I. CANDIDATURAS COMUNES. TRANSFERENCIA DE VOTOS (ARTÍCULOS 32 BIS, NUMERAL 3, FRACCIÓN V Y 32 QUÁTER DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE DURANGO). II. OMISIÓN LEGISLATIVA. NO LA CONSTITUYE LA FALTA DE PROHIBICIÓN A LOS PARTIDOS POLÍTICOS DE NUEVA CREACIÓN PARA PARTICIPAR EN CANDIDATURAS COMUNES (ARTÍCULOS 32 BIS, NUMERAL 3, FRACCIÓN V Y 32 QUÁTER DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE DURANGO). III. OMISIÓN LEGISLATIVA. NO LA CONSTITUYE LA FALTA DE REGLAS ESPECÍFICAS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE VOTOS PARA CARGOS DE ELECCIÓN POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL (ARTÍCULOS 32 BIS, NUMERAL 3, FRACCIÓN V Y 32 QUÁTER, NUMERALES 4 Y 5, DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE DURANGO).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 17/2015 Y SU ACUMULADA 18/2015. PARTIDOS DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y ACCIÓN NACIONAL. 11 DE JUNIO DE 2015. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: MIGUEL ANTONIO NÚÑEZ VALADEZ.
México, Distrito Federal. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al once de junio de dos mil quince, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la que se resuelve la acción de inconstitucionalidad 17/2015 y su acumulada 18/2015, promovidas por dos partidos políticos nacionales en contra del Decreto 321, por el que se adicionaron, entre otros, los artículos 32 Bis, numeral 3, fracción V y 32 Quáter, numerales 4 y 5, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango.
I. Antecedentes y trámite de la demanda
1. Presentación de las demandas. En la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante escritos presentados el diez y el diecisiete de marzo de dos mil quince, respectivamente, se promovieron dos acciones de inconstitucionalidad en contra de la aprobación, promulgación y publicación de ciertas normas de la legislación electoral del Estado de Durango, por las personas y en nombre de las organizaciones políticas que a continuación se indican:
Ver personas
2. Los partidos políticos promoventes, indistintamente, señalaron que las normas que se consideraban transgredidas eran los artículos 1o., 14, 16, 35, fracciones I y II, 36, 39, 40, 41, 105, fracción II, párrafo cuarto, 115, párrafo primero, 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso a) y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (de ahora en adelante la "Constitución Federal"), así como los artículos 1o., 2o. y 63, tercer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango.
3. Conceptos de invalidez. En el sub-apartado que sigue, se sintetizarán los conceptos de invalidez planteados por los partidos políticos en sus respectivas demandas.
4. Demanda del Partido de la Revolución Democrática. Tras detallar los antecedentes que estimaron pertinentes, en un concepto de invalidez, se expusieron los siguientes argumentos de inconstitucionalidad:
a) Único. El Decreto 321, por el que se adicionan los artículos 32 Bis, numeral 3, fracción V y 32 Quáter, numeral 4, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango es violatorio de los artículos 1o., 35, fracciones I y II, 39, 40, 41 y 116, fracción IV, inciso a), de la Constitución Federal y 63, tercer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, porque permiten que, a partir de la postulación de una candidatura común -cuando exista convenio registrado ante la autoridad electoral-, se efectúe la transferencia de votos entre los partidos políticos, lo cual atenta contra la voluntad del electorado en emitir su sufragio en favor de determinado partido que participa con otro en el proceso electoral postulando un mismo candidato.
b) Se argumenta que el decreto, cuya invalidez se reclama, es contrario a toda norma de derecho electoral, ya que a partir de las reformas electorales de dos mil ocho y dos mil catorce, se determinó que es ilegal la transferencia o distribución de votos entre partidos.
c) Así, los preceptos legales que se consideran inválidos permiten incorrectamente que algún partido político artificiosamente goce de una serie de derechos, beneficios y prerrogativas que sólo se debe tener, exclusivamente, cuando es la voluntad del ciudadano conceder el voto a favor de dicho partido político. Se destaca que uno de los fines de la reforma electoral de dos mil ocho fue la de establecer, de manera puntual, un derecho consistente en que la votación del electorado contara en favor del partido político elegido por cada uno de los ciudadanos que emitieron su voto en jornada electoral.
d) Con base en dichas premisas, se señala que si bien es cierto que existe la posibilidad de que los partidos políticos se coaliguen electoralmente o formen candidaturas comunes con otros partidos de mayor fuerza electoral para la postulación de cargos de elección popular, con la finalidad de asegurar que sigan manteniendo su registro, también lo es que no existe parámetro razonable, ni constitucional, que justifique la transferencia de los votos entre partidos obtenidos en la elección a través de un convenio, lo que genera una desnaturalización del sufragio ejercido por la ciudadanía.
e) Se insiste que es ilegal regular la transferencia de votos entre los partidos que conformen candidaturas comunes para la postulación de candidatos a cargos de elección popular a través de un convenio de candidatura común, ya que cada uno de los partidos políticos que conforman la candidatura común aparece con su propio emblema en la boleta electoral y los votos se sumarán para el candidato común y contarán para cada uno de los partidos políticos en los que el ciudadano haya votado, lo cual debe ser respetado en todo momento y no que al final del proceso sea contabilizado en beneficio de un partido distinto al que se votó.
f) Se cita lo resuelto en la acción de inconstitucionalidad 61/2008, y sus acumuladas 62/2008, 63/2008, 64/2008 y 65/2008, y se aclara que la candidatura común es la unión transitoria de dos o más partidos políticos para postular de manera conjunta a un candidato. Así, aun cuando se comparta la plataforma publicitaria, la finalidad, en todo momento, de los partidos políticos en candidatura común es conseguir el voto de la ciudadanía para su causa, por lo que debe respetarse la intención del voto y no transferirlo o desviarlo a otro u otros partidos políticos no marcados en la boleta.
g) En suma, se afirma que las normas reclamadas transgreden el principio de sufragio libre, porque con independencia de que el ciudadano haya tenido simpatía por el candidato común, también existió la afinidad o preferencia por uno de los partidos integrantes de la candidatura común, por ello, en la boleta electoral votó por dicha fuerza política identificada con su propio logotipo, lo cual debe computarse única y exclusivamente por el partido marcado en la boleta electoral, salvo en aquellos casos en los que el ciudadano haya marcado dos fuerzas políticas, en cuyo supuesto, el 50% del voto debe computarse para cada uno de los partidos marcados y un solo voto para el candidato común.
5. Demanda del Partido Acción Nacional. Una vez que se explicaron los antecedentes de la ley reclamada, el aludido partido promovente argumentó lo que sigue en seis conceptos de invalidez:
a) Primero. Los artículos 32 Bis, numeral 3, fracción V y 32 Quáter, numerales 4 y 5, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango transgreden lo señalado en el artículo 116, fracción IV, de la Constitución Federal, por contravenir el principio de certeza legal, ya que en ellos se omitió prohibirle a los partidos políticos de nueva creación participar en candidatura común en su primer proceso electoral.
b) Se destaca que, dado que las entidades federativas cuentan con la competencia para idear formas de participación política diferentes a las coaliciones, el Estado de Durango estableció las candidaturas comunes; sin embargo, al regular esta figura, omitió otorgar certeza jurídica al ordenamiento jurídico, al no preverse la prohibición a los partidos políticos de nueva creación para participar en esta figura de asociaciones políticas, soslayándose que el Poder Constituyente y la ley general sólo prohíben expresamente la participación de los partidos de nueva creación, por cuanto hace a la coalición política. Para sustentar este argumento de omisión, se citaron varias tesis de la Suprema Corte en las que se señala que la omisión legislativa parcial (deficiente regulación) es impugnable y revisable a través de la acción de inconstitucionalidad.
c) Adicionalmente, advertida la obligación del Congreso del Estado de subsanar la omisión legislativa, se citaron varios precedentes de esta Suprema Corte, en los que, alegadamente, se resolvió que los partidos políticos de nueva creación no pueden asociarse políticamente en su primera elección, independientemente de la forma de esa asociación política (sea coalición, candidatura común, alianza, etcétera): a saber, la acción de inconstitucionalidad 40/2014 y sus acumuladas (aplicada por analogía, al haberse tratado el tema de alianza partidaria) y tesis relacionadas.
d) Segundo. Los referidos artículos impugnados son contrarios al artículo 116, fracción IV, incisos b) y l), de la Constitución Federal, debido a que el legislador omitió prever la forma en que se computarán los votos para la asignación de diputados por el principio de representación proporcional.
e) La fracción V del numeral 3 del artículo 32 Bis reclamado únicamente señala que el convenio de candidatura común versará sólo en cuanto "a la forma en que se acreditarán los votos a cada uno de los partidos políticos que postulan la candidatura común, para efectos de la conservación del registro y para el otorgamiento del financiamiento público", por lo que, a juicio del partido político, se actualiza entonces una auténtica laguna legislativa, al no regularse la asignación de diputaciones locales por el principio de representación proporcional. En ese tenor, si se atendiera, entonces, a lo que marca el numeral 4 del artículo 32 Quáter impugnado, sobre el cómputo de los votos, el partido promovente afirma que se caería en un contrasentido y se respaldaría un convenio de transferencia de votos que está prohibido constitucional y jurisprudencialmente.
f) Dicho en otras palabras, para el partido promovente, tendría que decretarse la omisión legislativa en este aspecto, puesto que los preceptos objetados no dejan clara la forma en que se habrán de asignar los cargos de representación proporcional que se obtengan a través de ese principio (ya sea para los cargos de diputados locales o regidores), es decir, no se estableció si los votos obtenidos corresponderán a los partidos o se hará conforme a lo establecido en el convenio de candidatura común, toda vez que en el artículo 32 Quáter, numeral 5, de la ley electoral del Estado de Durango se afirma que "en la boleta deberá aparecer en un mismo espacio el emblema conjunto de los partidos políticos" y, en ese mismo orden de ideas, no es posible distinguir la intención del voto del ciudadano, en cuanto a las posiciones para asignar cargos por medio del principio de representación proporcional.
g) Tercero. Los artículos impugnados transgreden lo previsto en los artículos 6o., 41, fracción I y 116, fracción IV, de la Constitución Federal; en específico, los principios de certeza y libre sufragio, al permitir la implementación de un convenio de transferencia de votos.
h) Se recalca que el artículo 87, numeral 10, de la Ley General de Partidos Políticos prevé que los partidos políticos no podrán distribuir o transferir votos mediante convenios de coalición. En esa tónica, a pesar de que se trata de la reglamentación de la figura de candidatura común, lo regulado en los artículos impugnados pretende consumar un fraude a la ley con un reparto ficticio de votos que trastoca la voluntad ciudadana y que debe asimilarse a la prohibición de transferencia de las coaliciones, en atención y en aplicación analógica de lo resuelto por esta Suprema Corte en las acciones de inconstitucionalidad 6/98, 61/2008 y sus acumuladas; 118/2008; 40/2014 y sus acumuladas, y 65/2014 y sus acumuladas.
i) Cuarto. Los artículos reclamados de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango son inconstitucionales, en razón de que son violatorios de los principios de universalidad del sufragio consagrados en los artículos 36, 41 y 133 de la Constitución Federal. Al respecto, se recalca la idea de fraude de ley y se destaca que los artículos 87, numeral 10, de la Ley General de Partidos Políticos y 12, numeral 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales son claros en prever la prohibición de partición o transferencia de votos en coaliciones (límite que se debe aplicar de manera analógica); además de que tal permisión para la transferencia, también transgrede los artículos 21 y 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al ser el derecho a votar universal, libre, directo, personal e intransferible.
j) Quinto. Se argumenta nuevamente que los artículos impugnados ocasionan un fraude a la ley que desemboca en una falsa representatividad. Así, se insiste que, al establecer en el convenio de candidatura común la forma en que se acreditarán los votos a cada uno de los partidos postulantes, se trastocan los principios generales del sufragio en la conformación de los Congresos, los cuales, en la reciente reforma político electoral de dos mil catorce, se dispuso que fueran acordes a la voluntad del electorado; de ahí que se haya determinado elevar el porcentaje de votación a tres por ciento para mantener el registro. Adicionalmente, se menciona que, al no ser la candidatura común un proyecto de gobierno homogéneo y de unidad, la transferencia sólo produciría una conformación artificial del ente legislativo.
k) Sexto. Se concluye que las disposiciones combatidas son un abuso de derecho y un fraude a la ley, porque la finalidad de establecer tales requisitos del convenio de candidatura común es la indebida transferencia de votos. La figura de la partición o distribución de votos avala una forma artificiosa de participar en la postulación de candidatos de los partidos políticos que integran la candidatura común cuestionada, pues esas mismas fuerzas electorales no actualizan el enriquecimiento de la vida democrática en cuanto a la pluralidad de opciones, sino únicamente una sobrerrepresentación en la conformación del órgano legislativo.
l) Finalmente, se destaca que a lo largo de la demanda de acción de inconstitucionalidad, el partido político aludió a varios criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que consideró aplicables, tales como los relacionados con los límites de las cláusulas de gobernabilidad y las coaliciones.
6. Admisión y trámite. En relación con las demandas recién sintetizadas, se tiene que por acuerdo de diez de marzo de dos mil quince, el Ministro Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tuvo por interpuesta la acción de inconstitucionalidad presentada por el Partido de la Revolución Democrática, registrándola con el número 17/2015. En el mismo proveído, se designó al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena como instructor del procedimiento.
7. Posteriormente, por acuerdo de diecinueve de marzo siguiente, se tuvo por interpuesta la acción de inconstitucionalidad presentada por el Partido Acción Nacional, registrándola con el número 18/2015; por lo que, dado que en ambos medios de control se impugnaba el mismo decreto legislativo, se ordenó su acumulación.
8. Hecho lo anterior, por diverso acuerdo de diecinueve de marzo de dos mil quince, el Ministro instructor, por un lado, admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad precisadas y le solicitó a los Poderes Legislativo y Ejecutivo que rindieran su informe; adicionalmente, al primero, le requirió copia certificada de todos los antecedentes del decreto impugnado y, al segundo, un ejemplar del Periódico Oficial del Estado de quince de febrero de dos mil quince, en el que se publicó el Decreto 321, que contiene las reformas y adiciones reclamadas a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango.
9. Por otro lado, en el propio acuerdo, el Ministro instructor dio vista a la procuradora general de la República para que hasta antes del cierre de la instrucción formulara el pedimento correspondiente; requirió al presidente del Instituto Nacional Electoral para que enviara a esta Suprema Corte copia certificada de los Estatutos del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Acción Nacional, así como la certificación de su registro vigente y para que precisara quiénes son los presidentes de los respectivos Comités Ejecutivos Nacionales. De igual manera, le solicitó al presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango para que informara la fecha en que iniciaría el próximo proceso electoral en dicha entidad y, finalmente, le pidió al presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que expresara su opinión en torno a la acción de inconstitucionalidad 17/2015 y su acumulada 18/2015.
10. Informe del Instituto Nacional Electoral. Mediante oficio número INE/SCG/0301/2015, presentado el veintisiete de marzo de este año en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte, el secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral desahogó el requerimiento formulado, remitiendo para tal efecto copias certificadas de los Estatutos del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Acción Nacional.
11. Opinión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por su parte, al rendir las opiniones solicitadas el seis de abril de dos mil quince, la referida Sala Superior expuso los razonamientos que se sintetizan a continuación:
a) Por lo que hace a que el legislador permanente de Durango incurrió en la omisión de prever en los artículos 32 Bis, numeral 3, fracción V y 32 Quáter, numerales 4 y 5, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estimó que carecía de competencia para opinar al respecto, no sin antes señalar que el demandante no hizo valer una deficiencia legislativa acerca de las disposiciones normativas tildadas de inconstitucionales, pues sólo se centra en señalar las supuestas omisiones en que incurrió el legislador, además de que esta Suprema Corte ya se ha pronunciado en el sentido de que procede alegar omisiones legislativas cuando se trata de deficiencia en los preceptos impugnados, mas no en la ausencia de los mismos.
b) Por lo que respecta a que la implementación de la figura de la candidatura común, es inconstitucional, en la medida en que establece la transferencia de votos a través de un convenio y que, con ello, se viola, el principio universal del sufragio, señaló que esta Suprema Corte, en sesión de veintitrés de septiembre de dos mil catorce, al resolver la acción de inconstitucionalidad 59/2014, determinó que los votos se computarán a favor del candidato común y la distribución del porcentaje de votación conforme al convenio de candidatura común registrado ante la autoridad electoral.
c) Ello, sobre la base de que en las consideraciones torales del precedente citado, consideró que las reglas respecto de la candidatura que permite que mediante un convenio se distribuyan los votos recibidos, se enmarcan dentro del ejercicio de su libertad configurativa en materia electoral y no violan precepto constitucional alguno, pues se respeta la decisión del elector, quien no vota por una partido identificado individualmente, sino por la candidatura común, y se encuentra en posibilidad de saber que su voto, en todo caso, tendrá efectos conforme a la ley y al convenio que hubiesen celebrado los partidos políticos postulantes, lo cual garantiza certeza, objetividad y autenticidad en el proceso electoral. Por tanto, como existe criterio por parte de este Tribunal Pleno, resulta innecesario hacer un pronunciamiento al respecto.
d) El Partido Acción Nacional, en sus conceptos de invalidez, considera que las disposiciones combatidas son contrarias a los artículos 36 y 41 de la Constitución Federal, porque representan un fraude a la ley y un abuso de derecho que distorsiona el sistema de partidos políticos, al permitir que en el convenio de candidatura común se establezca la forma en que se acreditarán los votos a cada uno de los partidos postulantes, contraviniendo los principios generales del sufragio en la conformación de los Congresos Federal y Estatales, los cuales en la reforma de dos mil catorce, se dispuso que fueran acordes a la voluntad del electorado.
e) Sobre dichos planteamientos, la Sala Superior consideró que no son materia de opinión, debido a que corresponde al ámbito del derecho en general y del derecho constitucional resolver lo conducente, por lo que no se requiere de una opinión especializada por parte de dicho órgano judicial por no ser temas exclusivos de derecho electoral.
12. Informe del Poder Legislativo. El nueve de abril de dos mil quince, la presidenta de la Mesa Directiva de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado de Durango rindió el informe solicitado, expresando los razonamientos que se sintetizan a continuación sobre los conceptos de invalidez de ambas demandas de acción de inconstitucionalidad:
a) En relación con el concepto de invalidez del Partido de la Revolución Democrática, se dice que los artículos 32 Bis, numeral 3, fracción V y 32 Quáter, numeral 4, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango resultan acordes a la Constitución Federal. En principio, porque se respeta la decisión del elector, ya que éste no vota por un partido político identificado individualmente (como acontece en el ámbito de las coaliciones), sino que vota por la candidatura en común y, al hacerlo, sabe que su voto tendrá efectos conforme a la ley y al convenio suscrito por los partidos políticos (mismo que fue publicado para conocimiento de la población). Es decir, no se transgrede la voluntad del electorado, pues al votar un emblema común, los términos y condiciones del convenio de candidatura común se conocían anticipadamente a la jornada electoral por los votantes.
b) Lo anterior es así, con fundamento en lo resuelto por la Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad 59/2014, en la que se analizaron disposiciones idénticas a la impugnada y se declaró su constitucionalidad, con base en el principio de libre configuración legislativa, en torno a la figura de candidatura común.
c) Tomando como premisa lo relatado en párrafos precedentes, se pasa al estudio de la demanda del Partido Acción Nacional y se afirma que es incorrecto su primer concepto de invalidez, en el que se alega la existencia de una omisión legislativa. Ello, pues a diferencia de lo que ocurre con las coaliciones, si en la legislación local no se dispuso expresamente una prohibición para que los partidos políticos de nuevo registro participaran bajo la figura de la candidatura común, entonces, no puede extenderse, dado que se provocaría una inconstitucionalidad al violentarse el principio de taxatividad de la norma, así como la libertad configurativa de las entidades federativas.
d) La figura de las candidaturas comunes tiene su asiento en el numeral 5 del artículo 85 de la Ley General de Partidos Políticos, el cual ya fue validado en la acción de inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas, y que a la letra dice: "será facultad de las entidades federativas establecer en sus Constituciones Locales otras formas de participación o asociación de los partidos políticos a fin de postular candidatos."
e) En esa línea, se destaca que la figura de las candidaturas comunes ya fue definida y reconocida por esta Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad 61/2008 y, además, en la citada acción de inconstitucionalidad 59/2014 se señaló que el legislador local podía regular esta figura política dentro del ejercicio de su libertad configurativa, por lo que no resultan aplicables los precedentes citados, en cuanto a las reglas previstas para las coaliciones.
f) Así, se reitera que no existe una obligación legal para que el legislador del Estado de Durango establezca una prohibición a los partidos políticos de nuevo registro para no participar por la figura de la candidatura común.
g) Por lo que hace al segundo concepto de invalidez del Partido Acción Nacional, se sostiene que el partido actor parte de una interpretación errónea y parcial de los artículos impugnados y que en realidad no existe una laguna jurídica, pues el artículo 32 Quáter, numeral 15 (sic), de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango prevé que los votos se computarán a favor del candidato en común y la distribución del porcentaje de votación será conforme al convenio respectivo, la cual no sólo tendrá efectos para la conservación del registro y el otorgamiento del financiamiento público, sino también para efectos de la asignación de diputados por el principio de representación proporcional.
h) La interpretación del sistema electoral que pugna el partido político promovente restringe injustificadamente el voto del electorado y sus efectos. En ese sentido, se dice que una interpretación de las reglas asignadas a las candidaturas comunes, conforme a los postulados de la Constitución Federal, permite concluir que la distribución de votos tendrá utilidad tanto para la conservación del registro y otorgamiento de financiamiento como para la asignación de cargos bajo el principio de representación proporcional.
i) En relación con los conceptos de invalidez tercero, cuarto, quinto y sexto del Partido Acción Nacional, se afirma que las normas reclamadas, de ninguna manera, ocasionan una transferencia de votos que transgreda los principios de sufragio y de certeza ni tampoco producen un abuso de derecho o fraude a la ley.
j) Primero, porque se respeta la decisión del electorado, dado que no se vota por un partido político identificado individualmente, sino por una candidatura común y, segundo, se insiste que esta postura está respaldada por lo resuelto por la Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad 59/2014, en el que se destacó que las reglas previstas para las candidaturas en común y la forma en que se contabilizarán los votos para los partidos políticos forman parte de la libertad configurativa del legislador local.
13. Informe del Poder Ejecutivo. El diez de abril de dos mil quince, el consejero general de Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado de Durango rindió el informe solicitado al Ejecutivo, en el que manifestó los siguientes razonamientos en torno al fondo de la controversia:
a) Por lo que hace al primer y segundo conceptos de invalidez del Partido Acción Nacional, se afirma que los artículos cuestionados no contravienen el principio de certeza jurídica en cuanto a la participación de un partido político de nueva creación a través de la figura de la candidatura común, ni tampoco se actualiza una laguna jurídica u omisión que conlleve a una transgresión al principio de sufragio y al de representación proporcional. Para ello, el Poder Ejecutivo utiliza los mismos argumentos del Poder Legislativo para defender la constitucionalidad de las normas reclamadas, destacando, entonces, que no existe una obligación para prohibir a los partidos políticos de nueva creación su participación en la elección a través de una candidatura común y que de una interpretación sistemática existen reglas para la aplicación de los votos de este tipo de candidaturas a los cargos de representación proporcional.
b) Respecto a los conceptos de invalidez tercero, cuarto, quinto y sexto del Partido Acción Nacional y el único del Partido de la Revolución Democrática, se razona que los preceptos impugnados tampoco violentan los principios del sufragio ni representa un fraude a la ley o un abuso del derecho. De igual manera, se expusieron los mismos argumentos del Poder Legislativo para defender su constitucionalidad.
14. Informe del Instituto Electoral Local. Posteriormente, el trece de abril de dos mil quince, el consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango cumplió con el requerimiento solicitado y, entre otras cuestiones, destacó que el proceso electoral en tal entidad federativa comienza la primera semana del mes de octubre de dos mil quince.
15. Pedimento. El procurador general de la República no formuló pedimento en el presente asunto.
16. Cierre de la instrucción. Finalmente, tras el trámite legal correspondiente y la presentación de alegatos, por acuerdo de veinticuatro de abril de dos mil quince, se declaró cerrada la instrucción del asunto y se envió el expediente al Ministro instructor para la elaboración del proyecto de resolución. Ver votación 1
II. Competencia
17. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Federal y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que partidos políticos nacionales plantean la posible contradicción entre la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango y diversos preceptos de la Constitución Federal. Ver votación 2
III. Precisión de las normas reclamadas
18. Del análisis de los escritos de demanda de las acciones de inconstitucionalidad, se advierte que se solicitó la inconstitucionalidad de los artículos 32 Bis, numeral 3, fracción V y 32 Quáter, numerales 4 y 5, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, publicados en el Decreto 321, inserto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango Número 14, de quince de febrero de dos mil quince.
19. Así, esta Suprema Corte tiene a los tres preceptos legales como reclamados, pues aunque la mayoría de los argumentos están destinados a evidenciar una supuesta transferencia de votos u omisiones relacionadas con la figura de candidatura común, ambos partidos destinaron sus argumentos de inconstitucionalidad teniendo como premisa que las tres normas conforman un sistema que regula las
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25890-34310d0a/i-candidaturas-comunes-transferencia-de-votos-articulos-32 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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