EMPLAZAMIENTO AL JUICIO LABORAL. PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE LA PERSONA ACTUARIA DE ENTREGAR LA CÉDULA DE NOTIFICACIÓN A LA PERSONA CON QUIEN SE ENTIENDA LA DILIGENCIA RESPECTIVA, DEBE AGREGARSE AL EXPEDIENTE COPIA DE AQUÉLLA.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 114/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO. 11 DE OCTUBRE DE 2023. TRES VOTOS DE LA MAGISTRADA ROSA MARÍA GALVÁN ZÁRATE Y DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ LUIS CABALLERO RODRÍGUEZ Y EMILIO GONZÁLEZ SANTANDER. PONENTE: MAGISTRADA ROSA MARÍA GALVÁN ZÁRATE. SECRETARIO: EDUARDO ALFONSO GUERRERO SERRANO.
II. COMPETENCIA
9. El Pleno Regional en Materia de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para resolver la presente contradicción de criterios, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los diversos 6, fracción II, 8, 9 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; 1, fracción II, inciso 4, y 2 del diverso Acuerdo General 108/2022, del propio Pleno, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, en virtud de que los tribunales contendientes corresponden a la materia y jurisdicción territorial de este Pleno Regional.
III. LEGITIMACIÓN
10. La denuncia proviene de parte legitimada, toda vez que fue formulada por los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.
IV. RELACIÓN DE LOS CRITERIOS DENUNCIADOS
PRIMER CRITERIO
Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito
11. Demanda de amparo indirecto (1578/2016). El quejoso, en su calidad de demandado, señaló principalmente como actos reclamados al citatorio y emplazamiento al juicio laboral 530/2012, del índice de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún; mismos que atribuyó a dicha junta, su presidente y actuario.
12. En sus conceptos de violación señaló, entre otros argumentos, que si bien en los autos obraba la razón asentada por el actuario judicial con motivo de su supuesto emplazamiento a juicio, no se encontraba agregada copia de la cédula supuestamente entregada a la parte interesada con motivo de la segunda diligencia; asimismo, afirmó que el actuario no le entregó la copia autorizada del auto de radicación, en el que se señalaba día y hora para que tuviera verificativo la audiencia trifásica.
13. También cuestionó otros extremos en torno a la falta de cercioramiento de que el domicilio donde se efectuó la diligencia en comento, efectivamente, correspondiera al quejoso.
14. Por razón de turno, conoció de la demanda el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, quien la admitió a trámite, señaló fecha de audiencia y requirió los informes justificados a las autoridades responsables.
15. Sentencia de amparo. El Juez de Distrito estimó fundados los argumentos del quejoso.
16. En sus consideraciones sostuvo que, además de elaborar la razón correspondiente al emplazamiento, el fedatario público estaba obligado a entregar cédula de notificación a la persona con quien entendió la diligencia, de conformidad con el artículo 751 de la Ley Federal del Trabajo,(2) extremo que, para su constatación, requería que dicha documental se integrara al expediente, por lo que era insuficiente que en la razón respectiva se asentara que la persona notificadora hizo entrega de la referida cédula.
17. Aunado a ello, indicó que tal requisito era trascendente, ya que sólo así sería factible dilucidar si en la cédula se asentaron todos los datos exigidos en el artículo 751 de la Ley Federal del Trabajo, pues de lo contrario, no podría verificarse si la parte demandada conoció la información mínima para acudir al llamado que se le hizo; subrayando que la cédula de notificación constituía un acto procesal distinto a la razón o acta levantada por el fedatario, pues en ésta sólo se asentaba la manera en la que transcurrió la diligencia respectiva.
18. Así, puesto que en los autos del juicio laboral sólo obraba la cédula del citatorio, así como las razones recaídas, tanto al propio citatorio como al emplazamiento; determinó que dicha actuación devenía ilegal, ante la ausencia de la cédula relativa al llamamiento a juicio en sí mismo.
19. Paralelamente, consideró que eran insuficientes los elementos que asentó el actuario en su razón, para cerciorarse que en el domicilio en el cual se constituyó, efectivamente, podía encontrar a la parte demandada.
20. En consecuencia, concedió el amparo para efecto de que se dejara insubsistente lo actuado en el juicio laboral a partir de la diligencia de emplazamiento y se ordenara practicarlo de nueva cuenta en los términos de la ejecutoria.
21. Recurso de revisión 387/2017. Inconforme con dicha determinación, el tercero interesado (actor en el juicio laboral) interpuso el recurso referido.
22. El recurrente sostuvo en sus agravios, en la parte que interesa, que fue ilegal la apreciación del juzgador en torno a que el actuario no entregó la cédula de notificación y citatorio, pues en la razón correspondiente asentó que sí lo hizo, con lo que se encontraba satisfecho lo previsto en el artículo 751 de la Ley Federal del Trabajo.
23. Asimismo, destacó que en las constancias actuariales relativas al emplazamiento y citatorio se encontraban descritos elementos suficientes, para determinar que esas diligencias se realizaron en términos legales, considerar lo contrario, desacreditaría la fe pública del actuario.
24. Sentencia. Por razón de turno correspondió conocer del recurso al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito y, en resolución de cinco de octubre de dos mil diecisiete, declaró infundados los argumentos expuestos por el recurrente en torno a la legalidad del emplazamiento.
25. Al respecto, consideró correcta la decisión del Juez de amparo de calificar como ilegal el emplazamiento, porque no obraba en autos del expediente laboral, un duplicado o copia de la cédula de notificación supuestamente entregada al demandado en el momento del emplazamiento, circunstancia que infringía las reglas de notificación contenidas en la Ley Federal del Trabajo y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
26. Subrayó que el emplazamiento, por tratarse de la primera notificación que se practica en un juicio, debía cumplir a cabalidad con los requisitos legales para salvaguardar la garantía de audiencia, destacando los contenidos en el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, así como 742, 744 y 751 del mismo ordenamiento (todos ellos en su redacción anterior a las reformas de primero de mayo de dos mil diecinueve.)
27. Asimismo, invocó lo sostenido por la Segunda Sala del Alto Tribunal en la jurisprudencia 2a./J. 22/2011,(3) donde se concluyó que, sin importar que se tratare de la primera o ulterior notificación personal, en todo caso el o la actuaria debía dejar cédula de notificación acompañada de la resolución que motivó la diligencia, con el propósito de dar certeza de esa actuación.
28. Abundó que el expediente constituía un registro documental que debía recopilar todos los actos procesales del juicio, de suerte que era necesario que obrara copia o duplicado de la cédula de emplazamiento y que ésta contuviera los datos exigidos en el artículo 751 de la ley laboral aplicable.
29. Estimó que un criterio contrario traería como consecuencia la imposibilidad de las autoridades jurisdiccionales de realizar el estudio de legalidad de la cédula de notificación, lo que atentaría contra los principios de impugnación y acceso a un recurso efectivo, contenidos en los artículos 17, 103 y 107 de la Constitución Federal, así como 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
30. Puntualizó que lo anterior no desacreditaba la fe pública del actuario al elaborar la razón de notificación, pero sostuvo que no estaba exenta la documental de referencia de satisfacer los requisitos legalmente establecidos para su elaboración.
31. Así, puesto que tanto la omisión de entregar la cédula de notificación del emplazamiento, como la de agregarla a los autos del juicio laboral, se traducía en una violación a la garantía de audiencia; y, en la especie, no obraba en autos la multirreferida cédula, sino que en la razón respectiva únicamente se asentó que fue entregada; entonces, lo conducente era confirmar la determinación del Juez de Distrito y conceder el amparo a la parte demandada quejosa.
32. También apoyó su determinación en la tesis III.3o.C.44 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, de rubro: "EMPLAZAMIENTO. RESULTA ILEGAL CUANDO EL EJECUTOR MENCIONA SOLAMENTE QUE ENTREGÓ LA CÉDULA RESPECTIVA, PERO OMITE AGREGAR COPIA DE LA MISMA AL EXPEDIENTE Y EN EL ACTA CORRESPONDIENTE NO APARECE QUE SE CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 112 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)."(4), así como la diversa tesis aislada XIV. 12 C del Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, de rubro: "EMPLAZAMIENTO EN UN JUICIO MERCANTIL. FORMA DE REALIZARLO EN EL ESTADO DE CAMPECHE."(5)
33. En vista de lo anterior, consideró innecesario pronunciarse respecto los agravios en los que se afirmaba que el actuario se cercioró correctamente de que el domicilio correspondía a la parte demandada, porque a nada llevaría su análisis.
34. Dicha ejecutoria dio lugar a la tesis aislada de rubro y texto:
"EMPLAZAMIENTO AL JUICIO LABORAL. EN ATENCIÓN AL DERECHO FUNDAMENTAL DE AUDIENCIA, AL PRACTICARLO EL ACTUARIO DEBE DEJAR CONSTANCIA O DUPLICADO EN AUTOS DE LA CÉDULA DE NOTIFICACIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 751 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. En la jurisprudencia 2a./J. 22/2011 (10a.), de rubro: ‘NOTIFICACIONES PERSONALES (PRIMERA O ULTERIOR) EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. DEBE DEJARSE LA CÉDULA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 751 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.’, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro III, Tomo 4, diciembre de 2011, página 2901, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que sin importar que sea la primera o ulterior notificación personal, debe dejarse la cédula a que se refiere el artículo 751 de la Ley Federal del Trabajo, junto con la resolución cuya notificación se ordenó personalmente, por ser la forma de dar certeza respecto de la diligencia relativa. En congruencia con la regla anterior, al practicar el emplazamiento, el actuario está obligado a dejar en autos constancia o duplicado de esa cédula, pues por un lado, sólo así cumple con su deber, previsto en el artículo 743 de la ley citada, de asentar o dejar razón en autos sobre su actuación; y por otro, porque, como toda actuación procesal, de ella debe haber constancia en el expediente. Máxime que es necesario que ese documento obre en autos, porque sólo así podrá tenerse certeza de que cumple con los requisitos que establece el artículo 751. De lo contrario, el emplazamiento se habrá practicado en contravención con las normas que lo rigen y será violatorio del derecho fundamental de audiencia establecido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."(6)
35. Entre las consideraciones del órgano colegiado, en lo que interesa, destacan las siguientes:
"...
"Ahora, se considera correcto que se haya encontrado ilegal el emplazamiento por no obrar en autos del juicio laboral, una reproducción o copia de la cédula de notificación, pues en efecto ello infringe las reglas relativas a la notificación, particularmente sobre el emplazamiento, que establece la Ley Federal del Trabajo.
"El emplazamiento es la primera notificación que se hace en el juicio a la parte demandada y reviste gran importancia porque permite el cumplimiento de la garantía de audiencia, establecida en el artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la garantía de audiencia, consagrada en el artículo 14 constitucional, obliga a las autoridades, antes de la emisión de un acto privativo, a seguir un juicio en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento –dentro de las que se encuentra la notificación del inicio del procedimiento–, y que de no cumplirse con ellas se infringiría la referida garantía de audiencia, cuya finalidad es evitar que el particular quede en estado de indefensión.
"Por ello, esto es, principalmente por su importancia en el derecho de defensa, la ausencia de emplazamiento o el emplazamiento que no cumple con los requisitos legales establecidos para llevarlo a cabo, son violatorios de la garantía de audiencia.
"Es aplicable la siguiente jurisprudencia de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto:
"‘EMPLAZAMIENTO, NO SE CONVALIDA TÁCITAMENTE EL. El emplazamiento entraña una formalidad esencial de los juicios que salvaguarda, con la audiencia de las partes, la garantía del artículo 14 constitucional; por tanto, tratándose de un acto formal, debe cumplirse estrictamente con los requisitos establecidos por la ley de la materia.’
"Tratándose de juicios laborales, en un caso como el que nos ocupa, iniciado durante la vigencia de la Ley Federal del Trabajo en su texto anterior a sus reformas de treinta de noviembre de dos mil doce, las normas que rigen el emplazamiento son las contenidas en el artículo 743, cuyo texto establecía:
"‘Artículo 743. La primera notificación personal se hará de conformidad con las normas siguientes:
"‘I. El actuario se cerciorará de que la persona que deba ser notificada habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local, señalado en autos para hacer la notificación;
"‘II. Si está presente el interesado o su representante, el actuario notificará, la resolución entregando copia de la misma; si se trata de persona moral, el actuario se asegurará de que la persona con quien entiende la diligencia es representante legal de aquélla.
"‘III. Si no está presente el interesado o su representante, se le dejará citatorio para que lo espere al día siguiente, a una hora determinada;
"‘IV. Si no obstante el citatorio, no está presente el interesado o su representante, la notificación se hará a cualquier persona que se encuentre en la casa o local, y si estuvieren estos cerrados, se fijará una copia de la resolución en la puerta de entrada;
"‘V. Si en la casa o local designado para hacer la notificación se negare el interesado, su representante o la persona con quien se entienda la diligencia, a recibir la notificación, ésta se hará por instructivo que se fijará en la puerta de la misma, adjuntando una copia de la resolución; y
"‘VI. En el caso del artículo 712 de esta Ley, el actuario se cerciorará de que el local designado en autos, es aquel en que se prestan o se prestaron los servicios.
"‘En todos los casos a que se refiere este artículo, el actuario asentará razón en autos, señalando con claridad los elementos de convicción en que se apoye.’
"En el enunciado legal transcrito, el legislador secundario federal dispuso las reglas generales conforme a las cuales se debe realizar la primera notificación en el juicio laboral. Como se ha dicho, tratándose de la parte demandada, esa primera notificación generalmente es su emplazamiento, de suerte que en tal caso aquellas reglas han de entenderse referidas a ese acto procesal.
"Resulta comprensible que el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo señale detalladamente las reglas básicas de la primera notificación personal, porque éstas tienden a desarrollar la garantía de audiencia en lo que hace a la formalidad esencial de llamamiento a juicio. De forma que su finalidad se encuentra en asegurar que el emplazamiento, visto como notificación, se haga con la persona directamente interesada o a su representante legal, o bien con un tercero, en el caso de la fracción IV, pero dándose certeza de que la persona sujeto de la diligencia tendrá conocimiento del asunto, para que tenga la oportunidad de comparecer a juicio a producir su defensa.
"Como complemento de estas reglas, entre otras, también se encuentra aquella que se infiere de los artículos 742 a 744, en relación con el 751, todos desde luego de la Ley Federal del Trabajo (en su texto anterior a su reforma de treinta de noviembre de dos mil doce). Este último precepto establece:
"‘Artículo 751. La cédula de notificación deberá contener, por lo menos:
"‘I. Lugar, día y hora en que se practique la notificación;
"‘II. El número de expediente;
"‘III. El nombre de las partes;
"‘IV. El nombre y domicilio de la persona o personas que deban ser notificadas; y
"‘V. Copia autorizada de la resolución que se anexará a la cédula.’
"Al interpretar las invocadas normas, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 22/2011 (10a.),(8) determinó que ‘sin importar que sea la primera o ulterior notificación personal, debe dejarse la cédula que refiere el artículo 751, junto con la resolución cuya notificación se ordenó de manera personal, por ser la forma de dar certeza respecto de la diligencia relativa.’
"De esta forma, al practicar el emplazamiento el notificador no sólo debe seguir las reglas que establece el artículo 743, sino también debe dejar cédula de notificación a la persona con quien entienda la diligencia. De lo contrario, el emplazamiento será ilegal y violatorio de la garantía de audiencia.
"Al examinar detalladamente la Ley, se advierte que no sólo la omisión de la entrega de la cédula de notificación del emplazamiento da lugar a que se considere violentada la garantía de audiencia; en realidad, también configurará esa violación la omisión de dejar constancia de ella en los autos del juicio laboral. Las razones de esto son dos.
"En principio, en su parte final, el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo establece que, en todos los casos que regula, ‘el actuario asentará razón en autos’. Esto significa que el actuario debe dejar constancia de su proceder al realizar las notificaciones, concretamente la primera notificación personal, que tratándose del demandado, como se ha dicho, generalmente lo es el emplazamiento.
"Por ello, respecto de la cédula de notificación que describe el artículo 751, tal enunciado se traduce en una regla que dice que, de ese documento se debe dejar constancia en autos. Es decir, el actuario debe dejar en autos copia o constancia auténtica de la cédula que entrega a la persona con quien entendió la diligencia. La otra razón normativa por la cual el actuario debe dejar constancia de la cédula de notificación en autos del juicio laboral, radica en que, como toda actuación procesal, de ella debe haber constancia en el expediente.
"Así es, el expediente del proceso es un registro histórico documental, en otras palabras, es el conjunto ordenado o recopilación de documentos en los que constan los actos procesales, es el legajo donde deben coleccionarse o compilarse promociones, documentos adjuntos –específicamente, los base de la acción–, tales como poderes y, de manera especial, acuerdos, actuaciones y resoluciones, en la medida que acreditan lo actuado por las partes y el tribunal, cuyo contenido se guarda como memoria o testimonio en el propio órgano.
"Lo anterior, sin menoscabo de que existen evidencias o pruebas que se presentan por las partes ante tribunales para apoyar o dar crédito a sus manifestaciones, los cuales temporalmente se relacionan o asocian con el expediente, y que no obstante que puede dejarse testimonio fiel de ellas, en la mayoría de los casos se devuelven a su oferentes. "En ese marco, el artículo 721 de la Ley Federal del Trabajo, establece:
"‘Artículo 721. Todas las actuaciones procesales serán autorizadas por el Secretario, excepción hecha de las diligencias encomendadas a otros funcionarios; lo actuado en las audiencias se hará constar en actas, las que deberán ser firmadas por las personas que en ellas intervinieron, quieran y sepan hacerlo. Cuando algún integrante de la Junta omitiere firmar las actas de las diligencias en las que estuvo presente se entenderá que está conforme con ellas. De las actas de las audiencias se entregará copia autógrafa a cada una de las partes comparecientes.’
"Conforme a la norma transcrita, en lo que interesa, hay actuaciones procesales cuya producción no corresponde al Secretario de la Junta. Entre esas actuaciones se encuentran las actas de notificación y las cédulas de notificación que realizan y autorizan los actuarios.
"Entonces, como toda actuación procesal, de las cédulas de notificación debe haber constancia en el expediente, pues precisamente éste se compone, entre otras, de las constancias de las actuaciones procesales.
"La conclusión a la que arriba, sobre la necesidad de que se deje en autos constancia de la cédula de notificación, incluso es acorde con la funcionalidad del artículo 751, en tanto sólo así se podrá tener certeza objetiva de que el documento que como cédula se entregó, colma los requisitos que ese numeral establece. De suerte que ésta es una razón más para sostener la corrección de tal aserto.
"Máxime que, admitir una posición contraria, daría lugar a aceptar que el examen de la legalidad del contenido de la cédula de notificación escapa del escrutinio de las autoridades jurisdiccionales de control constitucional; lo que desde luego atenta contra los principios de impugnación y de recurso efectivo establecidos en los artículos 17, 103 y 107 de la Constitución Federal, y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
"Cabe precisar que la posición que se asume, no pone en tela de juicio la fe pública del actuario que se revela cuando en la razón de la notificación asienta que hizo entrega de la cédula a la persona con quien entiende la diligencia. Lo que se postula es que la omisión de dejar constancia de esa cédula de notificación en autos por sí misma se traduce en una infracción de la ley, que también se erige como un proceder que impide el examen de la legalidad del contenido de tal documental, respecto de lo cual no opera la fe pública del actuario. Así pues, conforme a los artículos 723, 742 a 744, y 751 de la citada ley laboral, de la cédula de notificación que deje a la persona con quien entiende el emplazamiento a juicio, el actuario debe dejar constancia de ella en autos. De lo contrario, tal actuación se entenderá practicada en contravención con las normas que la rigen, y por ello será violatoria de la garantía de audiencia establecida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"Aunque derivadas de la interpretación de legislaciones civil y mercantil, las siguientes tesis de Tribunales Colegiados de Circuito ponen de relieve, incluso en esas materias, el deber del actuario de dejar constancia de la cédula de notificación en autos, lo que revela prima facie la existencia de una regla general de certeza respecto del contenido de dicha documental, en las legislaciones que prevén la entrega de la cédula a la persona con quien se entiende la diligencia respectiva. Los criterios de los que se habla son del tenor:
"‘EMPLAZAMIENTO. RESULTA ILEGAL CUANDO EL EJECUTOR MENCIONA SOLAMENTE QUE ENTREGÓ LA CÉDULA RESPECTIVA, PERO OMITE AGREGAR COPIA DE LA MISMA AL EXPEDIENTE Y EN EL ACTA CORRESPONDIENTE NO APARECE QUE SE CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 112 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).’ (La transcribe)
"‘EMPLAZAMIENTO EN UN JUICIO MERCANTIL. FORMA DE REALIZARLO EN EL ESTADO DE CAMPECHE.’ (La transcribe)
"...
"A partir de las anteriores premisas, se observa que en el caso, en los autos del juicio laboral del índice de la Junta responsable, no hay constancia de la cédula de notificación del emplazamiento a **********, referidas en las constancias actuariales correspondientes a esa diligencia.
"Por ello, como acertadamente se determinó en la sentencia recurrida, se considera que el emplazamiento practicado a ********** ********** violó su garantía de audiencia; por lo que es correcto que por tal motivo se le haya concedido la protección constitucional.
"..."
SEGUNDO CRITERIO
Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito
36. A continuación, se sintetizan los antecedentes más relevantes del asunto.
37. Demanda de amparo. La empresa quejosa promovió amparo directo contra la Décimo Tercera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, así como al actuario adscrito a ese órgano jurisdiccional, a los que, esencialmente, atribuyó la ilegalidad de la diligencia de emplazamiento, así como la emisión de un laudo en que se le condenó al pago de diversas prestaciones laborales.
38. En sus conceptos de violación señaló, en lo que incumbe a la presente denuncia, que si bien en los autos obraba la razón asentada por el actuario judicial con motivo de la diligencia citatorio y la elaborada al efectuarse el supuesto emplazamiento a juicio, no se encontraban agregadas las cédulas que la persona fedataria supuestamente entregó al demandado en dichas diligencias.
39. Asimismo, cuestionó otros extremos en torno a la falta de cercioramiento de que el domicilio donde se efectuaron las diligencias, efectivamente, correspondiera al quejoso y que las supuestas diligencias se entendieran con personas mayores de edad.
40. Incompetencia. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda al Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, declaró carecer de competencia para conocer de la contienda constitucional, pues consideró que la parte quejosa ostentaba la calidad de tercera extraña a juicio, porque reclamaba el emplazamiento realizado en el procedimiento de origen; en esa virtud, ordenó remitir la demanda y sus anexos al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa, Civil y de Trabajo en turno.
41. Admisión (amparo indirecto 2075/2022). Por razón de turno, conoció de la demanda el Juez Tercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien la admitió a trámite, requirió los informes justificados y señaló fecha de audiencia.
42. Sentencia de amparo. El Juez de Distrito negó el amparo a la quejosa respecto al emplazamiento reclamado.
43. Afirmó que en autos se encontraban el acta o razón recaída tanto a la primera diligencia, en la que el actuario hizo entrega de citatorio, como la levantada en una segunda diligencia con motivo del emplazamiento efectuado por la persona fedataria, actas que, a su juicio, satisfacían los requisitos legales; máxime que los actuarios de las juntas laborales poseían fe pública y, consecuentemente, sus afirmaciones gozaban de la presunción iuris tantum derivada del artículo 795, párrafo primero, de la Ley Federal del Trabajo (vigente hasta el treinta de abril de dos mil diecinueve.)(7)
44. En diverso aspecto, declaró carecer de competencia para resolver la contienda contra el laudo dictado en el juicio laboral, por lo que ordenó remitir las constancias al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, en turno.
45. Recurso de revisión 31/2023. Inconforme con dicha determinación, la quejosa interpuso el recurso en comento.
46. En sus agravios sostuvo, en la parte que interesa, que el Juez Federal omitió realizar el estudio y análisis de la totalidad de los conceptos de violación, en específico, los que versaban acerca de la omisión de elaborar y agregar a los autos las cédulas recaídas al citatorio y emplazamiento, en contravención del artículo 751 de la Ley Federal del Trabajo.
47. Reiteró que fue insuficiente el cercioramiento del domicilio del demandado a cargo del actuario.
48. Sentencia. Por razón de turno, correspondió conocer del recurso al Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, y en resolución de seis de julio de dos mil veintitrés, confirmó la sentencia recurrida y negó el amparo a la recurrente.
49. Sostuvo que del examen de la sentencia recurrida se deducía que el Juez de amparo sí atendió la violación reclamada por la quejosa, respecto a la ilegalidad de la diligencia de emplazamiento.
50. En abono a lo anterior, procedió a analizar la "supuesta" omisión del actuario de agregar copia o duplicado al expediente del juicio laboral las cédulas de notificación supuestamente entregadas a la parte demandada, así como la idoneidad del cercioramiento del domicilio de la demandada.
51. Al respecto, invocó la jurisprudencia 2a./J. 22/2011(8) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual concluyó que, sin importar si se trataba de la primera o ulterior notificación, aunado a la resolución que se ordenó notificar, siempre debía entregarse al interesado la cédula de notificación contemplada en el artículo 751 de la Ley Federal del Trabajo.
52. Empero, precisó que la referida cédula sí obraba "agregada", pues de la lectura a la constancia de emplazamiento asentada por el fedatario (razón), se advertía que manifestó haber entregado la cédula respectiva a la persona con la que entendió la diligencia.
53. En ese contexto, resaltó que era suficiente que el actuario asentara en su razón la expresión: "anotó cédula de notificación" para deducir que la cédula correspondiente fue debidamente elaborada y entregada a la persona con la que entendió la diligencia, en virtud de la fe pública que goza el
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31947-d19f6346/emplazamiento-al-juicio-laboral-para-verificar-el-cumplimiento · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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