CANDIDATURAS COMUNES. EL ARTÍCULO 35, PÁRRAFO PRIMERO, NUMERAL 6, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE GUERRERO, REFORMADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 453, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL 29 DE ABRIL DE 2014, AL PREVER QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS CON NUEVO REGISTRO NO PODRÁN FORMAR AQUÉLLAS, HASTA EN TANTO NO HAYAN PARTICIPADO DE MANERA INDIVIDUAL EN UN PROCESO LOCAL, NO CONTRAVIENE LOS DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES DE VOTAR Y SER VOTADO, PROTEGIDOS EN EL ARTÍCULO 35, FRACCIONES II Y III, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. (Razones aprobadas por unanimidad de once votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza) CANDIDATURAS COMUNES. EL ARTÍCULO 35, PÁRRAFO PRIMERO, NUMERAL 6, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE GUERRERO, REFORMADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 453, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL 29 DE ABRIL DE 2014, AL PREVER QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS CON NUEVO REGISTRO NO PODRÁN FORMAR AQUÉLLAS, HASTA EN TANTO NO HAYAN PARTICIPADO EN MANERA INDIVIDUAL EN UN PROCESO LOCAL, NO TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE CERTEZA Y EQUIDAD EN MATERIA ELECTORAL. (Razones aprobadas por unanimidad de once votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza) CANDIDATURAS COMUNES. EL ARTÍCULO 35, PÁRRAFO PRIMERO, NUMERAL 6, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE GUERRERO, REFORMADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 453, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL 29 DE ABRIL DE 2014, AL PREVER QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS CON NUEVO REGISTRO NO PODRÁN FORMAR AQUÉLLAS, HASTA EN TANTO NO HAYAN PARTICIPADO DE MANERA INDIVIDUAL EN UN PROCESO LOCAL, NO VULNERA LA LIBERTAD DE ASOCIACIÓN EN MATERIA POLÍTICA, CONTENIDA EN LOS ARTÍCULOS 9o. Y 35, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. (Razones aprobadas por unanimidad de once votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza) LIBERTAD DE ASOCIACIÓN. NO ES ABSOLUTA PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS, EN TANTO QUE, POR UNA PARTE, SU PARTICIPACIÓN EN LOS PROCESOS ELECTORALES QUEDA SUJETA A LO QUE DISPONGA LA LEY ORDINARIA, YA SEA LOCAL O FEDERAL Y, POR OTRA, PORQUE COMPETE AL LEGISLADOR PREVER LA FORMA EN QUE SE ORGANIZARÁN, EN MATERIA POLÍTICA, LOS CIUDADANOS, ACORDE A CRITERIOS DE RAZONABILIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 9o., 35, FRACCIÓN III Y 41, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL). (Razones aprobadas por unanimidad de once votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza)
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 17/2014. PARTIDO POLÍTICO MOVIMIENTO CIUDADANO. 9 DE SEPTIEMBRE DE 2014. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al día nueve de septiembre de dos mil catorce.
VISTOS, para resolver la acción de inconstitucionalidad identificada al rubro; y
RESULTANDO:
PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintitrés de mayo de dos mil catorce, Dante Alfonso Delgado Rannauro, Jaime Álvarez Cisneros, Jesús Armando López Velarde Campa, Alejandro Chanona Burguete, Ricardo Mejía Berdeja, José Juan Espinosa Torres, Juan Ignacio Samperio Montaño y Nelly del Carmen Vargas Pérez, con el carácter de coordinador e integrantes, respectivamente, de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano, promovieron acción de inconstitucionalidad en contra del Decreto Número 453 por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad federativa, el veintinueve de abril de dos mil catorce, señalando como autoridades demandadas al Congreso y gobernador del Estado de Guerrero, y al secretario general de Gobierno de dicha entidad federativa.
SEGUNDO. Conceptos de invalidez. El partido político promovente señaló que la norma cuya invalidez demanda es violatoria de los artículos 1o., 9o., 35, fracción III; 41, párrafos primero y segundo, Bases I y II; 116, fracción IV, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y expresó los conceptos de invalidez que a continuación se resumen:
Primer concepto de invalidez. Que el Decreto Número 453 por el cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Guerrero, concretamente su artículo 35, párrafo primero, numeral 6, es violatorio de los artículos 9o., 41 y 116 de la Constitución Federal, porque limita la participación en candidatura común a los partidos políticos de nuevo registro, lo que se traduce en un obstáculo que no prevé la Ley Fundamental, restringiendo el pleno goce de los derechos de asociación y participación política previstos en esas disposiciones constitucionales, así como en tratados internacionales.
Segundo concepto de invalidez. Que el artículo 1o. de la Constitución Federal obliga a las autoridades a respetar los derechos fundamentales reconocidos en tratados internacionales, además de que las normas relativas a derechos humanos siempre tenderán a ampliar éstos y no a limitarlos, de ahí que toda restricción a derechos de esa naturaleza deviene inconstitucional. Sobre esa base, argumenta que la disposición impugnada, limita el derecho fundamental del ciudadano en su vertiente de acceso a cualquier cargo público, sumada a la violación al derecho de libre asociación y participación política, ya que la disposición se refiere a tres tipos de alianzas, a saber: los frentes, las coaliciones y las candidaturas comunes; y de ellas, la candidatura común representa una mejor y más amplia opción de participación de los ciudadanos que han sido seleccionados como candidatos de un partido con nuevo registro, pues permite maximizar su derecho a ser votado en su vertiente de acceso al poder y, a pesar de ello, el artículo combatido desconoce los derechos fundamentales referidos, en virtud de que niega la posibilidad a los ciudadanos de participar como candidatos comunes de partidos políticos constituidos con anterioridad junto con un partido de nuevo registro.
Que lo anterior es inconstitucional, porque la candidatura común implica una mayor plataforma ciudadana que facilita el acceso al poder a través de un triunfo electoral, lo que representa una auténtica forma de maximizar los derechos fundamentales de los ciudadanos, pues la finalidad de participar como candidatos, será siempre la de obtener el triunfo electoral en ejercicio pleno de sus derechos de ciudadanía, los que no respeta la norma impugnada, por lo que vulnera directamente el pleno ejercicio de los derechos de libertad de asociación y el derecho de ser votado para todos los cargos de elección popular.
Agrega que el partido político con nuevo registro ya obtuvo el reconocimiento tanto formal, material y jurídico necesarios para asumir ese carácter, por lo que está sujeto al mismo régimen de todos los institutos políticos, por tanto, merece el mismo trato que el resto de partidos políticos, desde su derecho a participar en las elecciones con candidatos propios hasta la postulación de candidatos bajo las diferentes formas de asociación política que la propia ley autoriza, empero, el artículo debatido desconoce lo anterior, lo que demuestra que no tiene justificación razonable alguna, ya que para conservar el registro como partido político sólo es necesario acreditar el requisito formal de haber obtenido el tres por ciento de la votación correspondiente, de ahí que no se justifique la limitación combatida, en virtud de que en la candidatura común se vota por cada uno de los partidos políticos que la integran, independientemente de que postulen un candidato afín, por ello, los votos que reciba cada partido político pueden ser determinados con certeza, lo que evidencia que la reforma constitucional cuestionada carece de sustento; además de que de la definición gramatical de la palabra "formar" se infiere que la prohibición de participar en candidatura común a los partidos políticos de nuevo registro no tiene justificación, pues no encuadra en el contenido semántico de la disposición, ya que la candidatura común no se forma, porque no se reúnen partes para integrar un todo, dado que los partidos políticos que la integran conservan su individualidad y sólo comparten en común al ciudadano afín, que será postulado como su candidato.
Por tanto, aduce, suprimir la candidatura común a los partidos con nuevo registro y equipararla a la fusión y la coalición es un acto que viola el derecho de asociación consagrado en el artículo 9o. constitucional, además de que no se puede equiparar la candidatura común con esas figuras; infringiendo también lo dispuesto en el diverso 16 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y el 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
También argumenta que la disposición cuestionada vulnera los principios de certeza y equidad previstos en los artículos 41 y 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Federal, porque es una prohibición arbitraria, innecesaria y desproporcionada, pues no atiende a criterios de razonabilidad, al no guardar congruencia con la finalidad de los partidos políticos, consistente en promover la participación del pueblo en la vida democrática del país, contribuir a la integración de la representación nacional y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible su acceso al ejercicio del poder público; por tanto, la limitación que prevé la disposición combatida viola los artículos 35, fracciones II y III, 41 y 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los diversos 3, 6, 7, 23 y 26 de la Carta Democrática Interamericana, en relación con el 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque los derechos y libertades reconocidos a los militantes de los partidos políticos locales de nueva creación en el Estado de Guerrero, son violados con la limitación establecida en el precepto impugnado.
Tercer concepto de invalidez. En el tercer concepto de invalidez alude al voto activo previsto en la fracción I del artículo 35 de la Constitución Federal, el cual indica que debe ser interpretado de manera conjunta con el diverso 1o. de la propia Carta Magna, ya que para lograr una verdadera potencialización de ese derecho se deben crear medios legales que auténticamente permitan que el ejercicio fundamental del sufragio activo, cuente con mayores posibilidades de triunfo electoral, situación que en la especie sólo se configura con abrir el espacio de participación de candidatos de un partido con nuevo registro a las candidaturas comunes, pues esta figura busca ampliar las posibilidades del triunfo electoral.
Por último, el promovente de la acción indica que si la causa de pedir es insuficiente para invalidar la norma cuestionada, solicita se tenga a bien realizar una interpretación conforme, a efecto de que se entienda en el sentido de que las limitaciones y prohibiciones no signifiquen menoscabo alguno a la libertad, pluralidad y democracia.
TERCERO. Registro del expediente y turno. Por acuerdo de veintiséis de mayo de dos mil catorce, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad, promovida por el coordinador y los integrantes de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano, con el número 17/2014; y, por razón de turno, correspondió al Ministro Alberto Pérez Dayán la tramitación del procedimiento y formulación del proyecto de resolución respectivo.
CUARTO. Admisión. Posteriormente, el Ministro instructor dictó acuerdo de fecha veintisiete de mayo de dos mil catorce, en el que admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad, por lo que ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Guerrero, para que rindieran sus respectivos informes, en términos del artículo 64 de la ley reglamentaria, así como al procurador general de la República para que antes del cierre de la instrucción formulara el pedimento que le corresponde; asimismo, requirió al Poder Ejecutivo de dicha entidad, por conducto de quien legalmente lo representa, para que al rendir su informe acompañara un ejemplar del Periódico Oficial del Estado, en el que se haya publicado el decreto legislativo impugnado; además, requirió al Congreso del Estado, para que al rendir su informe remitiera copia certificada de todos los antecedentes legislativos de la norma general impugnada.
De igual forma, requirió al presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, para que dentro del plazo de tres días naturales, informara a esta Suprema Corte la fecha en que inicia el próximo proceso electoral en dicha entidad federativa; al presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, para que en el plazo de tres días naturales, enviara copia certificada de los Estatutos del Partido Político Movimiento Ciudadano, así como la certificación de su registro vigente, precisando quiénes son los integrantes de la Comisión Operativa Nacional de dicho partido político; y, por último, solicitó al presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que dentro del plazo de seis días naturales, dicha Sala expresara su opinión con relación al presente asunto.
QUINTO. Desahogo de requerimientos. Por acuerdo de tres de junio de dos mil catorce, el Ministro instructor tuvo por recibido el oficio y anexos del secretario ejecutivo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, mediante el cual, remitió copia certificada de los estatutos vigentes de Movimiento Ciudadano, de su constancia de registro como partido político nacional e integración de su Comisión Operativa Nacional; así como tuvo por rendida la opinión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
SEXTO. Desahogo de requerimientos. Por acuerdo de nueve de junio de dos mil catorce, se tuvo por recibido el oficio y anexos de la presidenta de la Mesa Directiva y de la Comisión Permanente de la Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado de Guerrero, mediante el cual rindió su informe y exhibió copia certificada de los antecedentes legislativos de la norma impugnada; asimismo, se ordenó correr traslado con copia de ese informe, al partido político promovente y al procurador general de la República; y tuvo por rendido el informe del presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, quien expresó que el próximo proceso electoral ordinario 2014-2015 para elegir gobernador, diputados y Ayuntamientos en dicha entidad federativa, iniciará en la primera semana de octubre del año en curso.
SÉPTIMO. Desahogo de requerimientos. Por auto de once de junio de dos mil catorce, el Ministro instructor tuvo por recibido el oficio y anexos del gobernador del Estado de Guerrero, mediante el cual rindió su informe, por desahogado el requerimiento realizado en el sentido de exhibir un ejemplar del Periódico Oficial del Estado, en el que se publicó el decreto impugnado; asimismo, se ordenó correr traslado con copia de ese informe, al partido político promovente y al procurador general de la República.
OCTAVO. Opinión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la opinión que formuló sostuvo lo siguiente:
1. Que no resulta inconstitucional el artículo 35, párrafo primero, numeral 6, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, por medio de la cual se establece, en la parte reclamada, que los partidos de reciente creación no pueden formar candidaturas comunes, hasta en tanto no hayan participado de manera individual en un proceso local.
2. Que con independencia de que pudiera asistirle la razón al partido promovente, respecto a que el modelo de candidaturas comunes permite conocer cuántos sufragios obtuvo en lo individual cada partido postulante del candidato común, ello es insuficiente para declarar la inconstitucionalidad de la parte conducente del precepto impugnado, pues la disposición, por sí, no atenta contra algún precepto constitucional. Que esto es así, debido a que la prerrogativa de asociarse y reunirse pacíficamente con fines lícitos, es un derecho establecido a favor de los ciudadanos y no de partidos políticos. Dicha garantía se encuentra a salvo, tratándose del tema en cuestión, ya que los ciudadanos pueden asociarse o reunirse bajo el amparo del partido que por primera vez participe en la elección local, sin que sea necesario que lo haga a través de la postulación de un candidato común; de ahí que no se vulnera el citado artículo y, por ende, contrario a lo manifestado por el partido promovente, tampoco se afectan los derechos político-electorales de votar y ser votado.
3. Agrega, que la disposición impugnada tiene por objeto conocer la fuerza real que tiene el partido de reciente creación o de reciente acreditación en un proceso comicial, cuestión que le permitirá demostrar si cuenta con el suficiente apoyo electoral en lo individual para obtener un porcentaje que le permita, por lo menos, conservar el registro, acceder a las prerrogativas estatales e incluso, a algún cargo de elección popular por el principio de representación proporcional, lo que evidentemente se vería incompleto si desde la primera incursión estatal lo hace a través de la figura de candidatura común, postulando junto con otro instituto político a un mismo candidato.
4. Concluye expresando que no existe prohibición constitucional que impida al legislador del Estado de Guerrero regular la participación de partidos de nuevo registro en los términos antes planteados, por lo que la medida en análisis, de conformidad con el estudio llevado a cabo, no riñe con los postulados tutelados en los artículos 1o., 9o., 35, 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
NOVENO. Informe del Poder Legislativo del Estado de Guerrero. El Poder Legislativo del Estado de Guerrero en el informe que le fue requerido, argumentó en síntesis, lo siguiente:
1. Que de acuerdo con el artículo 41, párrafo segundo, fracción I, de la Constitución Federal, se deja al legislador ordinario ya sea federal o local, la libre configuración normativa de los términos en que los partidos políticos intervendrán en las formas asociativas a las cuales pueden recurrir dichos institutos, con la limitante de que dicha regulación no resulte arbitraria, innecesaria, desproporcionada o incumpla con criterios de razonabilidad. Sobre esa base, aduce, el veintinueve de abril de dos mil catorce se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, el Decreto Número 453 por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución de esa entidad federativa, en cuyo artículo 35, párrafo primero, numeral 6, se introdujo la regla consistente en que los partidos políticos con nuevo registro, no puedan participar formando fusiones, coaliciones o candidaturas comunes hasta en tanto no hayan participado de manera individual en un proceso electoral local, determinación que se adoptó bajo un criterio razonado y sustentado y en estricto apego a las facultades derivadas por el legislador federal, lo que además fue avalado por la mayoría de los diputados presentes en la sesión y por la mayoría de la totalidad de los Ayuntamientos a quienes corresponde aprobar la reforma constitucional local.
2. Que la disposición controvertida no es contraria ni a la Constitución Federal ni a tratados internacionales, pues garantiza no sólo la equidad con la que deben participar los partidos políticos en los procesos electorales, sino que es una regla general establecida para demostrar cuál es la fuerza electoral real de que disponen, y así configurar la democracia, tan es así, que a los partidos políticos se les exige en cada proceso electoral, mantener cierto porcentaje de votos para conservar su registro; que lo anterior tiene estrecha relación con el principio de equidad, porque los partidos políticos que participan por primera ocasión en un proceso electoral, no han acreditado la representación necesaria para ser sujetos de los mismos derechos que aquellos que han demostrado tener fuerza electoral representativa, pues de los resultados que logre es que confirmará su registro y se demostrará que cuentan con la representatividad suficiente que les permita, equitativamente, ser sujetos de los mismos derechos de los que gozan los partidos políticos que ya acreditaron tener esa representatividad.
3. Incluso, aduce, en diversas normas se encuentran previstas restricciones a la participación de los partidos políticos de nueva creación; ello así se desprende del artículo segundo transitorio, fracción I, inciso f), numeral 5, del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación de diez de febrero de dos mil catorce; así como de lo dispuesto en el artículo 85, numerales 4 y 5, de la nueva Ley General de Partidos Políticos, publicada en el diario referido de veintitrés de mayo de dos mil catorce, de donde se observa que existen restricciones para los partidos políticos de nueva creación, y no por ello pueden tildarse de inconstitucionales, pues lo que se pretende con estas normas es que esos partidos políticos acrediten su verdadera fuerza electoral, demuestren que son una auténtica opción política diferente de cualquier otra y constituyen la expresión política de un sector significativo del pueblo.
4. También argumenta que la norma combatida no violenta o limita el derecho fundamental del ciudadano en su vertiente de acceso a cualquier cargo público, bajo el pretexto de la violación al derecho de asociación y reunión, porque los candidatos pueden ser postulados en candidatura común por los partidos políticos que ya hayan participado en procesos electorales anteriores, y porque de una interpretación armónica de los artículos 9o., 35, fracción III, y 41, fracción I, de la Constitución Federal, debe concluirse que la libertad de asociación tratándose de partidos políticos, no es absoluta, sino que está afectada por una característica de rango constitucional conforme a la cual su participación en los procesos electorales queda sujeta a lo que disponga la ley ordinaria, es decir, corresponde al legislador, ya sea federal o local, establecer en la ley relativa la forma en que se organizarán los ciudadanos en materia política conforme a criterios de razonabilidad que permitan el pleno ejercicio de ese derecho fundamental, así como el cumplimiento de los fines que persiguen los partidos políticos.
Agrega que de los artículos 41 y 116, fracción IV, constitucionales, se evidencia que las entidades federativas tienen plena libertad para establecer las formas específicas de intervención de los partidos políticos nacionales en los procesos electorales locales, es decir, tienen la libertad de establecer cuáles serán las modalidades y formas de participación de dichos institutos en las elecciones locales, ponderando sus necesidades propias y las circunstancias políticas; por tanto, resulta razonable la modalidad prevista en el artículo 35, parágrafo 6, de la Constitución Política del Estado de Guerrero, pues tal norma tiene como finalidades primordiales, la demostración de la fuerza electoral de los nuevos partidos, identificados con sus propios candidatos que postulen sus principios básicos, sus plataformas electorales, ideología y propuestas que los distingan de otros partidos y que realmente constituyan una opción política para el electorado.
Por ello, deben declararse infundados los conceptos de invalidez y declarar la constitucionalidad del artículo 35, numeral 6, de la Constitución Política del Estado de Guerrero.
DÉCIMO. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero. El Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero en el informe que le fue requerido, adujo en síntesis, lo siguiente:
1. Que los conceptos de invalidez son infundados, porque con la reforma y adición del numeral 6 del artículo 35 de la Constitución del Estado de Guerrero, no se afecta el derecho de ser votado, ni tampoco el de libre asociación, puesto que los partidos políticos siguen gozando de libertad para participar en procesos electorales; y si bien se limita su participación en fusiones, frentes, coaliciones o candidaturas comunes, también lo es, que como en todas las libertades, deben preverse condiciones y requisitos para su ejercicio, y en eso consiste el contenido de la norma combatida; que ello es así, porque la disposición simplemente reduce una posibilidad, hasta en tanto el partido de nuevo registro haya participado de manera individual en un proceso electoral, lo cual es entendible porque solamente después de su participación en forma individual, es como podrá advertirse si ese nuevo partido alcanza el tres por ciento de la votación total para conservar su registro, lo que no podría analizarse en caso de alianza, ya que es un hecho notorio, que a un partido de nuevo registro le resulte más difícil ganar la simpatía y estar en el gusto de los votantes.
2. Que el Decreto Número 453 que contiene diversas modificaciones a la Constitución Política del Estado de Guerrero, concretamente su artículo 35 impugnado, no violenta el diverso 9o. de la Constitución Federal, en virtud de que los derechos de asociación y reunión no son ilimitados o sin restricción alguna; además de que esta disposición debe interpretarse de manera armónica y sistemática con los diversos 35, fracciones I, II y III, y 41, fracción I, de la propia Constitución Federal, pues de ese análisis se concluye, que la libertad de asociación tratándose de partidos políticos, no es absoluta, sino que está afectada por una característica de rango constitucional, conforme a la cual, su participación en los procesos electorales queda sujeta a lo que disponga la ley ordinaria, esto es, corresponde al legislador federal o local establecer en la ley la forma en que se organizarán los ciudadanos en materia política y la manera que deben tener participación los partidos políticos en los procesos electorales.
Por ello, agrega, la disposición controvertida en forma alguna limita al aspirante a un cargo de elección popular, en razón de que puede ser postulado por otro partido que no sea de nueva creación; o postularlo posteriormente, una vez que el partido de nueva creación haya participado en su primer proceso electoral. Además de que la norma combatida adopta el contenido del artículo 68 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, que dispone que ningún partido político de nueva creación podrá formar parte de una coalición hasta en tanto no haya participado de manera individual en un proceso electoral local, lo que significa, que previo a la acción de inconstitucionalidad, ya existía disposición relacionada a los partidos de nueva creación, fijando una limitación semejante a la ahora cuestionada.
3. Por último, argumenta que la acción de inconstitucionalidad es improcedente en términos del artículo 19, fracción VIII, en relación con el diverso 61, fracción V, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque es obligación de los promoventes señalar conceptos de invalidez, esto es, el artículo 61 exige como requisito esencial e imprescindible para demostrar la inconstitucionalidad de la norma general que, se impugne que, en el escrito respectivo, se exprese con claridad la contravención de la norma federal o estatal combatida con cualquier precepto de la Constitución Federal; es por tal motivo que se requiere forzosamente señalar la discrepancia que exista entre la Constitución y una norma ordinaria, lo que en el caso no se precisó en la presente demanda, pues no se advierte argumento alguno en ese sentido.
DÉCIMO PRIMERO. Pedimento de la Procuraduría General de la República. El procurador general de la República no formuló pedimento.
DÉCIMO SEGUNDO. Cierre de instrucción. Una vez cerrada la instrucción en este asunto, se envió el expediente al Ministro instructor para la elaboración del proyecto correspondiente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que el partido político promovente de la acción plantea la posible contradicción del artículo 35, párrafo primero, numeral 6, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, con la Constitución General de la República. Ver votación 1
SEGUNDO. Oportunidad en la presentación de la demanda. En este considerando se procede a analizar si la acción de inconstitucionalidad fue presentada oportunamente. Ver votación 2
El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone lo siguiente:
"Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
"En materia electoral, para el cómputo de los plazos, todos los días son hábiles."
Conforme a este artículo, el plazo para la presentación de la acción será de treinta días naturales y el cómputo respectivo debe hacerse a partir del día siguiente al en que se publicó la norma que se impugna, considerándose en materia electoral, todos los días como hábiles.
El Decreto Número 453 por el que se reformaron diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, se publicó en el Periódico Oficial de dicha entidad el veintinueve de abril de dos mil catorce, según se advierte del ejemplar que de dicho medio informativo obra a fojas seiscientos ochenta y siete a ochocientos cuarenta y cuatro del expediente de esta acción; por consiguiente, el plazo de treinta días naturales para promover la acción de inconstitucionalidad inició el treinta de abril y venció el veintinueve de mayo de dos mil catorce.
Ahora bien, el escrito que contiene la acción de inconstitucionalidad se presentó el veintitrés de mayo de dos mil catorce, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, según se advierte de la foja treinta y uno vuelta del expediente en que se actúa; por lo que la demanda se presentó en forma oportuna, conforme a lo dispuesto por el artículo 60 de la ley de la materia.
TERCERO. Legitimación del promovente. Acto continuo se procede a analizar la legitimación del partido político promovente de la acción. Ver votación 3
Los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 62, último párrafo, de su ley reglamentaria prevén lo siguiente:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: ...
"II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.
"Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por: ...
"f) Los partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales o locales; y los partidos políticos con registro estatal, a través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por el órgano legislativo del Estado que les otorgó el registro; ..."
Ley Reglamentaria de las Fracciones I y
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25405-6f6372ac/candidaturas-comunes-el-articulo-35-parrafo-primero-numeral · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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