COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO PRIMORDIALMENTE AL ANÁLISIS OBJETIVO DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO. COMPETENCIA POR MATERIA. TRATÁNDOSE DE ACTOS, ACUERDOS, ÓRDENES, OFICIOS, SELLOS Y/O RESOLUCIONES RELACIONADAS CON LA POSIBLE CLAUSURA, SUSPENSIÓN, RETIRO Y/O DEMOLICIÓN DE UNA ANTENA DE TELECOMUNICACIONES O ESTACIÓN BASE, CUYO ORIGEN SE MANIFESTÓ DESCONOCER, DICHO PRESUPUESTO PROCESAL DEBE DELIMITARSE DEL ANÁLISIS OBJETIVO DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA. 26 DE ENERO DE 2015.MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ÓSCAR GERMÁN CENDEJAS GLEASON, F. JAVIER MIJANGOS NAVARRO Y ARTURO ITURBE RIVAS. DISIDENTES: ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS, JEAN CLAUDE TRON PETIT Y JOSÉ PATRICIO GONZÁLEZ-LOYOLA PÉREZ. PONENTE: F. JAVIER MIJANGOS NAVARRO. SECRETARIO: JOSÉ ARTURO GONZÁLEZ VITE.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Este Pleno de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, en términos de lo dispuesto por los artículos 94, séptimo párrafo, 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo y, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el artículo 6 del Acuerdo General 11/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de mayo de dos mil catorce, modificado mediante Acuerdo General 20/2014, publicado en el mismo órgano de difusión oficial el veinticinco de agosto de dos mil catorce.
SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima al formularse por el presidente del Pleno de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones y como integrante del Segundo Tribunal Colegiado de la materia y especialización señaladas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.
TERCERO. Resoluciones. Con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente analizar las consideraciones y argumentaciones en que los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes basaron sus determinaciones.
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal, y jurisdicción en toda la República, en la sesión del tres de septiembre de dos mil trece, al conocer del conflicto competencial C.C.A. 1/2013, resolvió lo siguiente:
"SEGUNDO. Antes de abordar el estudio de fondo de la presente controversia, se estima conveniente destacar las consideraciones torales que los juzgadores contendientes sostuvieron al declararse legalmente incompetentes para conocer de la demanda de amparo promovida por la parte quejosa. ... De las transcripciones que anteceden, se desprende que la titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y jurisdicción territorial en toda la República, a efecto de declararse legalmente incompetente para conocer del asunto, expresó las siguientes razones: a) Los actos reclamados no están vinculados con las materias respecto de las cuales es competente en materia de Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones; en virtud de que se atribuyeron a autoridades administrativas locales de la Delegación Iztapalapa del Gobierno del Distrito Federal; b) Que las autoridades locales en cita, no cuentan con atribuciones o facultades para aplicar la Ley Federal de Telecomunicaciones; y, c) Los actos señalados como reclamados, no restringen el goce de la concesión de que se ostenta titular la moral quejosa, ni están vinculados con el otorgamiento de la misma. Por su parte, el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito (sic), al no aceptar la competencia que le fue declinada, manifestó las razones siguientes: 1. Que a los Juzgados Administrativos en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y jurisdicción territorial en toda la República, corresponde conocer de los asuntos relacionados con las materias de Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones; por ser los órganos jurisdiccionales encargados de velar por el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, y evitar que ese derecho sea restringido; 2. Que cualquier acto tendente a impedir, limitar o verificar la forma en que se presta el servicio de telecomunicación, incide en dicha materia, dado que debe verificarse que se cumpla con la normatividad relacionada con la prestación del servicio y que éste se preste en condiciones óptimas. 3. Que si una antena es un dispositivo diseñado con el objetivo de emitir o recibir ondas electromagnéticas hacia el espacio libre; los actos tendentes a su clausura, demolición o retiro repercuten en la prestación del servicio materia de la concesión, ya que la explotación de la concesión se hace a través de dicha antena. 4. Que al tratarse de un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa, especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, su competencia se encuentra ceñida a los actos que están vinculados con las materias de su especialidad. 5. Que al consistir el acto reclamado en la clausura y/o retiro y/o demolición y/o desmantelamiento de la antena propiedad de la quejosa; está vinculado con la prestación del servicio materia de la concesión, por ser el instrumento a través del cual se explota la red pública de telecomunicaciones. Asimismo, cabe destacar que, al insistir en declinar su competencia (auto de veintidós de agosto de dos mil trece), la Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializada en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y jurisdicción territorial en toda la República, especificó que los actos reclamados no pueden considerarse como de aquellos que restrinjan el goce de la concesión de la que se ostentó titular la impetrante de amparo. TERCERO. Este Tribunal Colegiado de Circuito considera que el órgano competente para conocer del juicio de garantías, es el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito (sic), por las razones que se exponen a continuación. En principio, es importante apuntar que el punto jurídico controvertido materia del presente conflicto competencial, versa en torno a la competencia por razón de materia; de ahí que este órgano jurisdiccional procederá a analizar sus aspectos generales. Así pues, debe apuntarse que para que un Juzgado de Distrito tenga competencia para conocer y resolver determinado asunto, es necesario que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. Al respecto, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. En el caso, nos referiremos a la competencia por materia, que es la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional, para conocer de las controversias referentes a una determinada rama del derecho. Dicha clasificación ofrece como ventaja, el hecho de que los titulares del órgano jurisdiccional, en el caso, los Jueces de Distrito, especializados en cierto ámbito del derecho, únicamente conocen amparos de esa materia, lo que permite enfocar su atención a una sola rama del derecho y, además, repercute en la formación de su especialidad y lo encausa hacia una mayor profundización de conocimiento del amparo de la materia de que se trate. Por regla general, en la República Mexicana la competencia de los juzgados por razón de la materia, se distribuye entre diversos órganos jurisdiccionales, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, entre otros, y que, a cada uno de ellos les corresponde conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Sin embargo, de conformidad con los cambios políticos y naturales de la sociedad en el mundo globalizado, así como las cargas laborales, es menester establecer además de la especialización de los juzgadores en determinadas materias, una sub-especialización que permita atender en forma pronta y eficaz los conflictos que les sean sometidos. En cuanto a la especialización por materia y concretamente en la materia administrativa, el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece lo siguiente: (se transcribe). Numeral del que se desprende que los Jueces de Distrito especializados en Materia Administrativa, conocerán de controversias relativas a la aplicación y legalidad de leyes federales y locales y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa; de procedimientos seguidos ante autoridades administrativas; contra actos de autoridad distinta a la judicial; contra actos de tribunales administrativos; o con motivo del incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto nos permite concluir que los Jueces especializados en tal materia están facultados legalmente para resolver controversias relacionadas con el derecho administrativo; el que puede definirse como: ‘Una de las ramas del derecho que se concentra en el análisis, organización y clasificación de las diferentes normas relacionadas con la administración pública, es decir, con los diferentes organismos que forman parte del Estado’. Como se apuntó en líneas anteriores, esa especialidad del derecho (derecho administrativo), constituye el género relativo al derecho público que regula el conjunto de normas jurídicas que regula la organización, funcionamiento y atribuciones de la administración pública, en sus relaciones con los particulares y con otros organismos o instituciones de la administración; pero por su amplitud, tiene clasificaciones dependiendo de la parte de la administración pública que se ponga en funcionamiento, o en su caso, sea combatida por el gobernado. De esta manera, se generan las especialidades en derecho fiscal, ambiental, propiedad intelectual, etcétera; las que atendiendo a su grado de complejidad, requieren de conocimientos técnicos determinados que permitan al juzgador resolver controversias que involucren tópicos relativos a dichas ramas. Ahora bien, el once de junio de dos mil trece, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el ‘Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de telecomunicaciones’, el cual establece en lo que interesa, lo siguiente: ‘Artículo 6o.’ (se transcribe). ‘Artículo 28.’ (se transcribe). ‘Artículo 94.’ (se transcribe). De lo anterior se desprende, en lo que interesa, que corresponde al Estado garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet y para tal efecto, se creó el órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, denominado Instituto Federal de Telecomunicaciones; el que tiene por objeto, el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, teniendo a su cargo, la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, así como del acceso a infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales. Y cuyos actos, de conformidad con la propia reforma constitucional, sólo podrán impugnarse a través del juicio de garantías sustanciados ante Jueces especializados en términos del artículo 94 de la Ley Fundamental. Lo antes expuesto, permite concluir que con motivo de las reformas constitucionales de mérito, se reguló una nueva rama o clasificación del derecho administrativo, consistente en el derecho de las telecomunicaciones; el cual, de conformidad con la propia reforma, guarda relación con todo lo relativo a la radiodifusión y las telecomunicaciones. Así, el derecho administrativo constituye el género, mientras que el derecho de las telecomunicaciones es una de sus especies, considerada, por rango constitucional, una especialidad técnica que por ende, requiere mayores conocimientos, concretos y especiales. Lo que se robustece, al acudir al texto de la iniciativa con proyecto de decreto que el Poder Ejecutivo Federal y los diputados coordinadores de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional, del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Verde Ecologista de México, presentaron ante el Congreso de la Unión, publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados el doce de marzo de dos mil trece, que en la parte que interesa, establ
ce lo siguiente: (se transcribe). De dicha iniciativa se desprende que, a efecto de dar certeza a los agentes económicos, mediante la aplicación eficaz y técnicamente informada de los complejos marcos normativos que regulan las actividades de telecomunicaciones y los litigios sobre violaciones a las normas de competencia económica, se implementó la creación de órganos jurisdiccionales especializados en las materias de Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones. Lo anterior, a efecto de, entre otros objetivos, evitar que las empresas en mercados vitales como los del sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión, usen el sistema de justicia para frenar la regulación que busca reducir su poder de mercado o detener prácticas anticompetitivas; así como para lograr una eficaz aplicación de la ley y generar certidumbre jurídica en la materia. Certidumbre jurídica que se garantizará a través de juzgadores que conocerán de una de las ramas de la materia administrativa, especializados en aspectos técnicos de la regulación en materia de competencia, telecomunicaciones y radiodifusión que, de suyo, reviste una alta complejidad. En ese sentido, derivado de lo expuesto en esta iniciativa y en la reforma constitucional antes referida, es dable concluir que por disposición de la Ley Fundamental, una de las ramas del derecho administrativo, como en el caso lo es el derecho de las telecomunicaciones, debe ser analizado, estudiado y aplicado, por Jueces especializados en tal materia, atendiendo a la complejidad de aspectos técnicos de la misma. Ahora bien, de conformidad con lo relatado, este Tribunal Colegiado de Circuito estima que el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, es el órgano de control constitucional legalmente competente para conocer de la demanda de amparo promovida por la empresa quejosa, toda vez que el acto del que se duele la impetrante del amparo, es atribuido a diversas autoridades con facultad de actuación dentro de la demarcación territorial de la Delegación de Iztapalapa, en el Distrito Federal. La Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, ha reiterado que para efectos de determinar la competencia por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito especializados, debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable, y no así, a los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, ya que éstos no constituyen un criterio que determine a quién compete conocer del asunto, pues únicamente evidencian cuestiones subjetivas. Dicho criterio, el cual resulta aplicable al caso por analogía de razón, se pronunció en la jurisprudencia número 2a./J. 24/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, marzo de 2009, página 412, que dice: ‘COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS.’ (se transcribe). Entonces, de conformidad con el criterio invocado, este Tribunal Colegiado encargado de resolver el presente conflicto competencial suscitado por cuestión de materia, se encuentra constreñido a analizar exclusivamente la naturaleza del acto reclamado y de las autoridades señaladas como responsables en la demanda de amparo motivo de la controversia, a la luz del estudio de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda. Así pues, la quejosa por conducto de su representante legal, solicitó la protección de la Justicia de la Unión, al considerar transgredidos en su perjuicio los artículos 1o., 5o., 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por las autoridades responsables y actos que enseguida se citan: ‘... Tienen ese carácter: 1. El C. Jefe Delegacional en Iztapalapa; 2. El C. Director del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal; 3. El C. Director Territorial en Cabeza de Juárez, en la Delegación Iztapalapa; 4. El C. Subdirector Jurídico y de Gobierno en la Dirección Territorial en Cabeza de Juárez, en la Delegación Iztapalapa. 5. El jefe de la Unidad Departamental de Jurídico, en la Dirección Territorial en Cabeza de Juárez, en la Delegación Iztapalapa. 6. El personal especializado en Funciones de Verificación del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, asignados a la Dirección Territorial en Cabeza de Juárez, en la Delegación Iztapalapa. 7. El verificador administrativo del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, asignados a la Dirección Territorial en Cabeza de Juárez, en la Delegación Iztapalapa. 8. El coordinador general de Seguridad Pública, en la Delegación Iztapalapa. IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: De todas y cada una de las autoridades antes referidas, actuando tanto en lo individual como conjuntamente, reclamo: Los actos, acuerdos, órdenes, oficios, sellos y resoluciones tendientes a clausurar y/o desmantelar y/o retirar y/o demoler la antena de telecomunicaciones ubicada en el número ********** del edificio en condominio ubicado en la avenida **********, número **********, entre la calle ********** y la calle sin nombre, perteneciente al régimen **********, de la manzana **********, del conjunto habitacional **********, C.P. **********, delegación **********, también conocido como ********** y **********, casa ********** unidad habitacional **********, delegación **********,’ (fojas 9 a 11 del expediente en que se actúa). De la anterior transcripción, se advierte que la empresa quejosa reclamó los actos, acuerdos, órdenes, oficios, sellos y resoluciones tendientes a clausurar y/o desmantelar y/o retirar y/o demoler la antena de telecomunicaciones ubicada en el número ********** (**********) del edificio en condominio ubicado en la **********, código postal **********, delegación **********, también conocido como ********** y **********, casa **********, unidad **********, delegación **********, **********, los cuales atribuyó a diversas autoridades con facultad de actuación dentro de la demarcación territorial de la delegación de **********, en el **********. Como antecedentes del caso, en el capítulo de hechos, bajo protesta de decir verdad, la parte quejosa narró lo siguiente: ‘1. Mi representada es una sociedad debidamente constituida conforme a las leyes de la República Mexicana, teniendo como objeto, de manera preponderante, prestar servicios de telecomunicaciones; tal y como consta en los antecedentes del instrumento notarial que se acompaña al presente escrito como (anexo 1). 2. En relación con lo anterior, el 1o. de octubre de 2010 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgó en favor de mi mandante, título de concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones, así como para usar, aprovechar y explotar bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico; los referidos títulos se acompañan al presente escrito como (anexos 2 y 3). 3. Asimismo, en cumplimiento de su objeto social, el 5 de enero de 2012, **********, suscribió contrato de arrendamiento, por un plazo de 10 (diez) años con el señor **********, sobre el inmueble ubicado en el número ********** (**********), del edificio en condominio ubicado en la **********, entre la calle ********** y la calle sin nombre, perteneciente al **********, C.P. **********, delegación **********, también conocido como **********, ********** delegación **********, **********, (en lo sucesivo el «inmueble»), con el objeto de instalar una antena de telecomunicaciones, el cual se exhibe en copia certificada como (anexo 4). 4. Mi representada es propietaria de las antenas y equipos de telecomunicaciones que se encuentran instalados en el inmueble, lo cual acredita con las copias certificadas de las facturas 6870, 7284 y 8339, las cuales se agregan como (anexo 5). 5. Siendo el caso que, el 5 de agosto de 2013, mi mandante al realizar una inspección de control y mantenimiento de la antena de comunicaciones en el referido inmueble, observó que la misma se encuentra al parecer clausurada, pues se obstruyó el acceso a la misma y, por lo consiguiente, a su uso y aprovechamiento. 6. Mi mandante pudo conocer que existen actos que pretenden clausurar y/o desmantelar y/o retirar y/o demoler la antena de telecomunicaciones que tiene instalada la impetrante en el inmueble, que son atribuibles a la Delegación Iztapalapa y al Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, los cuales seguramente derivan de un procedimiento administrativo del cual mi mandante no es parte, pues no tiene más conocimiento de ellos, a pesar de que tales actos tienen una afectación en su esfera jurídica ...’. Con el propósito de comprobar su aserto, la quejosa exhibió entre otros medios de convicción, la documental consistente en copia certificada del contrato de arrendamiento suscrito por la quejosa con el señor **********, sobre el inmueble ubicado en el número **********, del edificio en condominio ubicado en la **********, entre la calle ********** y la calle sin nombre, perteneciente al **********, **********, C.P. **********, delegación **********, también conocido como ********** y **********, **********, **********, **********, delegación **********, **********. Ahora bien, de los elementos descritos en líneas precedentes, se puede destacar lo siguiente: A efecto de hacer uso de una concesión que tiene otorgada, la quejosa celebró un contrato de arrendamiento para instalar una antena de telecomunicaciones. Manifiesta que las responsables han emitido actos que pretenden clausurar y/o retirar y/o demoler la antena de telecomunicaciones que tiene instalada en el inmueble respecto del cual celebró un contrato de arrendamiento, mismos que derivan (según su parecer) de un procedimiento administrativo, del cual afirma no es parte, porque no tiene conocimiento del mismo. Lo anterior, denota que por el momento, atendiendo a sus manifestaciones expresas, los actos que se reclaman son eminentemente de naturaleza administrativa al provenir de autoridades (presumiblemente distintas del orden judicial) con atribuciones reservadas y facultad de actuación dentro de la demarcación territorial de la Delegación de Iztapalapa, en el Distrito Federal; circunstancia que por sí misma, hace innecesaria la intervención jurisdiccional de un órgano especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, pues dada la forma en que se describen los actos y los hechos que se atribuyen a las responsables, no evidencia que su conocimiento implique dirimir una controversia que comprenda temas técnicos, de la regulación en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Menos aún, existe certidumbre que su análisis alcance el marco normativo que regula las actividades en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, ni violaciones a las normas de competencia económica, porque, se insiste, la naturaleza de los actos y autoridades es administrativa. En efecto, la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones señala que, el Estado contará con los organismos y empresas que requiera para el eficaz manejo de las áreas estratégicas a su cargo, entre ellos, la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (órganos autónomos, con personalidad jurídica y patrimonio propios), los cuales tienen por objeto garantizar, respectivamente, la libre competencia y concurrencia, así como el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones. Asimismo, establece que dichos órganos reguladores serán independientes tanto en sus decisiones como en su funcionamiento, y que las normas generales, actos u omisiones que emitan, únicamente podrán ser impugnados mediante juicio de amparo sustanciado por Jueces y Tribunales especializados en Radiodifusión, Telecomunicaciones y Competencia Económica. Juzgadores que, como se apuntó anteriormente, en razón de la especialización atribuida, requieren de conocimientos técnicos determinados para estar en condiciones de dirimir controversias derivadas de resoluciones o actos que involucren tópicos relativos a las materias de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, como lo son, la aplicación de medidas aplicables a agentes económicos preponderantes, desagregación de redes, obligaciones específicas respecto del ofrecimiento de señales radiodifundidas y su retransmisión en la televisión restringida, regulación convergente del uso y aprovechamiento del espectro radioeléctrico, y lo atinente a redes troncales necesarias para la prestación de los servicios de telecomunicaciones, entre otros, los cuales compete conocer en primera instancia y de manera intrínseca a la Comisión Federal de Competencia Económica y/o al Instituto Federal de Telecomunicaciones, por disposición constitucional. En ese sentido, si la quejosa se concreta a señalar que el acto de molestia proviene de un procedimiento administrativo, del cual, no es parte y lo atribuye a autoridades locales de la Delegación de Iztapalapa, en el Distrito Federal, quienes manifiesta no tienen ninguna facultad para regular actividades en materia de telecomunicaciones (las cuales se reitera, por mandato constitucional, se encuentran encomendadas a la Comisión Federal de Competencia Económica y al Instituto Federal de Telecomunicaciones), es evidente que al reclamarse actos de naturaleza meramente administrativa, como en el caso lo es una clausura y/o retiro y /o demolición de una antena, es dable reiterar que el conocimiento del mismo no requiere los conocimientos técnicos especializados en tales materias, característica esencial que reviste a los órganos jurisdiccionales de reciente creación. En cuanto a lo aseverado por los Jueces contendientes sobre si se afecta o no la concesión otorgada, este órgano colegiado estima, que tales aspectos no pueden considerarse para determinar sobre la competencia por materia, porque esta última cuestión es atinente al estudio de fondo que en su caso se realice sobre el acto que se reclama, la cual se resolverá con vista en los informes justificados que en su oportunidad se rindan, pues se enfatiza, con los elementos que integran el sumario constitucional, no puede advertirse la existencia de la aludida restricción, la cual pudiera involucrar tópicos inherentes a la especialización ya indicada. No es óbice a la anterior determinación, que la empresa quejosa tenga por objeto instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones, y se ostente como concesionaria para prestar dicho servicio, pues se insiste, para determinar la competencia por razón de materia debe atenderse a la naturaleza de la acción y de las autoridades a las que ésta se atribuye, y no así, a la calidad del promovente; considerar lo contrario, conllevaría a que los tribunales especializados delimitaran su competencia por materia en razón de las actividades u objeto social de los quejosos (en clara contravención a lo señalado por el Máximo Tribunal del País en el criterio jurisprudencial citado en la presente determinación), y por consiguiente, que desnaturalizaran su función, resolviendo asuntos que no requieran conocimientos técnicos propios de la especialización que motivó su creación. Tampoco es obstáculo a la anterior determinación, lo razonado por el Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa, en cuanto señaló que los Jueces de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, deben conocer de actos de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden, cuando estén vinculados con las materias de su especialidad. Esto, en virtud de que el artículo quinto transitorio del Acuerdo General 22/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, es enfático al precisar que a fin de equilibrar las cargas de trabajo que llegaren a presentarse en los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal, ‘podrá’ establecer su competencia te
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25514-66635faf/competencia-por-materia-de-los-juzgados-de-distrito · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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