I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE SU CONSEJERO JURÍDICO, TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA (LEY NÚMERO 104 DE ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). II. MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA PENAL. INCOMPETENCIA DE LOS CONGRESOS LOCALES PARA REGULARLOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 17, PÁRRAFO SEGUNDO, EN SUS PORCIONES NORMATIVAS "O DELITOS QUE SE PERSIGAN DE OFICIO" Y "O DE GÉNERO", DE LA LEY NÚMERO 104 DE ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). III. MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA PENAL. LA PREVISIÓN LEGAL QUE RESTRINGE LA POSIBILIDAD DE INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN EN LOS CONFLICTOS DE VIOLENCIA FAMILIAR CONTRAVIENE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE SEGURIDAD JURÍDICA Y DE LEGALIDAD (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 17, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY NÚMERO 104 DE ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 17, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY NÚMERO 104 DE ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 99/2019. PODER EJECUTIVO FEDERAL. 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIA: ÉRIKA YAZMÍN ZÁRATE VILLA.
Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente a veintidós de septiembre de dos mil veinte, emite la siguiente:
Sentencia
Mediante la que se resuelven los autos relativos a la acción de inconstitucionalidad 99/2019, promovida por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
I. Antecedentes
1. Presentación de la demanda. El consejero jurídico del Ejecutivo Federal, en representación del Poder Ejecutivo Federal, promovió acción de inconstitucionalidad en la que cuestionó el segundo párrafo del artículo 17 de la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicado el ocho de agosto de dos mil diecinueve en el Periódico Oficial de esa entidad.(1) Dicho precepto establece lo siguiente:
"Artículo 17. Las partes en un conflicto de violencia familiar podrán resolver sus diferencias mediante el procedimiento de conciliación.
"Quedan exceptuadas aquellas controversias que versen sobre acciones o derechos del estado civil irrenunciables o delitos que se persigan de oficio, así como aquellas que deriven de violencia familiar o de género contra mujeres y niñas.
"Tratándose de incapacitados, menores y ancianos, éstos comparecerán asistidos de representante legal. En caso de carecer de él, el Juez llamará al síndico municipal para que asista legalmente a esos receptores de la violencia familiar en términos de lo dispuesto por la fracción IX del artículo 39 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. Si el caso se refiere a indígenas, además del representante legal, se les asignará, de ser necesario, el intérprete correspondiente." (Énfasis añadido en la porción impugnada)
2. Concepto de invalidez. Argumenta, en síntesis, lo siguiente:
ÚNICO.—Falta de certeza jurídica, por la contradicción entre los dos primeros párrafos del artículo impugnado.
• El primer párrafo prevé una alternativa de solución de un conflicto en materia de violencia familiar, por la vía de la conciliación. No obstante, el segundo párrafo establece que queda exceptuada la solución de conflictos en materia de violencia familiar.
• Lo anterior genera inseguridad jurídica para el gobernado y la propia autoridad que deberá aplicar el dispositivo en estudio. Por un lado, se otorga la alternativa de solucionar un conflicto referido a violencia familiar a través del procedimiento conciliatorio y, por otro lado, se excluye esa misma alternativa.
• Para determinar si una norma cumple con el principio de legalidad y, por ende, si resulta constitucional, se debe excluir de su redacción cualquier problema de interpretación ambigua o vaga que genere problemas para el observador y aplicador de la norma.
• La seguridad jurídica implica que las normas que facultan a las autoridades para actuar en determinado sentido deben contener los elementos mínimos que permitan al particular hacer valer su derecho y conocer las consecuencias jurídicas de los actos que realice. Al mismo tiempo, esto implica que el actuar de la autoridad respectiva no resulte arbitrario.(2)
• La norma impugnada vulnera los principios de legalidad y seguridad jurídica, consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política Federal, ante la contradicción sustantiva referida a los derechos con los que cuenta el gobernado para resolver un conflicto de violencia familiar y para la propia autoridad ante la cual debe desahogarse el procedimiento conciliatorio.
• La aplicación de la norma genera confusión entre los gobernados y los operadores jurídicos en la entidad, pues existe incertidumbre sobre la posibilidad de resolver un conflicto de violencia familiar mediante la vía de la conciliación. Es decir, la norma es imprecisa y confusa al señalar cuáles serán las excepciones para la resolución de conflictos en la materia a través de un procedimiento conciliatorio. Por ello, se transgrede el principio de exacta seguridad jurídica y el de exacta aplicación de la ley.
3. Admisión de la demanda. El presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad promovida, y designó al Ministro Javier Laynez Potisek para que actuara como instructor en el procedimiento.(3) El instructor admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad; ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Veracruz para que rindieran sus respectivos informes, y dar vista a la Fiscalía General de la República para que formulara el pedimento que le corresponde antes del cierre de instrucción.(4)
4. Informes. El Poder Ejecutivo Estatal rindió informe reconociendo la publicación de la norma impugnada.(5) El Congreso del Estado de Veracruz rindió informe justificado y defendió la constitucionalidad de la norma impugnada.(6) El Ministro instructor tuvo por presentados los informes rendidos(7) y concedió a las partes el plazo legal respectivo a efecto de que formularan sus alegatos por escrito.(8)
5. Cierre de instrucción. Se tuvieron por formulados los alegatos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y, al haber trascurrido el plazo legal concedido a las partes para formularlos, el Ministro instructor declaró cerrada la instrucción.(9)
II. Competencia
6. El Tribunal Pleno es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con los artículos 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Federal,(10) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(11) toda vez que se cuestiona la constitucionalidad de un precepto contenido en el Decreto Número 276, por el cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
III. Oportunidad
7. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal (en adelante, ley reglamentaria) prevé que: a) el plazo para promover una acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir del siguiente al día en que se publique la norma impugnada en el correspondiente medio oficial; b) para efectos del cómputo del plazo aludido, no se deben excluir los días inhábiles, en la inteligencia de que si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda se podrá presentar al primer día hábil siguiente; y, c) cuando se trate de materia electoral, todos los días se considerarán hábiles.(12)
8. En atención a lo anterior, si el decreto impugnado se publicó el jueves ocho de agosto de dos mil diecinueve en la Gaceta Oficial del Gobierno,(13) el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad inició el viernes nueve de agosto y concluyó el lunes nueve de septiembre de dos mil diecinueve. Si el escrito de demanda fue recibido por este Alto Tribunal el nueve de septiembre de dos mil diecinueve, se concluye que su presentación resulta oportuna.
IV. Legitimación
9. De conformidad con el primer párrafo del artículo 11, en relación con el 59 de la ley reglamentaria(14) la peticionaria debe comparecer por conducto del funcionario que esté facultado para representarla.
10. La acción de inconstitucionalidad fue interpuesta por Julio Scherer Ibarra en su carácter de consejero jurídico del Poder Ejecutivo Federal, quien actúa en representación del Ejecutivo Federal, y acreditó su personalidad con copia certificada de su nombramiento.(15) De acuerdo con el artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(16) el Ejecutivo Federal, por conducto de su consejero jurídico, está legitimado para promover el presente medio de control constitucional. Dado que el consejero jurídico se encuentra legitimado para interponerla en representación del Ejecutivo Federal y además cuestiona una norma general de una entidad federativa, este Alto Tribunal concluye que la acción de inconstitucionalidad fue interpuesta por parte legitimada.
V. Causales de improcedencia
11. Al no haber sido alegada alguna causal de improcedencia indudable y manifiesta,(17) ni advertirse por este Alto Tribunal, resulta procedente el estudio del concepto de invalidez.
VI. Estudio
A. Incompetencia del Poder Legislativo del Estado de Veracruz para regular cuestiones relativas a medios alternativos de solución de controversias en materia penal.
12. En el escrito de demanda, el consejero jurídico cuestiona el segundo párrafo del artículo 17 de la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. El artículo indicado señala lo siguiente:
"Artículo 17. Las partes en un conflicto de violencia familiar podrán resolver sus diferencias mediante el procedimiento de conciliación.
"Quedan exceptuadas aquellas controversias que versen sobre acciones o derechos del estado civil irrenunciables o delitos que se persigan de oficio, así como aquellas que deriven de violencia familiar o de género contra mujeres y niñas.
"Tratándose de incapacitados, menores y ancianos, éstos comparecerán asistidos de representante legal. En caso de carecer de él, el Juez llamará al síndico municipal para que asista legalmente a esos receptores de la violencia familiar en términos de lo dispuesto por la fracción IX del artículo 39 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. Si el caso se refiere a indígenas, además del representante legal, se les asignará, de ser necesario, el intérprete correspondiente." (Énfasis añadido)
13. En primer término, resulta relevante precisar que la estructura gramatical de la porción normativa podría conducir a la conclusión de que la norma pretende excluir la posibilidad de conciliar: a) las controversias de violencia familiar; y, b) las controversias de género contra mujeres y niñas. Es decir, que la porción "mujeres y niñas" únicamente se refiere a las controversias de género y no a las de violencia familiar.
14. Sin embargo, de los trabajos legislativos que dieron lugar a esa porción normativa se desprende que la intención del legislador, en el decreto de ocho de agosto de dos mil diecinueve, fue excluir de la conciliación los conflictos de violencia familiar en contra de mujeres y niñas, así como los casos de violencia de género en contra de mujeres y niñas. En efecto, del proceso legislativo de la porción controvertida se desprende lo siguiente:
"En el mes de abril de dos mil quince, el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belém do Pará, emitió el Segundo Informe de Seguimiento de Implementación de las Recomendaciones del Comité de Expertas, en el que se abordó el tema de la mediación, conciliación y otras formas de resolución de las denuncias de violencia contra las mujeres.
"En dicho informe, en especial en el tema que ocupa nuestra atención, se sostuvo que desde el año dos mil catorce la Comisión Interamericana de Mujeres con otros organismos internacionales, y en concreto en el marco del informe presentado por la Unidad de Género y Salud de la Organización Panamericana de la Salud, planteó la necesidad de eliminar la práctica de la mediación o conciliación en los casos de violencia contra las mujeres de manera general y más específicamente en los casos de violencia en la pareja.
"Que, en ese sentido, el informe alude que el Comité de Expertas ha venido sosteniendo que la mediación y la conciliación opera (sic) frecuentemente en contra de las mujeres que son víctimas de violencia porque no existen condiciones de igualdad para participar en una negociación equitativa y llegar a un acuerdo justo. En estos casos, agrega que es frecuente que exista temor fundado de las víctimas y coerción, por parte del agresor, o ‘presiones familiares o de la comunidad para que la mujer acepte un proceso de conciliación’.
"Que, en el propio informe se destaca que, desde el uno de febrero de 2007, el Estado Mexicano, a través de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, prohíbe los procedimientos de mediación o conciliación entre el agresor y la víctima.
"Que en la Decimocuarta Reunión del Comité de Expertas del MESECVI, se recomendó a México modificar la normativa vigente en materia penal en el sentido de armonizarla con la Convención de Belém do Pará y la Normativa Internacional y Regional sobre Derechos Humanos. Particularmente, se recomendó la tipificación y armonización legislativa en todas las entidades federativas y diversas normativas federales, de la prohibición del uso de la conciliación y mediación en casos de la violencia contra las mujeres.
"A partir de lo anterior, y con objeto de garantizar la efectividad y aplicación en todos los casos de violencia contra las mujeres, la presente iniciativa extiende la prohibición de los mecanismos de mediación, conciliación y/o cualquier otro medio alternativo que establezca la legislación de nuestro Estado, en concreto a los contenidos en el Código Penal, Civil y de Procedimientos Civiles, así como a la Ley de Medios Alternativos para la Solución de Conflictos y de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar.
"Si bien, al igual que la legislación federal, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz prohíbe los mecanismos de mediación, conciliación y/o cualquier otro alternativo; no obstante, lo hace de manera temporal, al establecer que será en tanto dure la situación de violencia, lo que desde luego da un margen para que las y los operadores del sistema de justicia actúen con discrecionalidad, siendo que sin una perspectiva de género, pueden realizar valoraciones estereotipadas, e inadecuadas sobre el riesgo o el hecho de violencia y permitir conciliaciones; por lo que es necesario eliminar ese carácter temporal.
"Por tanto, esta Legislatura debe atender la recomendación hecha por el Comité de Expertas del MESECVI, en el sentido de restringir completamente la mediación o conciliación en estos casos, dado que la violencia contra las mujeres es una flagrante violación a los derechos humanos ..."(18) (Énfasis añadido)
15. Estas consideraciones fueron reiteradas en las discusiones del dictamen de la iniciativa de reforma(19) donde se aprobó la porción normativa ahora impugnada, así como las reformas en el mismo sentido al "Código de Procedimientos Civiles(20) y a las Leyes de Medios Alternativos para la Solución de Conflictos, de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar y de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,(21) todos los ordenamientos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en materia de restricción del uso de conciliación, mediación y en general, todas las formas de terminación de procedimientos en casos de violencia familiar o de género contra las mujeres y niñas".(22)
16. Por consiguiente, con base en la intención del legislador plasmada en el proceso legislativo que dio origen a la norma reclamada, este Tribunal Pleno considera que la porción normativa debe considerarse como reguladora de las siguientes excepciones a la conciliación: a) la violencia familiar contra mujeres y niñas; y, b) la violencia de género contra mujeres y niñas.
17. Sobre la excepción a la conciliación en casos de violencia de género contra mujeres y niñas –supuesto b– es necesario precisar que en el artículo 8, fracciones I y II, de la Ley Número 235 de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave se distinguieron modalidades de violencia en los siguientes términos:
"Artículo 8. Son modalidades de violencia contra las mujeres:
"I. Violencia de género: Cualquier acción u omisión, basada en el género, que les cause a las mujeres de cualquier edad, daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público y que se expresa en amenazas, agravios, maltrato, lesiones, y daños asociados a la exclusión, la subordinación, la discriminación y la explotación de las mujeres y que es consustancial a la opresión de género en todas sus modalidades afectando sus derechos humanos. La violencia de género contra las mujeres involucra tanto a las personas como a la sociedad, comunidades, relaciones, prácticas e instituciones sociales, y al Estado que la reproduce al no garantizar la igualdad, al perpetuar formas legales, jurídicas, judiciales, políticas androcéntricas y de jerarquía de género y al no dar garantías de seguridad a las mujeres durante todo su ciclo de vida;
"II. La violencia en el ámbito familiar y la violencia en el ámbito familiar equiparada: Acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar, o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, ejercida por personas que tengan o hayan tenido relación de parentesco, concubinato o que mantengan o hayan mantenido una relación de hecho con la víctima ..."
18. En esa norma, se advierte que son diferentes los actos que se califican como violencia de género de los que corresponden a la violencia familiar. Esa distinción se corrobora con el contenido del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave. Los delitos de violencia de género se regulan en el título XXI(23) del código referido. Si bien la violencia en el ámbito familiar también se encuentra prevista en el artículo 364 del título XXI, la misma sólo hace referencia a los supuestos en que se ejerce "al interior de una familia y en contra de una persona del sexo femenino". Tal como se precisará en este apartado, los supuestos de violencia familiar también son ajenos a la violencia de género en la regulación penal de la entidad.
19. Por lo anterior, en lo correspondiente a los delitos de violencia de género regulados en la codificación penal estatal, la excepción a la conciliación establecida en la porción normativa combatida está inmersa en el ámbito penal y, por ende, debe verificarse si el legislador local tiene competencia para regular una excepción a un medio alterno de solución de conflictos en materia penal. Esto es así porque este Pleno ha determinado, en diversos asuntos, que las Legislaturas Locales carecen de competencia para regular cuestiones referentes a los medios alternativos de solución de controversias en materia penal. Por consiguiente, en suplencia de la queja y como cuestión previa, debe analizarse si el legislador de Veracruz invadió la facultad del Congreso de la Unión para regular esa materia.
20. Respecto a la materia procedimental penal en general –y, en específico, la relativa a los medios alternativos de solución de controversias en materia penal–, al resolver la acción de inconstitucionalidad 15/2017 y sus acumuladas 16/2017, 18/2017 y 19/2017, este Tribunal Pleno precisó cuatro criterios que han sido reiterados a fin de determinar si ciertas disposiciones emitidas por las Legislaturas Locales resultan violatorias de las facultades del Congreso de la Unión previstas en el artículo 73, fracción XXI, inciso c), constitucional.(24) El primero tiene que ver con que el objetivo de la reforma de ocho de octubre de dos mil trece a dicho precepto fue "la unificación de todas las normas aplicables a todos los procesos penales a fin de hacer operativo el nuevo sistema de justicia penal a nivel nacional".(25) Entonces, una vez que esa reforma entró en vigor, se suprimió cualquier atribución de las entidades federativas para legislar en lo concerniente al procedimiento penal, mecanismos alternativos de solución de controversias, ejecución de penas y justicia penal para adolescentes, pues sería el Congreso de la Unión quien emitiría la legislación única aplicable en toda la República.
21. En segundo lugar, para identificar qué conductas se comprenden dentro de la materia "procedimental penal", se debe atender a los contenidos del Código Nacional de Procedimientos Penales, por ser esta legislación donde el Congreso Federal dio cumplimiento a la orden del Constituyente. La misma situación se verifica cuando se pretende identificar los contenidos propios del sistema nacional de justicia para adolescentes o de los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal; se debe atender a las leyes correspondientes emitidas por el Congreso de la Unión.
22. El tercero se refiere a que, dado que (i) la reforma constitucional mencionada se enmarca en el nuevo sistema de justicia penal y (ii) el Constituyente consideró necesaria la unificación normativa para la eficacia operativa del sistema –específicamente para mejorar la impartición de justicia y la persecución de delitos–, se resolvió que a las entidades federativas les está proscrito, siquiera, repetir los contenidos previstos tanto en el Código Nacional de Procedimientos Penales,(26) como en la Ley Nacional de Ejecución Penal, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes o la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, pues todas ellas fueron emitidas por el Congreso en uso de su facultad exclusiva prevista en el artículo 73, fracción XXI, inciso c), constitucional.
23. Finalmente, se precisó que existe un ámbito en el que las entidades federativas sí pueden legislar. Así, este Tribunal ha reconocido que es válido que regulen cuestiones propiamente orgánicas(27) o que emitan la "legislación complementaria que resulte necesaria para la implementación", en términos del artículo octavo transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales.(28) En todo caso, su validez se relaciona con que regulen cuestiones internas que no modifiquen o incidan en las reglas procedimentales previstas en dicho código.(29)
24. En el caso objeto de estudio de esta sentencia, la porción normativa controvertida –"... así como aquellas que deriven de violencia familiar o de género contra mujeres y niñas"– indica como excepción a la conciliación los casos de violencia de género en contra de mujeres y niñas. Entonces, debe analizarse si esa regulación se refiere a un aspecto orgánico o corresponde a un elemento necesario para la implementación de los mecanismos alternativos de solución de controversias en el ámbito penal.
25. Este Pleno considera que la excepción a la conciliación en casos de violencia de género contra mujeres y niñas es una cuestión relativa a los delitos de violencia de género a los que hace referencia el código penal de la entidad. Dicha cuestión no es de carácter orgánico, pues no regula la organización de entes o las atribuciones de determinadas autoridades, sino que se dirige a establecer un aspecto procesal sobre esos ilícitos –como los supuestos de exclusión de la conciliación en violencia familiar en materia penal–.
26. Asimismo, la referida excepción a la conciliación para casos de violencia de género en contra de mujeres y niñas no regula una temática necesaria para complementar o hacer efectiva la reforma procesal penal o de medios alternativos de solución de controversias en ese ámbito. Además, debe tenerse presente que los supuestos de excepción a un medio alterno de solución de conflictos en materia de delitos ya están previstos en la legislación que ha emitido el Congreso de la Unión en dicha materia.
27. En efecto, ese órgano legislativo federal, con fundamento en el artículo 73, fracción XXI, inciso c), constitucional emitió tanto el Código Nacional de Procedimientos Penales como la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal. Esta última tiene como objeto establecer los principios, bases, requisitos y condiciones de los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal que conduzcan a las soluciones alternas previstas en la legislación procedimental penal aplicable.(30) Es decir, su objetivo es desarrollar los diversos tipos de mecanismos alternativos en materia penal (la mediación, conciliación y junta restaurativa) que se enmarcan en una de las dos grandes categorías que el Código Nacional de Procedimientos Penales prevé como posibilidad para dirimir controversias penales en vías distintas al procedimiento "ordinario": los acuerdos reparatorios.(31) Cada uno de los mecanismos alternativos previstos en la Ley Nacional busca que las partes diriman su controversia al suscribir un acuerdo reparatorio que, una vez que se ha aprobado su cumplimiento pleno, extingue la acción penal.(32)
28. Bajo esta perspectiva, la propia Ley Nacional señala que los mecanismos alternativos serán procedentes "en los casos previstos por la legislación procedimental penal aplicable"(33) que no puede ser otra más que la ley única en esa materia emitida por el Congreso Federal. Así, el Código Nacional de Procedimientos Penales señala que los acuerdos reparatorios podrán ser solicitados por las partes desde la presentación de la denuncia o querella o hasta antes de decretarse el auto de apertura a juicio.(34) Asimismo, el código referido señala que procederán únicamente cuando se trate de: (i) delitos que se persiguen por querella, por requisito equivalente de parte ofendida o que admiten el perdón de la víctima o el ofendido; (ii) delitos culposos, o (iii) delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas. Además, se limita la procedencia de los acuerdos en los casos en que el imputado haya: (a) celebrado anteriormente otros acuerdos por hechos que correspondan a los mismos delitos dolosos, o cuando se trate de delitos de violencia familiar o sus equivalentes en las entidades federativas, y (b) incumplido previamente un acuerdo reparatorio, salvo que haya sido absuelto.(35)
29. Como se aprecia, la legislación única en materia procedimental penal y de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal emitida por el Congreso de la Unión ya dispone los supuestos en que procederán las soluciones alternas en la materia, así como las excepciones a esos modos de resolución de conflictos.
30. Por tal razón, en suplencia de la deficiencia de la queja y con fundamento en el «artículo» 71 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, se concluye que es inconstitucional el artículo 17, párrafo segundo, en las porciones normativas "o de género" y "o delitos que se persigan de oficio" de la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicado el ocho de agosto de dos mil diecinueve, toda vez que con su emisión el legislador local invadió las competencias del Congreso de la Unión. Como se desarrolló en párrafos precedentes, las entidades federativas tienen proscrito modificar o inclusive reiterar los contenidos ya previstos en la legislación única que se haya emitido en términos del artículo 73, fracción XXI, inciso c), constitucional.
31. Respecto al supuesto de excepción a la conciliación en los casos de violencia familiar contra mujeres y niñas de la porción normativa impugnada –hipótesis identificada como inciso a) en el párrafo 13 de esta sentencia–, es importante precisar que el legislador del Estado de Veracruz, en ejercicio de su libertad de configuración normativa, reguló la violencia familiar tanto en el Código Civil(36) como en el Código Penal.(37)
32. Además, en el artículo 2, fracción III,(38) de la legislación a la que corresponde la porción normativa impugnada se indica que la violencia familiar es el uso de la fuerza física o moral, por acción u omisión, recurrente e intencional y las agresiones verbales, aun cuando esas acciones no estén previstas como delitos por otros ordenamientos. Con lo anterior, se constata que el legislador del Estado de Veracruz decidió regular la violencia familiar tanto en el ámbito civil como el penal, y no sólo asignarle consecuencias en una sola de esas categorías.
33. La conclusión anterior se refuerza con lo dispuesto en la Ley 235 de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para la entidad, pues en su artículo 1 se indica que su objeto es definir y establecer los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres y las niñas, para que sus órdenes de gobierno realicen acciones encaminadas a su prevención, atención, sanción y erradicación.(39) Asimismo, el precepto 6 de esa ley indica que cuando alguno de los actos u omisiones considerados en ese ordenamiento constituya delito, se aplicarán las disposiciones establecidas en la Ley Penal del Estado de Veracruz.
34. Así las cosas, si en la porción normativa impugnada se regulan los casos de violencia familiar contra mujeres y niñas como excepción a la conciliación, prima facie, podría estimarse que también se actualiza una incompetencia del legislador local para regular supuestos que correspondan a medios alternativos en materia penal. Sin embargo, decidir en ese sentido respecto de la porción normativa "así como aquellas que deriven de violencia familiar contra mujeres y niñas" llevaría a soslayar que, la violencia familiar no corresponde únicamente a la materia penal en la entidad, pues ha quedado demostrado que también pertenece al ámbito civil. Además, pasaría por alto que este Tribunal Pleno resolvió en la acción de inconstitucionalidad 84/2017,(40) que las entidades federativas son competentes para legislar en materia de medios alternos de solución de conflictos civiles.(41)
35. Por consiguiente, si la porción normativa "así como aquellas que deriven de violencia familiar contra mujeres y niñas" de la norma controvertida puede ser interpretada desde un ámbito competencial que es propio de la Legislatura Estatal –esto es, como supuesto referido a la improcedencia de los medios alternativos de solución de controversias en materia civil–, lo procedente es, por un lado, excluir la interpretación que pudiese ser inconstitucional –que se trata de una exclusión para r
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29752-16895b9e/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-ejecutivo-federal-por · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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