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Modo: Corpus Pro

PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DE PENSIONES ALIMENTICIAS PROVISIONALES DEJADAS DE PAGAR Y DEFINITIVAS. EL HECHO DE HABERSE PROMOVIDO AMBAS EN UN SOLO ESCRITO, NO HACE QUE DEBA REPROBARSE LA PRIMERA, EN ATENCIÓN AL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR (INAPLICABILIDAD DEL ARTÍCULO 361 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 130/2014. · Registro digital (IUS): 25418
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2015-01-16
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 14, Enero de 2015, Tomo III, Pág. 1966.

AMPARO EN REVISIÓN 130/2014. 17 DE JULIO DE 2014. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: JOSÉ MANUEL DE ALBA DE ALBA. PONENTE: EZEQUIEL NERI OSORIO. SECRETARIA: DULCE ELVIRA REYES ESTRADA.

CONSIDERANDO:

TERCERO. En primer término debemos indicar, que este órgano colegiado advierte que opera la suplencia de la deficiencia de la queja, en virtud de que se dilucidan derechos alimentarios de dos menores, en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo.

En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de su Primera Sala, al resolver la contradicción de tesis 106/2004-PS, aprobó la jurisprudencia 1a./J. 191/2005, en la que determinó que la suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados federales, la cual opera invariablemente cuando estén de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de menores de edad o de incapaces, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quien sea el promovente del juicio de amparo, atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a menores, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor.

Dicha jurisprudencia 1a./J. 191/2005, se encuentra publicada en la página ciento sesenta y siete, Tomo XXIII, mayo de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 175053, con el contenido siguiente:

"MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quien o quienes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz."

Resulta oportuno destacar la supremacía de los tratados internacionales frente a la propia legislación local, como ha sido definido claramente en jurisprudencia por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; por lo que, los tribunales judiciales, al resolver sobre controversias que incidan sobre los derechos de los menores, tienen la obligación de atender las disposiciones contenidas en aquéllos.

En ese contexto, cabe recordar que la Convención sobre los Derechos del Niño celebrada en Nueva York, Estados Unidos de Norte América, suscrita en mil novecientos ochenta y nueve, en vigor desde el dos de septiembre de mil novecientos noventa y ratificada por el Estado Mexicano el veintiuno de septiembre de ese mismo año, es de observancia obligatoria, tanto para este órgano jurisdiccional como para la autoridad responsable.

La declaración de principios contenida en el preámbulo de ese instrumento de derecho internacional, resalta como puntos esenciales, entre otros: la igualdad de derechos para todos los miembros de la familia; el derecho de la infancia a tener cuidados y asistencia especiales por su falta de madurez tanto física como mental; la protección de la familia como el espacio natural en donde la niñez crece y se desarrolla; el reconocimiento de la persona en su niñez, su necesidad de crecer en un ambiente familiar de felicidad, amor y comprensión como premisa para lograr un desarrollo pleno y armonioso; la preparación de la niñez para una vida independiente con un "espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad".

Por ello, con base en esa declaración de principios, los artículos del 1 al 41 de la citada convención enuncian, entre otros, las siguientes prerrogativas para la niñez: a la vida y a un sano desarrollo psicofísico; a la identidad (donde se incluye el derecho al nombre y a la nacionalidad); a una atención especial en consideración a sus propios intereses, considerados como superiores en todas las instancias judiciales, administrativas o de bienestar social; a dar su opinión y que ésta sea tomada en cuenta en todos los asuntos que les afecten, incluyendo los de carácter judicial y administrativo; a una educación que respete su dignidad y los prepare para la vida en un espíritu de comprensión, paz y tolerancia; y a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.

Por ello, al versar el tema de estudio sobre alimentos de los menores, debe analizarse a la luz del interés superior del niño tutelado en los artículos 1o., y 4o. de la Constitución Federal; 19 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 3, punto 1, 27, numeral 1, numeral 2, numeral 4, de la Convención sobre los Derechos del Niño, así como 3 y 4 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que establecen:

Constitución Federal.

"Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

"Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

"Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley ..."

"Artículo 4o. ...

"En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. ..."

Convención Americana sobre Derechos Humanos.

"Artículo 19. ... Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado."

"Artículo 25. Protección Judicial

"1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los Jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

"2. Los Estados partes se comprometen:

"a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;

"b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y

"c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso."

Convención sobre los Derechos del Niño.

"Artículo 3.

"1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño."

"Artículo 27.

"1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.

"2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño.

"... 4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven en el Estado Parte como si viven en el extranjero. En particular, cuando la persona que tenga la responsabilidad financiera por el niño resida en un Estado diferente de aquel en que resida el niño, los Estados Partes promoverán la adhesión a los convenios internacionales o la concertación de dichos convenios, así como la concertación de cualesquiera otros arreglos apropiados."

Ley para la Protección de los Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes.

"Artículo 3. La protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, tiene como objetivo asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad.

"Son principios rectores de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes:

"A. El del interés superior de la infancia.

"B. El de la no-discriminación por ninguna razón, ni circunstancia.

"C. El de igualdad sin distinción de raza, edad, sexo, religión, idioma o lengua, opinión política o de cualquier otra índole, origen étnico, nacional o social, posición económica, discapacidad, circunstancias de nacimiento o cualquiera otra condición suya o de sus ascendientes, tutores o representantes legales.

"D. El de vivir en familia, como espacio primordial de desarrollo.

"E. El de tener una vida libre de violencia.

"F. El de corresponsabilidad de los miembros de la familia, Estado y sociedad.

"G. El de la tutela plena e igualitaria de los derechos humanos y de las garantías constitucionales."

"Artículo 4. De conformidad con el principio del interés superior de la infancia, las normas aplicables a niñas, niños y adolescentes, se entenderán dirigidas a procurarles, primordialmente, los cuidados y la asistencia que requieren para lograr un crecimiento y un desarrollo plenos dentro de un ambiente de bienestar familiar y social.

"Atendiendo a este principio, el ejercicio de los derechos de los adultos no podrá, en ningún momento, ni en ninguna circunstancia, condicionar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

"La aplicación de esta ley atenderá al respeto de este principio, así como al de las garantías y los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." (Lo marcado es propio)

Se cita en apoyo la jurisprudencia 1a./J. 25/2012 (9a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página trescientos treinta y cuatro, Libro XV, Tomo 1, diciembre de 2012, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 159897, de rubro y texto:

"INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO. En términos de los artículos 4o., párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991; y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales, en todas las medidas que tomen relacionadas con los menores, deben atender primordialmente al interés superior del niño; concepto que interpretó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia contenciosa aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998) de la siguiente manera: ‘la expresión «interés superior del niño» ... implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño’." (Lo marcado es propio)

De esas directrices fundamentales se obtiene que, en todas las decisiones, actuaciones y resoluciones del Estado Mexicano, se velará y cumplirá con el principio del interés superior del niño en aras de garantizar y satisfacer plenamente, tanto sus derechos, como necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para el desarrollo integral del menor, en todos los ámbitos de su vida: físico, psicológico, emocional, afectivo, cultural o cualquier otro con ese fin.

Sirve de apoyo, en lo conducente, la tesis 1a. CXXI/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos sesenta y uno, Libro IX, Tomo 1, junio de 2012, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 2000989, de contenido:

"INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SUS ALCANCES Y FUNCIONES NORMATIVAS. El interés superior del menor implica, entre otras cosas tomar en cuenta aspectos dirigidos a garantizar y proteger su desarrollo y el ejercicio pleno de sus derechos, como criterios rectores para elaborar normas y aplicarlas en todos los órdenes de la vida del menor, conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Convención sobre los Derechos del Niño; así pues, está previsto normativamente en forma expresa y se funda en la dignidad del ser humano, en las características propias de los niños, en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con el pleno aprovechamiento de sus potencialidades; además, cumple con dos funciones normativas: a) como principio jurídico garantista y, b) como pauta interpretativa para solucionar los conflictos entre los derechos de los menores."

De esta manera, es válido concluir que en todos los procedimientos judiciales donde se tomen medidas concernientes a menores -no sólo los órganos jurisdiccionales sino, incluso, cualquier otra autoridad- deben tomar siempre en consideración que el interés del niño es superior a cualquier circunstancia.

Pues bien, para efectos del estudio del presente tema, debe destacarse de entre dichas medidas la relativa a la obligación a cargo de los juzgadores para velar el aseguramiento del pago de la pensión alimenticia a que los niños tienen derecho, mismos que fueron fijados en un proceso de naturaleza jurisdiccional, llevándose a cabo todas las formalidades del procedimiento.

Por ello, en atención al interés superior del niño, la suplencia de la deficiencia de la queja debe operar desde la demanda hasta la ejecución de la sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia en los conceptos de violación y de agravios y recabación oficiosa de pruebas para lograr, con ello, el bienestar del menor.

Así, resulta factible que cuando dentro de un juicio como en el caso en el que se formuló "Planilla parcial por concepto de alimentos dentro del presente juicio, por lo cual y con fundamento en el artículo 361 y demás relativos al (sic) Código de Procedimientos Civiles vigentes para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el considerando tercero, párrafo décimo y resolutivo segundo de la sentencia de fecha dieciocho de septiembre del año dos mil tres. Por auto de radicación de fecha catorce de julio de dos mil once, fue ordenado por su Señoría como pensión alimenticia provisional tres días de salario mínimo diario ..."; misma que fue reprobada en la parte conducente a las pensiones provisionales, sin embargo, de ella se advierte, como lo sostiene el Juez de Distrito, el referido precepto legal invocado para la solicitud de aprobación de la planilla de liquidación de pensiones alimenticias, es el que se prevé en la ejecución de las sentencias definitivas que no contienen cantidad líquida e indica el trámite que debe seguirse para su obtención.

Sin embargo, el planteamiento anterior obligaba al Juez de amparo a tomar en consideración dos aspectos fundamentales: el derecho de acceso a la impartición de justicia y el interés superior de los menores.

Para ello, el artículo 17 constitucional establece como género el derecho fundamental de acceso a la justicia con los principios que se derivan de ese propio precepto (justicia pronta, completa, imparcial y gratuita), mientras que los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prevén garantías o mecanismos que como especies de aquél subyacen en el precepto constitucional citado, de tal manera que no constituyen cuestiones distintas o accesorias a esa prerrogativa fundamental, sino que tienden más bien a especificar y a hacer efectivo el derecho mencionado, debiendo interpretarse la totalidad de dichos preceptos de modo sistemático, a fin de hacerlos valer para los gobernados, atento al principio pro homine o pro personae, la interpretación más favorable que les permita el más amplio acceso a la impartición de justicia.

Al respecto tiene aplicación la jurisprudencia VI.1o.A. J/2 (10a.), consultable en la página mil noventa y seis, Libro XI, Tomo 2, agosto de 2012, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 2001213, de contenido literal:

"ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. LAS GARANTÍAS Y MECANISMOS CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1 Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, TENDENTES A HACER EFECTIVA SU PROTECCIÓN, SUBYACEN EN EL DERECHO FUNDAMENTAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado de manera sistemática con el artículo 1o. de la Ley Fundamental, en su texto reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, en vigor al día siguiente, establece el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, que se integra a su vez por los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, como lo ha sostenido jurisprudencialmente la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 192/2007 de su índice, de rubro: ‘ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.’. Sin embargo, dicho derecho fundamental previsto como el género de acceso a la impartición de justicia, se encuentra detallado a su vez por diversas especies de garantías o mecanismos tendentes a hacer efectiva su protección, cuya fuente se encuentra en el derecho internacional, y que consisten en las garantías judiciales y de protección efectiva previstas respectivamente en los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, cuyo decreto promulgatorio se publicó el siete de mayo de mil novecientos ochenta y uno en el Diario Oficial de la Federación. Las garantías mencionadas subyacen en el derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, y detallan sus alcances en cuanto establecen lo siguiente: 1. El derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter; 2. La existencia de un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales; 3. El requisito de que sea la autoridad competente prevista por el respectivo sistema legal quien decida sobre los derechos de toda persona que lo interponga; 4. El desarrollo de las posibilidades de recurso judicial; y, 5. El cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. Por tanto, atento al nuevo paradigma del orden jurídico nacional surgido a virtud de las reformas que en materia de derechos humanos se realizaron a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, en vigor al día siguiente, se estima que el artículo 17 constitucional establece como género el derecho fundamental de acceso a la justicia con los principios que se derivan de ese propio precepto (justicia pronta, completa, imparcial y gratuita), mientras que los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prevén garantías o mecanismos que como especies de aquél subyacen en el precepto constitucional citado, de tal manera que no constituyen cuestiones distintas o accesorias a esa prerrogativa fundamental, sino que tienden más bien a especificar y a hacer efectivo el derecho mencionado, debiendo interpretarse la totalidad de dichos preceptos de modo sistemático, a fin de hacer valer para los gobernados, atento al principio pro homine o pro personae, la interpretación más favorable que les permita el más amplio acceso a la impartición de justicia."

Como se ve, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, correlacionado con el artículo 1o. de la propia Carta Magna y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, imponen la obligación al juzgador de hacer efectivo el derecho mencionado -acceso a la impartición de justicia-, procurando entre otras cosas, a no poner obstáculos o trabas innecesarias a los justiciables, a fin de que éstos tengan la oportunidad de que sean escuchadas sus pretensiones y que éstas se resuelvan mediante pronunciamiento completo por la autoridad judicial.

Aunado a lo anterior, como se vio en párrafos precedentes, el artículo 4o. constitucional prevé la tutela del interés superior del menor, lo que debe ser un principio rector en todas las decisiones y actuaciones del Estado concernientes a menores de edad, lo cual, incluye a las autoridades jurisdiccionales, quienes cumplen con esta obligación garantizando los derechos de éstos y procurando dentro del ámbito de su competencia, la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

Por lo que, si en el caso planteado, al igual que la liquidación de la pensión alimenticia decretada en sentencia, en el mismo escrito se planteó la liquidación de las pensiones alimenticias provisionales dejadas de pagar, respecto a las que como adujo el Juez de garantías, son anteriores al dictado de la sentencia, por lo que no cabía reclamarlas en la sección de ejecución, en virtud de que la etapa procesal en estudio corresponde únicamente a la determinación en cantidad líquida de las prestaciones que se declararon procedentes en el dictado de la sentencia definitiva, y no respecto a las medidas precautorias establecidas durante la secuela procesal como lo son las pensiones provisionales; no debe perderse de vista que se encuentran inmersos el interés superior de dos menores, y para no hacer nugatorio el derecho de ellos a recibir alimentos y cumplir la obligación que le imponen los artículos 4o., en su párrafo octavo y 17 de la Constitución Federal, 19 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, 3 y 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México el veintiuno de septiembre de mil novecientos noventa, y que entró en vigor el veintiuno de octubre del mismo año, así como la obligación, prevista en dichas normas, de actuar de oficio para asegurar y preservar el bienestar de los menores.

En ese contexto, la problemática planteada que se presenta no puede ser resuelta soslayando el interés superior del menor a que se le supla la deficiencia de su exposición de motivos, a fin de darle acceso a una impartición de justicia rápida y completa, sin obstáculos innecesarios para obtener la satisfacción de sus derechos alimentarios, en cuyo cumplimiento está interesada la sociedad y es obligación de los tribunales como parte del Estado Mexicano garantizar los derechos humanos, que no se tomaron en consideración en el acto reclamado, mediante el cual se pretende hacer efectivo el derecho de alimentos de aquéllos, de cobrar la pensión provisional decretada, pues no pasa desapercibido que la quejosa en representación de las menores argumentó que agotó los medios de apremio para obtener el cumplimiento del pago de las mismas; sin embargo no puede aducirse que las pensiones incumplidas quedaron en el pasado y que, por ello, no pueda pronunciarse respecto a ellas.

La consideración anterior se refuerza con las diversas jurisprudencias y tesis aisladas que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, encaminadas a proteger el interés superior del menor y a inducir a los Jueces locales y federales, a suplir no sólo la deficiencia de la queja, sino también a actuar de oficio supliendo la deficiencia u omisiones de su escrito y de llegar al caso, de variar la litis original del juicio, pero cuyo contenido material esté vinculado en la litis original, en razón del interés superior del menor pues, al respecto, nuestro Más Alto Tribunal de Justicia del País, en la tesis número 1a. CXV/2014 (10a.), faculta al Juez para hacerlo en aras de velar por el interés superior del menor; tesis que es consultable en la página quinientos cincuenta, Libro 4, Tomo I, marzo de 2014, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2005928, de título y subtítulo:

"PENSIÓN ALIMENTICIA DEFINITIVA A FAVOR DE UN MENOR DE EDAD. EL JUEZ ESTÁ OBLIGADO A OTORGAR GARANTÍA DE AUDIENCIA AL DEUDOR ALIMENTARIO. Si bien es cierto que toda contienda judicial en que se vean involucrados los derechos de menores de edad debe resolverse sin desatender el principio básico del interés superior del menor, de conformidad con el artículo 4o. de la Constitución Federal y la Convención sobre los Derechos del Niño, también lo es que tal circunstancia no se traduce en que el juzgador se abstenga de conceder a los deudores alimentarios la oportunidad de ser oídos previamente a establecer el monto líquido o porcentaje a pagar por concepto de pensión alimenticia definitiva, pues ello equivaldría a violentar la garantía de audiencia establecida en los artículos 14 de la Constitución Federal y 8o. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En efecto, la fijación de la pensión alimenticia definitiva a favor de un menor constituye un acto privativo, ya que la afectación que sufre el obligado a pagarla incide de manera directa e inmediata en su derecho fundamental de disponer de los frutos de su trabajo o de sus bienes. En consecuencia, el Juez está obligado a otorgar garantía de audiencia al deudor alimentario de manera previa a la fijación de la pensión alimenticia definitiva, de forma tal que este último tenga oportunidad tanto de ofrecer y desahogar las pruebas en las que finque su defensa, como de alegar lo que estime pertinente. Por lo demás, debe decirse que el menor en nada se beneficia si no se cumplen las formalidades esenciales del procedimiento y, en cambio, el juzgador tendrá a su alcance mayores elementos para fijar una pensión congruente con los principios de equidad, justicia y proporcionalidad."

Si en el particular, el Juez responsable consideró que como se encontraba el juicio en etapa de ejecución de sentencia, y porque además la solicitud para aprobar la planilla de liquidación se hizo con fundamento en el artículo 361 del código adjetivo civil para el Estado, no era viable aprobar la instada por pensiones alimenticias provisionales, porque el aludido precepto habla de sentencias definitivas y las provisionales no se encuentran dentro de un fallo definitivo, sino de una decisión provisional, aprobando la planilla de liquidación por pensiones definitivas y reprobando por esa razón lo relativo a las pensiones provisionales no sufragadas.

De la solicitud de aprobación de la planilla de liquidación, se aprecia que la intención de la hoy recurrente fue, además de liquidar la sentencia en atención a los alimentos caídos en definitiva, también liquidar el monto de los alimentos provisionales que no han sido cubiertos por el demandado, lo c

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25418-0011d075/planilla-de-liquidacion-de-pensiones-alimenticias-provisionales-dejadas · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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