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Modo: Corpus Pro

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. LA OBLIGACIÓN FORMAL A CARGO DE LAS PERSONAS MORALES DE PRESENTAR AVISOS SOBRE LAS INCORPORACIONES O MODIFICACIONES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, ASOCIADOS Y PERSONAS CON CARGOS SEMEJANTES PREVISTA EN EL ARTÍCULO 27, APARTADO B, FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO TRANSGREDE AQUEL DERECHO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 600/2022. · Registro digital (IUS): 31477
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2023-06-02
Promovente: INVITEK INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 26, Junio de 2023, Tomo V, Pág.4260.

AMPARO EN REVISIÓN 600/2022. INVITEK INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. 15 DE MARZO DE 2023. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, LORETTA ORTIZ AHLF, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: CARLOS ALBERTO ARAIZA ARREYGUE.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al quince de marzo de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el recurso de revisión 600/2022, interpuesto por Invitek Internacional, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra de la resolución dictada(1) por el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región con residencia en Guanajuato, Guanajuato, en el expediente auxiliar 208/2021, en apoyo al Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el expediente número 27/2021.

El problema jurídico a resolver por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en analizar los planteamientos que formula el recurrente en torno a la inconstitucionalidad del artículo 27, apartado B, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. Demanda de amparo indirecto. La persona moral Invitek Internacional, Sociedad Anónima de Capital Variable, presentó demanda de amparo(2) en la que señaló como actos reclamados y autoridades responsables, las siguientes:

"IV. Autoridades responsables:

"Como ordenadoras:

"1. H. Congreso de la Unión, integrado por las siguientes autoridades responsables:

"- La Cámara de Diputados y

"- La Cámara de Senadores;

"2. C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos;

"3. Jefe del Servicio de Administración Tributaria.

"V. Actos que de cada autoridad se reclaman:

"Se le atribuyen a cada autoridad responsable los siguientes actos reclamados:

"1. De la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión la emisión y aprobación de:

"A) El artículo cuarto y único transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, Impuesto al Valor Agregado y del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de diciembre de 2020, específicamente en la parte en que se reforman y adicionan los artículos 5o.-A, último párrafo; 17-F, segundo párrafo (sic); 17-K, fracción I, y segundo párrafo; 22, quinto párrafo, 22-D, primer párrafo, fracción IV; 27, apartado B, fracción VI; 30, tercer a séptimo párrafos; 46, fracción IV, tercer párrafo; 69-C, segundo y tercer párrafos y fracciones I a V; 137, 139 y 141, fracción V.

"2. De la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión la emisión y aprobación de:

"A) El artículo cuarto y único transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, Impuesto al Valor Agregado y del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de diciembre de 2020, específicamente en la parte en que se reforman y adicionan los artículos 5o.-A, último párrafo; 17-F, último párrafo; 17-K, fracción I, y segundo párrafo; 22, quinto párrafo; 22-D, primer párrafo, fracción IV; 27, apartado B, fracción VI; 30, tercer a séptimo párrafos; 46, fracción IV, tercer párrafo; 69-C, segundo y tercer párrafos y fracciones I a V; 137, 139 y 141, fracción V.

"3. Del C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se reclama la sanción y promulgación de:

"A) El artículo cuarto y único transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, Impuesto al Valor Agregado y del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de diciembre de 2020, específicamente en la parte en que se reforman y adicionan los artículos 5o.-A, último párrafo; 17-F, último párrafo; 17-K, fracción I, y segundo párrafo; 22, quinto párrafo, 22-D, primer párrafo, fracción IV; 27, apartado B, fracción VI; 30, tercer a séptimo párrafos; 46, fracción IV, tercer párrafo; 69-C, segundo y tercer párrafos y fracciones I a V; 137, 139 y 141, fracción V.

"4. Del jefe del Servicio de Administración Tributaria:

"A) La emisión de la regla 2.4.19 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2020, así como su ficha de trámite 295/CFF ‘Aviso de actualización de socios, accionistas, asociados y demás personas que forman parte de la estructura orgánica de una persona moral’, del anexo 1-A, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 2021."

2. Admisión de la demanda y trámite del juicio. De la demanda conoció el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México,(3) cuyo titular la admitió y ordenó dar el trámite correspondiente.(4)

3. Audiencia constitucional y remisión de autos. Sustanciado el juicio, el Juez de amparo celebró audiencia constitucional(5) y, hecho ello, remitió el asunto al Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región con residencia en Guanajuato, Guanajuato, a efecto de que dicho órgano dictara la sentencia procedente.(6)

4. Recepción de autos y sentencia. El referido juzgado auxiliar recibió los autos y con ello formó el expediente auxiliar 208/2021,(7) en el cual dictó sentencia(8) en la que resolvió sobreseer en el juicio con base en lo siguiente:

• Son ciertos los actos reclamados pues las normas generales no son objeto de prueba al ser un hecho notorio su existencia dada su publicación en el Diario Oficial de la Federación; ello sin que obste que la Cámara de Diputados omitió rendir su informe con justificación.

• Al analizar los motivos de improcedencia aducidos por las partes, estimó fundado el argumento relativo a que la sola entrada en vigor de los preceptos reclamados no causa perjuicio a la quejosa, pues se trata de disposiciones de carácter heteroaplicativo y, por tanto, que debieron reclamarse a partir de un acto concreto de aplicación.

Para evidenciar lo anterior, transcribió el contenido de los artículos 5o.-A, último párrafo, 17-F, último párrafo, 17-K, fracción I, y segundo párrafo, 22, quinto párrafo, 22-D, primer párrafo, fracción IV, 27, apartado B, fracción VI, 30, tercer a séptimo párrafos, 46, fracción IV, tercer párrafo, 69-C, segundo y tercer párrafos, y fracciones I a V, 137, primer y segundo párrafos, 139 y 141, fracción V, del Código Fiscal de la Federación, reformados y adicionados mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de diciembre de dos mil veinte, así como de la Regla 2.4.19 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021, publicada en el citado medio de difusión el veintinueve de diciembre de dos mil veinte, y de la Ficha de trámite 295/CFF "Aviso de actualización de socios, accionistas, asociados y demás personas que forman parte de la estructura orgánica de una persona moral", del anexo 1-A, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de enero de dos mil veintiuno, y concluyó, en lo que interesa al caso:

- Los artículos 17-F, último párrafo, y 27, apartado B, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación, en relación con la regla 2.4.19 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021 y la ficha de trámite 295/CFF "Aviso de actualización de socios, accionistas, asociados y demás personas que forman parte de la estructura orgánica de una persona moral" del anexo 1-A de dicha resolución miscelánea, disponen:

I. Que quienes determinen el uso de la firma electrónica avanzada como medio de autenticación o firmado de documentos digitales, podrán solicitar al Servicio de Administración Tributaria que preste el servicio de verificación y autenticación de los certificados de firmas electrónicas avanzadas, así como el de la verificación de identidad de los usuarios.

II. La obligación de los contribuyentes personas morales de presentar un aviso en el Registro Federal de Contribuyentes, a través del cual informen el nombre y la clave en el Registro Federal de Contribuyentes de los socios, accionistas, asociados y demás personas, cualquiera que sea el nombre con el que se les designe, que por su naturaleza formen parte de la estructura orgánica y que ostenten dicho carácter conforme a los estatutos o legislación bajo la cual se constituyen, cada vez que se realice alguna modificación o incorporación respecto de éstos, en términos de lo que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, lo cual debe ser proporcionado mediante el formato 295/CFF, dentro de los treinta días siguientes a que se verifique el supuesto correspondiente, según lo establece la regla 2.4.19 de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil veintiuno.

No obstante, en el caso, la quejosa no acredita haber determinado el uso de la firma electrónica avanzada como medio de autenticación o firmado de documentos digitales, ni tampoco demuestra ser un usuario respecto del cual la citada autoridad pueda proporcionar información a terceros; tampoco evidencia estar obligada a presentar aviso ante el Registro Federal de Contribuyentes, en virtud de alguna modificación o incorporación respecto a los socios, accionistas, asociados y demás personas pues, por el contrario, únicamente demuestra el otorgamiento de poderes por parte de la quejosa a favor de diversas personas físicas, que es una persona moral legalmente constituida e inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes y, que, en atención a su actividad económica, tiene a su cargo diversas obligaciones fiscales.

A partir de ello es dable concluir que la individualización de esas normas requiere de un acto concreto de aplicación consistente en la verificación y autenticación de certificados de firmas electrónicas avanzadas y de identidad de los usuarios y de que se actualice algún cambio corporativo en la estructura de la quejosa, por lo que al no existir un acto de aplicación de esas normas, es clara la falta de afectación necesaria para su reclamo y, por ello, procede sobreseer en el juicio.

5. Recurso de revisión principal. Inconforme con dicha sentencia, la parte quejosa interpuso recurso de revisión del cual correspondió conocer del recurso al Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el que se registró con el número 413/2021-III.(9)

6. Recurso adhesivo. El presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos interpuso recurso de revisión adhesiva, el cual en su oportunidad fue admitido por el Tribunal Colegiado de Circuito.(10)

7. Remisión a la SCJN. El Tribunal Colegiado emitió resolución en la que, por una parte, modificó la sentencia recurrida a efecto de sobreseer respecto de los artículos 17-F, último párrafo, 17-K, fracción I, y segundo párrafo, 22, párrafo quinto, 22-D, primer párrafo, fracción IV, 30, párrafos tercero a séptimo, 46, fracción IV, tercer párrafo, 69-C, segundo y tercer párrafos, 137, primer y segundo párrafos, 139 y 141, fracción V, del Código Fiscal de la Federación, declaró infundada la revisión adhesiva y reservó jurisdicción a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación por lo que respecta al artículo 27, apartado B, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación; lo anterior, al estimar, en lo que interesa, lo siguiente:

• Calificó de infundados el primero y segundo agravios de la recurrente principal (relativos a que las normas reclamadas se cuestionaron como parte de un sistema normativo y no así en forma individual); ello porque para estimar que se trata de un sistema es necesario que la eventual inconstitucionalidad de una de ellas, trascienda y afecte al resto de normas, lo que en el caso no sucede, pues lo previsto en cada uno de los artículos combatidos regula distintos aspectos relacionados con múltiples obligaciones en materia fiscal como lo son: contabilidad, notificaciones, interés fiscal y su forma de garantizarlo, así como facultades de las autoridades en la práctica de verificaciones.

• Asimismo, al analizar el tercero de los agravios, desestimó lo expresado en ellos respecto de los artículos 17-F, último párrafo, 17-K, fracción I, y segundo párrafo, 22, párrafo quinto, 22-D, primer párrafo, fracción IV, 30, párrafos tercero a séptimo, 46, fracción IV, tercer párrafo, 69-C, segundo y tercer párrafos, 137, primer y segundo párrafos, 139 y 141, fracción V, del Código Fiscal de la Federación, con lo cual se confirmó el sobreseimiento previamente decretado por el Juez de Distrito.

• No obstante lo anterior, dicho tercer agravio se declaró parcialmente fundado en lo tocante al sobreseimiento respecto del artículo 27, apartado B, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación, este último en relación con la regla 2.4.19 de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil veintiuno y la ficha de trámite 295/CFF; ello porque contrario a lo considerado por el a quo, esas normas son de carácter autoaplicativo porque en ellas se impone una obligación a cargo de los contribuyentes y, en específico, a las personas morales, respecto del envío de avisos en el Registro Federal de Contribuyentes relacionados con la integración y modificación de su estructura orgánica, deber que debe cumplirse a "más tardar el 31 de marzo de 2021" (según la propia ficha reclamada), lo que implica que tal obligación surtió efectos en la esfera jurídica de la inconforme desde que la normativa entró en vigor, pues a partir de entonces, ya se encontraba constreñida a presentar los avisos relativos a su estructura orgánica. Así, se levantó el sobreseimiento decretado en el fallo recurrido respecto de las normas ya indicadas.

• Ante lo fundado en parte del recurso principal se analizaron las causas de improcedencia expresadas en el recurso adhesivo, las cuales se desestimaron al insistir en que las normas reclamadas y por las que se levantó el sobreseimiento, son de naturaleza autoaplicativa, con lo cual se agotó el estudio de dicho recurso accesorio.

• Posteriormente se abordaron las restantes causas de improcedencia vertidas en el juicio y relacionadas con el artículo 27, apartado B, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación, este último en relación con la regla 2.4.19 de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil veintiuno y la ficha de trámite 295/CFF, mismas que se desestimaron al calificarlas de infundadas.

• Finalmente, el Tribunal Colegiado concluyó carecer de competencia para analizar la constitucionalidad de las normas por las cuales subsiste el juicio, ya que se trata de un precepto previsto en la ley federal respecto del cual no existe jurisprudencia que resuelva el problema planteado, ni tampoco precedentes en el mismo sentido resueltos en forma ininterrumpida por las Salas o el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, se precisó que si bien igualmente subsisten los planteamientos de inconstitucionalidad respecto de la regla 2.4.19 de la Resolución Miscelánea Fiscal, así como su ficha técnica 295/CFF; normas respecto de las cuales ese órgano tiene competencia delegada para conocer de los temas de inconstitucionalidad planteados en la demanda, lo cierto es que resulta necesario analizar en primer término, lo relativo al artículo 27, apartado B, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación. Ante ello, se reservó competencia a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación a efecto de resolver los tópicos de su competencia.

8. Admisión en la SCJN. El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación recibió los autos, formó el expediente respectivo, turnó el expediente al Ministro Javier Laynez Potisek y ordenó el envío de los autos a la Segunda Sala.(11)

9. Avocamiento. El Ministro presidente de la Segunda Sala instruyó el avocamiento del presente asunto y ordenó la remisión de los autos al Ministro ponente.(12)

I. COMPETENCIA

10. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente amparo en revisión en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo; y, 21, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente hasta el siete de junio de dos mil veintiuno,(13) en relación con lo previsto en los puntos primero y tercero, del Acuerdo General 1/2023, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de febrero de dos mil veintitrés, sin que resulte necesaria la intervención del Tribunal Pleno.

11. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos.

II. OPORTUNIDAD

12. Resulta innecesario analizar la oportunidad del recurso principal toda vez que dicho presupuesto procesal ya fue estudiado por el Tribunal Colegiado de Circuito remisor, en la resolución de catorce de octubre de dos mil veintidós.(14)

III. LEGITIMACIÓN

13. Tampoco se hace necesario analizar lo concerniente a la legitimación de la parte recurrente pues dicho aspecto ya fue objeto de pronunciamiento en el fallo dictado por el tribunal remisor.(15)

IV. CORRECCIÓN DE INCONGRUENCIA

14. Previo a abordar el estudio de la problemática planteada en la demanda de amparo, esta Segunda Sala estima necesario corregir una incongruencia sucedida en la resolución emitida por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y la cual conduce a sobreseer en el juicio de amparo respecto del artículo 5o.-A, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación, según se explica a continuación.

15. Según se ha explicado oportunamente, en el escrito de demanda de amparo, la parte quejosa señaló como actos reclamados, entre otros preceptos legales, el artículo 5o.-A, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación.

16. En la sentencia de amparo se sobreseyó respecto de dicha norma al estimar que ésta requiere la existencia de un acto concreto por medio del cual se individualicen o materialicen en perjuicio de la parte quejosa los supuestos normativos que contiene, lo cual no se demostró.(16)

17. En contra del sobreseimiento decretado respecto de esa norma, la parte quejosa expuso (mediante el tercer agravio) argumentos encaminados a demostrar la ilegalidad de lo resuelto por el Juez de Distrito, los cuales fueron desestimados por el Tribunal Colegiado de Circuito;(17) sin embargo, en el segundo de los resolutivos de la respectiva resolución se expresó:

"Se sobresee en el juicio de amparo, únicamente, por lo que hace a los artículos 17-F, último párrafo, 17-K, fracción I, y segundo párrafo, 22, párrafo quinto, 22-D, primer párrafo, fracción IV, 30, párrafos tercero a séptimo, 46, fracción IV, tercer párrafo, 69-C, segundo y tercer párrafos, 137, primer y segundo párrafos, 139 y 141, fracción V, del Código Fiscal de la Federación."

18. Como puede advertirse, aunque en la resolución emitida por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito se analizó el agravio expresado en contra del sobreseimiento decretado respecto del artículo 5o.-A, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación y, ante ello, debía confirmarse el sobreseimiento por dicha norma, lo cierto es que ello no se reflejó en el segundo resolutivo de la sentencia dictada por dicho órgano; por ende, esta Segunda Sala procede a corregir tal incongruencia y, por tanto, se sobresee en el juicio de amparo por lo que hace al artículo 5o.-A, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación en términos de lo expuesto y considerado en la resolución emitida por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el recurso de revisión 413/2021. 19. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos.

V. ESTUDIO DE FONDO

V.1. Precisión de la litis.

20. El Tribunal Colegiado remisor analizó los agravios expresados en el recurso principal y sólo estimó fundado lo relacionado con el sobreseimiento decretado respecto del artículo 27, apartado B, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación; por lo tanto, la materia del recurso en esta instancia se limita al estudio de los argumentos de inconstitucionalidad propuestos sobre dicha porción normativa.

21. No escapa a esta Sala que –como lo advirtió el propio Tribunal Colegiado de Circuito–, en el caso, también se reclamó la pretendida inconstitucionalidad de la regla 2.4.19 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021, así como su ficha técnica 295/CFF contenida en el anexo 1-A de esa resolución; sin embargo, si bien es cierto que el estudio de constitucionalidad de esos actos es de la competencia delegada a los Tribunales Colegiados de Circuito por no referirse a aspectos vinculados con leyes federales, lo cierto es que al tratarse de un sistema normativo integrado tanto por esas normas como por lo previsto en el artículo 27, apartado B, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación, el estudio respectivo no puede disociarse; máxime que –como se evidenciará más adelante– la parte quejosa no expone argumentos por vicios propios respecto de las referidas normas, sino que los planteamientos vertidos están dirigidos en forma particular al citado precepto legal y, en su caso, al sistema normativo que de ella deriva.

22. Por lo anterior, esta Segunda Sala reasume su competencia originaria a efecto de analizar en forma conjunta los planteamientos de inconstitucionalidad expresados por la quejosa en contra del sistema normativo compuesto por el aludido precepto legal así como de la regla 2.4.19 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021 y de la ficha técnica 295/CFF contenida en el anexo 1-A de esa resolución; ello a efecto de analizar en forma integral los planteamientos formulados en su contra.

23. Al caso resulta aplicable, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 91/2018 (10a.) de esta Segunda Sala, cuyo rubro es: "AMPARO CONTRA LEYES. EL JUZGADOR FEDERAL ESTÁ FACULTADO PARA INTRODUCIR EN SU SENTENCIA EL ANÁLISIS DE NORMAS QUE NO FORMARON PARTE DE LA LITIS, SIEMPRE Y CUANDO ESTÉN ESTRECHAMENTE RELACIONADAS CON LA MATERIA DE LA IMPUGNACIÓN, POR CONSTITUIR UN SISTEMA NORMATIVO."(18)

24. Cabe precisar que no será objeto de estudio en esta instancia, lo expresado por la autoridad responsable en el recurso de revisión adhesivo interpuesto, porque lo expresado en dicho recurso fue agotado por el tribunal revisor y, al haberse considerado fundado el recurso de revisión principal, simultáneamente se desestimó el recurso adhesivo, por lo que en esta instancia únicamente serán analizados los argumentos de inconstitucionalidad propuestos en la demanda de amparo.

V.2. Estudio del segundo concepto de violación.

25. Conviene traer a colación el contenido del artículo 27, apartado B, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación, por el cual el juicio de amparo se estimó procedente:

(Reformado, D.O.F. 9 de diciembre de 2019)

"Artículo 27. En materia del Registro Federal de Contribuyentes, se estará a lo siguiente:

"A. ...

"B. Catálogo general de obligaciones:

"I. ...

(Reformada, D.O.F. 8 de diciembre de 2020)

"VI. Presentar un aviso en el registro federal de contribuyentes, a través del cual informen el nombre y la clave en el Registro Federal de Contribuyentes de los socios, accionistas, asociados y demás personas, cualquiera que sea el nombre con el que se les designe, que por su naturaleza formen parte de la estructura orgánica y que ostenten dicho carácter conforme a los estatutos o legislación bajo la cual se constituyen, cada vez que se realice alguna modificación o incorporación respecto a éstos, en términos de lo que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general."

26. En contra de dicho precepto legal, la parte quejosa expuso –en el segundo de los conceptos de violación expresados en la demanda de amparo– sustancialmente lo siguiente:

• El artículo 27, apartado B, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación obliga a las personas morales contribuyentes a presentar un aviso o informe con (1) los nombres, (2) registro federal de contribuyentes y (3) movimientos corporativos, de los socios, accionistas y asociados y demás personas, cualquiera que sea el nombre con el que se les designe y que por su naturaleza formen parte de la estructura orgánica de la persona moral, en los términos que prevean las normas de carácter general (materializadas en la regla 2.4.19 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021 y que deberá observar mediante la ficha técnica 295/CFF).

• En la reforma fiscal de dos mil veinte, el legislador intentó incluir ese deber conforme a lo que al efecto se estableciera en el Reglamento del Código Fiscal de la Federación (no así a las normas de carácter general, como sucede ahora), pero en el referido reglamento no se estableció la forma para cumplir tal obligación, por lo que ello no tuvo eficacia.

• Con la reforma fiscal para dos mil veintiuno se reformó el artículo 27, apartado B, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación para quedar con el texto reclamado. A causa de ello, se emitió la regla 2.4.19 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021, en la que se desarrolla la manera de atender a la obligación controvertida, para lo cual se dispone el uso de la ficha técnica 295/CFF, que debe presentarse dentro de los treinta días siguientes a "que se realice el supuesto correspondiente", mientras que conforme al anexo 1-A de la referida Resolución Miscelánea se establecen diversos plazos para presentar tal información.

• El deber de presentar la información indicada (previsto en las normas reclamadas) resulta contrario a lo establecido en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los diversos tratados internacionales suscritos por México en materia de protección de datos personales, así como a la ley de la materia; ello porque:

a) Conforme a la normativa internacional, el tratamiento de datos personales se rige por los principios de pertinencia y finalidad, los cuales permiten conocer la verdadera necesidad y justificación del motivo para obtener cierta información; sin embargo, en el caso, la norma legal reclamada establece el deber de entregar cierta información de terceros sin que esté plenamente justificada la necesidad y la finalidad de la información a entregar; ello pues en la exposición de motivos respectiva no se indicó cuál es el fin o uso que se dará a esa información.

b) La medida reclamada (deber de entregar cierta información de terceros) es contraria a lo previsto en el artículo 8 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y, a causa de ello, se trastoca el derecho a la protección de datos personales establecido en el artículo 6o. de la Constitución Federal; ello porque el legislador perdió de vista que la información que los contribuyentes personas morales deben presentar (nombres y registro federal de contribuyentes) respecto de sus socios, accionistas, asociados y demás personas, cualquiera que sea el nombre con el que se les designe y que por su naturaleza formen parte de la estructura orgánica de la persona moral, son datos personales (de terceros) los cuales requieren del consentimiento previo de los titulares de esa información, sin que en el caso se actualice la excepción prevista en la fracción IV del artículo 10 de la citada ley pues la norma legal reclamada no establece con claridad cuál de los casos de excepción es el que permite a la persona moral contribuyente a presentar información sin el consentimiento previo de los titulares de la misma.

c) Además, el deber de entregar la información que se reclama no exige un mandamiento de autoridad competente emitido en términos del artículo 16 constitucional, mediante el que se justifique la entrega de esa información.

d) Asimismo, la obligación reclamada viola el principio de progresividad de los derechos humanos previsto en el artículo 1o. constitucional, conforme al cual los actos legislativos deben procurar garantizar la mayor protección a los derechos humanos.

27. Ahora bien, como puede apreciarse, la norma reclamada dispone la obligación de las personas morales contribuyentes de presentar un aviso (en los términos que se establezcan mediante Reglas de Carácter General) sobre lo siguiente:

a) Nombre de sus socios, accionistas, asociados y demás personas (cualquiera que sea la denominación asignada) que por su naturaleza formen parte de la estructura orgánica y que ostenten dicho carácter conforme a los estatutos o legislación que les resulte aplicable para su constitución.

b) La clave del registro federal de contribuyentes de las mismas personas.

c) Movimientos corporativos de las mismas personas cada vez que se realice alguna modificación o incorporación de estos.

28. Como puede apreciarse, si bien normativamente existe la obligación formal de las personas morales de presentar avisos con información, lo cierto es que parte de la información que materialmente se entrega no corresponde a datos personales del sujeto obligado, sino de terceros (socios, accionistas, asociados y demás personas normativamente descritas) pues la persona moral contribuyente deberá informar sus nombres y claves del registro federal de contribuyentes y sólo deberá informar como un dato propio del sujeto obligado lo relativo a los movimientos corporativos, es decir, las modificaciones o incorporaciones que el ente moral realice de sus socios, accionistas, asociados y demás personas que por su naturaleza formen parte de la estructura orgánica y que ostenten dicho carácter conforme a los estatutos o legislación que les resulte aplicable para su constitución.

29. Ahora bi

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31477-f0224797/proteccion-de-datos-personales-la-obligacion-formal-a · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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