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Modo: Corpus Pro

TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO. PROCEDE LEVANTAR EL EMBARGO TRABADO A UNA UNIDAD PRIVATIVA QUE FORMA PARTE DEL CONDOMINIO, SI ÉSTE EN SU TOTALIDAD ES EL QUE FUE CONDENADO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 165/2014. · Registro digital (IUS): 25666
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2015-06-05
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, Junio de 2015, Tomo III, Pág. 2445.

AMPARO DIRECTO 165/2014. 3 DE SEPTIEMBRE DE 2014. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: SERGIO IVÁN SÁNCHEZ LOBATO, SECRETARIO DE TRIBUNAL AUTORIZADO POR LA COMISIÓN DE CARRERA JUDICIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES DE MAGISTRADO. PONENTE: GUSTAVO R. PARRAO RODRÍGUEZ. SECRETARIO: ABRAHAM MEJÍA ARROYO.

CONSIDERANDO:

VII.-Los anteriores motivos de inconformidad se estudian en su conjunto, atento a la estrecha relación que guardan y de conformidad con el artículo 76 de la Ley de Amparo, que dispone que los tribunales pueden examinar así los conceptos de violación, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada.

Bajo esa premisa, resultan ineficaces los conceptos de violación propuestos.

Conforme a las actuaciones judiciales remitidas por la autoridad responsable para respaldar su informe, a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se aprecia que la sentencia reclamada y la tercería excluyente de dominio de la que dimana, tienen su origen en el juicio ordinario civil promovido por **********, en contra de **********, en donde se les reclamó, entre otras prestaciones, la reivindicación de una bodega que, según decía la actora, era propiedad común del condominio.

Del citado asunto correspondió conocer al Juez Vigésimo de lo Civil del Distrito Federal, bajo el expediente **********, quien por auto de catorce de julio de dos mil cinco, admitió a trámite la demanda y ordenó emplazar a las codemandadas.

A través del escrito presentado el treinta de agosto de dos mil seis, las codemandadas produjeron su contestación y reconvinieron la prescripción positiva sobre la aludida bodega.

Mediante escrito presentado el veintisiete de agosto de dos mil cinco, la parte demandada en la reconvención, produjo su contestación.

Seguido el juicio en todos sus trámites, se dictó sentencia el cinco de junio de dos mil siete, en donde se declaró que la reconvencionista **********, acreditó parcialmente su acción, que se había consumado en su favor la prescripción positiva del inmueble respectivo, que la acción reivindicatoria quedó sin materia y se absolvió del pago de costas.

Inconformes, ambas partes promovieron sendos recursos de apelación, de los cuales correspondió conocer a la Octava Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, bajo el toca **********, en donde en sentencia de seis de noviembre de dos mil ocho, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo pronunciada por este Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, bajo el expediente **********, se determinó confirmar la sentencia impugnada y condenar a **********, al pago de las costas causadas en ambas instancias.

A través del escrito presentado el cuatro de febrero de dos mil diez, la parte demandada en el juicio principal y actora en la reconvención, promovió incidente de liquidación de costas, el cual fue resuelto mediante interlocutoria de trece de septiembre de dos mil once, en el sentido de aprobarlo hasta por la cantidad de ********** y se concedió a la contraparte un término de cinco días para su cumplimiento, contados a partir de que esa resolución causara ejecutoria.

Así, por auto de seis de octubre de dos mil once, se declaró que la interlocutoria que antecede causó firmeza procesal, en consecuencia, en diverso proveído de siete de mayo de dos mil doce, se ordenó requerir a la demandada y, de no hacer el pago, proceder al embargo de bienes de su propiedad.

En la diligencia de veinticinco de mayo de dos mil doce, se llevó a cabo el embargo, en el que, entre otros bienes, se señaló para tal efecto: "...el local comercial marcado con la letra ‘A’ del número **********, propiedad del señor **********..."

Ahora bien, en la sentencia reclamada la Sala responsable revocó la de primera instancia para dejarla en el sentido de declarar procedente la tercería excluyente de dominio.

En esencia, la Sala responsable estimó que la actora en el principal era **********, a quien se condenó al pago de costas, y que dicho ente es distinto a la persona física, de nombre **********, quien no fue oída, ni vencida en el juicio principal y que, además, el embargo se realizó en la vía de apremio, por lo que era necesario que previamente hubiere sido oída en juicio, pues no obstante que el inmueble embargado forme parte del condominio, no se le pueden embargar bienes sin antes haber sido condenada de forma personal y directa al pago de las costas.

Al respecto, la ejecutante, ahora quejosa, esgrime sustancialmente en sus conceptos de violación que si bien es cierto que la tercerista acreditó la titularidad de los derechos de propiedad del local comercial embargado, la autoridad responsable omitió considerar que dicha propiedad está afecta al régimen de propiedad en condominio, por lo que no es autónoma e independiente del conjunto condominal y, por tanto, todos los condóminos son copropietarios proindiviso de todo el condominio, por lo que resulta contrario a derecho el razonamiento de la Sala responsable en el sentido de que la tercerista tiene un interés propio y ajeno al del actor o del demandado en el juicio principal, pues al ser copropietaria en condominio no es tercera extraña, pues sus intereses estuvieron representados en el juicio por el administrador general del condominio actor, conforme a las facultades que le fueron conferidas por la asamblea general, y al tenor de las actas de veintinueve de abril de dos mil cuatro y once de enero de dos mil cinco.

Y sobre el particular, refiere que no es obstáculo el hecho de que la tercerista haya adquirido los derechos de propiedad con posterioridad a la instauración del juicio de origen, y que no haya participado en la asamblea en donde se decidió demandar a la quejosa, pues en el momento en que adquirió el local comercial perteneciente al condominio, asumió las cargas y obligaciones inherentes a éste, entre las que se encuentran las relativas al cumplimiento de la condena al pago de costas impuesta al condominio actor.

Agrega que la tercerista es causahabiente de **********, por ser quien le transmitió la propiedad, por lo que también le transfirió la responsabilidad derivada de los votos otorgados por aquél en las asambleas generales del condominio, en donde se determinó instaurar el juicio reivindicatorio en contra de la aquí quejosa.

En cuanto a ello, refiere que el voto decisivo del condómino causante produce los efectos de una obligación propter rem, por lo que el sujeto pasivo de la obligación es el titular del bien; de ahí que si cambia la titularidad resultará obligado el nuevo titular, por lo que no es óbice su afirmación de que adquirió libre de todo gravamen, pues del instrumento notarial que exhibió para acreditar su propiedad, se advierte que no se agregó el certificado de libertad de gravámenes y, además, ello no sería una causa eficiente para desvirtuar la subsistencia de la obligación propter rem, por lo que adversamente a lo sostenido por la Sala responsable, la tercerista sí tiene el mismo interés que el condominio actor, al formar parte integrante de éste, y estuvo representada en juicio por el administrador general del condominio.

Que, por ello, es inexacto que no haya sido oída y vencida en juicio la tercerista y no existe error de atribución de la titularidad del bien embargado, pues es inherente al condominio, y resulta irrelevante la distinción en cuanto a que el embargo se realizó en la vía de apremio.

También aduce que es inexacto que exista un impedimento para aplicar el artículo 32 de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, ya que la tercerista sí se encuentra obligada en términos de ese precepto, al ser condómino del inmueble actor.

Los anteriores motivos de inconformidad se estiman infundados, por lo siguiente.

En principio, se precisa que condominio es el dominio de cosa común, por dos o más personas y se refiere a una modalidad de la propiedad, como puede advertirse en los conceptos siguientes:

"II. Concepto. En sentido amplio, la voz condominio significa: dominio en común de una cosa, dominio de una cosa que pertenece en común a dos o más personas y, en sentido jurídico, la Enciclopedia Jurídica Omeba lo define como ‘el derecho real de propiedad por el cual varias personas reunidas ejercen la plenitud de la propiedad sobre la cosa mueble o inmueble, siendo cada uno de ellos titulares de derecho sobre una porción indivisa.’

"III. Naturaleza. El condominio es una modalidad de la propiedad que permite a cada condómino usar, disfrutar y disponer de su propiedad exclusiva, con las limitaciones que imponen las leyes, su escritura constitutiva y su reglamento; pero también, permite a aquéllos, utilizar y compartir áreas y espacios de uso y propiedad común, asumiendo condiciones que les permiten satisfacer sus necesidades de acuerdo al destino del inmueble en forma conveniente y adecuada para todos y cada uno sin detrimento de su propiedad exclusiva."(1)

Por su parte, el artículo 951 del Código Civil para el Distrito Federal dispone:

"Artículo 951. Cuando los diferentes departamentos, viviendas, casas o locales de un inmueble, construidos en forma vertical, horizontal o mixta, susceptibles de aprovechamiento independiente por tener salida propia a un elemento común de aquél o a la vía pública, pertenecieran a distintos propietarios, cada uno de éstos tendrá un derecho singular y exclusivo de propiedad sobre su departamento, vivienda, casa o local y, además, un derecho de copropiedad sobre los elementos y partes comunes del inmueble, necesarios para su adecuado uso o disfrute.

"Cada propietario podrá enajenar, hipotecar o gravar en cualquier otra forma su departamento, vivienda, casa o local, sin necesidad de consentimiento de los demás condóminos. En la enajenación, gravamen o embargo de un departamento, vivienda, casa o local, se entenderán comprendidos invariablemente los derechos sobre los bienes comunes que le son anexos.

"El derecho de copropiedad sobre los elementos comunes del inmueble, sólo será enajenable, gravable o embargable por terceros, conjuntamente con el departamento, vivienda, casa o local de propiedad exclusiva, respecto del cual se considere anexo inseparable. La copropiedad sobre los elementos comunes del inmueble no es susceptible de división.

"Los derechos y obligaciones de los propietarios a que se refiere este precepto, se regirán por las escrituras en que se hubiera establecido el régimen de propiedad, por las de compraventa correspondientes, por el reglamento del condominio de que se trate, por la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, por las disposiciones de este código y las demás leyes que fueren aplicables."

Luego, conforme a la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, se entiende como condominio, el inmueble cuya propiedad pertenece proindiviso a varias personas, que reúne las condiciones y características establecidas en el Código Civil para el Distrito Federal, mientras que condómino, es la persona física o moral, propietaria de una o más unidades de propiedad privativa, la que es entendida como el departamento, vivienda, local, áreas, naves y elementos anexos que le correspondan, tales como estacionamiento, cuarto de servicio, etcétera y cualquier otro elemento que no sean áreas y bienes de uso común sobre el cual aquél tiene un derecho de propiedad y de uso exclusivo, finalmente, por conjunto condominal se entiende toda aquella agrupación de dos o más condominios construidos en un solo predio.

Asimismo, debe recurrirse al contenido del artículo 62 de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, que dispone:

"Artículo 62. Los gravámenes del condominio son divisibles entre las diferentes unidades de propiedad privativa que lo conforman.

"Cada uno de los condóminos responderá sólo por el gravamen que corresponda a su unidad de propiedad privativa y proporcionalmente respecto de la propiedad común. Toda cláusula que establezca mancomunidad o solidaridad de los propietarios de los bienes comunes, para responder de un gravamen, se tendrá por no puesta."

Del anterior contexto deriva que la propiedad en condominio es una institución en la que cada dueño de una unidad privativa es propietario de su piso, departamento, vivienda o local y copropietario de los bienes necesarios para la existencia, seguridad, comodidad de acceso, recreo, ornato o cualquier fin semejante. El derecho de propiedad es de mayor importancia que el de copropiedad y, por lo mismo, la cuota de copropiedad es accesoria del derecho de propiedad.

Por otra parte, resulta conveniente señalar que la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que los elementos para la procedencia de la tercería excluyente de dominio son la propiedad sobre la cosa, y la identidad entre esa cosa y la que fue objeto de secuestro cuyo levantamiento se pretende.

Lo anterior lo hizo en las tesis que a continuación se transcriben:

La primera emitida en la Séptima Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 79, Cuarta Parte, página 79, de rubro y texto siguientes:

"TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO, ELEMENTOS DE LA.-Según criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los elementos fundamentales para la procedencia de una tercería excluyente de dominio son: la propiedad sobre la cosa, y la identidad entre esa cosa y la que fue objeto del secuestro cuyo levantamiento se pretende."

La segunda emitida en la Quinta Época, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXXI, Núm. 9, página 2716, del siguiente contenido literal:

"TERCERÍAS EXCLUYENTES DE DOMINIO.-Los elementos fundamentales para la procedencia de una tercería excluyente, son el dominio sobre una cosa y la identidad entre esa cosa y la que fue objeto del secuestro cuyo levantamiento se intenta. Ambos elementos deben ser probados, de manera que la falta o deficiencia de prueba de cualquiera de ellos, hace improcedente la tercería."

Ahora bien, mientras el tercero no se vea afectado en sus derechos, no tiene interés alguno para intervenir en el pleito que sostienen actor y demandado, aun cuando el conflicto verse sobre una cosa que le pertenece, pues no se le puede oponer la sentencia que se dicte para despojarlo de ella.

Por el contrario, si se ve privado del bien o afectado en su posesión, la ley establece recursos para hacer respetar su derecho, como lo son las acciones posesorias o el juicio de amparo.

La tercería excluyente de dominio guarda relación con el procedimiento de ejecución forzosa y se plantea frente a un embargo considerado por el tercerista, como indebido, motivo por el cual persigue su alzamiento.

El embargo trabado en el curso de un juicio o del procedimiento de ejecución forzosa de una sentencia firme, puede no ser lícito por motivos de forma o de fondo y, puede darse el caso, entre otros, de que se embarguen determinados bienes como si su dominio, o mejor titularidad, correspondiera al deudor ejecutado, cuando en realidad pertenece a otra persona, lo que implica que se ha producido un error en la atribución de la titularidad de los bienes.

De lo anterior se desprende que la tercería excluyente de dominio puede interponerse sobre cualquier tipo de bien que pueda ser objeto de embargo o que lo haya sido, y su finalidad es, precisamente, levantar el indebidamente trabado en un procedimiento sobre bienes cuya titularidad corresponde al tercerista, como si fueran de la del ejecutado.

En la especie, acontece lo anterior, pues se produjo un error en la atribución de la titularidad de los bienes, por lo que sí es procedente levantar el embargo indebidamente trabado.

Esto es así, porque como lo dijo la Sala responsable, quien fue condenado al pago de cierto numerario, con motivo de la condena en costas, fue el condominio en su totalidad, ente jurídico, entendido como la totalidad de condóminos al que se le debieron embargar sus bienes en la forma y términos que, para ello, derivan de la ley y no la tercerista en lo particular, pues su propiedad privativa no pertenece a su vez a la de todos los condóminos.

Ya se dijo con antelación que la propiedad en condominio es una institución en la que cada dueño de una unidad privativa es propietario de su departamento o local y copropietario de los bienes comunes.

Así, no puede considerarse que por el hecho de que la unidad privativa pertenezca al condominio, en realidad se trate de una especie de copropiedad sobre la misma, y que en consecuencia el embargo pueda recaer en aquélla en forma particular como aconteció en la especie.

Así, la tercerista, propietaria de una unidad privativa, no fue a quien se condenó directamente al pago de las costas causadas ni de su posterior liquidación, fue al condominio en su totalidad.

En realidad, sobre el condominio se constituyó judicialmente una obligación de pago, para lo cual puede recurrirse al principio que aporta el artículo 62 de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal que dispone que los gravámenes de éste sean divisibles entre las diferentes unidades de propiedad privativa que lo conforman. Cada uno de los condóminos responderá sólo por el gravamen que corresponda a su unidad de propiedad privativa y proporcionalmente respecto de la propiedad común.

De dicho precepto deriva un principio en el sentido de que cualquier carga o gravamen que pese sobre el condominio debe dividirse entre las diferentes unidades privativas lo que, además, es justo y equitativo.

De ese dispositivo también deriva, además, otro principio en el sentido de que un solo condómino no debe soportar la condena que pesa sobre todos, pues ello sería inequitativo.

Por tanto, el embargo trabado así en autos sobre la unidad privativa de la ahora tercera interesada, debe levantarse, pues no es ella en lo individual quien debe responder de la condena impuesta a todos los condóminos.

Lo anterior sin perjuicio de que, como lo alega la parte quejosa, no pueda considerarse a la tercera interesada como extraña al procedimiento del que dimana la condena y que se le deba considerar como causahabiente del anterior propietario, porque aun en ese supuesto debe levantarse un embargo derivado de una condena que no debe soportar uno o más condóminos, sino la totalidad de los mismos por prescripción de la ley.

Derivado de lo anterior, ante lo ineficaz de los conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo solicitado.

Negativa que se hace extensiva al Juez Vigésimo de lo Civil del Distrito Federal, por no reclamarse por vicios propios.

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia publicada con la clave V.2o. J/6, página 267, Tomo I, junio de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de los siguientes rubro y texto:

"AUTORIDADES EJECUTORAS.-Si no aparece que la autoridad que ordenó el acto, ha violado con él garantías individuales, lo mismo debe afirmarse respecto de las autoridades que son meras ejecutoras, si de esta autoridad no se combaten actos por vicios propios."

VIII.-Como consecuencia de lo anterior, queda sin materia el amparo adhesivo.

Esto es así, porque en términos del artículo 182 de la Ley de Amparo, quien obtenga sentencia favorable y tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado.

Luego, la adhesión al amparo directo carece de autonomía en cuanto a su trámite y procedencia, pues sigue la suerte procesal de éste y, por tanto, el interés de la parte adherente está sujeto a la suerte del amparo principal.

Así, al combatirse la sentencia definitiva a través del amparo directo, el tercero interesado conserva el interés condicionado de que de prosperar el amparo principal, el órgano revisor tenga que examinar los conceptos de violación que formule para robustecer las conclusiones alcanzadas por la autoridad responsable, o para controvertir las consideraciones que concluyan en un punto decisorio que le perjudique.

De lo que se sigue, que si el Tribunal Colegiado de Circuito le niega el amparo a la parte quejosa, el adhesivo del tercero interesado debe declararse sin materia, pues no existe necesidad ni fin práctico para analizar argumentos que controvierten las consideraciones de la sentencia reclamada o que pretenden robustecerlas.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 49/2014 (10a.), emitida en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 9, Tomo I, agosto de 2014, página 177, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación «del viernes 29 de agosto de 2014 a las 8:13 horas», de los siguientes título, subtítulo y texto:

"AMPARO ADHESIVO. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA CUANDO ES PROMOVIDO CON LA FINALIDAD DE OFRECER ARGUMENTOS ENCAMINADOS A QUE SUBSISTA EL ACTO RECLAMADO EN SUS TÉRMINOS PERO EL JUICIO DE AMPARO PRINCIPAL NO PROSPERE POR CUESTIONES PROCESALES O POR DESESTIMARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Del artículo 182 de la Ley de Amparo se advierte, entre otras hipótesis, que el amparo adhesivo podrá promoverlo quien obtuvo sentencia favorable en sede ordinaria para que, ante el juicio de amparo promovido por su contraparte, exprese los agravios tendientes a mejorar la resolución judicial con el propósito de que el acto reclamado subsista en sus términos y adquiera mayor fuerza persuasiva. Así, dicha pretensión es accesoria del juicio de amparo directo principal y, por tanto, de no prosperar éste, sea por cuestiones procesales o por desestimarse los conceptos de violación, el quejoso adherente ve colmada su pretensión, consistente en la subsistencia del acto reclamado y, consecuentemente, el amparo adhesivo debe declararse sin materia."

Por lo expuesto y fundado; con apoyo, además, en los artículos 73 a 76 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve:

PRIMERO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **********, contra los actos que reclamó de la Octava Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia y del Juez Vigésimo de lo Civil, ambas autoridades del Distrito Federal, consistentes en la sentencia definitiva de catorce de enero de dos mil catorce, pronunciada en el toca de apelación **********, y su ejecución.

SEGUNDO.-Se declara sin materia el amparo adhesivo promovido por **********.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al lugar de su procedencia y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido.

Así lo resolvió el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito por mayoría de votos de los Magistrados Ismael Hernández Flores, presidente y Gustavo R. Parrao Rodríguez, en contra del voto particular del licenciado Sergio Iván Sánchez Lobato, secretario del tribunal en funciones de Magistrado de Circuito autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/243/2014, mismo que se inserta en la parte final de esta ejecutoria, siendo ponente el segundo de los nombrados.

En términos de lo previsto en los artículos 8, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

________________

1. Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM (2004). Enciclopedia Jurídica Mexicana, México, D.F. Ed. Porrúa, páginas 384 y 385.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25666-901086e5/terceria-excluyente-de-dominio-procede-levantar-el-embargo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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