AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN ESPERAR A QUE LA AUTORIDAD ANTE QUIEN SE DECLINÓ LA COMPETENCIA DEL ASUNTO SE PRONUNCIE SOBRE SI LA ACEPTA O NO.
AMPARO EN REVISIÓN 103/2014. 26 DE MARZO DE 2015. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: NORMA NAVARRO OROZCO, SECRETARIA DE TRIBUNAL AUTORIZADA POR LA COMISIÓN DE CARRERA JUDICIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES DE MAGISTRADA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 81, FRACCIÓN XXII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 40, FRACCIÓN V, DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGLAMENTA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PROPIO CONSEJO. SECRETARIA: EVA MURILLO MORALES.
CONSIDERANDO:
QUINTO.-Estudio del asunto. Previo al estudio de los agravios planteados, debe señalarse que no pasa inadvertido para este órgano colegiado, que por Acuerdo General Número 23/2014 de uno de diciembre de dos mil catorce, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dispuso el aplazamiento del dictado de la resolución en los recursos derivados de los juicios de amparo en los que se impugnen actos del Consejo de la Judicatura Federal; sin embargo, en dicha comunicación se acotó a aquellos que fueron emitidos en términos de lo previsto en el artículo 100, noveno párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, en relación con la definitividad e inatacabilidad de las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal, salvo las referentes a la designación, adscripción, ratificación y remoción de Magistrados y Jueces, las que podían ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el único efecto de verificar que hayan sido adoptadas conforme a las reglas que establece la ley orgánica respectiva; supuesto que, en el caso, no se actualiza.
SEXTO.-En sus agravios el quejoso aduce, en síntesis, que la resolución emitida por el Juez de Distrito es violatoria de los artículos 104, fracción V, de la Constitución Federal, 53, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 107, fracción VI, de la Ley de Amparo y 706 de la Ley Federal del Trabajo, porque se sobreseyó incorrectamente el juicio de amparo, con el argumento de que las únicas resoluciones reclamables en dicha vía son las que determinan inhibir o declinar la competencia del asunto.
Refiere que, contrario a lo sostenido por el juzgador federal, las resoluciones que determinan inhibir o declinar la competencia de un asunto, no son los únicos supuestos que pueden reclamarse a través del juicio de amparo indirecto; que, en el caso, fue solicitado el amparo porque la sentencia interlocutoria emitida el diecinueve de noviembre de dos mil catorce, por la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, constituye un acto de imposible reparación dentro del juicio que afecta en grado predominante o superior disposiciones procesales y derechos sustantivos, por tanto, encuadra dentro de los supuestos establecidos tanto en la Ley de Amparo (artículo 107, fracción V) como en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 104, fracción V); máxime que este último precepto establece la competencia de los tribunales de la Federación para conocer de aquellas controversias en las que la Federación sea parte.
Indica que las actuaciones realizadas por la Junta Especial Número Tres son nulas de pleno derecho, al ser efectuadas por una autoridad que no es competente para conocer de controversias en las que el Consejo de la Judicatura Federal, como integrante de la Federación, es parte.
Señala que el Juez de Distrito desatendió el criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 156/2011 (9a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra la resolución que desecha o estima infundada una excepción o incidente de incompetencia planteada en el juicio laboral, al considerar que ese tipo de resoluciones afectan a las partes en grado predominante o superior, pues de ser fundada dicha cuestión, deberá reponerse el procedimiento y, como consecuencia, retardar la impartición de justicia; criterio que el juzgador federal tenía la obligación de observar y aplicar.
Añade que, contrario a lo indicado por el Juez de Distrito, en el caso se está en presencia de un acto de imposible reparación, pues la competencia es un presupuesto procesal que debe quedar definido antes del estudio de fondo del asunto; que la resolución emitida en un incidente de incompetencia no es meramente declarativa o de simple reconocimiento o desconocimiento de una autoridad para que conozca de un procedimiento, sino que también es constitutiva, pues de ella depende la prosecución o insubsistencia del proceso, de lo que resulta inmediato, de imposible reparación, que exige ser enmendado a través del amparo indirecto.
Ello -dice- porque las violaciones procesales que se reservan para dirimirse en amparo directo y que refiere el juzgador federal en la sentencia que se impugna, aplazan su decisión pues no pueden impugnarse hasta que recae sentencia definitiva, con lo que se corre el riesgo de que ya no puedan ser reparadas, generándose una afectación en grado superior, pues todas las actuaciones del juicio serían realizadas por autoridad incompetente y sin que pueda ser motivo de estudio en un segundo juicio de amparo; entonces, para no dejar en estado de indefensión y en respeto a la garantía constitucional relativa a que en los juicios deben observarse las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, debe admitirse la procedencia del juicio de amparo indirecto.
Por tanto -refiere- la resolución de la Junta responsable afecta el derecho sustantivo de impartición de justicia por tribunales expeditos para ello, por lo que es procedente el juicio constitucional en la vía indirecta.
Asiste razón al quejoso cuando aduce que el Juez de Distrito interpretó indebidamente la causal de improcedencia que estimó actualizada, con relación al acto reclamado, ya que éste, contrariamente a lo que se resolvió en el juicio de amparo indirecto subyacente, es un acto considerado -excepcionalmente- como de imposible reparación y, por ende, en su contra procede el juicio de amparo indirecto, como se explica a continuación:
Tanto el Pleno como la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han sustentado el criterio de que en el juicio de amparo directo no procede introducir la cuestión de competencia, sino que dicho aspecto es materia de estudio en el juicio de amparo indirecto.
Esto se explica toda vez que la resolución que considera infundada una excepción de competencia constituye un acto en el procedimiento que tiene una ejecución de imposible reparación que afecta a las partes en grado predominante o superior, ya que de ser fundada se deberá reponer el procedimiento, lo que traería como consecuencia el retraso de la impartición de justicia contrariando el espíritu del artículo 17 constitucional; por tanto, dicha impugnación debe realizarse mediante amparo indirecto, conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal,(1) y 107, fracción V, de la Ley de Amparo.(2)
En forma específica, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que es improcedente que en el juicio de amparo directo se introduzca el planteamiento de la competencia, ni aun en el supuesto de que dicho análisis se efectúe a título de suplencia de la queja y, por tanto, el análisis de las cuestiones de competencia requiere previo cuestionamiento vía excepción en el juicio natural y, en su caso, a través del juicio de amparo indirecto.
Lo anteriormente expuesto quedó de manifiesto en los criterios jurisprudenciales P./J. 20/2003, P./J. 55/2003 y 2a./J. 156/2011 (9a.) que, en su orden, dicen:
"AMPARO DIRECTO. NO PROCEDE INTRODUCIR, EN EL JUICIO O EN LA REVISIÓN, EL EXAMEN NOVEDOSO DE LA INCOMPETENCIA DE LA RESPONSABLE.-Cuando en el juicio ordinario no se hizo valer la incompetencia de la autoridad responsable, es improcedente que en el amparo directo en revisión se introduzca como novedoso tal planteamiento, ni aun en el supuesto de que dicho análisis se efectúe a título de suplencia de la queja deficiente, pues ese examen requiere, necesariamente, de su previo cuestionamiento, vía excepción, en el juicio natural y, en su caso, a través del juicio de amparo indirecto, toda vez que la resolución que considera infundada dicha excepción es de aquellos actos en el juicio que tienen una ejecución de imposible reparación, en virtud de que se emite en atención a la naturaleza del negocio y, consiguientemente, incide en la determinación de la ley aplicable al procedimiento ordinario respectivo; de manera que si aquella resolución no se combate a través del amparo indirecto, el efecto que produciría ese consentimiento sería el de que las partes contendientes continuaran en el litigio ante esa autoridad, y no ante la que se considere competente, la que si bien tiene las mismas funciones, no aplica la misma ley conforme a la cual debe regirse el procedimiento."(3)
"AMPARO INDIRECTO, RESULTA PROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE COMPETENCIA.-Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 197 de la Ley de Amparo, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima conveniente interrumpir y modificar en la parte relativa, la jurisprudencia ‘AMPARO INDIRECTO, RESULTA IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE COMPETENCIA (INTERRUPCIÓN Y MODIFICACIÓN EN LA PARTE RELATIVA, DE LA TESIS JURISPRUDENCIAL NÚMERO 166, VISIBLE EN LAS PÁGINAS 297 Y 298, SEGUNDA PARTE, DE LA COMPILACIÓN DE 1917 A 1988).’, para sustentar como nueva jurisprudencia, que conforme a la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto establecida en el artículo 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 114, fracción IV, de la referida Ley de Amparo, el juicio constitucional indirecto es procedente, de manera excepcional y aun tratándose de violaciones formales, adjetivas o procesales, contra la resolución que desecha la excepción de incompetencia por declinatoria, porque se considera que en esta resolución se afecta a las partes en grado predominante o superior, ya que de ser fundada se deberá reponer el procedimiento, lo que traería como consecuencia retardar la impartición de justicia contrariando el espíritu del artículo 17 constitucional."(4)
"INCOMPETENCIA. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE UNA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE QUE DESECHA O ESTIMA INFUNDADA ESA EXCEPCIÓN.-Con fundamento en el artículo 197 de la Ley de Amparo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación modifica la jurisprudencia 2a./J. 19/99, de rubro: ‘COMPETENCIA. LA RESOLUCIÓN DE UNA JUNTA FEDERAL O LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, QUE DECLARA IMPROCEDENTE ESA EXCEPCIÓN, SÓLO SE PUEDE IMPUGNAR EN AMPARO DIRECTO Y NO EN EL INDIRECTO.’, para sustentar que conforme a la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto establecida en el artículo 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 114, fracción IV, de la referida ley, dicho juicio procede, excepcionalmente y aun tratándose de violaciones formales, adjetivas o procesales, contra la resolución que desecha o estima infundada la excepción de incompetencia en el juicio laboral, porque se considera que en esta resolución se afecta a las partes en grado predominante o superior, ya que de ser fundada dicha defensa, deberá reponerse el procedimiento, lo que trae como consecuencia retardar la impartición de justicia, contrariando el espíritu del artículo 17 constitucional."(5)
Ha de advertirse que, incluso, en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, se determina la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos por los que se decline la competencia de un asunto, sin esperar a que la otra autoridad -ante quien se declinó- se pronuncie sobre si la acepta o no.
Cierto que en forma expresa el referido ordenamiento no alude al supuesto referente a la determinación de una autoridad de sostener su competencia para conocer de un asunto, pues sólo se alude a que la autoridad determine inhibirse o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, sin embargo, este órgano colegiado de circuito ha sostenido el criterio relativo a que el derecho de recibir una impartición de justicia por parte de una autoridad competente, forma parte del debido proceso del que es merecedora toda persona que se encuentre sometida a la potestad de un órgano jurisdiccional; habida cuenta que en ese proceso, al margen de que se trate de una persona moral oficial, ésta se encuentra subordinada a esa jurisdicción y, a la vez, en un plano de igualdad frente a su contraparte. Se explica:
La circunstancia de que en el acto reclamado la autoridad responsable sostuvo su competencia para conocer del asunto, como lo consideró el juzgador federal, en apariencia supondría que no colma el supuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto a que se refiere la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, que dice:
"El amparo indirecto procede:
"...
"VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, y"
Sin embargo, aplicar el criterio gramatical de interpretación -con base en el argumento semántico- a las palabras "procedencia", "inhibir", "declinar" y "competencia", aisladamente, es insuficiente para conocer el verdadero sentido de esa porción normativa.
Ahora, el segundo párrafo del artículo 14 constitucional dispone que la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho. En relación con dicha porción constitucional, el Máximo Tribunal Judicial de la Nación ha sostenido que en ella se constriñe al juzgador a buscar la solución del problema que se le presente, considerando en primer lugar lo dispuesto expresamente en el ordenamiento jurídico correspondiente, según el contenido de la tesis 1a. LXXII/2004,(6) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece:
"INTERPRETACIÓN DE LA LEY. SI SU TEXTO ES OSCURO O INCOMPLETO Y NO BASTA EL EXAMEN GRAMATICAL, EL JUZGADOR PODRÁ UTILIZAR EL MÉTODO QUE CONFORME A SU CRITERIO SEA EL MÁS ADECUADO PARA RESOLVER EL CASO CONCRETO.-De acuerdo con el cuarto párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el órgano jurisdiccional, al resolver la cuestión jurídica que se le plantee, deberá hacerlo conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley y, a falta de ésta, se fundará en los principios generales del derecho. En este sentido, los juzgadores no están obligados a aplicar un método de interpretación específico, por lo que válidamente pueden utilizar el que acorde con su criterio sea el más adecuado para resolver el caso concreto. Sin embargo, en principio deberá utilizarse el literal, pues como lo establece el propio precepto constitucional, los fallos judiciales deberán dictarse ‘conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley’, con lo que se constriñe al juzgador a buscar la solución del problema que se le presente, considerando en primer lugar lo dispuesto expresamente en el ordenamiento jurídico correspondiente."
Así, conforme con el texto de la tesis en cita, la redacción estrictamente literal del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, no proporciona la solución del caso concreto, pues tal porción normativa sólo establece que "El amparo indirecto procede: ... VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto"; empero, su literalidad no permite conocer qué se entiende por "inhibir" y "declinar". Así que, contrario a lo señalado por el juzgador federal, el método estrictamente literal no es apto para fincar la solución.
Entonces, dada la vaguedad que pudiera atribuírsele al vocablo inserto en la porción normativa en cuestión, se considera necesario acudir a una interpretación conforme al criterio gramatical, por ser éste el más cercano a la literalidad de aquélla.
Por ello, en aplicación del argumento semántico, se hace necesario identificar qué debe entenderse por "procedencia", "inhibir", "declinar", "competencia", "conocimiento".
Desde el uso ordinario tenemos que el Diccionario de la Lengua Española,(7) define las palabras como sigue:
"...Procedencia. (Del lat. Procëdens, entis, procedente). ... 4. Der. Fundamento legal y oportunidad de una demanda, petición o recurso."
"...Inhibir. (Del lat. Inhibëre) tr. Impedir o reprimir el ejercicio de facultades o hábitos. 2. Der. Decretar que un Juez no prosiga en el conocimiento de una causa por no ser de su competencia. 3. Med. Suspender transitoriamente una función o actividad del organismo mediante la acción de un estímulo adecuado. U. t. c. prnl. 4. P. us. Prohibir, estorbar, impedir. U. t. c. prnl. 5. Prnl. Abstenerse, dejar de actuar. 6. Echarse fuera de un asunto o abstenerse de entrar en él o de tratarlo."
"...Declinar. (Del lat. Declinäre) tr. Rechazar cortésmente una invitación. 2. Gram. En las lenguas con flexión casual, enunciar las formas que presenta una palabra como manifestación de los diferentes casos. 3. Intr. Inclinarse hacia abajo o hacia un lado u otro. 4. Decaer, menguar, ir perdiendo en salud, inteligencia, riqueza, lozanía, etc. 5. Dicho de una cosa: Caminar o aproximarse a su fin y término. Declinar el Sol, el día. 6. Ir cambiando de naturaleza o de costumbres hasta tocar en extremo contrario. Declinar de la virtud en el vicio del rigor, en la debilidad. 7. ant. Reclinar."
"...Competencia. (Del lat. Compëtens; cf. competente) ... 3. Atribución legítima a un Juez u otra autoridad para el conocimiento o resolución de un asunto."
Conceptos que se reiteran desde el uso técnico jurídico, pues así deriva de lo que al respecto señala José Ovalle Favela (2001).(8)
De donde se sigue que, partiendo tanto del uso ordinario como del lenguaje técnico jurídico, los vocablos "procedencia", "inhibir", "declinar" y "competencia" en el ámbito jurisdiccional, puede entenderse que el juicio de amparo indirecto tiene fundamento cuando se pida contra actos de autoridad que traten de la abstención del conocimiento del asunto o negocio y se remita a otro, derivada de la falta de atribución legítima a un Juez u otra autoridad para el conocimiento o resolución de un asunto.
Por tanto, el método gramatical de interpretación -con base en el argumento semántico- aplicado a las palabras "procedencia", "inhibir", "declinar" y "competencia" de forma aislada, deriva insuficiente para conocer el verdadero sentido de la porción normativa que nos ocupa.
Así, el precepto en cita -como aparece de su transcripción- contiene dos enunciados jurídicos diferentes que se encuentran unidos por dos puntos, cuya función es únicamente la de enlistar y ordenar las oraciones que integran el párrafo que conforma dicho numeral; por lo que los vocablos de que se trata, que están contenidos en esos enunciados, no pueden examinarse en forma aislada o separada, sino en la composición en que se encuentran inmersos, pues todos los elementos lingüísticos que la componen forman una unidad que expresa un sentido determinado y, visto de este modo, dicha porción normativa hace procedente el juicio constitucional en contra de cualquier decisión jurisdiccional concerniente a la competencia, sea que:
a) Se inhiba de conocer del asunto;
b) Decline su competencia a favor de otra autoridad; o bien,
c) Que determinen que sí debe conocer del asunto.
Esta última hipótesis se desprende, en principio, de la apreciación gramatical de la norma, que permite ser leída en el sentido de que la forma verbal "determinen" se refiere a que el tribunal obre en cualquiera de los tres sentidos antes precisados. O sea, que la norma puede válidamente ser entendida de la siguiente forma: El amparo indirecto procede contra actos de autoridad que determinen el conocimiento de un asunto.
Ahora, en forma concomitante a la anterior intelección gramatical de la norma, la conclusión de este Tribunal Colegiado de Circuito se orienta al tener presente la suma preponderancia que tiene en nuestro orden constitucional el que cualquier acto de autoridad sea emitido por una autoridad competente, pues tal mandato es el que da estructura a un sistema constitucional de derecho, en el que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley expresamente les faculta.
De modo que una resolución de índole competencial, cualquiera que sea su sentido, es susceptible de incidir y afectar el derecho de ser juzgado por una autoridad competente, por lo que no sería razonable estimar que sólo son susceptibles de ser atacadas en amparo indirecto las resoluciones que inhiban o declinen la competencia, y no las que determinen que el órgano asumirá el conocimiento del asunto; cualquiera de ellas es susceptible de trastocar el derecho de ser juzgado por una autoridad competente y, por ende, de producir una afectación que torna procedente el juicio de amparo indirecto, sobre todo cuando la violación procesal es relevante como es el caso de la cuestión competencial, ya en sentido positivo ya en sentido negativo.
Lo anterior dado que no sólo la determinación en sentido negativo -inhibición o declinatoria- implica una afectación relevante como violación al procedimiento, sino también la determinación en sentido positivo, esto es, cuando se asume competente, por cuanto que obliga a una de las partes a presentarse y defenderse ante una autoridad jurisdiccional respecto de la que no le reconoce competencia y la que, incluso, le puede aplicar una normatividad jurídica que tampoco le es aplicable.
Dicha consideración ha sido realizada por la Segunda Sala de la Suprema Cortes de Justicia de la Nación, al sostener que las resoluciones en las que se determina asumir la competencia constituyen un acto de imposible reparación en razón de que en ella se establece cuál es la naturaleza del negocio y, por ende, las leyes aplicables para su tramitación.
Así, cuando la autoridad jurisdiccional determine asumir la competencia al declarar infundada dicha excepción, se obligará a una de las partes a presentarse y defenderse ante una autoridad jurisdiccional respecto de la que no le reconoce competencia; y, de igual manera, dicha determinación puede involucrar a órganos jurisdiccionales de distinto régimen, como lo es en el presente caso, una Junta Local de Conciliación y Arbitraje y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Luego, al decidir cuál es el órgano jurisdiccional competente, implícita y automáticamente se determina cuál es la legislación aplicable, lo que incide directamente en el procedimiento que habrá de seguirse y la resolución de fondo que deba dictarse; cuestión que, incluso, trasciende en los medios de impugnación que eventualmente las partes pueden hacer valer sobre el laudo que se emita, así como el órgano jurisdiccional que habrá de resolverlos.
Sustenta lo anterior, el criterio emitido en la tesis 2a. CXI/98, por la Segunda Sala del Máximo Tribunal de nuestro país, de contenido literal:
"COMPETENCIA ENTRE UNA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE Y EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. LA RESOLUCIÓN QUE LA DIRIME ES DE EJECUCIÓN IRREPARABLE, PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO.-La resolución que pone fin a una competencia entre una Junta de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, es un acto dentro del juicio que ocasiona un perjuicio de imposible reparación, en razón de que en ella se establece cuál es la naturaleza del negocio y por ende, las leyes aplicables para su tramitación y resolución, pues si se resuelve a favor del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, la aplicable será la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, pero si se estima competente a la Junta de Conciliación y Arbitraje, se aplicará la Ley Federal del Trabajo, lo que significa que no se trata de un asunto jurisdiccional sino competencial, que debe combatirse a través del amparo indirecto y no por medio del amparo directo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo. Ello no significa interrupción o modificación de la jurisprudencia 23/91 sustentada al resolver la contradicción de tesis número 18/90 visible en la página 37, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, porque ésta resulta aplicable cuando la cuestión de competencia es jurisdiccional y se suscita entre las Juntas de Conciliación de Arbitraje (federal y local), cuenta habida que cualquiera que conozca del asunto se someterá al procedimiento establecido en la Ley Federal del Trabajo."(9)
Asimismo, y en relación con el tema de competencia, este Tribunal Colegiado de Circuito ha emitido el criterio plasmado en la tesis XI.1o.A.T.17 K (10a.), en el que sostiene que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de tales resoluciones, sin necesidad de aguardar a que la autoridad a la que se declinó la competencia, se pronuncie sobre si la acepta o no. Dicha tesis es del tenor:
"-El artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, determina la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos por los que se decline la competencia de un asunto, sin esperar a que la otra autoridad -ante quien se declinó- se pronuncie sobre si la acepta o no. Lo anterior se concluye, pues, por una parte, aplicar el criterio gramatical de interpretación -con base en el argumento semántico- a las palabras ‘procedencia’, ‘inhibir’, ‘declinar’ y ‘competencia’, aisladamente, es insuficiente para conocer el verdadero sentido de esa porción normativa y, por otra, no hay razón para afirmar que hasta que la autoridad ante quien se declinó la competencia emita la resolución respectiva se verá si se ocasiona agravio o no al quejoso, ya que la misma razón que existe para determinar procedente el amparo indirecto en el caso en que se desecha o declara improcedente la excepción de incompetencia, la hay en aquellos supuestos en los que se considera procedente, debido a que en ambos el particular tendrá que esperar a que la autoridad que declinó su competencia envíe los autos a la que estimó competente para conocer del juicio de donde emerge el acto reclamado, así como a que ésta emita la resolución correspondiente, en el sentido de aceptarla o rechazarla, lo que daría margen a que se suscite un conflicto competencial e implicaría un retardo en la impartición de la justicia."(10)
En las relatadas condiciones, al resultar fundados los agravios planteados, sin que se hubiese invocado alguna otra causal de improcedencia y sin que este órgano colegiado advierta alguna otra de oficio, con fundamento en el artículo 93, fracción VI, de la Ley de Amparo, procede dictar la resolución correspondiente con base en los conceptos de violación omitidos por el Juez de Distrito.(11)
SÉPTIMO.-Síntesis del acto reclamado.
La Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado declaró improcedente el incidente de incompetencia por declinatoria promovido por el representante legal del Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación y, como consecuencia, sostuvo su competencia para conocer y resolver del asunto, al considerar, en síntesis:
i. La litis consistía en determinar si resultaba competente para seguir conociendo del juicio o, en su defecto, resultaba incompetente.
ii. A fin de determinar la procedencia o improcedencia del incidente, procedió al estudio de las constancias de autos, para obtener:
ii.a El veinte de septiembre de dos mil doce, **********, promovió demanda laboral contra actos de **********, y/o **********, y/o ********** y/o ********** y/o quien resulte responsable de la fuente de empleo con domicilio en **********, y/o **********, de quienes reclamó el pago de la indemnización constitucional, con motivo de un despido injustificado ocurrido el quince de septiembre de dos mil doce;
ii.b Mediante proveído de veintisiete de septiembre de dos mil doce, se radicó la demanda y se señaló el cuatro de diciembre de dos mil once, para el desahogo de la audiencia prevista por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo;
ii.c Llegada la data señalada, no fue posible la celebración de la audiencia de ley al no haberse emplazado a la parte demandada; asimismo, se tuvo al actor ampliando la demanda en contra de **********, así como precisando como domicilio para el emplazamiento el ubicado en **********;
ii.d Mediante comparecencia de nueve de enero de dos mil trece, el actor desistió lisa y llanamente de la demanda entablada en contra de **********, y/o **********, ampliando la demanda contra actos del Poder Judicial de la Federación; asimismo, se dejó insubsistente la fecha señalada para la celebración de la audiencia trifásica y señaló como nueva data para ese efecto el veintiocho de febrero de dos mil trece;
ii.e Llegada la fecha indicada con antelación, comparecieron el actor así como el codemandado Poder Judicial de la Federación. El actor amplió su demanda contra aquél y desistió respecto de **********, y/o **********. Se señaló el quince de mayo de dos mil trece, para el desahogo de la audiencia trifásica;
ii. f El quince de mayo de dos mil trece, el apoderado jurídico del Consejo de la Judicatura Federal interpuso incidente de incompetencia por declinatoria, a fin de que se remitieran las constancias del juicio a la Suprema Corte de Justicia de la Nación;
iii. El referido incidente fue admitido el siete de octubre de dos mil trece;
iv. El incidentista argumentó, entre otros hechos, los siguientes:
iv.1 En el caso se actualiza la hipótesis prevista
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25696-0c074e49/amparo-indirecto-procede-conforme-al-articulo-107-fraccion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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