CONTRATO DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA. AUN CUANDO SE CELEBRE ENTRE DOS SOCIEDADES ANÓNIMAS DE CAPITAL VARIABLE, NO CONSTITUYE UN ACTO DE COMERCIO Y, POR TANTO, LA VÍA MERCANTIL ES IMPROCEDENTE PARA RECLAMAR LAS PRESTACIONES ADEUDADAS.
AMPARO DIRECTO 75/2014. 2 DE MAYO DE 2014. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: ROSA MARÍA TEMBLADOR VIDRIO. PONENTE: ERIC ROBERTO SANTOS PARTIDO. SECRETARIO: MARTÍN AMADOR IBARRA.
CONSIDERANDO:
DÉCIMO. Los conceptos de violación expuestos en el amparo principal, son infundados.
Para llegar a esta conclusión, es pertinente dejar precisado que el artículo 1327 del Código de Comercio, que se encuentra en el "Capítulo XXII. De las sentencias", del "Título I. Disposiciones generales", del "Libro quinto. De los juicios mercantiles", establece lo siguiente:
"Artículo 1327. La sentencia se ocupará exclusivamente de las acciones deducidas y de las excepciones opuestas respectivamente en la demanda y en la contestación."
Y el diverso 1378, que se encuentra en el "Título II. De los juicios ordinarios", del referido "Libro quinto. De los juicios mercantiles", establece lo siguiente:
"En el escrito de demanda el actor deberá mencionar los documentos públicos y privados que tengan relación con dicha demanda, así como si los tiene o no a su disposición debiendo exhibir los que posea, y acreditar haber solicitado los que no tengan en los términos del artículo 1061. De igual manera, proporcionará los nombres y apellidos de los testigos que hayan presenciado los hechos contenidos en la demanda, y las copias simples prevenidas en el artículo 1061. Admitida la demanda se emplazará al demandado para que produzca su contestación dentro del término de quince días. Con el escrito de contestación a la demanda se dará vista al actor, para que manifieste lo que a su derecho convenga dentro del término de tres días y para que mencione a los testigos que hayan presenciado los hechos, y los documentos relacionados con los hechos de la contestación de demanda."
De los artículos transcritos, se advierte que la materia de la sentencia, la constituyen únicamente los hechos en que el actor funda su acción; los de las excepciones opuestas por la demandada en el escrito de contestación de demanda; y, los argumentos que aduzca el actor al contestar la vista del escrito de contestación de demanda.
En el caso, como se ha dejado asentado en los antecedentes que se relataron en el considerando anterior, la parte demandada **********, a través de su representante legal **********, en el escrito de contestación de demanda, entre otras excepciones, opuso la improcedencia de la vía en que la parte actora promovió en su contra, el juicio ordinario mercantil, para reclamarle las prestaciones a que se refería su escrito inicial de demanda.
Y, la parte actora **********, al contestar la vista que se le dio con el escrito de contestación de demanda, a través de su representante legal **********, en relación con dicha excepción de improcedencia de la vía, solamente adujo que no se justificaba, porque exigía el pago de pesos de las facturas ********** y **********, que provenían del contrato de prestación de servicios de veintidós de abril de dos mil seis, por lo que esos documentos constituían los fundatorios de la acción, y no nada más el referido contrato, y éste le daba vida jurídica a esas facturas, por lo que con él demostraba el nacimiento o surgimiento de los comprobantes fiscales, por ello, la vía ordinaria mercantil resultaba procedente.
Ahora bien, la parte actora, ahora quejosa, en los conceptos de violación, entre otras cosas, esencialmente aduce que, la Juez responsable, en la sentencia reclamada, consideró improcedente la vía ordinaria mercantil, porque el contrato de prestación de servicios de seguridad y vigilancia, no constituía un acto de comercio, al no encontrarse comprendido en alguno de los supuestos que establece el artículo 75 del Código de Comercio.
Sin embargo, no tomó en cuenta que de la interpretación de los artículos 1o. y 3o. del Código de Comercio, y 1o. y 4o. de la Ley General de Sociedades Mercantiles, las partes en el juicio, es decir, la actora **********, y la demandada **********, son sociedades mercantiles, por lo que es incuestionable que en derecho se reputan comerciantes, y sus actos se rigen por las leyes mercantiles.
La Juez responsable debió analizar correctamente si el referido contrato de prestación de servicios privados de seguridad y vigilancia, era de naturaleza mercantil, lo que no aconteció en el caso.
Tampoco apreció que la naturaleza del citado contrato como mercantil, la determina generalmente la ley, atendiendo al objeto o al propósito de dicho acto, además de otras circunstancias, como la calidad de los contratantes que intervinieron.
De este modo, si las partes que celebraron el contrato de servicios de seguridad y vigilancia, son dos sociedades anónimas de capital variable, cuyas operaciones persiguen un fin de especulación comercial, en derecho se reputan comerciantes, por lo que es evidente que el acto jurídico debió considerarlo mercantil, pues su naturaleza deriva de la coincidencia existente entre los derechos y obligaciones que derivan de ese convenio, y de las actividades que se establecieron como preponderantes en la identificación del objeto social pactado, al constituirse como negociaciones mercantiles.
En ese tenor, la actividad de la parte actora, ahora quejosa, es la de prestar servicios de seguridad y vigilancia con fines de especulación comercial, como lo refiere su objeto, por lo que el contrato lo realizó con la finalidad de obtener un lucro, lo que coincide con la actividad que motivó su creación, por lo que en el caso, el aludido contrato es de naturaleza mercantil y, por ello, quedan excluidas la aplicación de leyes sustantivas, como adjetivas, distintas de las expedidas para la regulación de los actos y procedimientos de naturaleza mercantil, de acuerdo con el artículo 1049 del Código de Comercio, a excepción de la supletoriedad que establecen los diversos 2o. y 1054 del mismo ordenamiento legal.
La Juez responsable no se percató que la parte actora, ahora quejosa, ejerce el comercio a través de la celebración habitual de contratos de prestación de servicios privados de seguridad y vigilancia, que deben ser considerados de naturaleza mercantil, por la afinidad que existe entre su objeto social, y los derechos y obligaciones pactados en el acuerdo de voluntades.
Por tanto, no se estudió debidamente el contrato de prestación de servicios privados de seguridad y vigilancia, porque se omitió observar lo que disponen los artículos antes citados de la Ley General de Sociedades Mercantiles y del Código de Comercio, infringiéndose el artículo 14 constitucional, pues de haberlo hecho la Juez responsable, no habría llegado a la conclusión errónea de que, en el caso, la vía ordinaria mercantil resultaba improcedente, teniendo aplicación, las tesis con rubros: "ACTOS DE COMERCIO. TIENEN ESE CARÁCTER LOS CONTRATOS CELEBRADOS POR SOCIEDADES ANÓNIMAS, SI LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES PACTADOS COINCIDEN CON SU OBJETO SOCIAL.", "ACTOS DE COMERCIO, NATURALEZA DEL. LA MATERIA DE LA CONTRATACIÓN Y NO SÓLO LA CALIDAD DE LOS CONTRATANTES, ES LO QUE LA DEFINE." y "CONTRATOS. DETERMINACIÓN DE SU NATURALEZA."
Continúa señalando que si bien el contrato de prestación de servicios privados de seguridad y vigilancia, celebrado por las sociedades mercantiles, actora y demandada, no encuadra en las veinticuatro fracciones del artículo 75 del Código de Comercio; la fracción XXV de ese ordenamiento, daba pauta a la Juez responsable para que, en el caso, le hubiera otorgado la naturaleza mercantil, atendiendo a la calidad de las personas que intervinieron en él -sociedades mercantiles- y, al objeto o propósito de dicho acto jurídico -para la prestadora, lo es vender servicios de seguridad privada con fines de especulación comercial- y, además, existe coincidencia entre los derechos y obligaciones que derivan de ese contrato y las actividades que realiza la actora **********, como objeto social, al haberse constituido como sociedad mercantil.
La Juez responsable no se percató del contenido del artículo 1050 del Código de Comercio, pues si la parte demandada invocó como excepción la improcedencia de la vía, por haberse basado la acción ejercitada en un juicio ordinario mercantil, en un contrato de prestación de servicios de seguridad y vigilancia, que para ella no constituía un acto de comercio, para la parte actora, sí lo constituía, por el simple hecho de haber ejercitado la acción ordinaria mercantil, por lo que, conforme a dicho dispositivo legal "la controversia debió regirse conforme a las leyes mercantiles", por lo que, se está en presencia de un contrato predominantemente mercantil, por las características del mismo, teniendo aplicación la tesis con rubro: "CONTRATOS MERCANTILES. FORMA DE ESTABLECER QUE SE ESTÁ EN PRESENCIA DE OBLIGACIONES DE TAL NATURALEZA."
Y, lo aducido con antelación, debió tomarlo en cuenta la Juez responsable, pues si bien es cierto que la sentencia reclamada se dictó en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, también lo es que se le otorgó plena jurisdicción para determinar la procedencia de la vía ordinaria mercantil.
No le asiste razón a la parte quejosa principal.
Los artículos 1o., 3o., fracción II, 4o., 75, 76 y 1049 del Código de Comercio establecen lo siguiente:
"Artículo 1o. Los actos comerciales sólo se regirán por lo dispuesto en este código y las demás leyes mercantiles aplicables."
"Artículo 3o. Se reputan en derecho comerciantes: ... II. Las sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercantiles."
"Artículo 4o. Las personas que accidentalmente, con o sin establecimiento fijo, hagan alguna operación de comercio, aunque no son en derecho comerciantes, quedan sin embargo, sujetas por ella a las leyes mercantiles. Por tanto, los labradores y fabricantes, y en general todos los que tienen planteados almacén o tienda en alguna población para el expendio de los frutos de su finca, o de los productos ya elaborados de su industria o trabajo, sin hacerles alteración al expenderlos, serán considerados comerciantes en cuanto concierne a sus almacenes o tiendas."
"Artículo 75. La ley reputa actos de comercio: I. Todas las adquisiciones, enajenaciones y alquileres verificados con propósito de especulación comercial, de mantenimientos, artículos, muebles o mercaderías, sea en estado natural, sea después de trabajados o labrados; II. Las compras y ventas de bienes inmuebles, cuando se hagan con dicho propósito de especulación comercial; III. Las compras y ventas de porciones, acciones y obligaciones de las sociedades mercantiles; IV. Los contratos relativos y obligaciones del Estado u otros títulos de crédito corrientes en el comercio; V. Las empresas de abastecimientos y suministros; VI. Las empresas de construcciones y trabajos públicos y privados; VII. Las empresas de fábricas y manufacturas; VIII. Las empresas de transporte de personas o cosas, por tierra o por agua; y las empresas de turismo; IX. Las librerías, y las empresas editoriales y tipográficas; X. Las empresas de comisiones, de agencias, de oficinas de negocios comerciales, casas de empeño y establecimientos de ventas en pública almoneda; XI. Las empresas de espectáculos públicos; XII. Las operaciones de comisión mercantil; XIII. Las operaciones de mediación de negocios mercantiles; XIV. Las operaciones de bancos; XV. Todos los contratos relativos al comercio marítimo y a la navegación interior y exterior; XVI. Los contratos de seguros de toda especie, siempre que sean hechos por empresas; XVII. Los depósitos por causa de comercio; XVIII. Los depósitos en los almacenes generales y todas las operaciones hechas sobre los certificados de depósito y bonos de prenda librados por los mismos; XIX. Los cheques, letras de cambio o remesas de dinero de una plaza a otra, entre toda clase de personas; XX. Los vales u otros títulos a la orden o al portador, y las obligaciones de los comerciantes, a no ser que se pruebe que se derivan de una causa extraña al comercio; XXI. Las obligaciones entre comerciantes y banqueros, si no son de naturaleza esencialmente civil; XXII. Los contratos y obligaciones de los empleados de los comerciantes en lo que concierne al comercio del negociante que los tiene a su servicio; XXIII. La enajenación que el propietario o el cultivador hagan de los productos de su finca o de su cultivo; XXIV. Las operaciones contenidas en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; XXV. Cualesquiera otros actos de naturaleza análoga a los expresados en este código. En caso de duda, la naturaleza comercial del acto será fijada por arbitrio judicial."
"Artículo 76. No son actos de comercio la compra de artículos o mercaderías que para su uso o consumo, o los de su familia, hagan los comerciantes; ni las ventas hechas por obreros, cuando ellas fueren consecuencia natural de la práctica de su oficio."
Y, "Artículo 1049. Son juicios mercantiles los que tienen por objeto ventilar y decidir las controversias que, conforme a los artículos 4o., 75 y 76, se deriven de los actos comerciales."
De los artículos transcritos, se advierte que los actos de comercio, para que proceda el juicio mercantil, únicamente son los que establece como tales, el artículo 75 del Código de Comercio, excluyéndose para determinarlos, las demás leyes aplicables a que se refiere el artículo 1o. de ese ordenamiento, como podrían ser los artículos 1o. y 4o. de la Ley General de Sociedades Mercantiles, según lo pretende la parte quejosa.
Además, tales dispositivos legales no aluden expresamente a los actos de comercio, pues su contenido es del tenor siguiente:
"Artículo 1o. Esta ley reconoce las siguientes especies de sociedades mercantiles: I. Sociedad en nombre colectivo; II. Sociedad en comandita simple; III. Sociedad de responsabilidad limitada; IV. Sociedad anónima; V. Sociedad en comandita por acciones, y VI. Sociedad cooperativa. Cualquiera de las sociedades a que se refieren las fracciones I a V de este artículo podrá constituirse como sociedad de capital variable, observándose entonces las disposiciones del capítulo VIII de esta ley."
Y, "Artículo 4o. Se reputarán mercantiles todas las sociedades que se constituyan en alguna de las formas reconocidas en el artículo 1o. de esta ley."
Así, tales dispositivos legales únicamente consideran mercantiles las sociedades que consigna el artículo 1o., pero sin señalar expresamente que los actos que realicen, tengan el carácter de comercio, pues éstos como se ha visto los establece expresamente el artículo 75 del Código de Comercio.
Consecuentemente, aun cuando el contrato de veintidós de abril de dos mil seis se hubiera celebrado por dos sociedades anónimas de capital variable, y que los servicios privados de seguridad y vigilancia a que se obligó la ahora parte quejosa **********, concuerda con su objeto social, no puede considerarse como lo pretende que hubiera sido con el propósito de especulación comercial.
Esto es así, porque la retribución que se pactó por la prestación de ese servicio de vigilancia y protección, de ninguna manera puede estimarse que sea de especulación comercial.
En efecto, la propia parte quejosa, reconoce en sus conceptos de violación, que "... es importante mencionar a este cuerpo colegiado que si bien es cierto que resulta real que el contrato de prestación de servicios celebrado por dos sociedades mercantiles, no encuadra en ninguna de las veinticuatro fracciones del artículo 75 de la legislación mercantil ...", también lo es que la fracción XXV permitía a la Juez responsable estimar que en el caso se trataba de un acto de comercio.
Lo anterior es infundado.
El artículo 75, fracción XXV, del Código de Comercio, señala lo siguiente:
"Artículo 75. La ley reputa actos de comercio: ... XXV. Cualesquiera otros actos de naturaleza análoga a los expresados en este código."
Ahora bien, independientemente de que la parte quejosa omite señalar en cuáles de las otras fracciones del artículo 75 del Código de Comercio, encuadra, por analogía, el contrato de prestación de servicios privados de seguridad y vigilancia de veintidós de abril de dos mil seis; tratándose del propósito de especulación comercial, ello lo establecen las fracciones I y II del citado artículo, que son del tenor siguiente:
"Artículo 75. ... I. Todas las adquisiciones, enajenaciones y alquileres verificados con propósito de especulación comercial, de mantenimientos, artículos, muebles o mercaderías, sea en estado natural, sea después de trabajados o labrados."
Y, "II. Las compras y ventas de bienes inmuebles, cuando se hagan con dicho propósito de especulación comercial."
Es decir, tales fracciones se refieren: 1. A las adquisiciones, enajenaciones y alquileres; y, 2. A las compras y ventas de bienes inmuebles.
En este contexto, es incuestionable que el contrato de prestación de servicios privados de seguridad y vigilancia de veintidós de abril de dos mil seis, no puede considerarse que, por analogía, encuadre en alguno de los supuestos que señalan las referidas fracciones I y II del artículo 75 del Código de Comercio.
Consecuentemente, en el caso, carece de aplicación la tesis que invoca la parte quejosa, esto es, la sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado de este circuito, que con el número VI.2o.C.588 C, aparece publicada en la página 1666 del Tomo XXVI, correspondiente al mes de diciembre de dos mil siete, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente:
"ACTOS DE COMERCIO. TIENEN ESE CARÁCTER LOS CONTRATOS CELEBRADOS POR SOCIEDADES ANÓNIMAS, SI LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES PACTADOS COINCIDEN CON SU OBJETO SOCIAL. La naturaleza mercantil de un acto jurídico contenido en un contrato celebrado entre una sociedad anónima y un particular que no ejerce el comercio, resulta de la coincidencia existente entre los derechos y obligaciones que derivan de ese convenio y las actividades que se establecieron como preponderantes en la identificación del objeto social pactado al constituirse aquélla con ese carácter. En efecto, si los accionistas de una empresa deciden afectar su patrimonio para con él constituir una negociación mercantil, y para ello determinan cuáles son las actividades que conforman el giro de su actuación como comerciantes, adoptando una de las figuras contempladas en la Ley General de Sociedades Mercantiles, es inconcuso que los actos jurídicos que coincidan con la actividad que motivó su agrupación están excluidos de la aplicación de leyes, tanto sustantivas como procesales, distintas de las especialmente expedidas para la regulación de los actos y procedimientos de naturaleza mercantil, de conformidad con lo establecido en el artículo 1049 del Código de Comercio, aun cuando éstos pudieran tener afinidad con alguno de los contratos específicamente regulados en la legislación civil. Además, atento a lo establecido en el artículo 2o. del citado ordenamiento, en lo relativo a cuestiones de carácter sustantivo, resulta aplicable supletoriamente el Código Civil Federal, y esto permite que un acuerdo entre particulares, en el cual uno de ellos ejerce el comercio a través de la celebración habitual de contratos que tradicionalmente pudieran conceptuarse como eminentemente civiles, pueda ser considerado como de naturaleza mercantil, precisamente por la afinidad existente entre su objeto social y los derechos y obligaciones pactados en dicho acuerdo de voluntades; sin que a lo anterior sea óbice el elemento 'especulación mercantil', previsto por las fracciones I y II del artículo 75 del Código de Comercio, ya que la naturaleza mercantil de un contrato celebrado por una sociedad anónima, en términos generales, no se determina atendiendo al ingreso económico derivado del establecimiento de una contraprestación monetaria, o bien, de la ausencia de esa finalidad en uno de los contratantes."
Esto es así, porque de acuerdo a su contenido, alude a la regla general para establecer la naturaleza mercantil de un acto jurídico contenido en un contrato celebrado entre una sociedad anónima y un particular que no ejerce el comercio; sin embargo, en el caso se trata de un contrato de prestación de servicios privados de seguridad y vigilancia.
Lo mismo acontece con la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, que aparece publicada en la página 23 de los Volúmenes 217-228, Sexta Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor siguiente:
"ACTO DE COMERCIO, NATURALEZA DEL. LA MATERIA DE LA CONTRATACIÓN Y NO SÓLO LA CALIDAD DE LOS CONTRATANTES, ES LO QUE LA DEFINE. El acto mercantil puede depender de la calidad de las personas que en él intervienen, del fin o motivo perseguido o del objeto sobre el que recae el acto. Si en la especie uno de los celebrantes del contrato de reconocimiento de adeudo con garantía hipotecaria lo fue una institución bancaria, cuyas operaciones persiguen un fin de especulación comercial, y si la fracción XIV del artículo 75 del Código de Comercio da a las operaciones de bancos la naturaleza de actos de comercio, tales circunstancias restan toda significación al hecho cierto de que una de las partes celebrantes no tenga la calidad de comerciante ni de banco o banquero, pues basta la calidad de su contraparte para que su relación jurídica se repute como acto de comercio."
Pues su contenido, se refiere a un contrato de reconocimiento de adeudo con garantía hipotecaria en el que uno de sus celebrantes lo fue una institución bancaria; el cual se encuentra comprendido en el artículo 75, fracción XIV, del Código de Comercio y, en la especie, se trata de un contrato de prestación de servicios privados de seguridad y vigilancia, celebrado por sociedades anónimas de capital variable.
Finalmente, tampoco es aplicable la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que con el número I.3o.C.582 C, aparece publicada en la página 232 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril de mil novecientos noventa y tres, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor siguiente:
"CONTRATOS. DETERMINACIÓN DE SU NATURALEZA. El criterio para distinguir la naturaleza de un acto jurídico, lo determina generalmente la ley atendiendo al objeto o al propósito de dicho acto; ello no excluye que puedan considerarse otras circunstancias, tales como la calidad de las partes que intervienen en el acto, o el cumplimiento voluntario que se haga del mismo. De ese modo, por ejemplo, el arrendamiento será mercantil cuando se verifique con el propósito de especulación comercial. Será, en cambio laboral, cuando se haya verificado en atención a la calidad de trabajador del inquilino, como una contraprestación a sus servicios."
Esto es, se refiere a un supuesto distinto, como en el caso lo es el contrato de prestación de servicios privados de seguridad y vigilancia.
En otro aspecto, carece de aplicación el artículo 1050 del Código de Comercio, que invoca la parte quejosa, que es del tenor siguiente:
"Artículo 1050. Cuando conforme a las disposiciones mercantiles, para una de las partes que intervienen en un acto, éste tenga naturaleza comercial y para la otra tenga naturaleza civil la controversia que del mismo se derive se regirá conforme a las leyes mercantiles."
Se dice que es inaplicable, porque como se ha dejado asentado con antelación, el referido contrato de prestación de servicios privados de seguridad y vigilancia de veintidós de abril de dos mil seis; no constituye un acto de comercio, al no encuadrar en alguno de los supuestos que establece el artículo 75 del Código de Comercio, motivo por el cual no puede considerarse que la controversia del juicio de origen, debía regirse conforme a las leyes mercantiles.
Lo anterior se corrobora, precisamente, con la tesis que invoca la parte quejosa, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, que con el número III.2o.C.118 C, aparece publicada en la página 1176 del Tomo XXIV, correspondiente al mes de julio de dos mil seis, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente:
"CONTRATOS MERCANTILES. FORMA DE ESTABLECER QUE SE ESTÁ EN PRESENCIA DE OBLIGACIONES DE TAL NATURALEZA. Para poder definir cuándo un contrato es de naturaleza civil o mercantil, debe tenerse en cuenta que el Código de Comercio define al derecho mercantil desde una concepción objetivista, esto es, lo define a partir de los actos que la propia norma cataloga como comerciales y no necesariamente en función de los sujetos que los desarrollan (comerciantes). El mencionado cuerpo de leyes, en su artículo 75, enumera en veinticuatro fracciones, los actos que considera mercantiles, a los que clasifica como tales ya sea por el objeto, por los sujetos que intervienen o por la finalidad que se persigue con su realización, y, en su fracción XXV, precisa que serán mercantiles cualesquiera otros actos de naturaleza análoga a los expresados en ese código, concluyendo que, en caso de duda, la naturaleza comercial del acto será fijada por arbitrio judicial. La enumeración que se hace en el artículo 75 del Código de Comercio, comprende una gran variedad de actos cuya naturaleza deriva de distintas razones, por lo cual, no es posible obtener una definición única de acto de comercio, al igual que tampoco puede darse un concepto unitario de contrato mercantil; luego, dado que el único rasgo que identifica a los actos de comercio, es que lo son, por disposición expresa del legislador, para establecer cuándo se está en presencia de obligaciones de esa naturaleza, deberá indagarse si el acto jurídico en cuestión encuadra en aquellos que el legislador catalogó expresamente como actos de comercio. De donde se sigue, que deben calificarse como contratos mercantiles todas las relaciones jurídicas sometidas a la ley comercial; lo que implica, que serán mercantiles los contratos, aun cuando el acto sea comercial sólo para una de las partes, tal como se preceptúa en el artículo 1050 del código en consulta."
Lo anterior es así, porque para establecer que se está en presencia de obligaciones de naturaleza mercantil, considera que debe atenderse a los actos de comercio que establece el artículo 75 del Código de Comercio.
Por último, es infundado el concepto de violación relativo a que resulta inaplicable la jurisprudencia que invocó la Juez responsable, en la sentencia reclamada, porque alude a un contrato de prestación de servicios de seguridad y vigilancia, por parte de una corporación policiaca, carácter que no tiene la ahora parte quejosa.
Se dice que es infundado, por lo siguiente:
Tal jurisprudencia sustentada por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que con el número I.10o.C. J/2 (10a.), aparece publicada en la página 1554 del Libro XI, Tomo 2, correspondiente al mes de agosto de dos mil doce, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, es del tenor siguiente:
"VÍA MERCANTIL. RESULTA IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA EL PAGO DEL ADEUDO DERIVADO DE UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, AL NO CONSTITUIR UN ACTO DE COMERCIO, NO OBSTANTE QUE HAYA SIDO DOCUMENTADO A TRAVÉS DE FACTURAS. De conformidad con el artículo 1049 del Código de Comercio, los juicios mercantiles tienen por objeto ventilar y decidir las controversias que deriven de actos de comercio. Así, para determinar si una controversia debe ser tramitada en vía ordinaria u oral mercantil, es necesario analizar si realmente queda sustentada en un acto de comercio, para lo cual, debe acudirse al contenido del artículo 75 del mismo ordenamiento, que establece aquellos supuestos que la ley reputa como tales. De esta forma, un determinado acto jurídico será de comercio sólo si se subsume en cualquiera de sus primeras veinticuatro fracciones, o tiene una naturaleza análoga a cualquiera de ellas, independientemente de que en ese acto hubiese intervenido un comerciante. Por lo tanto, la vía mercantil resulta improcedente en aquellos casos en que la controversia consiste en el pago del adeudo derivado de un contrato por virtud del cual una corporación policiaca se obligó a prestar servicios de seguridad y vigilancia a un particular, al no subsumirse dicho acuerdo de voluntades en ninguna de las primeras veinticuatro fracciones del precepto aludido, ni tener naturaleza análoga a cualquiera de ellas, por lo cual no puede constituir un acto de comercio no obstante que el actor acompañe a su demanda diversas facturas expedidas con motivo de ese adeudo, pues tales documentos, por no tener origen en una relación contractual de naturaleza mercantil, tampoco adquieren dicha calidad comercial, sino que únicamente podrían constituir un elemento de prueba sobre el importe reclamado, pero no modifican o confieren una naturaleza jurídica distinta a la relación contractual de donde provienen, ni constituyen títulos de crédito en términos de la propia legislación mercantil."
De tal transcripción, se infiere que si bien alude a un contrato de prestación de servicios de seguridad y vigilancia, por parte de una corporación policiaca a favor de un particular; su aplicación se surte por analogía, en la medida que en lo que interesa, establece que para determinar cuando existe un acto de comercio, debe atenderse al contenido del artículo 75 del Código de Comercio.
En estas condiciones, al no demostrarse que la sentencia reclamada resulte violatoria de los artículos 14 y 16 constitucionales, se impone negar el amparo solicitado.
DÉCIMO PRIMERO. Los conceptos de violación del amparo adhesivo promovido por la parte tercera interesada **********, a través de su representante ********** que no se refieren a causales de improcedencia, resultan inatendibles.
Para evidenciar lo anterior, es conveniente transcribir el artículo 182 de la Ley de Amparo vigente, que es del tenor siguiente:
"Artículo 182. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado podrán presentar amparo en forma adhesiva al que pro
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25439-e8aa1b3c/contrato-de-servicios-privados-de-seguridad-y-vigilancia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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