VIOLENCIA FAMILIAR. SI LA IMPUTADA ES MUJER, LA VÍCTIMA SU HIJA MENOR DE EDAD Y EXISTEN INDICIOS DE QUE PUDIERA ENCONTRARSE EN UNA SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD POR RAZÓN DE GÉNERO QUE LE HIZO CREER QUE SU ACTUAR ESTABA JUSTIFICADO (COMO MÉTODO DISCIPLINARIO), EL JUEZ DEBE RECABAR Y ORDENAR LAS PRUEBAS PERTINENTES PARA ESCLARECER SI REALIZÓ LA ACCIÓN BAJO UN ERROR DE PROHIBICIÓN INVENCIBLE, COMO CAUSA DE INCULPABILIDAD.
AMPARO DIRECTO 109/2023. 16 DE MARZO DE 2023. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: EDGAR RAFAEL JUÁREZ AMADOR. PONENTE: J. JESÚS LÓPEZ ARIAS. SECRETARIO: EDWIN JAHAZIEL ROMERO MEDINA.
CONSIDERANDO:
QUINTO.—Estudio. Son fundados los conceptos de violación en suplencia de la queja deficiente que procede en favor de la sentenciada quejosa, con fundamento en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo.(14)
Existe una violación procesal porque la Sala penal omitió ordenar la reposición del procedimiento, a efecto de recabar material probatorio para aclarar alguna situación de vulnerabilidad por razones de género de la imputada, ahora quejosa, con la finalidad de visibilizar si se encuentra en desventaja.
Violación que trascendió al resultado del fallo, porque de detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género, sería posible evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones de género.
Es así, porque las pruebas podrían ser reveladoras de la actualización de un error de prohibición invencible, como causa de inculpabilidad, concretamente porque la ahora solicitante del amparo realizó la acción bajo un error invencible respecto a la ilicitud de la conducta, por un contexto relacionado con que fue madre adolescente, está soltera, sin trabajo, al dedicarse al hogar, sin ingresos y con el cuidado de otro hijo infante, con antecedentes que no le hayan permitido ejercer correctamente su maternidad, lo que le permitió creer que se encontraba justificada.
En principio, es necesario recapitular que los hechos de la acusación consisten en que entre los primeros días de enero de 2021 y el 5 de abril del mismo año, en el domicilio ubicado en calle **********, sin número, colonia ********** en la **********, ha venido ejerciendo violencia física sobre su hija, la niña de iniciales **********, golpeándola en diferentes partes del cuerpo con diversos objetos.
Concretamente en 2 ocasiones: una, con un cable en las piernas, porque la niña le dijo a la vecina que murió un burro de ésta y, otra, con un cinto en la cabeza, cuando la niña no se concentraba al hacer una tarea.
Los elementos respecto al citado delito se desprenden de los artículos 200 y 201, fracción I, del Código Penal para el Estado de Baja California Sur, transcritos enseguida:
"Artículo 200. Violencia familiar. A quien teniendo la calidad de cónyuge, concubina o concubinario, pariente consanguíneo en línea recta ascendente o descendente sin limitación de grado, pariente colateral consanguíneo o afín hasta el cuarto grado, adoptante o adoptado, maltrate física, psicológica, emocional, patrimonial o económicamente a un miembro de la familia, se le impondrán de tres años seis meses a siete años seis meses de prisión y multa de cien a cuatrocientos días, y pérdida de los derechos que tenga respecto de la víctima, incluidos los de carácter sucesorio y prohibición de ir a un lugar determinado o residir en él."
"Artículo 201. Definiciones. Para los efectos del artículo anterior se considera:
"I. Maltrato físico. Todo acto de agresión intencional en el que se utilice alguna parte del cuerpo, objeto, elemento o sustancia para sujetar, inmovilizar o causar daño a la integridad física de otra persona."
Conforme a los citados preceptos, en el caso, acorde con la acusación, los elementos del delito consisten en una calidad específica del sujeto activo, quien debe ser pariente consanguíneo en línea recta ascendente (mamá de la víctima en este caso), así como un verbo rector consistente en maltratar físicamente a un miembro de la familia que es el sujeto pasivo (hija niña de 7 años en la época de los hechos).
Debiendo entenderse por maltrato físico, en el caso, en términos de la acusación, un acto de agresión intencional en el que se utilizaron objetos (golpes con un cable y un cinto), para causar daño a la integridad física de otra persona.
Al respecto, en la sentencia reclamada la responsable confirmó la sentencia apelada, al considerar que las pruebas consistentes en: i) declaración de la niña víctima, ii) el testimonio del padre ofendido y el de iii) la esposa de éste, así como la iv) declaración del perito en medicina, son demostrativas de que entre los primeros días de enero de 2021 y el 5 de abril de 2021, en el domicilio ubicado en la colonia **********, en la **********, la niña ********** de entonces 7 años, fue víctima del delito de violencia familiar por maltrato físico.
Concretamente, porque sufrió un maltrato físico intencional por parte de su mamá, la ahora quejosa, quien utilizó objetos, al pegarle con un cable en las piernas, porque la niña le dijo a la vecina que murió un burro de ésta; aunado a que la golpeó con un cinto en la cabeza, en otra ocasión, cuando la niña no se concentraba al hacer una tarea.
Consecuentemente, le fue impuesta a la quejosa la pena mínima de 3 años, 6 meses de prisión, prevista en el artículo 200 del Código Penal para el Estado de Baja California Sur; ello, conforme a su grado mínimo de culpabilidad.
Pena de prisión que, a pesar de ser la mínima, no permitió a la quejosa obtener algún beneficio, por lo cual, al estar privada de la libertad, será separada de su hija, la niña víctima, quien declaró que cuenta con un hermano menor quien, consecuentemente, también será separado de la madre.
Ello, porque la referida pena mínima de prisión de 3 años, 6 meses, excede las previstas en el artículo 88 del Código Penal para el Estado de Baja California Sur, para obtener algún beneficio de sustitución de la prisión (1 o 2 años, según la sustitución que corresponda), así como las establecidas en el artículo 93 de la misma codificación, para gozar del beneficio de la suspensión de ejecución de la pena (2 años).
Los citados preceptos establecen:
"Artículo 88. Sustitución de la prisión. El Juez, considerando lo dispuesto en el artículo 74 de este código, podrá sustituir la pena de prisión en los términos siguientes:
"I. Por multa, trabajo a favor de la víctima u ofendido, o a renuncia expresa o falta de éstos a favor del Estado cuando no exceda de un año; o
"II. Por tratamiento en libertad o semilibertad cuando no exceda de dos años.
"La equivalencia de la multa sustitutiva de la pena de prisión será en razón de un día multa por un día de prisión y de acuerdo con las posibilidades económicas de la persona sentenciada."
"Artículo 93. Requisitos para la procedencia de la suspensión. El Juez o tribunal, al dictar sentencia condenatoria, suspenderá motivadamente la ejecución de las penas, de oficio o a petición de parte, siempre que concurran los siguientes requisitos:
"I. Que la duración de la pena impuesta no exceda de dos años de prisión;
"II. Que en atención al delito cometido no haya necesidad de sustituir las penas en función del fin para el que fueron impuestas; y
"III. Que no se trate de un delito doloso cometido en contra de una persona menor de dieciocho años de edad o que no tuviese capacidad para comprender el significado del hecho, siempre y cuando la conducta hubiese sido perpetrada aprovechándose de su vulnerabilidad."
Sin embargo, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 173, apartado B, fracciones X y XIX, de la Ley de Amparo,(15) advierte que en el juicio del orden penal se violaron las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas de la quejosa, ya que no se recabaron pruebas de oficio para aclarar la situación de vulnerabilidad por razones de género de la imputada, ahora quejosa.
Es así, porque en caso de detectarse alguna situación de desventaja por cuestiones de género, sería posible evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria, de acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones de género, acorde con lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia siguiente:
"Registro digital: 2011430
"Instancia: Primera Sala
"Décima Época
"Materia: Constitucional
"Tesis: 1a./J. 22/2016 (10a.)
"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
"Libro 29, Tomo II, abril de 2016, página 836
"Tipo: Jurisprudencia
"ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. Del reconocimiento de los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación por razones de género, deriva que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en una perspectiva de género, para lo cual, debe implementarse un método en toda controversia judicial, aun cuando las partes no lo soliciten, a fin de verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de género, impida impartir justicia de manera completa e igualitaria. Para ello, el juzgador debe tomar en cuenta lo siguiente: i) identificar primeramente si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia; ii) cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género; iii) en caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones; iv) de detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones de género; v) para ello debe aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas, especialmente de los niños y niñas; y, vi) considerar que el método exige que, en todo momento, se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo que debe procurarse un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por motivos de género."
"Registro digital: 2013866
"Instancia: Primera Sala
"Décima Época
"Materia: Constitucional
"Tesis: 1a. XXVII/2017 (10a.)
"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
"Libro 40, Tomo I, marzo de 2017, página 443
"Tipo: Aislada
"JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. CONCEPTO, APLICABILIDAD Y METODOLOGÍA PARA CUMPLIR DICHA OBLIGACIÓN. De acuerdo con la doctrina de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el tema, la perspectiva de género constituye una categoría analítica –concepto– que acoge las metodologías y mecanismos destinados al estudio de las construcciones culturales y sociales entendidas como propias para hombres y mujeres, es decir, lo que histórica, social y culturalmente se ha entendido como lo ‘femenino’ y lo ‘masculino’. En estos términos, la obligación de las y los operadores de justicia de juzgar con perspectiva de género puede resumirse en su deber de impartir justicia sobre la base del reconocimiento de la particular situación de desventaja en la cual históricamente se han encontrado las mujeres –pero que no necesariamente está presente en cada caso–, como consecuencia de la construcción que socioculturalmente se ha desarrollado en torno a la posición y al rol que debieran asumir, como un corolario inevitable de su sexo. La importancia de este reconocimiento estriba en que de él surgirá la posibilidad de que quienes tengan encomendada la función de impartir justicia, puedan identificar las discriminaciones que de derecho o de hecho pueden sufrir hombres y mujeres, ya sea directa o indirectamente, con motivo de la aplicación del marco normativo e institucional mexicano. Dicho de otra manera, la obligación de juzgar con perspectiva de género exige a quienes imparten justicia que actúen remediando los potenciales efectos discriminatorios que el ordenamiento jurídico y las prácticas institucionales pueden tener en detrimento de las personas, principalmente de las mujeres. En estos términos, el contenido de la obligación en comento pueden resumirse de la siguiente forma: 1) Aplicabilidad: es intrínseca a la labor jurisdiccional, de modo que no debe mediar petición de parte, la cual comprende obligaciones específicas en casos graves de violencia contra las mujeres, y se refuerza aún más en el marco de contextos de violencia contra éstas; y, 2) Metodología: exige cumplir los seis pasos mencionados en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 22/2016 (10a.), de rubro: ‘ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.’, que pueden resumirse en la necesidad de detectar posibles –mas no necesariamente presentes– situaciones de desequilibrio de poder entre las partes como consecuencia de su género, seguida de un deber de cuestionar la neutralidad de las pruebas y el marco normativo aplicable, así como de recopilar las pruebas necesarias para visualizar el contexto de violencia o discriminación, y finalmente resolver los casos prescindiendo de cualesquiera cargas estereotipadas que resulten en detrimento de mujeres u hombres."
En efecto, las pruebas para aclarar la situación de vulnerabilidad por razones de género de la imputada, podrían demostrar que se encuentra en situación de desventaja de la que le surgió la creencia de que el maltrato físico a su hija, sin gravedad, para corregirla, estaba justificado.
Ello, porque las pruebas podrían ser reveladoras de que esa creencia la tiene, en su caso, por su situación particular como mujer, en razón de que fue madre adolescente, se encargaba de la crianza de su hija víctima, dedicándose a las labores del hogar, sin ingresos y con la crianza de otro hijo infante, en un contexto en el que veía normalizado y aceptado el maltratar físicamente a los infantes, sin gravedad, como correctivo disciplinario.
Entonces, resultaban necesarias las pruebas de experticia, para advertir aspectos psicológicos y socioeconómicos en torno a la quejosa, con la finalidad de visibilizar alguna situación de desventaja que pudiera ser reveladora de la actualización de un error de prohibición invencible, como causa de inculpabilidad.
Es así, porque de advertirse tal creencia, estaría demostrado que realizó la acción bajo un error invencible respecto a la ilicitud de la conducta, por un contexto surgido de su situación de vulnerabilidad que le permitió creer que se encontraba justificada; ello, acorde con lo previsto en el artículo 31, fracción V, inciso b), del Código Penal para el Estado de Baja California Sur que establece:
"Artículo 31. Causas de exclusión del delito. El delito se excluye cuando:
"...
"V. Error de tipo invencible como causa de atipicidad y error de prohibición invencible como causa de inculpabilidad. Se realice la acción o la omisión bajo un error invencible, respecto de:
"...
"b) La ilicitud de la conducta, ya sea porque el sujeto desconozca la existencia de la ley o el alcance de la misma o porque crea que su conducta se encuentra justificada."
Como puede advertirse del citado precepto, el delito se excluye ante un error de prohibición invencible como causa de inculpabilidad, acontece cuando se realiza la acción bajo un error invencible, respecto de la ilicitud de la conducta, porque el sujeto crea que su conducta se encuentra justificada.
En el caso, en la audiencia de juicio oral, concretamente en los alegatos de apertura y clausura, como lo advirtió la Jueza de primera instancia en la sentencia confirmada en apelación, la defensa fue insistente al indicar que la ahora quejosa no es responsable, porque al golpear a su hija estaba ejerciendo el derecho a corregirla, sin la intención de dañar su integridad física, ya que ningún padre tiene ese propósito, al no existir un manual para ser padres, pues ello se va aprendiendo "sobre la marcha", por lo que al no existir lesiones en la niña, ni daño emocional, se trató de un exceso en el ejercicio del derecho a corregir.
Circunstancia insuficiente para considerar demostrada plenamente una causa de justificación de la conducta atribuida a la ahora quejosa; ello, porque la violencia familiar no se justifica en ningún caso como una forma de educación o formación hacia la niña, pues cualquier acto de violencia riñe con el derecho de la infante a ser protegida en su integridad personal.
Empero, no se trata de establecer la plena acreditación de una causa de justificación, ya que en realidad es necesario advertir si la imputada tenía o no una creencia de que actuó con justificación.
Por ende, resultaba menester indagar en torno a las circunstancias que, respecto a la quejosa, destacó la juzgadora de primera instancia, quien advirtió que es una mujer con 24 años de edad al momento de ser sentenciada, por lo que infirió que era adolescente (17 años) cuando fue madre de la niña víctima, y que ello pudo influir en su formación y manera de ejercer la maternidad.
Ello, aunado a que las declaraciones de la niña víctima, su padre y esposa de éste, ponen de manifiesto que la niña vivía con su mamá, ahora quejosa quien, al declarar, expresó que se encuentra soltera, se dedica al trabajo del hogar, no recibe ingresos y tiene otro hijo infante a su cuidado.
Entonces, resultaba necesaria una prueba pericial en psicología, para advertir si el hecho de que la imputada fuera madre adolescente, podría influir en su formación y manera de ejercer la maternidad, incluso a la luz de sus antecedentes familiares y estado que guardaba su condición emocional y mental en la época de los hechos, ya que de tal manera podría advertirse si contaba o no con la creencia de que su conducta de golpear a su hija, en una ocasión con un cable y, en otra, con un cinto, estaba justificada.
Además, esa influencia en su formación podría advertirse del mismo dictamen, en relación con diversos en materia socioeconómica, que permitan apreciar el contexto en el que la imputada se desarrolló al vivir como madre soltera, dedicada a las labores del hogar y sin ingresos, pues ello podría ser indicativo de una situación de desventaja que la colocó en una creencia de que su actuar estaba justificado.
Con independencia de que la imputada estudiara la preparatoria y al momento de los hechos contara con la mayoría de edad, ya que esos dos elementos aislados no podrían ser reveladores de que la ahora quejosa no estaba en la creencia de que actuó con justificación, al resultar necesarios mayores elementos probatorios, como las opiniones de expertos que revelen datos objetivos para tal efecto.
De ahí la relevancia de recabar material probatorio para aclarar la situación de vulnerabilidad por razones de género de la imputada, ahora quejosa, con la finalidad de visibilizar alguna situación de desventaja o vulnerabilidad en un contexto que le generara la creencia de que actuó con justificación.
Máxime que existen indicios de que la quejosa pudo tener esa creencia, ya que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha destacado la problemática sobre el castigo corporal y los tratos crueles y degradantes a niñas, niños y adolescentes, particularmente en México, donde históricamente se ha normalizado y aceptado tanto en los ámbitos familiares, como de educación y readaptación de la infancia, lo que ha tenido consecuencias directas en la forma de asimilar la violencia que se vive en este país.
"Registro digital: 2022436
"Instancia: Primera Sala
"Décima Época
"Materias: Civil, Constitucional
"Tesis: 1a. XLIX/2020 (10a.)
"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
"Libro 80, Tomo I, noviembre de 2020, página 941
"Tipo: Aislada
"CASTIGO CORPORAL COMO MÉTODO DE DISCIPLINA. LOS MALTRATOS Y AGRESIONES FÍSICAS CONTRA MENORES DE EDAD, SEAN LEVES, MODERADOS O GRAVES, SON CONTRARIOS A SU DIGNIDAD HUMANA Y VULNERAN SU DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL. "Hechos: El padre de un menor de edad en la primera etapa de la infancia, demandó en su favor el cambio de la guardia y custodia de su hijo, en virtud de que la madre ejerció sobre éste actos de violencia física (golpe en la espalda con un cable). El órgano de amparo estimó que se trató de un acto aislado, realizado como una medida correctiva disciplinaria justificada, que no encuadraba en la definición de castigo corporal conforme a la doctrina del Comité de los Derechos del Niño. Juzgado el caso, en el contexto de separación de los progenitores, se determinó que la guarda y custodia del niño la debía ejercer la madre.
"Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el maltrato físico, sea leve, moderado o grave, que tenga por objeto causar cierto grado de dolor o malestar, o cualquier castigo que busque menospreciar, humillar, denigrar, amenazar, asustar o ridiculizar al menor de edad, constituye un castigo corporal y/o un trato cruel y degradante, que resulta incompatible con la dignidad y los derechos de los menores de edad a su integridad personal y a su sano desarrollo integral; por lo que la erradicación del castigo corporal y los tratos crueles y degradantes es una necesidad apremiante en nuestra sociedad, que vincula a no justificar tales conductas como método correctivo o de disciplina para la niñez, en ningún ámbito.
"Justificación: En nuestro derecho interno, el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho de la niñez a un sano desarrollo integral, y en consonancia con ello, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 13, fracciones VII y VIII, reconoce los derechos de los menores de edad a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, así como a vivir una vida libre de violencia y a la integridad personal; mientras que el precepto 103 de la misma ley obliga a quienes ejercen la patria potestad, a protegerles contra toda forma de violencia, maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, venta, trata de personas y explotación. De igual manera, en el corpus iuris internacional, entre otras fuentes, la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 19, establece el derecho del infante a ser protegido contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras éste se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. Al respecto, el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas en sus Observaciones Generales No. 8 y No. 13, definió al castigo corporal o físico ‘como todo castigo en el que se utilice la fuerza física y tenga por objeto causar cierto grado de dolor o malestar, aunque sea leve’. Lo anterior da cuenta de que los menores de edad deben gozar de una protección reforzada respecto de su integridad personal (psico-física) en orden a su sano desarrollo integral, que exige no justificar como método de corrección o disciplina, el uso deliberado y punitivo de la fuerza para provocarles dolor, molestia, humillación, o cualquier otra forma violenta, cruel o degradante con ese fin. Asimismo, la ‘frecuencia’, la ‘gravedad del daño’ y la ‘intención de causar daño’, no son requisitos previos de las definiciones de violencia. Ello no significa rechazar el concepto positivo de disciplina promoviendo formas de crianza positivas, no violentas y participativas. Esta Primera Sala es consciente de esta problemática sobre el castigo corporal y los tratos crueles y degradantes a niñas, niños y adolescentes, particularmente en México, donde históricamente se ha normalizado y aceptado tanto en los ámbitos familiares como de educación y readaptación de la infancia, lo que ha tenido consecuencias directas en la forma de asimilar la violencia que se vive en este país. Por lo que, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce como apremiante la necesidad de erradicación de esas formas de disciplina."
Además, existe otro indicio de que la quejosa podría tener la creencia de que está justificado el maltrato físico a su hija, mientras no resulte grave, como medida de corrección; ello, en razón de que pudo pensar que no sería judicializada, acorde al principio de minimis, al que resulta factible que acudiera, sin identificación técnica, por sentido común, influenciada por sus condiciones particulares y relativas a su contexto que, se insiste, debieron indagarse.
Es así, porque la Observación General No. 8 del Comité de los Derechos del Niño indica que el principio de protección de los niños contra la agresión, incluida la que tiene lugar en la familia, no significa que todos los casos que salgan a la luz de castigo corporal de los niños por sus padres, tengan que traducirse en el enjuiciamiento de los padres, pues atendiendo al principio de minimis, el cual garantiza que las agresiones leves entre los adultos sólo lleguen a los tribunales en circunstancias muy excepcionales, también aplica para las agresiones de menor cuantía a los niños, esto porque además la situación de dependencia de los niños y la intimidad característica de las relaciones familiares, exigen que las decisiones de enjuiciar a los padres o de intervenir oficialmente de otra manera en la familia, deban tomarse con extremo cuidado, pues en la mayoría de los casos no es probable que el enjuiciamiento de los padres redunde en el interés superior de los hijos.
Así, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas opina que el enjuiciamiento y otras intervenciones oficiales (por ejemplo, separar a la niña de su madre) deberían tener lugar sólo cuando se considere necesario para proteger al niño de algún daño importante y cuando vaya en beneficio del interés del niño afectado, para lo cual debe tenerse en cuenta su opinión en función de su edad y madurez.
Tiene aplicación la jurisprudencia siguiente:
"Suprema Corte de Justicia de la Nación
"Registro digital: 2022437
"Instancia: Primera Sala
"Décima Época
"Materias: Civil, Constitucional
"Tesis: 1a. L/2020 (10a.)
"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
"Libro 80, Tomo I, noviembre de 2020, página 943
"Tipo: Aislada
"CASTIGOS CORPORALES. SU INCIDENCIA EN LA ASIGNACION DE LA GUARDA Y CUSTODIA, SE DEBE DETERMINAR EN CADA CASO, EN FUNCIÓN DEL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR DE EDAD.
"Hechos: El padre de un menor de edad en la primera etapa de la infancia, demandó en su favor el cambio de la guarda y custodia de su hijo, en virtud de que la madre ejerció sobre éste actos de violencia física (golpe en la espalda con un cable). El órgano de amparo estimó que se trató de un acto aislado, realizado como una medida correctiva disciplinaria justificada, que no encuadraba en la definición de castigo corporal conforme a la doctrina del Comité de los Derechos del Niño. Juzgado el caso, en el contexto de separación de los progenitores, se determinó que el episodio de violencia no incidía en la decisión y se estimó que la guarda y custodia del niño la debía ejercer la madre, por ser lo más benéfico a su interés superior.
"Criterio jurídico: Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la asignación de la guarda y custodia de un menor de edad frente a un incidente de maltrato corporal, debe decidirse atendiendo a todas las circunstancias del caso y en función del interés superior del menor de edad; es decir, el acto o actos de violencia física no conducen en automático a negar la función de la guarda y custodia al progenitor que ejerció la violencia para otorgarla al otro, sino que se deben ponderar todos los elementos del caso, para garantizar que la decisión sobre quién ejercerá sus cuidados y quién mantendrá un régimen de convivencia con él, sea el escenario de mayor beneficio para el menor de edad.
"Justificación: En la Observación General No. 8 del Comité de Derechos de los Niños, éste señaló que el principio de protección de los niños contra la agresión, incluida la que tiene lugar en la familia, no significa que en todos los casos en que salga a la luz el castigo corporal de los infantes por sus padres, ello tenga que traducirse necesariamente en el enjuiciamiento de éstos, o en la intervención oficial de la familia, pues conforme al principio de minimis, las agresiones de menor cuantía no conducirán a esos resultados de enjuiciamiento o intervención, pues el objetivo es poner fin al empleo de la violencia por parte de los padres hacia los hijos, mediante intervenciones de apoyo y educativas, no punitivas, y en la mayoría de los casos, no es probable que el enjuiciamiento de los padres o la intervención oficial de la familia, redunde en el interés superior de los menores de edad. Por ello, esas medidas deben tener lugar sólo cuando se considere necesario para proteger al niño contra algún daño importante y cuando vaya en el interés superior del menor de edad afectado. Por su parte, en la Observación General No. 13 dicho Comité señaló que la ‘frecuencia’, la ‘gravedad del daño’ y la ‘intención de causar daño’, no son elementos exigibles para poder considerar que se actualicen actos de violencia contra el menor de edad, pero pueden ser tenidos en cuenta como factores para establecer cuál debe ser la estrategia de intervención más eficaz, a fin de dar respuestas proporcionales que tengan en cuenta el interés superior del menor de edad. Con esa base, esta Primera Sala considera que ante situaciones familiares que involucren actos de violencia física contra los menores de edad, los juzgadores están constreñidos a ponderar todas las circunstancias y elementos del caso, para decidir de qué manera esos eventos de violencia pueden incidir en la decisión sobre la asignación de la guarda y custodia, sin perder de vista que en todo momento se debe buscar el mayor beneficio de los menores de edad, conforme a su interés superior."
Sin que sean inadvertidos los derec
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31600-11d5ec7c/violencia-familiar-si-la-imputada-es-mujer-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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