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Modo: Corpus Pro

DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. DEBE PREVALECER SOBRE UNA EJECUTORIA DE AMPARO DIRECTO EN LA QUE SE ORDENÓ REITERAR LO QUE NO FUE PARTE DE LA CONCESIÓN, SI LA MATERIA DE LA REITERACIÓN NO PUDO SER ANALIZADA POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO POR CAUSAS IMPUTABLES A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. NO SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN EL LAUDO DICTADO EN CUMPLIMIENTO A UNA EJECUTORIA DE UN JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR UNA DIVERSA QUEJOSA, EN EL QUE SE ORDENÓ REITERAR LO QUE NO FUE PARTE DE LA CONCESIÓN, SI LA MATERIA DE LA REITERACIÓN NO PUDO SER ANALIZADA POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO POR CAUSAS IMPUTABLES A LA AUTORIDAD RESPONSABLE.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 772/2021. · Registro digital (IUS): 31135
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2023-01-06
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, Enero de 2023, Tomo VI, Pág.6457.

AMPARO DIRECTO 772/2021. 4 DE AGOSTO DE 2022. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: ARTURO CEDILLO OROZCO. PONENTE: BENITO ARNULFO ZURITA INFANTE. SECRETARIA: DANA ZIZLILÍ QUINTERO MARTÍNEZ.

CONSIDERANDO:

OCTAVO.—Estudio de fondo. A manera de preámbulo, se precisa que en el juicio de amparo directo **********, promovido por la diversa actora **********, se concedió la protección constitucional para que la responsable, entre otras cuestiones, dictara un nuevo laudo (acto que aquí se reclama) en el que reiterara lo que no fue materia de la concesión; lo que, en principio, implicaría que quedara incólume lo relativo a la absolución del tercero interesado respecto de las prestaciones reclamadas por ********** y, en consecuencia, que de conformidad con el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, el juicio resultara improcedente.

No obstante, en concepto de este tribunal, dicha causal no se surte en el caso concreto, habida cuenta que tal absolución no ha sido materia de estudio por parte de este órgano federal.

Para evidenciar lo anterior, es preciso señalar que el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, establece que el juicio constitucional es improcedente contra resoluciones dictadas en éste o en ejecución de las mismas.

Sobre el particular, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido(26) que esta causal opera cuando la autoridad responsable se encuentra totalmente vinculada a la sentencia de amparo y, por tanto, no emite consideraciones propias con plenitud de jurisdicción, que ameriten un nuevo análisis por el juzgador constitucional.

Así, el citado precepto se refiere a aquellas resoluciones que, indefectiblemente, deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el órgano jurisdiccional integrante del Poder Judicial de la Federación les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones; esto es, les da lineamientos para cumplir con el fallo protector y, en consecuencia, la autoridad responsable no tiene libertad de decisión, sino que necesariamente tiene que dictar la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal.

Por tanto, el nuevo amparo que se intente contra el actuar de la responsable en ese sentido, emitiendo una resolución en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, resulta improcedente porque deriva de una decisión definitiva que ya fue materia de análisis en un juicio anterior pues, de lo contrario, esto es, permitir un nuevo juicio constitucional, afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica.

Las consideraciones anteriores dieron origen a la tesis de jurisprudencia 1a./J. 57/2018 (10a.), de título, subtítulo y texto siguientes:

"IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ, NO TRANSGREDE EL DERECHO A CONTAR CON UN RECURSO EFICAZ. El precepto citado, al establecer que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución, se refiere a aquellas que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el juzgador de amparo las constriñe a realizar determinadas acciones, esto es, en las que les fija lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de jurisdicción, sino que debe emitir la nueva sentencia conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal. Ahora bien, la improcedencia referida deriva del hecho de que la resolución dictada por la responsable es producto del análisis jurídico realizado en el juicio de amparo que se cumplimenta, por lo que, admitir uno nuevo, afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. En ese sentido, el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo no transgrede el derecho a contar con un recurso eficaz, al no contradecir los artículos 8, numeral 1, y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues la norma referida no tiene como propósito limitar o cerrar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo atendiendo a razones de seguridad jurídica y de cosa juzgada. Además, el precepto citado también cumple con el postulado previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en procurar una justicia pronta y expedita, que asegure su correcta y funcional administración."

• Como se ve, la ratio de la citada causal se sostiene en que las cuestiones que ya fueron analizadas por el órgano de amparo y sobre las cuales se vinculó totalmente a la autoridad responsable, no pueden ser materia de un juicio de amparo posterior, precisamente porque constituyen tópicos que ya fueron estudiados y, por tanto, el juicio constitucional promovido contra la resolución dictada en cumplimiento de una ejecutoria en la que no se dejó plenitud de jurisdicción a la autoridad de origen, es improcedente.

En la especie, la Junta del conocimiento dictó un primer laudo en el que absolvió al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), de las prestaciones reclamadas por ********** y **********.

Contra la citada determinación, mediante escritos presentados el veintisiete de octubre y el nueve de noviembre de dos mil veinte, ********** y ********** (aquí quejosas) demandaron el amparo y protección de la Justicia de la Unión.

El juicio promovido por **********, fue resuelto por este Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, mediante sentencia de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, dictada en el expediente **********, en la que se concedió la protección constitucional, para el efecto de que la responsable realizara lo siguiente:

"1. Deje insubsistente el laudo reclamado;

"2. Reponga el procedimiento exclusivamente para que admita y lleve a cabo el cotejo y compulsa propuesto en el inciso m) del escrito probatorio de la quejosa, respecto de los recibos de pago correspondientes.

"3. Dicte un nuevo laudo en el que reitere los aspectos ajenos a la presente concesión, y respecto de ********** valore de nueva cuenta, con libertad de jurisdicción, la controversia a la luz de la demanda, contestación y las probanzas de las partes, en especial las documentales ubicadas en el inciso m) del escrito de pruebas de la accionante, consistentes en los recibos de pago y diversas constancias de capacitación de la referida quejosa **********.

"4. Hecho lo cual, determine respecto de **********, sobre la procedencia o improcedencia de la acción principal y sus accesorios, de manera fundada y motivada."(27)

Por su parte, ********** interpuso recurso de queja (diecisiete de mayo de dos mil veintiuno), en contra de la omisión de la autoridad responsable de tramitar su demanda de amparo. El citado medio de impugnación (**********) fue desechado por este órgano federal mediante proveído de catorce de junio de dos mil veintiuno, toda vez que con el informe justificado, la autoridad responsable adjuntó la demanda de la quejosa, por lo que se ordenó enviar el citado ocurso a la Oficina de Correspondencia Común, a fin de que se le asignara el número de orden y, en su oportunidad, se acordara lo que en derecho correspondiera.

El dieciocho de junio de dos mil veintiuno se recibió la demanda en este tribunal, misma que por auto de veintitrés de junio posterior, quedó radicada con el consecutivo ********** y se desechó, en virtud de que cesaron los efectos del acto destacado, dado que con motivo de la ejecutoria dictada en el diverso juicio de amparo **********, la Junta ya había dejado insubsistente el fallo reclamado.

Finalmente, el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, la Junta Especial Número Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje dictó un segundo laudo (que constituye el acto reclamado en este juicio), en la que absolvió al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), de las prestaciones reclamadas por ********** y **********.

La relatoría que precede pone de manifiesto que en contra del primer fallo dictado por la autoridad responsable, la quejosa sí promovió juicio de amparo; sin embargo, no pudo ser analizado por este órgano jurisdiccional debido a que la autoridad responsable no tramitó la demanda en el plazo de cinco días, contados a partir del siguiente al de su presentación, como lo ordena el artículo 178 de la Ley de Amparo.

En efecto, la demanda de ********** (que dio origen al amparo **********), se promovió el nueve de noviembre de dos mil veinte, y fue remitida por la autoridad laboral hasta el nueve de junio de dos mil veintiuno, esto es, 7 meses después de que fue presentada; sin que sea óbice que la Junta refiriera que la tenía registrada como promoción y no como demanda, pues aun en esa hipótesis se encontraba obligada a darle trámite en el plazo previsto por el numeral 178 invocado, pues del contenido del escrito se advierte claramente, que la promovente refirió "vengo a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal"; asimismo, precisó el nombre del tercero interesado y de la autoridad responsable, el acto reclamado, la fecha en que tuvo conocimiento de él, los preceptos constitucionales que estimó violados y plasmó sus conceptos de violación.

Además, para el momento en que este órgano tuvo noticia de la demanda de amparo (el diecisiete de mayo, con motivo del escrito de queja, y el diez de junio con la recepción del informe justificado al que se adjuntó el líbelo constitucional) este Tribunal Colegiado de Circuito ya había dictado sentencia (veintinueve de abril de dos mil veintiuno) en el juicio de amparo **********, promovido por la diversa coactora, en contra del primer laudo.

Así las cosas, es evidente que este Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito no analizó los conceptos de violación contenidos en la demanda de amparo promovida por la aquí quejosa contra el primer laudo y, en consecuencia, la absolución del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en relación con las prestaciones que demandó (que fue materia de reiteración ordenada en el diverso **********), no ha sido materia de escrutinio en esta sede constitucional.

Por tanto, si como quedó anotado con antelación, la razón que subyace a la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, es que las cuestiones que ya han sido examinadas en un juicio de amparo, no pueden ser materia de una nueva revisión, es evidente que, en el caso, no se surte la citada causal de improcedencia pues, se insiste, con motivo de la dilación en que incurrió la Junta responsable en el trámite de la demanda de amparo de **********, este órgano jurisdiccional no estuvo en posibilidad de estudiar el fondo del asunto.

Incluso, aun cuando en los efectos del fallo protector dictado en el diverso ********** se ordenó a la autoridad responsable que reiterara lo que no fue materia de la concesión, dentro de lo cual se encuentra comprendido lo relativo a la absolución del tercero interesado, respecto de las prestaciones reclamadas por **********, lo cierto es que ello debe ceder frente al derecho de acceso a la justicia que le asiste a la quejosa, puesto que la circunstancia de que su juicio de amparo no fuera analizado, no se debe a una actitud de desinterés o negligencia de su parte, sino a la falta de diligencia de la Junta en tramitar la demanda de amparo en el plazo establecido en el artículo 178 de la Ley de Amparo.

En efecto, conforme al artículo 17 de la Constitución General de la República, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

A nivel internacional, esa prerrogativa se encuentra consagrada en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuyo contenido prevé que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los Jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la propia Convención; por lo que los Estados se comprometen a garantizar que la autoridad competente decida sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, a desarrollar las posibilidades de recurso judicial y a garantizar el cumplimiento de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.

En este sentido, el derecho de acceso a la justicia no sólo implica la posibilidad de que los gobernados puedan acudir ante tribunales imparciales e independientes, previamente establecidos, solicitando impartición de justicia, sino también conlleva: a) la obligación del Estado de asegurar el buen funcionamiento de los mismos, a efecto de que en los plazos y términos que marcan las leyes y cumpliendo con las formalidades esenciales del procedimiento, diriman sin costo alguno las controversias sometidas a su potestad; y, b) la garantía de que la resolución que dirime esa controversia será respetada con todas sus consecuencias jurídicas y, por tanto, podrá ejecutarse.

Sobre el particular, en el caso Bulacio Vs. Argentina, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha estimado que la tutela judicial efectiva exige a los Jueces que dirijan el proceso, evitar dilaciones y entorpecimientos indebidos que conduzcan a la impunidad, frustrando así la debida protección judicial de los derechos humanos; asimismo, ha sostenido (caso Carpio Nicolle y otros Vs. Guatemala), el deber del Estado de remover todos los obstáculos y mecanismos de hecho y de derecho que mantienen la impunidad.

Ahora, como ya ha quedado precisado, en la ejecutoria dictada en el diverso ********** este Tribunal Colegiado de Circuito ordenó a la Junta responsable que reiterara lo que no fue materia de concesión; esto es, la absolución del instituto de seguridad social respecto de las prestaciones reclamadas por la aquí quejosa; sin embargo, esa determinación obedeció a que no se tuvo conocimiento de la demanda de amparo promovida por **********, pues la Junta dejó de tramitarla en el plazo de cinco días que prevé el numeral 178 de la Ley de Amparo.

Entonces, si la actora promovió juicio de amparo contra el primer laudo (e incluso hizo valer recurso de queja contra la omisión de la Junta de tramitar su demanda) el cual no pudo ser analizado por este órgano federal por causas imputables a la autoridad responsable, es inconcuso que su derecho de acceso a la justicia debe prevalecer por encima de la reiteración ordenada en la ejecutoria dictada en el juicio de amparo **********, habida cuenta que dicha prerrogativa, bajo la óptica de lo planteado en el juicio natural es de carácter superlativo, puesto que se encuentra vinculada, entre otras cuestiones, con otro derecho de rango constitucional y convencional previsto en el artículo 123 de la Ley Fundamental y en el numeral 7, letra a, del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, consistente en la indemnización por despido injustificado, el cual de ninguna forma se puede ver anulado por una deficiencia del sistema de impartición de justicia; máxime cuando es evidente que la quejosa no ha actuado con desinterés o negligencia; sostener lo contrario, esto es, negarle la posibilidad de acceder a esta instancia constitucional, implicaría colocar a la impetrante en un estado de indefensión y actuar de forma indiferente ante la impunidad.

Sirve de apoyo a lo anterior, por la razón en la que se sustenta, la tesis aislada 1a. LXXVII/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título, subtítulo y texto siguientes:

"TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. LA DETERMINACIÓN QUE DECRETA LA IMPROCEDENCIA DE LA VÍA Y DEJA A SALVO LOS DERECHOS DEL ACCIONANTE, DEBE PERMITIR MATERIALMENTE AL ACTOR INICIAR UN NUEVO PROCEDIMIENTO EN LA VÍA Y FORMA CORRESPONDIENTES. El derecho fundamental a una tutela judicial efectiva, previsto en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es un derecho público subjetivo que toda persona tiene para acceder de manera pronta y expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades se decida sobre la pretensión o la defensa, y en su caso, se ejecute tal decisión, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes. Ahora, si bien la ley aplicable no deberá imponer límites al derecho a una tutela judicial efectiva, sí preverá requisitos y formalidades esenciales para el desarrollo del proceso; uno de estos requisitos es la procedencia de la vía, cuyo estudio es de orden público y debe atenderse previamente a la decisión de fondo, ya que el análisis de las acciones sólo puede realizarse si la vía escogida es procedente, pues de no serlo, las autoridades jurisdiccionales estarían impedidas para resolver sobre ellas. Sin embargo, cuando se ejerza una acción, se siga su procedimiento y dentro del mismo, se llegue a determinar la improcedencia de la vía, dejando a salvo los derechos del actor para que los deduzca en la vía y forma que corresponda, debe garantizarse la posibilidad material de acceder a la instancia respectiva, aun cuando a la fecha de la determinación haya precluido, ya que su trámite en la vía incorrecta por sí mismo, no constituye una actitud de desinterés o negligencia. Dado lo anterior, la autoridad que advierta la improcedencia de la vía, al dejar a salvo los derechos de la promovente, debe aclarar que, en caso de que las quejosas decidieran promover su acción en la vía y términos correspondientes, no debe considerarse que ha operado la prescripción, pues su cómputo no debe incluir el tiempo en que se tramitó el procedimiento en la vía incorrecta; pues de otra manera implicaría una obstaculización al acceso a la justicia y el establecimiento de un derecho ilusorio con respecto a sus fines. En el entendido que en los casos donde la pérdida de la acción derive de la negligencia o de la falta de diligencia de las partes, no es dable aducir una afectación al derecho a una tutela judicial efectiva, porque ello es atribuible exclusivamente al actuar de los interesados."

En suma, este Tribunal Colegiado de Circuito arriba a la convicción de que es procedente estudiar los conceptos de violación bajo la óptica de que el laudo reclamado, por cuanto hace a la absolución de las prestaciones reclamadas por **********, se encuentra sub judice, por dos razones fundamentales:

1. No se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, toda vez que el juicio de amparo (**********) y, en consecuencia, la absolución del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en relación con las prestaciones que demandó, no fue examinado por este Tribunal Colegiado de Circuito, por causas ajenas a la quejosa, e imputables a la autoridad responsable.

2. El derecho de acceso a la justicia de la quejosa debe prevalecer frente a la determinación en la que se ordenó que la Junta reiterara la absolución del instituto demandado, sobre las prestaciones que le reclamó, debido a que ello no obedeció a una actitud de desinterés o negligencia de la quejosa, sino a la falta de diligencia por parte de la autoridad responsable en tramitar la demanda de amparo, conforme al plazo previsto en el artículo 178 de la Ley de Amparo.

Puntualizado lo anterior, en la demanda de amparo la quejosa hace valer, en esencia, los siguientes conceptos de violación: - Sostiene que el laudo reclamado vulnera el principio de congruencia, debido a que en el juicio natural ofreció como pruebas la confesional del instituto demandado, la confesional para hechos propios a cargo de **********, la inspección ocular, la instrumental de actuaciones, la presuncional legal y humana, la instrumental pública y las documentales de quince, dieciséis y diecisiete de marzo de dos mil diecinueve, expedidas por **********, y el reconocimiento de quince de diciembre de dos mil ocho; mismas que en audiencia de veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, únicamente fueron objetadas en cuanto a su alcance y valor probatorio y el tres de septiembre siguiente fueron admitidas al estar ofrecidas conforme a derecho, no obstante, en el acto reclamado la autoridad responsable estimó que la actora no ofreció pruebas con valor pleno para acreditar la relación laboral.

- Expone que la confesional marcada con el inciso b) se desahogó; sin embargo, la Junta no le concedió valor probatorio, aunado a que conforme a los artículos 787 y 788 de la Ley Federal del Trabajo, se debe tener como confesión expresa y espontánea la vertida por el instituto en audiencia de veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, en la que reconoció que ********** es funcionario de alta responsabilidad.

- Refiere que en acuerdo de veinte de noviembre de dos mil diecinueve, la Junta tuvo por presuntivamente ciertos los extremos que se pretendían probar con la inspección; sin embargo, en el laudo reclamado refirió que no fue adminiculada con algún otro elemento de convicción, no obstante que no existe prueba en contrario, por lo que tiene eficacia probatoria para acreditar la relación de trabajo.

- Refiere que el tercero interesado no objetó en cuanto a su alcance, valor probatorio y autenticidad, las documentales ofrecidas en el inciso g), así como tampoco negó que las hubiere expedido a favor de la quejosa; no obstante, la autoridad responsable estableció que carecían de valor probatorio en virtud de que no aportaban elementos respecto a las facultades de **********, aunado a que omitió pronunciarse sobre todos los documentos ofrecidos.

Para sustentar sus aseveraciones, cita las tesis de jurisprudencia 2a./J. 38/95 y 2a./J. 12/2001, de rubros: "RELACIÓN LABORAL, LA PRESUNCIÓN DE SU EXISTENCIA SE ACTUALIZA SI CONFORME A LA PRUEBA DE INSPECCIÓN, EL PATRÓN NO EXHIBE LOS DOCUMENTOS QUE CONFORME A LA LEY ESTÁ OBLIGADO A CONSERVAR." y "RELACIÓN LABORAL. LA PRESUNCIÓN DERIVADA DE LA PRUEBA DE INSPECCIÓN SOBRE DOCUMENTOS QUE EL PATRÓN DEBE CONSERVAR Y QUE NO PRESENTÓ, ES SUFICIENTE POR SÍ SOLA PARA ACREDITAR DICHA RELACIÓN SI NO APARECE DESVIRTUADA POR OTRA PRUEBA.", así como la tesis aislada III.2o.T.4 L (10a.), de título y subtítulo: "RELACIÓN DE TRABAJO. LA CONFESIÓN FICTA A CARGO DE DIRECTORES, ADMINISTRADORES, GERENTES, O PERSONAS QUE POR SUS FUNCIONES DEBAN CONOCER LOS HECHOS IMPUTADOS ES SUFICIENTE PARA ACREDITAR SU EXISTENCIA, SI ES OBJETO DE LAS POSICIONES QUE SE ARTICULEN Y NO SE ENCUENTRA CONTRADICHA POR ALGUNA OTRA PRUEBA."

Los conceptos de violación son fundados.

Para evidenciar lo anterior, es preciso señalar que los artículos 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo, regulan la presunción de existencia de la relación de trabajo y del contrato individual, entre el que presta un trabajo personal y el que lo recibe; asimismo, establecen que se entiende por la relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago de un salario y, por contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación, aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado, mediante el pago de un salario.

En cuanto a las reglas generales de la prueba, éstas se encuentran previstas en la sección primera del capítulo XII del título catorce, denominado: "Derecho procesal del trabajo". De manera particular, los artículos 784 y 804 establecen la carga del patrón cuando exista controversia sobre el contrato de trabajo; sin embargo, ello sólo es aplicable cuando versa sobre los términos de una relación laboral, cuya existencia es reconocida por las partes, pero no cuando la parte patronal niega lisa y llanamente la existencia del contrato, pues no se le puede imponer la carga de probar hechos negativos.

Por tanto, cuando un trabajador demanda prestaciones que derivan del contrato de trabajo, y el enjuiciado niega la existencia de la relación laboral, corresponde al primero probar esa relación, por ser uno de los elementos constitutivos de su acción.

Sirve de sustento a lo anterior, la tesis aislada con número de registro digital: 802460, emitida por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

"CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO (CARGA DE LA PRUEBA). Si el actor demanda diversas prestaciones que hace derivar de un contrato individual de trabajo y el demandado niega la existencia de la relación laboral, corresponde al propio reclamante probarla, por ser uno de los elementos constitutivos de su acción."(28)

En la especie, de las constancias que obran en autos se advierte que ********** demandó del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), entre otras cuestiones, el pago de salarios devengados, indemnización constitucional, veinte días de estipendio, salarios caídos, prima de antigüedad, vacaciones, prima vacacional y sesenta días de aguinaldo para cada una de las actoras, toda vez que ella rescindió la relación de trabajo, en virtud de que el enjuiciado no le cubrió los salarios correspondientes a las quincenas comprendidas del quince de febrero al quince de marzo de dos mil diecinueve.

Asimismo, manifestó que el diez de abril de mil novecientos noventa y siete, fue contratada por el instituto en la categoría de **********, con un horario de labores de 10:00 a 17:00 horas, de lunes a viernes, y un salario quincenal de $********** (********** pesos 64/100 M.N.).

Por su parte, al contestar la demanda, el tercero interesado negó la existencia de la relación de trabajo y todos los hechos planteados.

El veintitrés de agosto de dos mil diecinueve se llevó a cabo la audiencia de ofrecimiento de pruebas, en la que la actora ofreció las pruebas siguientes:

a) La confesional a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

b) La confesional para hechos propios y ratificación de contenido y firma de **********.

c) La inspección ocular(29) sobre documentos respecto de todos los trabajadores, consistente en los contratos individuales de trabajo, listas de raya, nómina personal, recibos de pago, comprobantes de monto y pago de salarios, utilidades, vacaciones, aguinaldo, prima dominical, vacacional, antigüedad, pago de días de descanso y obligatorios, liquidación y de aportaciones al Infonavit y al IMSS; comprobantes de falta de asistencia, de terminación de contrato de trabajo, de incorporación al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; constancia de aviso de despido; controles de asistencia; cuadro general de antigüedades; modificaciones ante el IMSS, y expediente personal en el renglón y correspondiente a la actora.

d) La documental consistente en escritos de quince, dieciséis y diecisiete de marzo de dos mil diecinueve, expedidos por **********.

e) La instrumental de actuaciones.

f) La presuncional legal y humana.

Por su parte, el enjuiciado ofreció como elementos de convicción:

a) La instrumental de actuaciones.

b ) La presuncional legal y humana.

c) La confesional a cargo de la actora.

En la citada diligencia, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado objetó las pruebas de **********, en los términos siguientes:

"... inciso a), se objeta en términos generales y en cuanto a su alcance y valor probatorio, ya que no se relaciona con la litis planteada, por ser ociosa e intrascendente ...; inciso b), solicito que se deseche de plano ya que no está debidamente ofrecida, al no estar relacionada con los hechos ... en caso de ser, se deberá dar un término prudente a mi mandante para saber la situación laboral que guarda la supuesta **********, y estar en posibilidad de manifestar lo que en derecho proceda; asimismo, también deberá desahogar dicha probanza en términos de una testimonial, ya que se trata de una funcionaria pública de alta responsabilidad ... no se tiene la certeza de quién es esta persona, ya que la parte actora no señala en su demanda qué tipo de funciones realiza por la categoría que tiene ante el instituto demandado y, asimismo, solicito no se tomen en cuenta las tesis que señala en dicha probanza que se objeta ...; inciso c), solicito que se deseche de plano toda vez que el periodo que señala es de imposible cumplimiento, ya que es el periodo del 10 de abril de 1997 al 25 de marzo de 2019 y no cumple con los requisitos establecidos en la Ley Federal del Trabajo ... ya que dicha obligación es por el periodo de hasta un año después de la relación laboral ... en su misma probanza señala que debe ser respecto de todos sus trabajadores, existiendo ambigüedad de su probanza ...; asimismo, se observa que son documentos de diversos organismos (IMSS, Infonavit) ...; incisos d), e) y f), se objetan en términos generales, en cuanto a su alcance y valor probatorio; por cuando hace al inciso g), se debe desechar de plano y no ser admitidas, toda vez que no corresponden y no son precisos en la fecha ... además de que se trata de documentos que a todas luces son susceptibles de alteración y/o modificación ..."

Por su parte, la actora objetó de forma general las pruebas del demandado.

El tres de septiembre siguiente, la autoridad laboral admitió los medios de convicción aportados por las partes y, el veinte de noviembre posterior se desahogó la confesional a cargo del demandado, en la que negó las posiciones.(30)

Por su

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31135-415953a7/derecho-de-acceso-a-la-justicia-debe-prevalecer · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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