ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DESESTIMACIÓN RESPECTO DE LOS ARTÍCULOS 22 -EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE ESTABLECE "LOS VOTOS QUE HAYAN SIDO MARCADOS A FAVOR DE DOS O MÁS PARTIDOS COALIGADOS, CONTARÁN PARA LOS CANDIDATOS DE PLANILLA Y SE DISTRIBUIRÁN POR EL CONSEJO DISTRITAL DE FORMA IGUALITARIA PARA EL EFECTO DE LA ASIGNACIÓN DE REGIDORES, EN CASO DE EXISTIR FRACCIÓN, LOS VOTOS CORRESPONDIENTES SE ASIGNARÁN A LOS PARTIDOS DE MÁS ALTA VOTACIÓN"- Y 156 DE LA LEY NÚMERO 483 DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE GUERRERO, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DE ESA ENTIDAD EL 30 DE JUNIO DE 2014, AL NO HABERSE OBTENIDO LA MAYORÍA CALIFICADA DE OCHO VOTOS. (Los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Alberto Pérez Dayán y presidenta en funciones Olga Sánchez Cordero de García Villegas, se pronunciaron a favor de la invalidez. Los Ministros José Fernando Franco González Salas, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Luis María Aguilar Morales votaron en contra. Los Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos, Sergio A. Valls Hernández y presidente Juan N. Silva Meza estuvieron ausentes) ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA FALTA DE IMPUGNACIÓN DE UNA LEGISLACIÓN ESPECÍFICA NO PUEDE TENER COMO CONSECUENCIA QUE SE IMPIDA REALIZAR EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE UNA DISTINTA, AUN CUANDO EN AQUÉLLA SE ESTABLEZCAN FIGURAS VINCULADAS O INCLUSO REGULADAS POR LA PRIMERA. (Razones aprobadas por unanimidad de ocho votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán y presidenta en funciones Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Los Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos, Sergio A. Valls Hernández y presidente Juan N. Silva Meza estuvieron ausentes) CANDIDATURAS COMUNES. EL ARTÍCULO 151, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY NÚMERO 483 DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE GUERRERO, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DE ESA ENTIDAD EL 30 DE JUNIO DE 2014, AL PREVER QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES Y LOCALES DE NUEVO REGISTRO NO PODRÁN, ENTRE OTRAS, FORMAR AQUÉLLAS CON OTRO PARTIDO ANTES DE LA CONCLUSIÓN DE LA PRIMERA ELECCIÓN INMEDIATA POSTERIOR A SU REGISTRO, ES CONSTITUCIONAL. (Razones aprobadas por unanimidad de ocho votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán y presidenta en funciones Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Los Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos, Sergio A. Valls Hernández y presidente Juan N. Silva Meza estuvieron ausentes) CANDIDATURAS COMUNES. EL ARTÍCULO 165 DE LA LEY NÚMERO 483 DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE GUERRERO, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DE ESA ENTIDAD EL 30 DE JUNIO DE 2014, AL PREVER QUE CUANDO LA BOLETA APARECIERA MARCADA EN MÁS DE UNO DE LOS RESPECTIVOS EMBLEMAS, SE DEBERÁN SUMAR LOS VOTOS QUE HAYAN SIDO EMITIDOS A FAVOR DE DOS O MÁS PARTIDOS POLÍTICOS QUE HAYAN POSTULADO CANDIDATO COMÚN Y QUE POR ESA CAUSA HAYAN SIDO CONSIGNADOS POR SEPARADO EN EL ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO, DISTRIBUYÉNDOSE IGUALITARIAMENTE LA SUMA DE TALES VOTOS ENTRE DICHOS PARTIDOS, Y DE EXISTIR FRACCIÓN, LOS VOTOS CORRESPONDIENTES SE ASIGNARÁN A LOS PARTIDOS DE MÁS ALTA VOTACIÓN, ES CONSTITUCIONAL. (Razones aprobadas por mayoría de seis votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo y presidenta en funciones Olga Sánchez Cordero de García Villegas -con interpretación conforme-, en contra del voto de los Ministros Luis María Aguilar Morales y Alberto Pérez Dayán. Los Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos, Sergio A. Valls Hernández y presidente Juan N. Silva Meza estuvieron ausentes) CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY NÚMERO 483 DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE GUERRERO, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DE ESA ENTIDAD EL 30 DE JUNIO DE 2014, AL ESTABLECER QUE PARA EFECTOS DE LA ASIGNACIÓN DE DIPUTACIONES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL LA VOTACIÓN ESTATAL EFECTIVA SERÁ LA QUE RESULTE DE DEDUCIR DE LA VOTACIÓN VÁLIDA EMITIDA LOS VOTOS DE LOS PARTIDOS QUE NO HAYAN OBTENIDO EL 3% DE ÉSTA, Y LOS VOTOS CORRESPONDIENTES A LOS CANDIDATOS INDEPENDIENTES, ES CONSTITUCIONAL. (Razones aprobadas por unanimidad de ocho votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán y presidenta en funciones Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Los Ministros Margarita Beatriz
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 65/2014 Y SU ACUMULADA 81/2014. MOVIMIENTO CIUDADANO Y PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIO: RUBÉN JESÚS LARA PATRÓN.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veinticinco de septiembre de dos mil catorce.
VISTOS, para resolver los autos correspondientes a la acción de inconstitucionalidad 65/2014 y su acumulada 81/2014, promovidas por Movimiento Ciudadano y el Partido Acción Nacional, respectivamente, para combatir el decreto de treinta de junio de dos mil catorce, mediante el cual se expide la Ley Número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero; y,
RESULTANDO:
(1) I. Presentación, trámite y turno. Por escritos recibidos el veintinueve(1) y treinta(2) de julio de dos mil catorce, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Dante Alfonso Delgado Rannauro, Jaime Álvarez Cisneros, Jesús Armando López Velarde Campa, Alejandro Chanona Burguete, Ricardo Mejía Berdeja, José Juan Espinosa Torres, Juan Ignacio Samperio Montaño, Nelly del Carmen Vargas Pérez y María Elena Orantes López, en su calidad de coordinador, integrantes y secretaria de Acuerdos de la Comisión Operativa Nacional del partido político Movimiento Ciudadano, y Gustavo Enrique Madero Muñoz presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, promovieron acción de inconstitucionalidad contra el decreto de treinta de junio de dos mil catorce, por el que se expide la Ley Número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero.
(2) En los ocursos correspondientes señalaron que se vulneran, entre otros, los artículos 1o., 9o., 14, 16, primer párrafo, 17, 35, fracciones I, II y III, 36, fracciones IV y V, 39, 40, 41, párrafos primero y segundo, bases I, II, III, IV y V, 105, fracción II, párrafo cuarto, 115, párrafo primero, 116, párrafo segundo y fracción IV y 133, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relacionados con los numerales 14, punto 1, 16 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 23, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 1 a 7 de la Carta Democrática Americana.
(3) Atento a lo anterior, mediante proveídos de treinta(3) y, treinta y uno(4) de julio de dos mil catorce, el Ministro José Fernando Franco González Salas, integrante de la Comisión de Receso de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en lo que interesa, ordenó:
(4) - Formar los expedientes números 65/2014 y 81/2014, y acumularlos, en virtud de que, en ellos se combatía el mismo decreto;
(5) - Una vez que iniciara el segundo periodo de sesiones de este Alto Tribunal remitir los autos a la presidencia para que determinara lo relativo al turno;
(6) - Tener por presentados a los promoventes con la calidad con que se ostentaron y admitir a trámite los medios de control constitucional;
(7) - Dar vista a los poderes demandados para que rindieran sus respectivos informes y requerir al Congreso del Estado para que enviara copia certificada de los antecedentes legislativos del decreto impugnado;
(8) - Dar vista al procurador general de la República para que, en su oportunidad, formulara el pedimento correspondiente;
(9) - Solicitar al consejero presidente del Instituto Electoral de Guerrero que informara la fecha de inicio del próximo proceso electoral en la entidad, y al presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral para que enviara copias certificadas de los estatutos de los partidos accionantes, así como la certificación de su registro; y,
(10) - Pedir la opinión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
(11) Conforme a lo referido con anterioridad, en acuerdo de cuatro de agosto de dos mil catorce,(5) el presidente de este Alto Tribunal ordenó remitir los autos a quien por turno le correspondieran, siendo el Ministro Luis María Aguilar Morales, conforme a la constancia(6) que, al efecto emitió el secretario de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y Acciones de Inconstitucionalidad de la Subsecretaría General de Acuerdos de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
(12) II. Conceptos de invalidez. Dentro de los ocursos de demanda los institutos políticos accionantes desarrollan diversos conceptos de invalidez en los que expresan, sustancialmente, lo siguiente:(7)
a. Movimiento Ciudadano
Tema 1. Deducción de los votos de candidatos ciudadanos para asignación de diputaciones de representación proporcional
(13) El artículo 15 es contrario al artículo 35, fracciones I y II, en relación con el artículo 1o., párrafos segundo y tercero, ambos de la Ley Fundamental, pues le resta valor a los votos de los candidatos independientes, en tanto desconoce algunos de los efectos que debe producir, al prever que no deben tomarse en cuenta para la votación estatal efectiva, por lo que no se les concede el mismo valor que los obtenidos por los candidatos de partidos o coaliciones, pues se les considera como votos nulos para efectos de la asignación de representación proporcional y financiamiento público, aun cuando no hay limitante sobre el particular, como sucede en el caso de los partidos que no alcancen el porcentaje requerido en ley.
(14) Lo anterior, a juicio del partido actor desvirtúa la finalidad de las candidaturas independientes, y provoca que la legislación impugnada esté incompleta en lo relativo a la regulación del voto en relación con sus múltiples efectos, por lo que deben establecerse mecanismos que tengan todos los efectos constitucionales que le corresponden.
Tema 2. Diputado migrante o binacional
(15) Los artículos 13, 17, 18 y octavo transitorio de la normativa impugnada vulneran los artículos 40, 52, 53, 115 y 116, fracción IV, inciso b), «de la Constitución Federal» así como los principios de certeza y objetividad en materia electoral, pues la figura de diputado migrante o binacional no constituye una auténtica representación política y popular, al no tener definida una unidad territorial determinada ni con una población definida, conforme a lo exigido por el marco constitucional, máxime que la calidad indicada implica que está fuera del territorio nacional, o que esta condición es inestable o volátil, con lo que resulta inverosímil la representación aludida que, por tanto, se traduce en una mera ficción que no justifica constitucional y jurídicamente su existencia, máxime cuando existen autoridades diplomáticas o consulares encargadas de la defensa de los connacionales en el extranjero.
Tema 3. Porcentaje excesivo para que los ciudadanos puedan registrarse como candidatos independientes
(16) El artículo 39 viola el principio de equidad que debe imperar en la materia, pues exige que los candidatos independientes a contender para los cargos de gobernador, diputados y miembros de Ayuntamientos deben contar con un respaldo de tres por ciento del listado nominal, mientras que a los partidos políticos se les otorgan mayores facilidades para ejercer y conservar sus derechos políticos pues, por ejemplo, para constituirse como tales se les exige un porcentaje mucho menor, mientras que para la asignación de diputados y regidores de representación proporcional, obtención de financiamiento público y conservación de su registro o acreditación se les pide uno igual.
Tema 4. Exigencia de que los ciudadanos que pretendan ser candidatos independientes no tengan ningún vínculo con los partidos políticos
(17) El artículo 50, inciso c), fracción VII, numeral 2, violenta lo establecido en el artículo 35, fracciones II y III, en relación con el artículo 1o., párrafos segundo y tercero, ambos de la Ley Fundamental, pues obliga a quienes aspiren a ser candidatos ciudadanos a declarar, bajo protesta de decir verdad, que no tienen vínculo con los partidos políticos, lo que restringe sus derechos a ser votados y asociación política, pues la afiliación a un partido político es libre y, por tanto, no podría ser una limitante para participar con el carácter aludido en una contienda electoral, pues lo contrario implica una restricción excesiva que, por ende, no es razonable, idónea, necesaria ni proporcional.
Tema 5. Prohibición de que los partidos postulen candidaturas comunes en el primer proceso electoral en el que participen
(18) El artículo 151, último párrafo, es contrario a los artículos 41, base II y 116, fracción IV, inciso g), en relación con el artículo 1o., párrafos segundo y tercero, «constitucionales» porque se equipara o asemeja a la figura de candidatura común al modelo de las coaliciones, aunque en la primera se permite conocer la voluntad de los electores, pues cada partido participa con su propio emblema para distinguirse de los demás, lo que arroja certeza absoluta respecto de la manifestación de la voluntad de los electores y, en esta lógica, no existe justificación alguna para limitar las alianzas realizadas en estos términos, al no existir la posibilidad de que haya transferencia de votos.
(19) La candidatura común maximiza el derecho de los candidatos a ser votados, pues implica una mayor plataforma que facilita su acceso al poder mediante un triunfo electoral, y la prohibición contenida en el artículo impugnado resulta contraria al principio de equidad, pues el partido que la postula ya obtuvo su registro y está sujeto al mismo régimen de fiscalización, por lo que merece el mismo trato que los demás institutos políticos contendientes, máxime si se toma en consideración que la Ley Fundamental no establece restricción alguna al respecto.
(20) La candidatura común no se forma, en tanto que no se reúnen las partes para formar un todo, ya que los partidos conservan su individualidad y sólo comparten al ciudadano postulado y, en esta lógica, su prohibición arbitraria no guarda congruencia con la finalidad de los institutos políticos, pues deja a los de nuevo registro en desventaja frente a los demás, sin que exista una justificación razonable para ello, y conlleva una decisión que debería corresponder al ámbito partidista.
b. Partido Acción Nacional
Tema: Transferencia de votos entre partidos coaligados
(21) Los artículos 22, 156 y 165 son contrarios a los principios universales del sufragio y resultan violatorios de la prohibición de transferir o distribuir votos; el espíritu de la reforma político-electoral federal, conforme a lo establecido en la legislación que rige la materia, concretamente, en los artículos 87, numerales 10 y 13, de la Ley General de Partidos Políticos, así como 12, numeral 2 y 311, inciso c), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y lo dispuesto en los artículos 35, 36 y 41 de la Carta Magna, además del 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 25 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
(22) Esto, porque la transferencia o distribución de votos entre partidos coaligados resulta inconstitucional pues, en el caso de las coaliciones, los ciudadanos no manifiestan su preferencia por un partido en lo individual, sino por un proyecto político común y, en esta lógica, los mecanismos de transferencia vulneran la voluntad expresa del elector, y atentan contra las características del sufragio que debe ser libre, secreto, directo e intransferible, por lo que el voto debería contar sólo para la opción que el elector marcó expresamente en la boleta.
(23) A lo anterior debe agregarse que la reforma política de dos mil catorce implicó cambios relevantes en la regulación de las coaliciones, reflejados en la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; en la emisión del sufragio ciudadano debe tenerse presente lo establecido en la Ley Fundamental y los tratados internacionales de los que México es parte, conforme a los cuales, es inaceptable la figura de partición de votos establecida en la porción denunciada de los preceptos combatidos, pues resulta violatoria de la voluntad del elector; la transferencia de sufragios ha sido declarada inconstitucional en diversos precedentes de la Corte, y permite una opción distinta de decisión cuando el votante no manifestó claramente su voluntad para efectos de contar los votos para la asignación de representación proporcional.
(24) Así, aun cuando la normativa impugnada prevea la existencia de los convenios de coalición, las disposiciones combatidas son violatorias de los principios rectores del voto, pues comparten las mismas notas violatorias del convenio de transferencia de votos.
(25) Por otra parte, los artículos controvertidos contemplan una distribución de votos que es contraria a los principios generales de la democracia, pues a través de ellos se pretende realizar un fraude a la ley que desemboque en una falsa representatividad, pues al fraccionar el sufragio de los partidos coaligados se genera una ficción y, consecuentemente, una conformación artificial del Congreso, pues la transferencia de votos combatida de a pie a una sobre y subrrepresentación.
(26) En relación con lo anterior, las disposiciones controvertidas son contrarias también al espíritu de la reforma constitucional, cuya idea fue imponer mayores candados para lograr una auténtica representación del órgano legislativo, esto es, lo contrario a lo que éstas provocan, además de que fomentan que los partidos pequeños no puedan posicionar con claridad sus postulados ideológicos pues, ante la posibilidad de que puedan perder su registro a causa del elevado porcentaje de votación requerido al efecto, buscarán asegurar su permanencia a través de la coalición partidista con lo que, además, recibirán prerrogativas que no les corresponden, conforme a la claridad y congruencia de la voluntad ciudadana.
(27) En adición a lo anterior, debe destacarse que la única certeza que produce el diseño normativo establecido en los artículos que se impugnan, es el apoyo al candidato postulado, pero no cuál es su intención para que su voto sea tomado en cuenta para la asignación de representación proporcional y otras prerrogativas y, menos aún, para que su voto se distribuya de manera igualitaria entre los partidos y, aun cuando así fuera, no existe mecanismo alguno para que se repartan libremente los porcentajes a adjudicar entre los partidos políticos.
(28) Sobre el particular, se menciona que lo ordinario es que el ciudadano vote por el partido de su preferencia y, en esta lógica, aun cuando contienda en coalición, lo lógico sería que siga teniendo un mayor grado de aceptación en favor de un solo partido político, y el Congreso de Guerrero debió haber legislado al respecto, con la finalidad de que la asignación de representación reflejara de manera más fidedigna el tejido social.
(29) Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que hay ciudadanos que sólo se ven atraídos por candidatos, sin estar identificados con algún partido político en particular y que, por tanto, no pretenden darle su voto a los institutos coaligados para efectos de la representación proporcional, situación que será posible salvaguardar en caso de que se declare la inconstitucionalidad de los preceptos impugnados.
(30) Por otra parte, resulta contradictorio presumir por ministerio de ley que la intención de un ciudadano que emite su voto en la forma establecida en los artículos combatidos es distribuirlo de manera igualitaria entre los partidos políticos coaligados, no sólo por carecer de vinculación con los principios ideológicos, sino porque resulta más congruente considerar nulo dicho sufragio para efectos de la representación proporcional.
(31) Finalmente, los preceptos que se tildan de inconstitucionales representan un abuso del derecho, pues la partición o distribución de votos avala una forma artificiosa de participar en la postulación de candidatos de fuerzas electorales que no actualizan el enriquecimiento de la vida democrática, sino una sobrerrepresentación en cuanto a la conformación del Congreso Estatal.
(32) Conforme a los razonamientos anteriores, debe declararse la inconstitucionalidad de los artículos 22, 156 y 165, en la porción denunciada, de la legislación impugnada, para que prevalezca la regla establecida en el artículo 87, numeral 13, de la Ley General de Partidos Políticos.
(33) III. Informe del Poder Ejecutivo. El titular del Poder Ejecutivo de Guerrero rindió su informe en las presentes acciones de inconstitucionalidad, a través de sendos escritos de doce de agosto de dos mil catorce,(8) recibidos en este Alto Tribunal el veintiuno siguiente, los cuales fueron suscritos por quien se ostentó como apoderado legal del gobernador del Estado.
(34) Atento a lo anterior, mediante acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil catorce,(9) el Ministro instructor determinó tener por no presentados los informes mencionados, esencialmente, al no haber sido aportados por quien tuviera facultades para representar al funcionario aludido, sino por alguien a quien se le otorgó poder general para pleitos y cobranzas y actos de administración, aunque la representación por mandato no está permitida en este tipo de procedimientos constitucionales.
(35) IV. Informe del Poder Legislativo. Mediante escrito de doce de agosto de dos mil catorce,(10) la presidenta de la Mesa Directiva y de la Comisión Permanente de la Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado de Guerrero rindió informe en el que manifestó, medularmente, que:(11)
(36) - Es infundado lo argumentado contra el artículo 15, toda vez que sólo los partidos y coaliciones tienen derecho a la asignación de diputados de representación proporcional y, por esta razón, se excluye el voto de los candidatos ciudadanos, que no es verdad que sea considerado como voto nulo, pero ninguna utilidad tiene para efectos de la distribución respectiva;
(37) - Se debe sobreseer en el estudio de la constitucionalidad de los artículos 13, 17, 18 y octavo transitorio, ya que derivan de un acto consentido, pues la figura de diputado migrante ya había sido incorporada en la Constitución Política Local desde las reformas publicadas en el Periódico Oficial de Guerrero de veintinueve de abril de dos mil catorce, lo que hace que a la fecha haya transcurrido con exceso el plazo de treinta días para impugnarla;
(38) - El artículo 39 fue emitido conforme a la libre configuración legislativa con que cuenta el Congreso de Guerrero, y resulta proporcional y razonable, pues acredita que quien aspira a contender por un cargo público como candidato independiente cuente con un respaldo significativo de la población y, por tanto, podrá participar en condiciones de equidad frente a quienes se postulen a través de un partido político;
(39) - El artículo 50, inciso c), fracción VII, numeral 2, se emitió conforme a la libertad de configuración del Congreso Local, y busca garantizar condiciones de equidad, al impedir que quien tenga un cargo de dirección partidista se aproveche de la estructura del instituto político y contienda como candidato independiente a costa de los beneficios y privilegios que obtuvo como dirigente;
(40) - El artículo 151, último párrafo, es válido porque las entidades federativas tienen libertad para establecer las formas específicas de intervención de los partidos políticos nacionales en los procesos electorales, y tiene estrecha relación con el principio de equidad, porque los partidos políticos que participan por primera ocasión en un proceso electoral no han acreditado que cuentan con la representación suficiente para ser sujetos de los mismos derechos que aquellos que ya lo hicieron, además de que sólo se limita la operatividad de las candidaturas comunes a un criterio temporal; y,
(41) - Los artículos 22, 156 y 165, fueron emitidos con base en la libre configuración de las Legislaturas Locales, además de que no permiten la distribución o transferencia de votos mediante convenios de coalición y, en cambio, protegen la validez del voto, distribuyéndolo igualitariamente entre los partidos coaligados.
(42) V. Opinión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Al rendir la opinión(12) que se le solicitó en relación con las acciones de inconstitucionalidad promovidas, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación manifestó, esencialmente, lo siguiente:(13)
(43) - Los artículos 22, 156 y 165 son inconstitucionales porque la Constitución prevé que el Congreso de la Unión debe regular, entre otros temas, un sistema uniforme de coaliciones dentro de la Ley General de Partidos Políticos, y lo hace en el artículo 87, numeral 13, de la normativa invocada, en un sentido contrario al establecido en los preceptos combatidos que, por tanto, exceden lo dispuesto en la Ley Fundamental, con independencia de lo previsto en el artículo 311 de la diversa Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que no varía la opinión antes señalada;
(44) - El artículo 15 es constitucional, toda vez que los candidatos independientes no tienen derecho a participar en las elecciones de diputados de representación proporcional, por lo que no existe razón o justificación legal alguna para que la votación que obtengan sea incluida en la que servirá de base para la asignación de escaños por el principio referido;
(45) - Los artículos 13, 17, 18 y octavo transitorio son válidos, pues para la asignación de diputados de representación territorial en la entidad tiene como base una sola circunscripción que comprende todo el territorio del Estado, además de que otorgar el diputado migrante a quien obtenga el mayor número de diputaciones de representación proporcional no implica una cuestión fuera del procedimiento, o que vulnere el derecho de los demás partidos a contar con legisladores por dicho principio y, finalmente, no rompe con ninguna base constitucional, pues se entiende como parte de la libertad de configuración legislativa con que cuentan los Estados;
(46) - El artículo 39 es conforme a la Constitución, pues la determinación del porcentaje de apoyo necesario para obtener el registro como candidato independiente puede ser fijado libremente por cada entidad;
(47) - El artículo 50, inciso c), fracción VII, numeral 2, es inconstitucional, toda vez que es una restricción injustificada al derecho fundamental a ser votado que no se justifica con algún fin legítimo, además de que implica un trato discriminatorio a los candidatos independientes frente a los postulados por los partidos políticos; y,
(48) - El artículo 151, último párrafo, es constitucional, pues la restricción que se impone a los partidos políticos de nueva creación resulta acorde con lo dispuesto en la Ley General de Partidos Políticos, y no es una medida que restrinja de manera irracional el derecho de los partidos políticos, pues su finalidad es que quede acreditado que dichos institutos políticos demuestren que cuentan con la representatividad y el apoyo de la ciudadanía, y sólo se limita la forma en que participarán en la contienda, pero no cómo los ciudadanos ejercen sus derechos político-electorales.
(49) VI. Ausencia de pedimento. El procurador general de la República no formuló pedimento en el presente asunto.
(50) VII. Cierre de instrucción. Tramitado el procedimiento respectivo, mediante acuerdo de primero de septiembre de dos mil catorce,(14) el Ministro instructor determinó cerrar la instrucción en el presente asunto a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
CONSIDERANDO:
(51) PRIMERO. Jurisdicción y competencia. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerce jurisdicción y el Tribunal Pleno es legalmente competente para resolver las presentes acciones de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso f),(15) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I,(16) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Ver votación 1
(52) Lo anterior, pues los partidos políticos nacionales accionantes plantean la posible contradicción entre lo establecido en la Constitución Federal, y diversos preceptos de la Ley Número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, que fue expedida mediante decreto de treinta de junio de dos mil catorce. Ver votación 2
(53) SEGUNDO. Oportunidad. Las demandas que dieron origen a la presente acción de inconstitucionalidad fueron promovidas dentro del plazo legal previsto al efecto, como se evidencia con las consideraciones que se desarrollan a continuación:
(54) El artículo 60(17) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone en esencia, que el plazo para promover una acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir del siguiente a aquel en que se haya publicado la ley o tratado impugnados en el medio oficial correspondiente, y precisa que, en materia electoral, para el cómputo respectivo, deberá tenerse en cuenta que todos los días y horas son hábiles.
(55) En el caso, los accionantes combaten el decreto de treinta de junio de dos mil catorce, por el que se expidió la Ley Número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, publicado en el Periódico Oficial de la entidad de la misma fecha y, en esta lógica, el término para promover el presente medio de control de constitucionalidad transcurrió del martes uno al miércoles treinta de julio de dos mil catorce.
(56) Ahora bien, como se señaló previamente en esta ejecutoria, las demandas que dieron origen a este medio impugnativo fueron recibidas en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el veintinueve y treinta de julio de dos mil catorce, esto es, dentro del término legal conferido al efecto y, por tanto, es inconcuso que satisfacen el requisito de procedencia que se analiza en este apartado.
(57) TERCERO. Legitimación. Las acciones de inconstitucionalidad que ahora se analizan fueron promovidas por sujetos legitimados para interponerlas, como se evidencia con las consideraciones y razonamientos que se desarrollan a continuación: Ver votación 3
(58) En lo que interesa, el artículo 105, fracción II, inciso f),(18) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone, sustancialmente, que los partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales podrán promover acciones de inconstitucionalidad contra leyes electorales federales o locales.
(59) En consonancia con la disposición anterior, el artículo 62, último párrafo,(19) de la ley reglamentaria del precepto constitucional aludido establece que se considerarán parte demandante en las acciones promovidas contra leyes electorales los partidos políticos con registro, por conducto de sus dirigencias nacionales, cuando así corresponda.
(60) De los preceptos aludidos es posible desprender que los partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral podrán promover acción de inconstitucionalidad contra leyes electorales federales o locales, por conducto de sus dirigencias nacionales, para lo cual debe observarse que:
(61) I. El partido político cuente con registro ante la autoridad electoral correspondiente;
(62) II. El instituto accionante promueva por conducto de su dirigencia (nacional o estatal, según sea el caso);
(63) III. Quien suscriba a su nombre y representación cuente con facultades para ello; y,
(64) IV. Las normas impugnadas sean de naturaleza electoral.
(65) Precisado lo anterior, se destaca que las personas que promovieron en nombre de los partidos ahora accionantes reúnen los requisitos necesarios para representarlos, atento a lo siguiente:
Movimiento Ciudadano
(66) La diversa acción de inconstitucionalidad 65/2014 fue promovida por Dante Alfonso Delgado Rannauro, María Elena Orantes López, Jaime Álvarez Cisneros, Alejandro Chanona Burguete, José Juan Espinosa Torres, Jesús Armando López Velarde Campa, Ricardo Mejía Berdeja, Juan Ignacio Samperio Montaño y Nelly del Carmen Vargas Pérez, en su carácter de coordinador, secretaria de Acuerdos y miembros de la Comisión Operativa Nacional del partido político Movimiento Ciudadano, respectivamente.
(67) Aunado a lo anterior, en autos se cuenta con la certificación de que el partido accionante tiene registro nacional,(20) y que quienes suscriben la demanda, efectivamente, integran la referida comisión operativa(21) que, conforme al artículo 19, numeral 2, inciso p),(22) de sus estatutos ostenta la representación política y legal de dicho instituto político.
(68) Adicionalmente, el partido actor combate la referida Ley Número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero que es la norma que formal y materialmente regula la materia comicial en la entidad.
(69) En este orden de ideas, es dable concluir que se colma el requisito de legitimación que se analiza.
Partido Acción Nacional
(70) El Partido Acción Nacional es un instituto político nacional con registro ante el Instituto Nacional Electoral, según certificación expedida por el secretario ejecutivo de dicho instituto,(23) y de las constancias que obran en autos(24) se advierte que Gustavo Enrique Madero Muñoz, quien suscribe el escrito inicial en su calidad de presidente del Comité Ejecutivo Nacional del mencionado instituto político, ocupa dicho cargo.
(71) Además, los artículos 43, inciso a)(25) y 47(26) de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional señalan que el presidente del Comité Ejecutivo Nacional cuenta con la facultad de representarlo legalmente, a lo que debe agregarse que el promovente combate una norma electoral.
(72) En consecuencia, la demanda de inconstitucionalidad promovida por el Partido Acción Nacional t
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25533-fa518ba0/accion-de-inconstitucionalidad-desestimacion-respecto-de-los-articulos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE SOBRESEERSE EN EL PROCEDIMIENTO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 20, FRACCIÓN II, EN RELACIÓN CON EL 19, FRACCIÓN V, AMBOS DE LA LEY REGLAMENTARIA DE (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- I. PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES. PORCENTAJE MÍNIMO DE LA VOTACIÓN TOTAL EMITIDA QUE DEBEN OBTENER PARA LA CONSERVACIÓN DE SUS DERECHOS Y PRERROGATIVAS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 25, APA (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- I. ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES. LA EXISTENCIA Y REGULACIÓN DE SU ÓRGANO INTERNO DE CONTROL POR PARTE DE LOS CONGRESOS LOCALES DEBE SER CON APEGO A LAS BASES CONTENIDAS (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- I. PROPAGANDA GUBERNAMENTAL. LA PROHIBICIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE NO INTERVENIR DIRECTA O INDIRECTAMENTE A FAVOR O EN CONTRA DE CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, COALICIÓN, CANDID (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- COALICIONES. EL ARTÍCULO 87, PÁRRAFO 13, DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE INDICA "Y SIN QUE PUEDAN SER TOMADOS EN CUENTA PARA LA ASIGNACIÓN DE R (P./J. 67/2014 (10a.))
- REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. LOS ARTÍCULOS 28, PÁRRAFO 2, INCISOS A) Y B), DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y 9, PÁRRAFO 1, INCISO C), FRACCIONES I Y (P./J. 65/2014 (10a.))
- MATERIA ELECTORAL. LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 229 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, AL PREVER LA ASIGNACIÓN DE DIPUTADOS EN FUNCI (167)
- REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN MATERIA ELECTORAL. LA REGLAMENTACIÓN DE ESE PRINCIPIO ES FACULTAD DEL LEGISLADOR ESTATAL. (P./J. 67/2011 (9a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis