este Pleno del Séptimo Circuito, que la contradicción de tesis se encuentra vigente, toda vez que no se ha dado causa alguna para tenerlo por superado o abandonado; asimismo, remitió copia certificada del expediente relativo al juicio de amparo 317/2013.

QUINTO. Mediante oficio 260, de doce de septiembre de dos mil trece, el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito remitió copia certificada de la resolución pronunciada en el amparo directo 861/2012.

SEXTO. Por acuerdo de once de octubre, el presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este circuito, tuvo por recibido el expediente de contradicción de tesis 2/2013, avocándose al conocimiento del asunto.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Pleno del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, es legalmente competente para conocer de la presente denuncia de posible contradicción de tesis en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, y anexo del Acuerdo General 14/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 41 Bis, 41 Bis 2, 41 Ter, fracción I, y 41 Quáter de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 226, fracción III, y décimo primero transitorio de la Ley de Amparo vigente, y primer transitorio del Acuerdo General 14/2013, del Pleno de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito y su anexo.

TERCERO. Cabe señalar que, aun cuando los criterios sustentados por los tribunales contendientes no constituyen jurisprudencia debidamente integrada, ello no es requisito indispensable para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer.

En este sentido, tiene aplicación por su esencia, la tesis jurisprudencial 129/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto, es el que a continuación se indica:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. ES PROCEDENTE LA DENUNCIA RELATIVA CUANDO EXISTEN CRITERIOS OPUESTOS, SIN QUE SE REQUIERA QUE CONSTITUYAN JURISPRUDENCIA. Adicionalmente al criterio establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 76, para que la denuncia de contradicción de tesis sea procedente, no se requiere que los criterios que se consideren opuestos constituyan jurisprudencia, toda vez que los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, que establecen el procedimiento para resolverla, no imponen dicho requisito."

CUARTO. En primer lugar, deben determinarse cuáles son los requisitos para la existencia de contradicción de criterios.

Para que haya materia a dilucidar respecto de cuál criterio es el que debe prevalecer, es necesaria la existencia de cuando menos formalmente una oposición de criterios jurídicos, en los que se analice la misma cuestión; es decir, para que se surta su procedencia la contradicción denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidas dentro de las sentencias respectivas.

En otras palabras, existe contradicción de criterios cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) Que los diferentes criterios provengan del examen de los mismos elementos.

En este sentido, resulta aplicable la tesis jurisprudencial número P./J. 26/2001, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.", visible en el Tomo XIII, abril de 2001, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 76, Pleno, Novena Época.

En esa virtud, se procede a analizar las ejecutorias que participan en la presente contradicción, a fin de determinar si, en la especie, se surten los mencionados supuestos:

1. Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito

El cinco de marzo de dos mil doce, la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el toca de apelación 408/2013 de su índice, modificó la sentencia dictada el veinte de noviembre del dos mil doce, por la Juez Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Poza Rica, Veracruz.

Inconforme con esa determinación, **********, en representación de **********, presentó demanda de amparo directo, de la que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, bajo el número 317/2013.

El veintitrés de agosto de dos mil trece, el Primer Tribunal Colegiado, por una parte, no sobreseyó en el juicio al no actualizarse la causal de improcedencia invocada por la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y, por otra, negó el amparo de la Justicia Federal solicitado por **********.

La citada resolución, en lo que interesa, dice lo siguiente:

"SEXTO. Toda vez que las causales de improcedencia son de orden público y de estudio preferente, de conformidad con el artículo 73, párrafo in fine, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, y la jurisprudencia número 814, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 553 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, editado en el año de 1995, de rubro y texto siguientes: ‘IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia; este órgano colegiado previamente al examen de los conceptos de violación relacionados con los temas de fondo, se avocará al análisis de la que invoca la Sala responsable.’. Así, se tiene que el tribunal de alzada, al rendir su informe con justificación, mediante oficio 1257, de fecha diez de abril de dos mil trece, entre otras cosas, manifestó que la presente demanda de amparo directo fue promovida por la licenciada **********, a quien por acuerdo dictado por el a quo, de fecha veintiséis de abril de dos mil doce, visible a foja cuarenta y siete del expediente de origen, se tuvo por autorizada por el hoy quejoso **********, para oír y recibir notificaciones conforme al artículo 89 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, empero, en términos del artículo 107, fracción I, constitucional, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, en relación con los diversos 4o. y 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, y según criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, carece de legitimación para promover la acción constitucional, por tanto, solicita el desechamiento de la demanda de garantías, conforme a las tesis de rubros: ‘AUTORIZADO EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CARECE DE FACULTADES PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO DIRECTO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 199/2004).’ y ‘MODIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA. FORMA DE APLICAR LA TESIS DE RUBRO: AUTORIZADO EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CARECE DE FACULTADES PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO DIRECTO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 199/2004).’. Deviene infundado el planteamiento antes resumido; pero antes de su análisis, se precisa que la litis se concreta a establecer, si como lo sostiene el tribunal responsable, la abogada patrona nombrada por el quejoso en el juicio de origen, carece de facultades para promover el juicio de amparo; o, por el contrario, ese nombramiento es suficiente para la promoción del juicio de garantías. El tribunal de alzada fundamenta la causa de improcedencia que hace valer, en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el artículo 4o., ambos de la Ley de Amparo; el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título: ‘AUTORIZADO EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CARECE DE FACULTADES PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO DIRECTO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 199/2004).’. En principio, conviene precisar que por acuerdo de presidencia de fecha dieciocho de junio de dos mil trece, se admitió la demanda de amparo que dio origen al presente juicio constitucional directo, promovida por **********, por conducto de su abogada patrono **********, a quien, como lo afirma la Sala responsable, mediante proveído de veintiséis de abril de dos mil doce, la Juez instructora del proceso le tuvo por reconocida su personalidad, entre otros, en términos del artículo 89 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. A fin de dar una adecuada solución al problema jurídico planteado por el tribunal de alzada, es preciso referirse a la naturaleza de las figuras jurídicas del mandatario judicial y del abogado patrono, para lo cual es útil acudir a algunas de las consideraciones vertidas en la ejecutoria que originó la tesis por contradicción 1a./J. 92/2008, aprobada por la Primera Sala del Más Alto Tribunal del País, la cual aparece publicada en la página 5 del Tomo XXVIII, diciembre de 2008, materia civil, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: ‘ABOGADOS PATRONOS Y MANDATARIOS JUDICIALES EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. SON FIGURAS JURÍDICAS ANÁLOGAS PARA EL COBRO DE HONORARIOS PROFESIONALES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).’, que, en lo que interesa, menciona: Que el Código Civil Federal (antes Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal), de aplicación supletoria al Código de Comercio, en términos del artículo 2o. de este ordenamiento legal, define al mandato en el artículo 2546, como el ... contrato por el que el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del mandante, los actos jurídicos que éste le encarga. Que la figura en comentario puede ser de dos clases, a saber, mandato representativo si el mandante concede unilateralmente poder o facultad al mandatario para que éste obre a nombre de aquél; y mandato voluntario que acorde con el artículo 2560 del ordenamiento sustantivo invocado, el mandatario puede obrar a nombre propio o en el del mandante, salvo pacto en contrario. Que siguiendo al tratadista Ramón Sánchez Medal, cabía señalar que una de las especies de la figura mencionada es el mandato judicial, el cual se origina con motivo de que los procesos judiciales pueden ventilarse personalmente por las partes o por medio de representantes, en este último caso, el representante de la parte litigante debe comparecer al proceso provisto del instrumento otorgado por ella, el que deberá contener las facultades requeridas a fin de que pueda desempeñar la representación a cabalidad. La escritura que el representante debe exhibir en el juicio correspondiente, es en la que constan las facultades otorgadas al mandatario judicial para que ejecute por cuenta de su mandante los actos procesales necesarios para la defensa de los intereses de éste. Que así, la figura jurídica en comentario tiene por finalidad proveer de facultades al mandatario para que represente a su oferente en sus asuntos judiciales contenciosos o de jurisdicción voluntaria. Por tanto, lo esencial en este contrato es el otorgamiento de representación para poder actuar ante los tribunales jurisdiccionales en nombre de quien le confiere representación, que habrá de realizarse de acuerdo con las facultades que contenga la escritura del mandato. Que con base en lo expuesto, y de acuerdo con la definición de la Enciclopedia Omeba, el mandato judicial podría definirse como el contrato en virtud del cual una persona confiere a otra, facultades suficientes para representarla en juicio. Que de lo expuesto se advertía que el mandato judicial se otorga generalmente a un abogado para que represente a una de las partes en un juicio. Que entre las obligaciones del mandatario judicial se encuentra la de seguir el juicio por todas sus instancias y practicar bajo su responsabilidad cuanto sea necesario para la defensa de su poderdante. Que también tienen límites las facultades concedidas, pues se exige cláusula especial para una serie de actos enumerados por el legislador. Que la representación cesa por haber terminado la personalidad del poderdante, por haber transmitido el mandante a otro sus derechos sobre la cosa litigiosa, y por nombrar el mandante otro procurador para el mismo negocio. Que lo esencial en el mandato judicial es el otorgamiento de facultades suficientes que mediante el contrato de mandato una persona confiere a otra para que la represente en juicio y en su nombre actúe ante los tribunales jurisdiccionales, para seguir el juicio por todas sus instancias, y realizar, bajo su responsabilidad, cuanto sea necesario para la defensa de su poderdante, ajustándose a las instrucciones que éste le hubiere dado, y si no las tuviera a lo que exija la naturaleza e índole del litigio. Que, por otro lado, la definición del concepto de abogado patrono que proporciona Eduardo Pallares en su obra, Diccionario de Derecho Procesal Civil, es la siguiente: La palabra abogado deriva del latín ad-vocatus, avocare, que significa llamado, porque los romanos (dice la Enciclopedia Espasa) acostumbraban llamar en los asuntos difíciles para que les auxiliasen a las personas que tenían un conocimiento profundo del derecho. También se ha designado a los abogados con el nombre de patronos, lo que nos transporta a la institución de la clientela en la legislación romana. El patrón tenía la obligación de ayudar a sus clientes de diversas maneras, y entre otras, defendiéndolos ante los tribunales. La palabra abogado es el participio pasado del verbo abogar que significa defender de palabra o por escrito ante los tribunales, o interceder o hablar a favor de otro. Por tanto, en su sentido más amplio, abogado es la persona que defiende a otra o intercede por ella. En su sentido propio o restringido menciona a quien, con título oficial defiende los intereses de otra persona ante las autoridades. Que esos breves elementos se estiman suficientes para señalar, en un primer momento, que los abogados patronos son aquellas personas que, por una parte, requieren tener la calidad de licenciados en derecho. Que un abogado (del latín advocatus, llamado en auxilio) es aquella persona, licenciada en derecho, que ejerce profesionalmente la defensa de las partes en juicio y en toda clase de procesos judiciales y administrativos. Además, asesora y da consejo en materias jurídicas. En la mayoría de los ordenamientos de los diversos países, para el ejercicio de esta profesión se requiere estar inscrito en un colegio de abogados, o bien la autorización del Estado para ejercer. Que, por tanto, la función de los abogados patronos consiste en asesorar a la parte, tanto en las cuestiones de fondo como en las procesales; redactar las minutas de los escritos cuando exigen una especial doctrina jurídica, y particularmente redactar los escritos de defensa; también desarrollar oralmente en la audiencia las razones que asistan a la parte, acto en el cual asumen también la representación de ésta. Que de los artículos 42 y 43 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, de aplicación supletoria en términos del artículo 1054 del Código de Comercio, anterior a las reformas de mil novecientos noventa y seis, se advierte que basta que las partes autoricen a un abogado con título o cédula profesional para oír notificaciones para que con ello esté facultado para interponer recursos y tramitar incidentes, ofrecer o rendir pruebas, alegar en las audiencias y seguir el juicio hasta ejecutar la sentencia. Es decir, el abogado patrono tiene intervención en los juicios con el carácter de profesional del derecho para defender a la parte que representa, por lo que la naturaleza de su intervención es la de un representante con facultades limitadas que se constriñen sólo al juicio para el cual fue designado, pues es voluntad de quien lo autoriza a que el facultado para oír y recibir notificaciones lleve a cabo los actos procesales indicados. En consecuencia, se establece que de los artículos 42 y 43 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla y 2588 del Código Civil Federal, se advierte que junto al procurador o mandatario judicial, coexiste la figura del abogado patrono como otra forma más de representación en el proceso, porque la sola designación del abogado patrono confiere a éste facultades de representación, equiparables a las otorgadas en un mandato judicial, ya que le permite llevar a cabo, directamente y en representación de la parte que lo designó, todos aquellos actos procesales que corresponden a dicha parte, como son intervenir directamente en el juicio de qu

se trata en representación de su autorizante no solamente dirigiendo el asunto o asesorando técnicamente a quien lo designó, sino que bajo su firma puede interponer recursos, promover incidentes, ofrecer y rendir pruebas, alegar e intervenir en la sentencia; y, por tanto, es claro que su actuar es analógico con el de un mandatario judicial. Siendo, con base en lo expuesto, que la Primera Sala del Más Alto Tribunal del País concluyó que si bien es cierto que el abogado patrono se diferencia del mandatario judicial, porque el primero basta con que se autorice para oír notificaciones en escrito dirigido al Juez para que con ello esté facultado para actuar y defender los intereses de quien lo designa sólo en ese juicio; en cambio, el segundo, generalmente, se nombra mediante escritura pública y sus facultades concernientes a la procuración contractual son ilimitadas, excepto las que señala el artículo 2587 del código sustantivo invocado; sin embargo, ambos están facultados para llevar a cabo directamente en representación y en beneficio de la parte que los nombró, todos aquellos actos procesales que corresponden a ésta, salvo algunas actuaciones reservadas personalmente a los interesados. Planteadas así las cosas, resolvió que debe prevalecer el criterio sustentado por esa Primera Sala quedando redactada con los siguientes rubro y texto: ‘ABOGADOS PATRONOS Y MANDATARIOS JUDICIALES EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. SON FIGURAS JURÍDICAS ANÁLOGAS PARA EL COBRO DE HONORARIOS PROFESIONALES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Si bien es cierto que el abogado patrono se diferencia del mandatario judicial porque al primero basta con autorizarlo para oír notificaciones mediante escrito dirigido al Juez para que pueda actuar y defender los intereses de quien lo designa en un juicio, mientras que al segundo generalmente se le nombra a través de escritura pública y sus facultades concernientes a la procuración contractual son prácticamente ilimitadas; también lo es que de los artículos 42 y 43 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, abrogado mediante decreto publicado en el Periódico Oficial de la entidad el 9 de agosto de 2004, así como 2588 del Código Civil Federal, en relación con el numeral 1082 del Código de Comercio, se advierte que junto al procurador o mandatario judicial coexiste la figura del abogado patrono como otra forma de representación en el proceso, pues su sola designación le permite llevar a cabo directamente y en representación de la parte que lo designó, todos los actos procesales que le corresponden a ésta -salvo las actuaciones reservadas personalmente a los interesados-. De manera que sí puede intervenir en el juicio a nombre de su autorizante no solamente dirigiendo el asunto o asesorándolo técnicamente, sino que bajo su firma puede interponer recursos, promover incidentes, ofrecer y rendir pruebas, alegar e intervenir en la sentencia, es evidente que sus atribuciones son equiparables a las del mandatario judicial y, por tanto, al ser figuras jurídicas análogas, tratándose del cobro de honorarios profesionales en un juicio ejecutivo mercantil a ambos les es aplicable el artículo 33 de la Ley para el Cobro de Honorarios Profesionales del Estado de Puebla, en tanto que están facultados para representar los intereses y actuar en juicio a nombre de quien los nombró, ostentando la misma calidad de abogados.’. Explicada la similitud que existe entre las figuras jurídicas aludidas, es conveniente referirse a las disposiciones legales que las regulan en los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz. Así, el primero de dichos ordenamientos, en relación al mandato, prevé: ‘2479. El mandato es un contrato por el que el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del mandante los actos jurídicos que éste le encarga.’. ‘2480. El contrato de mandato se reputa perfecto por la aceptación del mandatario. El mandato que implica el ejercicio de una profesión se presume aceptado cuando es conferido a personas que ofrecen al público el ejercicio de su profesión, por el solo hecho de que no lo rehúsen dentro de los tres días siguientes. La aceptación puede ser expresa o tácita. Aceptación tácita es todo acto en ejecución de un mandato.’. ‘2481. Pueden ser objeto del mandato todos los actos lícitos para los que la ley no exige la intervención personal del interesado.’. ‘2495. El mandatario, en el desempeño de su encargo, se sujetará a las instrucciones recibidas del mandante y en ningún caso podrá proceder contra disposiciones expresas del mismo.’. ‘2496. En lo no previsto y prescrito expresamente por el mandante, deberá el mandatario consultarle, siempre que lo permita la naturaleza del negocio. Si no fuere posible la consulta o estuviere el mandatario autorizado para obrar a su arbitrio, hará lo que la prudencia dicte, cuidando del negocio como propio.’. ‘2519. El mandato judicial será otorgado en escritura pública, o en escrito presentado y ratificado por el otorgante ante el Juez de los autos. Si el Juez no conoce al otorgante, exigirá testigos de identificación. La susti

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25028-596a2dd8/abogado-patrono-el-autorizado-en-terminos-del-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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