SEGURIDAD PÚBLICA. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PARA LOS MIEMBROS DE LAS CORPORACIONES RELATIVAS CUYA REMOCIÓN DEL SERVICIO SE DECLARE INJUSTIFICADA, EQUIVALE A TRES MESES DE SALARIO INTEGRADO.
AMPARO DIRECTO 884/2014. BEATRIZ CRUZ RODRÍGUEZ. 19 DE FEBRERO DE 2015. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: CARLOS RONZON SEVILLA. SECRETARIO: ULISES OCAMPO ÁLVAREZ.
CONSIDERANDO:
SEXTO. Del expediente contencioso administrativo se advierte que la entonces actora demandó la nulidad de la resolución de veintitrés de agosto del dos mil trece, dictada en el expediente PF/CFDP/CTSC/267/2012, en el cual el Consejo Federal de Desarrollo Policial de la Policía Federal la separó del cargo que desempeñaba en esa institución policial, por incumplir el requisito de permanencia, consistente en aprobar los procesos de evaluación de control de confianza.
En la sentencia reclamada, la Sala responsable declaró la nulidad lisa y llana de la resolución administrativa impugnada, con la explicación de que está indebidamente motivada, porque la autoridad demandada omitió precisar las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tuvo en consideración para arribar a la conclusión de que la actora incumple con el perfil requerido para permanecer en la Policía Federal y que, por esa razón, deba ser separada de su cargo.
El efecto que la Sala imprimió a la nulidad decretada fue que la autoridad demandada pague a la actora la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, conforme al artículo 123, apartado B, fracción XIII, constitucional.
En sus conceptos de violación la quejosa argumenta que la responsable no acató el principio de exhaustividad de las sentencias, en contravención al artículo 17 constitucional, ya que aun cuando declaró la nulidad de la resolución administrativa impugnada, omitió resolver las seis pretensiones más que se deducen de su demanda.
Los puntos que a decir de la quejosa fueron omitidos dicen (folios 25 y 26 del expediente del juicio de anulación):
"2. Con motivo de la citada declaratoria de nulidad, ordenar la cancelación de la inscripción correspondiente en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, en las bases de datos del Consejo Federal de Desarrollo Policial, en todos los registros y bases de datos que se hayan afectado, así como en el expediente de servicios, para el efecto de que no queden consignados en los mismos como causa de separación: el incumplimiento del requisito de permanencia, consistente en aprobar los procesos de evaluación de control de confianza.
"3. En consecuencia, y con fundamento en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el numeral 146 del Reglamento de la Ley de la Policía Federal, se solicita sea decretado el pago de la indemnización correspondiente de tres meses de salario, así como de veinte días de salario por cada uno de los años de servicio prestados, precisando que mi permanencia en la institución fue del dieciséis de julio de dos mil nueve al quince de febrero de dos mil catorce.
"4. Asimismo, y por ser procedente conforme a derecho, como consecuencia resarcitoria de la anulación por ilegalidad del acto administrativo impugnado, se solicita decretar el pago correspondiente a la percepción ordinaria diaria integrada durante el plazo transcurrido desde que se concretó la ilegal separación y hasta que se dé cumplimiento, realizando el pago correspondiente, a la resolución que se dicte en el presente juicio.
"5. De igual manera, y por ser procedente conforme a derecho, como consecuencia resarcitoria de la anulación por ilegalidad del acto administrativo impugnado, se solicita ordenar el pago correspondiente por concepto de aguinaldo, tanto de lo adeudado en el año dos mil catorce, como de la parte proporcional que corresponda hasta que se dé cumplimiento, realizando el pago correspondiente, a la resolución que se dicte en el presente juicio.
"6. Además, y por ser procedente conforme a derecho, como consecuencia resarcitoria de la anulación por ilegalidad del acto administrativo impugnado, se solicita ordenar el pago correspondiente por concepto vacaciones y prima vacacional, tanto del primer semestre del año dos mil catorce, como en las partes proporcionales que correspondan hasta que se dé cumplimiento, realizando el pago correspondiente, a la resolución que se dicte en el presente juicio.
"7. Finalmente, y por ser procedente conforme a derecho, como consecuencia resarcitoria de la anulación por ilegalidad del acto administrativo impugnado, se solicita ordenar el pago correspondiente a las prestaciones o remuneraciones extraordinarias que procedieran por los conceptos de beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro que percibía desde que se concretó la ilegal separación y hasta que se realice el pago correspondiente.
"Es menester precisar que las peticiones identificadas con los números 3, 4, 5, 6 y 7 se reclaman tomando en consideración, de ser el caso, los incrementos salariales que se pudieran generar."
Lo antes transcrito demuestra que la actora, en el entendido de que no podría obtener la reinstalación en el cargo que desempeñaba, solicitó que, además de declarar la nulidad de la resolución de separación, se ordenara a la demandada eliminar el registro de la sanción y pagar una indemnización (consistente en el monto de tres meses de salario y veinte días más por cada año de servicios prestados), así como las demás prestaciones a que tenga derecho (específicamente, las percepciones que dejó de devengar desde que fue suspendida, incluyendo el aguinaldo, los apoyos vacacionales y demás estímulos o recompensas que le eran pagados).
Sin embargo, la responsable no efectuó un pronunciamiento específico respecto de cada uno de los aspectos señalados, puesto que genéricamente indicó que se deberá atender al contenido del artículo 123, apartado B, fracción XIII, constitucional, en los términos en que lo ha interpretado la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Precisado lo anterior, y para dar solución a lo que propone la demandante, es necesario tomar en cuenta que el deber a cargo de los órganos jurisdiccionales de analizar la totalidad de los planteamientos expuestos por los justiciables se vincula con la garantía de justicia completa que regula el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Conforme al principio previamente referido, es forzoso que ninguna petición o argumento quede sin solución, de modo que la controversia sea resuelta en su integridad, a menos que el estudio de algún alegato resulte innecesario por advertirse que no generaría mayores beneficios para el solicitante.
No obstante, ese deber no implica que los tribunales, necesariamente, estén constreñidos a abordar cada razonamiento de los promoventes punto por punto, o bien, en el orden en que lo hayan propuesto en sus escritos, pues basta que ningún tema quede sin solución; de ahí que, incluso, el artículo 50, párrafo tercero, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo autoriza a las Salas a efectuar un examen conjunto de los razonamientos de las partes.
Sobre el tema descrito resulta ilustrativa la tesis 1a. CVIII/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, mayo de 2007, página 793, que establece:
"GARANTÍA A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA COMPLETA TUTELADA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. El derecho fundamental contenido en el referido precepto constitucional implica, entre otras cosas, el deber de los tribunales de administrar justicia de manera completa, en atención a los cuestionamientos planteados en los asuntos sometidos a su consideración, analizando y pronunciándose respecto de cada punto litigioso, sin que ello signifique que tengan que seguir el orden expuesto por las partes o que deban contestar argumentos repetitivos, pues los órganos encargados de dirimir las controversias están en aptitud de precisar las cuestiones a resolver, lo que puede o no coincidir con la forma o numeración adoptada en los respectivos planteamientos, y aunque no pueden alterar los hechos ni los puntos debatidos, sí pueden e incluso deben definirlos, como cuando la redacción de los escritos de las partes es oscura, deficiente, equívoca o repetitiva. Esto es, los principios de exhaustividad y congruencia de los fallos judiciales no pueden llegar al extremo de obligar al juzgador a responder todas las proposiciones, una por una, aun cuando fueran repetitivas, ya que ello iría en demérito de otras subgarantías tuteladas por el referido precepto constitucional -como las de prontitud y expeditez- y del estudio y reflexión de otros asuntos donde los planteamientos exigen la máxima atención y acuciosidad judicial, pues la garantía a la impartición de justicia completa se refiere únicamente a que los aspectos debatidos se resuelvan en su integridad, de manera que sólo deben examinarse y solucionarse las cuestiones controvertidas que sean necesarias para emitir la decisión correspondiente."
En relación con lo hasta aquí explicado, destaca que la Sala condenó a la demandada al pago de la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho la actora.
Respecto del primer concepto, resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 146 del Reglamento de la Ley de la Policía Federal que establece:
"Artículo 146. Los integrantes podrán ser separados de su cargo si no cumplen con los requisitos que esta ley señala para permanecer en la institución, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones, sin que proceda su reinstalación o restitución, cualquiera que sea el juicio o medio de defensa para combatir la separación o la remoción, en términos de lo previsto por el artículo 22 de la ley.
"Si la autoridad jurisdiccional resuelve que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, la institución sólo estará obligada a pagar la indemnización y demás prestaciones señaladas en la resolución respectiva, sin que en ningún caso proceda su reincorporación o reinstalación.
"La indemnización a que se refiere el párrafo anterior consistirá en:
"I. Veinte días de salario por cada uno de los años de servicios prestados, si la relación de servicio fuere por tiempo indeterminado, y
"II. El importe de tres meses de salario base."
Conforme al ordenamiento que rige la actuación que deben seguir las autoridades de la Policía Federal en casos como el que nos ocupa, esto es, que se declare la nulidad de la resolución de separación de un elemento, la indemnización comprende el pago de veinte días de salario por cada año de servicios prestados, así como tres meses más.
Es decir, se encuentran previstos los rubros que la quejosa solicitó en el tercer punto petitorio, antes transcrito.
Por cuanto hace a las "demás prestaciones" que se deben cubrir a la promovente, en la resolución de aclaración de sentencia, la responsable precisó que es en términos de la jurisprudencia 2a./J. 110/2012 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es:
"SEGURIDAD PÚBLICA. INTERPRETACIÓN DEL ENUNCIADO ‘Y DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO’, CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008. El citado precepto prevé que si la autoridad jurisdiccional resuelve que es injustificada la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio de los miembros de instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio. Ahora bien, en el proceso legislativo correspondiente no se precisaron las razones para incorporar el enunciado ‘y demás prestaciones a que tenga derecho’; por lo cual, para desentrañar su sentido jurídico, debe considerarse que tiene como antecedente un imperativo categórico: la imposibilidad absoluta de reincorporar a un elemento de los cuerpos de seguridad pública, aun cuando la autoridad jurisdiccional haya resuelto que es injustificada su separación; por tanto, la actualización de ese supuesto implica, como consecuencia lógica y jurídica, la obligación de resarcir al servidor público mediante el pago de una ‘indemnización’ y ‘demás prestaciones a que tenga derecho’. Así las cosas, como esa fue la intención del Constituyente Permanente, el enunciado normativo ‘y demás prestaciones a que tenga derecho’ forma parte de la obligación resarcitoria del Estado y debe interpretarse como el deber de pagar la remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el servidor público por la prestación de sus servicios, desde que se concretó su separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio y hasta que se realice el pago correspondiente. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que la reforma constitucional privilegió el interés general de la seguridad pública sobre el interés particular, debido a que a la sociedad le interesa contar con instituciones policiales honestas, profesionales, competentes, eficientes y eficaces, también lo es que la prosecución de ese fin constitucional no debe estar secundada por violación a los derechos de las personas, ni ha de llevarse al extremo de permitir que las entidades policiales cometan actos ilegales en perjuicio de los derechos de los servidores públicos, sin la correspondiente responsabilidad administrativa del Estado."
Como se advierte del criterio reproducido, dentro de la obligación de pago a cargo de las autoridades de seguridad pública quedan incluidos los conceptos indicados por la enjuiciante en los puntos petitorios 4, 5, 6 y 7, toda vez que se trata de "la remuneración diaria ordinaria, así como de los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el servidor público por la prestación de sus servicios, desde que se concretó su separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio y hasta que se realice el pago correspondiente".
Los hechos referidos ponen de manifiesto que si bien la juzgadora no hizo referencia expresa a los rubros que la actora pretendía obtener, los términos en que fue redactada la sentencia no dejan lugar a dudas en el sentido de que para el pago de las "demás prestaciones a que tenga derecho", la enjuiciada está constreñida a incluir las cantidades correspondientes a los conceptos enumerados en el escrito de demanda.
Respecto de la indemnización, la responsable tampoco especificó de qué manera se deberá integrar el cálculo respectivo.
Empero, esto último se justifica si se considera que únicamente fue materia de debate si la resolución de separación se emitió debidamente, esto es, si esa sanción fue justificada, lo que, a su vez, conlleva la determinación de la existencia del derecho por parte de la actora a obtener la restitución pecuniaria establecida en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Aun cuando la autoridad no cuestionó que ante una eventual decisión desfavorable para sus intereses, el cumplimiento del fallo tendría que efectuarse conforme al marco normativo aplicable, sus actuaciones están limitadas por el principio de legalidad.
Es decir, no resulta indispensable que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa le haga saber que tendrá que ajustarse a tales reglas, en virtud de que está constreñida a observarlas por mandato expreso de la Constitución.
Por ende, es indudable que, en el cumplimiento, la autoridad deberá apegarse al marco jurídico aplicable, sin que constituya causa de ilegalidad el hecho de que la Sala no se lo ordene expresamente, ya que, se reitera, únicamente serían necesarias mayores aclaraciones si la determinación conlleva que deba actuar de modo distinto al que se desprende de la literalidad de los ordenamientos de la materia.
En síntesis, la responsable no tendría que indicar a la enjuiciada que el cumplimiento de la sentencia deberá llevarse a cabo en forma legal, por un lado, por su obviedad y, por otro, en razón de que ese tema nunca fue debatido.
Además, el elemento ofrecido por la actora para acreditar sus percepciones habituales -recibo de pago que obra a folio 45 del expediente del juicio natural- no contiene la totalidad de las solicitadas en su escrito inicial, sino únicamente: 1) sueldo compactado, 2) compensación garantizada, 3) compensación por jerarquía, 4) ayuda de despensa y 5) subsidio e impuesto del SSI.
De ahí que la juzgadora no estaba en aptitud de detallar específicamente qué cantidades deberán ser entregadas a la promovente y, en consecuencia, la declaración genérica efectuada en la sentencia deja a salvo sus derechos para que no quede excluido algún monto que resulte procedente.
Una vez definido que los términos del acto reclamado no agravian a la enjuiciante en cuanto a los rubros que pretende obtener, corresponde examinar lo relativo a la petición elevada bajo el punto 2, consistente en cancelar la inscripción de su sanción en la totalidad de registros y bases de datos de la institución policiaca.
Ese tema, tal como sostiene la quejosa, no fue abordado tácita ni expresamente en el fallo reclamado; además, no existe alguna disposición que necesariamente vincule a la tercera interesada a satisfacer las pretensiones de la justiciable.
Por consiguiente, procede que este tribunal resuelva el aspecto indicado, para evitar la prolongación del conflicto con apoyo en el artículo 182, último párrafo, de la Ley de Amparo.
Cabe mencionar que la quejosa sostiene que tiene derecho a la supresión del mencionado registro puesto que, de otro modo, se otorga publicidad a un antecedente que se demostró ilegal, lo que afecta su honor y reputación.
Añade que tales aspectos inciden en la percepción de sí misma y en la que las demás personas asuman, toda vez que la subsistencia de dichos antecedentes puede propiciar que se le atribuya falta de honradez y calidad ética y, específicamente, la ausencia de confiabilidad laboral, afectación que puede trascender a sus seres cercanos.
Detallada la base sobre la que partirá el estudio, a continuación se debe enfatizar que el régimen excepcional creado para los miembros de las corporaciones de seguridad pública, en términos del artículo 123, apartado B, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, integró al orden jurídico nacional la prohibición absoluta de reincorporarlos, aun cuando algún órgano jurisdiccional determine que la separación fue ilegal, y con independencia de la razón que motivó el cese.
Mediante esa restricción se pretendió privilegiar la depuración de los integrantes de dichas instituciones, en favor de quienes la autoridad considere idóneos, con la finalidad de beneficiar la seguridad y el combate a la corrupción.
Refuerza la afirmación anterior la jurisprudencia 2a./J. 103/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, julio de 2010, página 310, cuyos rubro y texto son:
"SEGURIDAD PÚBLICA. LA PROHIBICIÓN DE REINSTALAR EN SU CARGO A LOS MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, PREVISTA POR EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008, ES APLICABLE EN TODOS LOS CASOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RAZÓN QUE MOTIVÓ EL CESE. Del citado precepto constitucional se advierte que los miembros de las instituciones policiales podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos de permanencia o si incurren en responsabilidad, con la expresa previsión de que si la autoridad resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo está obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido. De lo anterior se sigue que a partir de la aludida reforma la prohibición de reincorporación es absoluta, lo que se corrobora con el análisis del proceso relativo del que deriva que el Constituyente Permanente privilegió el interés general por el combate a la corrupción y la seguridad por encima de la afectación que pudiere sufrir el agraviado la que, en su caso, se compensaría con el pago de la indemnización respectiva, por lo que independientemente de la razón del cese tiene preferencia la decisión del Constituyente de impedir que los miembros de las corporaciones policiacas que hubiesen causado baja se reincorporen al servicio."
Partiendo de lo anterior, se debe recordar que la quejosa solicita la supresión del registro de su separación y de los motivos que la ocasionaron, de las bases de datos de la Policía Federal, como es el Registro Nacional de Personal de las Instituciones de Seguridad Pública.
Para analizar esa institución es necesario establecer el marco legal que la rige. En concreto, cobran relevancia los artículos 5, fracciones X y XIII, 60, 74 y 85, fracción I, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que disponen:
Artículo 5. Para los efectos de esta ley, se entenderá por:
"...
"X. Instituciones Policiales: a los cuerpos de policía, de vigilancia y custodia de los establecimientos penitenciarios, de detención preventiva, o de centros de arraigos; y en general, todas las dependencias encargadas de la seguridad pública a nivel federal, local y municipal, que realicen funciones similares;
"...
"XIII. Registro Nacional: el Registro Nacional de Personal de las Instituciones de Seguridad Pública; ..."
"Artículo 60. En caso de que los órganos jurisdiccionales determinen que la resolución por la que se impone la separación o remoción es injustificada, la institución respectiva sólo estará obligada a la indemnización y al otorgamiento de las prestaciones a que tenga derecho la persona removida, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiese promovido de conformidad con el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tal circunstancia será inscrita en el Registro Nacional correspondiente."
"Artículo 74. Los integrantes de las Instituciones Policiales podrán ser separados de su cargo si no cumplen con los requisitos de las leyes vigentes, que en el momento de la separación señalen para permanecer en las instituciones, sin que proceda su reinstalación o restitución, cualquiera que sea el juicio o medio de defensa para combatir la separación, y en su caso, sólo procederá la indemnización.
"Las legislaciones correspondientes establecerán la forma para calcular la cuantía de la indemnización que, en su caso, deba cubrirse.
"Tal circunstancia será registrada en el Registro Nacional correspondiente.
"Las legislaciones correspondientes establecerán la forma para calcular la cuantía de la indemnización que, en su caso, deba cubrirse."
"Artículo 85. La carrera policial comprende el grado policial, la antigüedad, las insignias, condecoraciones, estímulos y reconocimientos obtenidos, el resultado de los procesos de promoción, así como el registro de las correcciones disciplinarias y sanciones que, en su caso, haya acumulado el integrante. Se regirá por las normas mínimas siguientes:
"I. Las Instituciones Policiales deberán consultar los antecedentes de cualquier aspirante en el Registro Nacional antes de que se autorice su ingreso a las mismas; ..."
Los dispositivos transcritos prescriben que deberán quedar inscritas en un registro nacional, tanto la separación de un miembro de la corporación de seguridad pública como, en su caso, la anulación de la resolución respectiva.
También ordenan que en toda institución policial (entendida como tal cualquier institución gubernamental del orden federal, local o municipal) exista la obligación de consultar, en el registro referido, los antecedentes de quienes pretendan ingresar.
Los datos expuestos revelan que las bases de datos, como la que conforma el Registro Nacional de Personal de las Instituciones de Seguridad Pública, son parte de los instrumentos creados por el legislador federal para cumplir los objetivos que se pretendieron alcanzar mediante el establecimiento de las condiciones particularmente excepcionales a las que sean sujetos los miembros de las corporaciones policiales.
A través de ese mecanismo se busca evitar que quienes sean separados de una institución de esa naturaleza puedan reingresar a alguna similar, en cualquiera de los órdenes de gobierno.
En consecuencia, la eliminación del registro que demuestra que un particular fue removido como elemento de procuración de justicia haría factible que la misma persona solicitara y, eventualmente consiguiera, su reingreso a esas corporaciones, lo que haría nugatorio el objetivo de tales bases de datos y, aún más, implicaría autorizar el desacato al mandato constitucional que, como ya se dijo, contiene una prohibición absoluta.
Esto último se destaca en razón de que el deber de los tribunales de velar por la observancia de la Carta Magna también implica procurar la aplicación de las normas secundarias que hacen posible no quebrantar ese orden normativo.
Sintetizando lo hasta aquí detallado, ya se explicó que el régimen excepcional de los miembros de las instituciones policiales está compuesto como un sistema, con diversas restricciones que impactan en distintos derechos, como el de restitución integral por efecto de las sentencias.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que esas restricciones de rango constitucional deben prevalecer a pesar de cualquier otra disposición en contrario, lo que implica que si únicamente es viable conceder, a quienes demuestren la ilegalidad de su remoción, una "indemnización" y las "demás prestaciones" a que tengan derecho, los tribunales exclusivamente pueden interpretar o detallar qué puede quedar comprendido dentro de tales conceptos.
Esto es, los beneficios a los que puede acceder el afectado se encuentran extremadamente restringidos, motivo por el cual, acceder a la pretensión del solicitante equivaldría a considerar que la cancelación de los registros de la sanción es un efecto viable de la sentencia que declaró injustificada su separación y, por ende, que esa medida se ajusta a la noción de "indemnización" o de las "demás prestaciones a que tenga derecho", lo que por su naturaleza es inaceptable, sobre todo si se toma en cuenta que ambas ideas ya fueron definidas por el Alto Tribunal y se reducen a prestaciones de índole pecuniaria.
En conclusión, lo que pretende la justiciable está fuera del alcance tanto de este órgano judicial como de la Sala responsable.
Sin perjuicio de lo previamente definido, se estima indispensable abordar, en forma destacada, el tema relativo al efecto nocivo que moral y psicológicamente puede tener el hecho de que quede asentada en forma permanente la sanción que nos ocupa.
Este tribunal considera que se debe tener como hecho notorio que la existencia de un registro en el que se haga constar que una persona fue separada de su cargo por no acreditar una evaluación de control de confianza, necesariamente incide en bienes jurídicos relevantes como el honor y la buena fama.
Con mayor razón, si la decisión de mérito fue declarada nula de manera absoluta y, aun así, subsiste la inscripción correspondiente.
Aun cuando esa situación no debe pasar inadvertida, ya quedó demostrado que el registro de tales antecedentes constituye un elemento importante para el funcionamiento del régimen excepcional previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución.
Entonces, si bien los alcances del derecho contenido en el artículo 17 de dicho ordenamiento obligan a que los medios de defensa existentes permitan restituir a los gobernados en el goce de sus derechos transgredidos (ya sea que incidan sólo en el plano legal, o bien, en el personal), la existencia de regímenes excepcionales como el que impera respecto de los elementos de las corporaciones de seguridad pública restringe el margen de actuación de los órganos jurisdiccionales, de suerte que quedan constreñidos a procurar lo más aproximado posible una restitución integral, pero sin vulnerar el orden constitucional.
No obstante, lo anterior no implica que el menoscabo de índole moral que ocasionan las resoluciones como la que fue declarada nula deba quedar incólume, como se explicará a continuación.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido, en diversos casos, que las sentencias constituyen, por sí, una forma de reparación adicional a las distintas medidas que en la propia resolución se ordenen en beneficio de la parte favorecida.
La afirmación que antecede se demuestra a través de la siguiente reproducción de la jurisprudencia internacional:
"Caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos.
"Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de veintitrés de noviembre de dos mil nueve.
"...
"XI. Reparaciones.
"...
"374. La jurisprudencia internacional ha establecido reit
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25587-f26292e3/seguridad-publica-la-indemnizacion-prevista-en-el-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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