EMPLAZAMIENTO EN EL JUICIO LABORAL. PROCEDIMIENTO A SEGUIR ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE EMPLAZAR A UN ÚNICO DEMANDADO [APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 98/2013 (10a.)].
CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO. 11 DE NOVIEMBRE DE 2014. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS VÍCTOR PEDRO NAVARRO ZÁRATE, JOSÉ DE JESÚS ORTEGA DE LA PEÑA, ALEJANDRO ALBERTO ALBORES CASTAÑÓN Y MARÍA ISABEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ. PONENTE: VÍCTOR PEDRO NAVARRO ZÁRATE. SECRETARIO: EDGAR HUMBERTO MUÑOZ CASTILLO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Este Pleno en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, es legalmente competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como con el Acuerdo General 11/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de mayo de dos mil catorce, que previene la competencia de los Plenos especializados para conocer de las contradicciones de tesis planteadas entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia de Trabajo de este Cuarto Circuito.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por el Magistrado José de Jesús Ortega de la Peña, integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, quien se encuentra facultado para denunciar la posible contradicción de criterios, en términos del artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo.
TERCERO. La ejecutoria dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Trabajo del Cuarto Circuito, al resolver el amparo directo número 479/2014, en sesión de veintinueve de mayo de dos mil catorce, en lo conducente, es del tenor siguiente:
"QUINTO. Antecedentes del acto reclamado.
"Como una cuestión previa, es conveniente realizar una breve relatoría de los antecedentes procesales más relevantes del acto que se reclama.
"**********, demandó de **********, ubicada en **********, la indemnización constitucional por despido injustificado, entre otros conceptos tales como, prima de antigüedad, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, tiempo extra y media hora de descanso, así como días festivos y salarios caídos.
"Como hechos fundatorios de sus pretensiones, la actora por conducto de su apoderado expuso lo siguiente: (se transcribe).
"La demanda se admitió por acuerdo de fecha tres de febrero de dos mil doce, en el que se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas; asimismo, se ordenó el emplazamiento de la parte demandada y se les apercibió para el supuesto de no comparecer sin justa causa, que se les tendría por inconformes de todo arreglo conciliatorio, por contestada la demanda en sentido afirmativo y por perdido su derecho a ofrecer pruebas. (foja 4)
"En cumplimiento a lo anterior, a foja 7 de autos obra diligencia de nueve de febrero de dos mil doce, mediante la cual la fedataria judicial adscrita a la Junta responsable, hizo constar las razones por las que no le fue posible emplazar a la sociedad demandada.
"Posteriormente, el ocho de marzo de dos mil doce, fecha señalada para la celebración de la audiencia de conciliación demanda y excepciones, la Junta acordó dada la incomparecencia del actor a dicha audiencia y de conformidad con los razonamientos que dio el fedatario judicial, otorgó un término de tres días a la parte actora para que proporcionara el domicilio en el cual pudiera ser emplazada la demandada, con el apercibimiento de no hacerlo así, ordenaría el archivo del expediente como asunto total y definitivamente concluido.
"En cumplimiento a lo anterior, a foja 10 de autos obra escrito signado por el apoderado jurídico de la actora, mediante el cual precisó como domicilio donde podía ser emplazada la parte demandada el ubicado en **********.
"En vista de lo anterior, por auto de veinte de marzo de dos mil doce, la Junta acordó señalar fecha para el verificativo de la audiencia de ley, además, ordenó emplazar a la demandada por conducto de uno de los actuarios de su adscripción.
"Así, el veintisiete de marzo de dos mil doce, el actuario hizo constar en el acta respectiva las razones por las cuales no le había sido posible emplazar a la demandada.
"Dicha diligencia es del tenor siguiente: ‘En **********, siendo las once horas con cincuenta minutos, del día veintisiete de marzo del año dos mil doce, el suscrito actuario me constituí en el domicilio de la parte demandada ********** sito en **********, a fin de notificar el acuerdo de fecha veinte de marzo del año en curso dictado y firmado por los CC. Representantes que integran la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, dentro de los autos del expediente laboral número 01781/I/02/2012, que contiene la reclamación promovida por **********, en contra de **********, una vez constituido en el domicilio antes mencionado, mismo que cuenta con las siguientes características: NEGOCIO COLOR **********, CON EL NÚMERO ********** A LA VISTA, CON VENTANAS DE CRISTAL, CON PROTECTORES DE FIERRO COLOR **********, CON PUERTA DE ACCESO DE FIERRO COLOR **********; encontrando dicho inmueble cerrado, procediendo el suscrito actuario a tocar la puerta de acceso del mismo, por un espacio aproximado de 10-diez minutos, sin ser atendido por persona alguna, sin poder cerciorarme de que éste lugar sea efectivamente el de la parte demandada, por lo anterior no me es posible llevar a cabo la diligencia encomendada. Dando por concluida la presente diligencia, redactando el acta correspondiente a fin de que surta los efectos legales a que haya lugar. DOY FE.’ (foja 14)
"Enseguida, en fecha veintiséis de abril de dos mil doce, fecha señalada para la audiencia de ley, en virtud de la incomparecencia del actor y las razones expuestas en la diligencia actuarial antes referida, la Junta acordó en la parte que interesa lo siguiente: LA JUNTA ESPECIAL ACUERDA: ‘Tener por no celebrada la presente audiencia en virtud de la incomparecencia de la parte actora y demandada **********, en virtud que no fueron emplazados a juicio, en cuanto la actora no obra constancia alguna, y en lo que respecta a la demandada según se desprende del acta de fecha veintisiete de marzo del dos mil doce, elaborada por el C. Actuario adscrito esta Junta Especial Dos LIC. APOLINAR DUQUE GÓMEZ y vista la manifestación vertida por la parte actora, y como lo solicita se le otorga un término de TRES DÍAS, a fin de que proporcione o justifique con documento fehaciente el domicilio en el cual puede ser emplazado a juicio el demandado antes mencionado, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo así se ordenará el archivo del expediente en que se actúa como asunto total y definitivamente concluido. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 735 y 738 de la Ley Federal del Trabajo. Quedando notificado el compareciente mismo que firma al margen para legal constancia. NOTIFÍQUESE ...’ (foja 15)
"Así, el dieciséis de mayo de dos mil doce, en virtud del incumplimiento de la actora, la Junta hizo efectivo el apercibimiento decretado por auto de veintiséis de abril de la citada anualidad, por lo que ordenó el archivo del expediente.
"Dicha determinación fue del tenor siguiente:
"‘MONTERREY NUEVO LEÓN A DIECISÉIS DE MAYO DEL DOS MIL DOCE.
"‘VISTO el expediente laboral número 01781/i/02/2012, que contiene la reclamación promovida por **********, en contra de **********, y apareciendo que a la fecha del día de hoy, la parte actora **********, no ha cumplido con el apercibimiento que le hiciera esta autoridad mediante proveído de fecha VEINTISIETE DE ABRIL DEL DOS MIL DOCE y habiendo transcurrido dicho término sin que diera cumplimiento al mismo, advirtiendo su falta de interés jurídico, por el caso de hacerlo efectivo y se ordena el archivo del expediente 01781/i/02/2012 como asunto total y definitivamente concluido, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 735 y 738 de la Ley Federal del Trabajo en vigor. NOTIFÍQUESE ...’ (foja 19)
"SEXTO. ESTUDIO Y RESOLUCIÓN DEL PROYECTO.
"El concepto de violación es esencialmente fundado, aunque para ello sea necesario suplir la deficiencia de la queja de conformidad con la fracción V, del artículo 79 de la Ley de Amparo.
"En primer término, es oportuno precisar que cuando este tribunal haga referencia de la Ley Federal del Trabajo o de su articulado, se trata del texto anterior al decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la misma, el cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación del treinta de noviembre de dos mil doce.
"Establecido lo anterior, en sus motivos de disenso la quejosa alega medularmente, que la Junta responsable no funda ni motiva el acuerdo el acuerdo (sic) por el cual ordenó el archivo del expediente como asunto total y definitivamente concluido.
"Así mismo, la quejosa aduce que del código obrero no se desprende ningún precepto o fundamento que la autorice para que antes de iniciar el procedimiento laboral ordene el archivo de la demanda y lo tenga por definitivamente concluido.
"Tales argumentos resultan esencialmente fundados, por las siguientes consideraciones.
"Lo anterior es así, ya que lo fundado del motivo a estudio estriba en que, la determinación de la responsable viola lo dispuesto por los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que no existe en la Ley Federal del Trabajo disposición alguna que faculte a las Juntas ordenar el archivo de un expediente, como asunto concluido, sin haber seguido el trámite de las demandas que se les presentan, lo anterior, en virtud de que el dejar de continuar con el trámite de una demanda laboral a pesar de carecer de facultades para ello, constituye una infracción a las normas que rigen el procedimiento del juicio laboral, en atención a lo que establecen los artículos 685, 871, 872 y 873, de la Ley Federal del Trabajo.
"Dichos preceptos establecen lo siguiente: (se transcriben).
"La transcripción de los mencionados preceptos permite determinar, que el procedimiento del derecho del trabajo es público, gratuito, predominantemente oral y se inicia a instancia de parte; que comienza con la presentación de la demanda, en la cual deben precisarse los hechos en que se funden las peticiones y acompañarse, si lo desea el promovente, las pruebas que estime pertinentes; que la Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la en que reciba el ocurso, dictará un acuerdo en el que, aparte de señalar fecha para la celebración de la audiencia de ley -la que se efectuará dentro de los quince días siguientes-, ordenará la notificación personal a las partes, apercibiendo al demandado de tenerlo por inconforme con todo arreglo, por contestado el libelo en sentido afirmativo y por perdido el derecho a ofrecer pruebas, si no concurre a la audiencia.
"Además, se impone a la Junta la obligación de que si advirtiera alguna irregularidad en la demanda, al admitirla, debe indicar los defectos u omisiones en que haya incurrido el interesado, a efecto de prevenirlo para que la subsane dentro del plazo de tres días.
"De lo hasta aquí expuesto se concluye, que la Ley Federal del Trabajo, para resolver sobre la admisión de la demanda laboral, no establece como requisito el que se deba analizar si el domicilio proporcionado por el actor en su demanda sea correcto.
"Así, se tiene que el numeral 871 de la Ley Federal del Trabajo dispone, en lo conducente, que el procedimiento se iniciará con la presentación del escrito de demanda, donde utiliza el vocablo ‘procedimiento’ como sinónimo de ‘juicio’, si se toma en cuenta que el capítulo XVII, al que pertenece dicha norma, se denomina ‘procedimiento ordinario ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje’, en tanto que el precepto 870 del propio ordenamiento estatuye: ‘Las disposiciones de este capítulo rigen la tramitación y resolución de los conflictos individuales y colectivos de naturaleza jurídica que no tengan una tramitación especial en esta ley.’, y el citado capítulo regula todas las etapas que conforman propiamente el proceso o juicio, es decir, el conjunto de actos procesales que se realizan para la composición de un litigio: el planteamiento de las pretensiones del accionante, la contestación de tales exigencias por parte del demandado mediante la oposición en su caso, de las excepciones procedentes; el ofrecimiento, admisión y desahogo de las pruebas de los contendientes, el periodo de alegatos y el pronunciamiento del laudo por parte de la autoridad.
"Consecuentemente, es válido sostener que, en materia de trabajo, la presentación del escrito de demanda da inicio al juicio ordinario, en términos del artículo 871 de la ley laboral, por lo que recibido el que cumpla con los requisitos previstos en ésta, la Junta debe admitirlo, señalar fecha para la celebración de la audiencia trifásica, sin que sea procedente en ese momento, o en algún otro previo al dictado del laudo, hacer pronunciamiento alguno sobre la procedencia o improcedencia de la acción intentada.
"Sirve de apoyo a lo anterior, el siguiente criterio: (se transcriben datos de identificación) ‘ACCIÓN LABORAL. EL AUTO ADMISORIO NO DEBE CALIFICAR SU PROCEDENCIA. Del contenido de los artículos 865, 871, 872 y 873 de la Ley Federal del Trabajo, los cuales regulan el inicio del procedimiento laboral, se advierte que ninguno de ellos autorizan a las Juntas a analizar la demanda para determinar si la acción laboral intentada por el actor está prevista en la ley, y en caso de no ser así, desecharla o no darle trámite, ordenando su archivo como total y definitivamente concluido. Por el contrario, la ley le impone la obligación de estudiar el ocurso únicamente para indicar los defectos u omisiones en que hubiese incurrido; por tanto, carece de fundamento legal el auto admisorio en el que la Junta resuelva no dar trámite a la demanda, por el hecho de que la acción laboral intentada no esté prevista en la ley, toda vez que de conformidad con los diversos 840, 841 y 842 del mismo código obrero, será hasta el momento en que se pronuncie el laudo cuando se analicen las peticiones de las partes y los hechos controvertidos, se haga la enumeración y apreciación de las pruebas aportadas y se resuelva de manera clara, precisa y congruente sobre las pretensiones deducidas oportunamente en el juicio.’ (se transcriben datos de aprobación)
"Como se infiere de lo anterior, ninguno de los artículos reguladores del inicio del procedimiento laboral, autoriza a las Juntas a desechar o no dar trámite a la demanda, ya sea de manera total o parcial, ni tampoco las faculta a ordenar su archivo como asunto total y definitivamente concluido, ya sea por uno o todos los demandados; por el contrario, el estudio del ocurso debe hacerlo únicamente para indicar los defectos u omisiones en que se hubiera incurrido.
"De ahí que resulte ilegal el acuerdo de dieciséis de mayo de dos mil doce, mediante el cual la responsable ordenó el archivo del asunto porque la parte actora no cumplió con el apercibimiento que le fuera impuesto; pues, como se estableció en párrafos anteriores, ninguno de los artículos reguladores del inicio del procedimiento laboral autorizan a las Juntas a desechar o no dar trámite a las demandas laborales, ordenando su archivo como total y definitivamente concluido.
"En efecto, el actuar de la responsable de ordenar el archivo del asunto, alteró el desarrollo normal del procedimiento jurisdiccional, dado que no pueden ignorarse las reglas de carácter general y de necesaria observancia en todo proceso jurisdiccional, máxime que no existe disposición legal que la autorice para archivar una demanda laboral sin el trámite correspondiente, cuando más debe reconocérsele la facultad de indicar algún defecto u omisión formal en que haya incurrido la parte actora y otorgarle un plazo para que lo subsane.
"De esta manera, las razones vertidas por la responsable no son correctas, porque antepuso causas de índole práctico a las jurídicas, en virtud de que no existe alguna disposición que autorice a dichas Juntas a ordenar el archivo del asunto, so pretexto de que la parte actora hubiera incumplido con el requerimiento de proporcionar o justificar con documento fehaciente el domicilio en el cual pudiera ser emplazada a juicio la demandada.
"Efectivamente, si la Junta responsable no sólo se limitó a requerir al accionante para que proporcionara o justificara con documento fehaciente el domicilio en el cual pudiera ser emplazada a juicio la parte demandada, sino que además hizo efectivo el apercibimiento ordenando el archivo del expediente como asunto concluido, ese proceder es violatorio de sus derechos fundamentales y de las garantías para su protección al no tener sustento legal alguno y, también, porque al hacer efectivo el apercibimiento decretado implica la revocación del acuerdo admisorio de la demanda, y ello contraviene lo dispuesto por el artículo 686, párrafo segundo, in fine, de la Ley Federal del Trabajo, en relación con el 848, del propio ordenamiento.
"Ahora bien, cabe decir, que si bien es cierto que la Ley Federal del Trabajo no establece el procedimiento a seguir cuando se ignora el domicilio del patrón, dado que el numeral 712, en relación con el precepto 743, fracción VI, sólo regula el supuesto tocante a cuando el trabajador ignore el nombre del patrón, caso en el cual el emplazamiento se realizará en el domicilio donde prestó sus servicios, también lo es, que la Junta debió proceder en términos del numeral 17, de la ley laboral, que indica que a falta de disposición expresa en la Constitución, en la propia ley o en sus reglamentos, se deberán tomar en consideración casos semejantes, los principios generales que deriven de esos ordenamientos, los principios generales de derecho, los principios de justicia social que derivan del artículo 123, de la Constitución, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad.
"Por tanto, la Junta debe emplear los medios legales que tenga a su alcance para emplazar a la parte demandada, a fin de no contravenir las normas legales relativas a las facultades que para mejor proveer le son otorgadas para el esclarecimiento de la verdad, máxime que al contar con el nombre de las personas físicas demandadas está en posibilidad de solicitar los informes pertinentes a las autoridades administrativas (sanitarias, fiscales, etcétera) a fin de que le proporcionen el domicilio de los mismos.
"Las autoridades a las que puede solicitarse la información sobre el domicilio de los demandados, de manera enunciativa mas no limitativa, pueden ser:
"a) Administración Local de Recaudación o de Servicios al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria, con residencia en Monterrey, Guadalupe y San Pedro Garza García, Nuevo León;
"b) La Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado;
"c) El Instituto Mexicano del Seguro Social;
"d) El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores;
"e) La Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio; o bien,
"f) Teléfonos de México, Sociedad Anónima de Capital Variable;
"g) La Comisión Federal de Electricidad;
"h) Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey Institución Pública Descentralizada;
"i) El Instituto de Control Vehicular;
"j) Instituto Federal Electoral
"k) Secretaría de Relaciones Exteriores.
"El no ejercer las facultades para mejor proveer en el caso referido, implicaría por parte de la Junta laboral contravenir las disposiciones legales que le otorgan éstas, al no hacer uso de ellas en un caso en que resulta necesario a fin de no contrariar el espíritu proteccionista de la ley a favor del trabajador que desconoce el domicilio de su patrón, ya que resultaría absurdo, caprichoso y arbitrario que la autoridad laboral, en el caso de que conozca el nombre del patrón, pero se desconozca el domicilio de éste, no haga uso de esas facultades a fin de determinarlo cuando se desconoce, a pesar de que tal determinación constituye un presupuesto indispensable para que prospere la acción y pueda dictarse un laudo condenatorio cuando así proceda.
"Sirve de apoyo a lo anterior, el siguiente criterio jurisprudencial:
"(se transcriben datos de identificación) ‘CONDENA EN CONTRA DE LA FUENTE DE TRABAJO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IGNORA EL NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DEL PATRÓN, DEBIENDO LA JUNTA LABORAL, EN USO DE SUS FACULTADES PARA MEJOR PROVEER, ORDENAR LAS PROVIDENCIAS NECESARIAS PARA DETERMINAR LA IDENTIDAD DE AQUÉL. No es posible legalmente decretar en el laudo una condena en contra de la fuente de trabajo, entendida como el lugar en donde el trabajador presta sus servicios, cuando se desconoce el nombre, razón social o denominación del patrón, en primer lugar, porque sólo las personas físicas y morales son titulares de derechos y obligaciones jurídicas y sólo a ellas puede exigirse el cumplimiento de una condena; en segundo lugar, porque la identidad de la persona responsable de la fuente de trabajo constituye un presupuesto de la acción laboral, sin el cual no puede prosperar. No es obstáculo a lo anterior el que el artículo 951, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo disponga que el requerimiento de pago y embargo para la ejecución de un laudo pueda llevarse a cabo en el domicilio donde se practicó el emplazamiento cuando en la demanda no se haya señalado el nombre del patrón, pues de ello no se sigue que en el laudo pueda establecerse condena contra persona indeterminada. Asimismo, el que conforme a los artículos 712 y 740 del ordenamiento citado, proceda admitir la demanda con el solo señalamiento del domicilio en que se labora o laboró y de la actividad del patrón, cuando el trabajador desconozca el nombre, razón social o denominación de aquél, caso en que procede el emplazamiento en ese domicilio, únicamente hace patente la intención del legislador de evitar que el trabajador quede indefenso por desconocer la identidad de su patrón, permitiéndole ejercer su derecho de acción y ordenándose el emplazamiento con el propósito de que la persona responsable de la fuente de trabajo comparezca al procedimiento. Sin embargo, cuando ello no ocurre así, a fin de respetar el espíritu proteccionista de la ley a favor del trabajador y evitar que éste quede indefenso cuando el patrón no comparece al procedimiento, por no poderse decretar condena en contra de persona indeterminada, la Junta laboral debe, si advierte en la fase de arbitraje que no compareció la parte demandada y que no existen elementos para determinar su identidad, haciendo uso de la facultad para mejor proveer prevista en los artículos 782 y 886 de la Ley Federal del Trabajo, ordenar la investigación que permita conocer a la persona física o moral responsable de la fuente de trabajo para decretar, en su caso, la condena en su contra, lo que puede lograr a través del conocimiento que tiene del domicilio en que labora o laboró el trabajador y la actividad a que se dedica el patrón, pues con esos elementos está en posibilidad de solicitar los informes pertinentes a las autoridades administrativas (sanitarias, fiscales, etcétera), a fin de que le proporcionen el nombre de la persona responsable de la fuente de trabajo.’ Tesis de jurisprudencia 98/2000. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del seis de octubre del año dos mil. (se transcriben datos de aprobación)
"El criterio anterior se estima aplicable al caso por analogía, ya que si la Suprema Corte consideró que en el supuesto en que se desconozca el nombre del patrón y propietario de la fuente de trabajo, la Junta debe ordenar la investigación que permita conocer a la persona física o moral responsable de dicha fuente, para decretar la condena en su contra, idéntica razón existe en el caso de que conociéndose el nombre del demandado, no conozca su domicilio exacto y correcto.
"Asimismo, se comparten los siguientes criterios: (se transcriben datos de identificación) ‘DEMANDA LABORAL. ES ILEGAL ORDENAR EL ARCHIVO DEL ASUNTO POR NO CUMPLIR EL ACTOR CON EL APERCIBIMIENTO DE PROPORCIONAR EL DOMICILIO DE LA PARTE DEMANDADA. Resulta ilegal la resolución de la Junta laboral en la que ordena el archivo del expediente con base en que la parte actora no allegó algún elemento o medio de convicción que acreditara el domicilio de la parte demandada, ni señaló uno diverso en el que se le pudiera emplazar, dado que antepone razones de índole práctico a las jurídicas, en virtud de que no existe disposición en la Ley Federal del Trabajo que autorice a las Juntas a ordenar el archivo del asunto, so pretexto de que la parte actora hubiera incumplido con el requerimiento de proporcionar el domicilio exacto de la demandada; además, porque el hacer efectivo el apercibimiento decretado implica la revocación del acuerdo admisorio de la demanda, y ello contraviene lo dispuesto por el artículo 686, párrafo segundo, in fine, de la Ley Federal del Trabajo, en relación con el diverso 848 del propio ordenamiento.’
Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito. (se transcriben datos de localización).
"‘DEMANDA LABORAL. PROCEDIMIENTO A SEGUIR CUANDO SE IGNORA EL DOMICILIO DE LA PARTE DEMANDADA (ARTÍCULO 17 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO). Como la Ley Federal del Trabajo no establece el procedimiento a seguir cuando se ignore el domicilio del patrón demandado, dado que el numeral 712, en relación con el precepto 743, fracción VI, sólo regula la hipótesis en que el trabajador ignore el nombre del patrón, caso en el cual el emplazamiento se realizará en el domicilio donde prestó sus servicios, la Junta debe proceder en términos del artículo 17 de la ley laboral, que indica que a falta de disposición expresa en la Constitución, en la propia ley o en sus reglamentos, se deberán tomar en consideración sus disposiciones que regulen casos semejantes, los principios generales que deriven de esos ordenamientos, los principios generales de derecho, los principios de justicia social que derivan del artículo 123 de la Constitución, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad; lo que implica que la Junta laboral debe emplear los medios legales que tenga a su alcance para emplazar a la demandada, a fin de no contravenir las normas legales relativas a las facultades que para mejor proveer le son otorgadas para el esclarecimiento de la verdad, lo que puede lograr a través del conocimiento que tiene del lugar en que el trabajador manifestó que laboró con dicha demandada y la actividad que éste le imputó, pues con esos elementos estará en posibilidad de solicitar los informes pertinentes a las autoridades administrativas (sanitarias, fiscales, etcétera), a fin de que le proporcionen el domicilio de la persona en cita.’ Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito.
"Cabe destacar, que no es inadvertida para este Órgano Colegiado la jurisprudencia siguiente: (se transcriben datos de identificación)
"‘EMPLAZAMIENTO AL JUICIO LABORAL. PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR LA JUNTA CUANDO SE SEÑALA MÁS DE UN DEMANDADO Y ALGUNO O ALGUNOS DE ELLOS NO PUDIERON SER EMPLAZADOS. Conforme al artículo 712 de la Ley Federal del Trabajo, el trabajador debe proporcionar en su escrito inicial de demanda, cuando menos, el domicilio de la fuente de trabajo, por lo que cuando endereza su reclamación contra más de un patrón, esa obligación debe cumplirla respecto de todos. Por tanto, cuando no haya podido emplazarse a todos los demandados señalados en el escrito inicial, por no haberse proporcionado su domicilio o no ser el correcto y, ante la falta de disposición expresa que señale cómo debe procederse en estos casos, mediante la interpretación sistemática de los artículos 17, 685, 735 y 874 de la ley de la materia se obtiene que la Junta competente, en la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas inicial a la que haya citado a las partes, deberá fijar de oficio una nueva fecha para su celebración, requiriendo en ese acto a la actora para que proporcione, en un término de 3 días hábiles, el domicilio del o de los demandados que no pudieron ser emplazados, y apercibiéndola de que si no proporciona el o los domicilios correctos, se tendrá por no interpuesta la demanda contra quien no haya podido ser emplazado y se continuará la tramitación del juicio con el o los patrones legalmente emplazados.’ Tesis de jurisprudencia 98/2013 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintinueve de mayo de dos mil trece. (se transcriben datos de aprobación)
"Del anterior criterio se desprende claramente, que cuando en la reclamación laboral se señala a más de un demandado, pero alguno o algunos de ellos no son citados al juicio por no haber proporcionado sus domicilios o no son los correctos, la Junta válidamente puede tener por no interpuesta la demanda que se promovió en contra de éstos, previo requerimiento al trabajador o trabajadores en la audiencia de ley, de que proporcione, en un término de tres días hábiles, el lugar en el que pueden ser emplazados, y no se cumple con ello o los que se proporcionan no son los correctos, ello en atención a que el procedimiento se seguiría en contra de los que sí fueron emplazado (sic).
"Sin embargo, en la especie no se está en ese supuesto, toda vez que, en este caso únicamente fue señalado a una demandada, la cual no pudo ser emplazada, de manera que, se reitera, la inaplicación de la jurisprudencia en cita.
"En vista de lo expuesto, en la especie se actualiza la violación a las reglas del procedimiento, prevista en el ar
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25409-10984dda/emplazamiento-en-el-juicio-laboral-procedimiento-a-seguir · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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