EMPLAZAMIENTO AL JUICIO LABORAL. PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR LA JUNTA CUANDO SE SEÑALA MÁS DE UN DEMANDADO Y ALGUNO O ALGUNOS DE ELLOS NO PUDIERON SER EMPLAZADOS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 481/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO Y SEXTO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO Y SEGUNDO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO. 24 DE ABRIL DE 2013. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS. DISIDENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIA: ILEANA MORENO RAMÍREZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis.(3)
SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.(4)
TERCERO. Criterios en contienda. A continuación, conviene tener presentes los criterios sostenidos por los Tribunales Colegiados de Circuito.
Décimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito (denunciante)
Amparo directo 291/2012
Un trabajado promovió un juicio laboral contra cuatro personas morales (**********, S.A. de C.V., **********, S.A., **********, S.A. de C.V. y **********, S.A. de C.V.) y tres personas físicas (**********, ********** y **********), reclamando despido injustificado. Por ello, solicitó el pago de la indemnización constitucional y de salarios caídos, entre otras prestaciones.
El demandante señaló domicilio para llevar a cabo el emplazamiento a juicio; sin embargo, sólo fue posible emplazar a tres personas morales y a una persona física. Es decir, aún faltaba llamar a juicio a una persona moral (**********, S.A. de C.V.) y a dos físicas (********** y **********). Mediante auto del veintitrés de junio de dos mil siete, la Junta Especial Número Diez de la Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal ordenó requerir al actor para que proporcionara más elementos para la localización y emplazamiento de las demandadas, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se archivaría el expediente laboral respecto de esas personas, con fundamento en los artículos 742, 743 y 712 de la Ley Federal del Trabajo.
El veinte de septiembre de dos mil siete, la Junta celebró la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas. En primer lugar, hizo efectivo el apercibimiento formulado a la parte actora, y ordenó el archivo del expediente en relación con los demandados que no fueron emplazados. En la misma audiencia, el apoderado de la parte demandada ratificó su escrito de contestación.
Al contestar la demanda, una de las personas morales que fueron emplazadas (denominada **********, S.A. de C.V.) señaló que el actor sí había prestado sus servicios en la empresa. Sin embargo, negó que hubiera sido despedido (justificada o injustificadamente) y manifestó que simplemente dejó de presentarse a trabajar. En la contestación ofreció "la reinstalación en su empleo del cual nunca fue separado, en los mismos términos y condiciones en que lo venía desempeñando hasta la fecha en que por su voluntad dejó de hacerlo".
Por su parte, los demandados **********, S.A., **********, S.A. de C.V. y ********** contestaron la demanda y negaron la relación de trabajo con el actor.
Eventualmente, la Junta dictó laudo en el que condenó sólo a una de las demandadas (**********, S.A. de C.V.) a pagar al actor vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, pero la absolvió por los restantes conceptos reclamados.
Contra esta resolución, el actor promovió juicio de amparo directo. En sus conceptos de violación, entre otras cosas, reclamó que fue incorrecto que se archivara la demanda laboral, por lo que toca a los demandados que no fueron emplazados.
La parte relevante de la ejecutoria considera:
"SÉPTIMO. El estudio de los conceptos de violación conduce a determinar lo siguiente:
"Con la finalidad de informar el sentido de la presente ejecutoria es preciso destacar, por su importancia, los siguientes antecedentes.
"Mediante escrito presentado el veintitrés de marzo de dos mil seis, ********** demandó de **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, **********, Sociedad Anónima, **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, ********** y/o **********, ********** y **********, la indemnización constitucional y prestaciones accesorias.
"En los hechos de la demanda manifestó que ingresó a prestar servicios el veintitrés de junio de mil novecientos noventa y dos y fue despedido el uno de marzo de dos mil seis, que tuvo como última categoría la de supervisor contable.
"Los demandados **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, **********, Sociedad Anónima, **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, fueron emplazados, y como no se había logrado emplazar a **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, ********** y/o **********, ********** y **********, la Junta dictó el auto de diecinueve de febrero de dos mil siete en el que se comisionó al actuario para que lo hiciera (foja 26).
"En diligencia de once de abril de dos mil siete se logró emplazar a ********** (foja 28).
"Mediante auto de fecha veintiséis de junio de dos mil siete, la Junta requirió al actor para que proporcionara mayores elementos para la localización y emplazamiento de los demandados **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, ********** y/o ********** y **********, apercibiéndolo que de no hacerlo en el término de tres días se ordenaría el archivo del expediente, en cuando a dichos demandados, dado que la Junta no podía dar cumplimento a los artículos 742, 743 y 712 de la Ley Federal del Trabajo (foja 54).
"La demandada **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, contestó la demanda negando acción y derecho, agregando que el actor dejó de presentarse a laborar desde el veintisiete de febrero de dos mil seis y ofreció el trabajo en las mismas condiciones en que se venía prestando (fojas 89 a 93).
"Las empresas **********, Sociedad Anónima y **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, así como el demandado físico **********, negaron acción y derecho para reclamar las prestaciones y no reconocieron la relación de trabajo (fojas 94 a 97 y 120 vuelta).
"Mediante proveído de veinte de septiembre de dos mil siete, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de veintiséis de junio de dos mil siete, y se ordenó el archivo del expediente en cuanto a los demandados **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, ********** y/o ********** y **********.
"Mediante escrito de fecha ocho de octubre de dos mil siete, el actor planteó incidente de nulidad de actuaciones contra el proveído de veinte de septiembre del referido año (fojas 124 a 129).
"En audiencia de diecinueve de octubre de dos mil siete, la Junta desechó de plano el incidente planteado, por las siguientes consideraciones:
"...
"Seguido por sus trámites la Junta dictó el laudo reclamado de ocho de julio de dos mil once que absolvió a la demandada de todas y cada una de las prestaciones, con la salvedad de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo (fojas 182 a 185).
"...
"Por otro lado, en el primer concepto de violación, el quejoso aduce que la Junta indebidamente el veinte de septiembre de dos mil siete celebró la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, a pesar de que no se encontraban debidamente notificadas todas las partes.
"Es infundado dicho motivo de disenso.
"Se dice lo anterior porque como se dijo en párrafos precedentes, los demandados **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, **********, Sociedad Anónima, **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, fueron emplazados, y como no se había logrado emplazar a **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, ********** y/o **********, ********** y **********, la Junta dictó el auto de diecinueve de febrero de dos mil siete en el que se comisionó al actuario para que lo hiciera (foja 26).
"Para ese propósito, en diligencia de once de abril de dos mil siete se logró emplazar a ********** (foja 28).
"Así es que mediante auto de fecha veintiséis de junio de dos mil siete, la Junta requirió al actor para que proporcionara mayores elementos para la localización y emplazamiento de los demandados **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, ********** y/o ********** y **********, bajo apercibimiento que de no hacerlo en el término de tres días, se ordenaría el archivo del expediente, en cuando a dichos demandados, dado que la Junta no podía dar cumplimento a los artículos 742, 743 y 712 de la Ley Federal del Trabajo (foja 54).
"Como el actor no cumplió con el requerimiento, en proveído de veinte de septiembre de dos mil siete se hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de veintiséis de junio de dos mil siete y se ordenó el archivo del expediente en cuanto los demandados **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, ********** y/o ********** y **********.
"Tal proceder fue correcto, habida cuenta que la Ley Federal del Trabajo no contiene artículo expreso que autorice a las Juntas de Conciliación y Arbitraje para llevar a cabo todas aquellas diligencias para indagar motu proprio el domicilio de los demandados para efectos de llamarlos a juicio, ya que es precisamente al actor a quien compete allegar mayores elementos para la localización y emplazamiento de los demandados **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, ********** y/o ********** y **********, pues de otro modo la Junta no podía dar cumplimento a los artículos 742, 743 y 712 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que bajo tal supuesto era factible que ordenara el archivo del expediente en cuando a dichos demandados; por consiguiente, si la Junta actuó de esa manera su proceder resultó legal, sin que en modo alguno ello implicara la revocación del acuerdo que ordenó admitir la demanda.
"Sobre ese tenor, resulta pertinente señalar que el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo dispone que el proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte. Luego, las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso.
"Agrega dicho artículo que cuando la demanda del trabajador sea incompleta, en cuanto a que no comprenda todas las prestaciones que de acuerdo con esta ley deriven de la acción intentada o procedente, conforme a los hechos expuestos por el trabajador, la Junta, en el momento de admitir la demanda, subsanará ésta. Lo anterior sin perjuicio de que cuando la demanda sea obscura o vaga se proceda en los términos previstos en el artículo 873 de esta ley.
"Tal obligación de la Junta no debe confundirse con lo que señala el artículo 686 de la misma ley, que contempla la posibilidad de que las Juntas ordenen que se corrija cualquier irregularidad u omisión que notaren en la sustanciación del proceso, para el efecto de regularizar el procedimiento, ni que ello implique que puedan revocar sus propias resoluciones, según lo dispone el artículo 848 de la presente ley. Es decir, conforme a la primer disposición, la regularización encuadra respecto a los acuerdos de mero trámite, que son aquellos que no deciden una determinada situación procesal de las partes en el juicio laboral.
"Por lo que toca a la intervención del trabajador con relación a la demanda laboral, el artículo 712 de la misma legislación prevé que cuando éste ignore el nombre del patrón o la denominación o razón social de donde labora o laboró, deberá precisar cuando menos en su escrito inicial de demanda el domicilio de la empresa, establecimiento, oficina o lugar en donde prestó o presta el trabajo y la actividad a que se dedica el patrón.
"Lo anterior tiene estrecha vinculación con el diverso numeral 739, pues tiene como finalidad que para emplazar a los demandados, el trabajador debe señalar el domicilio en el que deba hacerse la primera notificación a la persona o personas contra quienes promuevan. Pues en el caso de que no se localice a la persona, la notificación se hará en el domicilio que se hubiere señalado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 712 de esta ley y, faltando ese, la notificación se hará en el último local o lugar de trabajo en donde se prestaron los servicios y, en estos casos se fijarán las copias de la demanda en los estrados de la Junta.
"Incluso el artículo 740 de dicho ordenamiento legal, especifica que cuando en la demanda no se haya expresado el nombre del patrón o de la empresa en que trabaja o trabajó el trabajador, la notificación personal de la misma se sujetará al procedimiento establecido en el artículo 743, en lo conducente, debiendo cerciorarse el actuario de que el lugar donde efectúa la notificación es precisamente el del centro de trabajo donde presta o prestó sus servicios el demandante, y la notificación se entenderá hecha al patrón, aunque al hacerla se ignore el nombre del mismo.
"Siendo así que conforme al artículo 742, se hará personalmente la notificación, entre otras, del emplazamiento a juicio. Y para ello el diverso artículo 743 establece los lineamientos parar llevar a cabo dicha notificación.
"Ahora bien, el artículo 750 del código obrero contempla que las notificaciones, citaciones o emplazamientos deberán realizarse dentro de los cinco días siguientes a su fecha, salvo cuando expresamente en la resolución o en la ley exista disposición en contrario.
"En tanto el artículo 751 de la ley laboral señala los requisitos que debe colmar la cédula de notificación, como es el nombre de las partes, así como el nombre y domicilio de la persona o personas que deban ser notificadas, pues el siguiente artículo 752 contempla que son nulas las notificaciones que no se practiquen de conformidad a lo dispuesto en el capítulo correspondiente.
"De igual forma, se tiene que el artículo 771 prevé que los presidentes de las Juntas y los auxiliares cuidarán, bajo su más estricta responsabilidad, que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos, proveyendo lo que conforme a la ley corresponda hasta dictar laudo, salvo disposición en contrario.
"Para ello es relevante lo que señala el diverso numeral 772 de la citada codificación legal, que dispone que cuando para continuar el trámite del juicio en los términos del artículo que antecede, sea necesaria promoción del trabajador, y éste no la haya efectuado dentro de un lapso de tres meses; el presidente de la Junta deberá ordenar se le requiera para que la presente apercibiéndole que de no hacerlo, operará la caducidad a que se refiere el artículo 773.
"En suma todos los anteriores numerales reflejan que el juicio laboral se lleva a instancia de parte, tan es así que el artículo 773 dispone que se tendrá por desistida de la acción intentada a toda persona que no haga promoción alguna en el término de seis meses, siempre que esa promoción sea necesaria para la continuación del procedimiento. Con la salvedad que no se tendrá por transcurrido dicho término si están desahogadas las pruebas del actor o está pendiente de dictarse resolución sobre alguna promoción de las partes o la práctica de alguna diligencia, o la recepción de informes o copias que se hubiesen solicitado.
"En efecto, se dice lo anterior porque en un sistema constitucional como el nuestro, de facultades específicamente otorgadas a las autoridades, donde sólo pueden hacer lo que la ley les permite (a diferencia del particular, que puede hacer todo lo que la ley no le prohíbe), se debe estimar que las autoridades, para actuar en términos del artículo 16 constitucional deben hacerlo con facultades otorgadas en la ley.
"En ese tenor, existe determinado tipo de facultades que se otorgan en forma genérica, de manera que las autoridades no pueden actuar fuera de los fines, objetivos y materia que se les señalan, pero que al mismo tiempo, por la naturaleza misma de la facultad otorgada, resulta imposible que la propia Constitución contenga todos los elementos y matices de la facultad otorgada y, en estos casos, se deben estimar constitucionalmente otorgadas todas las facultades implícitas en las expresamente otorgadas, entendiendo por implícitas aquellas facultades sin las cuales sería nugatorio o estéril, o se vería sustancialmente mermada la facultad que expresamente se otorgó. Pero hay otros campos en los que las facultades se otorgan en forma restrictiva, de manera que no puede hablarse ahí de facultades implícitas, y sólo se puede admitir que se ejerciten las facultades expresa y limitativamente otorgadas.
"Siendo en esta última hipótesis donde encuadra el presente asunto, pues la Junta se encuentra limitada en cuanto a sus facultades para requerir motu proprio los datos, elementos e informes que permitan emplazar a los demandados.
"Es por ello que de las normas que rigen al procedimiento ordinario ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, el artículo 870 de la ley laboral es preciso en especificar que las disposiciones del capítulo relativo rigen la tramitación y resolución de los conflictos individuales y colectivos de naturaleza jurídica que no tengan una tramitación especial en esta ley.
"Por lo que conforme al artículo 871 subsecuente, el procedimiento se iniciará con la presentación del escrito de demanda, ante la Oficialía de Partes o la Unidad Receptora de la Junta competente, la cual lo turnará al Pleno o a la Junta Especial que corresponda.
"Así, el artículo 872 de la ley laboral indica que la demanda se formulará por escrito, acompañando tantas copias de la misma, como demandados haya. Siendo así que el actor en su escrito inicial de demanda expresará los hechos en que funde sus peticiones, pudiendo acompañar las pruebas que considere pertinentes, para demostrar sus pretensiones.
"Ante ello, el artículo 873 contempla que el Pleno o la Junta Especial, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y ofrecimiento y admisión de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes al en que se haya recibido el escrito de demanda. En el mismo acuerdo, se ordenará se notifique personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda, y ordenando se notifique a las partes con el apercibimiento al demandado de tenerlo por inconforme con todo arreglo, por contestada la demanda en sentido afirmativo, y por perdido el derecho de ofrecer pruebas, si no concurre a la audiencia.
"Agrega, además, que cuando el actor sea el trabajador o sus beneficiarios, la Junta en caso de que notare alguna irregularidad en el escrito de demanda o que estuviere ejercitando acciones contradictorias, al admitir la demanda le señalará los defectos u omisiones en que haya incurrido y lo prevendrá para que los subsane dentro de un término de tres días.
"Asimismo, el artículo 874 prevé que la falta de notificación de alguno o de todos los demandados obliga a la Junta a señalar de oficio nuevo día y hora para la celebración de la audiencia, salvo que las partes concurran a la misma o cuando el actor se desista de las acciones intentadas en contra de los demandados que no hayan sido notificados.
"Las partes que comparecieren a la audiencia quedarán notificadas de la nueva fecha para su celebración, a las que fueron notificadas y no concurrieron, se les notificará por boletín o en estrados de la Junta; y las que no fueren notificadas se les hará personalmente.
"Como puede advertirse de la relatoría de los artículos en comento, en ninguno de ellos se contempla la facultad de la Junta para que indague por su cuenta el domicilio de los demandados con el propósito de emplazarlos y, con ello, relevar a la parte accionante de la carga procesal correspondiente.
"Luego, si bien en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo se faculta a la Junta para admitir la demanda, el hecho de que ante la actitud omisa del actor para proporcionar los elementos que permitieran emplazar a los demandados con el apercibimiento que de no hacerlo se archivaría el expediente por los no emplazados, de ninguna manera implica una revocación de su auto admisorio, conforme a lo dispuesto en el artículo 685 de dicho ordenamiento, en cuanto que prevé los principios de economía, concentración y sencillez que rigen el derecho procesal del trabajo, en relación con el numeral 848 de la ley de la materia, que dispone expresamente que las resoluciones que dicten las Juntas no pueden ser invalidadas por medio de defensa alguno.
"En efecto, el artículo 848 referido precisa que las resoluciones de las Juntas no admiten ningún recurso, por tanto, las Juntas no pueden revocar sus resoluciones.
"En este punto, es relevante señalar que el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo prevé la procedencia del recurso de revisión contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios o resoluciones que ponen fin a las tercerías, así como contra los dictados en las providencias cautelares, porque en este caso la materia del recurso es restrictiva y se limita a las hipótesis antes mencionadas.
"En efecto, del capítulo correspondiente a la revisión de los actos de ejecución, el artículo 849 contempla que contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión.
"Pero en esta hipótesis se surte muy especialmente el caso de actos en ejecución de laudo, que es muy diverso al caso donde se manda al archivo el expediente en razón de que el actor no proporcionó el domicilio para emplazar a los codemandados faltantes, lo cual se da dentro del procedimiento. Por tanto no le es aplicable dicha norma legal en cuanto a la procedencia del recurso de revisión.
"Así las cosas, en la especie, la Junta no se encuentra revocando su auto de admisión, sino que ante la contumacia del actor, hizo efectivo el apercibimiento de archivar el asunto, puesto que la Ley Federal del Trabajo no contiene artículo expreso que autorice a las Juntas de Conciliación y Arbitraje para llevar cabo todas aquellas diligencias para indagar motu propio el domicilio de los demandados para efectos de llamarlos a juicio, ya que es precisamente al actor a quien compete allegar mayores elementos para la localización y emplazamiento de los demandados **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, ********** y/o ********** y **********, pues de otro modo la Junta no puede dar cumplimento a los artículos 742, 743 y 712 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que bajo tal supuesto era factible que ordenara el archivo del expediente en cuanto a dichos demandados; por consiguiente, si la Junta actuó de esa manera su proceder resultó legal, sin que en modo alguno ello implicara la revocación del acuerdo que ordenó admitir la demanda.
"Ahora bien, en el capítulo XIII, sección primera, reglas generales, relativo a las pruebas, en primer término, el artículo 776 de la Ley Federal del Trabajo, especifica cuáles son los medios de prueba que son admisibles mientras no sean contrarios a la moral y al derecho, como son la confesional, documental, testimonial, pericial, inspección, presuncional, instrumental de actuaciones y fotografías y, en general, aquellos medios aportados por los descubrimientos de la ciencia.
"Siendo así que el artículo 779 del mencionado ordenamiento legal dispone que la Junta desechará aquellas pruebas que no tengan relación con la litis planteada o resulten inútiles o intrascendentes, expresando el motivo de ello.
"Además, el siguiente artículo 780 prevé que las pruebas se ofrecerán acompañadas de todos los elementos necesarios para su desahogo.
"Lo anterior viene a colación, porque el artículo 782 del mismo capítulo dispone que la Junta podrá ordenar con citación de las partes, el examen de documentos, objetos y lugares, su reconocimiento por actuarios o peritos y, en general, practicar las diligencias que juzgue conveniente para el esclarecimiento de la verdad y requerirá a las partes para que exhiban los documentos y objetos de que se trate.
"Incluso, el subsecuente artículo 783 señala que toda autoridad o persona ajena al juicio que tenga conocimiento de hechos o documentos en su poder que puedan contribuir al esclarecimiento de la verdad, está obligada a aportarlos, cuando sea requerida por la Junta de Conciliación o de Conciliación y Arbitraje.
"Además que, conforme al artículo 784, la Junta eximirá de la carga de la prueba al trabajador, cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos y, para tal efecto, requerirá al patrón para que exhiba los documentos que, de acuerdo con las leyes, tiene la obligación legal de conservar en la empresa, bajo el apercibimiento que de no presentarlos, se presumirán ciertos los hechos alegados por el trabajador.
"Sin embargo, tales preceptos legales no tienen el alcance de constreñir a la Junta para llevar cabo todas aquellas diligencias para indagar motu proprio el domicilio de los demandados para efectos de llamarlos a juicio, ya que es precisamente al actor a quien compete allegar mayores elementos para la localización y emplazamiento de los demandados. Máxime que dichos artículos se refieren al desahogo de pruebas.
"En ese orden de ideas, no era la Junta la que debía emplear los medios legales a su alcance para allegarse de elementos de manera oficiosa con el propósito de notificar y emplazar a juicio a la parte demandada, sin que la normas legales relativas a las facultades que para mejor proveer tuvieran el alcance de otorgarle esa facultad, ya que éstas se encuentran exclusivamente reservadas en el capítulo de pruebas; tampoco el conocimiento que tiene del nombre del patrón y la actividad indicada por el trabajador constituyen razón suficiente para actuar de oficio y estar posibilitada para solicitar los informes relativos a las autoridades administrativas, fiscales, aduaneras, electorales (en caso de personas físicas) de seguridad social, agrupaciones privadas, entre otras, a fin de que le proporcionaran el domicilio de la persona física o morales demandadas.
"Sin que tampoco pueda deducirse esa situación de la facultad que contempla el artículo 686 de la Ley Federal del Trabajo, en lo relativo a que la Junta responsable para corregir cualquier irregularidad u omisión ocurrida en la tramitación del proceso laboral, pues su alcance no es suplir la voluntad del accionante en cuanto a proporcionar los domicilio de los demandados.
"Tampoco enlazando los artículos 685, 686 y 782 de la Ley Federal del Trabajo puede arribarse a esa estimación, para concluir que la Junta responsable cuente con facultades para realizar oficiosamente diversas prevenciones, requerimientos y diligencias para mejor proveer en aras de lograr el emplazamiento de los demandados en comento.
"Precisamente, el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo establece, en su primer párrafo, los principios que rigen el proceso laboral, como son el de publicidad, gratuidad, inmediación, oralidad, instancia de parte, economía, concentración, sencillez y celeridad y, en el segundo, la facultad de las Juntas para subsanar la demanda y mandarla aclarar cuando sea oscura o vaga. Finalmente, el artículo 782 dispone que la Junta podrá ordenar el examen de documentos, objetos y lugares, su reconocimiento por actuarios o peritos y, en general, practicar las diligencias que juzgue conveniente para el esclarecimiento de la verdad y podrá requerir a las partes la exhibición de aquéllos. Pero esto último está restringido al tema de las pruebas, no a relevar al trabajador para que se desentienda de alegar los elementos que permitan localizar a sus contrarios.
"Consecuentemente, si la Junta en el acuerdo de radicación de la demanda ordenó el emplazamiento de todos los demandados y ante los diversos obstáculos para lograr su cometido respecto a algunos de ellos, no podía, conforme a dichos numerales, hacer uso de una facultad inexistente para llevar a cabo todas aquellas diligencias que estimara pertinentes para localizar a los demandados faltantes de emplazar.
"Tal facultad tampoco podía desprenderse del artículo 783 de la Ley Federal del Trabajo, para que las Juntas de Conciliación y Arbitraje requieran a terceros determinados datos que permitan localizar el domicilio de los demandados, pues en todo caso la obligación de la Junta se circunscribe a vigilar que el actuario tome en cuenta, al momento de realizar la notificación, atento a los elementos proporcionados en el libelo inicial para localizar a los demandados, pues no se puede alegar para ello debe hacerse uso de las providencias para mejor proveer que prevé el artículo 782, tampoco que se trate de una irregularidad u omisión en el trámite procesal para practicar las diligencias que juzguen conveniente para el esclarecimiento de la verdad, menos aún vincularlas con la facultad de verificar que el notificador obedezca su determinación para tratar de localizar los domicilios de los demandados con base en los datos proporcionados de acuerdo con su requerimiento.
"Para dicho propósito debe tenerse en cuenta que el artículo 782 de la Ley Federal del Trabajo no es un precepto que obligue indefectiblemente a las Juntas de Conciliación y Arbitraje a solicitar la práctica de diligencias para mejor proveer para efectos de emplazamiento, ni establece la facultad de que la Junta se sustituya a las partes en sus cargas procesales, sino que surge como una necesidad para dar cumplimiento a lo que la ley les ordena, en tratándose del desahogo de pruebas parar llegar a la verdad buscada.
"Lo anterior se ve corroborado por lo que dispone el artículo 886 de la citada legislación, en lo concerniente al proyecto de laudo formulado por el auxiliar, pues dentro
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24532-57d8f6f6/emplazamiento-al-juicio-laboral-procedimiento-a-seguir-por · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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