INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. CONFORME A LAS CLÁUSULAS 1a., 55 Y 55 BIS, DE SU CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE PARA EL BIENIO 2007-2009, NO ESTÁ OBLIGADO A REQUERIR EXPRESAMENTE AL TRABAJADOR PARA QUE MANIFIESTE LO QUE A SU INTERÉS CONVENGA, EN CADA UNA DE LAS ETAPAS QUE CONFORMEN EL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIO A LA RESCISIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 81/98).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN. 25 DE ABRIL DE 2014. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ARTURO CEDILLO OROZCO, ANTONIO VALDIVIA HERNÁNDEZ, RODOLFO CASTRO LEÓN Y ARMANDO ERNESTO PÉREZ HURTADO. PONENTE: ANTONIO VALDIVIA HERNÁNDEZ. SECRETARIO: ROBERTO BORJA NÚÑEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Este Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito es competente para resolver esta denuncia de contradicción de tesis, conforme a lo dispuesto por los artículos 94, séptimo párrafo y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 14/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito.
En apoyo de lo anterior, en lo conducente, acude la jurisprudencia 1a./J. 48/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 246 del Libro VII, Tomo 1, correspondiente a abril de 2012, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE UN MISMO CIRCUITO SIN ESPECIALIZACIÓN O ESPECIALIZADOS EN UNA MISMA MATERIA. LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN CONSERVAN COMPETENCIA TRANSITORIA PARA CONOCER DE AQUÉLLA EN TANTO NO SE INTEGREN FORMAL Y MATERIALMENTE LOS PLENOS DE CIRCUITO. Acorde con el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del 4 de octubre de 2011, cuando los tribunales colegiados de un mismo circuito (sin especialización o especializados en una misma materia) sustenten tesis contradictorias, la denuncia relativa debe hacerse ante el Pleno de Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia. Por otra parte, el artículo tercero transitorio del decreto de reformas a la Constitución General de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, prevé que los juicios de amparo iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de dicho decreto continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio, salvo por lo que se refiere a aquellas relativas al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, así como al cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo. Ahora, si bien es cierto que las contradicciones de tesis no constituyen propiamente juicios de amparo, también lo es que los criterios en potencial contradicción pueden derivar de la resolución de ese tipo de asuntos, así que de una interpretación armónica de dichos numerales puede establecerse que el indicado precepto transitorio resulta aplicable a la tramitación de las contradicciones de tesis iniciadas con anterioridad a la vigencia del decreto referido, máxime que no se han integrado, ni formal ni materialmente, los Plenos de Circuito. En ese tenor, las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conservan competencia transitoria para conocer de las contradicciones de tesis indicadas, siempre que hayan sido denunciadas por parte legítima, con fundamento en la competencia legal que prevén en su favor los artículos 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación."
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, ya que fue formulada por los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo de este circuito, como se advierte de la sentencia dictada en los autos del juicio de amparo directo 991/2011, que contiene uno de los criterios que propician la presente contradicción, con lo cual se satisface el requisito previsto por el artículo 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Resulta aplicable, por las razones que le informan, la tesis 1a. CLXXXVII/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 736 del Libro XXIII, correspondiente a agosto de 2013, Tomo 1, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PUEDE SUSCITARSE ENTRE LAS SUSTENTADAS POR UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO Y UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DE UN CENTRO AUXILIAR. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el órgano auxiliar facultado mediante acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal puede hacer todo lo que el tribunal de origen haría si estuviera resolviendo. De ahí que si un Tribunal Colegiado de Circuito de un Centro Auxiliar tiene jurisdicción para apoyar en el dictado de sentencias, ello significa que tiene las atribuciones necesarias para decidir la litis planteada, en la fase resolutiva de un juicio, lo que implica que puede generar un criterio vinculante susceptible de generar precedente y, por ello, entrar en colisión con el de otro tribunal que también ejerza su jurisdicción sobre el mismo tema, máxime si este último es de circuito. Por tanto, puede suscitarse una contradicción de tesis entre las sustentadas por un Tribunal Colegiado de Circuito de un Centro Auxiliar y un Tribunal Colegiado de Circuito, lo que da lugar a la intervención de este alto tribunal para decidir el criterio prevaleciente."
TERCERO. Para resolver la contradicción de criterios, se tienen en cuenta las consideraciones en las que se sustentan las sentencias de los Tribunales Colegiados de Circuito.
A) El Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo de este Circuito, en sesión de veintiuno de febrero de dos mil trece, resolvió el juicio de amparo 991/2011; en la parte que trasciende, señaló (fojas 624 vuelta a 639 vuelta):
"QUINTO. Los conceptos de violación son inoperantes en parte y fundados en el resto.
"En primer término, es inoperante la parte de los conceptos de violación en la que se alega la validez del procedimiento administrativo seguido en contra del actor **********, en virtud de que en sentencia de diecisiete de febrero de dos mil once, dictada por el actual Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, en auxilio de este tribunal, al resolver el amparo directo 882/2010, se concedió el amparo únicamente a **********, bajo el argumento de que en el procedimiento administrativo no se le había dado a éste la debida intervención, ya que de la interpretación de las cláusulas 1a., 55 y 55 Bis del pacto laboral relativo, se advertía que el instituto patrón no sólo le tenía que dar al empleado y representante sindical, en su caso, la posibilidad de estar presente en el desarrollo de la diligencia, sino que también debía preguntar si era su deseo o no participar en ella en la forma que estimara más conveniente a sus intereses, ya sea con el solo uso de la voz o repreguntando al testigo, o bien, con observaciones en torno a la actuación de que se trate, por lo que sólo así podía afirmarse que se le dio la intervención debida.
"Así es, el trabajador aquí tercero perjudicado **********, en contra del primer laudo, interpuso demanda de amparo directo, y en la sentencia, al analizarse lo relativo a la validez del procedimiento administrativo, en suplencia de la queja deficiente, consideró (fojas 1072 a 1073 del juicio laboral 1489/2008):
"‘Con lo anterior se advierte no sólo que el quejoso fue citado a la práctica de todas las diligencias de que se trata, sino también que en las que decidió comparecer, no se le dio la oportunidad de intervenir en ellas, por no otorgársele la posibilidad de formar parte o participar plena y directamente en el desahogo de las testimoniales en cuestión, pues ni siquiera se le concedió el uso de la voz para que manifestara lo que a su derecho conviniera, o bien, aportara las pruebas que considerara conducentes a su favor. Lo anterior es lógica y jurídicamente razonable, sobre todo si se toma en consideración que la intervención del trabajador en el procedimiento de investigación de que se trate, establecida en las cláusulas 1a., 55 y 55 Bis del pacto laboral relativo, se satisface en los casos en que se le da plena y directa participación en cualquier diligencia o actuación llevada a cabo dentro de ese procedimiento, lo cual no se colma cuando, como en el caso, el instituto patrón le da al empleado la posibilidad de estar presente en el desarrollo de una diligencia, pero no lo inquiere para saber si es su deseo o no participar en ella, en la forma que estime más conveniente a sus intereses, ya sea con el solo uso de la voz, o con observaciones en torno a la actuación respectiva, porque en esas condiciones no hay, en realidad, participación alguna del operario, con lo cual, sin lugar a dudas, se hace ineficaz la intención que persiguieron los firmantes del pacto colectivo de trabajo. Esto implica que no se cumplió con la intervención que, para la validez del procedimiento de investigación respectivo, exigen las cláusulas 1a., 55 y 55 Bis del pacto colectivo de trabajo celebrado entre el instituto demandado y sus trabajadores, pues lo cierto es que no se otorgaron al quejoso razonables oportunidades para que estuviera en aptitud de defenderse de las faltas que se le atribuyeron, precisamente, porque no se le dio participación alguna dentro de las diligencias o actuaciones practicadas en el procedimiento de que se trata. Luego, si en este caso no se dio al quejoso la posibilidad de intervenir en el procedimiento de investigación de que se trata, en los términos exigidos para tal efecto en las cláusulas 1a., 55 y 55 Bis del contrato colectivo de trabajo relativo, es patente que no se cumplió con la intención que tuvieron los contratantes de ese pacto al establecer esas cláusulas, que no es otra más que la de otorgar al empleado interesado la oportunidad de defenderse de las faltas que se le imputen en un procedimiento de tal índole; de ahí que en esas condiciones se surte la sanción de invalidez prevista para ello en las propias disposiciones contractuales, con lo cual, desde luego, se torna injustificado el despido de que fue objeto el impetrante.
"‘...
"‘En congruencia con lo anterior, lo procedente es conceder al quejoso la protección constitucional demandada para el efecto de que la Junta responsable deje insubsistente el laudo reclamado en este juicio y, en su lugar, pronuncie otro, en el cual no sólo analice el procedimiento de investigación de que se trata, con sujeción a las consideraciones expresadas en este fallo, sino que, además, con plenitud de jurisdicción, se ocupe de las demás prestaciones relacionadas con el despido materia del juicio y, a su vez, reitere las consideraciones expuestas en relación con el resto de las prestaciones deducidas tanto en la demanda y su ampliación como en la reconvención respectiva, pues sólo así se restituirá al ahora inconforme en el goce de las garantías violadas, en términos del artículo 80 de la ley de la materia.’
"De lo que se sigue que si en la ejecutoria de amparo, expresamente se concedió el amparo al trabajador **********, porque se interpretaron las cláusulas 1a., 55 y 55 Bis del pacto colectivo de trabajo celebrado entre el instituto demandado y sus trabajadores, en el sentido de que se tenía que requerir al trabajador para que hiciera el uso de la voz en el procedimiento administrativo, entonces, son inoperantes el primero y segundo de los conceptos de violación en los que se alega la validez del citado procedimiento, en virtud de que la autoridad responsable al dictar el laudo reclamado en ese aspecto únicamente acató lo que se le ordenó en la ejecutoria de amparo, se insiste, respecto del trabajador **********; en consecuencia, al existir un pronunciamiento en aquella sentencia, ello hace que sea inoperante lo relativo a la interpretación de las citadas cláusulas, así como lo relativo a que, al ser el trabajador de confianza, no se requería de la intervención sindical respectiva.
"Al caso se cita la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo (sic) del Décimo Séptimo Circuito, que se comparte, publicada en la página 808 del Tomo XVII, febrero de 2003, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice:
"‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, SI EN ELLOS SE COMBATEN CUESTIONES ANALIZADAS EN UNA EJECUTORIA DE AMPARO ANTERIOR. Si en los conceptos de violación que se hacen valer en un juicio constitucional promovido en contra de la resolución dictada en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, se combaten cuestiones que ya fueron analizadas en ésta, los argumentos formulados en la nueva demanda de garantías resultan inoperantes, pues la decisión pronunciada no puede ser cuestionada ni modificada en atención a la firmeza de las sentencias dictadas por la potestad federal al conocer de los juicios de amparo.’
"En cambio, es fundado el primer concepto de violación en el sentido de que la Junta responsable debió de tomar en consideración que los trabajadores **********, ********** y **********, les correspondía acreditar que solicitaron el uso de la voz para intervenir en dichas diligencias, y que ésta le fue negada por la empleadora; que resulta desacertado lo señalado por la responsable en el sentido de que de la interpretación de las cláusulas 1a., 55 y 55 Bis del contrato colectivo de trabajo, se advierta que debió de requerirse a los trabajadores para que hicieran el uso de la voz en el procedimiento administrativo, por lo que bastaba que el citatorio respectivo señalara el motivo por el que se les requería de su presencia a la citada investigación para que se cumpliera con el procedimiento administrativo, pues al informárseles de la hora y día en que comparecerían a declarar se infería que esa comparecencia entrañaba la posibilidad de intervenir en ellas, además de que se les informó de las fechas y horas en las que declararían el resto de las personas involucradas; que no resulta válido afirmar que las citadas disposiciones contractuales deban de seguir las mismas reglas previstas para el desahogo de la prueba testimonial o confesional, máxime que sí fueron citados al procedimiento laboral con treinta y seis horas de anticipación y dentro de la jornada de labores.
"En primer término, cabe precisar que la concesión en el amparo directo 882/2010 a **********, no implicaba que la autoridad debía reiterar lo que no formó parte de la protección otorgada y relacionado con los restantes actores del juicio laboral, que no fueron los quejosos del amparo 882/2010, o bien, cambiar su determinación, al no existir directrices al respecto; no obstante lo anterior, en el citado laudo respecto del resto de los actores se precisó (fojas 1203 a 1204):
"‘... la posición aquí asumida es congruente con el criterio jurídico contenido en la tesis de jurisprudencia de que se trata, pues, además de que a ningún fin práctico se llegaría con citar al trabajador interesado y al sindicato a todas las etapas del procedimiento de investigación respectivo si a final de cuentas no podrían intervenir plena y directamente en ellas, debe tenerse en cuenta que el hecho de que no se conceda dicha participación, genera en el empleado una afectación de la misma magnitud que la que se ocasiona con la falta de citación a las fases del propio procedimiento, porque lo cierto es que ambos requisitos, es decir, la citación y la intervención, tienen como objeto otorgar al operario la oportunidad de defenderse de las faltas que se le atribuyen en la investigación relativa; de ahí pues la importancia de que en toda averiguación de tal índole se cumplan invariablemente con aquellos requisitos o exigencias. Por tanto, cabe concluir que, atento a la voluntad de las partes contratantes del pacto colectivo de trabajo de que se trata, reflejada en sus cláusulas 1a., 55 y 55 Bis, cuya intención fue la de otorgar al empleado interesado la posibilidad de defenderse de las faltas que se le imputen en el procedimiento relativo, para la validez del propio procedimiento se requiere dar intervención al operario y al sindicato respectivo, según el caso, previo a decretar la rescisión del contrato laboral, lo cual únicamente se logra cuando el operario forma parte o participa, plena y directamente, en todas las diligencias que tengan lugar en la investigación correspondiente. En este caso, debe tenerse presente que de las constancias que integran el procedimiento de investigación **********, se colige que no sólo los actores fueron citados a la práctica de todas las diligencias de que se trata, sino también que en las que decidieron comparecer no se les dio la oportunidad de intervenir en ellas, por no otorgárseles la posibilidad de formar parte o participar plena y directamente en el desahogo de las testimoniales en cuestión, pues ni siquiera se le concedió el uso de la voz para que manifestara lo que a su derecho conviniera, o bien, aportaran las pruebas que consideraran conducentes a su favor. Lo anterior es lógica y jurídicamente razonable, sobre todo si se toma en consideración que la intervención del trabajador en el procedimiento de investigación de que se trate, establecida en las cláusulas 1a., 55 y 55 Bis del pacto laboral relativo, se satisface en los casos en que se le da plena y directa participación en cualquier diligencia o actuación llevada a cabo dentro de ese procedimiento, lo cual no se colma cuando, como en el caso, el instituto le da al empleado la posibilidad de estar presente en el desarrollo de una diligencia, pero no lo inquiere para saber si es su deseo o no participar en ella, en la forma que estime más conveniente a sus intereses, ya sea con el solo uso de la voz o con observaciones en torno a la actuación respectiva, porque en esas condiciones no hay, en realidad, participación alguna del operario, con lo cual, sin lugar a dudas, se hace ineficaz la intención que persiguieron los firmantes del pacto colectivo de trabajo. Esto implica que no se cumplió con la intervención que, para la validez del procedimiento de investigación respectivo, exigen las cláusulas 1a., 55 y 55 Bis del pacto colectivo de trabajo celebrado entre el instituto demandado y sus trabajadores, pues lo cierto es que no se otorgaron a cada uno de los actores razonables oportunidades para que estuviera en aptitud de defenderse de las faltas que se le atribuyeron, precisamente, porque no se le dio participación alguna dentro de las diligencias o actuaciones practicadas en el procedimiento de que se trata. Luego, si en este caso no se dio al quejoso la posibilidad de intervenir en el procedimiento de investigación de que se trata, en los términos exigidos para tal efecto en las cláusulas 1a., 55 y 55 Bis del contrato colectivo de trabajo relativo, es patente que no se cumplió con la intención que tuvieron los contratantes de ese pacto al establecer esas cláusulas, que no es otra más que la de otorgar al empleado interesado la oportunidad de defenderse de las faltas que se le imputen en un procedimiento de tal índole; de ahí que en esas condiciones se surte la sanción de invalidez prevista para ello en las propias disposiciones contractuales. Bajo ese tenor, se concluye que el instituto demandado no cumplió con el procedimiento regulado por las cláusulas contractuales de mérito, lo que provoca que se considere injustificado el despido de que fueron objeto los actores.’
"Las cláusulas 1a., 55 y 55 Bis del contrato colectivo de trabajo respectivo, dicen:
"‘Cláusula 1. Definiciones. Para la interpretación y aplicación de este contrato, se establecen las siguientes definiciones: ... Investigación: El procedimiento de averiguación de uno o varios hechos imputados a uno o más trabajadores, que se efectuará por el instituto invariablemente con citación previa e intervención del sindicato y del o de los interesados. Del resultado de toda averiguación se levantará acta para constancia, dando copia al interesado y al sindicato.’
"‘Cláusula 55. Rescisiones de contrato. Ninguna rescisión de contrato que no haya sido precedida de investigación, en los términos de las cláusulas aplicables del presente contrato colectivo, tendrá validez. En ningún caso se podrá sustituir la investigación con los reportes o informes hechos en los centros de trabajo. Cuando en el desarrollo de la investigación se encuentren indicios de alguna irregularidad atribuible a otros trabajadores, incluidos los de confianza, que no hayan sido señalados en el reporte o informe que originó el procedimiento, se llevará a cabo la investigación administrativa en relación con los actos que se les atribuyan.’
"‘Cláusula 55 Bis. Cuando el trabajador reportado deba presentarse para investigación, éste deberá ser citado, para rendir su declaración con 36 horas de anticipación, sin que se computen los sábados, domingos y días de descanso obligatorio, para presentarse dentro de su jornada, con excepción de los de jornada nocturna o acumulada, debiendo señalarse en el citatorio el motivo de la investigación. En el mismo término de 36 horas se girará copia de los citatorios al sindicato. Cuando su lugar de adscripción sea fuera del asiento de la delegación o de la sede subdelegacional de que se trate, se le otorgará pliego de comisión y viáticos, a fin de cumplir con el citatorio.’
"Respecto a la interpretación de las cláusulas 1a., 55 y 55 Bis del contrato colectivo de trabajo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 2a./J. 81/98, publicada en la página 527 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, octubre de 1998, que dice:
"‘RESCISIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO CON EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. DEBE CITARSE AL TRABAJADOR Y AL REPRESENTANTE SINDICAL A TODAS LAS ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA. Conforme a lo que establecen las cláusulas primera, 50, 55 Bis y 135 del contrato colectivo de trabajo que rige las relaciones laborales del Instituto Mexicano del Seguro Social con sus trabajadores, para el desahogo del procedimiento de investigación debe citarse en forma previa y otorgarse intervención tanto al sindicato como al interesado, y si bien dichas cláusulas no exigen textualmente que la citación se haga para todas y cada una de las etapas del procedimiento, como la finalidad de las disposiciones contractuales que requieren la investigación para la validez de la rescisión laboral, es dar oportunidad al trabajador de defenderse de las faltas que se le imputen, y esto no podría lograrse si solamente se le citara a alguna o algunas de las diligencias por practicar, debe concluirse que es indispensable que se les cite a todas. Por otra parte, aunque el sindicato constituye un organismo de defensa de sus agremiados y representa a sus miembros en la defensa de los derechos individuales que les corresponden, cabe precisar que es un principio fundamental que el contrato es ley especial para los contratantes y debe cumplirse en el modo y la forma en que está establecido; de manera que si el pacto colectivo exige que se cite en forma previa y se dé intervención en la investigación tanto al sindicato como al interesado, tiene que aceptarse que para la validez del procedimiento debe citarse a ambos, pues lo contrario implicaría desconocer la fuerza obligatoria del contrato, haciendo nugatorias sus disposiciones. Además, no siempre los representantes o abogados sindicales podrían tener conocimiento de todas y cada una de las circunstancias que rodean los hechos materia de la investigación, para estar en posibilidad de defender adecuadamente al trabajador; y, a la inversa, la sola intervención de éste, sin asesoría de la representación sindical, traería igualmente como consecuencia disminuir su capacidad de defensa; de ahí que la exigencia contractual de que se cite a ambos al procedimiento de investigación, encuentre plena justificación. La anterior conclusión se ve corroborada por la aplicación de los principios del derecho del trabajo de in dubio pro operario, reconocido expresamente en la cláusula 135 del contrato colectivo de que se trata y de progresividad de las prestaciones laborales. Consecuentemente, cuando la rescisión de la relación de trabajo se funda en una investigación administrativa que carece de dichas formalidades, debe considerarse que existió un despido injustificado.’
"Las consideraciones relativas a la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 71/97, de la que derivó la citada jurisprudencia, en lo conducente, son:
"‘De la interpretación sistemática de las cláusulas reproducidas del contrato colectivo de trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social se desprende que para el desahogo de la investigación previa a la rescisión de la relación de trabajo debe citarse en forma previa y otorgarse intervención tanto al sindicato como al interesado; de tal suerte que la investigación administrativa previa para justificar el despido sólo tiene eficacia jurídica si se efectúa con citación previa e intervención, tanto del sindicato como de los afectados. Por otro lado, de la lectura de las cláusulas del contrato colectivo de trabajo no se desprende que la materia de la presente contradicción de tesis, descrita precedentemente, se encuentre expresamente resuelta, como se señaló, por lo que debe integrarse la laguna existente de conformidad con la finalidad del propio contrato colectivo y los principios generales del derecho del trabajo. Esta Sala advierte que la finalidad de las disposiciones contractuales que exigen una investigación administrativa como requisito de validez de la rescisión de la relación de trabajo, consiste en dar oportunidad al empleado de defenderse de las faltas que se le imputan. Lo anterior es así, dado que se advierte de la lectura de las cláusulas contractuales previamente reproducidas que con su aplicación se pretende evitar que un trabajador sea privado de su empleo, sin que se sustancie una investigación interna en la que, necesariamente, pueda defenderse de los hechos que se le imputan y si bien dichas cláusulas no exigen textualmente que la citación se haga para todas y cada una de las etapas del procedimiento, como la finalidad de las disposiciones contractuales que requieren la investigación para la validez de la rescisión laboral, es dar oportunidad al trabajador de defenderse de las faltas que se le imputen, y esto no podría lograrse si solamente se le citara a alguna o algunas de las diligencias por practicar, debe concluirse que es indispensable que se le cite a todas. Por otra parte, aunque el sindicato constituye un organismo de defensa de sus agremiados y representa a sus miembros en la defensa de los derechos individuales que les corresponden, cabe precisar que es un principio fundamental que el contrato es ley especial para los contratantes y debe cumplirse en el modo y la forma en que está establecido; de manera que si el pacto colectivo exige que se cite en forma previa y se dé intervención en la investigación tanto al sindicato como al interesado, tiene que aceptarse que para la validez del procedimiento debe citarse a ambos, pues lo contrario implicaría desconocer la fuerza obligatoria del contrato, haciendo nugatorias sus disposiciones. Además, no siempre los representantes o abogados sindicales podrían tener conocimiento de todas y cada una de las circunstancias que rodean los hechos materia de la investigación, para estar en posibilidad de defender adecuadamente al trabajador y, a la inversa, la sola intervención de éste, sin asesoría de la representación sindical, traería igualmente como consecuencia disminuir su capacidad de defensa; de ahí que la exigencia contractual de que se cite a ambos al procedimiento de investigación, encuentre plena justificación. No se trata de eliminar o evitar la actuación de las autoridades jurisdiccionales laborales o de confundir la interpretación de un contrato colectivo de trabajo con la aplicación de las garantías de audiencia y debido proceso legal, sino exclusivamente de determinar, a la luz de la interpretación sistemática y causal teleológica de las cláusulas contractuales el colmar la laguna existente. La finalidad de las cláusulas señaladas se ve insatisfecha si acuden testigos al procedimiento de la investigación, sin que se cite al trabajador a quien se imputan los hechos sobre los que van a declarar y a su representación sindical, a fin de que aquél tenga oportunidad de repreguntar en el acto de la diligencia correspondiente y, en su caso, de aportar pruebas, con el objeto de desvirtuar las versiones de los declarantes. En adición a lo considerado anteriormente, los principios del derecho del trabajo, expuestos en la especie en la cláusula 135 del contrato colectivo de trabajo, autorizan a sostener la conclusión expuesta, ya que, frente a la laguna existente de citar o no al trabajador a todas las actuaciones realizadas en una investigación previa a la rescisión, por la aplicación del principio in dubio pro operario (en caso de duda debe resolverse a favor del trabajador), debe citársele a todas las diligencias, para que pueda defenderse de los hechos que se le imputan y que pueden acarrearle la rescisión de la relación de trabajo. Así, debe aceptarse el criterio que en lo sustancial sostuvo el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, ya que si bien las partes no pactaron expresamente que el trabajador y la representación sindical estuvieran presentes en todas las etapas de la investigación administrativa previa al despido, sí convinieron expresamente en la forma de colmar las lagunas del propio contrato en la cláusula 135 que recoge el principio in dubio pro operario. De aceptars
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25042-3ad87c6b/instituto-mexicano-del-seguro-social-conforme-a-las · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. CONFORME A LAS CLÁUSULAS 1a., 55 Y 55 BIS, DE SU CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE PARA EL BIENIO 2007-2009, NO ESTÁ OBLIGADO A REQUERIR E (PC.III.L. J/2 L (10a.))
- RESCISIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL DE LOS TRABAJADORES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), DERIVADA DE UNA INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA. PARA SU VALIDEZ SE REQUIERE QUE (VIII.1o.C.T.6 L (11a.))
- SEGURO SOCIAL, TRABAJADORES DEL. INVESTIGACION ADMINISTRATIVA PRACTICADA ANTES DEL TERMINO QUE ESTABLECE LA CLAUSULA 55 BIS DEL CONTRATO COLECTIVO. (s/clave)
- SEGURO SOCIAL, TRABAJADORES DE CONFIANZA DEL. NO SE REQUIERE LA INTERVENCION DEL SINDICATO EN LAS ACTAS DE INVESTIGACION ADMINISTRATIVA PREVIAS A LA RESCISION. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis