CONFLICTOS INDIVIDUALES ENTRE EL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y SUS TRABAJADORES. ES COMPETENTE PARA CONOCER DE ELLOS EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA. INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. ES UN ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO. TRABAJADORES DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. SU RELACIÓN LABORAL SE RIGE POR LA LEY BUROCRÁTICA LOCAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO, TERCERO Y QUINTO, TODOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 24 DE NOVIEMBRE DE 2014. UNANIMIDAD DE SEIS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ISABEL ILIANA REYES MUÑIZ, JULIO RAMOS SALAS, GERARDO MANUEL VILLAR CASTILLO, SALVADOR TAPIA GARCÍA, INOSENCIO DEL PRADO MORALES Y JOSÉ MIGUEL TRUJILLO SALCEDA. PONENTE: JULIO RAMOS SALAS. SECRETARIO: JOSÉ LUIS SANDOVAL ESTRADA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Este Pleno del Decimoquinto Circuito es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo establecido en el artículo tercero, fracción VII, del Acuerdo General 11/2014, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el siete de mayo del presente año, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta del mismo mes y año, por tratarse de una contradicción suscitada entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados de Circuito de esta jurisdicción.
SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, según lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, puesto que fue formulada por el apoderado del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Baja California, quien tiene reconocida esa personalidad, en el conflicto competencial **********, del índice del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, según se informó a la superioridad, a través del oficio **********, suscrito por la secretaria de Acuerdos de ese órgano colegiado.
TERCERO. Consideraciones de los órganos contendientes. A continuación, conviene tener presentes los hechos y consideraciones relevantes de los asuntos en probable contienda:
1. El Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito falló el conflicto competencial **********, en el cual, en síntesis, un trabajador promovió, ante la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, una demanda laboral en contra del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Baja California; solicitó la reinstalación, el pago de tiempo extraordinario, salarios caídos y el bono electoral.
La Junta referida dio entrada a la demanda promovida; sin embargo, el apoderado de la parte demandada interpuso un incidente de competencia, el cual se declaró procedente; por tanto, mediante resolución de seis de junio de dos mil once, la referida autoridad declinó competencia para conocer del asunto y ordenó la remisión de los autos al Tribunal de Arbitraje de Baja California.
Luego, se remitieron los autos del juicio laboral al Tribunal de Arbitraje del Estado, que por auto de nueve de noviembre del mismo año, rechazó la competencia para conocer de la demanda, por lo que se ordenó remitir los autos al Tribunal Colegiado de Circuito para que se pronunciara en relación con el conflicto competencial.
Consecuentemente, el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito admitió el conflicto competencial ********** y resolvió lo siguiente:
"CUARTO. Este órgano colegiado considera que la competencia para conocer del juicio laboral, objeto del presente conflicto, se surte a favor de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, en mérito a las siguientes consideraciones:
"En primer término, es importante destacar que la competencia que se determina a favor de la Junta Local, resulta con independencia de la apreciación correcta de las autoridades contendientes en sus respectivas resoluciones, en el sentido de que la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, es la ley aplicable a las relaciones laborales de los trabajadores del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Baja California.
"Consideración que encuentra su sustento legal en lo previsto en el décimo octavo párrafo del apartado B del artículo 5 de la Constitución Política, del Estado Libre y Soberano de Baja California, mismo que reza:
"‘Artículo 5. ... Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste.
"‘Apartado B. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Baja California.
"...
"‘La ley determinará las reglas para la organización y funcionamiento de los órganos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, así como las relaciones de mando entre éstos. Las relaciones de trabajo de los servidores del Instituto Estatal Electoral, se regirán por la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California. ...’
"Así como en lo dispuesto por el artículo cuarto transitorio del Decreto Número 121 del Congreso del Estado de Baja California, publicado en el Periódico Oficial el 14 de agosto de 2008, mediante el cual se reforman los artículos 5, 15, 20, 21, 27, 28, 43, 68, 79 y 100 de la Constitución Política del Estado de Baja California, el cual textualmente establece:
"‘Transitorios.
"‘...
"‘QUARTO. (sic), el personal que actualmente labora en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en sus diferentes órganos que lo integran, quedan adscritos al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de acuerdo a su nueva conformación, conservando sus derechos y obligaciones conforme a lo previsto en la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California y demás disposiciones legales aplicables.’
"Cierto es, que de los anteriores preceptos se advierte con meridiana claridad que la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, es la ley que regula los derechos y obligaciones de los Trabajadores del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y por ende la que debe aplicarse para dirimir los conflictos laborales que surjan entre éstos y el referido instituto, cuestión como se indicó en párrafos precedentes el Tribunal de Arbitraje del Estado, ponderó en la resolución en la que decidió declinar su incompetencia, sin embargo como también lo sostuvo el Tribunal de Arbitraje, la Ley del Servicio Civil en comento no establece precepto legal alguno que dote de competencia al referido tribunal para conocer los conflictos laborales que se susciten entre el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Baja California y sus trabajadores, por virtud de que el referido organismo reviste las características de un organismo autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones, lo anterior conforme a lo previsto en el apartado B, párrafos segundo y quinto del artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, mismo que textualmente reza:
"‘Artículo 5. ...
"‘Apartado B. ...
"‘La organización de las elecciones estatales y municipales es una función pública que se realiza a través de un organismo público autónomo e independiente denominado Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Baja California, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, a cuya integración concurren los ciudadanos y los partidos políticos, según lo disponga la ley. En el ejercicio de esta función pública, serán principios rectores la certeza, legalidad, independencia imparcialidad y objetividad.’
"‘...
"‘El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana será autoridad en la materia, autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones y profesional en su desempeño; contará en su estructura con un órgano normativo, un órgano directivo, órganos operativos, de vigilancia, técnicos y una contraloría general.’
"Del precepto legal invocado con antelación, se advierte que por las características del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Baja California, éste no puede ser considerado como una dependencia o autoridad pública del Estado, por virtud de que no depende en forma directa de alguno de los tres poderes del Estado, a saber del Ejecutivo, Legislativo o Judicial, sino más bien es considerado como un organismo autónomo e independiente de la administración pública de la entidad, aun y cuando realice una función pública propia del Estado, como lo es la organización de las elecciones, entre otras.
"Al respecto, nuestro Más Alto Tribunal ha emitido diversos criterios en relación a las características de los organismos autónomos del Estado, como la contenida en la jurisprudencia P./J. 12/2008, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, febrero de 2008, materia constitucional, Novena Época, de rubro y contenido siguientes: ‘ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. SUS CARACTERÍSTICAS ...’
"En las relatadas consideraciones, se concluye que dada la naturaleza que reviste el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Baja California e independencia de éste, en relación a los tres poderes del Estado de Baja California, los conflictos laborales suscitados entre el instituto de referencia y sus servidores o trabajadores, no son competencia del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, conforme a lo establecido por el artículo 107 de la Ley del Servicio Civil antes referida, el cual prevé en forma expresa la competencia del Tribunal de Arbitraje del Estado, para conocer de los asuntos que se sometan a su consideración de acuerdo a las hipótesis que marca el propio dispositivo legal, ya que los conflictos laborales de los organismos autónomos del Estado, como resulta el caso, no se encuentran dentro de alguno de esos supuestos normativos, como se aprecia de la simple lectura del artículo en cuestión, el cual es del tenor siguiente:
"‘Artículo 107. El tribunal de arbitraje será competente para:
"‘I. Conocer y resolver los conflictos individuales que se susciten entre los titulares de las autoridades públicas o dependencias y sus trabajadores.
"‘II. Para conocer y resolver los conflictos colectivos que surjan entre las instituciones públicas y las organizaciones sindicales de trabajadores.
"‘III. Conocer y resolver de los conflictos sindicales o antisindicales.
"‘IV. Conocer del registro de los sindicatos y federaciones estatales, y en su caso resolver la cancelación de los mismos previo juicio que se siga para tal efecto a petición de parte.
"‘V. Efectuar el registro de las condiciones generales de trabajo.’
"Así pues, tenemos que en ninguna de las fracciones del artículo antes transcrito, se establece en forma expresa competencia del Tribunal de Arbitraje del Estado, para conocer y resolver juicios laborales que se susciten entre un órgano autónomo del Estado y sus trabajadores como en la especie acontece, por ende, el Tribunal de Arbitraje del Estado, no resulta el órgano jurisdiccional para conocer del juicio que nos ocupa y por consecuencia, la autoridad que debe de conocer el juicio laboral, lo es la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad.
"En mérito a lo anterior, y tomando en consideración que la Ley del Servicio Civil antes citada, la cual como se indicó, es la ley aplicable al juicio laboral que nos ocupa, no establece en forma taxativa qué autoridad debe conocer y resolver los conflictos laborales que se susciten entre un organismo autónomo y sus trabajadores, como en la especie resulta el caso, como tampoco se establece disposición legal al respecto ni en la Constitución Local de la cual emana la creación del referido instituto, ni en la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Baja California, que es la Ley Reglamentaria del Artículo 5 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Baja California y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas mismo que reza:
"‘Artículo 12. En los casos no previstos por esta ley y sus reglamentos se aplicarán supletoriamente: la Ley Federal del Trabajo, los principios generales de derecho, los principios generales de justicia social que se deriven del artículo 123 constitucional, la jurisprudencia y la tesis de los tribunales federales, la costumbre y la equidad.’
"De ahí que al no encontrarse regulada la competencia para resolver el asunto que nos ocupa en la propia Ley del Servicio Civil o en la Ley Reglamentaria del Artículo 5 de la Constitución Local del Estado Libre y Soberano de Baja California y atendiendo a los precedentes de jurisprudencia que existen en tratándose de organismos autónomos, y la competencia de la autoridad que debe conocer de sus conflictos laborales, este Tribunal Colegiado estima que la competencia para conocer de los mismos, se surte a favor de las Juntas Locales, de ahí que se considere competente para conocer el presente negocio a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta Ciudad, autoridad que previno en primer término, el conocimiento de la demanda laboral que nos ocupa.
"Sirve de apoyo a lo anterior, el siguiente criterio considerado en la jurisprudencia P./J. 17/2005, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, mayo de 2005, materia constitucional, Novena Época, de rubro y contenido siguientes: ‘AUTONOMÍA UNIVERSITARIA. SÓLO PUEDE ESTABLECERSE MEDIANTE UN ACTO FORMAL Y MATERIALMENTE LEGISLATIVO. ...’
"Cobra aplicación la jurisprudencia 2./J. 137/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 237 del Tomo XVI, diciembre de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo tenor es el siguiente: ‘COMPETENCIA LABORAL, CORRESPONDE A LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CONOCER DE LOS CONFLICTOS LABORALES QUE SURJAN ENTRE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE VERACRUZ Y SUS TRABAJADORES. ...’
"De igual forma, es aplicable la jurisprudencia 2./J. 13/2000 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 62 del Tomo XI, febrero de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo tenor es el siguiente: ‘COMPETENCIA. SE SURTE A FAVOR DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE TRATÁNDOSE DE CONFLICTOS ENTRE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TAMAULIPAS Y SUS TRABAJADORES. ...’
"En esa medida, si el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Baja California, es considerado como un organismo, que reviste características de autonomía e independencia de los poderes del Estado de Baja California, entonces, la competencia para conocer de los conflictos laborales que se susciten, entre sus trabajadores y el referido instituto, se surte a favor de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta Ciudad, con independencia de que por decreto de la Constitución Local, la ley que deba aplicarse para deducir los derechos y obligaciones de los servidores del referido instituto sea la del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California."
(El énfasis y subrayado es del tribunal emisor de la decisión)
2. El Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito emitió resolución en el conflicto competencial **********, en el cual una trabajadora demandó, por la vía laboral, al Registro Estatal de Electores de Baja California, al Instituto Estatal Electoral de Baja California o a quien resultara responsable de la fuente de trabajo, el otorgamiento de una pensión por jubilación.
La Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje admitió a trámite la demanda; en la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, el apoderado de la parte demandada interpuso incidente de incompetencia, el cual se declaró procedente; por lo que la Junta declinó competencia a favor del Tribunal de Arbitraje del Estado.
Por su parte, el tribunal burocrático no aceptó la competencia declinada a su favor, razón por la cual, remitió los autos a un Tribunal Colegiado de Circuito para que resolviera lo conducente, correspondiéndole al Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, su conocimiento, que radicó como conflicto competencial ********** y el cual, en lo conducente, resolvió de la siguiente forma:
"QUINTO. Este Tribunal Colegiado determina que el Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California es el órgano competente para conocer del juicio laboral que suscitó el presente conflicto competencial, en atención a las siguientes consideraciones:
"Los artículos 1, 2, 3, 100 y 107, de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, disponen lo siguiente:
"‘Artículo 1. La presente ley es de observancia general para las autoridades, funcionarios y trabajadores integrantes de los poderes Legislativos, Ejecutivo y Judicial, Municipios e instituciones descentralizadas del Estado de Baja California.
"‘Para los efectos de esta ley se denominarán a los tres poderes, Municipios e instituciones descentralizadas autoridades públicas.’
"‘Artículo 2. Trabajador es la persona física que presta a las autoridades públicas un trabajo personal subordinado consistente en un servicio material, intelectual, o de ambos géneros, independientemente del grado de preparación técnica requerida, para cada profesión u oficio, en virtud del nombramiento que le fuera expedido o por el hecho de figurar en las listas de raya de los trabajadores permanentes o temporales.
"‘Para los efectos de esta ley, no se considerarán trabajadores:
"‘I. El gobernador;
"‘II. Los diputados;
"‘III. Los Magistrados, Jueces y consejeros de la judicatura del Poder Judicial del Estado, y
"‘IV. Los presidentes municipales, síndicos procuradores, regidores y consejeros municipales.
"‘Los servidores públicos mencionados en las fracciones anteriores, no tendrán derecho a las prestaciones que se contienen en esta ley.’
"‘Artículo 3. La relación jurídica o laboral reconocida por esta ley, se tiene establecida y perfeccionada para todos los efectos legales, entre autoridades públicas, sus titulares y los trabajadores que laboren en las mismas bajo su dirección y el pago de un salario.’
"‘Artículo 100. El tribunal de arbitraje, deberá ser colegiado, y lo integrarán: un representante de los poderes del Estado, un representante de los Municipios y un representante de las instituciones descentralizadas, tres representantes del sindicato de burócratas, así como un árbitro nombrado por la mayoría de los representantes que asumirá el cargo de presidente árbitro.
"‘En caso de desacuerdo será designado el árbitro por el C. Gobernador del Estado.’
"‘Artículo 107. El tribunal de arbitraje será competente para:
"‘I. Conocer y resolver los conflictos individuales que se susciten entre los titulares de las autoridades públicas o dependencias y sus trabajadores.
"‘II. Para conocer y resolver los conflictos colectivos que surjan entre las instituciones públicas y las organizaciones sindicales de trabajadores.
"‘III. Conocer y resolver de los conflictos sindicales o antisindicales.
"‘IV. Conocer del registro de los sindicatos y federaciones estatales, y en su caso resolver la cancelación de los mismos previo juicio que se siga para tal efecto a petición de parte.
"‘V. Efectuar el registro de las condiciones generales de trabajo.’
"Por otra parte, los artículos 4, 5, apartado B, de la Constitución Política del Estado de Baja California, previenen lo siguiente:
"‘Artículo 4. El Estado es Libre y Soberano en todo lo concerniente a su régimen interior, sin más limitaciones que las que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.’
"‘Artículo 5. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste.
"‘La renovación de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y de los Ayuntamientos, se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas. ...
"‘Apartado B. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Baja California.
"‘La organización de las elecciones estatales y municipales es una función pública que se realiza a través de un organismo público autónomo e independiente denominado Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Baja California, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, a cuya integración concurren los ciudadanos y los partidos políticos, según lo disponga la ley. En el ejercicio de esta función pública, serán principios rectores la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.’
"Las relaciones de trabajo de los servidores del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Baja California, se regirán por la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California.
"La Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, en los preceptos transcritos, instituye un Tribunal de Arbitraje, al cual le otorga competencia para resolver las controversias que se susciten entre alguno de los órganos del Estado y sus trabajadores. Por su parte, el diverso artículo 2 del mismo ordenamiento legal establece que: ‘Trabajador es la persona física que presta a las autoridades públicas un trabajo personal subordinado consistente en un servicio material, intelectual, o de ambos géneros, independientemente del grado de preparación técnica requerida, para cada profesión u oficio, en virtud del nombramiento que le fuera expedido o por el hecho de figurar en las listas de raya de los trabajadores permanentes o temporales.’
"Ahora bien, de la lectura del capítulo de antecedentes contenido en la demanda laboral planteada por Gloria Emma Colio Aguilar, se advierte que dicha actora manifestó que prestó sus servicios al Registro Estatal de Electores de Baja California y/o Instituto Electoral Estatal de Baja California, ahora Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, para el cual desempeñó las labores de Jefa de Departamento de Adquisiciones, Bienes y Servicios.
"Asimismo, que reclamó de dicha patronal, el pago de: ‘la cantidad que me corresponda por el concepto de pensión por jubilación para el personal del Instituto Estatal Electoral de Baja California de conformidad, con los artículos V, VI, VIII y IX del Plan de Pensiones por Jubilación para el personal del Instituto Electoral de Baja California, cantidades que ha vendido (sic) administrando el Instituto hoy demandado.’
"En tales condiciones, si la demanda laboral se entabló en contra de un organismo público del Estado de Baja California, específicamente del ahora Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, por una persona que realizaba para ella un servicio material, como lo afirma la parte actora, como jefa del departamento de Adquisiciones, Bienes y Servicios, se actualiza el supuesto previsto en el artículo 107, fracción I, de la Ley del Servicio Civil Local, que atribuye competencia al Tribunal de Arbitraje para conocer de un asunto en que, como en este caso, se demande a un órgano público del Estado de Baja California, por uno de sus trabajadores.
"En consecuencia, se debe declarar competente al Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, para conocer del juicio promovido por **********, en contra del Registro Estatal de Electores de Baja California y/o Instituto Electoral Estatal de Baja California, ahora Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.
"No es óbice para concluir lo anterior, el hecho de que, tratándose de la materia federal electoral, como bien lo aduce el Tribunal de Arbitraje del Estado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 99, fracciones VI y VII, y 116, fracción IV, incisos b) y c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los numerales 94 y 95 de la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el órgano facultado para resolver sobre los conflictos o diferencias laborales que se planteen entre el Instituto Federal Electoral o el Tribunal Federal Electoral y sus trabajadores, lo sea este último, toda vez que, en el ordenamiento jurídico del Estado de Baja California, no está previsto de igual manera este supuesto.
"En efecto, el artículo 5, apartado D, de la Constitución Política del Estado de Baja California, dispone lo siguiente:
"‘Artículo 5. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste.
"‘La renovación de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y de los Ayuntamientos, se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas. ...
"‘Apartado D. Justicia electoral.
"‘Para garantizar el principio de legalidad de los actos y resoluciones electorales se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señalen esta Constitución y la ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votado y de asociación, en los términos de la fracción III del artículo 68 de esta Constitución. Además, este sistema deberá observar la garantía de audiencia y los principios de publicidad, gratuidad, economía, prontitud y concentración procesal.
"‘En materia electoral, la interposición de los medios de impugnaciones constitucionales y legales no producirá efectos suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado.
"‘Los actos o resoluciones dictados con motivo del desarrollo de los instrumentos y mecanismos de participación ciudadana relativos a la consulta popular, plebiscito o referéndum, podrán ser impugnados ante el Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado, en los términos que señale la ley.’
"Por su parte el artículo (sic) 244 y 245 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California disponen:
"‘Artículo 244. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 de la Constitución Política del Estado, el Tribunal de Justicia Electoral, es el órgano especializado del Poder Judicial, y máxima autoridad jurisdiccional electoral estatal, que garantizará el cumplimiento del principio de legalidad de los actos y resoluciones electorales.
"‘Contará con presupuesto propio que administrará y ejercerá en los términos que fije esta ley y demás ordenamientos de la materia.
"‘Para los efectos de este título, se entenderá por tribunal, al Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California.’
"‘Artículo 245. El tribunal es competente para:
"‘I. Resolver en Pleno, en forma definitiva y firme:
"‘a) Las impugnaciones de las elecciones de diputados. Munícipes y Gobernador del Estado.
"‘El tribunal sólo podrá declarar la nulidad de una elección por las causales que expresamente se establezcan en la Ley Electoral del Estado;
"‘b) Las impugnaciones de actos y resoluciones de la autoridad electoral local distintas a las señaladas en el inciso anterior;
"‘c) Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político electorales de los ciudadanos de votar y ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte de los asuntos políticos del Estado;
"‘d) Las impugnaciones en contra de las resoluciones que dicten las Salas Unitarias del tribunal;
"‘e) Las impugnaciones en contra de los actos y resoluciones suscitados con motivo de los procesos de participación ciudadana, en los términos de la ley de la materia; y,
"‘f) Las demás que le señale esta ley y otros ordenamientos;
"‘II. Resolver en Sala Unitaria, la imposición de sanciones derivadas de las quejas o denuncias instruidas por el Consejo General Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, por actos o hechos emitidos por los partidos políticos, sus dirigentes, militantes o simpatizantes, a excepción de las derivadas en materia de fiscalización sobre el origen, monto y destino de sus recursos, y
"‘III. Fijar criterios obligatorios en los términos del artículo 289 de esta ley.’
"De los preceptos normativos transcritos, se desprende que el Tribunal de Justicia Electoral en el Estado de Baja California no está facultado para resolver los conflictos o diferencias laborales que se planteen entre el Instituto Estatal Electoral de Baja California y sus trabajadores, por tanto, como se determinó en párrafos precedentes, el Tribunal de Arbitraje del Estado, es el competente para conocer de esa clase de conflictos laborales.
"Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica sustancial, la tesis 2a. V/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos ochenta y uno del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, febrero de dos mil, materia laboral, Novena Época, que a la letra dice: ‘COMPETENCIA LABORAL. CORRESPONDE AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE PUEBLA CONOCER DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS ENTRE LA COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL Y SUS TRABAJADORES. ...’
"Por otra parte, en relación a lo estimado por el Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, en el sentido de que al ser competencia de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, los conflictos laborales suscitados
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25527-74331a50/conflictos-individuales-entre-el-instituto-electoral-y-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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