DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES DE USO NO HABITACIONAL, DESTINADOS PARA COMERCIO Y SERVICIOS. LOS ARTÍCULOS 37, FRACCIÓN I, INCISO B), APARTADO 1, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013, Y 54, FRACCIÓN I, INCISO B, APARTADO 1, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2011, TRANSGREDEN LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE EQUIDAD Y PROPORCIONALIDAD.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 13/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 25 DE AGOSTO DE 2014. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ENRIQUE RODRÍGUEZ OLMEDO, JAIME CRISANTO RAMOS CARREÓN, JOSÉ MANUEL MOJICA HERNÁNDEZ Y FROYLÁN BORGES ARANDA. PONENTE: JAIME CRISANTO RAMOS CARREÓN. SECRETARIA: JACQUELINE MOLINA GONZÁLEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. El Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo vigente; así como 41-Bis y 41-Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los numerales 5 y 9 del Acuerdo General 11/2014, del Consejo de la Judicatura Federal, pues se refiere a la posible contradicción entre tesis sustentadas por Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, cuya especialidad corresponde a este Pleno de Circuito.
Es menester precisar que, si bien uno de los órganos contendientes es un Tribunal Colegiado Auxiliar, lo cierto es que de la copia certificada de la respectiva sentencia, se desprende que ésta se dictó en apoyo a las labores del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. Al respecto, cobra aplicación la tesis 2a. XXI/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página mil ochenta del Libro 4, marzo de 2014, Tomo I, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que enseguida se transcribe:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO Y UN TRIBUNAL COLEGIADO AUXILIAR QUE DICTA RESOLUCIÓN EN APOYO DE AQUÉL. CORRESPONDE CONOCER DE AQUÉLLA A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN CUANDO EN EL CIRCUITO DE QUE SE TRATE NO SE HA INTEGRADO EL PLENO DE CIRCUITO RESPECTIVO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los Plenos de Circuito son competentes para conocer de las denuncias de contradicción de tesis, si se suscitan entre un Tribunal Colegiado ordinario perteneciente a un circuito y un Tribunal Colegiado Auxiliar que dicta resolución en apoyo de aquél, ya que en este supuesto ambas decisiones corresponden a un mismo circuito y a una misma especialidad, lo que atiende a la finalidad del Constituyente al introducir dichos órganos, ya que permite homologar los criterios de un circuito determinado, y evita que se decidan cuestiones distintas en casos iguales. No obstante, el criterio que antecede es inaplicable cuando se encuentren involucrados órganos jurisdiccionales de la naturaleza mencionada, si en el circuito de que se trate no se ha integrado y, en consecuencia, no se encuentra funcionando el Pleno de Circuito al que corresponde determinar la postura que debe prevalecer, lo que acontece cuando en el circuito respectivo sólo existe un Tribunal Colegiado, según deriva del Acuerdo General 14/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Así, como esta situación no fue prevista por el Constituyente o por el legislador ordinario, ni por el propio consejo citado, entonces, la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe asumir la competencia para conocer de las contradicciones de tesis en que se actualice el supuesto de referencia, a fin de resolver la cuestión planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para la solución de los asuntos en los que se adoptaron posturas disímiles."
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por la Magistrada presidenta del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, lo cual encuentra fundamento en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo vigente.
TERCERO. Precisado lo anterior, es pertinente tener en cuenta lo que los Tribunales Colegiados de Circuito involucrados expusieron en las ejecutorias de las que emanaron los criterios que los Magistrados denunciantes consideran contradictorios.
Así, el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, en apoyo del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el veintiuno de mayo de dos mil catorce, por mayoría de votos, el amparo en revisión número 351/2014, en lo atinente, sostuvo lo siguiente:
"SEXTO. Estudio de fondo del recurso de revisión hecho valer por el quejoso.
"Son por una parte infundados y, por otra, inoperantes los agravios formulados por el directamente agraviado **********, como se pondrá de manifiesto en párrafos subsecuentes.
"De entrada, conviene puntualizar que como de manera expresa lo autoriza el artículo 76 de la Ley de Amparo aplicable y, sobre todo, por razón de técnica jurídica, los argumentos de impugnación hechos valer por la parte recurrente serán atendidos en un orden distinto de aquel en que fueron plasmados, e inclusive, de manera conjunta o por grupos, según sea el caso, con el objeto de facilitar su comprensión y análisis; desde luego, sin que lo anterior conlleve la existencia de alguna omisión por parte de este Tribunal Colegiado de Circuito, pues lo trascendente del caso estriba en que todos y cada uno de ellos serán objeto de examen en esta ejecutoria, con el fin de satisfacer plenamente los principios de exhaustividad y congruencia que deben prevalecer en toda resolución judicial.
"Al respecto, resulta altamente ilustrativa la siguiente tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que es compartida por este órgano de control constitucional, la cual puede consultarse en la página 1415 del Tomo XXIV, septiembre de 2006, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. El artículo 79 de la Ley de Amparo previene que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito pueden realizar el examen conjunto de los conceptos de violación o agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero no impone la obligación al juzgador de garantías de seguir el orden propuesto por el quejosa o recurrente en su escrito de inconformidad, sino que la única condición que establece el referido precepto es que se analicen todos los puntos materia de debate, lo cual puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso.’
"El recurrente en vía de agravios señaló sustancialmente que, contrario a lo que sostuvo la Juez de Distrito, la clasificación de las zonas y destinos que se realiza en un ordenamiento, no mide por sí mismo el nivel del servicio para la expedición de una licencia de construcción, ni justifica el despliegue técnico con costo mayor o menor para el Estado.
"De igual forma expuso que, contrario a lo sostenido por la Juez de Distrito, el despliegue técnico que debe efectuar la autoridad administrativa para verificar que la edificación relativa a la licencia de construcción expedida, cumple con los requisitos que establece la ley, es igual con independencia de que, si el despliegue se realiza en un inmueble clasificado conforme a su nivel de servicio y su radio de influencia (vecinal, barrial, distrital, central, regional o de servicios de la industria y comercio), y para oficinas administrativas (en pequeña escala o en general), ya que en todos los casos, el servicio involucrará la verificación de las mismas condiciones, por lo que no existe justificación alguna para la verificación del costo dependiendo de la zona geográfica donde se ubica el bien inmueble a edificar.
"Agregó que, por tal motivo, el artículo 37, apartado I, parte b), inciso 1, subinciso 1.4., de la Ley de Ingresos para el Municipio de Guadalajara, para el ejercicio fiscal dos mil trece, que prevé el derecho de licencia de construcción, inmueble de uso no habitacional, comercio y servicios ‘central’ (tarifa $144.50), viola la garantía de equidad tributaria prevista en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque la ubicación o categoría del inmueble en el que se llevará a cabo la construcción es un elemento ajeno a la actividad técnica realizada por la autoridad municipal para la expedición de la licencia de construcción y la inspección relativa, que trasciende al costo del servicio.
"Asimismo estableció que, por tales razones, el artículo 50, fracción IX, de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara para el ejercicio fiscal dos mil trece, que regula el derecho de certificado de habitabilidad (tarifa del 5% del costo de la licencia de construcción), viola los principios de equidad y proporcionalidad tributaria, porque dicho cobro se sustenta en un derecho de licencia de construcción que es inconstitucional.
"Los anteriores agravios resultan infundados, en razón de lo siguiente:
"En principio, contrario a lo que asevera, los elementos a que hace referencia, consistentes en la zona donde se ubique la obra, esto es, vecinal, barrial, distrital, central, regional y servicios a la industria y comercio, sí inciden en el despliegue técnico realizado por la autoridad administrativa; y, por ende, son cuestiones a tomar en consideración para el cálculo del derecho previsto en la porción normativa impugnada.
"En ese orden, para una mejor intelección del presente asunto, es importante destacar que la doctrina define a los derechos como las contribuciones establecidas en ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando sean prestados por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando, en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos.
"De tal concepto derivan las siguientes características de los derechos:
"a) Los derechos son contribuciones; pues si bien al particular le corresponde provocar la prestación del servicio, el pago del precio es obligatorio.
"b) Los derechos deben estar establecidos en una ley; lo anterior a fin de ser congruente con el principio de legalidad que para toda contribución exige el artículo 31, fracción IV, constitucional.
"c) Los derechos deben pagarse por los siguientes conceptos:
"1. Por servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho público;
"2. Por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación.
"En cuanto a los primeros, esto es, los ‘derechos por servicios’, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 41/96, publicada en la página diecisiete del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, julio de mil novecientos noventa y seis, ha sostenido el criterio de que en ellos, el hecho imponible consiste en la prestación de un servicio público por parte del Estado, en los siguientes términos:
"‘DERECHOS TRIBUTARIOS POR SERVICIOS. SU EVOLUCIÓN EN LA JURISPRUDENCIA. Las características de los derechos tributarios que actualmente prevalecen en la jurisprudencia de este Alto Tribunal encuentran sus orígenes, según revela un análisis histórico de los precedentes sentados sobre la materia, en la distinción establecida entre derechos e impuestos conforme al artículo 3o. del Código Fiscal de la Federación del año de mil novecientos treinta y ocho, y su similar del código del año de mil novecientos sesenta y siete, a partir de la cual se consideró que la causa generadora de los derechos no residía en la obligación general de contribuir al gasto público, sino en la recepción de un beneficio concreto en favor de ciertas personas, derivado de la realización de obras o servicios («COOPERACIÓN, NATURALEZA DE LA.», jurisprudencia 33 del Apéndice de 1975, 1a. Parte; AR. 7228/57 Eduardo Arochi Serrano; AR. 5318/64 Catalina Ensástegui Vda. de la O.; AR. 4183/59 María Teresa Chávez Campomanes y coags.). Este criterio, sentado originalmente a propósito de los derechos de cooperación (que entonces se entendían como una subespecie incluida en el rubro general de derechos), se desarrollaría más adelante con motivo del análisis de otros ejemplos de derechos, en el sentido de que le eran inaplicables los principios de proporcionalidad y equidad en su concepción clásica elaborada para analizar a los impuestos, y que los mismos implicaban en materia de derechos que existiera una razonable relación entre su cuantía y el costo general y/o específico del servicio prestado («DERECHOS POR EXPEDICIÓN, TRASPASO, REVALIDACIÓN Y CANJE DE PERMISOS Y LICENCIAS MUNICIPALES DE GIROS MERCANTILES, INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 14, FRACCIONES I, INCISO C), II, INCISO D), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TECATE, BAJA CALIFORNIA, PARA EL AÑO DE 1962, QUE FIJA EL MONTO DE ESOS DERECHOS CON BASE EN EL CAPITAL EN GIRO DE LOS CAUSANTES, Y NO EN LOS SERVICIOS PRESTADOS A LOS PARTICULARES.», Vol. CXIV, 6a. Época, Primera Parte; «DERECHOS FISCALES. LA PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD DE ÉSTOS ESTÁ REGIDA POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS.», Vol. 169 a 174, 7a. Época, Primera Parte; «AGUA POTABLE, SERVICIO MARÍTIMO DE. EL ARTÍCULO 201, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL TERRITORIO DE BAJA CALIFORNIA, REFORMADO POR DECRETO DE 26 DE DICIEMBRE DE 1967, QUE AUMENTÓ LA CUOTA DEL DERECHO DE 2 A 4 PESOS EL METRO CÚBICO DE AGUA POTABLE EN EL SERVICIO MARÍTIMO, ES PROPORCIONAL Y EQUITATIVO; Y POR LO TANTO NO ES EXORBITANTE O RUINOSO EL DERECHO QUE SE PAGA POR DICHO SERVICIO.», Informe de 1971, Primera Parte, pág. 71). El criterio sentado en estos términos, según el cual los principios constitucionales tributarios debían interpretarse de acuerdo con la naturaleza del hecho generador de los derechos, no se modificó a pesar de que el artículo 2o., fracción III del Código Fiscal de la Federación del año de mil novecientos ochenta y uno abandonó la noción de contraprestación para definir a los derechos como «las contribuciones establecidas por la prestación de un servicio prestado por el Estado en su carácter de persona de derecho público, así como por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público» (AR. 7233/85 Mexicana del Cobre, S.A. y AR. 202/91 Comercial Mabe, S.A.). De acuerdo con las ideas anteriores avaladas por un gran sector de la doctrina clásica tanto nacional como internacional, puede afirmarse que los derechos por servicios son una especie del género contribuciones que tiene su causa en la recepción de lo que propiamente se conoce como una actividad de la Administración, individualizada, concreta y determinada, con motivo de la cual se establece una relación singularizada entre la Administración y el usuario, que justifica el pago del tributo.’
"También ha sostenido que para fijar el monto de esa clase de derechos, debe atenderse al objeto real del servicio prestado por el ente público, y que las cuotas de referencia sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos.
"Lo anterior se advierte en la jurisprudencia de nuestro Máximo Tribunal de Justicia número P./J. 2/98, que puede consultarse en la página cuarenta y uno del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, enero de mil novecientos noventa y ocho, que dice:
"‘DERECHOS POR SERVICIOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD SE RIGEN POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS. Las garantías de proporcionalidad y equidad de las cargas tributarias establecidas en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que el legislador trata de satisfacer en materia de derechos a través de una cuota o tarifa aplicable a una base, cuyos parámetros contienen elementos que reflejan la capacidad contributiva del gobernado, se traduce en un sistema que únicamente es aplicable a los impuestos, pero que en manera alguna puede invocarse o aplicarse cuando se trate de la constitucionalidad de derechos por servicios, cuya naturaleza es distinta de la de los impuestos y, por tanto, reclama un concepto adecuado de esa proporcionalidad y equidad. De acuerdo con la doctrina jurídico-fiscal y la legislación tributaria, por derechos han de entenderse: las contraprestaciones que se paguen a la hacienda pública del Estado, como precio de servicios de carácter administrativo prestados por los poderes del mismo y sus dependencias a personas determinadas que los soliciten, de tal manera que para la determinación de las cuotas correspondientes por concepto de derechos ha de tenerse en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio y que las cuotas de referencia sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos.’
"Ahora bien, a fin de dar respuesta a los planteamientos del quejoso, se considera oportuno citar el artículo el artículo 37, apartado I, parte b), inciso 1, subinciso 1.4., de la Ley de Ingresos para el Municipio de Guadalajara, para el ejercicio fiscal dos mil trece, cuestionado en esta instancia, establece:
"‘Artículo 37. Las personas físicas o jurídicas que pretendan llevar a cabo la construcción o modificación de obras, deberán obtener previamente, la licencia correspondiente y pagarán los derechos conforme a la siguiente:
Ver tarifa 1
"Como se advierte de lo anterior, el precepto legal transcrito establece el mecanismo para determinar el pago de derechos por la expedición de licencias de construcción, para lo cual se toma como base, para el cálculo de la tarifa respectiva, el número de metros cuadrados de construcción, así como el tipo de construcción de uso no habitacional (comercio y servicios), así como la zona en que se vaya a construir el inmueble (vecinal, barrial, distrital, central, regional y servicios a la industria y comercio).
"Cabe destacar que el ‘derecho’ que se impone, no es más que una especie de contribución o tributo que el usuario tiene que sufragar para tener acceso al servicio solicitado, por lo cual resulta necesario desentrañar el sentido del sustantivo antes dicho, mismo que el artículo 5 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, refiere de la siguiente manera:
"‘Artículo 5. Son derechos, las contraprestaciones establecidas en la ley, por los servicios que presten los Municipios en sus funciones de derecho público.’
"Luego, en el caso a estudio, el objeto real del servicio prestado, relativo a la expedición de licencias para construcción o modificación de obras, tiene que ver con los requisitos técnicos a los cuales deberán sujetarse las construcciones e instalaciones en predios y en vías públicas, a fin de que satisfagan las condiciones de habitabilidad, viabilidad y seguridad.
"Lineamientos que se desprenden del Código Urbano para el Estado de Jalisco, en los numerales que a continuación se transcriben:
"‘Artículo 10. Son atribuciones de los Municipios:
"‘I. Formular, aprobar, administrar, ejecutar, evaluar y revisar el Programa Municipal de Desarrollo Urbano, los planes de desarrollo urbano de centros de población y los planes parciales de desarrollo urbano, atendiendo el cumplimiento de las disposiciones ambientales aplicables;
"‘II. Asegurar la congruencia de los programas y planes a que se refiere la fracción anterior, con el Programa Estatal de Desarrollo Urbano y los planes regionales, haciendo las proposiciones que estime pertinentes;
"‘III. Formular y aprobar la zonificación de los centros de población en los programas y planes de desarrollo urbano respectivos, en base a este código;
"‘IV. Administrar la zonificación urbana de los centros de población, contenida en los programas y planes de desarrollo urbano;
"‘...
"‘VII. Fijar o modificar los límites de los centros de población, cuando sólo comprendan áreas de su territorio;
"‘...
"‘IX. Participar en el ordenamiento y regulación de las áreas o regiones metropolitanas que incluyan centros de población de su territorio, conforme las disposiciones legales y el convenio donde se reconozca su existencia;
"‘...
"‘XI. Solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable los estudios y dictámenes de impacto ambiental necesarios en toda autorización, permiso o licencia de construcción o de realización de cualquier obra en el Municipio;
"‘XII. Solicitar a la secretaría, la asesoría y apoyo técnico que requiera, para elaborar sus programas y planes de desarrollo urbano, aplicarlos, controlarlos, evaluarlos y revisarlos, conforme a los convenios de coordinación que celebre con el titular del Poder Ejecutivo Estatal;
"‘...
"‘XXI. Otorgar o negar las autorizaciones o licencias para ejecutar obras y acciones urbanísticas;
"‘XXII. Acordar la recepción de obras de urbanización;
"‘...
"‘XXXII. Promover obras para que los habitantes de sus respectivos Municipios cuenten con una vivienda digna; espacios adecuados para el trabajo, áreas y zonas de esparcimiento y recreación; el equipamiento indispensable para la vida de la comunidad, y los medios de comunicación y transporte que se requieran;
"‘XXXIII. Otorgar las facilidades administrativas que estén a su alcance, a las acciones de vivienda;
"‘...
"‘XXXVIII. Promover la participación ciudadana y vecinal y recibir las opiniones de los grupos de personas que integran su comunidad, respecto a la formulación, ejecución, evaluación y revisión de los programas y planes municipales;
"‘...
"‘XL. Vigilar las acciones urbanísticas y la aprobación de proyectos de edificación; ...’
"‘Artículo 94. El Programa Municipal de Desarrollo Urbano es el documento rector que integra el conjunto de políticas, lineamientos, estrategias, reglas técnicas y disposiciones, encaminadas a ordenar y regular el territorio de cada Municipio, mediante la determinación de los usos, destinos y reservas de áreas y predios, para la conservación, mejoramiento y crecimiento de los mismos.
"‘El Programa Municipal de Desarrollo Urbano tiene por objeto establecer las directrices, lineamientos y normas conforme a las cuales las diversas personas y grupos que integran la población, participarán en el proceso de urbanización y de desarrollo sustentable.
"‘El Programa Municipal de Desarrollo Urbano deberá ser revisado cada tres años, durante el primer año del ejercicio constitucional del ayuntamiento para valorar su actualización.’
"‘Artículo 96. El Programa Municipal de Desarrollo Urbano tiene como objetivos:
"‘I. Regular y ordenar los asentamientos humanos con la finalidad de mejorar el nivel de vida de la población, mediante la optimización del uso y destino del suelo;
"‘II. Vincular los ordenamientos ecológicos y territoriales;
"‘III. Distribuir equitativamente las cargas y beneficios del desarrollo urbano de los centros de población;
"‘IV. Preservar y acrecentar los recursos naturales, a fin de conservar el equilibrio ecológico;
"‘V. Facilitar la comunicación y los desplazamientos de la población, promoviendo la integración de un sistema eficiente de comunicación y transporte interurbano;
"‘VI. Prever la organización y el desarrollo de la infraestructura básica para el desarrollo de los centros de población;
"‘VII. Constituir reservas territoriales para el desarrollo urbano y la vivienda; y
"‘VIII. Prevenir, controlar y atender los riesgos y contingencias ambientales y urbanos en los centros de población.’
"‘Artículo 279. Toda obra de construcción, modificación, reconstrucción o demolición, requerirá autorización del ayuntamiento. La licencia o permiso de construcción, se otorgará por la dependencia municipal, de conformidad con lo dispuesto en el presente título, con las disposiciones de la Ley del Procedimiento Administrativo y su Reglamento de Construcción.’
"‘Artículo 283. La dependencia municipal está facultada para expedir licencias de construcción en:
"‘I. Los predios de suelo urbanizado y en lotes o predios respecto de los cuales se autorizó su enajenación, en los casos y supuestos previstos por el artículo 298 de este código;
"‘II. Los proyectos de obras de urbanización y edificación simultáneas, de acuerdo con el proyecto definitivo de urbanización;
"‘III. Las urbanizaciones progresivas que se autoricen conforme las disposiciones del presente capítulo;
"‘IV. Los predios intraurbanos de suelo no urbanizado en las áreas en donde el Ayuntamiento haya dictaminado técnica, jurídica y administrativamente factible su regularización;
"‘V. Los predios comprendidos en un área de destinos, previa celebración del convenio respectivo;
"‘VI. Los proyectos que se limitan a obras de edificación;
"‘VII. En predios comprendidos en un área de reservas, en tanto se realizan las obras de urbanización, previa celebración del convenio; y
"‘VIII. En predios de dominio público, de acuerdo a su destino y en su caso, con lo estipulado en el acto o título de concesión.
"‘Las licencias que se expidan en el supuesto de la fracción IV que antecede, deberán hacerse del conocimiento de la Procuraduría de Desarrollo Urbano.’
"‘Artículo 287. La dependencia municipal una vez que reciba la solicitud de revisión del proyecto de edificación:
"‘I. Lo revisará y dictaminará en un plazo no mayor de diez días hábiles;
"‘II. Si el dictamen descalifica el proyecto de edificación, se notificará al promovente para los efectos que se establezcan en el Reglamento de Construcción del Municipio; y
"‘III. Si el dictamen recomienda autorizar el proyecto de edificación, en un plazo de 24 horas, se expedirá la licencia o permiso de construcción, previo pago del derecho que fije la Ley de Ingresos municipal.’
"‘Artículo 289. La dependencia municipal podrá en todo tiempo ordenar las visitas de inspección que juzgue convenientes a los trabajos de edificación que se estén llevando a cabo, para que, en caso de no ajustarse a los planos aprobados en la licencia respectiva, se dispongan las modificaciones necesarias o se ordene la suspensión de la obra, imponiéndose al propietario o responsable de la misma, la sanción que se determine conforme al Reglamento de Construcción.’
"Por su parte, el Reglamento Estatal de Zonificación del Estado de Jalisco, en lo conducente, establece lo siguiente:
"‘Artículo 2. El Reglamento Estatal de Zonificación tiene por objeto establecer el conjunto de normas técnicas y procedimientos, para formular la planeación y regulación del ordenamiento territorial en el Estado de Jalisco, señalando el contenido de los planes y programas de desarrollo urbano, considerando para esto la integración regional, a partir de un sistema de ciudades y la estructura urbana de los diferentes centros de población, que se organizan en un sistema de unidades territoriales. Para tales efectos se establecen:
"‘...
"‘IV. La clasificación de los usos y destinos, en función del grado de impacto que provocan sobre el medio ambiente; ...’
"‘Artículo 3. Para los efectos del presente reglamento, y de conformidad con la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, se entiende por:
"‘...
"‘XIX. Destinos: los fines públicos a que se prevea dedicar determinadas zonas, áreas y predios de un centro de población;
"‘...
"‘LIII. Usos: los fines particulares a que podrán dedicarse determinadas zonas, áreas y predios de un centro de población; en conjunción con los destinos determinan la utilización del suelo; ...’
"‘Artículo 8. Para los efectos de la elaboración de los planes parciales de urbanización a los que hace referencia el título segundo, capítulo VI de la Ley, la delimitación del área de estudio y de aplicación, respectivamente, se determinará conforme a los siguientes criterios:
"‘...
"‘C) Tratándose de acciones urbanísticas para uso no habitacional la delimitación del área de estudio deberá de referirse en función a las vialidades próximas de mayor jerarquía, que estén establecidas en el plan de desarrollo urbano del centro de población o, en su caso, en el plan parcial de desarrollo urbano, incluyendo los predios alojados frente a las mismas, y de las infraestructuras a las que deberán conectarse, dentro de las cuales estará contenida la totalidad del predio a desarrollar; ...’
"‘Artículo 26. Para lograr los objetivos y propósitos de este reglamento, los usos y destinos de los predios y las edificaciones que en ellos se construyan, se clasifican y agrupan, de acuerdo a la similitud en sus funciones a desempeñar y por los impactos que generan sobre el medio ambiente.’
"‘Artículo 27. El género se define como el conjunto de usos y destinos en los que se realizan actividades similares o afines y se clasifican en:
"‘I. Recursos naturales: comprende todas aquellas actividades relacionadas con la explotación y aprovechamiento racional de los recursos naturales del territorio. Los usos y destinos que lo integran son las siguientes:
"‘a) Piscícola;
"‘b) Actividades Silvestres;
"‘c) Forestal;
"‘d) Actividades extractivas;
"‘e) Agropecuario; y
"‘f) Granjas y huertos.
"‘II. Alojamiento temporal: comprende instalaciones, que funcionan mediante el arrendamiento de cuartos y servicios complementarios de manera no permanente, se integra por los siguientes usos o destinos:
"‘a) Turístico ecológico;
"‘b) Turístico campestre;
"‘c) Turístico hotelero densidad mínima;
"‘d) Turístico hotelero densidad baja;
"‘e) Turístico hotelero densidad media; y
"‘f) Turístico hotelero densidad alta.
"‘III. Habitacional: comprende todo tipo de edificaciones para el uso habitacional, se integra por los siguientes usos:
"‘a) Habitacional jardín;
"‘b) Habitacional densidad mínima;
"‘c) Habitaciona
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25270-48c1faa8/derechos-por-la-expedicion-de-licencias-de-construccion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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