AMPARO ADHESIVO. ES IMPROCEDENTE Y DEBE DESECHARSE CUANDO SE PROMUEVE ADUCIENDO VIOLACIONES FORMALES O DE FONDO, O BIEN, CUANDO SE ENDEREZA A TILDAR DE INOPERANTES O DEFICIENTES LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN CONTENIDOS EN LA DEMANDA DE AMPARO PRINCIPAL.
AMPARO DIRECTO 324/2013. 12 DE SEPTIEMBRE DE 2013. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ROSA MARÍA TEMBLADOR VIDRIO. SECRETARIO: LUIS RAFAEL BAUTISTA CRUZ.
CONSIDERANDO:
NOVENO. Son inoperantes los conceptos de violación hechos valer.
Como ya se dijo, el acto reclamado ordenador lo constituye la sentencia de siete de marzo de dos mil trece, dictada por los Magistrados que integran la Tercera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, en el toca civil **********, mediante la cual confirmaron la diversa resolución de veintiuno de agosto de dos mil doce, emitida por el Juez Quinto de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla, en el juicio de otorgamiento y firma de escritura pública **********, promovido por ********** o **********, contra el aquí quejoso **********.
Debe puntualizarse que, en lo que interesa, para efectos de este juicio constitucional, la responsable ordenadora confirmó la sentencia dictada por el Juez de primer grado, cuyos resolutivos cuarto y quinto textualmente establecen:
"CUARTO. Se declara improcedente la acción intentada por ********** o **********, de nulidad del instrumento notarial número **********, del volumen **********, de fecha **********, otorgado ante la fe del notario público número ********** en la ciudad de Puebla.
"QUINTO. Se dejan a salvo los derechos del actor únicamente por cuanto hace a la nulidad de escritura para que los ejercite en la vía y forma que legalmente corresponda."
Así, al haber confirmado la sentencia apelada, la Sala responsable en el resolutivo segundo del acto reclamado determinó condenar en costas al ahora promovente de la acción constitucional.
Ahora, por cuestión de técnica, y de conformidad con el artículo 76 de la Ley de Amparo, los motivos de disenso se abordarán en un orden distinto al propuesto en la demanda de derechos fundamentales.
En la última porción del apartado denominado "Conceptos de violación", el disconforme expresa:
"... se violan también mis garantías individuales, ya que como puede observarse en la sentencia emitida por el Juez de origen, no se hace mención ni se realiza una relación breve y sintética de los planteamientos formulados de mi parte, y sobre los cuales el Juez de origen debió realizar un estudio para resolver el juicio y, al no haberlo hecho así, se viola lo establecido por el artículo 357 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, que a la letra dice: ‘Artículo 357. (Lo transcribe).’ ..."
Tal planteamiento es inoperante, habida cuenta de que se endereza a cuestionar la actuación que tuvo el Juez de primera instancia, no obstante que la resolución adoptada por éste fue sustituida procesalmente por la sentencia emitida en el toca 637/2012, por los Magistrados que integran la Tercera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia en el Estado.
Al respecto, se cita la jurisprudencia 1811, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que este tribunal comparte, y que aparece publicada en la página 2059, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Segunda Parte -TCC Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, Apéndice 1917-Septiembre de 2011, de rubro y texto:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, CUANDO IMPUGNAN UNA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA QUE YA FUE SUSTITUIDA POR OTRA DE SEGUNDO GRADO. Si los conceptos de violación se encuentran orientados a impugnar la valoración que de un hecho hizo el Juez de primera instancia, en la sentencia que cesó en sus efectos puesto que se apeló la misma y se dictó fallo de segundo grado, los conceptos señalados resultan inoperantes, por no poderse analizar una sentencia que ya fue sustituida por la de segunda instancia."
Por otra parte, el quejoso expresa que la sentencia reclamada contraviene los derechos consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por su infracción a los diversos 1457 y 2122 del Código Civil para el Estado de Puebla ya que, contrariamente, a lo manifestado por la Sala responsable:
a) El supuesto contrato de compraventa verbal no se realizó en ningún momento, aunado a que tampoco quedó perfeccionado, habida cuenta que los tres recibos de dinero exhibidos por la actora, en todo caso lo único que acreditarían es que se llevó a cabo un pago, mas no el consentimiento de las partes;
b) Considerar lo contrario implicaría darle el mismo carácter a un recibo de dinero que a un contrato de compraventa, lo que es ilegal en la medida de que ello vulnera lo dispuesto por el artículo 1457 de la ley sustantiva civil de la entidad;
c) No se justificó realmente el elemento más importante de los contratos que es el consentimiento, porque si bien es cierto que tanto en primera como en segunda instancia éste se tuvo por acreditado con tres recibos de dinero (bajo el argumento de que no habían sido objetados); también lo es que tal elemento debió probarse con otros medios de convicción como la testimonial o la declaración de partes sobre hechos propios y ajenos a su cargo, lo que no ocurrió durante la sustanciación del juicio, habida cuenta que el Juez de primera instancia no otorgó valor a la testimonial ofrecida por la parte actora, y la prueba mencionada en segundo lugar no arrojó ningún indicio de haber consentido la venta del inmueble materia del juicio; y
d) El artículo 2122 del Código Civil para el Estado de Puebla dispone que la venta es perfecta y obligatoria para las partes por el sólo convenio de ellas respecto del bien vendido y el precio, aunque el primero no haya sido entregado ni el segundo satisfecho; empero en el caso el consentimiento de las partes no quedó acreditado en el juicio natural, porque opuestamente a lo afirmado por la Sala responsable, el consentimiento no puede acreditarse con tres recibos de dinero, sino que debe ser expreso y cuando menos constar en instrumento privado por escrito ya que, de lo contrario, se generaría una mera presunción.
Los sintetizados motivos de disenso son inoperantes, habida cuenta de que se encaminan a cuestionar aspectos que no causan agravio al quejoso, sino que, en todo caso, perjudican a la codemandada **********.
Para evidenciar lo anterior, conviene recordar que, como se resaltó en el considerando sexto de esta ejecutoria, de autos se advierte que el actor en el juicio natural demandó del aquí quejoso **********, en lo que interesa, lo siguiente:
"... 2. Del señor **********, ... reclamo el cumplimiento y pago de las siguientes prestaciones:
"... C) Se declare la nulidad del instrumento notarial número **********, del volumen **********, de fecha ********** otorgado ante la fe del notario público número ********** de la ciudad de Puebla e inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de este Distrito Judicial, bajo el folio real ********** instrumento notarial en el que consta la ilegal compraventa realizada entre la demandada ********** también conocida como **********, quien en dicho acto compareció como ********** en su carácter de vendedora y como comprador el señor ********** respecto de la casa marcada con el número ********** de la calle ********** poniente de la colonia ********** de esta ciudad inmueble objeto del presente juicio ..."
En cambio, a la codemandada ********** reclamó:
"1. De la señora ********** también conocida como **********, reclamo el cumplimiento y pago de las siguientes prestaciones: A) El otorgamiento y firma de la escritura pública que deriva del contrato verbal de compraventa que celebró la demandada como vendedora, y a favor del hoy actor como comprador, con fecha **********; y respecto a la casa marcada con el número ********** de la colonia ********** de esta ciudad; con una superficie de ********** y con las siguientes medidas y colindancias:
"Al norte: En **********, con la avenida **********, por donde está señalada, se indicó el número **********.
"Al sur: En ********** con la fracción sur del lote número **********.
"Al oriente: En **********, con el lote número **********, ambos de la manzana ********** del referido fraccionamiento **********.
"Al poniente: En **********, con la calle **********.
"B) Se condene a la demandada ********** también conocida como **********, al otorgamiento y firma de la escritura pública derivada del contrato verbal de compraventa respecto del inmueble señalado en el párrafo anterior que celebró con la parte actora, incluso con el apercibimiento que, de no hacerlo, usted C. Juez lo hará en rebeldía de dicha demandada."
Previa sustanciación del juicio, el veintiuno de agosto de dos mil doce, el Juez de primera instancia dictó sentencia en la que concluyó:
"Primero. Esta autoridad fue competente para conocer y fallar en primera instancia tanto de la acción de otorgamiento de escritura pública como de nulidad de instrumento notarial. Segundo. ********** acreditó su acción de otorgamiento de contrato verbal de compraventa en escritura pública. Mientras que ********** también conocida como ********** acreditó parcialmente sus excepciones. Tercero. Se condena a ********** también conocida como ********** a otorgar en escritura pública el contrato que celebrara con fecha cuatro de marzo de mil novecientos setenta y siete con ********** respecto del bien identificado con el número ********** de la calle **********, de la colonia ********** en la Ciudad de **********; debiéndose presentar para tal fin en el término de los tres días siguientes en que lleguen los autos a la notaría que para tal efecto señale el actor, con el apercibimiento que, de no acudir, el suscrito Juez otorgará la escritura correspondiente en su rebeldía. Cuarto. Se declara improcedente la acción intentada por ********** de nulidad del instrumento notarial número **********, del volumen **********, otorgado ante la fe del notario público número ********** en la Ciudad de Puebla. Quinto. Se dejan a salvo los derechos del actor únicamente por cuanto hace a la nulidad de escritura para que los ejercite en la vía y forma que legalmente corresponda. Sexto. Se absuelve a ambos demandados del pago de los daños y perjuicios. Séptimo. Se condena a ********** también conocida como ********** al pago de gastos y costas originados por la tramitación del presente juicio previa regulación en costas."
Como se observa, el Juez de origen únicamente condenó a la codemandada ********** a otorgar en escritura pública a **********, el contrato de compraventa de un bien inmueble, celebrado el cuatro de marzo de mil novecientos setenta y siete; mas no condenó al aquí quejoso a ********** a cumplir alguna obligación, ya que la acción que contra éste ejerció el actor (aquí tercero interesado), se declaró improcedente, en virtud de que no se exhibió el instrumento notarial cuya nulidad se demandó.
Luego, si bien es cierto que la procedencia del presente juicio de amparo promovido contra la sentencia de segunda instancia que confirmó la de primer grado, se sustenta en el hecho de que en aquélla se condenó al apelante, aquí quejoso, al pago de las costas causadas por la tramitación del recurso de apelación (lo que se considera le causa un agravio); también lo es que ello no legitima al ahora impetrante para combatir las razones que esgrimió la autoridad responsable en el considerando cuarto del fallo reclamado, pues en él la responsable únicamente se ocupó del estudio y desestimación de los argumentos que formuló la codemandada contra la sentencia de primer grado; de ahí que las razones esgrimidas por la Sala no pueden causar al quejoso algún agravio que pudiera trascender a su esfera jurídica generándole un perjuicio, en tanto que, se insiste, en la sentencia de segundo grado se confirmó la resolución de primera instancia que declaró improcedente la acción ejercida en su contra.
En lo conducente, se cita la tesis I.2o.C.3 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que este tribunal comparte, que aparece publicada en la página 2324, Tomo XXVII, abril 2008, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro electrónico 169922, de rubro y texto:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES CUANDO EL QUEJOSO ALEGA VIOLACIONES QUE NO AFECTAN SUS INTERESES, SINO LOS DE ALGÚN COLITIGANTE QUE NO PROMOVIÓ EL JUICIO DE AMPARO. Cuando el quejoso alega que la autoridad responsable cometió alguna violación en perjuicio del codemandado, quien no comparece al juicio de amparo, los conceptos de violación devienen inoperantes, en virtud de que conforme al artículo 4o. de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional federal únicamente se encuentra obligado a resolver respecto de aquellas cuestiones que afecten de manera directa los derechos del quejoso, y no los de diversas personas, que no promovieron el juicio de garantías."
Por lo anterior, no resulta dable a este órgano colegiado emitir pronunciamiento sobre la aplicabilidad o no de las tesis que invoca el quejoso en el escrito de demanda, a saber:
- Tesis emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 51, Volumen CXXII, Cuarta Parte, Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro electrónico 269533, de rubro y texto:
"COMPRAVENTA, INEXISTENCIA O NULIDAD DE LA. FALTA DE CONSENTIMIENTO. Si de las pruebas rendidas ante los tribunales, se desprenden indicios que hacen presumir fundadamente la falta de consentimiento de quien se hizo aparecer como vendedor en un contrato de compraventa, tal acto jurídico debe considerarse viciado de nulidad o inexistencia."
- V.2o.34 C, emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, consultable en la página 642, Tomo IV, agosto 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro electrónico 201659, de epígrafe y sinopsis:
"COMPRAVENTA DE INMUEBLES. DEBE CELEBRARSE CUANDO MENOS EN INSTRUMENTO PRIVADO PARA QUE EXISTA CONSENTIMIENTO. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA). No obstante que el artículo 2484 del Código Civil del Estado de Sonora, dispone que tratándose de cosas ciertas y determinadas individualmente, la venta es perfecta y obligatoria para las partes por el solo acuerdo de las mismas en la cosa y en el precio, perteneciendo la primera al comprador aun cuando no se le haya entregado y a pesar de que no haya satisfecho el precio, tratándose de inmuebles, conforme a lo dispuesto por el artículo 2572 del citado ordenamiento, sí se requiere de formalidades, por lo que debe entenderse que para que exista el consentimiento, la compraventa debe celebrarse en instrumento privado, firmado por las partes contratantes y dos testigos, como lo dispone el artículo 2573 de la legislación civil antes mencionada."
- VI.2o.C.305 C, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1702, Tomo XVII, marzo 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número 184684, de epígrafe y sinopsis:
"COMPRAVENTA, CONTRATO DE. PARA EXIGIR SU OTORGAMIENTO EN ESCRITURA PÚBLICA DEBE DEMOSTRARSE FEHACIENTEMENTE LA VOLUNTAD DE LAS PARTES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Si con las pruebas rendidas por la parte actora en el juicio de otorgamiento de contrato de compraventa en escritura pública, no se demuestra fehacientemente la voluntad de las partes para celebrar dicho acuerdo, no es posible exigir que se le dé la forma legal de que carece, ya que si bien el artículo 208 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla dispone que cualquiera de las partes que celebren un contrato sin la formalidad prevista en la ley, cuenta con acción para exigir a la otra que se otorgue el documento correspondiente, lo cierto es que tal precepto debe relacionarse con el diverso numeral 1494 del código sustantivo de la materia y entidad federativa aludidos, el cual preceptúa que en el caso en que el contrato adolezca de la forma legal, para exigir que adquiera ésta, debe constar fehacientemente la voluntad de las partes contratantes."
Ello, por la razón que establece la jurisprudencia VIII.1o.(X Región) J/3 (9a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, visible en la página 3552, Libro IIII, Tomo 5, diciembre 2011, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que este tribunal comparte, cuyos rubro y texto son:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SU CALIFICACIÓN DE INOPERANTES O INATENDIBLES IMPIDE ABORDAR EL ANÁLISIS DE LAS JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS INVOCADAS PARA SUSTENTAR EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS QUE EN ELLOS SE PLANTEA. Del análisis a la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 14/2008-PL, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 130/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, septiembre de 2008, página 262, de rubro: ‘TESIS AISLADA O DE JURISPRUDENCIA INVOCADA EN LA DEMANDA DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JURISDICCIONAL PRONUNCIARSE EN TORNO A SU APLICABILIDAD O INAPLICABILIDAD AL CASO CONCRETO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LA QUEJOSA ESGRIMA O NO ALGÚN RAZONAMIENTO AL RESPECTO.’, se advierte que la obligación que se impone al órgano jurisdiccional de fundar y motivar la aplicación o inaplicación de las tesis aisladas y de jurisprudencia invocadas en una demanda de amparo, parte del supuesto específico de que el tema planteado en ellas, haya sido efectivamente abordado por el tribunal constitucional; esto es, que el tribunal se pronuncie sobre el tema de mérito, expresando las razones por las que se acoge al criterio señalado o se aparta de él, pues en atención a la causa de pedir se estima que las tesis aisladas y de jurisprudencia invocadas constituyen o son parte de los argumentos de la demanda de amparo como conceptos de violación; de ahí que la obligación se actualiza, únicamente, cuando los temas contenidos en ellas son motivo de análisis por el órgano jurisdiccional, en cuyo caso el tribunal de amparo deberá resolver si el argumento que se pretende robustecer con dicho criterio, resulta fundado o infundado, conforme a las pretensiones del quejoso. Sin embargo, cuando exista una diversa cuestión que impida atender a las cuestiones efectivamente planteadas en los conceptos de violación, así como en las tesis aisladas y de jurisprudencia que se invocan, esto es, que tales argumentos resulten inoperantes o inatendibles, por causa distinta a la insuficiencia dado que el objeto de la invocación de las tesis aisladas o jurisprudenciales es robustecer su argumento con un determinado criterio, no sólo no resulta obligatorio abordar el análisis y desestimación pormenorizada de cada uno de los criterios invocados sino, incluso, demostraría una deficiente técnica en el estudio, pues los conceptos de violación y argumentos de fondo que se pretenden demostrar con la aplicación de los criterios invocados resultan inatendibles, precisamente por existir una cuestión diversa al tema que en dichos argumentos se plantea, que resulta suficiente para sustentar el sentido del fallo constitucional; de ahí que no proceda realizar pronunciamiento sobre la aplicación o inaplicación de las jurisprudencias o tesis aisladas invocadas en la demanda de amparo."
En las relatadas condiciones, al ser inoperantes los conceptos de violación hechos valer, y no ser dable suplir la deficiencia de la queja, por no actualizarse alguna de las hipótesis que prevé el artículo 79 de la Ley de Amparo, lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal.
Lo anterior, en la inteligencia de que la citada negativa del amparo se hace extensiva al acto atribuido al Juez Quinto de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla, en el juicio de otorgamiento y firma de escritura pública 255/2010, por habérsele reclamado la ejecución del fallo de segunda instancia.
Cobra aplicación la jurisprudencia emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Informe 1982, Parte II, Séptima Época, con número de registro electrónico 387679, de rubro y texto:
"AUTORIDAD EJECUTORA, INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO DE LA. Si la inconstitucionalidad del acto que se reclama de la autoridad ejecutora se hace depender de la atribuida al acto de la autoridad ordenadora y no por vicios propios, al negarse la protección y el amparo de la Justicia Federal respecto del acto de la autoridad ordenadora, debe negarse también la protección constitucional por el acto de ejecución."
DÉCIMO. Es improcedente el amparo adhesivo que formula el quejoso **********.
Para evidenciar lo anterior, es conveniente traer a contexto el contenido del artículo 107, fracción III, inciso a), párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que textualmente dispone:
"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: ... III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse ..." (Lo subrayado es para resaltar lo que interesa).
De la lectura de dicho precepto constitucional (reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once), se advierte que la parte que hubiere obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, puede presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado; y que es la ley la que determinaría la forma y términos en que aquélla se promoviera.
En la exposición de motivos de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 94, 100, 103, 107 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (de la que derivó el transcrito texto constitucional), se lee:
"... En la práctica, se dan numerosos casos en los que la parte que no obtuvo resolución favorable en un procedimiento seguido en forma de juicio, promueve amparo directo en contra de dicho acto. Cuando se le concede la protección federal solicitada, la autoridad responsable emite un nuevo acto en cumplimiento de la ejecutoria de amparo, el cual puede resultar ahora desfavorable para la contraparte que no estuvo en posibilidad de acudir inicialmente al juicio de garantías, por haber obtenido sentencia favorable a sus intereses. En este supuesto, al promover su amparo contra esa nueva determinación, la parte interesada puede combatir las violaciones procesales que, en su opinión, se hubieren cometido en su contra en el proceso original, en cuyo caso, de resultar fundadas dichas alegaciones, deberá reponerse el procedimiento para que se purgue la violación, no obstante que el Tribunal Colegiado de Circuito haya conocido del asunto, pronunciándose en cuanto al fondo, desde el primer amparo. Para resolver esta problemática, se propone la adopción de las siguientes reformas: Primera, establecer la figura del amparo adhesivo, esto es, dar la posibilidad a la parte que haya obtenido sentencia favorable y a la que tenga interés en que subsista el acto, para promover amparo con el objeto de mejorar las consideraciones de la sentencia definitiva, laudo o resolución que pone fin al juicio que determinaron el resolutivo favorable a sus intereses. Segunda, imponer al quejoso o a quien promueva el amparo adhesivo la carga de invocar en el escrito inicial todas aquellas violaciones procesales que, cometidas en el procedimiento de origen, estimen que puedan violar sus derechos. Con esta solución se tiende a lograr que en un solo juicio queden resueltas las violaciones procesales que puedan aducirse respecto de la totalidad de un proceso y no, como hasta ahora, a través de diversos amparos. De acuerdo con lo anterior, quien promueva el amparo adhesivo tendrá también la carga de invocar todas las violaciones procesales que, cometidas en el procedimiento de origen, puedan haber violado sus derechos. Lo anterior impondrá al Tribunal Colegiado de Circuito la obligación de decidir integralmente la problemática del amparo, inclusive las violaciones procesales que advierta en suplencia de la deficiencia de la queja, en los supuestos previstos por el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo. Sobre el particular, es importante destacar que se pretende que, si la parte interesada no promueve el amparo adhesivo, no podrá posteriormente acudir a un nuevo juicio de garantías para alegar las violaciones cometidas en su contra, siempre que haya estado en oportunidad de hacerlas valer en el primer amparo. En consecuencia, se propone adicionar un segundo párrafo al inciso a), fracción III, del artículo 107 constitucional, precisando que posteriormente la ley de amparo deberá ser ajustada a fin de hacer compatible ésta con la norma fundamental ..." (Lo resaltado es propio).
Sobre el particular, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia marcada con el número 1a./J. 141/2012 (10a.), que derivó de la contradicción de tesis número 318/2012, y que aparece publicada en la página 435, Libro XVIII, Tomo 1, marzo 2013, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto:
"AMPARO ADHESIVO. DEBE ADMITIRSE Y TRAMITARSE CON INDEPENDENCIA DE QUE NO EXISTA LA LEY SECUNDARIA QUE DETERMINE LA FORMA, TÉRMINOS Y REQUISITOS EN QUE DEBA PROMOVERSE. De la reforma al artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción III, inciso a), párrafo segundo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, que entró en vigor el 4 de octubre de 2011, y de los antecedentes legislativos que le dieron origen, se advierte que se estableció la figura jurídica del amparo adhesivo, a efecto de que la parte que hubiere obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, pueda presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. Asimismo, en esa reforma se estableció que la ley determinaría la forma y términos en que debería promoverse. Por consiguiente, la ausencia del ordenamiento legal que precise la forma, términos y requisitos en que deberá promoverse, no impide que dicho medio de control pueda presentarse y tramitarse, pues hasta en tanto el Congreso de la Unión no cumpla con el mandato constitucional a que se alude, los Tribunales Colegiados de Circuito están en posibilidad de aplicar, en lo conducente, directamente las disposiciones constitucionales en vigor, así como las disposiciones de la Ley de Amparo y del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a dicho ordenamiento legal, interpretándolas a la luz del texto constitucional. Arribar a una postura distinta sobre el particular implicaría desconocer la existencia de la garantía de acceso a la justicia, conforme a la cual toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, hasta en tanto no se expida la ley correspondiente."
Jurisprudencia de la que se advierte que la Primera Sala del Alto Tribunal consideró que, hasta en tanto el Congreso de la Unión cumpliera con el mandato constitucional de emitir la ley que reglamentara la figura del amparo adhesivo, los Tribunales Colegiados estaban en posibilidad de aplicar, en lo conducente, directamente las disposiciones constitucionales en vigor, así como las disposiciones de la Ley de Amparo y del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a dicho ordenamiento legal, interpretándolas a la luz del texto constitucional.
Dicho de otro modo, la Primera Sala consideró que la omisión legislativa de expedir la ley, daba lugar a la aplicación directa de la norma constitucional, pero una vez que la materia se regulara en ley, ésta sería la regla aplicable.
Ahora, el dos de abril de dos mil trece, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se expidió la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En dicha ley, el legislador ordinario cumplió con el mandato del Constituyente y estableció la procedencia del amparo adhesivo, por lo que a partir del tres de abril siguiente, en que entró en vigor la norma secundaria, ésta es la que delinea los supuestos de procedencia de dicha figura jurídica, así como el trámite legal que debe observarse.
En rel
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24800-0dca62ef/amparo-adhesivo-es-improcedente-y-debe-desecharse-cuando · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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