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Modo: Corpus Pro

PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. LA LEY FEDERAL RELATIVA NO VIOLA EL DERECHO A LA LIBERTAD DE TRABAJO Y DE COMERCIO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 713/2014. · Registro digital (IUS): 25755
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2015-08-07
Promovente: —
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I , Pág. 817.

AMPARO EN REVISIÓN 713/2014. 4 DE FEBRERO DE 2015. CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS JUAN N. SILVA MEZA, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIOS: MIGUEL ÁNGEL BURGUETE GARCÍA Y PAOLA YABER CORONADO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción I, inciso e) y 83 de la Ley de Amparo vigente; así como por los artículos 11, fracción V y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y los puntos primero, última parte, en relación con el tercero y cuarto, fracción I, inciso c), del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado el veintiuno de mayo de dos mil trece, en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor al día siguiente; lo anterior, en atención a que se interpuso contra una resolución dictada en la audiencia constitucional de un juicio de amparo indirecto, en el que se planteó la inconstitucionalidad de diversos artículos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su reglamento y las reglas de carácter general a las que se refiere dicha legislación. Asimismo, se estima innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

SEGUNDO.-Oportunidad. No se verifica la oportunidad de la interposición del recurso de revisión principal, ni del recurso de revisión adhesivo, en virtud de que el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décimo Primera Región, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, ya comprobó este punto conforme a lo dispuesto en el punto noveno, fracción I, del Acuerdo General Plenario 5/2013.(1)

TERCERO.-Legitimación. El recurso de revisión principal y la revisión adhesiva fueron interpuestos por personas facultadas para ello.(2)

CUARTO.-Fijación de la litis. El Tribunal Colegiado que inicialmente conoció de este recurso, declaró fundado el único agravio formulado por el recurrente, en el que impugnó el sobreseimiento decretado en el juicio de amparo.

En ese sentido, en esta instancia subsiste el problema de constitucionalidad de los artículos 2, 17, primer párrafo, fracciones IV y XV; penúltimo párrafo; 18, 21, 22, 23, 24, 25, 32, primer párrafo, fracción I; 38 y 39 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; 1, 5, último párrafo, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 20, 24, 31, 42, 43, 44, 46 y 47 del Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; 1, 4, 5, 24 y 31 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

QUINTO.-Conceptos de violación. En su escrito de demanda de amparo, la quejosa planteó respecto a los problemas de regularidad constitucional, en lo medular, lo siguiente:

Primer concepto de violación.

• Los artículos 2, 17, primer párrafo, fracciones IV y XV; penúltimo párrafo; 18, 21, 22, 23, 24 y 25 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; 1, 5, último párrafo, 7, 10, 12, 13, 14, 15 y 20 del Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; 1, 4, 5 y 24 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, violan los derechos de legalidad, fundamentación y motivación, certeza y seguridad jurídica, en virtud de que:

• Obligan a los particulares a recabar, obtener, y comunicar información para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren supuestamente recursos de procedencia ilícita, lo que es facultad exclusiva de las autoridades y no pueden ser llevadas a cabo por los gobernados, además de que son actos de molestia que no se encuentran contenidos en un mandamiento escrito fundado y motivado.

• Los artículos 32, primer párrafo, fracción I; 38 y 39 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; 42, 43 y 44 del Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita violan los derechos de legalidad, fundamentación y motivación, certeza y seguridad jurídica, en virtud de que:

• Prohíben la liquidación o pago a través de monedas y billetes, en moneda nacional o divisas y metales preciosos con motivo de la constitución o transmisión de derechos reales sobre bienes inmuebles, cuyo valor sea igual o exceda de un valor igual a $540,002.25, lo que limita la utilización del peso que es la unidad del sistema monetario mexicano y cuya circulación de billetes autoriza la propia legislación monetaria (artículos 1o., 2o., 4o. y 7o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos).

Segundo concepto de violación.

• Los artículos 17, primer párrafo, fracciones IV y XV; penúltimo párrafo de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; 24 y 31 del Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita violan en perjuicio de la quejosa los derechos de igualdad, en virtud de que:

• Señala que tanto la quejosa como cualquier persona que realice los actos enumerados en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, deben encontrarse en igualdad de circunstancias frente a la ley de la materia y ser tratados por la norma de la misma manera sin privilegios o discriminaciones de cualquier tipo, ahora bien, estima la quejosa que las normas impugnadas son violatorias de sus derecho, porque otorgan beneficios y privilegios desiguales y por ende discriminatorios, porque excluye de la obligación de dar los avisos correspondientes a quienes realicen operaciones de mutuo o garantía, de otorgamiento de préstamos o créditos por un monto menor a (ciento ocho mil pesos 45/100 M.N.) y obliga a dar avisos a quienes realicen estas mismas actividades, a partir del monto en mención, lo anterior sin una justificación, lo que a su decir resulta un trato inequitativo, pues el trato desigual tiene su punto de partida únicamente en el monto de las actividades, lo que resulta ajeno a un trato igualitario.

Tercer concepto de violación.

• Sostiene que el artículo 21 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, es violatorio de la garantía de libertad de trabajo bajo la siguiente consideración:

• Dicha porción normativa impide o limita en forma total a la quejosa para realizar actos u operaciones con aquellos clientes o usuarios que se nieguen a proporcionar información y documentación para el cumplimiento de las obligaciones que establece la ley, por consiguiente, los actos u operaciones de mutuo, de garantía o de préstamos o créditos, con o sin garantía y los actos u operaciones que constituyan derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles que realice la quejosa, si bien son completamente lícitos en términos del artículo 5o., lo cierto es que, la norma impugnada no puede vedarle el derecho a desarrollar libremente su trabajo, en consecuencia, al hacerlo, se violenta en su perjuicio la libertad de trabajo contenida en la Constitución.

SEXTO.-Consideraciones de la sentencia de amparo. Las consideraciones de la Juez de Distrito fueron las siguientes:

• En el considerando sexto, analizó las causas de improcedencia propuestas por las autoridades responsables y sobreseyó en el juicio de amparo respecto de los artículos 21 y 35 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, respecto de los que no acreditó la quejosa la existencia de un acto de aplicación, por lo que concluyó que se actualizó la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo.

• En el considerando séptimo estableció que no sería materia de estudio el tercer concepto de violación relativo a la violación específica del artículo 5o. constitucional, pues combate la constitucionalidad del artículo 21 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, respecto del cual se sobreseyó al no acreditarse el acto de aplicación.

• Calificó como infundados los argumentos formulados por la quejosa, ya que de la lectura de los artículos que por esa vía se impugnaron y respecto de los cuales sostiene que no especifica en qué casos se pudiera tratar de operaciones con recursos de procedencia ilícita, es preciso señalar que la ley claramente establece aquellas operaciones que son consideradas como vulnerables, de ahí lo infundado de su concepto, pues la ley sí establece los casos en que se trata de actividades vulnerables e incluso cuándo son objeto de aviso.

Por otro lado, los consideró inoperantes porque se sustentan en aspectos ya desestimados, especialmente en cuanto a la distinción que se realiza por la ley respecto de los montos necesarios para considerar actividades vulnerables, pues en este caso, la quejosa únicamente demostró su interés jurídico para impugnar las fracciones IV y XV del artículo 17; porción normativa que no establece montos para considerar actividades vulnerables, sino únicamente que deberá dar aviso de ellas en todos los casos en que se lleve a cabo.

Además, se estimó que contrario a lo aducido por la quejosa cualquier requerimiento que se le formule, no vulnera su seguridad jurídica, pues esto deriva de una situación particular que, en su caso, pudiera darse en contra de la moral promovente, lo que implicaría la ilegalidad del acto, no así de los preceptos legales en que se sustente.

Por otro lado, se estimó infundado el argumento en el que la moral quejosa sostiene, que los artículos que por esta vía impugna atentan contra el contenido del artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala que a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siempre que sean lícitos, pues le impone cargas excesivas, lo anterior, al considerar que, tanto la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, como su reglamento, se expidieron en beneficio de un interés general, pues debe prevalecer la protección al sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional, que tenga como fines recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los relacionados con estos últimos, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento, prevaleciendo en todo momento el bienestar general.

Además, precisa la juzgadora que, la quejosa se duele de una afectación económica, no así jurídica, y si bien es cierto que la ley reclamada eventualmente le pudiera representar un perjuicio en ese sentido, por la implementación de las medidas que refiere, también lo es que, ello no pone de relieve que el agravio sea de tipo jurídico, sino de naturaleza económica, por lo que su argumento no puede ser analizado en el contexto del derecho y, en consecuencia, resulta inoperante.

Aunado a lo anterior, sostuvo que el planteamiento relativo a que las normas tildadas atentan contra su libertad de trabajo, deviene inoperante, pues, tal como se precisó, la intención del legislador es la de dotar al país de instrumentos suficientes para el combate de la delincuencia a través de mecanismos que permitan a las autoridades prevenir y detectar aquellas operaciones llevadas a cabo con recursos de procedencia ilícita o tendentes a financiar actos de terrorismo y, colocar al país entre aquellas jurisdicciones que cuentan con los sistemas de prevención más desarrollados en el tema, cumpliendo así con los compromisos internacionales, lo cual constituye la justificación legal y, además, permite que la retribución sea de carácter general, al propiciar un ambiente adecuado para el desarrollo de todas las actividades comerciales.

Finalmente, por lo que respecta a la limitación que la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, como su reglamento, realizan para aceptar el uso de moneda de curso legal, contraviniendo lo señalado en la Ley Monetaria, así como en el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estima que no se refiere a una generalidad de operaciones, sino únicamente a aquellas actividades que se estiman vulnerables, ya que la forma, precisamente, que tiene la delincuencia de evadir las obligaciones fiscales, así como realizar el uso de la obtención de sus recursos es mediante el pago directo en moneda de curso legal, situación que como se ha podido advertir de la exposición de motivos es una de las cuestiones esenciales sobre las que descansa la ley, razón por la cual no debe ser motivo de vulneración de garantía alguna, ya que se puede realizar el pago de las operaciones por medio de otras formas de liquidación o pago, que sí son permitidas en la operación de actividades vulnerables.

SÉPTIMO.-Conceptos de agravio de la recurrente principal. Inconforme con el fallo anterior, la quejosa interpuso recurso de revisión, en el que hizo valer respecto al análisis de constitucionalidad, los siguientes agravios:

• Aduce la recurrente que la sentencia adolece de violación a los principios de exhaustividad y congruencia al negar el amparo solicitado.

Lo anterior, porque la Juez a quo resolvió en el considerando séptimo, no analizar el tercer concepto de violación esgrimido por la quejosa en su demanda de garantías, ya que según su equivocada apreciación, se sobreseyó respecto del citado artículo al no acreditarse el acto de aplicación del mismo, pero en el mismo considerando procede a analizar parcialmente el mismo, lo cual es una muestra de la incongruencia de la sentencia reclamada.

En el citado concepto de violación, la quejosa señaló medularmente que las disposiciones tildadas de inconstitucionales eran violatorias del artículo 5o. constitucional, ya que se limitaba el derecho fundamental, que tiene cualquier persona a dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos.

Se manifiesta que existe incongruencia en la sentencia, ya que al inicio del considerando séptimo se señala que no se analizará el concepto de violación tercero de la demanda de garantías ya que se sobreseyó respecto del artículo 21 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y, por tanto, no se podía atender el argumento relacionado con la violación al artículo 5o. constitucional y en el mismo considerando efectuó un análisis relacionado con el concepto de violación tercero de la demanda de garantías, por lo que a su decir resultó incongruente.

• Asimismo, señaló que la sentencia es incongruente al establecer que no existió una afectación jurídica para la quejosa, sino una mera afectación económica, ya que tal como se ha señalado en el presente recurso y como se señala en el amparo de origen, con los ordenamientos considerados inconstitucionales y con su aplicación, se modifica la esfera jurídica de la quejosa, se le obliga a darse de "alta" ante la autoridad, a soportar visitas de inspección, a recabar información y documentación de sus clientes, a coadyuvar con las autoridades en tareas que no le son propias, a archivar los documentos de sus clientes y una infinidad de circunstancias ya señaladas, que demuestran que la afectación es claramente jurídica y debe ser resuelto el fondo del asunto.

• Aduce omisión en el estudio y resolución del primer concepto de violación expresado en la demanda, ello porque en el concepto de violación señalado como primero de la demanda de garantías en que se actuó, en específico expresado en las páginas 16 a 26 de la misma, adujo violación a los derechos de legalidad, fundamentación y motivación, seguridad y certeza jurídica.

Sin embargo, de la lectura de la sentencia no se advierte en ninguna de sus partes, el que la Juez analizara lo expuesto por la quejosa en el concepto de violación identificado como primero de la demanda de garantías primigenia.

• Alega además, violación por incongruencia de la sentencia con la litis constitucional, entre los hechos señalados en la demanda de amparo, las pruebas aportadas en el juicio y el considerando séptimo, en su parte media, ello porque la sentencia recurrida, argumenta en perjuicio de la quejosa, fijando como premisa distorsionada que mi representada realiza una actividad vulnerable de prestación de servicios, lo cual significa violentar la litis constitucional sin atender los hechos señalados en la demanda que fueron demostrados en juicio con las pruebas que la propia agraviada rindió, con lo cual se viola en su perjuicio lo dispuesto por los artículos 74, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Amparo en vigor, así como 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por indebida fundamentación y motivación.

Continúa señalando, que la litis constitucional reside en que las actividades de la quejosa son coincidentes con las calificadas por la ley reclamada como vulnerables en el artículo 17, fracciones IV y XVII, pero nunca la referida por el a quo en la sentencia recurrida como la fracción XI, por lo que es evidente que la Juez emitió una sentencia que causa agravio a la recurrente, ya que la misma no cumple con los principios de exhaustividad y congruencia que toda sentencia debe respetar.

• Por lo que hace a la violación del derecho humano de igualdad, señala la recurrente que la sentencia recurrida incurre en incongruencia con la litis constitucional planteada por la quejosa, pues para nada se refiere a la manifiesta desigualdad de trato que la ley establece, con base en el criterio del monto de la operación, mismo que resulta injustificado y no razonable.

• Continúa aduciendo violación de los principios de congruencia, exhaustividad y debida fundamentación, y motivación de la sentencia de amparo, respecto de lo expuesto por el apartado B), del primer concepto de violación, donde expresó que los artículos 32, primer párrafo, fracción I; 38 y 39 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y 42, 43 y 44 de su reglamento, son violatorios de los derechos humanos de legalidad, seguridad y certeza jurídicas en perjuicio de la quejosa, dado que prohíben aceptar el pago de las prestaciones jurídicas a que tengan derecho sus clientes o usuarios, cuando éstos se hagan en efectivo, siendo que, de conformidad con el artículo 28 constitucional; 1o., 2o., 4o. y 7o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos y 1 de la Ley del Banco de México, las obligaciones de pago de cualquier suma en moneda mexicana, se denominarán en pesos y, en su caso, en sus fracciones y se solventarán mediante la entrega, por su valor nominal, de billetes del Banco de México o monedas metálicas de curso legal.

Lo anterior, porque el concepto de violación que nos ocupa, no fue estudiado por el a quo en los términos expresados en su demanda de amparo, por lo cual se violaron en su perjuicio los principios de congruencia, exhaustividad y debida fundamentación y motivación que rigen a dicha sentencia.

La afirmación sostenida en el primer párrafo transcrito en el que se afirma que las disposiciones reclamadas no se refieren a una generalidad de operaciones y de que no debe ser motivo de violación de garantías, porque existen otras formas de pago diferentes del numerario de curso legal, es francamente una omisión o elusión a proceder al estudio del concepto de violación planteado, lo cual es manifiestamente una violación al artículo 74, fracción II, de la Ley de Amparo que obliga al juzgador al "análisis sistemático de los conceptos de violación", así como de su fracción IV, que obliga a expresar las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye, en este caso la negativa del amparo, siendo que en modo alguno se cumplió con dichos principios legales.

Y por lo que se refiere al segundo párrafo transcrito, el mismo resulta incomprensible, dado que sostiene que la molestia va dirigida a aquellas personas que pretendan realizar operaciones vulnerables con moneda de curso legal, las cuales deberán ejercer los medios de impugnación; aserto que nuevamente significa la omisión a resolver el concepto de violación cuando la quejosa ha hecho valer este juicio de amparo para que se determine si son o no constitucionales las prohibiciones que al respecto establecen las disposiciones reclamadas.

OCTAVO.-Agravios adhesivos. Las recurrentes adhesivas hicieron valer como agravios respecto a los tópicos de constitucionalidad de normas, los siguientes:

• En el agravio identificado como segundo, los adherentes sostienen que debe confirmarse la sentencia recurrida en razón de que como acertadamente lo señaló la Juez, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita no resulta violatoria de las garantías de fundamentación y motivación, al haber sido emitida por un proceso legislativo que justificó plenamente su implementación.

Lo anterior, porque las recomendaciones del GAFI, constituyen un esquema de medidas que los países deben poner en práctica con el fin de combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.

En este sentido, la garantía de fundamentación y motivación legislativa, se satisface cuando el Congreso que expide la ley constitucionalmente esté facultado para ello y cuando las leyes que emite se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas.

Ahora bien, respecto a la motivación, la ley fue creada con la finalidad de establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, en virtud de la imperiosa necesidad del Estado de incorporar mecanismos que ayuden a la prevención de delitos.

En efecto, la ley establece un marco jurídico que ayuda a prevenir la comisión de delitos federales, en razón de la imperiosa necesidad de fortalecer las instituciones que tienen la encomienda de velar por la seguridad y tranquilidad de los mexicanos.

Asimismo, para la creación de la ley, tal y como se desprende de la exposición de motivos, se consideraron las rondas de diálogos que se sostuvo en materia de seguridad con representantes de diversos sectores de la sociedad, para hacer frente a la delincuencia.

Conforme a lo anterior, contrario a lo aducido por la quejosa, la ley impugnada no obstante de no contener en su totalidad las recomendaciones emitidas por el GAFI, se encuentra debidamente fundada y motivada, por lo que lo procedente es que previo a los trámites de ley se niegue el amparo a la quejosa.

• Resulta infundado el concepto de violación de la quejosa en el que argumenta violaciones al principio de igualdad, pues arguye que los artículos 17, primer párrafo, fracciones IV y XV; penúltimo párrafo; 18, 22, 24, 32, primer párrafo, fracción I, 38 y 39 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, 1, 5, último párrafo, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 20, 24, 31, 42, 43, 44, 46 y 47 del Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; 1, 4, 5, 24 y 31 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, sólo obliga a algunos gobernados y no así a la totalidad de la población.

De dicho criterio, se tiene que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha destacado que el principio de igualdad puede ser descompuesto en dos principios periciales que facilitan su aplicación: si no hay razón suficiente para la permisión de un tratamiento desigual, entonces está ordenado un tratamiento igual; si hay una razón suficiente para ordenar un tratamiento desigual, entonces está ordenado un tratamiento desigual.

Esto es, la garantía de igualdad tutelada en el artículo 1o. constitucional, no implica un análisis literal de la igualdad de las personas ante la ley, sino que, dicho criterio se encuentra íntimamente relacionado con la situación de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, por lo que, es indispensable indicar los parámetros sobre los cuales descansa la diferencia efectuada por el legislador y si la misma se considera constitucionalmente válida.

En este sentido, resulta de interés señalar que desde el año 2000, México es miembro del GAFI, "Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueamiento de Capitales y Financiamiento al Terrorismo", mismo que en el año 2003 emitió 40 recomendaciones, reconocidas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial como los estándares internacionales para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

Es por ello que la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, responde a la necesidad de implementar medidas que contribuyan el combate al lavado de dinero, a través de la detección y prevención de operaciones que por su condición de vulnerabilidad resultan propicias para este tipo de conductas contrarias al orden público.

En este sentido, resulta importante señalar que la intención del legislador al establecer, en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la obligación de reportar avisos ante la secretaría, fue la de proteger al sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas para prevenir y detectar actos y operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, dichos avisos permitirán recabar elementos útiles para detectar dichas conductas.

Luego bien, dicho ordenamiento jurídico previó tres medidas medulares:

a) Restringir las operaciones en efectivo consideradas de alto valor, mismas que constituyen uno de los principales mecanismos de inversión para la delincuencia organizada.

b) La generación de información a través de reportes a las autoridades administrativas que ayuden a localizar e identificar operaciones ilícitas.

c) La creación de facultades de coordinación entre las autoridades para que éstas puedan generar estrategias para combatir la delincuencia.

En México, existen otros sujetos de naturaleza jurídica diversa a las instituciones financieras, dedicadas a actividades legales que pueden ser utilizados e incluso obligadas por las organizaciones criminales a llevar a cabo procesos de lavado de dinero o financiamiento a la delincuencia organizada.

Estos sujetos corresponden a negocios y profesiones no financieras, que han sido designados por la comunidad internacional como aquéllos más susceptibles a ser empleados por dichas organizaciones criminales, y por tanto, ameritan quedar sujetos a un régimen especial de prevención.

En este sentido, el legislador estableció en la ley un listado de actividades vulnerables realizadas por diferentes actores de la vida económica del país, mismas que, dada la naturaleza de sus diligencias resultan sensibles para la comisión de dichas conductas ilícitas, dentro de las cuales encontramos algunas de las realizadas por el supuesto en el cual se encuentra la quejosa.

Luego entonces, resulta plenamente justificable que el legislador estime necesario que sea objeto de aviso, las actividades realizadas por la hoy quejosa y no así por todos los gobernados pues la intención, es la de recabar información de las actividades vulnerables, que en su momento auxilien las investigaciones pertinentes respecto de conductas ilícitas.

Por tanto, se podrá observar lo infundado de los argumentos de la quejosa, pues ésta no demuestra que se encuentre en un plano de igualdad frente a los supuestos que pretende comparar, pues claramente la distinción medular se encuentra en su situación particular ante las actividades vulnerables que realiza y no así en su condición de gobernado, por lo que, ante lo infundado de sus argumentos, se solicita, se niegue el amparo y la Protección Federal a la quejosa.

NOVENO.-Consideraciones del Tribunal Colegiado de Circuito. El Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décimo Primera Región, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, actuando en apoyo del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en sesión de diecinueve de septiembre de dos mil catorce, dictó sentencia, en la que resolvió lo siguiente:

• En el considerando octavo analizó los agravios formulados en contra del sobreseimiento decretado respecto a los artículos 21 y 25 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, los que estimó fundados en razón de que al tratarse de una norma de carácter autoaplicativa y haber demostrado la quejosa el realizar actividades reconocidas por la ley como vulnerables, en consecuencia no se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo y en consecuencia no se debió sobreseer en el juicio de amparo.

• Por último, en el considerando noveno, se reservó

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25755-79145413/prevencion-e-identificacion-de-operaciones-con-recursos-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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