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Modo: Corpus Pro

CONFLICTOS INDIVIDUALES ENTRE LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS EN MATERIA ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN Y SUS TRABAJADORES. ES COMPETENTE PARA CONOCER DE ELLOS EL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA. ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS EN MATERIA ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN. LA RELACIÓN LABORAL CON SUS TRABAJADORES SE RIGE POR LAS NORMAS QUE REGULAN LAS RELACIONES DE TRABAJO ENTRE EL ESTADO Y SUS TRABAJADORES.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2013. · Registro digital (IUS): 25086
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2014-06-13
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMERO Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO, AMBOS DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo II, Pág. 978.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMERO Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO, AMBOS DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. 13 DE NOVIEMBRE DE 2013. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ÓSCAR HERNÁNDEZ PERAZA, J. JESÚS CONTRERAS CORIA Y HUGO SAHUER HERNÁNDEZ. DISIDENTE: HÉCTOR FEDERICO GUTIÉRREZ DE VELASCO ROMO. PONENTE: J. JESÚS CONTRERAS CORIA. SECRETARIO: TAIDE NOEL SÁNCHEZ NÚÑEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. El Tribunal Pleno del Decimoprimer Circuito (sin especialización) es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 226, fracción III, de la Ley de Amparo vigente, décimo primero transitorio, párrafos segundo y tercero, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece; y, numerales 1o. y 9o. del Acuerdo General 14/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, por tratarse de una denuncia de contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito, en el caso, de este Décimo Primero donde este Pleno ejerce su jurisdicción.

SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis de mérito proviene de parte legítima, conforme a lo dispuesto por el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo,(1) porque fue formulada por uno de los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, que figura como contendiente.

TERCERO. Consideraciones de los órganos contendientes. Con el propósito de estar en aptitud de establecer la existencia de la contradicción de tesis denunciada, es menester tener presentes los hechos y consideraciones relevantes de los asuntos en probable contienda.

I. Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito (denunciante).

Conflicto competencial 6/2012

En enero de dos mil once, ********** promovió demanda laboral ante la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán. En ella, señaló como parte demandada al Instituto Electoral de Michoacán (IEM); la acción principal ejercida fue la de reinstalación en el puesto de técnico profesional que venía desempeñando cuando -dice- fue despedido injustificadamente, así como otras diversas prestaciones de carácter laboral.

La Junta radicó la demanda y celebró la audiencia de demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas que ordena la Ley Federal del Trabajo. En dicha audiencia, la parte actora promovió incidente de previo y especial pronunciamiento por falta de personalidad y personería de las personas que comparecieron en representación del instituto demandado. Posteriormente, el once de junio de dos mil once la Junta dictó resolución interlocutoria en la que, por una parte, declaró improcedente el incidente de falta de personalidad y personería y, por otra, se declaró incompetente para conocer del juicio de origen.

Al respecto, consideró que, conforme a la Constitución del Estado de Michoacán, el IEM es órgano constitucional autónomo, cuya encomienda principal se refiere a la organización de las elecciones, considerada función estatal, por estar reservada al Estado y no a particulares. Por tanto -dijo-, se trata de un órgano no subordinado a otros órganos y poderes públicos. Además, consideró que, al formar parte del Estado, no le correspondía la competencia para conocer de la demanda laboral entablada en su contra, y declinó competencia a favor del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán (TCAEM).

El TCAEM recibió los autos de juicio, tuvo al particular demandando al IEM, pero rechazó la competencia declinada, con el argumento de que el instituto demandado es un organismo público descentralizado. Por tanto, consideró aplicable el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme al cual la competencia para conocer del juicio laboral entre los organismos descentralizados y sus trabajadores se rige por las reglas del apartado A del artículo 123 constitucional, por lo que la competencia para conocer del asunto corresponde a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Al respecto, invocó la tesis aislada 2a. CXCV/2002 (registro IUS: 185234), de rubro: "COMPETENCIA LABORAL. CORRESPONDE A LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CONOCER DE LOS CONFLICTOS LABORALES QUE SURJAN ENTRE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES y SUS TRABAJADORES."

Con esa base, el TCAEM envió los autos del asunto al Tribunal Colegiado laboral correspondiente, para que éste resolviera a qué órgano le correspondía el conocimiento del asunto.

El diez de agosto de dos mil doce, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, a quien correspondió conocer del asunto, resolvió el conflicto competencial 6/2011. Las consideraciones relevantes de la ejecutoria son las siguientes:(2)

"TERCERO. El conflicto de que se trata debe resolverse fincando la competencia al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, para conocer del asunto laboral que lo motivó, ello conforme a las consideraciones subsecuentes.

"En principio, precisa establecer que el asunto laboral burocrático -del cual emerge el conflicto a resolver- tiene origen en la demanda presentada el doce de enero de dos mil once, por ********** contra el Instituto Electoral de Michoacán, a quien exigió la reinstalación en su empleo y otras prestaciones de índole laboral.

"De suerte que para estar en condiciones de resolver el conflicto competencial resulta necesario definir, como premisa inicial, la naturaleza jurídica del Instituto Electoral de Michoacán, para luego establecer el órgano jurisdiccional que compete conocer de las controversias laborales suscitadas entre el citado instituto y sus trabajadores.

"Naturaleza del Instituto Electoral de Michoacán

"Al efecto, debe recordarse que, conforme al decreto de reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, publicado en el Periódico Oficial del Estado en ejemplar del ocho de noviembre de mil novecientos noventa, en el artículo 13, noveno párrafo, se estableció:

"‘La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios denominado Instituto Electoral de Michoacán, en cuya integración participan el Poder Legislativo, los partidos políticos y los ciudadanos, según lo disponga la ley. La certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, independencia, equidad y profesionalismo serán principios rectores en el ejercicio de esta función estatal.’

"Posteriormente, mediante decreto de reformas publicado en el Periódico Oficial del Estado, a la Constitución Local se adicionó el título tercero A, destacándose de manera expresa los órganos autónomos en su capítulo I denominado ‘Organismos autónomos’, conformado por tres secciones.

"Luego, a través del decreto de reformas publicado en ejemplar del nueve de febrero de dos mil siete, al capítulo I denominado ‘Organismos autónomos’, antes referido, se adicionó -en lo que interesa- una cuarta sección, la cual se intituló: ‘Sección IV. Del Instituto Electoral de Michoacán’, integrada únicamente por el artículo 98,(3) mismo que establece:

"‘Artículo 98. La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios denominado Instituto Electoral de Michoacán, en cuya integración participan el Poder Legislativo, los partidos políticos y los ciudadanos, según lo disponga la ley. La certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, independencia, equidad y profesionalismo serán principios rectores en el ejercicio de esta función estatal.

"‘El organismo público será autoridad en la materia, profesional en su desempeño y autónomo en sus decisiones, contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos y desconcentrados. El órgano superior de dirección se integrará en la forma y términos que establezca la ley de la materia.

"‘El organismo público cubrirá en su desempeño, además de lo que determine la ley, las actividades relativas a la preparación y desarrollo de la jornada electoral, otorgamiento de constancias, capacitación electoral y educación cívica e impresión de materiales electorales, atenderá lo relativo a los derechos y prerrogativas de los partidos políticos; y se encargará de la organización y desarrollo de los procesos plebiscitarios y de referéndum, en los términos y con las formalidades establecidas en la ley de la materia. Las sesiones de los órganos colegiados electorales serán públicas en los términos que disponga la ley.

"‘Los consejeros electorales del órgano superior de dirección, deberán satisfacer los requisitos que señale la ley y serán electos por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes del Congreso del Estado, de entre los propuestos por los grupos parlamentarios del Congreso. La ley señalará las reglas y el procedimiento correspondientes.’

"Como se aprecia de las transcripciones precedentes, el Constituyente Local estableció, desde el año de mil novecientos noventa, que la organización de las elecciones es una función estatal a cargo del Instituto Electoral de Michoacán, al cual imprimió como características ser un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio.

"El carácter del instituto aludido en cuanto organismo público autónomo quedó aclarado y refrendado por el Constituyente Estatal cuando, a partir de las reformas de dos mil siete, expresamente lo incluyó en la sección IV, capítulo I, denominado ‘Organismos autónomos’, integrante del título tercero A, de la Constitución Política del Estado de Michoacán.

"Lo anterior hace patente que el precitado instituto debe considerarse como un órgano constitucional autónomo y no de carácter descentralizado, por estar así establecida y configurada directamente en la Constitución del Estado de Michoacán, pues mantiene con los otros órganos del Estado relaciones de coordinación; cuenta con autonomía e independencia funcional y financiera, y ejerce una función coyuntural del Estado consistente en la organización de las elecciones, para lo cual desarrollará las actividades relativas, tales como: la preparación y desarrollo de la jornada electoral, otorgamiento de constancias, capacitación electoral y educación cívica e impresión de materiales electorales, atenderá -además- lo concerniente a los derechos y prerrogativas de los partidos políticos, así como se encargará de la organización y desarrollo de los procesos plebiscitarios y de referéndum.

"Ello es así, porque, con motivo de la evolución del concepto de distribución del poder público, se han introducido en el sistema jurídico mexicano, a través de diversas reformas constitucionales, órganos autónomos cuya actuación no está sujeta ni atribuida a los depositarios tradicionales del poder público, a los que se les han encargado funciones estatales específicas, con el fin de obtener una mayor especialización, agilización, control y transparencia para atender eficazmente las demandas sociales, como es el caso del Instituto Electoral de Michoacán, pero cuyas funciones corresponden al Estado por disposición constitucional; lo cual concuerda con lo que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró en la tesis de jurisprudencia P./J. 12/2008, del texto siguiente:

"‘ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. SUS CARACTERÍSTICAS. Con motivo de la evolución del concepto de distribución del poder público se han introducido en el sistema jurídico mexicano, a través de diversas reformas constitucionales, órganos autónomos cuya actuación no está sujeta ni atribuida a los depositarios tradicionales del poder público (Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial), a los que se les han encargado funciones estatales específicas, con el fin de obtener una mayor especialización, agilización, control y transparencia para atender eficazmente las demandas sociales; sin que con ello se altere o destruya la tradicional doctrina de la división de poderes, pues la circunstancia de que los referidos organismos guarden autonomía e independencia de los poderes primarios, no significa que no formen parte del Estado Mexicano, ya que su misión principal radica en atender necesidades torales tanto del Estado como de la sociedad en general, conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la par de los órganos tradicionales. Ahora bien, aun cuando no existe algún precepto constitucional que regule la existencia de los órganos constitucionales autónomos, éstos deben: a) estar establecidos y configurados directamente en la Constitución; b) mantener con los otros órganos del Estado relaciones de coordinación; c) contar con autonomía e independencia funcional y financiera; y, d) atender funciones coyunturales del Estado que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad.’(4)

"Corrobora la conclusión de mérito, en cuanto al carácter de órgano constitucional autónomo del Instituto Electoral de Michoacán, la circunstancia de que -en atención a las reformas a la Constitución del Estado contenidas en el decreto publicado el ocho de noviembre de mil novecientos noventa- el legislador estatal, mediante diverso decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de cuatro de mayo de mil novecientos noventa y cinco, expidió el Código Electoral del Estado de Michoacán, en cuyo artículo 101, párrafos primero y cuarto,(5) reiteró la naturaleza del Instituto Electoral de Michoacán como un organismo público depositario de la autoridad electoral, responsable del ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones y los procesos plebiscitarios y de referéndum en los términos de las leyes de la materia, con carácter permanente y autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio.

"Como corolario, la naturaleza jurídica del Instituto Electoral de Michoacán es de un organismo constitucional autónomo.

"Análisis de la autoridad competente

"Una vez dilucidada la premisa inicial -la naturaleza jurídica del instituto en cuestión-, ahora corresponde analizar qué autoridad es la competente para conocer de los conflictos laborales que se susciten entre aquel instituto y sus trabajadores, es decir, si corresponde a una Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, o al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, o, en su defecto, si recae en algún otro órgano jurisdiccional diverso a los señalados.

"Para tal efecto, precisa señalar que la Constitución Política del Estado de Michoacán, en su artículo 98 o en algún otro precepto, no precisa en cuál de las autoridades del trabajo u órgano jurisdiccional recae la competencia para conocer de las controversias laborales suscitadas entre el Instituto Electoral de Michoacán y sus trabajadores.

"El Código Electoral de Michoacán tampoco contiene prevención alguna al respecto, pues dicha codificación sólo dispone: la naturaleza y características del citado instituto (artículo 101); sus fines (artículo 102); la forma de adoptar sus resoluciones (artículo 103); la forma en que los partidos políticos ejercerán los derechos ante los Consejos General, Distritales y Municipales Electorales (artículos 104-107); la obligación de las diversas autoridades estatales y municipales a proporcionar a los órganos electorales los informes, certificaciones y el auxilio de la fuerza pública, para el cumplimiento de sus funciones y la ejecución de sus resoluciones (artículo 108); la estructura del Instituto Electoral, su integración, los requisitos de elegibilidad de sus integrantes y sus atribuciones (artículos 109-124); así como los diversos órganos desconcentrados del propio instituto y sus atribuciones (artículos 125-134 Bis).

"De igual forma, la Ley de Justicia Electoral y Participación Ciudadana del Estado de Michoacán de Ocampo,(6) tampoco contiene disposición alguna sobre el tema, habida cuenta que, conforme a su artículo 1o., dicha legislación tiene por objeto reglamentar los procesos electorales y, en su caso, los procedimientos de participación ciudadana previstos en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

"Ni siquiera el Reglamento Interior del Instituto Electoral de Michoacán(7) hace alusión sobre el tópico en cuestión, pues si bien ese cuerpo normativo tiene por objeto reglamentar el funcionamiento y la organización interna del Instituto Electoral de Michoacán, así como el ejercicio de las atribuciones que le confiere el Código Electoral de Michoacán (artículo 1o.), sólo destaca -en lo que se refiere a los trabajadores- las atribuciones y obligaciones del departamento de recursos humanos vinculadas con el personal adscrito a dicho instituto (artículo 60).(8)

"De donde se sigue que la legislación y demás disposiciones aplicables al Instituto Electoral de Michoacán, no prevén imperativo alguno en el sentido de qué autoridad jurisdiccional será competente para conocer de las controversias suscitadas entre aquel instituto y sus trabajadores.

"Sin embargo, la falta de disposición normativa expresa no es impedimento para resolver el conflicto materia del presente asunto, toda vez que siendo el instituto un organismo constitucionalmente autónomo, procede entonces acudir -en último término- a sus características para dilucidar la interrogante atinente a cuál autoridad habrá de conocer las controversias suscitadas entre aquél y sus trabajadores.

"Así, respecto a los órganos constitucionales autónomos, es oportuno tener en cuenta que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la controversia constitucional 32/2005,(9) estableció lo siguiente:

"1. Surgen en Europa y su establecimiento se expandió por Asia y América, como resultado de una nueva concepción del poder, bajo una idea de equilibrio constitucional basada en los controles de poder, evolucionando con ello la teoría tradicional de la división de poderes, por lo que se dejó de concebir la organización del Estado derivada de los tres poderes tradicionales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), que sin perder su esencia, actualmente se habla de que dicho principio debe considerarse como una distribución de funciones o competencias para hacer más eficaz el desarrollo de las actividades encomendadas al Estado.

"2. Su creación se justificó por la necesidad de establecer órganos encaminados a la defensa de los derechos fundamentales y de lograr controlar la constitucionalidad de los actos de los depositarios del poder público.

"3. Se establecieron en los Textos Constitucionales, dotándolos de garantías de actuación e independencia en su estructura orgánica para que alcancen los fines para los que fueron creados, es decir, para que ejerzan una función propia del Estado, que por su especialización e importancia social requería autonomía de los clásicos Poderes del Estado.

"4. En el caso de nuestro país, la creación de este tipo de órganos no altera o destruye la tradicional doctrina de la división de poderes, pues la circunstancia de que los referidos órganos guarden autonomía e independencia de los poderes primarios no significa que no formen parte del Estado Mexicano, pues su misión principal radica en atender necesidades torales tanto del Estado como de la sociedad en general, conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la par de los órganos tradicionales.

"5. Las características esenciales de estos órganos son: a) deben estar establecidos y configurados directamente en la Constitución; b) deben mantener con los otros órganos del Estado relaciones de coordinación; c) deben contar con autonomía e independencia funcional y financiera; y, d) deben atender funciones coyunturales del Estado que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad.

"Concepciones anteriores que el Máximo Tribunal del País reiteró al resolver, en sesión de siete de noviembre de dos mil seis, la controversia constitucional 31/2006, y de la cual emergió la jurisprudencia 20/2007, que establece:

"‘ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. NOTAS DISTINTIVAS Y CARACTERÍSTICAS. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de los órganos constitucionales autónomos ha sostenido que: 1. Surgen bajo una idea de equilibrio constitucional basada en los controles de poder, evolucionando así la teoría tradicional de la división de poderes dejándose de concebir la organización del Estado derivada de los tres tradicionales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) que, sin perder su esencia, debe considerarse como una distribución de funciones o competencias, haciendo más eficaz el desarrollo de las actividades encomendadas al Estado. 2. Se establecieron en los textos constitucionales, dotándolos de garantías de actuación e independencia en su estructura orgánica para que alcancen los fines para los que fueron creados, es decir, para que ejerzan una función propia del Estado que por su especialización e importancia social requería autonomía de los clásicos Poderes del Estado. 3. La creación de este tipo de órganos no altera o destruye la teoría tradicional de la división de poderes, pues la circunstancia de que los referidos órganos guarden autonomía e independencia de los poderes primarios, no significa que no formen parte del Estado Mexicano, pues su misión principal radica en atender necesidades torales tanto del Estado como de la sociedad en general, conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la par de los órganos tradicionales. Atento a lo anterior, las características esenciales de los órganos constitucionales autónomos son: a) Deben estar establecidos directamente por la Constitución Federal; b) Deben mantener, con los otros órganos del Estado, relaciones de coordinación; c) Deben contar con autonomía e independencia funcional y financiera; y d) Deben atender funciones primarias u originarias del Estado que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad.’(10)

"Acorde a las consideraciones y jurisprudencia precedentes, los organismos constitucionales autónomos son resultado de una nueva concepción del poder público, bajo una idea de equilibrio constitucional basada en los controles de poder, evolucionando con ello la teoría tradicional de la división de poderes; que han sido incorporados en el sistema jurídico mexicano, sin que su creación altere o destruya la tradicional doctrina de la división de poderes, ya que la circunstancia de que los referidos órganos guarden autonomía e independencia de los poderes primarios (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) no significa que no formen parte del Estado Mexicano, pues su misión principal radica en atender necesidades torales tanto del Estado como de la sociedad en general, conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la par de los órganos tradicionales.

"De suerte que los precitados órganos constitucionales autónomos forman parte del Estado Mexicano, conformándose en organismos a la par de los poderes tradicionales (como el Legislativo, Ejecutivo y Judicial); sin que -habrá de precisarse- la creación de tales órganos autónomos sea privativa del órgano reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que conforme al régimen republicano, democrático y federal establecido en la Norma Fundamental, los Estados de la República en uso de la libertad soberana de que gozan en su régimen interior pueden, según sus necesidades, crear cuantos órganos consideren indispensables para su desarrollo, así como para atribuirles facultades y consignar las limitaciones pertinentes, siempre y cuando no contravengan las estipulaciones del Pacto Federal, tal cual se definió en la jurisprudencia 13/2008 emitida por el Pleno del Máximo Tribunal Judicial del país, con el rubro: ‘ÓRGANOS AUTÓNOMOS ESTATALES. PUEDEN ESTABLECERSE EN LOS REGÍMENES LOCALES.’(11)

"A ello, se suma la circunstancia de que el Instituto Electoral de Michoacán despliega las actividades propias de la función constitucionalmente encomendada, mediante el ejercicio de un presupuesto proveniente de recursos públicos, según se colige de lo dispuesto por el artículo 98, en relación con los numerales 60, fracción VIII,(12) y 44, fracción XI,(13) todos de la Constitución Política del Estado de Michoacán, lo que se corrobora con lo previsto en el numeral 115(14) del Código Electoral de Michoacán.

"En tales circunstancias, si el Instituto Electoral del Estado de Michoacán es un órgano constitucionalmente autónomo, independiente, con patrimonio propio, que forma parte del Estado, encontrándose a la par de los poderes tradicionales (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), y que desarrolla la función que le ha sido encomendada mediante el ejercicio de un presupuesto proveniente de recursos públicos, tal naturaleza y características llevan a establecer que las controversias suscitadas entre aquel instituto y sus trabajadores deben ser conocidas y resueltas por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado.

"Ello es así, pues si el instituto en cuestión se encuentra a la par de los poderes tradicionales (Legislativo, Ejecutivo y Judicial a nivel estatal), desplegando funciones del Estado, entonces procede aplicar la misma regla imperante para aquellos conflictos suscitados entre los referidos poderes tradicionales y sus trabajadores, en atención al principio general que establece que donde aplique la misma razón debe existir igual disposición.

"Esto es, si bien la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán y sus Municipios, en su artículo 96, fracción I, establece que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado será competente para conocer de los conflictos individuales que se susciten entre los titulares de las dependencias y sus trabajadores; mientras el numeral 1o. estatuye que esa legislación es de observancia general y regula las relaciones laborales entre los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y los Municipios, por una parte y, por la otra, los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los Ayuntamientos y aquellos organismos descentralizados y empresas de participación estatal y municipal en que por leyes, decretos o reglamentos llegue a señalarse su aplicación.

"Debe considerarse que aun cuando la legislación referida no prevé expresamente la competencia del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para conocer las controversias suscitadas entre el Instituto Electoral de Michoacán -en cuanto órgano constitucionalmente autónomo- y sus trabajadores, sí confiere la competencia de aquel tribunal para conocer los conflictos individuales suscitados entre los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y sus trabajadores.

"Por lo que si aquel instituto se encuentra a la par de los poderes tradicionales, al cual la Constitución Local ha atribuido una función inherente del Estado (esencialmente organizar las elecciones), cuyas actividades desarrolla exclusivamente con recursos públicos, al igual que acontece con los poderes tradicionales (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), es inconcuso que para determinar quién debe conocer las controversias suscitadas entre aquel instituto y sus trabajadores resultan aplicables, por identidad de razón, las mismas disposiciones que prevén la autoridad que debe conocer las controversias laborales suscitadas entre los poderes tradicionales y sus trabajadores, es decir, que el órgano jurisdiccional que conozca de aquellas controversias será el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado.

"No es óbice que el tribunal burocrático local hubiera rechazado conocer del asunto laboral al estimar que el Instituto Electoral de Michoacán tiene una naturaleza de un organismo público descentralizado y, con base en tal apreciación, orientar su posición en el sentido de que -entonces- correspondía conocer de la demanda laboral a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, apoyándose en la tesis 2a. CXCV/2002, de rubro: ‘COMPETENCIA LABORAL. CORRESPONDE A LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CONOCER DE LOS CONFLICTOS LABORALES QUE SURJAN ENTRE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES Y SUS TRABAJADORES.’;(15) toda vez que la apreciación de aquel tribunal es inexacta, en virtud a que, como se estableció en las consideraciones precedentes, el Instituto Electoral de Michoacán no tiene el carácter de organismo descentralizado sino que su naturaleza es de órgano constitucional autónomo, por lo que en el caso resulta inaplicable la tesis 2a. CXCV/2002 invocada por el precitado tribunal burocrático.

"Finalmente, es pertinente establecer que no es factible fincar la competencia para conocer del asunto laboral a favor de algún otro tribunal jurisdiccional, como podría ser el Tribunal Electoral de Michoacán; toda vez que, si bien en el ámbito federal los conflictos laborales suscitados entre el Instituto Federal Electoral y sus trabajadores corresponde conocerlos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ello se debe a que las disposiciones federales así lo establecen expresamente, como lo es el artículo 208 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, regla competencial que no aparece en las normas locales de Michoacán.

"En efecto, en el ámbito estatal no se consigna una prevención similar, pues el Código Electoral de Michoacán, en sus artículos 201 y 207, establece la competencia del Tribunal Electoral de Michoacán para resolver asuntos diversos a los laborales, competencia limitada que se corrobora por lo previsto en los numerales 3o. y 4o. de Ley de

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25086-157a6902/conflictos-individuales-entre-los-organos-constitucionales-autonomos-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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