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Modo: Corpus Pro

SENTENCIA EJECUTORIADA EN JUICIO CIVIL O MERCANTIL QUE CONTIENE Y ESTABLECE UNA CONDENA LÍQUIDA Y OTRA ILÍQUIDA. APLICACIÓN DEL PAGO REALIZADO EN LA FASE DE EJECUCIÓN, CONFORME A SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE A OTRAS, EN CUANTO SEAN DE IDÉNTICO CONTENIDO).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2014. · Registro digital (IUS): 25357
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2014-11-28
Promovente: ENTRE EL CRITERIO SUSTENTADO POR EL DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL ASUMIDO POR EL DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo II, Pág. 1700.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2014. ENTRE EL CRITERIO SUSTENTADO POR EL DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL ASUMIDO POR EL DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 7 DE OCTUBRE DE 2014. POR MAYORÍA DE NUEVE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS LUIS GILBERTO VARGAS CHÁVEZ, DANIEL PATIÑO PEREZNEGRÓN, VÍCTOR FRANCISCO MOTA CIENFUEGOS, WALTER ARELLANO HOBELSBERGER, ISMAEL HERNÁNDEZ FLORES, ADALBERTO EDUARDO HERRERA GONZÁLEZ, MARÍA CONCEPCIÓN ALONSO FLORES, GILBERTO CHÁVEZ PRIEGO Y VIRGILIO SOLORIO CAMPOS, CONTRA EL VOTO DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ LEONEL CASTILLO GONZÁLEZ, MA. DEL REFUGIO GONZÁLEZ TAMAYO, INDALFER INFANTE GONZALES, GONZALO ARREDONDO JIMÉNEZ Y CARLOS ARELLANO HOBELSBERGER, LO RESOLVIERON LOS MAGISTRADOS QUE INTEGRAN EL PLENO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. EL MAGISTRADO ADALBERTO EDUARDO HERRERA GONZÁLEZ SE RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR SALVEDADES. LOS MAGISTRADOS JOSÉ LEONEL CASTILLO GONZÁLEZ E INDALFER INFANTE GONZALES SE RESERVARON SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO PARTICULAR. PONENTE: VIRGILIO SOLORIO CAMPOS.

II. Competencia y legitimación

6. Competencia. Este Pleno en Materia Civil del Primer Circuito es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo, y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 37, fracción III, del Acuerdo General 11/2014, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de mayo de dos mil catorce, y con el artículo 10 de las reglas para la mayor eficacia de la actuación de este Pleno, en virtud de que se trata de una posible contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito, y el tema de fondo corresponde a la materia civil.

7. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues los Magistrados integrantes del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que emitió la sentencia en la que se sostuvo uno de los criterios contendientes, están facultados para denunciarla en términos de los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.

III. Existencia o no de la contradicción de tesis

8. Condiciones para su existencia. De acuerdo con los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 226, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan "tesis contradictorias", entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia.

De lo cual se sigue que para que exista contradicción de tesis resulta menester que los órganos jurisdiccionales terminales adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial refleja la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho.

Así, la existencia de una contradicción de tesis requiere que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer su arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo de una norma de derecho mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;

b) Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que exista una diferente interpretación ejercida en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea por el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,

c) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de uno o varios cuestionamientos respecto a si la ulterior forma de resolver la cuestión jurídica en relación con la primera, según sea legalmente posible.

Sustentan lo anterior las tesis de jurisprudencia P./J. 72/2010 y 1a./J. 22/2010, del Pleno y de la Primera Sala, respectivamente, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 7)

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, marzo de 2010, materia común, página 122)

Para constatar cada uno de esos requisitos, resulta menester conocer los criterios discrepantes.

9. Posturas contendientes. De conformidad con las fechas en que se emitieron las ejecutorias de los tribunales contendientes, en principio, se transcribirá la sentencia que emitió el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

9.1. En la parte que interesa, dicho Tribunal Colegiado de Circuito, al resolver, por unanimidad de votos, el recurso de revisión civil número 329/2001, en sesión de once de diciembre de dos mil uno, determinó:

"QUINTO. ... En el caso, de los antecedentes de los actos reclamados que han sido narrados, se advierte que en la sentencia dictada el quince de agosto de mil novecientos noventa y siete, en el juicio ordinario mercantil 1147/96-A, y en la resolución de apelación emitida el veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa y siete, en el toca 3122/2000, que modificó aquélla, se condenó a la parte demandada al pago de cantidades líquidas (indemnización y reparación de daño moral) e ilíquidas (intereses moratorios y productos de las reservas por obligaciones pendientes de cumplir), otorgándole el término de cinco días para cumplir esa determinación. Lo que implica que en el asunto de que se trata existe una sentencia con autoridad de cosa juzgada, pues ya se estableció la verdad de los puntos de hecho y de derecho que constituyeron la materia controvertida, verdad que el Estado ha reconocido y garantizado con su autoridad, por lo que sólo debe procederse a la ejecución, según lo sentenciado y condenado. Es evidente que, al requerirse la intervención del Estado para solucionar coactivamente una controversia, lo que se busca es la composición directa de la misma, esto es, se pretende que, por la intervención de los tribunales, se disfrute de la situación jurídica protegida. De ahí que sea de orden público e interés social el que se garantice que el fallo habrá de cumplirse al vencimiento del plazo establecido en la propia sentencia. Sin embargo, esa obligación de satisfacer las prestaciones a que la parte demandada fuere condenada, dentro del plazo otorgado para su cumplimiento, encuentra como limitante que sólo puede hacerse efectiva la condena respecto de las prestaciones expresamente determinadas (líquidas), pero no en relación a las que aún no se han determinado (ilíquidas), pues evidentemente no puede pagarse lo no cuantificado, por ende, la coacción en este caso es imposible, y antes de pasar a ella es menester realizar un proceso previo de liquidación. El proceso de ejecución de una sentencia no es otro proceso sino el mismo en una etapa diferente, y la naturaleza cognoscitiva de la etapa de liquidación no le quita su calidad de ejecutivo; y el procedimiento de liquidación de sentencia es sólo una etapa preliminar a la coacción sobre bienes, su finalidad es convertir en líquida una suma que antes no lo era, para poder realizar una ejecución específica. Todo esto dentro de la etapa ejecutiva del proceso, unida ésta al proceso principal por virtud del principio de continencia de la causa. Ahora bien, como ha quedado expuesto, el capítulo XXVII, denominado ‘De la ejecución de las sentencias’, del Código de Comercio, no establece disposición alguna respecto a cómo debe promoverse la ejecución en el caso de que la condena implique cantidades líquidas e ilíquidas. Por tanto, conforme a lo dispuesto en el precepto 1054 del ordenamiento mercantil en cita, resultan aplicables las disposiciones del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Dentro de dicho ordenamiento legal, se encuentra contenido en el título séptimo, denominado ‘De los juicios especiales de las vías de apremio’, capítulo V, ‘De la vía de apremio’, sección primera, ‘De la ejecución de la sentencia’, el artículo 514, que es del tenor siguiente: ‘Artículo 514. Si la sentencia contuviere condena al pago de la cantidad líquida y de otra ilíquida, podrá procederse a hacer efectiva la primera, sin esperar a que se liquide la segunda.’. Lo anterior pone de manifiesto la posibilidad de que, sin necesidad de que se encuentre líquida la totalidad de la condena, se proceda a hacer efectiva la que ya esté determinada. Por tanto, si en el caso se condenó a la demandada al pago de cantidades líquidas e ilíquidas, y se le otorgó un término de cinco días para su cumplimiento; y como consecuencia de ello las actoras promovieron la ejecución, y el juzgador natural, por auto de veintidós de enero de mil novecientos noventa y ocho, ordenó requerir a la demandada para que acreditara dentro del término de setenta y dos horas, haber pagado a las actoras las cantidades líquidas, los intereses moratorios, los productos de las reservas por obligaciones pendientes de cumplir y la indemnización del daño moral a que fue condenada a pagar; es evidente que la demandada se encontraba obligada a ese cumplimiento; pero imposibilitada para cubrir las cantidades aún no determinadas. Por ende, debe estimarse que, si la demandada exhibió el monto de las cantidades líquidas que le fueron requeridas, el pago debe aplicarse a tales conceptos y no a otro u otros conceptos aún no liquidados. El Juez de Distrito, en la resolución recurrida, hizo referencia al artículo 364 del Código de Comercio, en relación al 2094 del Código de Procedimientos Civiles (sic); y precisó que este último es el exactamente aplicable, porque, la regla general, tratándose de aplicación a capital de las cantidades entregadas a cuenta de créditos y existiendo intereses vencidos y no pagados, es la de que no debe llevarse a cabo dicha aplicación salvo convenio de las partes en contrario. Señaló, además, que de lo dispuesto por el artículo 364 del Código de Comercio, resulta que si las partes convienen en hacer la aplicación de lo entregado a capital, a los intereses, o una parte a cada concepto, dicha aplicación es correcta; que si no se da el consenso de voluntades y el deudor manifiesta su deseo unilateral de aplicar la cantidad entregada al capital y no al pago de réditos vencidos y no cubiertos, con la oposición del acreedor, debe acudirse supletoriamente al precepto 2094 en cita; e invocó como fundamento a su determinación la jurisprudencia por contradicción de tesis 3a./J. 8/93, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 34/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 66, junio de 1993, página 12, del siguiente texto: ‘OBLIGACIONES MERCANTILES CON INTERESES. APLICACIÓN DE LAS ENTREGAS A CUENTA DEL ADEUDO.’ (la transcribe). Al respecto, cabe precisar que la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 34/92, entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dio origen a la mencionada jurisprudencia 3a./J. 8/93, estableció lo siguiente: ‘Esta Tercera Sala determina que debe prevalecer la tesis sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por las siguientes razones: (la transcribe).’. Al respecto, cabe precisar que los artículos 364 del Código de Comercio, 2094 de Código Civil para el Distrito Federal, y la jurisprudencia invocada, no resultan aplicables al caso, tal como sostuvo la quejosa, en atención a lo siguiente: El Código de Comercio, en el título quinto, denominado ‘Del préstamo mercantil en general’, contempla el artículo 364, cuyo texto expresa: ‘Artículo 364. El recibo del capital por el acreedor, sin reservarse expresamente el derecho a los intereses pactados o debidos, extinguirá la obligación del deudor respecto a los mismos.’. Por su parte, del diverso artículo 2094, que se ubica en el título cuarto, denominado ‘Efectos de las obligaciones’, ‘Efectos de las obligaciones entre las partes. Cumplimiento de las obligaciones.’, del Código Civil para el Distrito Federal, dispone: ‘Artículo 2094. Las cantidades pagadas a cuenta de deudas con intereses, no se imputaran al capital mientras hubiere intereses vencidos y no pagados, salvo convenio en contrario.’. De lo que se infiere que ambos preceptos se refieren a las obligaciones adquiridas por las partes. Es pertinente señalar que tradicionalmente se ha definido la obligación como un vínculo jurídico por virtud del cual una persona denominada deudor, se encuentra constreñida jurídicamente a ejecutar algo a favor de otra persona llamada acreedor. El código sustantivo civil para el Distrito Federal prevé como fuentes de las obligaciones, a los contratos (capítulo I), la declaración unilateral de la voluntad (capítulo II), el enriquecimiento ilegítimo (capítulo III), la gestión de negocios (capítulo IV), los actos ilícitos (capítulo V), y el riesgo profesional (capítulo VI). Por su parte, la sentencia definitiva que se pronuncia en los juicios mercantiles o civiles es el acto por el cual el Juez cumple la obligación jurisdiccional derivada de la acción y el derecho de contradicción de resolver sobre las pretensiones del demandante y las excepciones de fondo del demandado; y puede requerir o no ejecución, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión que en ella se reconozca y con la clase de proceso a que haya dado origen la acción incoada. Para la ejecución de la sentencia no es necesario recurrir a un proceso posterior y distinto, sino que se procede a su cumplimiento por el mismo Juez de instancia; y se requiere que la condena se encuentre determinada a efecto de librar el mandamiento de pago para que la resolución quede cumplida. Por lo que, tratándose de la ejecución de una sentencia que constituye la verdad legal, no resultan aplicables al caso los preceptos 364 del Código de Comercio y 2094 del Código de Procedimientos Civiles (sic), ya que contemplan supuestos relativos a las obligaciones contraídas entre las partes, derivadas de los actos que realizan; y, en el caso, el pago de las cantidades a que fue condenada la demandada, deriva de una sentencia de fondo emitida por la autoridad jurisdiccional, por lo que, como ya se ha señalado, el aplicable es el artículo 514 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que se refiere precisamente a la ejecución de las sentencias. Mayor aún, si se considera que el pago de las cantidades líquidas precisadas en la sentencia emitida en el juicio natural, no constituye una obligación entre las partes que se haga exigible por virtud de un acto jurídico celebrado entre éstas, sino que su exigibilidad deriva de la existencia de un pronunciamiento de fondo sobre las prestaciones demandadas en el juicio mercantil, cuya ejecución es de orden público e interés social, pues se pretende que, por la intervención de los tribunales, se disfrute de la situación jurídica protegida y reconocida. Por lo que el hecho de que en la sentencia definitiva se haya condenado a la demandada al pago de una cantidad líquida y otra ilíquida, no implica que la cantidad exhibida por la demandada, en cumplimiento a esa sentencia, en todo caso debería aplicarse a intereses moratorios, pues, como ya se expuso, esa cantidad se exhibió en atención al requerimiento que le fue formulado por el juzgador y en cumplimiento a la sentencia definitiva dictada en el juicio natural; además, la ejecución era la consecuencia inmediata del fallo definitivo, por lo que la aquí recurrente estaba conminada a cumplir con el pago de las cantidades líquidas a que fue condenada, ya que desde que se emitió esa sentencia definitiva se hicieron exigibles. Por tanto, tal como sostiene la recurrente, en el caso no resulta aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis 3a./J. 8/93, a que se ha hecho referencia, pues la misma alude a supuestos diversos, ya que establece que en las obligaciones mercantiles con intereses, las entregas a cuenta del adeudo deben aplicarse a estos últimos; y en el asunto que nos ocupa, no se dirime una controversia sobre el cumplimiento de obligaciones; sino que se analiza un aspecto relativo a la ejecución de sentencia de fondo pronunciada en un juicio ordinario mercantil, específicamente en un incidente de liquidación y aplicación de pago. Por lo que en el caso, resulta irrelevante si el desahogo de la vista que se mandó dar a las actoras, con el billete de depósito exhibido como pago, se realizó o no en tiempo, y si las acreedoras se reservaron o no el derecho a los intereses debidos, pues la aplicación de la cantidad exhibida como pago no puede derivar del consenso entre las partes o de la consideración expresa de una de ellas; sino que atiende a la existencia de una condena específica emitida en una sentencia definitiva cuya ejecución debe quedar satisfecha, pues ese es justamente el objeto de todo proceso y de la actuación del órgano jurisdiccional ..."

9.2. Por su parte, el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver, por unanimidad de votos, el recurso de revisión civil número 329/2013, en sesión de catorce de noviembre de dos mil trece, decidió:

"CUARTO. ... Para dar claridad a lo anterior, a continuación se cita el artículo 2094 del Código Civil para el Distrito Federal, que establece: ‘Artículo 2094. Las cantidades pagadas a cuenta de deudas con intereses, no se imputarán al capital mientras hubiere intereses vencidos y no pagados, salvo convenio en contrario.’. Del precepto invocado se desprende que las cantidades pagadas a cuenta de deudas con intereses, no se imputarán al capital mientras hubiere intereses vencidos y no pagados. Ahora bien, si en una sentencia definitiva dictada en un juicio se decreta una condena a cargo de una de las partes, en cantidad determinada por concepto de suerte principal, ello constituye una deuda a su cargo. En ese sentido, si el precepto invocado no distingue el origen de la deuda para que se actualice el supuesto de que el pago realizado no se impute a capital mientras hubiere intereses vencidos y no pagados; es evidente que no puede excluirse su aplicación aun cuando se trate de una obligación derivada de un juicio. Máxime que dicho precepto se encuentra en el título cuarto, denominado ‘Efectos de las obligaciones’, y la condena en sentencia constituye una obligación a cargo de quien se determine ... Ello, porque este Tribunal Colegiado estima que, contrariamente a la determinación del Juez de origen, aun cuando no esté determinado en cantidad líquida la condena a intereses, de realizarse un pago cuando éstos ya han sido generados y no convenirse en sentido contrario su aprovechamiento, éste debe aplicarse en primer término a los intereses y con posterioridad a la suerte principal. Para dar claridad a lo anterior, se transcribe nuevamente lo dispuesto en el artículo 2094 del Código Civil para el Distrito Federal, que establece: (lo transcribe). Del precepto invocado se desprende, en lo que interesa, que hace alusión a intereses vencidos y no pagados, no así a intereses cuantificados. Es decir, el supuesto para que un pago realizado de manera extemporánea respecto de una deuda se aplique a intereses moratorios y no así a capital, es que estos últimos ya se hubieran generado. Estimar que dicho precepto se refiere a intereses líquidos, sería imponer una calidad a los intereses que no requiere dicho precepto. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12, junio de 1993, Número 66, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: ‘OBLIGACIONES MERCANTILES CON INTERESES. APLICACIÓN DE LAS ENTREGAS A CUENTA DEL ADEUDO.’ (la transcribe). En la especie ... En sentencia definitiva firme, se determinó lo siguiente: ... De lo anterior se desprende que ya se determinó una condena a la parte demandada, aquí tercera interesada, al pago de una cantidad por concepto de suerte principal ... más los intereses moratorios generados desde el dos de mayo de dos mil doce ... De lo anterior se desprende que está determinado que la parte demandada, hoy tercera perjudicada, no sólo adeuda la cantidad reclamada por concepto de suerte principal, sino además, los intereses moratorios, por tanto, debe estimarse que éstos ya están devengados y vencidos. Por tanto, se está en el supuesto que prevé el artículo 2094 del Código Civil para el Distrito Federal, que prevé la oportunidad de que un pago se destine, en primer término, a los intereses moratorios generados y una vez que éstos han sido pagados, el remanente podrá aplicarse a capital, aun cuando la condena por concepto de intereses no sea en cantidad líquida, en atención a que ya están generados e inclusive condenados. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón y en lo conducente, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, que este tribunal comparte, visible en la página 1160, mayo de 2001, Tomo XIII, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: ‘INTERESES EN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. SI NO EXISTE CONSENSO DE LAS PARTES PARA QUE LAS ENTREGAS A CUENTA DEL ADEUDO SE APLIQUEN AL CAPITAL, DEBEN ABONARSE A LOS INTERESES DEVENGADOS, AUNQUE SU MONTO NO ESTÉ LÍQUIDO Y DETERMINADO.’. Conforme con la jurisprudencia número 8/93, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ... Más aún, que de las constancias de autos se observa que sí existió oposición por parte de la acreedora (actora en el juicio de origen) para que el pago realizado por la demandada se destinara a cubrir el capital en primer término, pues por escrito presentado el siete de mayo de dos mil trece, la actora natural, hoy recurrente, presentó incidente de liquidación de intereses y, además, manifestó lo siguiente: ... Es decir, hubo oposición a que la cantidad exhibida por la actora se destinara al pago del capital, sin que se observe que la demandada hubiera manifestado que las partes habían acordado que cualquier pago realizado una vez que se hubiera incurrido en mora, se destinaría a capital, sino sólo se observa que por escrito presentado ante el juzgado de origen el dieciséis de mayo del año en curso, manifestó lo siguiente: ‘... Que por medio del presente escrito, vengo a desahogar la vista ordenada por su Usía mediante proveído de fecha nueve (09) de mayo del dos mil trece (2013) ...’. De la transcripción que antecede se advierte que, si bien el demandado refirió que la cantidad pagada debía aplicarse a la suerte principal, no señaló que ello había sido convenido por las partes, ni evidenció dicha situación, de ahí que aun su manifestación no tenga el alcance para estimar que existió convenio en contrario, por lo que ante la oposición del actor principal, resultaba aplicable el artículo 2094 invocado. Sin que se deje en estado de indefensión a las partes, al estimar que no se les permite conocer el adeudo real que guardan por concepto de suerte principal e intereses moratorios, respectivamente; pues ambas pueden hacer valer su incidente de liquidación de intereses, con lo que estarán en aptitud de calcular el adeudo actual por ese concepto, partiendo, en su caso, del monto que ahora constituya la suerte principal, fijando así el total del adeudo por ambos conceptos y la oportunidad de que se cubra el mismo por la parte obligada. No pasa inadvertido que, al realizar el pago por el monto exacto del capital, pudiera estimarse que existe voluntad de la obligada de liquidar el adeudo correspondiente para que éste no siga generando intereses; no obstante, también debe considerarse que la parte obligada estuvo en oportunidad de realizar el pago en tiempo y así no generar intereses moratorios, y si no lo hizo, su obligación generó intereses moratorios que también se encuentra obligada a pagar en los mismos términos que su obligación principal, de ahí que tampoco pueda concluirse que la demandada pretende liquidar la totalidad de su adeudo, pues si ello fuera así también habría pagado los intereses moratorios generados, máxime si consideramos que ella también está facultada para iniciar su liquidación. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 111/2006, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 337, febrero de 2007, Tomo XXV, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: ‘INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN. QUIEN OBTIENE SENTENCIA DESFAVORABLE TAMBIÉN PUEDE PROMOVERLO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE SAN LUIS POTOSÍ, MICHOACÁN Y DEL DISTRITO FEDERAL).’ (la transcribe). En las narradas condiciones, es dable concluir que, contrariamente a la determinación de la Juez Federal, los conceptos de violación de la quejosa en relación con el acto reclamado en estudio, debieron declararse fundados, por lo que se revoca la determinación de la autoridad federal y se concede el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente el proveído de nueve de mayo del año en curso, y en su lugar dicte otro, en el que determine que es procedente aplicar a intereses la cantidad exhibida por la demandada mediante billete de depósito V393810, por escrito presentado el veinticuatro de abril de dos mil trece, en términos del artículo 2094 del Código Civil para el Distrito Federal ..."

Precisadas las posturas de los tribunales contendientes, ahora se procede a corroborar, si en el caso se actualizan o no los requisitos o condiciones de existencia de la contradicción de tesis.

Primer requisito: Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Este Pleno estima que dicho requisito se encuentra satisfecho, pues al resolver las citadas cuestiones litigiosas los tribunales contendientes ejercieron su arbitrio judicial a través de una labor racional interpretativa para llegar a una solución determinada.

Segundo requisito: Razonamiento y diferendo de criterios interpretativos. En los ejercicios interpretativos realizados por los Tribunales Colegiados de Circuito mencionados existen razonamientos sobre la aplicación o no de la tesis de jurisprudencia número 3a./J. 8/93, de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "OBLIGACIONES MERCANTILES CON INTERESES. APLICACIÓN DE LAS ENTREGAS A CUENTA DEL ADEUDO." (Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 66, junio de 1993, materia civil, página 12) y del artículo 2094 del Código Civil para el Distrito Federal, en la etapa de ejecución voluntaria de una sentencia definitiva en juicios civiles o mercantiles, y es el caso que cada Colegiado federal adoptó posiciones o criterios jurídicos discrepantes sobre los mismos temas.

El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito sostuvo que cuando en un juicio ordinario mercantil se impone una condena líquida (suerte principal) y otra ilíquida (intereses), el pago efectuado en cumplimiento de una sentencia ejecutoria, concretamente derivado de un requerimiento de pago, debe aplicarse a la parte líquida y no a otro u otros conceptos aún no determinados, por ser imposible satisfacer lo que no ha sido aún cuantificado.

Sin que en tal caso resulten aplicables, así lo expuso dicho Tribunal Colegiado, los artículos 364 del Código de Comercio y 2094 del Código Civil para el Distrito Federal, ni la citada tesis de jurisprudencia número 3a./J. 8/93, porque tanto aquéllos como ésta comprenden situaciones distintas a la ejecución de una sentencia definitiva.

El indicado criterio del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito quedó plasmado en la tesis aislada número I.10o.C.22 C, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA EN UN JUICIO MERCANTIL, EL PAGO HECHO EN ETAPA DE. DEBE APLICARSE AL CAPITAL CUANDO LOS INTERESES AÚN NO HAN SIDO LIQUIDADOS." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, marzo de 2002, materia civil, página 1334)

En sentido opuesto a ese criterio, el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito estableció que el artículo 2094 del Código Civil para el Distrito Federal, sí es aplicable en la etapa de ejecución de una sentencia definitiva, atento a que las condenas líquidas e ilíquidas constituyen una deuda y, por ende, una obligación de pago; que si el citado precepto no distingue el origen de la deuda, no puede eludirse su aplicación so pretexto de que se trata de la ejecución de una sentencia definitiva, pues lo contrario implicaría imponer a los intereses no cuantificados una cualidad que no requiere el citado dispositivo local, y, en apoyo a su criterio, invocó la ya citada tesis de jurisprudencia número 3

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25357-bc3fa407/sentencia-ejecutoriada-en-juicio-civil-o-mercantil-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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