AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN. CUANDO SE DESECHA POR IMPROCEDENTE NO OPERA EL CRITERIO SOSTENIDO EN LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 39/2011, DE RUBRO: "AMPARO DIRECTO. LA RESOLUCIÓN DICTADA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA QUE NO HA CAUSADO EJECUTORIA DEBE DEJARSE INSUBSISTENTE."(*).
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1168/2014. 14 DE MAYO DE 2014. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. AUSENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIO: JORGE ANTONIO MEDINA GAONA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 81, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, 21, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, toda vez que el recurso fue interpuesto en contra de una sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito, al resolver un juicio de amparo directo en materia de trabajo y se estima innecesaria la intervención del Tribunal Pleno para su resolución.
SEGUNDO. Antecedentes. Los elementos necesarios para la resolución del presente asunto son los siguientes:
I. Antecedentes.
• Mediante escrito presentado el 25 de septiembre de 2009, ante la Oficialía de Partes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Distrito Federal, **********, por conducto de su apoderado, demandó de **********, **********, ********** y/o de quien resulte ser patrón, propietario o responsable de la fuente de trabajo, el pago de las prestaciones consistentes en indemnización constitucional, salarios caídos, prima de antigüedad, nulidad de documentos, aguinaldo, con motivo de que fue despedido injustificadamente (fojas 1 y 2 del juicio laboral).
• La demanda se admitió y radicó el 6 de octubre de 2009, en la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, bajo el expediente ********** (foja 5 del juicio laboral).
• Seguido el juicio laboral el 6 de febrero del 2013, la Junta emitió el laudo, mismo que culminó en los siguientes puntos resolutivos (foja 290 a 298 del juicio laboral):
"PRIMERO. La parte actora probó parcialmente la procedencia de sus acciones y pretensiones, la demandada ********** no justificó sus defensas y excepciones, los demandados **********, ********** y ********** justificaron sus defensas y excepciones, el Instituto Mexicano del Seguro Social no compareció a juicio, en consecuencia.
"SEGUNDO. Se condena a la demandada **********, a pagarle al actor ********** la cantidad de $********** (**********/100 M.N.), salvo error u omisión de carácter aritmético, por concepto de indemnización constitucional, salarios caídos sin perjuicio de los que se sigan venciendo hasta el cumplimiento del presente fallo, prima de antigüedad, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, salarios devengados, días de descanso semanal, prima dominical, días de descanso obligatorio y fondo de ahorro. Asimismo, se condena a la parte demandada a inscribir retroactivamente a la parte actora ante el IMSS, Infonavit y SAR, así como a realizar el pago de las cuotas correspondientes, dejando a salvo los derechos del actor respecto del reclamo de reparto de utilidades y absolviendo a la demandada de las demás prestaciones que le fueron reclamadas, de conformidad con lo expresado y motivado en los considerandos correspondientes de la presente resolución.
"TERCERO. Se absuelve a los demandados ********** y ********** del pago y cumplimiento de todas y cada una de las prestaciones que le fueron reclamadas, de conformidad con lo expresado y motivado en los considerandos correspondientes de la presente resolución.
"CUARTO. Respecto de los demandados ********** e **********, lo procedente es absolverlos del pago y cumplimiento de las prestaciones que le fueron reclamadas, dejar a salvo sus derechos como organismos fiscales autónomos, de conformidad con lo expresado y motivado en los considerandos correspondientes de la presente resolución."
• Contra tal determinación, tanto el actor como el demandado, promovieron juicio de amparo directo, radicados en el Tribunal Colegiado del conocimiento bajo los expedientes ********** y **********, respectivamente, y fueron resueltos en la misma sesión del 20 de febrero de 2014, concediendo el amparo para efectos al actor y negándolo al patrón.
• En su contra, la parte demandada interpuso el recurso de revisión en que se actúa.
II. Conceptos de violación. Al respecto, mencionó el quejoso lo que a continuación se sintetiza:
• El laudo que se combate viola en su contra los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, así como los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, en razón de que dicha resolución no es clara, precisa y congruente con la demanda, contestación y pruebas ofrecidas en el juicio, como de autos se desprende.
• Esto es así, en primer lugar, porque de la demanda interpuesta por el actor, en el principal, se desprende de los hechos que pretende una supuesta relación de trabajo y supuesto despido injustificado y, por su parte, la quejosa se excepcionó acreditando que la relación que existió entre la moral compareciente y el actor, fue de naturaleza agraria y con el carácter de socio, como fácilmente se desprende con el instrumento público número 66.060, de fecha 20 de abril de 2007, pasado ante la fe del notario público número 41, Lic. Santiago Javier Covarrubias y González, con residencia en esta Ciudad de México, Distrito Federal, de donde se desprende que el fedatario en cuestión da fe de la separación y admisión de socios, el aumento al capital social, el nombramiento del primero y segundo vocales de la comisión de administración y la aclaración del artículo 5 del estatuto social de la moral quejosa, mediante la cual a foja 9 de dicho instrumento se desprende que con fecha 3 de noviembre de 2006, dato que obra a foja 7 de dicho instrumento, de que al actor, **********, se le nombró como nuevo socio de la sociedad de nombre; **********, con pleno consentimiento, tan fue así, que firmó al calce el acta de asamblea, siendo una de sus firmas de la misma, cuestión de la cual dio fe el citado fedatario, como de la misma se desprende, instrumento relacionado con el instrumento público número 109,559, de fecha 25 de noviembre de 1994, pasado ante la fe del notario público número 18, Lic. Alejandro González Polo, con residencia en esta Ciudad de México, Distrito Federal, instrumento público que se ofreció oportunamente en juicio por la quejosa, y en la que consta la constitución de la ... denominada: **********, documentales públicas que la responsable no valoró adecuadamente y, con su proceder, conculcó los derechos procesales de la hoy quejosa; en segundo lugar, la responsable viola el principio de seguridad jurídica, al valorar subjetivamente, en el laudo que se combate, cuando imputa que, a mayor abundamiento, la parte actora exhibió una documental privada consistente en una carta dirigida al Instituto Mexicano del Seguro Social, suscrita por **********, en su carácter de representante legal de la hoy quejosa; documental a la cual la responsable le concede valor, y con la cual se generó a favor del actor la presunción de la existencia del vínculo laboral, lo que desde luego resulta una violación a los derechos procesales de la hoy quejosa, en virtud de una valoración incongruente con las pruebas aportadas por las partes, ya que la quejosa no toma en cuenta las instrumentales públicas aportadas por la demandada en los instrumentos citados y de los cuales se desprende fehacientemente la calidad de socio del actor, de la ... denominada: **********, y de que el actor, con ninguna de sus pruebas, acredita fehacientemente tener una relación con la quejosa diversa a la agraria. Esto es así, si tomamos en cuenta que de las pruebas ofrecidas por el actor, con ninguna acredita la supuesta relación de la que se duele en su escrito de demanda; tan es así, que sus pruebas ofrecidas en su escrito de fecha 16 de marzo del 2010, y que ofreció en audiencia de fecha 30 de noviembre de 2011, por lo que respecta a la testimonial ofrecida en su apartado VIII, de sus pruebas, a cargo de **********, ********** y **********, en acta de fecha 15 de octubre del 2012, le fueron desechados los citados testigos por falta de interés jurídico para su desahogo, con lo cual, demuestra la actora un proceder contrario a derecho y que la responsable no tomó en cuenta al momento de dictar la resolución que se combate. No obstante a lo anterior, también es de tomar en cuenta que, por lo que respecta a la afiliación del actor al IMSS, resulta por la flexibilidad de la Ley del Seguro Social, que permite la afiliación de socios de sociedades de producción rural, sin que esto implique reconocimiento o presunción alguna como trabajador a los citados socios de la hoy quejosa; en tercer lugar, la responsable también aplica mal la tesis I.6o.T.308 L, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, enero de 2007, página 2366, bajo el rubro: "SOCIOS O ASOCIADOS DE PERSONAS MORALES. SIN EN LAS FUNCIONES QUE REALIZAN NO SE ENCUENTRA EL ELEMENTO SUBORDINACIÓN, SINO QUE FORMAN PARTE DE LA ESTRUCTURA DE AQUÉLLAS, NO TIENEN EL CARÁCTER DE TRABAJADORES."; en razón de que la parte quejosa demostró fehacientemente y en forma invariable que la relación que unió al hoy actor con la quejosa, **********, mediante los instrumentos números 66,060 de fecha 20 de abril del 2007 y 109,559 de fecha 25 de noviembre de 1994, citados con antelación, fue de naturaleza agraria y que formó parte de su estructura social, como de las mismas se desprende, y que el actor con ninguna de sus pruebas ofrecidas en juicio demostró su supuesto carácter de trabajador, y menos que haya existido entre el actor y la quejosa subordinación y, en cuarto lugar, el laudo que se combate también viola los derechos de mi representada, cuando pretende concluir, que: "En las circunstancias anteriores esta autoridad laboral considera que contrario a la afirmación por la demandada el vínculo que existió entre el actor y **********, era de naturaleza laboral"; en razón de que como ha quedado demostrado a lo largo del presente escrito, la quejosa ha demostrado fehacientemente y mediante sus pruebas ofrecidas que la relación que existió entre el actor y la quejosa, fue de naturaleza agraria, socio de la sociedad de nombre: **********, con pleno consentimiento, tan fue así, que firmó al calce el acta de asamblea, siendo una de sus firmas de la misma, cuestión de la cual dio fe el citado fedatario, como de la misma se desprende, por lo cual, ese tribunal, deba amparar y proteger a la hoy quejosa, para que la responsable dicte un nuevo laudo en el cual se resuelva que la demandada, **********, sí justificó sus defensas y excepciones y se le absuelva del pago y cumplimiento de todas y cada una de las prestaciones que le fueron reclamadas.
• La responsable realizó una violación manifiesta de la ley, dejando al quejoso en completo estado de indefensión, pues violó en su agravio preceptos tales como el 841 y el 842 de la Ley Federal del Trabajo, en agravio del quejoso, por tanto, en el estudio y resolución de esta demanda procede la aplicación a favor del quejoso del artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, puesto que la responsable ha realizado una violación manifiesta de los preceptos legales invocados y se creó en el quejoso un estado de indefensión.
• A manera de conclusión, expuso que resulta claro y evidente que la responsable, con el acto reclamado, ha sido violatoria de los derechos humanos o garantías individuales de los quejosos, previstas en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, tal como lo ha demostrado en este ocurso, porque se violaron sus derechos humanos de la persona moral de derecho agrario, por tanto, lo procedente es que la Justicia de la Unión otorgue el amparo y protección que se demandan para que se deje sin efecto el acto reclamado y, en su lugar, proceda la responsable a dictar un nuevo laudo, en el cual se resuelva que la demandada **********, sí justificó sus defensas y excepciones, y se le absuelva del pago y cumplimiento de todas y cada una de las prestaciones que le fueron reclamadas.
III. Consideraciones de la sentencia recurrida. El Tribunal Colegiado argumentó lo siguiente:
"SEXTO. Son infundados los conceptos de violación vertidos por la quejosa.
"Los antecedentes del asunto han quedado reseñados en el juicio DT. **********, relacionado al presente, el cual fue promovido por **********, parte actora en el juicio de origen.
"Cabe recordar que el actor se dolió de ...
"Al contestar la demanda ********** negó la relación laboral; adujo que: ...
"La Junta responsable, en seis de febrero de dos mil trece (fojas 290-298), emitió el laudo que ahora constituye el acto reclamado. ...
"Entonces, de las pruebas que ofertó se concluyó que ...
"Ahora bien, en desacuerdo con lo resuelto ********** interpuso el juicio de amparo, que ahora nos atañe, en el que esencialmente en sus motivos de inconformidad señaló ...
"Lo cual es infundado.
"En cuanto a la falta de fundamentación y motivación aducida, contrario a lo que expone, el laudo combatido contiene una serie de argumentos a lo largo de los considerandos que comprende, lo que se traduce en el cumplimiento del requisito de motivación que exige el artículo 16 constitucional, ya que se encuentran invocados los artículos 123 constitucional, apartado ‘A’, fracciones XX; así como los numerales 65, 75, 63, 69, 71, 74, 76, 80, 82, 87, 92, 99, 125, 162, fracción III, 485, 486, 516, 621, 784, fracción XIV, 840, 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo; y demás pertinentes y aplicables al caso, lo que constituye el requisito de fundamentación a que se refiere el citado artículo constitucional.
"Asimismo, citó en apoyo al mismo las tesis que estimó procedentes, expresó los motivos y fundamentos legales en que se apoyó; y del principio de congruencia previsto en el citado artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo, señaló las consideraciones de hecho y de derecho que tomó en cuenta para decretar a su juicio las condenas y absoluciones que decretó.
"Cuando aduce que la responsable no tuvo en cuenta que la demandada se excepcionó acreditando que la relación que existió entre ésta y el actor, fue de naturaleza agraria y con el carácter de socio, tal como se desprende del instrumento público que exhibió como prueba, donde se advierte que al actor se le nombró como nuevo socio de **********, con pleno consentimiento de su parte, tan fue así que firmó al calce del acta de asamblea.
"Ello también es infundado.
"Al contestar la demanda, la sociedad se excepcionó, aduciendo la inexistencia de la relación de trabajo entre las partes, en razón de que, lejos de ser trabajador, era socio de la moral demandada, por lo que eran improcedentes las prestaciones que reclamaba.
"Que del instrumento público que exhibió como prueba se advertía que al actor, con su consentimiento, se le nombró como socio de la demandada el veinte de abril de dos mil siete, motivo por el cual, no pudo haber sido despedido como éste lo afirmó.
"Ahora bien, independientemente de ello, de las pruebas aportadas se advierte la existencia de subordinación entre las partes, la cual presume la existencia de un vínculo laboral con los demandados.
"Con el objeto de llegar a la conclusión anterior, es necesario hacer algunas precisiones.
"El artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo establece que: por relación de trabajo debe entenderse ...
"Así, la sola circunstancia de que una persona preste sus servicios a otra y reciba una remuneración por ello, no entraña, necesariamente, que entre ambos exista una relación laboral, pues para que surja ese vínculo es necesaria la existencia de subordinación, que es el elemento que distingue al contrato laboral de otros contratos, es decir, que exista por parte del patrón un poder jurídico de mando correlativo a un deber de obediencia por parte de quien presta el servicio, de acuerdo con el artículo 134, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, que obliga a desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón o de su representante, a cuya autoridad estará subordinado el trabajador en todo lo concerniente al trabajo.
"Tiene aplicación, al respecto, la citada tesis jurisprudencial número 357, sustentada por la Cuarta Sala ... que dice: ‘SUBORDINACIÓN. ELEMENTO ESENCIAL DE LA RELACIÓN DE TRABAJO.’
"Además, debe verificarse la existencia de ciertos elementos, tales como: asignación de un lugar de trabajo determinado, horario, entrega de material para llevar a cabo su labor, así como las funciones a desempeñar.
"En el caso, el actor reclamó el pago de indemnización constitucional, salarios caídos, prima de antigüedad y demás prestaciones derivadas, debido a que había sido despedido injustificadamente de su empleo.
"En ese sentido, **********, por su propio derecho y como representante legal de la sociedad demandada y apoderado de **********, al contestar la demanda, señaló que el actor no fue despedido de su empleo, ya que nunca se dio una relación laboral subordinada, pues éste tenía la calidad de socio de la demandada.
"A fin de probar sus pretensiones y defensas, las partes ofrecieron las siguientes probanzas:
"Por parte del actor: (se transcribe).
"Por su parte, la demandada ********** ofreció las siguientes probanzas: (se transcribe).
"Las posiciones que absolvió fueron las siguientes: (se transcriben).
"La documental consistente en: (se transcriben).
"En cuanto a los codemandados físicos ********** y **********, ambos de apellidos **********, ofrecieron como pruebas las siguientes: (se transcriben).
"Bajo ese contexto, la responsable determinó que la sociedad demandada no aportó elementos que demostraran fehacientemente la voluntad del actor para incorporarse como socio, ni que con anterioridad a su admisión hubiese prestado sus servicios personales y subordinados para la demandada.
"Sin embargo, consideró que con las pruebas allegadas por el trabajador, en específico, con la documental consistente en una carta dirigida al Instituto Mexicano del Seguro Social, suscrita por **********, en su carácter de representante legal de **********, con registro patronal **********, en la que manifestó que el actor **********, con número de afiliación ********** era trabajador de la demandada en comento (foja 189), documento al que le concedió valor, ya que no fue objetado en cuanto a su autenticidad de contenido y firma, con lo que se generó a favor del actor la presunción de la existencia del vínculo laboral, sin que la parte demandada haya aportado pruebas contundentes para desvirtuarlo.
"Lo anterior se considera legal.
"En efecto, dicha documental en su texto señala (foja 189): (transcribe).
"Al respecto, contrario a lo que hace valer la quejosa en segundo lugar, cuando refiere que el actor con ninguna de sus pruebas acreditó fehacientemente la relación laboral que afirmó tener con la ahora quejosa, resulta infundado su argumento.
"En primer término, porque la carga probatoria respecto a la relación laboral surgida entre las partes correspondía la demandada; sin embargo, contrario a lo que aduce fue correcto que la responsable tomara en cuenta la carta dirigida al Instituto Mexicano del Seguro Social, ya que de su lectura se advierte que el 9 de enero de 2008, **********, en su calidad de representante legal de la empresa **********, dirigió atento escrito al Instituto Mexicano del Seguro Social, ‘Servicio de afiliación-vigencia de derechos’ en el que reconoce como trabajador de esa sociedad a **********, desde el mes de septiembre de 2007, según afirmó constaba en sus registros laborales.
"Lo cual se opone cuando la demandada sostiene que el actor era socio a partir del 20 de abril de 2007 y que, por lo tanto, no podía ser trabajador.
"Por tanto, si el trabajador para acreditar la relación laboral cuya existencia negó el patrón, exhibe como prueba una carta de la que se desprende como empleado de la demandada a **********, la cual fue expedida por dicho empleador, en donde éste reconoce la relación laboral; de ahí que, como lo sostuvo la autoridad, ha de considerarse que esta prueba es apta para demostrar la relación, en la medida y alcance que se deduce de la apreciación misma, elemento de convicción que resulta reforzado con la presunción de los hechos narrados en la demanda derivados de la inspección a las documentales que debía conservar la patronal y no exhibió; lo que, en esas condiciones, contribuyó a la demostración clara, precisa y completa de los hechos. De ahí que en contra de los argumentos expresados por la quejosa el trabajador sí demostró ser su trabajador.
"En tercer lugar, se duele que la responsable analizó incorrectamente la tesis de rubro: ‘SOCIOS O ASOCIADOS DE PERSONAS MORALES. SI EN LAS FUNCIONES QUE REALIZAN NO SE ENCUENTRA EL ELEMENTO SUBORDINACIÓN, SINO QUE FORMAN PARTE DE LA ESTRUCTURA DE AQUÉLLAS, NO TIENEN EL CARÁCTER DE TRABAJADORES.’, ya que la sociedad sí demostró que la relación que unía a las partes fue de naturaleza agraria, pues el actor formó parte de su estructura social.
"Ello es infundado.
"Cuando la quejosa refiere que la interpretación que se dio a la tesis en comento, por parte de la responsable, fue ‘errónea’, porque asegura que se acreditó que el accionante era parte de la estructura de la propia sociedad.
"Es así, en virtud de que, tal como lo consideró la autoridad, la sociedad demandada no aportó elementos que realmente demostraran que el trabajador se hizo socio bajo su consentimiento ni que con anterioridad a su admisión hubiese prestado sus servicios personales y subordinados para la demandada, ya que de las probanzas que ofreció no obra glosada en autos el acta de asamblea que, asegura, firmó al calce **********, en su calidad de socio, documental que insiste la quejosa es la que acredita el pleno consentimiento de su parte.
"En efecto, del instrumento público número 66,060, de 20 de abril de 2007, en el que consta la separación y admisión de socios que ofreció **********, a fin de acreditar que el accionante no fue su trabajador sino su socio; ello no es suficiente, porque si bien en el instrumento en comento, se desprende ‘la separación y admisión de socios’ de **********, cuya cláusula primera señala: ‘B. La admisión como nuevos socios de las siguientes personas: Don **********.’ no quiere decir que por ser socio no podría ser trabajador tal como lo consideró la Junta porque si bien esa calidad la adquirió a partir de esa fecha (20/abril/2007) el trabajador afirma haber sido su empleado desde el 2 de agosto de 1999, periodo que no justificó la sociedad con su material probatorio.
"Por último, en cuarto orden, refirió que, a través de sus pruebas, la quejosa sí demostró que la relación que la unía con el actor fue en su calidad de socio, tan era así que éste firmó al calce de la acta de asamblea, lo que se contrapone cuando el accionante manifestó que no se tuvo su consentimiento para formar parte de la sociedad ahora quejosa.
"Argumentos que se consideran infundados.
"En cuanto a la firma que sostiene el actor estampó en el acta de asamblea, lo cual, según su dicho, demuestra su consentimiento como socio, sólo fue un argumento que como se anticipó no fue demostrado con material probatorio dentro del juicio de origen, ya que con ninguna de las pruebas que quedaron reseñadas en párrafos anteriores se logra acreditar tal afirmación.
"En las narradas condiciones, al resultar infundados lo conceptos de violación y sin que exista motivo para suplir la queja deficiente, al tratarse de la patronal quien ahora acude al juicio de amparo, lo que procede es negar el amparo solicitado. ..."
IV. Agravios. Al respecto, conviene englobarlos en los siguientes incisos:
a) En cuanto a la procedencia del recurso de revisión en amparo directo, menciona el recurrente que el Poder Judicial Federal, a través de sus Ministros y Magistrados, son competentes para resolver la procedencia de este recurso ante el contraste que existe entre la norma contenida en el artículo 81, fracción II, de la Ley de Amparo y los artículos 8.1, 8.2, incisos c y h, y 25 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos reconocida por el Estado Mexicano, toda vez que el artículo invocado de la Ley de Amparo limita la procedencia del recurso de revisión, al señalar que dicho recurso únicamente procede en contra de sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales que establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte u omita decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas. Ante tal contraste normativo y toda vez que, según criterio de Nuestro Máximo Tribunal señalado en sesión del 3 de septiembre de 2013, los derechos humanos deben ser aplicados a través del principio pro persona, a través de la conservación de la norma más protectora; la aplicación de la norma más favorable en presencia de conflictos normativos que requieren la primacía de uno de estos derechos, así como la interpretación con el sentido más protector en cuanto a desentrañar el sentido y la visión más favorable, el cual tiene origen en el artículo 31 de la Convención de Viena, que prevé que la interpretación de las normas contenidas en un tratado internacional se debe tener en cuenta el objeto y fin, y de donde debe tenerse presente que tratándose de los derechos humanos, éstos consisten en conferir derechos a los individuos frente al Estado y no regular las relaciones entre los propios Estados, en sentido similar, se refiere en el pacto internacional de derechos civiles y políticos de 1966, en su artículo 5 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, de 1979, en su artículo 23, la Convención sobre Derechos del Niño, en su numeral 41, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su numeral 29, entre otros instrumentos.
En tales circunstancias, solicita que se aplique el control de convencionalidad ex officio a su favor, a efecto de que se deje de aplicar el artículo 81, fracción II, de la Ley de Amparo y, en su lugar, se apliquen los artículos 8.1, 8.2, incisos c y h, y 25 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y en los demás invocados de las otras convenciones reconocidas por el Estado Mexicano, para el efecto de que se admita a trámite este recurso, máxime que, en la especie, la quejosa en su escrito de demanda de amparo planteó violaciones constitucionales de legalidad, debido proceso y acceso a la administración de justicia pronta, expedita e imparcial, violaciones que en la sentencia que se recurre con número **********, fueron inconstitucionalmente omitidas.
Acto seguido, realiza varias precisiones respecto del control de convencionalidad, apoyado en varias sentencias internacionales, entre las que destaca el caso Rosendo Radilla Pacheco.
Agrega que el artículo 25 de la convención invocada establece el derecho a un "recurso efectivo y sencillo" de protección de los derechos humanos, entre ellos, el de acceso a la administración de justicia por medio del juicio de amparo que no se agota con el juicio, sino que se extiende a los recursos que dicho juicio contempla, porque el orden constitucional es el más apropiado para la defensa de los derechos humanos, por su carácter de valores superiores del ordenamiento, por tanto, este recurso es procedente con todas sus consecuencias legales.
Las limitaciones al recurso de revisión de las sentencias dictadas en juicio de amparo, contenidas en el artículo 81, fracción II, de la Ley de Amparo, son por sí solas violatorias del Pacto de San José. El Estado parte, como lo es el mexicano, por medio de su Poder Judicial, tiene la responsabilidad de asegurar la debida aplicación del juicio de amparo con todos sus recursos, en virtud de que el juicio no se agota con la tramitación para alcanzar sentencia, cuando la misma debe ser revisada por las autoridades superiores, máxime que toda sentencia está sujeta al error humano o falta de una correcta apreciación tanto del procedimiento como de la correcta valoración del haber probatorio, por tanto, en el derecho internacional donde encuentran fundamento los procesos que tutelan los derechos fundamentales, como el amparo con todos sus recursos, deben ser útiles y procedentes en la práctica, teniendo la persona quejosa la "posibilidad real" de interponerlo, sin que haya medidas que impidan o dificulten hacer uso de ellas, y sin que "por las condiciones generales del país o, incluso, por las circunstancias particulares de un caso dado", incluyendo su excesiva prolongación, se produzca una denegación de justicia. Dichos recursos, entre ellos el de revisión de las sentencias, deben ser desarrollados conforme a las garantías del debido proceso, previstas en los artículos 8.1, 8.2 y 25 del Pacto de San José, incluyendo, desde luego, su tramitación.
El régimen internacional del derecho de amparo con sus recursos es no sólo justo, sino conveniente para repensar nuestra institución procesal tradicional a la luz de los preceptos interamericanos; en aras de la sencillez y la efectividad del acceso a la justicia, por tanto, las causales de improcedencia del juicio de amparo deben reducirse al mínimo, buscando siempre ampliar el ejercicio del derecho de acción, sin perder de vista los derechos humanos del debido proceso.
No podemos dejar de observar que la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, incluyó en la esfera de protección del juicio de amparo, los derechos humanos garantizados por los tratados internacionales; aplicando el criterio por el cual la Su
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25348-9639d1ac/amparo-directo-en-revision-cuando-se-desecha-por · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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