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Modo: Corpus Pro

CONFLICTOS INDIVIDUALES DE SEGURIDAD SOCIAL. SI BIEN LA DEMANDA PRESENTADA POR EL ACTOR DEBE CUMPLIR LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 899-C DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, SÓLO DEBE CONTENER AQUELLOS QUE SEAN PROPIOS DE LA ACCIÓN INTENTADA.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 5806/2017. · Registro digital (IUS): 27828
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2018-05-18
Promovente: —
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 54, Mayo de 2018, Tomo II, Pág. 1302.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 5806/2017. 11 DE ABRIL DE 2018. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y EDUARDO MEDINA MORA I. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIO: RAFAEL QUERO MIJANGOS.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión, de conformidad con los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 81, fracción II y 96 de la Ley de Amparo vigente; 10, fracción III y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y segundo del Acuerdo General Plenario Número 9/2015; así como los puntos primero y segundo, fracción III, aplicados a contrario sensu, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, toda vez que el recurso fue interpuesto en contra de una sentencia pronunciada por un Tribunal Colegiado de Circuito en un juicio de amparo directo laboral y su resolución no requiere la intervención del Tribunal Pleno.

SEGUNDO.—Procedencia del recurso. De conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución General de la República, 81, fracción II y 86 de la Ley de Amparo en vigor, la procedencia del recurso de revisión en amparo directo está condicionada a la satisfacción de los siguientes requisitos:

1. Que se interponga por conducto del Tribunal Colegiado de Circuito que dictó la sentencia recurrida dentro de los diez días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación respectiva.

2. Que en la sentencia recurrida:

a) Se decida sobre la constitucionalidad de normas generales, se establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de los derechos humanos previstos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte; o bien,

b) Se omita decidir sobre tales aspectos cuando hubiesen sido planteados en la demanda de amparo.

3. Que la resolución del asunto implique fijar un criterio de importancia y trascendencia de acuerdo con lo previsto en los Acuerdos Generales que al efecto emita el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6o. de la Ley de Amparo en vigor, el recurso de revisión puede promoverse por el propio quejoso, o bien, por su representante o apoderado legal, así como por su autorizado para tal efecto, en términos de lo previsto en el artículo 12 del citado ordenamiento legal.

En ese contexto, por razón de orden, debe analizarse, en primer término, lo relativo a la oportunidad en la presentación del recurso y la legitimación del promovente, para lo cual, debe tenerse en cuenta que de autos se desprenden los siguientes datos informativos:

El recurso fue promovido por **********, en su carácter de apoderado jurídico del tercero interesado **********, en términos de lo dispuesto en el artículo 11, párrafo segundo, de la Ley de Amparo.(1)

La sentencia impugnada se notificó por lista autorizada el jueves treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete,(2) de manera que el plazo de diez días para la interposición del recurso transcurrió del lunes cuatro al viernes quince de septiembre del año en cita.(3)

Luego, si el recurso de revisión se interpuso por **********, en su carácter de apoderado jurídico del tercero interesado **********, mediante escrito presentado el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, ante la Oficialía de Partes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, es dable sostener que se promovió de manera oportuna y por parte legitimada para ello.

Sobre esta base y previo cualquier otro pronunciamiento, en el caso, se estima necesario conocer los antecedentes que informan sobre el asunto que nos ocupa, a fin de quedar en aptitud de establecer su procedencia.

I. Antecedentes

1. Por escrito presentado el once de marzo de dos mil dieciséis, ante la Junta Especial Número Diecinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nuevo León, **********, por su propio derecho, en lo toral, demandó del Instituto Mexicano del Seguro Social, el otorgamiento, pago y cuantificación correcta por pensión de viudez, en su carácter de único y legítimo beneficiario de los derechos laborales de su fallecida esposa **********.

2. El asunto en comentario, fue admitido por la Junta Especial Número Veinte de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nuevo León, mediante proveído de trece de abril de dos mil dieciséis, el cual quedó registrado como expediente ********** y, agotado el procedimiento, el **********, la indicada Junta Especial dictó laudo donde, por las razones que al efecto expusiera, resolvió que el actor probó sus acciones y que el Instituto Mexicano del Seguro Social justificó en parte sus excepciones y defensas.

• Inconforme con la resolución anterior, el Instituto Mexicano del Seguro Social accionó la vía directa de amparo, de la cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, quien integró el amparo directo **********. Y, mediante escrito exhibido el quince de mayo de dos mil diecisiete, el tercero interesado **********, interpuso amparo adhesivo, el cual fue desechado por extemporáneo mediante proveído de dieciséis del mes y año en cita, el cual causó ejecutoria por auto de dos de junio del año en trato. Así las cosas, en sesión de **********, el referido Tribunal Colegiado concluyó que se debía conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que la autoridad del trabajo responsable:

"... 1. Deje insubsistente el laudo reclamado y, en su lugar;

"2. Dicte uno nuevo en el cual, con sujeción a los lineamientos de esta ejecutoria, declare el incumplimiento de los requisitos del artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo y ante la imposibilidad técnica que ello representa, deje a salvo los derechos del actor. ..."

II. Conceptos de violación y consideraciones de la sentencia. En el asunto materia de revisión, amparo directo **********, se tiene que la parte titular de la acción constitucional, Instituto Mexicano del Seguro Social, formuló dos conceptos de violación, cuyos argumentos pueden sintetizarse en los siguientes términos:

• Que la autoridad del trabajo responsable soslayó que el escrito inicial de demanda resulta oscuro, vago e impreciso, por cuanto no se ajusta a los requisitos previstos en el artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo; puesto que se funda en acciones y hechos en numerales que ninguna relación guardan con el otorgamiento y pago de pensión reclamados; a más de que no se aportan los documentos base de la acción; lo que así considerado genera indefensión al Instituto Mexicano del Seguro Social.

• Que la indicada Junta Especial no valoró correctamente la prueba de inspección ofertada por el actor, puesto que la abstención del peticionario de amparo de exhibir los documentos requeridos en la prueba de inspección no genera que se tengan por ciertas las semanas cotizadas y el salario alegado, ya que dicha probanza se ofreció sin establecer cuáles fueron los movimientos registrados para que se obtuviera la cuantía de las semanas, atento a que se omitió precisar con qué patrones laboró, en qué periodos, categorías y lapsos.

De manera que si la referida probanza fue para que se diera fe de que la asegurada cotizó las semanas y salarios señalados en la demanda, entonces, habrá de concluir que ésta resulta insuficiente para desvirtuar el certificado de derechos, ya que no se pueden tener como ciertos hechos no planteados en la demanda.

En la sentencia de amparo recurrida se observa que el Tribunal Colegiado, en lo que interesa, consideró:

"... De lo antes relatado, se aprecia que, como lo dice la apoderada legal del instituto demandado, la parte actora no señaló ‘… los patrones con los cuales cotizó las semanas aducidas, el periodo en el que lo hizo con cada uno, los salarios devengados y las fechas de altas y bajas …’ (foja 10 del cuaderno de amparo), es decir, no precisó los requisitos medulares previstos en el artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo, a saber: los patrones con los que laboró la finada esposa del actor, los periodos en los que laboró y los salarios devengados con cada uno de los patrones para los cuales laboró.

"Asimismo, el actor ofreció dos pruebas de inspección en los siguientes términos:

"...

"La Junta responsable admitió ese medio de prueba, y apercibió que en caso de que la parte demandada no exhibiera los documentos respectivos, se tendrían presuntivamente ciertos los hechos de su intención (foja 60 ibídem).

"Las inspecciones se desahogaron por diligencias de veinte de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 61 a 64 ibídem), en las cuales, la parte demandada no exhibió la documentación solicitada.

"En el laudo reclamado, la Junta responsable consideró que con la presunción obtenida de las pruebas de inspección, se desvirtuaba el contenido de la hoja de certificación de derechos ofrecida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, para acreditar sus defensas, y que, por ese motivo, resultaba procedente conceder al actor la prestación solicitada.

"Se llega a la anterior determinación sin que sea óbice que la Junta haya considerado en el laudo que la actora dio cumplimiento a los requisitos que establece el artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo, para esta clase de demanda en la que se reclaman prestaciones derivadas de los seguros que componen el régimen obligatorio del Seguro Social, pues como ya se dijo, dicha determinación es incorrecta y, por tanto, es fundado el concepto de violación, toda vez que, en forma ilegal, la Junta responsable determinó que la demanda no era oscura, cuando, como se vio de la narración de los hechos expuestos por el actor, no se precisó los patrones con los que laboró la finada esposa del actor, los periodos ni el salario que cotizó con cada uno de los patrones que laboró. Lo que es suficiente para tener por oscura la demanda y, por ende, que la acción sea improcedente.

"Lo anterior es así, ya que cuando el actor no precisa en su demanda los referidos datos que le exige el artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo, que constituyen requisitos de procedencia de su acción en materia de seguridad social y el Instituto Mexicano del Seguro Social, a quien se le demanda, controvierte aquellos que sí se precisaron, describiendo los datos relativos a las cotizaciones que el actor tiene registradas y aporta un certificado de derechos que sustenta sus manifestaciones, deberá entenderse que cumplió con el imperativo que le exige el artículo 899-D de la ley en comento, por lo que le corresponderá al accionante desvirtuar su contenido, por lo que si aporta una prueba de inspección con esa finalidad, que se sustenta en los hechos que se precisaron en la demanda, que resultan insuficientes para tener por configurada la acción intentada, en caso de que no se exhiban los documentos que pretenden inspeccionar, no podrán tenerse por ciertas las afirmaciones que realizó en su demanda por la falta de datos que las sustenten, pues no pueden tenerse por presuntivamente ciertos hechos que no se precisaron en la demanda.

"En ese contexto, ante la omisión de la parte actora de detallar en su demanda parte de los requisitos previstos en el artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo –como lo son los patrones y periodos con los que laboró la finada esposa del actor, así como los salarios que percibió con cada uno de los patrones que laboró–, resulta ilegal la determinación de la Junta responsable, en el sentido de tener por configurada la acción, por ende, tener por presuntivamente ciertos los hechos que fueron materia de la prueba de inspección, y la consecuente determinación de condenar a lo peticionado por el actor. ..."

III. Agravios. La parte recurrente, en su escrito de revisión, en lo medular, hace valer:

"... 1. Existe una restricción al derecho de protección a la seguridad social, específicamente el derecho de otorgar y de incrementar la pensión de viudez, existiendo una interpretación restrictiva y estricta respecto a derechos de seguridad social que emanan del artículo 9.1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

"2. El Tribunal Colegiado interpreta el artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo de manera restrictiva en los derechos de seguridad social que tienen todos los gobernados.

"3. Los requisitos que exige el artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo son desproporcionales, pues su no satisfacción genera la improcedencia de la acción. Siendo inconstitucional, al no ser una regla genérica y no admitir excepciones, tratándose de personas ajenas a los titulares de los derechos laborales, al tener el carácter de beneficiario legal, conforme a lo previsto en el artículo 152 de la Ley del Seguro Social de 1973 y su homólogo 501 de la Ley Federal del Trabajo.

"4. En el juicio se restringe el derecho de los viudos de este país y se limita a cuestiones que son imposibles de cumplir, ya que, al ser un beneficiario, desconoce todos los movimientos laborales de la extinta trabajadora, siendo una norma desproporcionada, al no ser equitativa, la cual establece prohibiciones atentando al derecho pro homine o al principio pro persona.

"5. Se viola el control de convencionalidad ex officio en un modelo de control difuso de constitucionalidad, previsto en el artículo 133, última parte, en relación con el artículo 1o. constitucionales.

"6. Violación al artículo 4o. constitucional, ya que se pasa desapercibido, que el hombre y la mujer, al encontrarse en situaciones de igualdad, deben ser tratados de manera igual, lo que redunda en la seguridad de no privarlos de un beneficio, o bien, soportar un perjuicio desigual e injustificado.

"7. La sentencia es inconstitucional, dada la interpretación restrictiva del derecho respecto a la norma general interpretada, imponiéndole fatigas procesales al viudo, quien prima facie está imposibilitado fácticamente, jurídicamente y materialmente a resolver. ..."

Ahora bien, conforme a los antecedentes arriba expuestos, es menester ahora establecer si, en el caso, resulta procedente el recurso de revisión interpuesto y, para ello, deviene importante recordar que el artículo 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que el recurso de mérito procede en contra de las sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados que:

• Resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales;

• Establezcan la interpretación de un precepto de la Constitución; o bien,

• Omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas.

Correlacionado con lo anterior, se tiene que el diferente numeral 81, fracción II, de la Ley de Amparo establece que procede el recurso de revisión en amparo directo en contra de las sentencias que resuelvan sobre:

• La constitucionalidad de normas generales que establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte; o,

• Cuando omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas.

Lo anterior, siempre que fijen un criterio de importancia y trascendencia, de acuerdo con los acuerdos generales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En estos casos, la materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras.

En este sentido, el Acuerdo General Plenario Número 9/2015, señala, en el punto primero, que será procedente el recurso de revisión en contra de las sentencias que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, si se reúnen los siguientes supuestos:

• Decidan sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma general, o se establece una interpretación directa de un precepto constitucional o de los derechos humanos, o bien, si en dichas sentencias se omite el estudio de las cuestiones antes mencionadas, cuando se hubieren planteado en la demanda de amparo; y,

• Si el problema de constitucionalidad referido en el inciso anterior entraña la fijación de un criterio de importancia y trascendencia.

Precisado lo anterior, ha lugar a recordar que el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el recurso de reclamación **********, en sesión de **********, determinó que es procedente el recurso de revisión que se comenta para cuestionar la primigenia aplicación de un precepto en amparo directo.

En efecto, el Tribunal Pleno determinó en esa resolución que, a partir de la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, se ha desvanecido el obstáculo técnico para conocer en los recursos de revisión sobre la regularidad constitucional de las normas aplicadas por los Jueces de amparo.

Asimismo, sostuvo que si bien el quejoso no puede señalar como acto reclamado destacado la ley aplicada, lo cierto es que el juzgador federal, en ejercicio de sus facultades rectoras del procedimiento, puede emitir actos de aplicación de normas que pueden combatirse en el recurso de revisión, pues es hasta ese momento procesal cuando dicho cuerpo legal puede generar un perjuicio al particular y, por tanto, estar en aptitud de oponerse a él.

En ese sentido, el órgano revisor tiene la facultad de dejar de aplicar la norma, vía control constitucional, cuando sea violatoria de algún derecho humano, o bien, el órgano revisor, de evaluar la aplicabilidad de la norma en cuestión.

Con base en lo anterior, el Tribunal Pleno determinó que deben satisfacerse tres requisitos para impugnar leyes en alguno de los recursos que existen en el juicio de amparo:

• La existencia de un acto de aplicación de la norma impugnada al interior del juicio de amparo.

• La impugnación de las normas, cuyo acto de aplicación trascienda al sentido de la decisión adoptada.

• La existencia de un recurso contra tal acto, en donde se pueda analizar tanto la regularidad del acto de aplicación, como la regularidad constitucional de la norma aplicada.

En este contexto, resulta aplicable, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 84/2015 (10a.), que a la letra dice:

"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CUANDO EN LOS AGRAVIOS SE IMPUGNE LA CONSTITUCIONALIDAD DE ALGÚN PRECEPTO DE LA LEY DE AMPARO APLICADO EN LA SENTENCIA RECURRIDA Y TRASCIENDA AL SENTIDO DE LA DECISIÓN ADOPTADA. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el recurso de reclamación 130/2011, sostuvo que, a través de los recursos previstos en la Ley de Amparo las partes están legitimadas para impugnar la constitucionalidad de las disposiciones de ese ordenamiento que regulan la actuación de los órganos jurisdiccionales que conocen del juicio de amparo, por lo que procede el análisis de los agravios en los que se aduzca ese planteamiento. En consecuencia, cuando en los agravios del recurso de revisión se impugne la constitucionalidad de algún precepto de la Ley de Amparo aplicado en la sentencia recurrida y trascienda al sentido de la decisión adoptada, se actualiza un supuesto excepcional de procedencia de dicho recurso."(4)

En este orden de ideas, conviene destacar que esta Segunda Sala, en la diferente jurisprudencia 2a./J. 13/2016 (10a.), fijó como criterio la posibilidad de plantear la inconstitucionalidad de una norma general aplicada en una sentencia de amparo, en los siguientes términos:

"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. ASPECTOS QUE DEBEN CONCURRIR PARA SU PROCEDENCIA CUANDO EN VÍA DE AGRAVIOS SE PLANTEA EL ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL APLICADA POR PRIMERA VEZ, EN LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. XCI/2014 (10a.) (*), sostuvo la posibilidad de plantear en el recurso de revisión la inconstitucionalidad de una norma general aplicada por primera vez en la sentencia dictada por el Tribunal Colegiado de Circuito. Así, cuando esto suceda, es necesario hacer un análisis integral del asunto, en el que se verifique lo siguiente: 1. De las consideraciones de la resolución emitida por el órgano colegiado se constate que se actualiza el acto concreto de aplicación de la norma general cuya regularidad constitucional se impugna en la revisión; 2. Que ello trascienda al sentido de la decisión adoptada; 3. Verificar en la secuela procesal del asunto, que se trate del primer acto de aplicación de la norma en perjuicio del recurrente, ya que de lo contrario tuvo la obligación de reclamarla desde la demanda de amparo, con lo cual se cierra la posibilidad de que se utilice ese recurso como una segunda oportunidad para combatir la ley, lo que no es jurídicamente posible en términos de la jurisprudencia 2a./J. 66/2015 (10a.) (**); y, 4. Se estudien en sus méritos los agravios, para lo cual, debe tenerse presente que, acorde con la manera en que deben impugnarse las leyes en el juicio de control constitucional, el accionante debe presentar argumentos mínimos, esto es, evidenciar, cuando menos, la causa de pedir; por ende, resultan inoperantes o ineficaces los construidos a partir de premisas generales y abstractas, o cuando se hacen depender de situaciones particulares o hipotéticas".(5)

En la especie y con independencia de si existió planteamiento de constitucionalidad en la demanda, o si el tribunal abordó ese tipo de cuestión en la sentencia, esta Segunda Sala considera que se encuentran satisfechos los requisitos en mención y que, por ende, el recurso de revisión resulta procedente, pues lo que se cuestiona es la regularidad constitucional del artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo, el cual fue aplicado en la sentencia recurrida y trascendió al sentido de la decisión adoptada.

Esto es de la manera afirmada, por cuanto que de la sentencia combatida se desprende que el Tribunal Colegiado del conocimiento, con base en el citado numeral, determinó que el trabajador actor no cumplió con los requisitos necesarios para configurar su acción y, por tanto, la Junta responsable no debió arrojar la carga probatoria al demandado y tampoco analizar las pruebas ofrecidas por las partes. Además, del laudo señalado como acto reclamado no se desprende que la autoridad del trabajo responsable hubiera aplicado el artículo impugnado a la parte tercero interesada.

Por tanto, se estima que el contenido del artículo reclamado sí le fue aplicado y trascendió al sentido del fallo, pues, como se observa, la determinación de que el actor en el juicio de origen incumplió con los requisitos previstos en éste y, en consecuencia, no podía tenerse por configurada la acción, fue el argumento toral de los razonamientos que dio el Tribunal Colegiado para conceder el amparo al quejoso.

De ahí que se cumpla con el primero y el segundo de los requisitos a los que se refirió el Tribunal Pleno, al resolver el recurso de reclamación **********, es decir, los relativos a la existencia de un primer acto de aplicación de la norma que se impugna y que tal acto de aplicación trascienda a la decisión adoptada.

En cuanto al último de los requisitos, este Tribunal Constitucional advierte que también se encuentra satisfecho, pues si bien existen algunos criterios de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el tema, lo cierto es que los mismos no atienden ni dan respuesta a los agravios hechos valer por la recurrente. En efecto, esta Segunda Sala resolvió las contradicciones de tesis ********** y **********, en sesiones de ********** y **********, respectivamente, en las cuales se analizó el artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo, pero exclusivamente desde un ámbito de legalidad. Por lo que la materia de estudio de este recurso no queda resuelta bajo la perspectiva analizada en dichos precedentes.

Por último, no se soslaya que el tercero interesado ahora recurrente, si bien, en su oportunidad, promovió demanda de amparo adhesivo y ésta fue desechada por extemporánea; sin embargo, esta Sala considera que tal circunstancia en nada le afecta, puesto que, por un lado, la adhesión sólo le permite fortalecer las consideraciones vertidas en el fallo definitivo y hacer valer las violaciones al procedimiento que pudieran afectar sus defensas trascendiendo al resultado del fallo; sin embargo, no debe perderse de vista que en el juicio de origen le fueron concedidas todas sus pretensiones y no le fue aplicado el artículo que por esta vía combate, por lo que no puede considerarse que opere la preclusión en el presente asunto. Por tanto, atendiendo al principio de economía procesal que impera en el juicio de amparo, debe considerarse que el presente recurso constituye el momento procesal oportuno para plantear la inconstitucionalidad de la norma que combate.

TERCERO.—Consideraciones y fundamentos. Sentado lo anterior y por las razones que de inmediato se exponen, esta Segunda Sala arriba a la convicción de que los agravios formulados por el recurrente, suplidos en su deficiencia –por ajustarse a las condiciones previstas en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, esto es, por derivar de un conflicto individual de seguridad social promovido por un trabajador asegurado–, son parcialmente fundados.

En este contexto, conviene precisar ahora que la litis en el asunto consiste en determinar si el artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo vulnera el derecho de acceso a una tutela judicial efectiva, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los derechos a la salud y a la seguridad social, a que se contrae el diverso 123, apartado A, fracción XXIX, de la indicada Carta Federal, por exigir requisitos desproporcionados, cuyo incumplimiento provoca la improcedencia de la acción.

Ahora, a fin de quedar en condiciones de resolver la problemática planteada, esta Segunda Sala estima necesario, en primer término, reseñar el contenido de los preceptos de la norma constitucional que se estima vulnerada y, en segundo término, interpretar el contenido normativo del numeral 899-C de la Ley Federal del Trabajo, que es el supuesto legal que contiene la disposición que afecta al recurrente. Al respecto, es de citar la siguiente jurisprudencia:

"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. DENTRO DE LAS CUESTIONES PROPIAMENTE CONSTITUCIONALES MATERIA DE ESTE RECURSO SE ENCUENTRA LA INTERPRETACIÓN REALIZADA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DE LA NORMA GENERAL CUYA CONSTITUCIONALIDAD SE IMPUGNA, AL RESOLVER CUESTIONES DE LEGALIDAD. La circunstancia de que con base en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este Alto Tribunal sea el máximo intérprete del Texto Fundamental, no implica que tenga alguna vinculación con la interpretación realizada por los órganos del Estado, incluidos los tribunales ordinarios y los de amparo, lo cual constituye el fundamento constitucional para determinar en última instancia sobre la constitucionalidad o no de la disposición jurídica objeto de control. Así, los pronunciamientos de esta naturaleza encuentran especial sentido en la labor jurisdiccional unificadora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, destacando al respecto, que dentro de las cuestiones propiamente constitucionales que son materia del recurso de revisión en amparo directo se encuentra la relativa a la interpretación de la autoridad responsable o del Tribunal Colegiado de Circuito de la norma general cuya constitucionalidad se impugna, ya que para determinar si ésta es o no contraria a la Constitución, es preciso que previamente se conozca el significado de dicha norma."(6)

Así dispuestas las cosas, en lo conducente, ha lugar a precisar el contenido de la siguiente legislación:

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

"Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

"Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. ..."

"Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

"El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

"A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo:

"...

"XXIX. Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares."

• Ley Federal del Trabajo:

"Sección primera

"Conflictos individuales de seguridad social

"Artículo 899-C. Las demandas relativas a los conflictos a que se refiere esta sección, deberán contener:

"I. Nombre, domicilio y fecha de nacimiento del promovente y los documentos que acrediten su personalidad;

"II. Exposición de los hechos y causas que dan origen a su reclamación;

"III. Las pretensiones del promovente, expresando claramente lo que se le pide;

"IV. Nombre y domicilio de las empresas o establecimientos en las que ha laborado; puestos desempeñados; actividades desarrolladas; antigüedad generada y cotizaciones al régimen de

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27828-c96707b0/conflictos-individuales-de-seguridad-social-si-bien-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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