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Modo: Corpus Pro

ALIMENTOS PROVISIONALES EN EL JUICIO DE PATERNIDAD. INTERPRETACIÓN CONFORME DE LOS ARTÍCULOS 941 Y 942 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES; 282, APARTADO A, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO CIVIL Y 52, FRACCIONES II, IV Y VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, TODOS DEL DISTRITO FEDERAL. ALIMENTOS PROVISIONALES EN EL JUICIO DE PATERNIDAD. PUEDEN DECRETARSE, CUANDO EN EL PROCEDIMIENTO SE DESAHOGA POSITIVA LA PRUEBA DE ADN, YA QUE POR SU IDONEIDAD, EL VÍNCULO PATERNO FILIAL NACE PRIMA FACIE EN ALTO GRADO VEROSÍMIL, POR LO QUE ES DABLE CONCEDER DICHA MEDIDA CAUTELAR A CARGO DEL PRESUNTO PROGENITOR Y EN BENEFICIO DEL PRETENDIDO HIJO. JUICIO DE PATERNIDAD. CUANDO EL ACTOR SEA UN MENOR, SI EXISTEN ELEMENTOS QUE HACEN PRESUMIR, PRIMA FACIE, EN ALTO GRADO VEROSÍMIL LA EXISTENCIA DE LA RELACIÓN FILIAL, ES VÁLIDO SUSTENTAR LA MEDIDA CAUTELAR DE PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL, MEDIANTE LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS Y DIRECTRICES PROTECTORES CONTENIDOS EN LOS DOCUMENTOS INTERNACIONALES Y A LOS PRINCIPIOS INTERNOS DE INTERPRETACIÓN CONFORME Y PRO HOMINE.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 276/2013. · Registro digital (IUS): 24946
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2014-03-28
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, Pág. 1507.

AMPARO EN REVISIÓN 276/2013. 29 DE NOVIEMBRE DE 2013. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: DANIEL HORACIO ESCUDERO CONTRERAS. PONENTE: INDALFER INFANTE GONZALES. SECRETARIO: EDUARDO JACOBO NIETO GARCÍA.

CONSIDERANDO:

CUARTO. Entre los agravios, se expresan argumentos fundados y suficientes para revocar el fallo, levantar el sobreseimiento y entrar al estudio de los conceptos de violación.

Básicamente el inconforme asevera que la resolución reclamada, que confirmó la determinación del Juez de fijar alimentos provisionales en el juicio de paternidad, no ha cesado en sus efectos, por virtud del dictado de la sentencia definitiva que incluye el pronunciamiento de alimentos definitivos, en razón de que la pensión provisional continúa surtiendo efectos hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que fue dictada por el Juez natural el diez de junio de dos mil trece, por lo que ésta se sigue ejecutando, hasta que la definitiva la sustituya, cause ejecutoria y surta sus propios efectos.

El recurrente invoca la tesis aislada de rubro: "ALIMENTOS, NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS RESPECTO DEL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE RESOLVIÓ LA RECLAMACIÓN INTERPUESTA EN CONTRA DE LA QUE FIJÓ SU MONTO PROVISIONALMENTE, SI ANTES DE RESOLVERSE EL JUICIO DE GARANTÍAS SE DICTA LA SENTENCIA DEL NATURAL EN QUE SE ESTABLECE LA PENSIÓN DEFINITIVA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ)."

Estos argumentos son fundados.

Esto es así, porque el decreto de alimentos provisionales fue dictado en el juicio natural, el once de enero de dos mil trece (foja doscientos cincuenta del tomo II de pruebas) mientras que la sentencia definitiva de primera instancia del expediente ********** fue dictada el diez de junio de dos mil trece (foja sesenta y siete a ochenta del juicio de amparo indirecto 367/2013).

Sin embargo, el dictado de la sentencia definitiva en el juicio natural no impide que el decreto de alimentos provisionales produzca sus efectos.

Lo anterior debido a que esta medida provisional, continuará surtiendo efectos hasta en tanto la sentencia definitiva del juicio natural quede firme y pueda ejecutarse.

Esto es, los efectos de la pensión provisional siguen vigentes mientras la sentencia definitiva adquiere fuerza de cosa juzgada.

Esto es así, porque la referida sentencia definitiva puede ser combatida mediante el recurso de apelación y posteriormente reclamada en amparo directo y durante el trámite del referido recurso de apelación, así como durante el trámite del juicio de amparo directo; la pensión provisional continuará surtiendo efectos y en virtud de ésta, se realizarán descuentos al deudor alimentario, mientras la sentencia definitiva no pueda ejecutarse por no haber causado ejecutoria; de ahí lo fundado de los agravios expuestos por el recurrente.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 85/2013 (10a.), publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Tomo I, diciembre de 2013, página 398, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida en términos del artículo 225 de la Ley de Amparo, al resolver la contradicción de tesis 192/2013, entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, el tres de julio de dos mil trece, y aprobada por la misma Sala, en sesión de fecha veintiuno de agosto de dos mil trece, cuyos rubro y texto son los siguientes:

"PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. EL DICTADO DE LA SENTENCIA QUE FIJA LA DEFINITIVA, NO ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013 (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). Si bien es cierto que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la pensión alimenticia provisional subsiste hasta el dictado de la sentencia en la que reconociéndose el derecho de la parte actora a recibir una pensión definitiva, ésta es fijada, también lo es que ello no implica que los efectos de la provisional decretada en forma previa cesen inmediatamente, pues teniendo en cuenta que el pago de alimentos constituye una obligación de tracto sucesivo, al ser indispensables para la subsistencia de aquél a quien se le otorgan, eso sólo acontece cuando la sentencia que los fija definitivamente es susceptible de ejecución, pues de lo contrario, se pondría en riesgo la subsistencia de aquel a quien se le reconoció el derecho de percibir alimentos por el demandado, en tanto que éstos se otorgaron al reconocer que requiere de ellos para cubrir sus necesidades más básicas y apremiantes. Por ello los efectos de la pensión provisional deben subsistir hasta que la sentencia que la fija en definitiva es susceptible de ejecución, lo que en términos de los artículos 341 y 349 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, ocurre cuando causa ejecutoria, lo que de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 338 del propio ordenamiento, sólo acontece cuando: a) esa sentencia es consentida expresamente; b) no se agotó oportunamente el recurso de apelación procedente en su contra; c) interpuesto ese recurso se desiste de él; o, d) se dicta sentencia en el citado recurso. Ahora bien, conforme al artículo 509 del citado código, la sentencia de primer grado que fija el monto de la pensión alimenticia definitiva es susceptible de apelación; recurso que en términos de los numerales 516 y 517 del código procesal citado, es admisible en ambos efectos, lo cual implica que la ejecución de esa sentencia se encuentra suspendida hasta que cause ejecutoria; de ahí que considerar que los efectos de la pensión provisional cesan inmediatamente con el dictado de la sentencia que la fija de forma definitiva, sin importar que en contra de ésta se haya interpuesto el recurso mencionado, implicaría que la pensión provisional no sería susceptible de cobrarse durante el tiempo que transcurra desde el dictado de la sentencia definitiva hasta resolverse el recurso correspondiente, pero a la vez, el acreedor tampoco podría acceder a la pensión definitiva decretada en tanto se tramita y resuelve el recurso de apelación, lo que es inaceptable ante la urgencia y la necesidad probada de los alimentos. En consecuencia, el mero dictado de la sentencia que fija lo que debe proporcionarse por concepto de pensión alimenticia definitiva, no actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013 (cesación de los efectos del acto reclamado), porque para ello es necesario que dicha resolución haya causado ejecutoria."

También es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 92/2013 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 1, Tomo I, diciembre de 2013, página 399, sustentada por la propia Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la misma contradicción de tesis 192/2013, aprobada en sesión de fecha veintiocho de agosto de dos mil trece, de rubro y texto:

"PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. NO CESA EN SUS EFECTOS CON EL MERO DICTADO DE LA SENTENCIA QUE LOS FIJA EN DEFINITIVA, PUES DEBEN APRECIARSE TANTO LOS YA PRODUCIDOS COMO LOS QUE PUEDE SEGUIR GENERANDO. La causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI de la Ley de Amparo (en vigor hasta el 2 de abril de 2013), debe implicar la desaparición total de la violación de los derechos transgredidos con el acto reclamado; en consecuencia, para su actualización, es preciso que los efectos de la violación reclamada desaparezcan en su totalidad, de modo que ya no sea posible cumplir con el objetivo buscado en el amparo. En esa virtud, el dictado de la sentencia que fija la pensión definitiva, no es suficiente para considerar que cesaron los efectos de la provisional, pues si se tiene en cuenta que los alimentos son de tracto sucesivo e indispensables para la subsistencia, los efectos de la pensión provisional deben analizarse en dos sentidos, pues por un lado deben tenerse en cuenta los que se produjeron desde el momento en que se emitió, hasta el dictado de la sentencia que fija la definitiva; y por otro, aquellos que a pesar de ese dictado se pueden seguir generando. Así, viendo hacia el pasado, es dable afirmar que la pensión alimenticia definitiva no extingue los efectos que la provisional ya ha producido, pues al ser autónoma e independiente de ésta, no elimina las violaciones a los derechos humanos que a través de la provisional se hayan cometido y reclamado en el amparo, por tanto, no puede considerarse que la finalidad perseguida en el juicio constitucional carezca de objeto. En efecto, si se tiene en cuenta que la parte acreedora generalmente pretenderá combatir esa determinación en el amparo, argumentando que la pensión es deficiente, y que por su parte, el deudor puede alegar que es excesiva o que no debió concederse por no estar demostrado el vínculo en que la actora sustentó su pretensión, es claro que ante esa posibilidad de reclamos, no puede considerarse que la determinación que fija la pensión definitiva prive de sentido el análisis constitucional de la provisional, pues la pensión definitiva en modo alguno erradica las violaciones cometidas a través de la decisión que fija los alimentos de manera provisional, lo cual sí puede ocurrir con la concesión del amparo, de manera que en caso de actualizarse una causa de improcedencia ésta no es la relativa a la cesación de efectos. Por otro lado, viendo hacia el futuro, debe decirse que si bien esta Primera Sala ha señalado que la pensión provisional cesa con el mero dictado de la sentencia que fija la definitiva, pues la provisional subsiste hasta el momento en que se dicta la sentencia que resuelve la controversia planteada, esta afirmación debe entenderse desde un punto de vista meramente formal, mas no material, pues aunque formalmente el dictado de la sentencia que fija en definitiva los alimentos, sustituye a la resolución que los establece de manera provisional, ello no siempre es así desde el punto de vista material, pues como los alimentos son de tracto sucesivo, los efectos materiales de la pensión provisional sólo pueden dejar de producirse cuando la pensión definitiva ya es susceptible de ejecución.".

Así, al resultar fundados los agravios expuestos por el recurrente, sin que se advierta una diversa causa de improcedencia que deba estudiarse oficiosamente en la revisión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 93, fracciones I y V, de la Ley de Amparo en vigor, se levanta el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito y se procederá al examen de los conceptos de violación.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI.1o. J/102, autoría del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que este órgano jurisdiccional comparte, visible en la página cincuenta y uno de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 84, diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, cuyos rubro y texto establecen:

"AGRAVIOS. SI EL EXAMEN DE UNO LLEVA A LEVANTAR EL SOBRESEIMIENTO. ES INNECESARIO ESTUDIAR LOS RESTANTES. Si el estudio de un agravio pone de manifiesto lo infundado de la causal de improcedencia expuesta por el Juez de Distrito, y no apareciendo probado otro motivo legal para sostener el sentido del fallo, lo procedente atento a lo dispuesto por el artículo 91 fracción III de la Ley de Amparo, será revocar la resolución recurrida y entrar al examen del fondo del asunto, para pronunciar la sentencia que corresponda, concediendo o negando el amparo, lo cual vuelve innecesario el examen de los restantes agravios."

QUINTO. Previo al estudio de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa en el juicio de amparo, debe atenderse, en principio, al examen de las causales de improcedencia hechas valer por la parte tercero interesada **********, en su escrito presentado ante el Juez de Distrito, el veintidós de mayo de dos mil trece.

Del examen del citado escrito se advierte que no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo (actos materia de otro juicio de amparo. Cosa juzgada) ni la prevista en la fracción XVIII (actos contra los que la ley ordinaria concede recurso), ni XIX (cuando se esté tramitando algún recurso o medio de defensa que pueda destruir el acto) a las que se refiere la parte tercero perjudicada.

Ello es así a virtud de que, por lo que hace a la fracción X, si bien es cierto que en cierto momento anterior, en diversa demanda de amparo, se reclamó como acto fundamentalmente el decreto de alimentos emitido por el Juez a quo el once de enero de dos mil trece, que fue materia de diverso juicio de amparo ********** ante el mismo Juez Federal, también lo es que como se advierte indiciariamente de las constancias, en ese diverso juicio se sobreseyó a virtud de que el impetrante había promovido recurso de apelación contra el auto reclamado, que originó el toca de apelación ********** del cual, a la postre, emanó la resolución de veintidós de marzo de dos mil trece, que confirmó la resolución que decretó los alimentos provisionales, de manera que no se configura dicha causal.

Por lo mismo, tampoco se actualizan las causales invocadas a que se refieren las fracciones XVIII y XIX del mismo artículo 61, por haber promovido el quejoso recurso de apelación contra el decreto de alimentos provisionales emitido por el Juez a quo, pues dicho recurso de apelación al que se ha aludido con anterioridad, fue resuelto y es, precisamente, la resolución emitida en el toca ********** el veintidós de marzo de dos mil trece, la que resolvió dicho recurso, y que constituye ahora el acto reclamado a la autoridad ordenadora en el juicio de amparo de que se trata; de modo que no se actualizan las invocadas causales.

Ahora bien, aunque no se señala expresamente por la tercero perjudicada la causal a que se refiere la fracción XVII del propio artículo 61, se infiere de su escrito que trata de configurarla al señalar la existencia de diversas resoluciones que podrían implicar un cambio de situación jurídica; la cual tampoco se actualiza, pues si bien es cierto que el dictado de la sentencia que fija la pensión definitiva crea una situación jurídica nueva que se funda en el reconocimiento pleno del derecho de alimentos y en pruebas aportadas por las partes y que regirá hasta que el derecho de alimentos se extinga, también lo es que ese evento no incide en la situación jurídica creada con motivo de la pensión alimenticia provisional, porque ésta como medida cautelar, es de naturaleza transitoria o temporal y rige o subsiste exclusivamente hasta el momento en que se dicte la sentencia que resuelva la controversia planteada, y regula las necesidades alimentarias surgidas durante la tramitación del juicio de alimentos en que se pueden afectar derechos de los acreedores o deudores alimentarios, los cuales no disminuyen, incrementan o resarcen con el dictado de la sentencia, pues ésta no tiene por objeto modificar, confirmar o revocar la pensión provisional, sino sólo fijar el monto alimentario que habrá de regir hasta que se extinga la obligación relativa, es decir, no repercute en la situación jurídica derivada de la pensión alimentaria provisional.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 58/2009 autoría de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página veintinueve del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, noviembre de dos mil nueve, cuyos rubro y texto disponen:

"ALIMENTOS. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA RESPECTO DEL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINÓ SU MONTO PROVISIONALMENTE, SI ANTES DE RESOLVERSE EL JUICIO DE GARANTÍAS SE DICTA LA SENTENCIA DEL JUICIO NATURAL EN QUE SE FIJA LA PENSIÓN ALIMENTICIA DEFINITIVA (LEGISLACIONES PROCESALES CIVILES DE LOS ESTADOS DE NUEVO LEÓN Y GUERRERO). Conforme a dichas legislaciones, ante la solicitud alimentaria del acreedor el Juez puede emitir por lo menos dos determinaciones que habrán de regir hasta el dictado de la sentencia que, en su caso, fije el monto definitivo de la pensión respectiva: una indiscutible, que es la que establece que el deudor debe cubrir alimentos provisionales, y otra cuestionable, relativa al monto de la pensión provisional, el cual debe respetar los principios de equidad, justicia y proporcionalidad; de manera que tanto el acreedor como el deudor alimentario pueden controvertir dicho monto en el juicio de amparo indirecto por tratarse de un acto que afecta derechos sustantivos -previo agotamiento del recurso de apelación, en el caso del Estado de Guerrero-; el acreedor, por considerar que ésta resulta insuficiente para asegurar su subsistencia durante la tramitación del juicio de alimentos, y el deudor, por estimar que representa más de lo que puede dar o de lo que aquél requiere para su manutención durante ese tiempo; lo cual genera una afectación que no puede resarcirse con el mero dictado de la sentencia que fija el monto de la pensión definitiva, ya que ésta no incide en la etapa provisional de alimentos, en tanto que su objeto consiste únicamente en determinar el monto alimentario que habrá de regir desde la sentencia y hasta que la obligación alimentaria se extinga por alguna causa legal, además de que no tiene efectos restitutorios o indemnizatorios. En ese sentido, se concluye que no se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, por cambio de situación jurídica, respecto del amparo indirecto promovido contra la resolución dictada en un juicio de alimentos que determina su monto provisionalmente, si antes de resolverse el juicio de garantías se dicta la sentencia del juicio natural en que se fija la pensión alimenticia definitiva, pues si bien es cierto que esta sentencia hace cesar la pensión provisional y genera una situación jurídica que se traduce en el reconocimiento pleno del derecho del acreedor alimentario y en la determinación de una pensión sustentada en las pruebas ofrecidas por las partes, también lo es que no repercute en la situación jurídica creada con motivo de la pensión provisional que, como medida cautelar, es de naturaleza transitoria o temporal y, por tanto, subsiste exclusivamente hasta que se dicta la sentencia que resuelve la controversia planteada, y regula las necesidades alimentarias surgidas durante la tramitación del juicio de alimentos donde pueden afectarse derechos de los acreedores o deudores alimentarios, los cuales no disminuyen, incrementan o resarcen con el dictado de la sentencia, pues ésta no tiene por objeto modificar, confirmar o revocar la pensión provisional, ni corregir la insuficiencia o excesividad del monto provisional de alimentos y las consecuencias que tuvo en el patrimonio del acreedor o del deudor alimentario; de ahí que es posible analizar el acto reclamado sin afectar la situación creada por el nuevo que no se reclamó en el amparo solicitado."

SEXTO. Precisado lo anterior procede ahora el estudio de los conceptos de violación.

El quejoso expone los siguientes conceptos de violación:

"Primero. Violación a los artículos 16 y 17 constitucionales, al afectarse los derechos del suscrito con una resolución que confirma la de origen, que impone una pensión provisional y requiere información confidencial del quejoso, careciendo de fundamentación y motivación debida, puesto que la responsable confirma la procedencia de alimentos en un juicio de paternidad que todavía no concluye, sin que ninguno de los fundamentos que invoca sustente tal determinación ya que, en primer lugar, no refiere ni argumenta por qué considera son aplicables al presente caso, así como que de su lectura se observa que no son aplicables para justificar la afectación al quejoso sin haber considerado los agravios hechos valer. El artículo 16 constitucional obliga a toda autoridad a fundar y motivar la causa de afectación al gobernante (sic), en este caso, la Sala responsable debió fundar su resolución en artículos aplicables al caso y explicar por qué considera que dichos artículos son aplicables para sustentar la confirmación del auto impugnado en la apelación. La responsable se basa para su determinación en la invocación de artículos diversos pero no indica porqué son aplicables o porqué justifican la resolución y citó el argumento de la Sala responsable. ‘II. El impetrante manifiesta que se irroga en su perjuicio lo dispuesto en los numerales 81 y 82 del Código de Procedimientos Civiles, así como el artículo 282, apartado A, fracción II, del Código Civil, ambos ordenamientos del Distrito Federal, toda vez que el a quo no da los razonamientos jurídicos para determinar e imponerle una pensión alimenticia provisional en un juicio de paternidad aún sub júdice, es decir, aún no existe la declaración de paternidad, además de que la figura de alimentos sólo se da en el supuesto de un matrimonio y no sobre juicios de paternidad. Resultan infundados los argumentos esgrimidos por el impetrante con base en el siguiente razonamiento lógico. En un inicio, debemos decir que estamos en presencia de un juicio ordinario civil, reconocimiento de paternidad en el que se encuentran involucrados los intereses de un menor, mismos que entran bajo la protección de la ley, por lo que el Juez de lo familiar se encuentra facultado para intervenir de manera oficiosa; lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 22 del Código Civil, así como, de los artículos 940, 941 y 942 del Código de Procedimientos Civiles, ambos ordenamientos para el Distrito Federal, así como el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño (ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991); 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México; 4 y 5 de la Ley de los Derechos de las Niñas y Niños en el Distrito Federal, en congruencia con los compromisos internacionales.’. Del articulado que menciona la Sala responsable, en momento alguno da explicación sobre cuál de las fracciones, cuál parte o si es todo, actualizan el caso y para ello debió expresar la motivación para la actualización del fundamento, sin embargo se abstiene de dar tal fundamentación, lo cual es violatorio al artículo 16 constitucional, que ordena la debida motivación y nuestra Corte, ha determinado que las resoluciones sean debidamente fundadas y motivadas, que significa establecer el artículo o precepto legal que actualiza los hechos estudiados y previamente comprobados, siendo esto último la motivación, es decir, la actualización de la conducta reglada en el precepto legal invocado, como lo establece la siguiente jurisprudencia: ‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU DISTINCIÓN ENTRE SU FALTA Y CUANDO ES INDEBIDA.’ (Se transcribió). Ahora bien, en los preceptos legales invocados en la resolución impugnada, independientemente de que no se entiende para qué los invoca la autoridad responsable, esto es, qué hipótesis contenidas en ellos consideró actualizada y porqué; por lo que, podemos observar de una lectura de los mismos, que no son aplicables al caso en estudio y me permito traer a lectura dichos preceptos. Código Civil del Distrito Federal. ‘Artículo 22. La capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte; pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados en el presente código.’. Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal. ‘Artículo 81. Todas las resoluciones sean decretos, autos provisionales, definitivos o preparatorios o sentencias interlocutorias, deben ser claras, precisas y congruentes con las promociones de las partes, resolviendo sobre todo lo que éstas hayan pedido. Cuando el tribunal sea omiso en resolver todas las peticiones planteadas por el promovente, de oficio o a simple instancia verbal del interesado, deberá dar nueva cuenta y resolver las cuestiones omitidas dentro del tercer día. Las sentencias definitivas también deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y las contestaciones y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Cuando éstos hubieren sido varios, se hará el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos.’. ‘Artículo 82. Las sentencias deben tener el lugar, fecha y Juez o tribunal que las pronuncie, los nombres de las partes contendientes y el carácter con que litiguen y el objeto del pleito, y bastará que el Juez funde y motive su resolución en preceptos legales, su interpretación o principios jurídicos, de acuerdo con el artículo 14 constitucional.’. ‘Artículo 940. Todos los problemas inherentes a la familia se consideran de orden público, por constituir aquella la base de la integración de la sociedad.’. ‘Artículo 941. El Juez de lo Familiar estará facultado para intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia, especialmente tratándose de menores, de alimentos y de cuestiones relacionadas con violencia familiar, decretando las medidas precautorias que tiendan a preservar la familia y proteger a sus miembros. En todos los asuntos del orden familiar los Jueces y tribunales están obligados a suplir la deficiencia de las partes en sus planteamientos de derecho. En los mismos asuntos, con la salvedad de las prohibiciones legales relativas a alimentos, el Juez deberá exhortar a los interesados a lograr un avenimiento, resolviendo sus diferencias mediante convenio, con el que pueda evitarse la controversia o darse por terminado el procedimiento. ...’. ‘Artículo 942. No se requieren formalidades especiales para acudir ante el Juez de lo familiar cuando se solicite la declaración, preservación, restitución o constitución de un derecho o se alegue la violación del mismo o el desconocimiento de una obligación, tratándose de alimentos, de calificación de impedimentos de matrimonio o de las diferencias que surjan entre cónyuges sobre administración de bienes comunes, educación de hijos, oposición de padres y tutores y en general de todas las cuestiones familiares similares que reclamen la intervención judicial. Esta disposición no es aplicable a los casos de divorcio o de pérdida de la patria potestad. Tratándose de violencia familiar prevista en el artículo 323 Ter del Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal, el Juez exhortará a los involucrados en audiencia privada, a fin de que convengan los actos para hacerla cesar y, en caso de que no lo hicieran en la misma audiencia el Juez del conocimiento determinará las medidas procedentes para la protección de los menores y de la parte agredida. Al efecto, verificará el contenido de los informes que al respecto hayan sido elaborados por las instituciones públicas o privadas que hubieren intervenido y escuchará al Ministerio Público.’. Convención sobre los Derechos del Niño. ‘Artículo 3. 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. 3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.’. Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de México’. ‘Artículo 3. La aplicación de esta ley estará a cargo del Ejecutivo Estatal a través de sus dependencias, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Entidad; las autoridades judiciales; los Municipios a través de sus Dependencias y los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia en sus respectivos ámbitos de competencia y jurisdicción.’. ‘Artículo 4. Para los efectos de esta ley, se entiende por: I. Ley: A la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de México; II. Niña o niño: Toda persona cuya edad sea menor a doce años cumplidos; III. Adolescente: Toda persona cuya edad este comprendida entre los doce años cumplidos y menor a los dieciocho años cumplidos; IV. Interés superior de las niñas, niños y adolescentes: Este interés implica que las políticas, las acciones y la toma de decisiones de las instituciones públicas, privadas, tribunales, autoridades administrativas o los órganos legislativos, relacionados con este periodo de vida, deberán dar prioridad a los derechos reconocidos en los ordenamientos legales; V. Abandono: Situación de desamparo que viven las niñas, los niños y adolescentes cuando sus progenitores, quienes ejercen la patria potestad, tutores o responsables de su cuidado dejan de proporcionar los medios de subsistencia y cuidados necesarios para su desarrollo integral. Lo que implica la imposibilidad de desarrollarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad. VI. Desarrollo integral: Conjunto de acciones que deben realizar el Estado, la familia y la sociedad a f

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24946-dcb89a44/alimentos-provisionales-en-el-juicio-de-paternidad-interpretacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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