PREDIAL. EL ARTÍCULO 41 DE LA LEY DE HACIENDA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO, QUE ESTABLECE TARIFAS DEL IMPUESTO RELATIVO, QUEDÓ DEROGADO PARA EL MUNICIPIO DE CORREGIDORA, POR EL ARTÍCULO 13 DE SU LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014.
AMPARO EN REVISIÓN 222/2014. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO. 3 DE JULIO DE 2014. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ADOLFO GIMÉNEZ MIGUEL, SECRETARIO DE TRIBUNAL AUTORIZADO PARA DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES DE MAGISTRADO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 81, FRACCIÓN XXII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 40, FRACCIÓN V, DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGLAMENTA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PROPIO CONSEJO. SECRETARIO: ALFREDO ECHAVARRÍA GARCÍA.
CONSIDERACIONES:
SEXTA. Estudio de fondo. Los agravios que se proponen resultan fundados.
I. La autoridad responsable expresa que la contradicción entre el numeral 13 de la Ley de Ingresos del Municipio de Corregidora, Querétaro, para el ejercicio fiscal 2014 y el diverso 41 de Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro, no es suficiente para sostener que existe una transgresión al principio de legalidad tributaria.
En torno a este punto, el titular del Ejecutivo del Estado hace notar que la Ley de Ingresos del Municipio de Corregidora, Querétaro, para el ejercicio fiscal 2014 y la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro, son ordenamientos de igual jerarquía, y que cuando se alega una contradicción entre este tipo de ordenamientos, se requiere demostrar no sólo la incongruencia sino además que tal incongruencia ocasiona una violación a la Carta Magna.
En apoyo de tales argumentos se invoca la jurisprudencia 1a./J. 104/2011, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO CONTRA LEYES. LA INCONSTITUCIONALIDAD DE ÉSTAS PUEDE DERIVAR DE LA CONTRADICCIÓN CON OTRAS DE IGUAL JERARQUÍA, CUANDO SE DEMUESTRE VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA."
Por tanto, el análisis no podía reducirse a la contradicción entre las leyes estatales, sino que era necesario que se acreditara la violación a la garantía de legalidad tributaria, prevista en el numeral 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tal ejercicio jurisdiccional no se realizó por parte del a quo.
II. El recurrente sostiene que la manera de cobrar el impuesto predial, prevista en el numeral 13 de la Ley de Ingresos del Municipio de Corregidora, Querétaro, para el ejercicio fiscal 2014, fue diseñada en uso de la facultad de libre diseño en materia contributiva, prevista entre otros artículos, en el 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Agrega que el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, no prohíbe que las disposiciones de la ley de ingresos se aparten de las normas de la ley hacendaria, aunado a que corresponde al Ayuntamiento proponer las tarifas aplicables y al Legislativo aprobar los elementos del impuesto.
Por tanto, aunque en el artículo 41 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro, se alude a ciertas tarifas, los Municipios no se encuentran ligados inexorablemente a ellas y pueden proponer una tarifa diferente.
Que en uso de esa facultad, en esta ocasión, el Municipio de Corregidora propuso una tarifa progresiva para la determinación del impuesto predial, la cual fue aprobada; que dicha tarifa representa una opción distinta de las previstas en el artículo 41 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro, y cumple con las exigencias del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal. Dentro de los agravios se inserta la digitalización de un documento que, se dice, fue elaborado por la Comisión de Planeación y Presupuesto de la Legislatura del Estado de Querétaro.
Agrega que debe considerarse que la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro no establece la obligatoriedad de que las leyes de ingresos de cada Municipio se sujeten a ella, pues sólo fija las bases en que se sustentará la hacienda pública municipal, y establece los criterios bajo los cuales las contribuciones serán aplicadas a los gobernados, pero sin que del texto legal se desprenda que las leyes de ingresos deban repetir cada punto y coma del ordenamiento hacendario. Tal exigencia sería irracional si se considera que cada Municipio tiene necesidades diferentes.
III. El Gobernador del Estado arguye que el Juez de Distrito, a través de la emisión de la sentencia que se revisa, se atribuye facultades que no le corresponden a la judicatura e invade las atribuciones que le competen a los Municipios y a las Legislaturas Estatales para fijar contribuciones en materia de propiedad inmobiliaria.
Sostiene que, en términos del artículo 115 constitucional, las contribuciones relacionadas con las cuestiones inmobiliarias se encuentran reservadas para el ámbito municipal, contribuciones respecto de las cuales ningún ente tiene facultad para coaccionar a los Municipios para establecer tarifas o contribuciones.
IV. El inconforme considera que las leyes de ingresos no tienen el carácter de un mero catálogo o listado de contribuciones, sino que en ellas se pueden establecer válidamente los elementos de una contribución, como incluso lo ha reconocido la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Aduce que la Ley de Ingresos del Municipio de Corregidora, Querétaro, para el ejercicio fiscal 2014, es una norma especial, elaborada atendiendo a las características sociales, económicas y geográficas de ese territorio.
V. Expresa que es incorrecto que en la sentencia se sostenga que el artículo 13 de la Ley de Ingresos del Municipio de Corregidora, Querétaro, para el ejercicio fiscal 2014, transgrede el principio de legalidad tributaria, porque los elementos de la contribución están previstos en la ley.
Por otra parte, indica que es incongruente el razonamiento del a quo, porque no puede existir antinomia entre la Ley de Ingresos del Municipio de Corregidora, Querétaro, para el ejercicio fiscal 2014 y la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro, son ordenamientos de igual jerarquía, porque si una ley posterior incide en el objeto de regulación de una ley anterior, y si ambas tienen la misma jerarquía normativa, fueron expedidas por la propia autoridad legislativa y tienen el mismo ámbito espacial de vigencia, entonces opera el principio jurídico de que la ley posterior deroga a la anterior. En apoyo de estos argumentos invoca la jurisprudencia P./J. 32/98, del Tribunal Pleno, de rubro: "CONFLICTO DE LEYES. ES INEXISTENTE CUANDO OPERA LA DEROGACIÓN TÁCITA DE LA LEY ANTERIOR POR LA POSTERIOR."
Tales agravios resultan fundados.
En la sentencia que se revisa, el Juez de Distrito sostiene, medularmente, que la contribución prevista en el numeral 13 de la Ley de Ingresos del Municipio de Corregidora, Querétaro, para el ejercicio fiscal 2014, atenta contra el principio de legalidad tributaria, porque la tarifa progresiva es distinta a las tarifas que prevé el artículo 41 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro.
Ahora bien, este Tribunal Colegiado estima que dicha apreciación es incorrecta, porque la legalidad tributaria implica que los elementos esenciales de las contribuciones -sujeto, objeto, base, tasa, exenciones y época de pago-, estén consignados de manera expresa en la ley.
Desde el momento en que la carga impositiva está prevista en una ley, se evita que las autoridades exactoras fijen el tributo o algunos de sus elementos esenciales, pues sólo el legislador puede hacerlo.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha dicho que para determinar el alcance del principio de legalidad tributaria, es útil acudir al concepto de la reserva de ley, que guarda estrecha semejanza y mantiene vinculación con aquél. La reserva de ley absoluta y la relativa.
En materia tributaria, la reserva es de carácter relativa, toda vez que, por una parte, dicha materia no debe ser regulada en su totalidad por una ley formal, sino que es suficiente sólo un acto normativo primario que contenga la regla esencial de la referida materia, puesto que de ese modo la presencia del acto normativo primario marca un límite de contenido para las normas secundarias posteriores, las cuales no podrán nunca contravenir lo dispuesto en la norma primaria y que, por otro lado, en casos excepcionales que lo justifiquen, pueden existir remisiones a normas secundarias, siempre y cuando tales remisiones hagan una regulación subordinada y dependiente de la ley y que, además, constituyan un complemento de la regulación legal indispensable por motivos técnicos o para el debido cumplimiento de la finalidad recaudatoria.
Resulta aplicable al caso, la siguiente tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece:
"Novena Época
"Registro IUS: 197375
"Instancia: Pleno
"Tipo de tesis: aislada
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: VI, noviembre de 1997
"Materia(s): Administrativa, Constitucional
"Tesis: P. CXLVIII/97
"Página: 78
"LEGALIDAD TRIBUTARIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY. Este Alto Tribunal ha sustentado el criterio de que el principio de legalidad se encuentra claramente establecido en el artículo 31 constitucional, al expresar en su fracción IV, que los mexicanos deben contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Conforme con dicho principio, es necesaria una ley formal para el establecimiento de los tributos, lo que satisface la exigencia de que sean los propios gobernados, a través de sus representantes, los que determinen las cargas fiscales que deben soportar, así como que el contribuyente pueda conocer con suficiente precisión el alcance de sus obligaciones fiscales, de manera que no quede margen a la arbitrariedad. Para determinar el alcance o profundidad del principio de legalidad, es útil acudir al de la reserva de ley, que guarda estrecha semejanza y mantiene una estrecha vinculación con aquél. Pues bien, la doctrina clasifica la reserva de ley en absoluta y relativa. La primera aparece cuando la regulación de una determinada materia queda acotada en forma exclusiva a la ley formal; en nuestro caso, a la ley emitida por el Congreso, ya federal, ya local. En este supuesto, la materia reservada a la ley no puede ser regulada por otras fuentes. La reserva relativa, en cambio, permite que otras fuentes de la ley vengan a regular parte de la disciplina normativa de determinada materia, pero a condición de que la ley sea la que determine expresa y limitativamente las directrices a las que dichas fuentes deberán ajustarse; esto es, la regulación de las fuentes secundarias debe quedar subordinada a las líneas esenciales que la ley haya establecido para la materia normativa. En este supuesto, la ley puede limitarse a establecer los principios y criterios dentro de los cuales la concreta disciplina de la materia reservada podrá posteriormente ser establecida por una fuente secundaria. Así, no se excluye la posibilidad de que las leyes contengan remisiones a normas reglamentarias, pero sí que tales remisiones hagan posible una regulación independiente y no claramente subordinada a la ley, lo que supondría una degradación de la reserva formulada por la Constitución en favor del legislador. En suma, la clasificación de la reserva de ley en absoluta y relativa se formula con base en el alcance o extensión que sobre cada materia se atribuye a cada especie de reserva. Si en la reserva absoluta la regulación no puede hacerse a través de normas secundarias, sino sólo mediante las que tengan rango de ley, la relativa no precisa siempre de normas primarias. Basta un acto normativo primario que contenga la disciplina general o de principio, para que puedan regularse los aspectos esenciales de la materia respectiva. Precisado lo anterior, este alto tribunal considera que en materia tributaria la reserva es de carácter relativa, toda vez que, por una parte, dicha materia no debe ser regulada en su totalidad por una ley formal, sino que es suficiente sólo un acto normativo primario que contenga la normativa esencial de la referida materia, puesto que de ese modo la presencia del acto normativo primario marca un límite de contenido para las normas secundarias posteriores, las cuales no podrán nunca contravenir lo dispuesto en la norma primaria; y, por otro lado, en casos excepcionales, y que lo justifiquen, pueden existir remisiones a normas secundarias, siempre y cuando tales remisiones hagan una regulación subordinada y dependiente de la ley, y además constituyan un complemento de la regulación legal que sea indispensable por motivos técnicos o para el debido cumplimiento de la finalidad recaudatoria.
"Amparo en revisión 2402/96. Arrendadora e Inmobiliaria Dolores, S.A. de C.V. 14 de agosto de 1997. Mayoría de siete votos. Disidentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Genaro David Góngora Pimentel y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Olga M. Sánchez Cordero. Secretario: Marco Antonio Rodríguez Barajas."
Si los "elementos esenciales del tributo" están consignados de manera expresa en la ley, no sólo se evitan arbitrariedades de las autoridades exactoras, sino que, además, el sujeto pasivo de la relación tributaria puede en todo momento conocer la forma específica de contribuir al gasto público.
Desde esta perspectiva, no puede considerarse que la contribución prevista en el numeral 13 de la Ley de Ingresos del Municipio de Corregidora, Querétaro, para el ejercicio fiscal 2014, transgreda el principio de legalidad tributaria, en cuanto la lectura de dicho precepto evidencia que los elementos esenciales del impuesto predial son los siguientes:
Sujeto pasivo: Las personas físicas o morales que sean propietarias o poseedoras del suelo o del suelo y las construcciones adheridas a él.
Objeto: El impuesto predial grava la propiedad o posesión del suelo o del suelo y las construcciones adheridas a él.
Tarifa: Se contiene en una tabla que se conforma de veintiún rangos o renglones delimitados entre un mínimo y un máximo de acuerdo al valor catastral del inmueble, asignándole a cada rango una cuota fija y un porcentaje para aplicarse sobre el excedente del límite inferior.
Época de pago: Se efectúa por bimestres vencidos, a más tardar el día quince de los meses de marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre y enero.
Base gravable: La constituye el valor catastral de los inmuebles.
La circunstancia de que tales elementos se encuentren previstos en la ley de ingresos del Municipio y no en la ley hacendaria, no genera transgresión alguna al principio de justicia tributaria que se viene comentando, toda vez que se está en presencia de una ley en sentido formal y material; incluso, se reconoce la posibilidad de que los elementos de una contribución pueden estar previstos en dos normas.
Al respecto es aplicable, por identidad jurídica sustancial, la tesis aislada siguiente:
"Novena Época
"Registro IUS: 200367
"Instancia: Pleno
"Tipo de tesis: aislada
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: I, junio de 1995
"Materia(s): Constitucional, Administrativa
"Tesis: P. XXII/95
"Página: 37
"DERECHOS. PARA QUE CUMPLAN CON EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA BASTA CON QUE SUS ELEMENTOS ESENCIALES SE CONSIGNEN EXPRESAMENTE EN UNA LEY, AUN CUANDO ESTA SEA LA DE INGRESOS. Si el principio de legalidad tributaria consiste en que los elementos esenciales de un tributo se consignen expresamente en una ley, se respeta tal principio cuando los elementos esenciales de algún derecho se consignan en la Ley de Ingresos respectiva, pues el principio de legalidad no exige que tales elementos se consignen en una determinada ley, sino sólo que se establezcan en ley.
"Amparo en revisión 176/94. Compañía Productora de Hielo, S.A. de C.V. 10 de abril de 1995. Unanimidad de nueve votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot."
Por otra parte, las leyes de ingresos pueden modificar las disposiciones de las leyes fiscales, ya que si bien es verdad que tales ordenamientos tienen vigencia anual y constituyen un catálogo de impuestos, también lo es que pueden contener otras disposiciones de carácter general que tienen por objeto coordinar la recaudación de las contribuciones.
Aunado a que como lo hace valer la recurrente, las leyes de ingresos poseen la misma jerarquía normativa que los ordenamientos fiscales de carácter especial y, por tanto, pueden modificarlas y derogarlas en determinados aspectos que se consideren necesarios para una mejor recaudación impositiva.
Entre las disposiciones de carácter general que pueden contener las leyes de ingresos para lograr una mejor recaudación impositiva, se encuentran los elementos del tributo, por tanto, si bien en la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro, concretamente en su artículo 41, se establecen tarifas distintas a las que contiene la ley de ingresos, tal circunstancia no torna inconstitucional a la segunda, por el contrario debe considerarse como una modificación o derogación de lo establecido por la ley de hacienda aludida.
En efecto, el artículo transitorio segundo de la Ley de Ingresos del Municipio de Corregidora, Querétaro, para el ejercicio fiscal 2014, dispone:
"Artículo segundo. Cualquier disposición expedida con anterioridad y que se oponga a la presente ley, queda derogada."
En este extremo, ni siquiera existiría la contradicción que se sostiene en la sentencia que se revisa.
Los argumentos de este Tribunal Colegiado se robustecen con el contenido de los siguientes criterios:
"Octava Época
"Registro IUS: 206336
"Instancia: Segunda Sala
"Tipo de tesis: jurisprudencia
"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
"Número 82, octubre de 1994
"Materia(s): Administrativa
"Tesis: 2a./J. 14/94
"Página: 16
"UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA. EL ARTÍCULO 5o. DE SU LEY ORGÁNICA QUEDÓ DEROGADO POR EL 14 DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 1985. El artículo 5o. de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Metropolitana, establece, en lo conducente, que ‘los ingresos de la Universidad y los bienes de su propiedad no estarán sujetos a impuestos o derechos federales, locales o municipales ...’. Por su parte, el artículo 14 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1985, dispone que ‘Se derogan las disposiciones que concedan exenciones de impuestos, o de derechos federales, excepto las exenciones señaladas en las leyes que establecen dichos impuestos y derechos y las previstas en el Código Fiscal de la Federación. Se derogan las disposiciones de las leyes federales que conceden exenciones de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos en otras contribuciones establecidas en leyes de los Estados, del Distrito Federal o de los Municipios’. Es cierto que el citado artículo 5o. estableció una exención en favor de la Universidad Autónoma Metropolitana y no una situación de no sujeción o no causación, en la medida en que, no obstante que realice actividades o se coloque en situaciones iguales a los causantes de diversos tributos locales, se le exime del pago o pagos correspondientes por disposición de la ley, pero también es verdad que la ley especial que en el caso lo es la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1985, en su artículo 14, derogó toda clase de exenciones, por lo que el referido artículo 5o. deja de ser aplicable.
"Contradicción de tesis. Varios 26/90. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y Quinto en Materia Administrativa del Primer Circuito. 22 de octubre de 1993. Mayoría de tres votos. Disidente: Atanasio González Martínez. Ausente: Noé Castañón León. Ponente: Carlos de Silva Nava. Secretaria: Carolina Galván Zenteno."
"Novena Época
"Registro IUS: 161575
"Instancia: Primera Sala
"Tipo de tesis: aislada
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXXIV, julio de 2011
"Materia(s): Constitucional
"Tesis: 1a. CXIX/2011
"Página: 302
"LEY DE INGRESOS. LA CONSTITUCIÓN NO PROHÍBE QUE POR VIRTUD DE ÉSTA PUEDA MODIFICARSE UN ELEMENTO REGULADO PREVIAMENTE EN LA LEGISLACIÓN PROPIA DE ALGÚN IMPUESTO. Si bien es posible hacer juicios sobre lo eficiente que puede resultar la regulación de una determinada institución en diversos cuerpos normativos, o sobre los efectos que esta circunstancia tendría sobre el cumplimiento de la norma, al motivar que el contribuyente deba acudir a varios textos legales para conocer las consecuencias jurídicas de determinadas hipótesis, lo cierto es que no puede afirmarse que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíba que una Ley de Ingresos modifique un elemento regulado previamente en la legislación propia de algún impuesto. En ese sentido, en el orden jurídico mexicano no se aprecia la existencia de un principio de reserva de código, por virtud del cual todas las disposiciones relevantes para determinada materia deberían contemplarse en un solo y único cuerpo normativo, extremo que no sólo no ha sido reconocido en una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino que no podría encontrar asidero en el texto constitucional.
"Amparo en revisión 841/2010. Premezclas y Vitaminas Tepa, S.A. de C.V. 12 de enero de 2011. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo."
"Séptima Época
"Registro IUS: 232268
"Instancia: Pleno
"Tipo de tesis: jurisprudencia
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Volúmenes: 193-198, Primera Parte
"Materia(s): Constitucional, Administrativa
"Página: 183
"LEYES DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN. PUEDEN DEROGAR LEYES FISCALES ESPECIALES. Es inadmisible el argumento en el sentido de que las leyes de ingresos de la federación no pueden modificar las disposiciones de las leyes fiscales especiales, ya que por una parte, si bien es verdad que tales ordenamientos tienen vigencia anual y constituyen un catálogo de impuestos, también contienen otras disposiciones de carácter general que tienen por objeto coordinar la recaudación de las contribuciones, y por otra parte dichas leyes de ingresos poseen la misma jerarquía normativa que los ordenamientos fiscales de carácter especial y, por tanto pueden modificarlas y derogarlas en determinados aspectos que se consideren necesarios para una mejor recaudación impositiva.
"Sexta Época, Primera Parte:
"Volumen LXXXIII, página 10. Amparo en revisión 7706/62. Transportadora Sinaloense, S.A. de C.V. y coagraviados. 10 de mayo de 1964. Mayoría de diecisiete votos. Ponente: Mariano Azuela Rivera.
"Séptima Época, Primera Parte:
"Volumen 35, página 48. Amparo en revisión 4619/63. Industrias Unidas de California, S.A. 16 de noviembre de 1971. Unanimidad de veintiún votos. Ponente: Ernesto Solís López.
"Volúmenes 193-198, página 123. Amparo en revisión 8993/83. Unión Regional de Crédito Ganadero de Durango, S.A. de C.V. 19 de marzo de 1985. Mayoría de quince votos por lo que respecta a esta tesis. Disidente: Raúl Cuevas Mantecón. Ponente: Carlos del Río Rodríguez.
"Volúmenes 193-198, página 123. Amparo en revisión 239/84. Triplay y Maderas del Norte, S.A. 26 de marzo de 1985. Mayoría de catorce votos por lo que hace a esta tesis. Disidentes: Raúl Cuevas Mantecón y Atanasio González Martínez. Ponente: Carlos del Río Rodríguez.
"Volúmenes 193-198, página 123. Amparo en revisión 3524/84. Planta Pasteurizadora Durango, S.A. de C.V. 26 de marzo de 1985. Unanimidad de dieciséis votos y mayoría de catorce votos por cuanto al resolutivo segundo. Disidentes: Raúl Cuevas Mantecón y Atanasio González Martínez. Ponente: Carlos del Río Rodríguez."
Así las cosas, ante lo fundado de los agravios propuestos, de acuerdo con el artículo 93, fracción VI, de la Ley de Amparo, este Tribunal Colegiado asume jurisdicción y procede a estudiar los conceptos de violación que no fueron analizados por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Querétaro.
SÉPTIMA. En este punto, procede reproducir los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa:
"Primero. Ahora bien, el acto consistente en el cobro por concepto de impuesto predial urbano baldío, transgrede en contra de la quejosa la garantía contenida en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que carece de fundamentación y motivación. Ello es así, porque en ninguna parte del recibo oficial **********, emitido por concepto de cobro de impuesto predial, se especifican los artículos de la Ley de Ingresos del Municipio de Corregidora, Querétaro, para el ejercicio fiscal de 2014, aplicables por la Secretaría de Tesorería y Finanzas del Municipio de Corregidora para cobrar dicho concepto, ni se explican las razones por las cuales efectuó dicho cobro, solamente dicha autoridad se limita a establecer en el primer párrafo de la parte inferior del recibo lo siguiente: ‘Ley de Ingresos del Municipio de Corregidora, para el ejercicio fiscal de 2014.’. En efecto, a fin de evidenciar lo anterior, conviene puntualizar lo siguiente: El acto administrativo reclamado se define por la doctrina como ‘un acto jurídico, una declaración de voluntad, de deseo, de conocimiento y de juicio, unilateral, externa, concreta y ejecutiva, que constituye una decisión ejecutoria, que emana de un sujeto: la administración pública, en el ejercicio de una potestad administrativa que crea, reconoce, modifica, transmite o extingue una situación jurídica subjetiva y su finalidad es la satisfacción del interés general.’ (Derecho administrativo, Andrés Serra Rojas, Ed. Porrúa, S.A., pág. 230). Ahora bien, los actos administrativos se clasifican como: a) Actos de autoridad, son aquellos en los que el Estado procede autoritariamente por medio de los mandatos que son expresión de su voluntad y se fundan en razones de orden público, y b) Actos de gestión, son aquellos en los que el Estado no siempre manda, ni es necesario que haga valer su autoridad, pues en ocasiones se equipara a los particulares para hacer más frecuentes, efectivas y seguras las relaciones con ellos. Para estos casos se coloca en el mismo plano y prescinde de sus privilegios y prerrogativas de soberano y su voluntad surte efecto con el concurso de la voluntad contraria. Por otro lado, el acto administrativo, cuando se dirige a los particulares, limitando su esfera jurídica debe reunir los siguientes requisitos: 1. Ser emitido por autoridad competente. 2. Adoptar la forma escrita. 3. Contener fundamentación legal. 4. Estar motivado. Por lo que, el artículo 16 constitucional, en su primer párrafo establece: ‘Artículo 16. Nadie puede se molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.’. Esta parte del precepto constitucional consagra, a favor de los gobernados, la garantía de legalidad y su eficacia reside en el hecho de que se protege todo el sistema de derecho objetivo desde la propia Carta Magna hasta el reglamento administrativo más minucioso. La garantía de legalidad implícita en el párrafo transcrito del artículo 16 constitucional, condiciona a todo acto de autoridad administrativo, a que deba reunir entre otros requisitos los de fundamentación y motivación de la causa legal del procedimiento; esto es, que justifican la validez jurídica de la molestia que provoca en la persona, familia, domicilio, papeles o posesiones del gobernado. La fundamentación legal del acto de autoridad que origine la molestia permitida por el artículo 16 constitucional, debe basarse en una disposición normativa general; es decir, que ésta prevea la situación concreta a la cual se dirige el acto de autoridad, es decir, que se exprese con precisión el precepto legal aplicable al caso. Así pues, la fundamentación legal de todo acto autoritario que cause al gobernado una molestia en los bienes a que se refiere el artículo 16 constitucional, no es sino una consecuencia directa del principio de legalidad que consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. En síntesis, la exigencia de fundar legalmente todo acto de molestia impone a las autoridades las obligaciones, que se traducen en las condiciones de validez constitucional del mismo, como son: 1. Que el órgano del Estado del que provenga el acto esté investido con facultades expresamente consignadas en la norma jurídica (ley o reglamento) para emitirlo. 2. Que el propio acto se prevea en dicha norma. 3. Que su sentido y alcance se ajusten a las disposiciones normativas que lo rijan. 4. Que el acto derive de un mandamiento escrito, en cuyo texto se expresen los preceptos específicos que lo apoyan. Por lo que ve a la motivación de la causa legal del procedimiento, significa que la autoridad está obligada a exponer las razones y causas que la motivaron para emitir el acto de molestia que a su vez encuadren dentro del marco general correspondiente establecido por la ley. Así pues, motivar el acto de autoridad significa adecuar una norma jurídica legal o reglamentaria al caso concreto donde vaya a operar, para lo cual, la autoridad responsable debe aducir los motivos que justifiquen la aplicación de la ley al caso concreto; es decir, deben manifestarse los hechos, circunstancias y causas que de manera objetiva encuadren dentro de los supuestos abstractos previstos normativamente, la cita de los preceptos legales y la exposición de los motivos, deben plasmarse en el mandamiento escrito, con el objeto de que el afectado por el acto de molestia pueda conocerlos y estar en condiciones de producir su defensa. Asimismo, el precepto constitucional en comento, también consagra la garantía formal del mandamiento escrito, conforme a la cual, toda autoridad está obligada a actuar con base en una orden escrita, que debe comunicar o darse a conocer al particular afectado. Esta comunicación o conocimiento puede ser anterior o simultáneo a la ejecución del acto de molestia, pues la exigencia d
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25258-7038cf48/predial-el-articulo-41-de-la-ley-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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