AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE CUANDO SÓLO SE ATRIBUYE AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO LA OMISIÓN DE ANALIZAR, DE MANERA OFICIOSA, LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE LOS QUE ES PARTE EL ESTADO MEXICANO, AUN CUANDO SE ALEGUE LA VIOLACIÓN A UN DERECHO HUMANO.
RECURSO DE RECLAMACIÓN 800/2014. 8 DE OCTUBRE DE 2014. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. AUSENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIO: ENRIQUE SUMUANO CANCINO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del recurso de reclamación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 104 de la Ley de Amparo; 10, fracción V, 11, fracción V, y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el punto tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, en virtud de que se trata de un recurso de reclamación interpuesto contra un auto dictado por la presidencia de este Alto Tribunal, cuyo conocimiento corresponde a las Salas.
SEGUNDO. Procedencia y oportunidad. El recurso de reclamación es procedente, en términos de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 104 de la Ley de Amparo, toda vez que se interpone por la parte a quien le fue desechado el recurso de revisión intentado de donde deriva el presente recurso.
Además, la interposición del recurso es oportuna, pues se realizó dentro del plazo de tres días a que se refiere el artículo 104 de la Ley de Amparo, que transcurrió del jueves veintiuno al lunes veinticinco de agosto de dos mil catorce, debiendo tomarse en cuenta que el auto impugnado se notificó a la parte recurrente mediante lista de diecinueve de agosto de dos mil catorce, surtiendo efectos al día hábil siguiente, esto es, el día veinte de dicho mes y año; luego, si el escrito mediante el cual se interpuso el recurso de reclamación se presentó ante este Alto Tribunal el veintidós de agosto de dos mil catorce, es claro que su interposición fue oportuna.(1)
TERCERO. Proveído de presidencia impugnado. La materia del presente recurso de reclamación es el acuerdo de seis de agosto de dos mil catorce, emitido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo directo en revisión **********, que en su parte conducente, es del tenor siguiente:
"...
"México, Distrito Federal, a seis de agosto de dos mil catorce.
"Debe destacarse previamente que la tramitación del presente asunto se rige por lo dispuesto en la nueva Ley de Amparo, al derivar de un juicio de garantías iniciado bajo su vigencia.
"Precisado lo anterior, con el oficio de remisión de los autos el escrito original de expresión de agravios y el anexo de cuenta, fórmese y regístrese el toca de revisión relativo al juicio de amparo directo promovido por la parte quejosa al rubro indicada, contra actos de la Junta Especial Número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, y agréguese copia autorizada del presente proveído al cuadernillo de copias simples mencionado en la cuenta. Acúsese recibo.
"Ahora bien, como en el caso el solicitante de amparo, mediante escrito impreso, hace valer recurso de revisión, contra la sentencia de diecinueve de junio de dos mil catorce, dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, en el juicio de amparo directo **********, en el que a pesar de transcribir, de conformidad con el artículo 88 de la Ley de Amparo, la parte de la sentencia reclamada que a su parecer contiene el problema de inconstitucionalidad, del análisis de las constancias de autos se advierte que en la demanda no se planteó concepto de violación alguno sobre la inconstitucionalidad, incluyendo inconvencionalidad, de una norma general o, se solicitó la interpretación de algún precepto constitucional o tratado internacional y, en consecuencia, en el fallo impugnado no se decidió u omitió decidir sobre esa cuestión, ni se estableció su interpretación directa, por lo que debe concluirse que no se surten los supuestos de procedencia que establecen los artículos 81, fracción II, de la Ley de Amparo; 10, fracción III, y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para que proceda el recurso que se interpone, razón por la cual debe desecharse. Sirve de sustento, por las razones de su contenido, la jurisprudencia de la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 2a./J. 149/2007, cuyo rubro es: ‘REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA.’; publicada en la página seiscientos quince, Tomo XXVI, agosto de dos mil siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época; así como la jurisprudencia de la Primera Sala de este Alto Tribunal, número 1a./J. 101/2010, -por identidad de razones- con el encabezado siguiente: ‘AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN. REQUISITOS DE PROCEDENCIA QUE DEBEN SER REVISADOS POR EL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O DE SUS SALAS.’; publicada en la página setenta y uno, Tomo XXXIII, enero de dos mil once, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época.
"En consecuencia, tomando en consideración que el recurso de revisión de que se trata es competencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos de la fracción IX del artículo 107 constitucional; con fundamento en los artículos 10, fracción XII, 14, fracción II, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 91 de la Ley de Amparo, así como en los puntos segundo, fracción I, y primero transitorio del Acuerdo 5/1999 del Pleno de este Máximo Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de junio de mil novecientos noventa y nueve, se acuerda:
"I. Se desecha por improcedente el recurso de revisión que hace valer el quejoso al rubro indicado, en virtud de que no se cumplen los requisitos que establecen los artículos 10, fracción III, y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
..."
CUARTO. Agravios. En el recurso de reclamación el quejoso inconforme argumentó, en síntesis, lo siguiente:
1. De la lectura del acuerdo recurrido, se advierte que el calificador no tomó en cuenta el contenido actual y vigente de la fracción II del artículo 81 de la Ley de Amparo, del que se desprende que el recurso de revisión también es procedente en amparo directo cuando se establezca la interpretación de un precepto constitucional relativo a los Derechos Humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubiesen sido planteadas, sin considerar además de que en el recurso de revisión (el cual fue interpuesto por la parte trabajadora, quien tuvo en su beneficio la suplencia de la queja durante todo el proceso), se plantearon, entre otras cosas, la solicitud de interpretación directa de las fracciones XXVII, incisos g) y h), XXVIII, del apartado A del artículo 123 constitucional, a la luz del Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo, para así determinar si las pensiones derivadas de las jubilaciones son bienes que constituyen el patrimonio de los trabajadores y su familia y, en consecuencia, si tienen el carácter de imprescriptibles, irrenunciables e inalienables.
2. Por otra parte, contrario al análisis del revisor, dentro del juicio de amparo se hicieron valer violaciones a derechos humanos establecidos en la Constitución, los que son puntualmente señalados en el recurso de revisión desechado, cuyo estudio fue omitido por parte del Tribunal Colegiado desatendiendo los principios pro-persona, tutela judicial efectiva, control constitucional en sede nacional y la aplicación de la jurisprudencia de la Décima Época de este Alto Tribunal de rubro: "CONVENIO NÚMERO 102 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, RELATIVO A LA NORMA MÍNIMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE FORMA PARA INCORPORARSE AL ORDENAMIENTO JURÍDICO MEXICANO, PARTICULARMENTE EN MATERIA DE JUBILACIONES, PENSIONES U OTRAS FORMAS DE RETIRO."
QUINTO. Estudio. Es infundado el recurso de reclamación, como se razona a continuación:
Para calificar la procedencia del recurso de revisión en amparo directo, debe tenerse en cuenta que en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución General de la República; 81, fracción II, de la Ley de Amparo; 10, fracción III y 21, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el citado medio de impugnación sólo es procedente cuando en la sentencia respectiva se haya decidido sobre la constitucionalidad de una norma general, que establezca la interpretación directa de un precepto de la Carta Magna o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieran sido planteadas, siempre que fijen un criterio de importancia y trascendencia, según lo disponga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento de Acuerdos Generales del Pleno, lo que en el presente caso no acontece.
Esto es así, ya que, examinada en su integridad tanto la demanda de amparo como la sentencia dictada por el Tribunal Colegiado del conocimiento, se advierte que atendió únicamente aspectos vinculados a cuestiones de legalidad, que por razón de sus funciones le compete resolver, y negó el amparo al hoy recurrente.
En tal virtud, se reitera, el Tribunal Colegiado del conocimiento en ningún momento en la sentencia respectiva decidió sobre la constitucionalidad de una norma general, que establezca la interpretación directa de un precepto de la Carta Magna o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ni tampoco omitió decidir sobre tales cuestiones.
Sin que obste lo anterior, que al redactar los conceptos de violación, el quejoso expusiera:
"VI. Derechos Humanos y Garantías Constitucionales violadas e inaplicación de la jurisprudencia: La Constitución General de la República Mexicana establece entre otros derechos humanos y garantías constitucionales en los artículos 1o., 14, 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ...
"... los artículos de la Ley Federal del Trabajo vigente hasta el día treinta de Noviembre de 2012, aplicable al asunto de conformidad con el artículo XI transitorio, de la Ley Federal del Trabajo reformada, vigente a partir del 1o. de diciembre de 2012, ..."
"Primer concepto de violación, atinente a la incongruencia interna y externa del laudo de fecha 9 de diciembre del 2013, así como la violación al principio de exhaustividad, respecto a la omisión en la litis fijada a fin de determinarse la existencia o vínculo de la relación laboral entre la pluralidad de las demandadas atribuida por el actor Fernando Gatica Toledo a las empresas integrantes del ‘Grupo PIASA’ ...
"Segundo concepto de violación. Atinente a la congruencia interna y externa del laudo de fecha 9 de diciembre del 2013, por cuanto hace a la nulidad absoluta declarada del convenio de fecha 8 de enero del 2008 y al mismo tiempo la validez de un escrito de renuncia de la misma fecha, en el que existe identidad de objeto, de personas que intervienen en el acto jurídico consistente en dar por terminada la relación de trabajo por mutuo consentimiento congénita y principal que nacen al mismo tiempo para idénticos efectos ...
"Tercer concepto de violación. Atinente a la incongruencia externa expresada en la validez de la documental consistente en la renuncia de fecha 8 de enero del 2008, en los términos de la fracción I del artículo 53 de la Ley Federal del Trabajo desvinculándola de la documental congénita y principal, el convenio de la misma fecha 8 de enero del 2008, en los que ambos se refieren a la terminación de forma voluntaria de la relación de trabajo que une a las partes; declarado viciado de nulidad absoluta, por la responsable ..., al que está ligada la renuncia en forma integral y es complementaria para la validez de la terminación de las relaciones laborales por mutuo consentimiento, por estar referido a los mismos sujetos de la misma relación laboral.
"Cuarto concepto de violación, atinente a los principios de exhaustividad, seguridad jurídica, debido proceso y al raciocinio y a la lógica jurídica, así como a la jurisprudencia aplicable, respecto a la valoración subjetiva y arbitraria (sic) de ineficaz, de la prueba testimonial a cargo de la testigo Gabriela Zambrano Pita, por la responsable, así como del resto de las pruebas que de manera adminiculada producen la plena certeza de la coacción ejercida por las demandadas para la suscripción de la renuncia y el convenio de la supuesta terminación voluntaria de las relaciones laborales, fechados ambos el 8 de enero del 2008, exhibidos por la codemandada Servicios Azucareros Integrales, S.A. de C.V.
"Quinto concepto de violación, atinente a los principios de exhaustividad, seguridad jurídica, debido proceso, al raciocinio y a la lógica jurídica, así como la jurisprudencia aplicable; violaciones a dichos principios cometidos por la responsable al omitir de la litis, este aspecto de responsabilidad solidaria y en este respecto la falta de valoración jurídica y la falta de fundamentos y motivos para negarle eficacia probatoria, a los medios de convicción del proceso; a la tergiversación alejada de la verdad respecto del perfeccionamiento de las pruebas, así como a la omisión absoluta de analizar otras pruebas, ofrecidas por la actora en el juicio laboral 193/2008 del índice de la responsable y admitidas por ésta, que de manera adminiculada producen la plena certeza, de que las codemandadas forman una unidad económica, cuya empresa principal, es promotora Industrial Azucarera, S.A. de C.V. y en consecuencia la responsabilidad solidaria por virtud del vínculo laboral entre el que presta un trabajo y el que lo recibe; independientemente de que la remuneración por el trabajo realizado sea atribuible a una y a otra por estar al mando y ser de quien recibía órdenes el actor en el juicio principal.
"Sexto concepto de violación, atinente a la incongruencia externa e interna, y violación a los principios de exhaustividad y al consagrado en el artículo 17 constitucional, que hago consistir en la omisión de valoración de la prueba marcada con el numeral 19 de mi escrito de fecha 5 de enero del 2011, ofrecida en la audiencia de fecha 21 de enero del 2011, así como las pruebas ofrecidas como supervenientes de viva voz, en las audiencias de ofrecimiento y recepción de pruebas en su etapa de objeciones a las mismas, en las audiencias celebradas el 24 de junio del 2011 y 11 de octubre del 2011, aceptadas como ofrecidas en tiempo y forma dentro del periodo de pruebas mediante acuerdo de admisión de pruebas 11 de mayo del 2012; y la falta de valoración de todas y cada una de las pruebas ofrecidas por la parte actora, absteniéndose la junta responsable de expresar los fundamentos y la motivación en que se apoyó, para negarles eficacia probatoria, emitiendo juicios contradictorios con estas pruebas en el laudo de fecha 9 de diciembre del 2013, dictado por la responsable, violando con ello, lo establecido en los artículos 841, 842 y 848 de la Ley Federal del Trabajo y en consecuencia las garantías y los principios constitucionales antes mencionados. ..."
Como se aprecia, el quejoso en forma general y reiterada expuso que la autoridad responsable, en el laudo reclamado, incurrió en una violación a derechos humanos; empero, contrario a lo aducido en esta vía, no señaló ni siquiera de manera velada tratado alguno al que se refiriera.
En ese sentido, el hecho de que se autorice a examinar los conceptos de violación atendiendo la causa de pedir, no significa que la parte quejosa pueda limitarse a señalar que una norma general es inconstitucional y que el tribunal de amparo deba pronunciarse sobre el particular con base en el análisis oficioso de todos los tratados internacionales relacionados con lo que es materia de impugnación, aun cuando se alegue la violación a un derecho humano, ya que para ello es necesario que se precisen los motivos por los cuales se estima transgredido ese derecho y, en su caso, los instrumentos internacionales que lo tutelan.
En esos términos, se pronunció esta Segunda Sala en la siguiente tesis aislada:
" El artículo 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el recurso de revisión en amparo directo procede cuando se omite analizar la constitucionalidad de una norma general o interpretar los derechos humanos previstos en los tratados internacionales de los que es parte el Estado Mexicano, siempre y cuando tales aspectos hubieren sido planteados en la demanda. En tal sentido, el hecho de que se autorice a examinar los conceptos de violación atendiendo la causa de pedir, no significa que el quejoso pueda limitarse a señalar que una norma general es inconstitucional y que el tribunal de amparo deba pronunciarse sobre el particular con base en el análisis oficioso de todos los tratados internacionales relacionados con lo que es materia de impugnación, aun cuando se alegue la violación a un derecho humano, ya que para ello es necesario que se precisen los motivos por los cuales se estima transgredido ese derecho y, en su caso, los instrumentos internacionales que lo tutelan. En consecuencia, la sola circunstancia de que, al resolver el problema de constitucionalidad planteado en la demanda, el Tribunal Colegiado de Circuito omita realizar un análisis oficioso de los tratados internacionales de los que es parte el Estado Mexicano, no da lugar a estimar procedente el recurso de revisión, aun cuando se aduzca que en aquéllos se tutela un derecho humano."(2)
Por tanto, se estima acertada la decisión del presidente de este Alto Tribunal en el acuerdo impugnado, al haber desechado por notoriamente improcedente el recurso de revisión en amparo directo, interpuesto por la aquí recurrente.
Por otra parte, respecto a los argumentos planteados por la parte recurrente, referentes a que el Tribunal Colegiado fue omiso respecto de la interpretación directa de los artículos 1o., 14, 17 y 107, fracción IX, 123, fracciones XXVII, incisos g) y h), XXVIII y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del Convenio Número 102, de la Organización Internacional del Trabajo y de los diversos 1, 2, 8, 8.1, 21, 21.1, 21.2 y 25 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos (Pacto de San José, Costa Rica); y 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, éstos devienen ineficaces, pues con independencia de que, en esencia, son casi una reproducción de los agravios hechos valer en el recurso de revisión desechado, el inconforme pierde de vista que es en la demanda de amparo y no en los agravios de la revisión es donde se tienen que expresar los planteamientos de constitucionalidad o convencionalidad, lo que en la especie no sucedió; por ende, no existe justificación para la procedencia del recurso de revisión en amparo directo, como lo ha sostenido esta Segunda Sala, en las tesis de rubro y texto siguientes:
"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL PLANTEAMIENTO EN LOS AGRAVIOS DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY, TRATADO INTERNACIONAL O REGLAMENTO, O LA INTERPRETACIÓN DE UN PRECEPTO DE LA CONSTITUCIÓN, NO HACE PROCEDENTE EL RECURSO SI NO SE HIZO EN LA DEMANDA, O NO FUE EXAMINADO EN LA SENTENCIA RECURRIDA.-El que en el escrito de agravios por el que se interpone revisión en contra de una sentencia dictada en amparo directo se hagan planteamientos sobre constitucionalidad de leyes, tratados o reglamentos o sobre la interpretación directa de algún precepto de la Constitución, no hace procedente el recurso de revisión si tales cuestiones o bien no se hicieron valer en la demanda de garantías, o no fueron examinadas en la sentencia del Tribunal Colegiado, ya que es requisito para la procedencia del recurso de revisión el que en la sentencia dictada en el amparo directo se decida sobre los aspectos señalados, o bien, se omita decidir al respecto cuando existen los argumentos relativos en la demanda de garantías, sin que se surta tal procedencia por la introducción de los planteamientos respectivos hasta el escrito de agravios en la revisión."(3)
"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LOS PLANTEAMIENTOS DE CONSTITUCIONALIDAD CONTENIDOS EN LOS AGRAVIOS NO JUSTIFICAN SU PROCEDENCIA, SI NO SE HICIERON VALER EN LA DEMANDA DE AMPARO.-Conforme a los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 81, fracción II, de la Ley de Amparo, 10, fracción III y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para que proceda el recurso de revisión contra las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, se requiere que en éstas se decida sobre la constitucionalidad de una norma de carácter general o la interpretación directa de un precepto de la Constitución General de la República, o bien, que habiéndose expresado tales planteamientos en los conceptos de violación, se hubiera omitido su estudio. Por tanto, las cuestiones de constitucionalidad formuladas por el recurrente en los agravios no pueden servir de sustento para determinar la procedencia de dicho recurso, porque para ello es necesario que tales cuestiones se hayan expuesto en la demanda de amparo o que exista un pronunciamiento o, en su caso, omisión en la sentencia emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito."(4)
Por último, el quejoso reiteradamente solicita se observe el principio de suplencia de la queja, empero, el respeto a ese principio no puede llegar al extremo de modificar el régimen que ha establecido la Constitución General de la República, la Ley de Amparo, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la jurisprudencia de este Alto Tribunal, respecto de la procedencia del recurso de revisión en contra de sentencias de amparo directo, pues de lo contrario, se haría procedente lo que tales ordenamientos no han regulado como tal.
Es aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia, emitida por esta Segunda Sala, cuyos rubro, texto y datos de localización son los siguientes:
"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE, POR SÍ SOLA, NO HACE PROCEDENTE EL RECURSO.-Conforme a los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83, fracción V, de la Ley de Amparo; 10, fracción III, y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el recurso de revisión contra sentencias de Tribunales Colegiados de Circuito en amparo directo procede cuando decidan sobre la constitucionalidad de una ley, tratado internacional o reglamento, o bien, establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal, así como cuando el Tribunal Colegiado de Circuito omita el estudio y decisión de esas cuestiones a pesar de haberse planteado en la demanda de garantías. Ahora bien, si no se plantea problema de constitucionalidad alguno, el recurso de revisión únicamente procede cuando el tribunal de amparo oficiosamente introduce ese tema en la sentencia recurrida, o bien, omite aplicar la jurisprudencia de este Alto Tribunal en la que se declare la inconstitucionalidad de preceptos aplicados al quejoso, siempre que se adecue al caso específico, en cuyo supuesto opera la suplencia de los conceptos de violación o de los agravios, de acuerdo con el artículo 76 Bis, fracción I, de la Ley de Amparo; sin embargo, este beneficio por sí solo no conduce a estimar que proceda la revisión en amparo directo por existir algún problema de inconstitucionalidad o de interpretación directa de una norma constitucional, que de oficio estuviera obligado a abordar el Tribunal Colegiado de Circuito, ya que el análisis de esos aspectos depende, por regla general, de que el agraviado los impugne en el juicio de garantías; además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no podría analizar de oficio, en suplencia de la queja deficiente, si las normas aplicadas al quejoso contienen o no un vicio de inconstitucionalidad, pues sería tanto como aceptar que son procedentes todos los recursos de revisión en amparo directo en los que opera ese beneficio, situación que resulta inadmisible porque daría lugar a una instancia oficiosa no establecida en la Ley Fundamental ni en la reglamentaria de la materia." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Segunda Sala, jurisprudencia, Tomo XXIII, junio de 2006, tesis 2a./J. 81/2006, página 236, registro IUS: 174841)
En estas condiciones, esta Segunda Sala advierte que el acuerdo combatido se encuentra apegado a derecho, ya que tal y como lo determinó el Ministro presidente no se actualizan los requisitos de procedencia del recurso de revisión, en virtud de que en la demanda de amparo la parte quejosa no planteó la constitucionalidad de una norma de carácter general y, en consecuencia, el a quo no decidió ni omitió decidir sobre esa cuestión y tampoco interpretó disposiciones de la Constitución Federal o de derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.
SEXTO.-Decisión. Al quedar demostrado que el proveído recurrido se encuentra ajustado a derecho, lo procedente es declarar infundado el presente recurso de reclamación.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.-Es procedente pero infundado el recurso de reclamación.
SEGUNDO.-Se confirma el auto recurrido.
Notifíquese; con testimonio de la misma y en su oportunidad, archívese el toca relativo al presente recurso de reclamación, como asunto concluido.
Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán (Ponente), José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y presidente Luis María Aguilar Morales. Ausente el Ministro Sergio A. Valls Hernández.
En términos de lo dispuesto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su sesión del veinticuatro de abril de dos mil siete, y conforme a lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en el segundo párrafo del artículo 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
________________
1. Debiéndose descontar los días veintitrés y veinticuatro de agosto del año en curso por ser sábado y domingo.
2. Tesis aislada, materia común, Décima Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Libro 3, febrero de 2014, tesis 2a. XIV/2014 (10a.), página 1477.
3. Novena Época. Instancia: Segunda Sala, jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, materia común, tesis 2a./J. 63/99, página 282.
4. Décima Época, Instancia: Segunda Sala, Tesis aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, julio de 2014, materia común, tesis 2a. LXIII/2014 (10a.).
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25349-3954f0ab/amparo-directo-en-revision-es-improcedente-cuando-solo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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