DELINCUENCIA ORGANIZADA. EL ARTÍCULO 171, PÁRRAFO PENÚLTIMO, DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, REFORMADO MEDIANTE DECRETO NÚM. 080, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 10 DE JULIO DE 2013, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE SEÑALA "DELINCUENCIA ORGANIZADA", INVADE LA ESFERA DE ATRIBUCIONES RESERVADA AL CONGRESO DE LA UNIÓN. (Razones aprobadas por unanimidad de once votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza) DELINCUENCIA ORGANIZADA. EL CONGRESO DE LA UNIÓN, AL REFORMAR DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY RELATIVA, MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 23 DE ENERO DE 2009, EJERCIÓ LA FACULTAD QUE LE FUE CONFERIDA PARA LEGISLAR EN ESA MATERIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADO EN EL MISMO MEDIO DE DIFUSIÓN OFICIAL EL 18 DE JUNIO DE 2008. (Razones aprobadas por unanimidad de once votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza) EJECUCIÓN DE LAS SANCIONES PENALES EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. EL ARTÍCULO 26, PÁRRAFO CUARTO, DE LA LEY QUE LA REGULA EN ESA ENTIDAD, REFORMADO MEDIANTE DECRETO NÚM. 080 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 10 DE JULIO DE 2013, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE DICE "DEBERÁ RESTRINGIR LAS COMUNICACIONES DE LOS IMPUTADOS O CONDENADOS CON TERCEROS, SALVO EL ACCESO DE SU DEFENSOR. TAMBIÉN", VULNERA LOS PRINCIPIOS DE REINSERCIÓN SOCIAL Y PRO PERSONA. (Razones aprobadas por unanimidad de diez votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz -con la invalidez adicional de la referencia al artículo 176 del Código Penal del Estado de Nuevo León-, Margarita Beatriz Luna Ramos -con la invalidez adicional de toda su primera parte-, José Fernando Franco González Salas -con la invalidez adicional de la referencia al artículo 176 del Código Penal del Estado de Nuevo León-, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo -con la invalidez adicional de la referencia al artículo 176 del Código Penal del Estado de Nuevo León-, Luis María Aguilar Morales -con la invalidez adicional de la referencia al artículo 176 del Código Penal del Estado de Nuevo León-, Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza. La Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas no asistió a la sesión de tres de julio de dos mil catorce) PRISIÓN PREVENTIVA. DEBE DECLARARSE LA INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 171, PÁRRAFO PENÚLTIMO, DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, REFORMADO MEDIANTE DECRETO NÚM. 080, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 10 DE JULIO DE 2013, EN LAS PORCIONES NORMATIVAS QUE SEÑALAN: "REBELIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES; TERRORISMO; Y AGRUPACIÓN DELICTUOSA; CONTRA LA SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 165 BIS ..." Y "... PARRICIDIO; PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD A QUE SE REFIERE LOS ARTÍCULOS 354, 355 Y 355 BIS; Y ROBO COMETIDO POR MÉTODOS VIOLENTOS, PREVISTOS EN EL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN ...", AL NO PREVERSE AQUELLA MEDIDA EN EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA ESOS DELITOS. (Razones aprobadas por mayoría de nueve votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza. El Ministro José Ramón Cossío Díaz votó en contra de las consideraciones. La Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas no asistió a la sesión de tres de julio de dos mil catorce) PRISIÓN PREVENTIVA. EL ARTÍCULO 171, PÁRRAFO ÚLTIMO, DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, REFORMADO MEDIANTE DECRETO NÚM. 080, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 10 DE JULIO DE 2013, AL ESTABLECER QUE TRATÁNDOSE DE OTROS DELITOS, PODRÁ APLICARSE ESA FIGURA U OTRAS MEDIDAS CAUTELARES, SIEMPRE QUE RESULTEN PROCEDENTES DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DEL TÍTULO RELATIVO, ES CONSTITUCIONAL. (Razones aprobadas por mayoría de nueve votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Mor
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 21/2013. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 3 DE JULIO DE 2014. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIA: MAKAWI STAINES DÍAZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al tres de julio de dos mil catorce.
VISTOS; y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Presentación de la acción, autoridades emisora y promulgadora y norma impugnada. Por oficio presentado el ocho de agosto de dos mil trece, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Raúl Plascencia Villanueva, en su calidad de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de las normas emitidas y promulgadas por los órganos que a continuación se mencionan:
a) Autoridad emisora: Congreso del Estado de Nuevo León.
b) Autoridad promulgadora: Gobernador del Estado de Nuevo León.
Las normas impugnadas se hacen consistir en los siguientes artículos reformados mediante Decreto Número 80, publicado en el Periódico Oficial estatal el diez de julio de dos mil trece:
a) El artículo 26, párrafo cuarto, de la Ley que Regula la Ejecución de las Sanciones Penales del Estado de Nuevo León.
b) El artículo 171, segundo, tercero y cuarto párrafos del Código Procesal Penal para el Estado de Nuevo León.
c) El artículo 275 Bis del Código de Procedimientos Penales del Estado de Nuevo León.
SEGUNDO. Concepto de invalidez. El promovente esgrimió, en síntesis, los siguientes conceptos de invalidez:
a) Los artículos 26, párrafo cuarto, de la Ley que Regula la Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Nuevo León, 171, párrafos segundo, tercero y cuarto, del Código Procesal Penal y 275 Bis del Código de Procedimientos Penales, todos del Estado de Nuevo León, invaden la esfera de competencia exclusiva del Congreso de la Unión, al regular en materia de delincuencia organizada.
El artículo 73, fracción XXI, constitucional establece la facultad del Congreso de la Unión para legislar en dicha materia, lo cual fue confirmado por la Primera Sala, al emitir la tesis 1a. CXXVI/2010, de rubro: "DELINCUENCIA ORGANIZADA. EL CONGRESO DE LA UNIÓN Y LOS CONGRESOS LOCALES CONTABAN CON FACULTADES CONCURRENTES PARA LEGISLAR EN ESTA MATERIA (CON ANTERIORIDAD A LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 18 DE JUNIO DE 2008)."
No obstante, los artículos impugnados regulan la materia de delincuencia organizada, al establecer que la autoridad penitenciaria deberá restringir las comunicaciones de los imputados o condenados, entre otros, por este delito, con terceros, salvo con su defensor (artículo 26); que la prisión preventiva se impondrá de oficio, entre otros, por dicho delito (artículo 171, tercer y cuarto párrafos) y que la prueba de ADN -ácido desoxirribonucleico- será la única para demostrar la identidad de un testigo, entre otros casos, por el delito en comento (artículo 275 Bis).
Por tanto, el Poder Legislativo del Estado de Nuevo León invadió la competencia exclusiva del Congreso de la Unión.
b) El artículo 26, párrafo cuarto, de la Ley de Ejecución de Sanciones local vulnera los principios de reinserción social y pro persona, al restringir las comunicaciones de los imputados o condenados, entre otros, por el delito de delincuencia organizada, con terceros, salvo su defensor.
El artículo 18 constitucional regula el marco jurídico del sistema penitenciario, cuya finalidad es la reinserción social del sentenciado, basada en los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograrla.
Este artículo es producto de la reforma constitucional en materia penal de dieciocho de junio de dos mil ocho, que pretendió reestructurar el sistema de impartición de justicia en materia penal, incluyendo la ejecución de sanciones. El punto toral consistió en establecer como finalidad del sistema penitenciario la reinserción social en sustitución de la readaptación social, pues se consideró que en prisión no podría readaptarse una persona a la sociedad por ser una institución total y excluyente, en cambio, el término de reinserción social resulta más completo y adecuado por tener como objetivo que los reclusos no vuelvan a delinquir. Asimismo, en esta reforma se adicionaron la salud y el deporte como medios para lograrla.
De este modo, el artículo 26 impugnado contraría el espíritu del Constituyente, ya que la restricción impuesta implicaría que los sentenciados por delitos de delincuencia organizada o que requieran medidas especiales de seguridad no alcancen una verdadera reinserción social, debido a que se les quita la posibilidad de comunicarse, por ejemplo, con sus familiares, que son indispensables para lograr dicho objetivo.
Igualmente, en el marco internacional, los artículos 5.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos(1) establecen que la finalidad del régimen penitenciario es la readaptación social. Los principios 15 y 19 del Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión(2) prevén que no debe mantenerse a la persona presa o detenida incomunicada del mundo exterior, en particular, de su familia; mientras que los principios 38 y 39 establecen que, excepto en casos especiales, las personas tienen derecho a la libertad en espera del juicio penal, con sujeción a las condiciones que se impongan conforme a derecho.
Del marco internacional referido se desprende que la reinserción social es un derecho fundamental de los sentenciados, cuyo cimiento es la comunicación con el exterior, en particular, con los familiares, por lo que es necesario promover y fomentar toda actividad acorde con este fin, contrario a lo que sucede con la norma impugnada que aísla por completo al sentenciado de la sociedad a la que pretende reinsertarlo.
c) El artículo 171, párrafos segundo, tercero y cuarto, del Código Procesal Penal Local, al disponer que en cualquier delito podrá aplicarse la prisión preventiva u otras medidas cautelares, siempre que resulten procedentes, es discrecional y violatorio de los principios de seguridad jurídica y legalidad y, en consecuencia, de los principios de reinserción social, libertad personal y presunción de inocencia.
Los artículos 18 y 19 constitucionales permiten la aplicación de la prisión preventiva cuando se cumplan diversos requisitos, entre ellos, que los supuestos estén determinados por ley.
En este sentido, el artículo 171 impugnado establece que podrán aplicarse la prisión preventiva u otras medidas cautelares siempre que resulten procedentes, lo cual no dotó de contenido a las disposiciones constitucionales referidas, pues el artículo impugnado carece de los elementos que delimiten la procedencia de la prisión preventiva, lo que genera un argumento circular que transgrede los principios de seguridad jurídica y legalidad, ya que los indiciados no tienen certeza sobre los casos en los que procede.
En virtud de que la prisión preventiva vulnera los derechos de libertad, seguridad jurídica y presunción de inocencia, así como los fines de la reinserción social, es importante que la ley regule clara y detalladamente sus alcances y modalidades. De lo contrario, se generan normas abiertas que provocan discrecionalidad en su aplicación, otorgando a los Jueces un alto potencial de lesionar gravemente los derechos humanos de los indiciados.
Al respecto, se reitera que toda medida que restrinja o limite algún derecho fundamental debe contar con límites y alcances claros y precisos, además de perseguir un fin constitucional y legítimo, de conformidad con la tesis P. XII/2011, de rubro: "CONFLICTOS QUE INVOLUCRAN DERECHOS FUNDAMENTALES. SU RESOLUCIÓN JURÍDICA."
En el caso, la disposición impugnada es ambigua sobre los casos en los que procede la aplicación de la prisión preventiva, ya que no establece quiénes podrán ser sujetos a esta medida y bajo qué circunstancias, por lo que se violan los principios de reinserción social, presunción de inocencia y derecho a la libertad personal, tutelados en los artículos 5, 7 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 9 y 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 3, 9 y 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
d) El artículo 275 Bis del Código de Procedimientos Penales estatal viola el derecho a la intimidad y no supera el test de proporcionalidad correspondiente, al ordenar de manera forzosa la realización de una prueba de ADN como única forma para identificar a testigos de ciertos delitos.
El derecho a la intimidad ha sido definido por esta Suprema Corte como aquel que legitima a su titular para exigir respeto a su vida privada y repudiar toda intromisión o molestia en el ámbito reservado de su vida,(3) el cual está consagrado en el artículo 16 constitucional, deriva de la inviolabilidad del domicilio, se extiende por mayoría de razón a ámbitos más privados, como el cuerpo de una persona y sus componentes, e implica la protección de derechos conexos, entre ellos, la protección de la integridad física y moral.
En el marco internacional, este derecho se encuentra protegido en los artículos 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Resulta aplicable, por identidad jurídica, la tesis 1a./J. 17/2003, de rubro: "PRUEBA PERICIAL EN GENÉTICA. SU ADMISIÓN Y DESAHOGO TIENEN UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN SUSCEPTIBLE DE AFECTAR DERECHOS SUSTANTIVOS DE LA PERSONA.", derivada de la contradicción de tesis 81/2002-PS, en la que se resolvió que la obtención del ADN implica la toma de muestras, por lo general de sangre, aunque también otros tejidos orgánicos, lo cual implica la posibilidad real de poner en evidencia características o condiciones genéticas relacionadas con aspectos patológicos hereditarios, tendencias o proclividad a determinadas conductas, lo que pertenece a la más absoluta intimidad.
Por otra parte, se reitera que, de conformidad con parámetros internacionales, toda medida que limite derechos fundamentales debe ser sometida a un test de proporcionalidad para determinar si persigue un fin legítimo, si es necesaria para la persecución de dicho fin sin que exista un medio igualmente eficaz pero menos restrictivo y si es proporcional, es decir, si existe equilibrio entre los beneficios que se obtienen con la medida y los daños que ocasiona.
De conformidad con lo anterior, el artículo 275 Bis impugnado persigue un fin legítimo, consistente en que haya total certeza sobre la identidad del testigo que comparece a rendir su testimonio en un proceso penal, lo cual es importante para determinar su veracidad y valorarlo, en atención a la gravedad de los delitos a los que se les impone dicho requisito.
No obstante, esta medida no cumple con los requisitos de necesidad ni proporcionalidad, puesto que existen alternativas para que el Juez se cerciore de la identidad del testigo menos invasivas, como la exhibición de la credencial para votar u otro documento oficial con fotografía. Por tanto, entregar al Juez de manera forzosa una muestra de sangre u otro tejido corporal para rendir testimonio en un proceso penal no guarda proporción con el fin perseguido.
La proporcionalidad exige el cumplimiento de dos premisas básicas: una decisión judicial que autorice realizar la medida y el consentimiento de la persona, lo cual no está contemplado en el artículo impugnado. Asimismo, deben sopesarse diversos factores como la gravedad del delito, el número de víctimas y su vulnerabilidad, el bien jurídico tutelado, el impacto para los derechos de las víctimas y el valor probatorio de la prueba, en el caso, la testimonial.
Por todo lo anterior, la norma impugnada no es razonable y transgrede directamente el derecho a la intimidad.
TERCERO. Artículos constitucionales que se estiman violados. Los preceptos de la Constitución General que se estiman vulnerados son los artículos 1o., 14, 16, 18, 19, 20 y 73, fracción XXI.
CUARTO. Admisión y trámite. Por acuerdo de nueve de agosto de dos mil trece, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, a la que correspondió el número 21/2013.
Asimismo, mediante certificación, se ordenó remitir el expediente al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea quien, por razón de turno, fue designado como ponente para formular el proyecto de resolución respectivo.
En proveído de doce de agosto de dos mil trece, el Ministro instructor admitió la acción relativa y ordenó dar vista al órgano legislativo que emitió las normas y al ejecutivo que las promulgó, para que rindieran sus respectivos informes.
QUINTO. Informe de la autoridad emisora del decreto impugnado. El Congreso del Estado de Nuevo León, al rendir su informe, sostuvo la validez de la norma impugnada, de conformidad con los siguientes argumentos:
a) El Congreso Local no ha invadido la facultad exclusiva del Congreso de la Unión para legislar en materia de delincuencia organizada, en términos del artículo 73, fracción XXI, constitucional, toda vez que dicho delito no se encuentra regulado en la entidad federativa, sino en el artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Si bien el artículo 176 del Código Penal para el Estado de Nuevo León establece que se impondrá pena de prisión a quien forme parte de una banda de dos o más personas, organizada para delinquir, por el solo hecho de ser miembro de la agrupación e independientemente de la pena que le corresponda por el delito que se cometiere; no se trata del delito de delincuencia organizada, debido a que éste se configura con la participación de tres o más personas organizadas de forma permanente o reiterada para realizar conductas, cuya finalidad esté contemplada en alguno de los supuestos del artículo 2o. referido, las que no se encuentran previstas en la legislación local.
Lo anterior se apoya en la tesis aislada 1a. CLXVIII/2004, de rubro: "DELINCUENCIA ORGANIZADA. EL DELITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2o. DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, ES AUTÓNOMO CON RESPECTO AL DE ASOCIACIÓN DELICTUOSA CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 164 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL."
No obsta a lo anterior el hecho de que el artículo 171 del Código Procesal Penal estatal se refiere al delito de delincuencia organizada, pues es un error terminológico, en virtud de que el Código Penal Local no contempla ese ilícito.
b) El artículo 26 de la Ley que Regula la Ejecución de las Sanciones Penales del Estado no vulnera los principios de reinserción social y pro persona, al restringir las comunicaciones de los imputados o condenados con terceros salvo su defensor.
En términos de dicho ordenamiento legal, el programa de reinserción social se fundamenta en el tratamiento individualizado sobre el trabajo, capacitación para el mismo, educación, salud, cultura de legalidad, deporte, tratamiento de apoyo como terapia psicológica, individual y grupal, orientación familiar, vocacional y tratamiento auxiliar, que comprende disciplinas de arte, cultura, religiones y demás que tiendan a mejorar el desarrollo humano para lograr la reinserción social del interno y procurar que no vuelva a delinquir.
Así, el artículo 26 impugnado no debe interpretarse en forma literal ni aislada, sino teleológica y concatenadamente con las demás disposiciones del ordenamiento jurídico al que pertenece, las cuales establecen que la autoridad adoptará las medidas necesarias para procurar que el interno tenga un retorno progresivo a la vida en sociedad, mediante un régimen preparatorio para su liberación y reinserción social.
El objeto de restringir las comunicaciones de los imputados o condenados con terceros es la propia seguridad del interno y su pronta reinserción social. Aunado a que restringir no equivale a quitar, sino únicamente a limitar, esto es, no todas la comunicaciones les serán permitidas por cuestiones de seguridad, lo cual no propicia resultados contrarios a la reinserción social.
c) El artículo 171, párrafos segundo, tercero y cuarto, del Código Procesal Penal estatal señala los delitos objeto de la prisión preventiva, y si bien deja abierta la posibilidad de su aplicación para otros delitos, lo acota a que resulte procedente en términos de las disposiciones de ese título, lo que significa que para aplicar estas medidas el juzgador deberá estarse a lo dispuesto en tales artículos.
Asimismo, no debe soslayarse que la imposición de la prisión preventiva se regirá por el principio de proporcionalidad, que implica que el juzgador tiene la obligación de considerar que la medida sea adecuada al objetivo que se pretende y que el resultado no pueda obtenerse con una medida menos gravosa.
Luego entonces, la medida cuenta con límites y alcances claros y precisos, además de perseguir un fin constitucional legítimo, consistente en asegurar la presencia del imputado en el juicio, evitar que obstaculice la investigación o el proceso y garantizar la seguridad o integridad de la víctima o testigos.
d) El artículo 275 Bis del Código de Procedimientos Penales estatal, que establece que en ciertos delitos los testigos únicamente podrán acreditar su identidad con la prueba de ADN, no debe interpretarse literalmente, sino en forma teleológica, armónica e integral con las demás disposiciones legales.
Del ordenamiento jurídico en referencia se advierte que esta medida solamente se impone a conductas antisociales que por su gravedad merecen un trato especial. En cambio, en los delitos de menor peligrosidad, es suficiente la identificación mediante credencial para votar con fotografía o un documento fidedigno.
Esta medida fue adoptada porque se advirtió que con los medios tradicionales de identificación, como la credencial para votar con fotografía, resultaba fácil que cualquier persona que tuviera injerencia en el proceso o acceso accidentalmente a él obtuviera datos precisos del testigo, como su nombre, fotografía y dirección, siendo factible poner en riesgo su seguridad e integridad física.
Asimismo, con esta medida se hace responsable al Ministerio Público de mantener en reserva la identidad del testigo.
SEXTO. Informe de la autoridad promulgadora del decreto impugnado. El Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, al rendir su informe, en síntesis, señaló:
a) Los conceptos de invalidez aducidos por el promovente corresponden a actos de competencia exclusiva del Poder Legislativo del Estado, puesto que en el procedimiento legislativo el Poder Ejecutivo únicamente es competente para la sanción, promulgación y publicación de las normas. En el caso, su participación fue apegada a derecho, de conformidad con los artículos 75, 77, 85, fracción X y 88 de la Constitución Estatal.
b) El artículo 73, fracción XXI, constitucional faculta al Congreso de la Unión para legislar en materia de delincuencia organizada, atribución que fue ejercida al expedir la ley federal en la materia. En el artículo 2o. de dicho ordenamiento se establece que cuando un miembro de la delincuencia organizada cometa alguno de los delitos previstos en las fracciones I, II, III y IV serán investigados, perseguidos, procesados y sancionados conforme a las disposiciones de la ley federal en comento, pero si comete alguno de los delitos establecidos en las fracciones V y VII se procederá conforme al mismo ordenamiento sólo si el Ministerio Público de la Federación ejerce la facultad de atracción.
Es decir, estos delitos no serán investigados, perseguidos, procesados y sancionados por el Ministerio Público de la Federación si no ejerce su facultad de atracción, por lo que los Poderes Legislativos estatales deberán establecer las reglas mínimas indispensables para los casos que sean competencia del Ministerio Público Local.
En consecuencia, el Congreso de Nuevo León no invadió la esfera de competencia del Congreso de la Unión, ya que ejerció la competencia residual que éste le otorgó mediante la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
c) La reforma constitucional de dos mil ocho estableció las bases para un nuevo sistema de justicia y constitucionalizó el principio de presunción de inocencia. Sin embargo, instauró un régimen especial, principalmente para el delito de delincuencia organizada.
El artículo 19, segundo párrafo, constitucional establece que la prisión preventiva es una excepción, no la regla general, en refuerzo al principio de presunción de inocencia. Señala que esta medida se ordenará oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos y delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.
Asimismo, el artículo 18 constitucional establece un sistema penitenciario, cuyo objeto es la reinserción social, basado en los derechos humanos, lo cual convive con el régimen especial establecido para determinados delitos, entre ellos, la delincuencia organizada.
Bajo estas consideraciones, el artículo 26 de la Ley que Regula la Ejecución de las Sanciones Penales estatal es acorde con el artículo 18 constitucional, en particular, con el último párrafo, que prevé que las autoridades competentes -en este caso las autoridades penitenciarias- pueden restringir las comunicaciones de los inculpados y sentenciados por delincuencia organizada con terceros, pues la propia Constitución permite esta restricción no sólo para los casos de delincuencia organizada, sino para otros en los que se requieran medidas especiales de seguridad.
El requisito para que este tipo de medidas especiales de seguridad sean constitucionales es que su necesidad sea consignada en ley, lo cual es cumplido por el artículo 26 impugnado, que se circunscribe en el régimen especial que la Constitución General ha determinado para delitos que dañen gravemente a la sociedad, como la delincuencia organizada.
d) El promovente realiza una interpretación aislada del artículo 171 del Código Procesal Penal del Estado, en lugar de interpretarlo armónicamente con el título que lo contiene.
Este artículo establece que la prisión preventiva no oficiosa (sic) y otras medidas cautelares podrán aplicarse a delitos distintos de los señalados por la Constitución si resultan procedentes, de conformidad con las disposiciones del título séptimo, denominado "Medidas cautelares", el cual establece los requisitos y procedimientos para su aplicación.
Así, la imposición de la prisión preventiva debe ajustarse a los parámetros establecidos en la legislación y a lo dispuesto por la Constitución General.
e) El artículo 275 Bis del Código de Procedimientos Penales estatal no viola el derecho a la privacidad o intimidad consagrado en el artículo 16 constitucional, al establecer que la prueba de ADN será el único medio para acreditar la identidad de los testigos, toda vez que se encuentra dentro de las limitaciones que la Constitución establece para las autoridades.
Del artículo 20, apartados B, fracciones III y V, y C, fracción V, constitucional se desprende que el Estado tiene la obligación de resguardar la identidad y proteger la integridad de las víctimas y testigos en un proceso penal, que es la finalidad de la prueba de ADN en el caso.
De acuerdo con el artículo 34 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información estatal, esta información constituye un dato personal y tendrá el carácter de confidencial de manera indefinida, por lo que sólo tienen acceso a ella los titulares de la misma y los servidores públicos que requieran conocerla en el debido ejercicio de sus funciones.
Por su parte, la posible invasión a la intimidad de las personas debe ser ponderada frente a los derechos de seguridad, integridad y vida, lo que hace que esta medida sea necesaria, razonable y proporcional al fin que persigue, consistente en la protección y salvaguarda de los derechos fundamentales de los testigos.
SÉPTIMO. Opinión de la procuradora general de la República. Al formular su opinión, en relación con la acción de inconstitucionalidad 21/2013, manifestó:
a) La Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para sustanciar y resolver la presente acción de inconstitucionalidad, quien la suscribe tiene legitimación para ello y su presentación fue oportuna.
b) Las entidades federativas aún cuentan con atribuciones en materia de delincuencia organizada, toda vez que si bien el artículo 73, fracción XXI, faculta al Congreso de la Unión para legislar en la materia, el artículo sexto transitorio del decreto por el que reformó dicho artículo constitucional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, previó que, en tanto se expidiera la legislación correspondiente -lo cual todavía no ocurre-, continuarían vigentes las legislaciones locales en la materia.
Lo anterior se confirma con el Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, del que se desprende que el objetivo del artículo sexto transitorio fue evitar lagunas legales que impidan perseguir el delito de delincuencia organizada, para lo cual, es necesario que las Legislaturas Locales puedan regular este delito.
Por tanto, el Congreso del Estado de Nuevo León acata la Constitución General, al regular en la materia, resultando infundado el primer concepto de invalidez.
c) La restricción en las comunicaciones de los imputados o condenados con terceros, salvo su defensor, establecida en el artículo 26, párrafo cuarto, de la Ley que Regula la Ejecución de las Sanciones Penales del Estado no vulnera derecho humano alguno, pues es una restricción razonable y proporcional a la gravedad de los casos en los que puede ser aplicada.
Se precisa que la restricción de las comunicaciones no equivale a prohibirlas absolutamente, sino a sujetarlas a modalidades razonables considerando cada caso concreto y la gravedad de las conductas reguladas, lo cual no contraviene a la reinserción social, pues sí es posible tener contacto con personas en el exterior.
Aunado a lo anterior, el artículo 26 impugnado es acorde con el artículo 18, párrafo noveno, constitucional, que señala expresamente la posibilidad del legislador ordinario de restringir las comunicaciones en casos como los establecidos por la norma combatida, lo que se justifica dada la naturaleza de los delitos involucrados y la forma en que afectan a la sociedad.
Por otro lado, los instrumentos internacionales invocados en la demanda no tienen la fuerza de tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano sino que son soft law y, por ende, no son vinculantes.
Sin embargo, el artículo 26 impugnado no es contrario a dichos instrumentos internacionales. El artículo 8 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos establece que los reclusos pertenecientes a categorías diversas deberán ser alojados en diferentes establecimientos, de lo que se infiere la posibilidad de hacer diferencias entre ellos con base en su edad, sexo, antecedentes, motivos para su detención, entre otros. Por su parte, los artículos 37 a 39 del mismo ordenamiento establecen el derecho de las personas en reclusión de comunicarse con sus familiares y amigos de buena reputación de manera periódica y bajo debida vigilancia, lo que permite concluir que no se trata de un derecho absoluto, sino que admite modalidades.
El principio 18 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión prevé el derecho de toda persona detenida o presa de comunicarse con su abogado, lo cual no podrá suspenderse ni restringirse salvo en circunstancias excepcionales que serán determinadas por la ley o reglamentos citados conforme a derecho, cuando un Juez u otra autoridad lo considere indispensable para mantener la seguridad y el orden. Es decir, incluso, puede restringirse la visita y consulta con el abogado por causas excepcionales determinadas por ley o reglamento, lo cual de ninguna manera es restringido por el artículo 26 combatido.
Finalmente, del principio 19 del mismo instrumento internacional, que indica que toda persona detenida o presa tendrá el derecho de ser visitada, en particular por sus familiares, y tener correspondencia de ellos y contacto con el mundo exterior con las condiciones y restricciones razonables determinadas por ley o reglamentos dictados conforme a derecho, se concluye que este derecho no es absoluto, ya que admite restricciones.
Si bien es cierto que el artículo impugnado no precisa las circunstancias en que se restringirán las comunicaciones, ello no significa que la norma sea inconstitucional, en la medida que las normas reglamentarias establecerán dichas circunstancias específicas y modalidades, de conformidad con el artículo 19 citado.
d) Los supuestos en los que se aplicará la prisión preventiva, prevista en el artículo 171, párrafos segundo, tercero y cuarto, del Código Procesal Penal estatal, serán aquellos establecidos por el 19, segundo párrafo, constitucional, consistentes en delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos, delitos graves, contra la seguridad de la nación, libre desarrollo de la personalidad y la salud.
El artículo 19 citado señala que la prisión preventiva procede cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado haya sido previamente sentenciado por delito doloso.
La prisión preventiva se rige por el principio de subsidiariedad, esto es, que se opte p
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25364-0b41cd29/delincuencia-organizada-el-articulo-171-parrafo-penultimo-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- MEDIO DE DEFENSA INNOMINADO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. EL INCULPADO O QUIEN SE OSTENTE COMO TAL, NO ESTÁ OBLIGADO A INTERPONERLO, P (1a./J. 9/2021 (11a.))
- DELITO DE ACUSACIÓN O DENUNCIAS FALSAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 154 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MÉXICO. LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ DE CONTROL QUE CONFIRMA LA DETERMINACIÓN DEL MINIST (II.2o.P.36 P (11a.))
- MEDIO DE DEFENSA INNOMINADO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. EL INCULPADO O QUIEN SE OSTENTE COMO TAL, NO ESTÁ OBLIGADO A INTERPONERLO, P (1a./J. 9/2021 (11a.))
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