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CONFLICTOS INDIVIDUALES DE SEGURIDAD SOCIAL. EL ARTÍCULO 899-C DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, NO VIOLA LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE ACCESO A LA JUSTICIA Y A LA SEGURIDAD SOCIAL.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 6766/2017. · Registro digital (IUS): 27842
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2018-05-25
Promovente: —
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 54, Mayo de 2018, Tomo II, Pág. 1272.

CONFLICTOS INDIVIDUALES DE SEGURIDAD SOCIAL. EL ARTÍCULO 899-C DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, NO VIOLA LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE ACCESO A LA JUSTICIA Y A LA SEGURIDAD SOCIAL.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 6766/2017. 11 DE ABRIL DE 2018. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y EDUARDO MEDINA MORA I. PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIA: ESTELA JASSO FIGUEROA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión, de conformidad con los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción II, y 96 de la Ley de Amparo vigente; 10, fracción III y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y segundo del Acuerdo General Plenario Número 9/2015; así como los puntos primero y segundo, fracción III, aplicados a contrario sensu, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, toda vez que el recurso fue interpuesto en contra de una sentencia pronunciada por un Tribunal Colegiado de Circuito en un juicio de amparo directo laboral y su resolución no requiere la intervención del Tribunal Pleno.

SEGUNDO.-Procedencia del recurso. De conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución General de la República, 81, fracción II y 86 de la Ley de Amparo en vigor, la procedencia del recurso de revisión en amparo directo está condicionada a la satisfacción de los siguientes requisitos:

1. Que se interponga por conducto del Tribunal Colegiado de Circuito que dictó la sentencia recurrida dentro de los diez días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación respectiva.

2. Que en la sentencia recurrida:

a) Se decida sobre la constitucionalidad de normas generales, se establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de los derechos humanos previstos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte; o bien,

b) Se omita decidir sobre tales aspectos cuando hubiesen sido planteados en la demanda de amparo.

3. Que la resolución del asunto implique fijar un criterio de importancia y trascendencia de acuerdo con lo previsto en los acuerdos generales que al efecto emita el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6o. de la Ley de Amparo en vigor, el recurso de revisión puede promoverse por la propia quejosa, o bien, por su representante o apoderado legal, así como por su autorizado para tal efecto en términos de lo previsto en el artículo 12 del citado ordenamiento legal.

En ese contexto, por razón de orden, debe analizarse en primer término lo relativo a la oportunidad en la presentación del recurso y la legitimación de la promovente, para lo cual, debe tenerse en cuenta que de autos se desprenden los siguientes datos informativos:

El recurso se presentó en tiempo, dado que la sentencia recurrida se notificó a la tercero interesada por lista el veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete,(1) por lo que el plazo de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió del veintinueve de septiembre al dieciséis de octubre de dos mil diecisiete. Al efecto, se tiene en cuenta que la notificación de la sentencia recurrida surtió efectos el martes veintiocho de septiembre del año que se viene citando, y que fueron inhábiles los días treinta de septiembre, primero, siete, ocho, doce, catorce y quince de octubre, conforme a lo establecido por los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el trece del último mes citado de acuerdo con la circular 25/2017 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en tanto, el escrito de expresión de agravios se presentó el dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, por buzón judicial, según sello fechador visible en la parte superior izquierdo de la foja 4 del recurso de revisión y posteriormente recibido por la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito.

El recurso de revisión se interpuso por parte legítima, debido a que el escrito de expresión de agravios fue firmado por ********** representante legal de la tercero interesada **********, personalidad que se le reconoce, en términos de la carta poder visible a fojas 3 y 26 del expediente laboral, con fundamento en el artículo 11, párrafo segundo, de la Ley de Amparo.

Sobre esta base y previo a cualquier otro pronunciamiento, en el caso, se estima necesario conocer los antecedentes que informan sobre el asunto que nos ocupa, a fin de quedar en aptitud de establecer su procedencia.

I. Antecedentes.

a) ********** demandó del Instituto Mexicano del Seguro Social el pago correcto de la pensión de viudez, que le fue otorgada a partir del veintidós de julio de dos mil once, bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de mil novecientos setenta y tres; el pago correcto de las prestaciones accesorias como las asignaciones familiares e incrementos anuales y el pago correcto del aguinaldo y cumplimiento de lo establecido en el artículo 153 de la Ley del Seguro Social vigente en mil novecientos setenta y tres. Manifestó en esencia que su difunto esposo, tenía el número de seguridad social ********** y cotizó más de mil novecientas semanas en el régimen obligatorio del seguro social; no obstante que el Instituto Mexicano del Seguro Social, ha concedido a la actora el beneficio de la pensión de viudez, se ha negado a pagarla correctamente.

b) El Instituto Mexicano del Seguro Social negó acción y derecho a la actora, porque la pensión de viudez se cuantificó con fundamento en el artículo 168 de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social vigente hasta el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete, tomando en consideración el último salario mensual percibido por el actor a la fecha del fallecimiento (veintitrés de mayo de dos mil once) a razón de ********** **********, multiplicado por doce meses del año, se tuvo como resultado un total de ********** **********anuales entre los doce meses del año, dando como resultado final que a la ahora actora le correspondía un total de ********** ********** de cuantía mensual por la pensión de viudez.

Destacó además, que de haber calculado la pensión con el salario promedio de las últimas doscientas cincuenta semanas de cotización, el monto de la pensión hubiera sido inferior, siendo ilegal conforme al señalado precepto porque el salario promedio era inferior al del año en el que se le otorgó la pensión de viudez y el extinto tenía reconocidas un mil doscientos trece semanas de cotización, por lo que no se le adeuda cantidad alguna a la actora.

c) Laudo. La Junta Especial Número Veinte de la Federal de Conciliación y Arbitraje dictó laudo mediante el cual condenó al instituto demandado a modificar la pensión de viudez con número de resolución **********, en donde otorgó la cantidad de **********, siendo el pago correcto por la cantidad de ********** ********** mensuales, a partir de su otorgamiento en el 2011, con sus respectivos incrementos; en consecuencia, al pago de la cantidad de ********** por concepto de diferencias en las mensualidades y aguinaldos, a partir del trece de marzo de dos mil catorce al treinta y uno de octubre del dos mil dieciséis, sin menoscabo de las actualizaciones que se lleguen a generar con posterioridad y hasta que la demandada dé cumplimiento a la resolución, previo incidente de liquidación sin perjuicio de la retención de impuestos y absolvió a la demandada de las demás prestaciones reclamadas.

d) En contra del laudo anterior, el Instituto Mexicano del Seguro Social promovió juicio de amparo directo.

II. Síntesis de los conceptos de violación.

Primero. La Junta conculca en su perjuicio los derechos fundamentales de legalidad, seguridad jurídica y exacta aplicación de la ley con un laudo que no cumple con los principios de los artículos 14, 16 y 123 constitucionales, en relación con el artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo vigente, derivado de que el tercero perjudicado no cumple con los requisitos contemplados en el citado precepto, lo que se traduce en una violación procesal que trasciende al resultado del laudo, ya que indebidamente, lo condenó a pagar una pensión de viudez y demás prestaciones accesorias.

Refiere que la violación procesal se actualiza porque en la demanda laboral no se contempla información que estipulan las fracciones IV y VII a IX del citado artículo 899-C de la invocada ley, por lo que solicita se deje insubsistente el laudo y declare improcedentes las acciones por no cubrir dichos requisitos.

Segundo. La Junta también conculca sus derechos fundamentales, toda vez que de manera incorrecta tomó en consideración el salario promedio que solicitó la parte actora, lo que resulta imposible tomando en cuenta que con la categoría que menciona se haya percibido un salario durante los últimos cinco años a razón de trescientos cincuenta pesos diarios; de ahí que la autoridad debió estudiar la procedencia de la acción independientemente de las excepciones opuestas dentro del juicio al tratarse de un salario inverosímil, que lo deja en completo estado de indefensión.

III. Síntesis de la sentencia de amparo.

Calificó fundado el primer concepto de violación, y suficiente para conceder el amparo. Considera que del escrito inicial de demanda laboral se advierte que, como lo argumenta el impetrante, la actora no cumplió con lo ordenado en el artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo, que establece los requisitos que debe reunir la demanda laboral, cuando se demanden prestaciones de seguridad social, lo que ocasionó que no quedara integrada correctamente la litis laboral, y trascendió al resultado del fallo, toda vez que se tuvo al instituto quejoso por no acreditando sus excepciones y defensas, emitiéndose condena en su perjuicio.

Advirtió que en la demanda se reclamó una prestación de seguridad social, como es el "" El pago correcto de la pensión de viudez, la cual le otorgó el Instituto Mexicano del Seguro Social" y prestaciones accesorias.

Por otra parte, analizó el contenido de los artículos 899-A y 899-C de la Ley Federal del Trabajo conjuntamente con las constancias de autos, y determinó que la parte actora no cumplió con todos los requisitos que señala el artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo, porque en los hechos de su demanda y aclaración de ésta, mencionó los patrones para los que laboró el extinto asegurado, sus domicilios, los puestos desempeñados, la antigüedad generada con cada uno de ellos; sin embargo, no precisó las actividades desarrolladas, ni las cotizaciones al régimen de seguridad social generadas con cada patrón, especificando el lapso de inicio y conclusión del periodo respectivo, así como el salario que se cotizó con cada empleador; pues se limitó a indicar que el extinto acumuló más de mil novecientas semanas, sin señalar el salario promedio de las últimas doscientas cincuenta (fojas 1 y 7).

En cuanto al requisito de proporcionar las cotizaciones al régimen de seguridad social, precisó que el artículo citado 899-C de la Ley Federal del Trabajo, no dispone expresamente que se especifique el salario percibido con cada patrón; empero, su precisión se deduce de la interpretación armónica de esa norma con los numerales 15 de la Ley del Seguro Social, 45 del Reglamento en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo.

Determinó que los patrones están obligados a registrar e inscribir a sus trabajadores en el instituto, quienes generarán cotizaciones en el régimen de seguridad social, las cuales incluyen, las altas y bajas, así como el registro de salario y sus modificaciones; por tanto, la Ley Federal del Trabajo, dispone, como requisitos de procedibilidad en los Conflictos Individuales de Seguridad Social, los siguientes: "Artículo 899-C. Las demandas relativas a los conflictos a que se refiere esta sección, deberán contener: . IV. Nombre y domicilio de las empresas o establecimientos en las que ha laborado; puestos desempeñados; actividades desarrolladas; antigüedad generada y cotizaciones al régimen de seguridad social."

Al resultar fundado el concepto de violación concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para efecto de que la Junta:

a) Deje insubsistente el laudo reclamado;

b) Reponga el procedimiento, a fin de que:

c) Requiera a la actora para que dentro del término de tres días, o a más tardar en la etapa de demanda y excepciones, conforme al artículo 878, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, subsane las irregularidades que presenta su escrito inicial de demanda en relación con lo dispuesto por el artículo 899-C, de igual legislación, por ser necesario para poder correr traslado a la parte demandada; y, de no subsanarlas, ordene el archivo del expediente como asunto concluido.

Los elementos que deberá requerir a la actora y ésta deberá satisfacer son:

a) Actividades desarrolladas por el extinto asegurado; y,

b) Cotizaciones al régimen de seguridad social generadas con cada patrón, especificando el lapso de inicio y conclusión del periodo respectivo; así como el salario que se cotizó con cada empleador y cómo obtuvo el salario promedio que reclama.

Con el cumplimiento, que en su caso se realice por la actora a tal prevención, dé vista al Instituto Mexicano del Seguro Social para que, con apoyo en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su derecho de audiencia, exponga lo que a su derecho convenga, y ofrezca las pruebas conducentes.

Luego, ante la protección constitucional consideró innecesario el estudio del resto de los planteamientos vertidos en el concepto de violación segundo, ya que están encaminados a evidenciar que el salario promedio de la actora es inverosímil; empero, el efecto de la concesión del amparo implica que la responsable reponga el procedimiento.

IV. Síntesis de agravios.

Existe una restricción al derecho de protección a la seguridad social específicamente el derecho de incrementar la pensión de viudez, existiendo una interpretación restrictiva y estricta respecto a derechos de seguridad social que emanan del artículo 9.1. del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El Tribunal Colegiado interpreta el artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo de manera restrictiva en los derechos de seguridad social que tienen todos los gobernados.

Los requisitos que exige el artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo son desproporcionales, pues su no satisfacción genera la improcedencia de la acción.

En el juicio se restringe el derecho de las viudas de este país y se limita a cuestiones que son imposibles de satisfacer, siendo una norma desproporcionada, la cual establece prohibiciones atentando el derecho humano a la seguridad social y pro persona.

La sentencia es inconstitucional dada la interpretación restrictiva del derecho respecto a la norma general interpretada, imponiéndole fatigas procesales a la viuda que no fueron parte de la voluntad del legislador.

Ahora bien, conforme a los antecedentes arriba expuestos, es menester ahora establecer si, en el caso, resulta procedente el recurso de revisión interpuesto y, para ello, deviene importante recordar que el artículo 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que el recurso de mérito procede en contra de las sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados que:

Resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales;

Establezcan la interpretación de un precepto de la Constitución; o bien,

Omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas.

Correlacionado con lo anterior, se tiene que el diferente numeral 81, fracción II, de la Ley de Amparo, establece que procede el recurso de revisión en amparo directo en contra de las sentencias que resuelvan sobre:

La constitucionalidad de normas generales que establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte; o,

Cuando omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas.

Lo anterior, siempre que fijen un criterio de importancia y trascendencia de acuerdo con los acuerdos generales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En estos casos, la materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras.

En este sentido, el Acuerdo General Plenario Número 9/2015, señala en el punto primero que será procedente el recurso de revisión en contra de las sentencias que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, si se reúnen los siguientes supuestos:

Decidan sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma general, o se establece una interpretación directa de un precepto constitucional o de los derechos humanos, o bien, si en dichas sentencias se omite el estudio de las cuestiones antes mencionadas, cuando se hubieren planteado en la demanda de amparo; y,

Si el problema de constitucionalidad referido en el inciso anterior entraña la fijación de un criterio de importancia y trascendencia.

Precisado lo anterior, ha lugar a recordar que el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el recurso de reclamación 130/2011, en sesión de veintiséis de enero de dos mil doce, determinó que es procedente el recurso de revisión que se comenta para cuestionar la primigenia aplicación de un precepto en amparo directo.

En efecto, el Tribunal Pleno determinó en esa resolución, que a partir de la reforma al artículo 1o., de la Constitución Federal se ha desvanecido el obstáculo técnico para conocer en los recursos de revisión sobre la regularidad constitucional de las normas aplicadas por los Jueces de amparo.

Asimismo, sostuvo que si bien el quejoso no puede señalar como acto reclamado destacado la ley aplicada, lo cierto es que el juzgador federal, en ejercicio de sus facultades rectoras del procedimiento, puede emitir actos de aplicación de normas que pueden combatirse en el recurso de revisión, pues es hasta ese momento procesal cuando dicho cuerpo legal puede generar un perjuicio al particular y, por tanto, estar en aptitud de oponerse a él.

En ese sentido, el órgano revisor tiene la facultad de dejar de aplicar la norma, vía control constitucional, cuando sea violatoria de algún derecho humano, o bien, el órgano revisor, de evaluar la aplicabilidad de la norma en cuestión.

Con base en lo anterior, el Tribunal Pleno determinó que deben satisfacerse tres requisitos para impugnar leyes en alguno de los recursos que existen en el juicio de amparo:

La existencia de un acto de aplicación de la norma impugnada al interior del juicio de amparo.

La impugnación de las normas cuyo acto de aplicación trascienda al sentido de la decisión adoptada.

La existencia de un recurso contra tal acto, en donde se puedan analizar tanto la regularidad del acto de aplicación, como la regularidad constitucional de la norma aplicada.

En este contexto, resulta aplicable por analogía la jurisprudencia 2a./J. 84/2015 (10a.), que a la letra dice:

"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CUANDO EN LOS AGRAVIOS SE IMPUGNE LA CONSTITUCIONALIDAD DE ALGÚN PRECEPTO DE LA LEY DE AMPARO APLICADO EN LA SENTENCIA RECURRIDA Y TRASCIENDA AL SENTIDO DE LA DECISIÓN ADOPTADA. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el recurso de reclamación 130/2011, sostuvo que, a través de los recursos previstos en la Ley de Amparo las partes están legitimadas para impugnar la constitucionalidad de las disposiciones de ese ordenamiento que regulan la actuación de los órganos jurisdiccionales que conocen del juicio de amparo, por lo que procede el análisis de los agravios en los que se aduzca ese planteamiento. En consecuencia, cuando en los agravios del recurso de revisión se impugne la constitucionalidad de algún precepto de la Ley de Amparo aplicado en la sentencia recurrida y trascienda al sentido de la decisión adoptada, se actualiza un supuesto excepcional de procedencia de dicho recurso."(2)

En este orden de ideas, conviene destacar que esta Segunda Sala en la diferente jurisprudencia 2a./J. 13/2016 (10a.), fijó como criterio la posibilidad de plantear la inconstitucionalidad de una norma general aplicada en una sentencia de amparo, en los siguientes términos:

"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. ASPECTOS QUE DEBEN CONCURRIR PARA SU PROCEDENCIA CUANDO EN VÍA DE AGRAVIOS SE PLANTEA EL ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL APLICADA POR PRIMERA VEZ, EN LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. XCI/2014 (10a.) (*), sostuvo la posibilidad de plantear en el recurso de revisión la inconstitucionalidad de una norma general aplicada por primera vez en la sentencia dictada por el Tribunal Colegiado de Circuito. Así, cuando esto suceda, es necesario hacer un análisis integral del asunto, en el que se verifique lo siguiente: 1. De las consideraciones de la resolución emitida por el órgano colegiado se constate que se actualiza el acto concreto de aplicación de la norma general cuya regularidad constitucional se impugna en la revisión; 2. Que ello trascienda al sentido de la decisión adoptada; 3. Verificar en la secuela procesal del asunto, que se trate del primer acto de aplicación de la norma en perjuicio del recurrente, ya que de lo contrario tuvo la obligación de reclamarla desde la demanda de amparo, con lo cual se cierra la posibilidad de que se utilice ese recurso como una segunda oportunidad para combatir la ley, lo que no es jurídicamente posible en términos de la jurisprudencia 2a./J. 66/2015 (10a.) (**); y, 4. Se estudien en sus méritos los agravios, para lo cual, debe tenerse presente que, acorde con la manera en que deben impugnarse las leyes en el juicio de control constitucional, el accionante debe presentar argumentos mínimos, esto es, evidenciar, cuando menos, la causa de pedir; por ende, resultan inoperantes o ineficaces los construidos a partir de premisas generales y abstractas, o cuando se hacen depender de situaciones particulares o hipotéticas."(3)

En la especie y con independencia de si existió planteamiento de constitucionalidad en la demanda, o si el tribunal abordó ese tipo de cuestión en la sentencia, esta Segunda Sala considera que se encuentran satisfechos los requisitos en mención y, que por ende, el recurso de revisión resulta procedente, pues lo que se cuestiona es la regularidad constitucional del artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo, el cual fue aplicado en la sentencia recurrida y trascendió al sentido de la decisión adoptada.

Esto es de la manera afirmada, por cuanto a que de la sentencia combatida se desprende que el Tribunal Colegiado del conocimiento, con base en el citado numeral, determinó que la trabajadora actora no cumplió con los requisitos necesarios para configurar su acción y, por tanto, la Junta responsable no debió arrojar la carga probatoria al demandado y tampoco analizar las pruebas ofrecidas por las partes. Además, del laudo señalado como acto reclamado no se desprende que la autoridad del trabajo responsable hubiera aplicado el artículo impugnado a la parte tercero interesada.

Por tanto, se estima que el contenido del artículo reclamado sí le fue aplicado y trascendió el sentido del fallo, pues, como se observa, la determinación de que la actora en el juicio de origen incumplió con los requisitos previstos en éste y, en consecuencia, no podía tenerse por configurada la acción, fue el argumento toral de los razonamientos que dio el Tribunal Colegiado para conceder el amparo a la quejosa.

De ahí que se cumpla con el primero y el segundo de los requisitos a los que se refirió el Tribunal Pleno al resolver el recurso de reclamación 130/2011, es decir, los relativos a la existencia de un primer acto de aplicación de la norma que se impugna y que tal acto de aplicación trascienda a la decisión adoptada.

En cuanto al último de los requisitos, este Tribunal Constitucional advierte que también se encuentra satisfecho, pues si bien existen algunos criterios de esta Suprema Corte sobre el tema, lo cierto es que los mismos no atienden ni dan respuesta a los agravios hechos valer por la recurrente. En efecto, esta Segunda Sala resolvió las contradicciones de tesis 449/2016 y 410/2016, en sesiones de cinco y veintiséis de abril de dos mil diecisiete, respectivamente, en las cuales se analizó el artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo, pero exclusivamente desde un ámbito de legalidad. Por lo que la materia de estudio de este recurso no queda resuelta bajo la perspectiva analizada en dichos precedentes.

Del análisis del expediente laboral se aprecia que en el acuerdo inicial (veintitrés de marzo de dos mil quince) la autoridad responsable se apoyó, entre otros, en el artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo, para dar trámite a la demanda. Sin embargo, esa aplicación no le generó perjuicio alguno, ni constituyó un acto cuya ejecución fuese de imposible reparación, que permitiera la procedencia del juicio de amparo indirecto, sino que habría que esperar a que trascendiera al resultado del fallo.

Por otra parte, del análisis que se hace al laudo reclamado, se observa que, para resolver sobre la acción de pago correcto de la pensión de viudez, la responsable no invocó ni se apoyó en el artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo, sino que declaró la procedencia de la acción y cuantificó el pago correcto de la pensión de viudez, con fundamento en los artículos 167 y 168 de la Ley del Seguro Social (foja 83 del expediente laboral).

Por tanto, resulta que en el dictado del laudo no trascendió la aplicación del artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo, hecho por la autoridad responsable en el acuerdo de admisión de la demanda laboral de veintitrés de marzo de dos mil quince.

En consecuencia, esta Segunda Sala considera que el Tribunal Colegiado aplicó en la sentencia de amparo, por vez primera en perjuicio de la tercero interesada, el artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo; de ahí que se actualiza el supuesto previsto en la jurisprudencia antes citada, en cuanto a la primera aplicación de la norma en perjuicio de la tercera interesada, en la sentencia de amparo directo.

El requisito relativo a la importancia y trascendencia del asunto igualmente está satisfecho, debido a que esta Segunda Sala no se ha pronunciado sobre la constitucionalidad del artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo, en cuanto a que los requisitos que exige son desproporcionales y, por tanto, restringe el derecho a la protección a la seguridad social, por lo que estima que su estudio resulta novedoso, en tanto dará lugar cuando su resolución traiga consigo la fijación de un criterio único, nuevo y obligatorio para los diversos órganos jurisdiccionales; así como relevante, en virtud de que, por las circunstancias particulares del problema jurídico será de trascendencia en la medida que impactará a diversos asuntos y normará el criterio para su aplicación en casos futuros, sin que sea necesaria la intervención de este Alto Tribunal para su resolución.

Por último, no se soslaya que es la tercero interesada en el juicio de amparo quien acude al recurso de revisión, sin que en su oportunidad hubiera promovido demanda de amparo adhesivo; sin embargo, esta Sala considera que no se le puede atribuir dicha carga procesal puesto que en el juicio de origen le fueron concedidas todas sus pretensiones y no le fue aplicado el artículo que, por esta vía combate, por lo que no puede considerarse que opere la preclusión en el presente asunto. Por tanto, atendiendo al principio de economía procesal que impera en el juicio de amparo, debe considerarse que el presente recurso constituye el momento procesal oportuno para plantear la inconstitucionalidad de la norma que combate.

TERCERO.-Consideraciones y fundamentos. Sentado lo anterior y por las razones que de inmediato se exponen, esta Segunda Sala, arriba a la convicción de que los agravios formulados por la recurrente, suplidos en su deficiencia -por ajustarse a las condiciones previstas en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, esto es, por derivar de un conflicto individual de seguridad social promovido por la beneficiaria del trabajador asegurado-, son parcialmente fundados.

En este contexto, conviene precisar ahora que la litis en el asunto consiste en determinar si el artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo vulnera el derecho de acceso a una tutela judicial efectiva previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los derechos a la seguridad social, a que se contrae el diverso 123, apartado A, fracción XXIX, de la indicada Carta Federal, por exigir requisitos desproporcionados cuyo incumplimiento provoca la improcedencia de la acción.

Ahora, a fin de quedar en condiciones de resolver la problemática planteada, esta Segunda Sala estima necesario, en primer término, reseñar el contenido de los preceptos de la norma constitucional que se estima vulnerada; y, en segundo término, interpretar el contenido normativo del numeral 899-C de la Ley Federal del Trabajo, que es el supuesto legal que contiene la disposición que afecta a la recurrente. Al respecto, es de citar la siguiente jurisprudencia:

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27842-7f0e0c5c/conflictos-individuales-de-seguridad-social-el-articulo-899-c · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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