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Modo: Corpus Pro

VIOLENCIA FAMILIAR. LAS MEDIDAS REEDUCATIVAS ESTABLECIDAS EN LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, APLICABLES AL INCULPADO POR ESTE DELITO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 154 BIS DE SU CÓDIGO PENAL, CUANDO LA VÍCTIMA FUERE MUJER, NO CONSTITUYEN UNA SANCIÓN SINO UN DERECHO QUE EL ESTADO DEBE GARANTIZAR.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 818/2014. · Registro digital (IUS): 25770
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2015-08-07
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo III , Pág. 2625.

AMPARO DIRECTO 818/2014. 9 DE ABRIL DE 2015. UNANIMIDAD DE VOTOS, CON VOTO CONCURRENTE DEL MAGISTRADO JORGE TOSS CAPISTRÁN. PONENTE: JORGE SEBASTIÁN MARTÍNEZ GARCÍA. SECRETARIO: JOSÉ VEGA LUNA.

CONSIDERANDO:

QUINTO.-Los conceptos de violación expuestos en la demanda constitucional son parcialmente fundados, suplidos en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), penúltimo y último párrafos, de la Ley de Amparo, por tratarse del acusado quien ejerce esta acción.

Ahora bien, dado el tema en él subyacente, se atiende primero lo que el quejoso aduce acerca de que después de dictada la sentencia de primera instancia y antes de que se emitiera la resolución de la apelación, la agraviada **********, compareció a desistirse de la denuncia penal, porque se dio cuenta que en realidad él no era una persona agresiva y que los hechos delictuosos se generaron por problemas familiares.

El aludido concepto de violación es ineficaz.

En efecto, tal como lo refiere el inconforme, el Juez de primer grado dictó sentencia el siete de abril de dos mil catorce, a través de la cual lo condenó por los delitos de violencia familiar (en su modalidad de física) y lesiones en agravio de **********, mientras que el dieciséis de mayo siguiente, ante el aludido juzgado, la ofendida presentó un escrito en el que manifestó que otorgaba el más amplio perdón judicial a favor del sentenciado ********** (foja 243 de la causa penal de origen); mismo que se acordó el veinte de mayo de ese propio año por el Juez del proceso, sólo para que surtiera sus efectos legales procedentes (foja 241 vuelta de la causa penal) y, finalmente, el tribunal de alzada emitió la sentencia aquí reclamada, el veinte de agosto de dos mil catorce, a través de la cual modificó la sentencia apelada para establecer que el delito de lesiones quedaba subsumido en el diverso ilícito de violencia familiar (física).

Así, el tribunal de alzada responsable, al pronunciar la sentencia que aquí se combate, nada dijo respecto al otorgamiento del perdón por parte de la agraviada a favor del sentenciado, ahora quejoso, **********; sin embargo, tal omisión no tiene relevancia en el asunto, en virtud de que aun cuando sí era procedente otorgar ese perdón en lo que atañe al delito de lesiones que se clasifica y sanciona en el artículo 137, fracción I y párrafo final, del Código Penal local, pues se persigue por querella de parte ofendida, lo cierto es que en el caso concreto, correcta o incorrectamente, la autoridad responsable absolvió por ese ilícito al estimarlo implícito en el de violencia familiar.

En tanto que en lo que atañe al diverso delito de violencia familiar por el que finalmente lo condenaron, éste sí se persigue de oficio, pues el referido Código Penal para el Estado de Veracruz, vigente en la época de la comisión de los hechos delictuosos, no contempla expresamente que tal ilícito sea perseguido a petición de parte ofendida; de ahí que al no proceder el otorgamiento del perdón en este tipo de delitos, se estima que, como ya se dijo, ningún agravio le causa al inconforme el hecho de que la Sala responsable no se haya pronunciado sobre ese tópico.

Sirve de apoyo a lo aquí anotado, la jurisprudencia VI.1o.P. J/35, que se comparte, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, visible en la página 1127, Tomo XVI, julio de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"DELITOS QUE SE PERSIGUEN DE OFICIO. SON TODOS AQUELLOS QUE LA LEY NO CONTEMPLA EXPRESAMENTE QUE LO SEAN A PETICIÓN DE PARTE OFENDIDA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).-El artículo 56 del código adjetivo penal señala que la averiguación de hechos delictuosos puede incoarse de oficio o por querella necesaria, y el artículo 59 del mismo ordenamiento legal, a la letra dice: ‘Es necesaria la querella de la parte ofendida en los casos expresamente determinados en el Código de Defensa Social.’; por lo que de una interpretación a contrario sentido del precepto antes mencionado, se aprecia que los delitos que se persiguen de oficio son todos aquellos que no prevén expresamente que se persigan a petición de parte ofendida."

Por otra parte, no será materia de esta litis constitucional la absolución decretada al quejoso respecto del delito de lesiones en agravio de la víctima **********, al no acudir a esta instancia constitucional la parte que pudiera perjudicarle (tercera interesada); de manera que deben quedar intocadas, al margen de su legalidad, las consideraciones emitidas por la Sala responsable para llegar a la conclusión de que este ilícito "quedó subsumido" en el de violencia familiar y, sobre todo, con independencia de lo establecido en la jurisprudencia 1a./J. 59/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 536, Libro 11, Tomo I, octubre de 2014, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 31 de octubre de 2015 a las 11:05 horas», que se lee:

"LESIONES Y VIOLENCIA FAMILIAR. AL SER DELITOS AUTÓNOMOS PUEDEN ACTUALIZARSE EN EL MISMO EVENTO, SIN QUE ELLO CONSTITUYA UN DOBLE REPROCHE O UNA RECALIFICACIÓN DE LA CONDUCTA (LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS DE PUEBLA, NUEVO LEÓN Y DEL DISTRITO FEDERAL).-En las diversas clasificaciones de los delitos se encuentran los autónomos, que tienen existencia por sí solos y no requieren de otra conducta para su consumación. Ahora bien, por disposición expresa, el delito de violencia familiar previsto en los ordenamientos penales sustantivos del Distrito Federal y de los Estados de Nuevo León (vigente hasta el 27 de abril de 2004) y Puebla (vigente hasta el 10 de octubre de 2012), es autónomo del delito de lesiones, toda vez que de los preceptos que lo tipifican deriva que, además del delito de violencia familiar, puede producirse otro o, al referirse a las sanciones de éste, se establece que se aumentarán o se aplicarán independientemente a las que correspondan por cualquier otro delito. Además, atendiendo a los elementos de los delitos de violencia familiar y de lesiones se corrobora su autonomía, pues si bien es cierto que ambos tienen como elemento común el daño a la integridad física y psicológica, también lo es que los demás elementos son distintos, pues mientras en el de lesiones los sujetos activo y pasivo no son calificados, en el delito de violencia familiar sí, ya que deben ser miembros del grupo familiar; además, protegen bienes jurídicos distintos: el de lesiones la integridad personal y el de violencia familiar el derecho de los integrantes de la familia a vivir una vida libre de violencia; de ahí que se trate de dos delitos distintos con características propias y, por ende, autónomos, razón por la que pueden actualizarse en el mismo evento, sin que ello constituya un doble reproche o una recalificación de la conducta."

Ello, pues ante todo en el juicio de amparo rigen los principios de instancia de parte agraviada, que significa que el proceso del amparo sólo se activa cuando acude la parte legitimada a reclamar un acto de autoridad que estima viola sus derechos fundamentales; y el que reza non reformatio in peius, el cual implica que en el caso no puede agravarse la situación de quien acciona el amparo.

En otro aspecto, el inconforme aduce en su demanda constitucional, que la Sala responsable, al emitir la sentencia reclamada, no valoró las pruebas conforme a derecho y, como consecuencia, indebidamente se tuvieron por acreditados los elementos del delito de violencia familiar en su modalidad de física, así como su plena responsabilidad en la comisión de dicho ilícito, y que si bien el día de los hechos forcejeó con la agraviada por un celular que ésta no le quería entregar, pero con un movimiento brusco ella se golpeó, pero no fue un puñetazo, dado que nunca tuvo la intención de pegarle a su esposa; en cambio, la ofendida y sus hermanos le propinaron una golpiza.

Los referidos argumentos son infundados, puesto que este órgano colegiado estima correcta la actuación del resolutor de alzada al considerar que con las pruebas allegadas al sumario penal se acreditaron tanto el delito aludido, previsto y sancionado por el artículo 154 Bis del Código Penal para el Estado de Veracruz, vigente al momento de los hechos (veintiuno de noviembre de dos mil once), como la responsabilidad penal del acusado ********** en su comisión, tal como se verá a continuación.

El citado precepto legal establece:

"Artículo 154 Bis. A quien ejerza cualquier tipo de violencia física, psicológica, patrimonial, económica o sexual, dentro o fuera del domicilio familiar, comparta éste o no, en contra de su cónyuge, concubina o concubinario, pariente hasta el cuarto grado en ambas líneas o incapaz sobre el que sea tutor o curador, se le impondrán, independientemente de las sanciones que correspondan por cualquier otro delito, de dos a seis años de prisión, multa de hasta cuatrocientos días de salario, caución de no ofender y, en su caso, pérdida de los derechos que tenga respecto de la víctima, incluidos los de carácter sucesorio, patria potestad o tutela."

Ciertamente, con los medios de convicción existentes en la causa penal de origen se acreditan tanto el delito de violencia familiar en su modalidad de física, así como la plena responsabilidad del quejoso en su comisión, pues quedó evidenciado con la denuncia de la agraviada **********, realizada ante el representante social el veintidós de noviembre de dos mil once, en la que manifestó que tenía un año nueve meses de estar casada con **********, con quien procreó un hijo; que el domicilio conyugal lo establecieron en calle **********, número **********, esquina **********, de la colonia **********, del Municipio de **********, **********; agregó que su esposo es una persona agresiva desde que se casaron, pero el día veintiuno de noviembre de dos mil once como a las nueve de la noche, cuando se encontraban en su domicilio, iban a intercambiar las memorias de los celulares, pero en ese momento su esposo se dirigió al baño; que ella iba a copiar un video en su celular que había grabado **********, pero el acusado le pidió su teléfono y como ésta no accedió a dárselo, se molestó; que ella nuevamente le reiteró que luego le daría el celular y se salió del cuarto; que cuando ella regresó a dicho cuarto empezaron a discutir, por lo que el encausado la jaló, diciéndole que si se "iba a poner chocante", que se fue a acostar con su hijo, que en ese momento su esposo se sentó junto a ella, diciéndole que "si era tan idiota y tan pendeja", a lo que ella le contestó que "más pendejo era él"; que en ese momento su esposo le dio un golpe en el ojo izquierdo, era la primera vez que ********** le pegaba, pero que en ocasiones anteriores la había jaloneado; que la mamá de la deponente intervino advirtiéndole al acusado que no iba a permitir que le pegara a su hija, a lo que el inculpado le respondió que iba arreglar las cosas con ella, pero en ese momento llegaron sus hermanos y le preguntaron a su esposo por qué había golpeado a su hermana; que en ese instante ella lo corrió de su casa, pero cuando el acusado salió, se empezó a golpear con sus hermanos; que ella lo empujó y lo pateó. Denuncia que fue ratificada ante el Juez de la causa y agregó la víctima que era objeto de agresiones físicas, las cuales consistían en jaloneos, pero los hechos delictuosos que le imputaba al quejoso ocurrieron dentro del cuarto de su casa y sólo estaban ella y su hijo, mientras que su madre estaba en la cocina.

Medio de convicción que se adminiculó con la certificación ministerial de lesiones de veintidós de noviembre de dos mil once, en la que se hizo constar que la víctima presentaba un hematoma en el ojo izquierdo.

También se tuvo en cuenta la declaración de la testigo de cargo **********, rendida ante el representante social el día veintidós de noviembre de dos mil once, en la que adujo que la agraviada ********** era su hija; que ésta se casó con el sentenciado **********, con quien procreó un hijo; que tanto la víctima como el activo vivían en su casa; que dicho activo siempre había agredido a su hija, pero que el día veintiuno de noviembre de dos mil once en la noche, la víctima estaba en su cuarto con su marido pero de repente ésta le pidió auxilio, y al acudir vio que ********** le estaba pegando; que éste dijo que no pasaba nada, pero ella notó que la ofendida tenía el ojo morado; que el encausado admitió que se le había pasado la mano y le pidió que no se metiera, que entre ellos lo arreglarían, señaló, además, que cuando llegaron sus otros hijos, se agarraron a golpes con el quejoso.

Asimismo, se contó con la declaración del testigo de cargo **********, rendida ante el Ministerio Público investigador el veintidós de noviembre de dos mil once, quien expuso que la ofendida era su hermana, que está casada con el sentenciado y que tuvieron un hijo; que ********** golpea, jalonea e insulta a la pasivo; que el veintiuno de noviembre de dos mil once, su hermana lo buscó y le dijo que fuera a su domicilio, una vez allí, se percató que la agraviada estaba llorando y tenía el ojo morado, por lo que optó por correr de la casa de su hermana al sentenciado, pero al retirarse éste, el declarante le pegó porque no era posible que en su propia casa le pegue a su hermana, además de que desde que se casaron, el sujeto activo ha sido una persona agresiva.

Igualmente, se tomó en consideración el acta de matrimonio número **********, celebrado entre el quejoso ********** y la agraviada **********, con fecha cuatro de febrero del año dos mil once, emitida por el oficial del Registro Civil de Cosoleacaque, Veracruz; así como el acta de nacimiento del menor de edad **********, de diez de octubre de dos mil once, en la que se aprecia que los padres de éste son el activo y la pasiva ********** y **********, también emitida por el oficial del Registro Civil de aquel Municipio.

Además, también se apreció por la ad quem el dictamen de lesiones de veintidós de noviembre de dos mil once, emitido por la doctora Rosa del C. Canto Padúa, en su carácter de perito médico forense de la Procuraduría General de Justicia del Estado, a través del cual concluyó que la ofendida **********, presentaba edema leve postcontusión, equimosis postcontusión de coloración rojo violácea de bordes irregulares en región media externa de ciliar y supraciliar izquierda, pero que no ponían en peligro la vida y tardaban en sanar hasta quince días.

De igual forma, se tomó en consideración el dictamen psicológico de veintidós de noviembre de dos mil once, emitido por la psicóloga Adriana del Carmen Núñez Velasco, adscrita a la Procuraduría General de Justicia del Estado, a través del cual examinó a la ofendida **********, y asentó que no presentaba alteración en la memoria y que no reflejaba rasgos significativos de daño emocional con respecto a que el veintiuno de noviembre de dos mil once fue la primera vez que había recibido golpes de su esposo, pero que en varias ocasiones la ha jaloneado, que discutían mucho y que a su cónyuge le molestaba que ella le contestara; sin embargo, presentaba conflictos de responsabilidad, tendencia a ocultar sentimientos agresivos, frustración, dependencia, inseguridad y agresión reprimida.

Por tanto, como ya se dijo con antelación, con los medios de convicción aquí destacados se acreditaron tanto el delito de violencia familiar, como la plena responsabilidad del quejoso en su comisión, pues se demostró que dicho inconforme ********** fue la persona que el día veintiuno de noviembre de dos mil once, siendo aproximadamente las nueve de la noche, en el interior del domicilio conyugal ubicado en calle **********, número **********, esquina **********, de la colonia **********, del Municipio de Cosoleacaque, Veracruz, al estar discutiendo por un celular, le dio un golpe en el ojo izquierdo a la agraviada **********, ejerciendo violencia física sobre su cónyuge.

Determinación que este órgano colegiado considera ajustada a derecho, máxime que el propio quejoso, en su declaración ministerial realizada mediante escrito de cinco de diciembre de dos mil once, que obra a fojas diecisiete a la diecinueve de la causa penal de origen, aceptó los hechos delictuosos que se le imputan, pues adujo que contrajo matrimonio con **********, que procrearon un hijo y decidieron irse a vivir a la casa de su suegra **********, con la idea de que posteriormente regresarían a su domicilio conyugal, pero que el veintiuno de noviembre de dos mil once, al llegar a ese domicilio como a las diez de la noche, le pidió a su esposa que le diera de cenar, que cuando merendaba, escuchó que un bebé lloraba, que no era su hijo sino otro que cuida su suegra; que le pidió a su esposa que la apoyara pero aquélla la regañó, y como entonces él defendió a su esposa, entonces su suegra se molestó con él; que más tarde siguió discutiendo con su esposa, quien empezó a decirle de cosas sobre la madre del deponente y a pesar de que le dijo que se calmara, ella continuó con esa postura ofensiva hacia su madre, por lo que le dio un golpe por arriba de la ceja izquierda, lo cual provocó que ********** llamara a su madre y ésta, a su vez, con golpes e insultos lo atacó, pues lo golpeó en el brazo, que incluso él se disculpó con su esposa, pero su suegra se lo impidió.

Además, si bien es cierto que ofreció los testimonios de ********** y su esposa **********, también lo es que, como lo sostuvo la Sala responsable, a dichas personas no les constan los hechos delictuosos, sino que solamente manifestaron que le dieron alojamiento por unos días al quejoso, porque tenía miedo de que los hermanos de la agraviada le hicieran daño; incluso, aun cuando destacó que también fue lesionado por parte de sus cuñados, lo cierto es que sucedió después de que había agredido a su esposa y que se sancionó en una diversa causa penal, tal como se advierte de las copias certificadas del expediente penal **********, que ofreció como prueba documental de su parte en la causa de donde emana el acto reclamado (fojas 72 a 191 del expediente penal **********); pero sobre todo, como ya se dijo, existe el señalamiento firme y directo de la citada agraviada, así como la existencia de los dictámenes de lesiones y valoración psicológica practicados por los peritos adscritos a la representación social, que revelan precisamente el ejercicio indebido de violencia en la víctima del delito por parte del agente activo.

En ese contexto, se estiman infundados los argumentos que aquí se analizan.

En otro orden, respecto a la individualización de la pena impuesta, este Tribunal Colegiado advierte que es legal y no causa ningún agravio al quejoso la determinación de la Sala responsable de modificar la decisión del Juez de la causa y establecer que a ********** le reviste un grado de peligrosidad social mínimo, le impuso dos años de prisión y un día de multa a razón de cincuenta y nueve pesos, ochenta y dos centavos como pena pecuniaria, lo cual corresponde a la sanción que establece la ley aplicable y es acorde con el grado determinado.

Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia VI.2o. J/315, que se comparte, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 82, Número 80, agosto de 1994, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que se lee:

"PENA MÍNIMA QUE NO VIOLA GARANTÍAS.-El incumplimiento de las reglas para la individualización de la pena no causa agravio que amerite la protección constitucional, si el sentenciador impone el mínimo de la sanción que la ley señala para el delito cometido."

Asimismo, es apegada a derecho la decisión de la responsable al sostener que: "...No pasa desapercibido para este tribunal de alzada que el numeral 92, fracción I, del Código Penal en vigor, prevé la posibilidad de sustituir la sanción pecuniaria de multa por trabajo a favor de la víctima u ofendido o de la comunidad, en caso de insolvencia; sin embargo, surge que **********, sostuvo al declarar en preparatoria que es empleado y que ganaba ********** pesos mensuales, sin que haya aportado al proceso medios de convicción que demuestren que a la fecha sea una persona insolvente, por lo que si esto no fue argumentado en el sumario, luego entonces, no puede tenerse ello por acreditado en la especie, y conlleva a que no pueda otorgársele al acusado el beneficio de la sustitución de la pena pecuniaria de multa, por trabajo en favor de la víctima, ofendido o comunidad, previsto en el numeral 92, fracción I, del Código Penal en vigor, máxime que la misma fue señalada en un día de salario mínimo a razón de cincuenta y nueve pesos con ochenta y dos centavos, esto es totalmente accesible a su capacidad económica..."; ello es así, en virtud de que de las constancias de la causa penal de origen se advierte que el quejoso sí es solvente, pues percibe ingreso mensual de ********** pesos y, por tanto, no se está en el caso de la fracción I del artículo 92 del Código Penal para el Estado de Veracruz.

Por otro lado, resulta legal que la Sala responsable determinara que el quejoso, para disfrutar el beneficio de la suspensión condicional, debía exhibir la cantidad de ********** pesos, en cualquiera de las previstas en la ley; monto similar al que le fue fijado para obtener su libertad provisional bajo caución, como se desprende del acuerdo de veinticuatro de enero de dos mil trece de la causa penal de origen; de tal manera que si el monto no se incrementó porque existieran mayores obligaciones que cubrir, entonces dicha determinación resulta ajustada a derecho.

Igualmente, la determinación de la Sala responsable, a saber: "...A su vez se desprende que el a quo no proveyó respecto al sometimiento del acusado a las medidas reeducativas, a la sanción de caución de no ofender, ni sobre la pérdida de derechos respecto de la víctima; sin embargo, ello no puede ser revertido en razón de que la fiscalía no se inconformó con el fallo emitido, lo cual entonces remite a que debe mantenerse firme tal aspecto...", con excepción de lo relativo a las medidas reeducativas, por lo demás no irroga ningún perjuicio al quejoso, sino por el contrario se trata de aspectos omisivos del a quo que no fueron combatidos en apelación por parte del representante social o agraviada.

También son legales las decisiones de la autoridad responsable de confirmar la suspensión de los derechos políticos y civiles del quejoso, de conformidad con lo establecido en el artículo 68 del Código Penal local, dado que tales sanciones son de índole administrativa y, por ende, sólo son consecuencia necesaria de la prisión impuesta; así como la amonestación del quejoso para prevenir su reincidencia, en términos de los ordinales 70 y 440 de los códigos sustantivo y adjetivo locales de Veracruz.

De la misma manera es apegada a derecho la determinación de la Sala responsable al considerar que deberá abonarse a la pena corporal impuesta dos días de prisión en tanto que fue el periodo que estuvo en prisión preventiva **********.

En cambio, este tribunal estima contrario a derecho no reasumir oficiosamente jurisdicción para resolver sobre las medidas reeducativas o tratamiento psicoterapéutico que prevé el artículo 154 Bis, párrafo segundo, del Código Penal local, que dice:

"Artículo 154 Bis.

"...

"En caso de que la víctima fuere mujer, se sujetará al activo a las medidas reeducativas que establece la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, las que, en ningún caso, excederán del tiempo impuesto en la pena de prisión."

Lo anterior, puesto que el sujetar al activo de este delito a las medidas reeducativas a que se refiere el párrafo transcrito, lejos de agravar su situación, le beneficia, en virtud de redundar en el mejoramiento de su calidad de vida, como derecho que le asiste y que el Estado tiene obligación de garantizar.

Lo anterior, partiendo de la visión holística de los derechos humanos, pues la sujeción a tal tratamiento no constituye una intromisión injustificada en la esfera del ahora quejoso, dado que ello obedece, en primer término, al cumplimiento de la norma que a ello obliga, mediante el establecimiento de medidas adecuadas para modificar prácticas consuetudinarias que conllevan a la violencia contra la familia, y evitar patrones de conducta, los que se contrarrestarán con programas de educación, formales y no formales, que eliminen prejuicios, costumbres y otro tipo de actitudes que originen el uso de la fuerza física o moral.

En ese tenor, la sujeción a este sistema atiende a la causa generadora de la violencia, pues no basta con sancionar al agresor, sino que es necesario que tome conciencia del acto en que incurrió, de tal forma que, mediante la eliminación de los prejuicios, costumbres y prácticas, se abstenga de ejercer nuevamente la agresión contra su familia.

A la vez, con la sujeción a este método se cumple también con algunos de los aspectos para lograr la reinserción social, establecida en el artículo 18, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la educación a que alude no debe entenderse en sentido estricto de conocimientos académicos, sino como inclusiva de todo lo que redunde en la eliminación de patrones mentales negativos en el sentenciado, particularmente de aquellos que lo hicieron delinquir, con lo cual se le proporcionan los elementos necesarios para que en lo futuro no reincida, lo que cumple, a su vez, con la obligación del Estado de proporcionar elementos al sentenciado para "reformarse", en términos del artículo 5, numeral 6, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; además, esa educación debe buscar infundir o reforzar el respeto a los derechos humanos del propio sentenciado y respecto de sus semejantes, como también se interpreta del artículo 18 constitucional.

En ese contexto, las medidas reeducativas a que alude el párrafo segundo del precepto 154 Bis del Código Penal de la entidad, pretenden que el sentenciado no reincida, que conserve un nivel de vida libre de conflictos penales, cuando menos, en lo que atañe al ejercicio de violencia contra la familia, partiendo de la idea de que la reinserción no es exclusiva para quien sufre prisión, pues finalmente, cualquiera que sea la pena o el beneficio de que se goce en sustitución de la corporal, se originan por la comisión de un delito, por lo cual es necesario que el Estado establezca las condiciones necesarias para que el sentenciado opte por no volver a delinquir, destacadamente, mediante la asistencia para el replanteamiento de sus patrones de conducta y concepciones sociales, como ocurre en la especie.

En conclusión, la sujeción a las medidas reeducativas pretende, lejos de una sanción, ser un apoyo integral para que el sentenciado interactúe de mejor manera posible con su entorno y, se insiste, opte por abstenerse de volver a delinquir. De ahí que este artículo contempla un derecho y no una sanción, que por lo mismo debe siempre observarse al dictar sentencia.

Asimismo, este órgano colegiado advierte que si bien la Sala responsable otorgó el beneficio de la sustitución de la sanción corporal por multa, a razón de una cuarta parte del salario mínimo o trabajo en favor de la comunidad, en términos de la fracción II del artículo 92 del Código Penal para el Estado de Veracruz; sin embargo, fue omisa en conceder al quejoso los beneficios de la fracción III del aludido precepto legal, ya que la pena privativa de libertad no excede de tres ni de cinco años; dispositivo legal que reza:

"Artículo 92. El Juez, considerando lo dispuesto en este código para la aplicación de sanciones, podrá sustituir las penas conforme a las reglas siguientes:

"...

"II. La prisión que no exceda de tres años, por multa o trabajo en favor de la comunidad; y

"III. La prisión que no exceda de cinco años, por multa y tratamiento en libertad o semilibertad."

Es decir, la Sala del conocimiento fue omisa en establecer que el sentenciado quejoso puede optar por el beneficio del tratamiento en libertad o semilibertad de los cuales podrá decidir por alguno de ellos.

Bajo este marco referencial, se tiene que la resolución de segunda instancia reclamada carece de motivación, puesto que, como ya se anotó, no se pronunció respecto del beneficio sustitutivo del tratamiento en libertad o semilibertad pues, la pena impuesta fue menor a tres y cinco años de prisión.

En ese contexto, debe decirse que esta parte de la resolución reclamada es violatoria de derechos humanos en el aspecto destacado, al no estar suficientemente motivada, lo que desde luego transgrede el artículo 16 constitucional.

Es aplicable al caso la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 143, Séptima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 97-102, enero-junio de 1977, Tercera Parte, de rubro y texto:

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.-De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con exactitud el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas."

Al margen de lo anterior, este tribunal, atento al principio de mayor beneficio, estima que la autoridad judicial del conocimiento debió otorgar el beneficio de sustitución de la sanción corporal por tratamiento en libertad o semilibertad, precisamente porque la pena pri

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25770-172f148d/violencia-familiar-las-medidas-reeducativas-establecidas-en-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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