ACCESO A LA JUSTICIA EN EL PROCESO PENAL MIXTO. CUANDO LOS TRIBUNALES CONSTITUCIONALES ADVIERTAN QUE SE CONDENÓ A UNA MUJER CON BASE EN UN ANÁLISIS ERRÓNEO DEL MATERIAL PROBATORIO, EN OBSERVANCIA A DICHO PRINCIPIO Y A QUE SE ENCUENTRA EN UN ESTADO DE VULNERABILIDAD, DEBEN EXAMINARLO NUEVAMENTE EN SU INTEGRIDAD, SIN QUE ELLO IMPLIQUE UNA SUSTITUCIÓN DE LA RESPONSABLE EN SUS FACULTADES DE VALORACIÓN. VIOLENCIA FAMILIAR. PARA ACREDITAR LOS ELEMENTOS DEL TIPO PENAL, CUANDO LA IMPUTADA SEA UNA MUJER Y LOS TESTIGOS DE CARGO (SUS HIJOS MENORES DE EDAD), POR LA SIMILITUD DE SUS DECLARACIONES, EVIDENCIEN INDICIOS DE ALIENACIÓN PARENTAL, EL ANÁLISIS DE ÉSTAS DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON EL PRINCIPIO ONTOLÓGICO DE LA PRUEBA Y LA METODOLOGÍA PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NAYARIT).
AMPARO DIRECTO 400/2020. 26 DE AGOSTO DE 2021. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: ENRIQUE ZAYAS ROLDÁN. ENCARGADO DEL ENGROSE: JOSÉ MARTÍN MORALES MORALES, SECRETARIO DE TRIBUNAL AUTORIZADO POR LA COMISIÓN DE CARRERA JUDICIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES DE MAGISTRADO. SECRETARIO: FRANCISCO RENÉ CHAVARRÍA ALANIZ.
CONSIDERANDO:
SÉPTIMO.—Los motivos de disenso que hace valer la impetrante de la acción constitucional son esencialmente fundados, partiendo de la base de que se analizan bajo la óptica del principio de suplencia de la queja deficiente, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo.
Además, el estudio de este asunto se sustenta en la metodología que, para juzgar con perspectiva de género, jurisprudencialmente ha establecido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Conforme a la doctrina que sobre el tema ha emitido la aludida Primera Sala, la perspectiva de género constituye una categoría analítica –concepto– que acoge las metodologías y mecanismos destinados al estudio de las construcciones culturales y sociales entendidas como propias para hombres y mujeres, es decir, lo que histórica, social y culturalmente se ha entendido como "lo femenino" y "lo masculino".
Entonces, la obligación de las y los operadores de justicia de juzgar con perspectiva de género puede resumirse en su deber de impartir justicia sobre la base del reconocimiento de la particular situación de desventaja en la cual históricamente se han encontrado las mujeres –pero que no necesariamente está presente en cada caso–, como consecuencia de la construcción que socioculturalmente se ha desarrollado en torno a la posición y al rol que debieran asumir, como un corolario inevitable de su sexo.
La relevancia de este reconocimiento estriba en que de él surgirá la posibilidad de que quienes tengan encomendada la función de impartir justicia puedan identificar las discriminaciones que de derecho o de hecho pueden sufrir hombres y mujeres, ya sea directa o indirectamente, con motivo de la aplicación del marco normativo e institucional mexicano.
Así, para impartir justicia con base en una perspectiva de género, debe implementarse un método en toda controversia judicial, aun cuando las partes no lo soliciten, a fin de verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de género, impida la impartición de justicia de manera completa e igualitaria.
De ahí que la metodología de que se habla puede sintetizarse en la necesidad de detectar posibles –mas no necesariamente presentes– situaciones de desequilibrio de poder entre las partes, como consecuencia de su género, seguida de un deber de cuestionar la neutralidad de las pruebas y el marco normativo aplicable, así como de recopilar las pruebas necesarias para visualizar el contexto de violencia o discriminación y, finalmente, resolver los casos prescindiendo de cualesquiera cargas estereotipadas que resulten en detrimento de mujeres u hombres.
Al respecto, es puntualmente aplicable la jurisprudencia por reiteración 1a./J. 22/2016 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 836, Libro 29, Tomo II, abril de 2016, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número registro digital: 2011430, que dice:
"ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. Del reconocimiento de los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación por razones de género, deriva que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en una perspectiva de género, para lo cual, debe implementarse un método en toda controversia judicial, aun cuando las partes no lo soliciten, a fin de verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de género, impida impartir justicia de manera completa e igualitaria. Para ello, el juzgador debe tomar en cuenta lo siguiente: i) identificar primeramente si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia; ii) cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género; iii) en caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones; iv) de detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones de género; v) para ello debe aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas, especialmente de los niños y niñas; y, vi) considerar que el método exige que, en todo momento, se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo que debe procurarse un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por motivos de género."
Establecido el contexto relatado, se considera prudente acotar que en el presente caso, este órgano de control constitucional analizará la forma en la cual la autoridad responsable justipreció el material probatorio en su sentencia, sin que ello implique una sustitución en sus facultades de valoración, pues atendiendo en todo momento al principio de mayor beneficio estatuido en el artículo 189(7) de la ley de la materia, válidamente puede ponderarse cualquier circunstancia que pueda derivar en un resultado positivo para la situación jurídica de la impetrante y, con ello, se privilegia la atención del principio de una justicia pronta y completa, garante de la protección de los derechos humanos alegados por la parte quejosa.
Sobre esa base, los conceptos de violación en los cuales se expone que la autoridad responsable valoró de manera ilegal el material probatorio para tener por acreditados los elementos del tipo penal de violencia familiar, son esencialmente fundados, suplidos en su deficiencia.
En efecto, del análisis del expediente se advierte que el Juez no insistió en el desahogo de la pericial que ofreció la justiciable, y que al resolver se desestimaron los testimonios de su madre y de su hermana, porque eran parientes; y no obstante que la hermana del denunciante es su pariente en el mismo grado, a ésta sí le otorgó valor probatorio; además, la única prueba pericial desahogada reveló que la parte quejosa demostró ser vulnerable ante probables conflictos familiares, especialmente con su pareja; además, que ante la problemática con el ya mencionado y ante situaciones externas, refirió controlar su agresividad hacia el mundo y hacia sí misma, y miedo a expresar agresividad hacia sus hijos y personas externas.
Al margen de lo anterior, las declaraciones en las cuales se sustenta la acreditación del primer elemento del delito en cita, son contradictorias y aleccionadas, pues se advierte una alienación de los hijos hacia su progenitora, dadas las convergencias y similitudes en las circunstancias que relatan.
Lo anterior es cierto; sin embargo, previo a evidenciar esta circunstancia, se destaca que el análisis de los elementos del tipo penal realizado en una sentencia debe comprender la aplicación de un estándar probatorio estricto, en virtud de que la determinación de la existencia de un delito implica corroborar que en los hechos existió una conducta (acción u omisión) típica, antijurídica y culpable.
Por tanto, al momento de dictarla se debe tener certeza jurídica de la existencia del delito, esto es, de la conducta típica, antijurídica y culpable, y de la plena responsabilidad penal del autor del hecho; de ahí que la autoridad jurisdiccional debe analizar que esto sólo puede darse como resultado de un análisis exhaustivo que implique un estándar probatorio sumamente estricto, a fin de garantizar la seguridad jurídica exigida en el proceso penal.
En ese contexto, en la resolución combatida se encontró a la parte quejosa penalmente responsable del delito de violencia familiar, cometido en agravio de **********, así como de ********** (actualmente mayor de edad) e **********, ambos de apellidos **********, previsto y sancionado en el artículo 273 Bis del Código Penal para el Estado de Nayarit, cuyo texto vigente en la época de los hechos era el siguiente:
"Artículo 273 Bis. Por violencia familiar se considera el uso de la fuerza física o moral, así como la omisión grave, que se ejerce en contra de un miembro de la familia por otro integrante de la misma contra su integridad física, psíquica o emocional, dentro o fuera del domicilio familiar, independientemente de que pueda producir o no lesiones.
"Se considera miembro de la familia:
"I. Aquella persona con la que el sujeto activo se encuentre unida en relación de matrimonio o concubinato;
"II. Aquella persona con la que el sujeto activo hubiere procreado hijos en común, o
"III. Los parientes del sujeto activo en línea recta ascendente o descendente sin límite de grado, el pariente colateral hasta el cuarto grado o por afinidad hasta el segundo grado.
"Al responsable del delito de violencia familiar se le impondrá de uno a cinco años de prisión y multa de cien a trescientos días de salario mínimo vigente en la entidad, pudiendo el Juez decretar la suspensión o pérdida de los derechos de patria potestad, tutela, hereditarios o de alimentos que tenga respecto de la víctima.
"Además de las penas señaladas en el párrafo anterior, la autoridad judicial podrá someter al agresor a tratamiento especializado en institución pública con sede en el Estado, por el tiempo que la autoridad competente determine, el cual no podrá ser mayor al tiempo impuesto en la pena de prisión."
Del citado precepto, determinó la autoridad responsable, se extraen como elementos del antijurídico a estudio:
a) Que un miembro de la familia ejerza violencia física, moral u omisión grave contra otro integrante de la familia, en su integridad física, psíquica o emocional.
b) Que la violencia se realice en el interior del domicilio o fuera de él.
Así, el primer elemento, el cual este tribunal considera como preponderante a efecto de establecer las directrices a seguir en la comprobación de dicho injusto y su probable responsabilidad, lo tuvo por acreditado con la declaración emitida en la querella formulada por **********, el veintisiete de enero de dos mil catorce, ante el agente social, y que se encuentra transcrita en parágrafos que preceden, a la cual le otorgó el valor probatorio de indicio, en virtud de que relató, como dato importante, que la impetrante del amparo ejerció violencia física y psicológica en contra de los pasivos, pues refiere que ésta, en diversas ocasiones, lugares y en forma continua ejecutó acciones consistentes en agresiones físicas y verbales, pues han sido objeto de golpes e insultos, debido a que las palabras empleadas y el comportamiento que ha venido ejerciendo en contra de los aquí terceros interesados, revelan que se trata de una persona que impone su autoridad, fuerza física y poder para abusar de los miembros de su propia familia, causando efectos en los menores, tanto por ser víctimas directas y testigos de la violencia ejercida.
Además, la autoridad responsable valoró las documentales consistentes en las actas de nacimiento de ********** e **********, ambos de apellidos **********, y el acta de matrimonio celebrado entre ********** y **********, a las cuales otorgó el valor pleno establecido en el numeral 271 del abrogado Código de Procedimientos Penales para el Estado de Nayarit, con las cuales tuvo por acreditada la existencia del vínculo familiar consanguíneo por afinidad.
El anterior material probatorio se vio robustecido –a dicho de la responsable–, con la declaración del menor ********** (transcrita en párrafos anteriores), a la cual otorgó valor de indicio preponderante, y se desprendió –a consideración de la Sala responsable– que la aquí quejosa ejerció en su contra violencia física y psicológica, al proferirle palabras que considera como groserías, además de pegarle en diferentes ocasiones con un cinto y con otros objetos.
También ponderó la declaración de **********, a la que asignó valor indiciario, y quien de forma directa tuvo conocimiento de la conducta antijurídica ejercida en su contra por su progenitora, la cual es de naturaleza física y psicológica, quien además señaló que no sólo él es víctima, sino su hermano y su padre.
Con dicho material probatorio tuvo por acreditado el primer elemento del delito de violencia familiar, consistente en que un miembro de la familia ejerció violencia física, moral u omisión grave contra otro integrante de la familia, en su integridad física, psíquica o emocional.
Conclusión que este órgano jurisdiccional no comparte, dada la ilegalidad en la valoración del material probatorio, derivada de las razones que enseguida se exponen.
En efecto, al formular su querella ante el agente del Ministerio Público, ********** realizó una sucinta relación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar que, en su opinión, constituyeron hechos generadores del delito de violencia familiar, de entre los que destacan que la aquí quejosa siempre se encontraba molesta y agresiva con él y con sus hijos, llegando al grado de propinarles golpes e insultos injustificados; asimismo, relató que fueron objeto de palabras soeces como "chinga tu madre", "pendejo", "hijo de la chingada", "baboso", "estúpido", "puto", "joto", y que estas últimas dos palabras son las preferidas de la justiciable para referirse a él y a su hijo **********.
Relató en dicha querella que la aquí quejosa agredió físicamente a sus hijos con manotazos, cachetadas, pellizcos, jalones de pelo u orejas, arañazos, con cintos, zapatos, palos, varillas de construcción y cables; refiere también que en los últimos meses se desobligó completamente del cuidado de sus hijos, y pese a que su negocio se encuentra en su domicilio conyugal, no tenía tiempo para hacerles de comer o para acudir a reuniones o citatorios en las escuelas de los menores.
Explicó que el día veintidós de agosto de dos mil trece, aproximadamente a las veintidós horas con treinta minutos, se encontraba en la plaza de Ahuacatlán, Nayarit, con la activo del delito, sus hijos y su hermana de nombre **********, pues cenarían en un puesto de la plaza de dicho poblado, cuando sin motivo alguno la justiciable le pidió que le mostrara su teléfono celular, porque quería revisarlo, a lo cual se negó, lo que originó que fuera agredido por la mencionada, de forma verbal y física, lo cual se extendió hasta su llegada a su domicilio conyugal, ubicado en la ciudad de Tepic, Nayarit, donde fue cacheteado y arañado, ocasionando que su hijo, el más pequeño, se despertara al escuchar los gritos; por ello, decidió salir de su domicilio y acudir a la casa de su progenitora que se ubica frente al inmueble que habita.
Cuenta que al llegar a dicho domicilio encontró a su hermano de nombre **********, quien le aconsejó que levantara la denuncia correspondiente, por lo cual, el veintitrés de agosto de dos mil trece se presentó en el Centro de Justicia Familiar, en el cual expuso los hechos ocurridos, y se le hizo una valoración de las lesiones que le ocasionó la impetrante, a lo cual, señaló que en ese momento se reservó el derecho de formular querella, pues confiaba en que podían dirimir la controversia; sin embargo, esto no ocurrió y ella continuó con su conducta negativa, no obstante haber sido requerida para una conciliación; además, él continuó con el tratamiento sugerido, lo cual consta en los autos del expediente ********** y en los oficios ********** y **********.
Asimismo, describió que el veinticuatro de enero de dos mil catorce a las nueve horas, la justiciable le negó la entrada al domicilio con la intervención de elementos policiacos, quienes inclusive le indicaron que no podía negarle la entrada, y al retirarse éstos de la escena, arribó una persona del sexo femenino de nombre ********** , quien es secretaria ejecutora del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, para dar cumplimiento al proveído dictado el día anterior, en el cual se admitió a la activo la solicitud de separación del domicilio familiar, en el expediente **********, radicado en el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar de esta ciudad, encontrándose en ese momento el menor ********** alterado por lo sucedido, debido a que su madre le manifestó que se lo iban a llevar detenido; por ello, el declarante se trasladó al domicilio de su progenitora y, derivado de ello, la aquí quejosa le ha negado la convivencia con sus hijos.
Mencionó que el veinticuatro de enero de dos mil catorce, aproximadamente a las veintidós horas, **********, quien es su vecina, se le acercó para comentarle que había platicado con su esposa, la cual le hizo de su conocimiento los hechos que ocurrirían antes, es decir, que fuera detenido, y que de no ser así, una tía de la impetrante, de nombre **********, la cual trabaja en el Poder Judicial del Estado, la ayudaría a que lo desalojaran de su domicilio, además, ********** y **********, madre y hermana, respectivamente, de la quejosa, se encargarían de interponer una denuncia por un supuesto acoso y abuso sexual hacia su cuñada, lo cual es falso, pues la relación se ha visto mermada desde hace unos años por los problemas relatados.
Las circunstancias relatadas en dicha querella, concatenadas con el dicho de los hijos, si bien es cierto son las que sirvieron de base para que la autoridad responsable tuviera por acreditado el primer elemento del delito de violencia familiar, no menos cierto es que, en un ejercicio ponderativo atinente a la aplicación de la perspectiva de género destacada, se advierten divergencias e imprecisiones que generan la convicción de que dicho elemento del tipo penal no se encuentra acreditado.
En efecto, en su deposado rendido el tres de marzo de dos mil catorce, el menor ********** declaró que actualmente vive con su papá en casa de su abuelita **********, pero él y su hermano se fueron a vivir con él porque los lleva al parque, los ayuda a hacer la tarea; entre su abuelita y su padre les dan de comer, él solo se baña, pero su progenitor está a su pendiente, no lo regaña, no quiere vivir con su mamá porque ella sí lo regaña, no lo saca a jugar, sí lo ayuda a hacer la tarea, aparte le pega con la mano, con un tubo de fierro y le dolió mucho, pero eso fue hace mucho, y ya no lo recuerda, con una chancla le pega o con un tenis, así como con un cinto, también le dice groserías como "jotito, ya me tienes harta, eres un tonto", sin recordar las demás palabras que le dice, pero él vive feliz con su padre y no quiere regresar a vivir con su progenitora.
A su vez, ********** declaró en la misma fecha que vive con su progenitor en casa de su abuelita **********, desde aproximadamente tres meses, ya que su papá tuvo problemas con su mamá, a quien le gusta salir a tomar afuera de la casa con los vecinos a tomar cerveza. Refirió que casi no convive con su madre, que casi no está en la casa, ya que trabaja, pero se sale y casi no la veía. Su papá sí los trata bien, los saca a pasear, pues no le gusta que estén encerrados, y su mamá los regaña mucho, pero ya no le pega, sólo lo insulta diciéndole que es un "jotillo, pendejo, que ya la tiene harta", y a su hermano le pega con la mano y con el cinto; cuando le pedía de comer, de nada se enojaba, o cuando no le obedecía, se enojaba porque llegaba muy cansada y estresada; cuando vivían con ella casi no la veían, sólo a la hora de la comida.
Refirió que su madre, en varias ocasiones, le pegaba a su padre, como unas tres veces, también le decía que se fuera a vivir con su progenitora, que parecía "pendejo", que se fuera a trabajar; como ellos tenían un negocio, su madre era la que se quedaba con el dinero, pero él no quiere regresar a vivir con ella, porque casi no convive y porque trata mal a su hermano y a su papá; relató que su madre es muy agresiva, de la nada se enoja, pero no es de diario, pero no le gusta estar con ella porque su progenitor convive más con ellos, y la justiciable insultaba a su hermano, a quien le decía que "era un jotito, que ya la tenía harta y que era muy tonto", por lo que su hermano tampoco quiere vivir con ella.
De las anteriores manifestaciones, este órgano de control constitucional advierte un aleccionamiento convergente con la emitida en la declaración producida en la querella del denunciante.
En principio, se destaca que el denunciante refirió que la aquí quejosa se desobligó en la atención de los menores, inclusive, al grado de no elaborarles sus alimentos, o acudir a las citas de las escuelas, pese a que su negocio se encuentra en su domicilio conyugal.
Sin embargo, existe una divergencia entre este dicho y el de ********** , quien manifestó que su mamá trabaja, que a veces llegaba muy cansada y estresada.
Lo anterior revela que la aquí quejosa, por lo menos en la época en la cual se suscitaron los hechos, era la encargada de la manutención económica del hogar, pues ello también se evidencia cuando refiere que tenían un negocio y que su madre se quedaba con el dinero.
Circunstancia que se ve robustecida con el hecho de que el denunciante no refirió la actividad a la cual se dedicaba, no obstante su dicho de que tenían un negocio ubicado en el domicilio, pero lo cierto es que, al parecer, quien trabajaba era la madre de los menores y su padre era quien hacía las actividades del hogar.
Ahora, otro dato importante que supone una alienación parental de los hijos por el denunciante, es la forma en la cual relatan que sufrieron violencia física por parte de la impetrante, pues a decir del querellante, se refería a sus hijos con palabras soeces como "chinga tu madre", "pendejo", "hijo de la chingada", "baboso", "estúpido", "puto", "joto" y que estas últimas dos palabras son las preferidas para referirse a él y a su hijo **********, y los agredió físicamente con manotazos, cachetadas, pellizcos, jalones de pelo u orejas, arañazos, con cintos, zapatos, palos, varillas de construcción y cables.
Circunstancia que converge sustancialmente con lo declarado por el menor **********, quien refirió que le pega con la mano y con un tubo de fierro, pero eso fue hace mucho y ya no lo recuerda, con una chancla le pega o con un tenis, así como con un cinto, también le dice groserías como "jotito, ya me tienes harta, eres un tonto".
Lo cual, también sucede con el deposado rendido por **********, quien manifestó que su mamá los regaña mucho, pero ya no le pega, sólo lo insulta diciéndole que es un "jotillo, pendejo, que ya la tiene harta", y a su hermano le pega con la mano y con el cinto.
Como se observa de los anteriores testimonios, existe una notoria similitud, casi literal, respecto a los insultos que sus dos hijos le imputan a la quejosa, los cuales son coincidentes también literalmente con los que señaló el querellante **********, lo que denota un aleccionamiento derivado de una alienación parental a los entonces menores, proveniente de su progenitor, quienes relataron casi textualmente las supuestas injurias que les fueron proferidas por la aquí impetrante, lo cual va más allá en la lógica de la emisión de sus testimonios.
Por otro lado, de esos atestes se aprecian señalamientos que, en una sana valoración apegada a la lógica más elemental, ponen en duda la certeza de las imputaciones sobre la violencia física atribuida a la inculpada en la forma en que ésta se afirmó en la querella, pues si bien es normal que los testigos coincidan, no lo es que lo hagan en la forma señalada, y que digan recordar ciertas cosas, que por la naturaleza de los hechos denunciados, seguramente las recordarían.
En efecto, el menor ********** refirió que la inculpada le pega con la mano, con un tubo de fierro y le dolió mucho, pero eso fue hace mucho y ya no lo recuerda.
La anterior circunstancia revela no sólo vaguedad en el testimonio del menor, pues de primera mano aduce que su madre le pega con la mano o con un tubo de fierro; empero, concluye con la manifestación de que ello fue hace mucho e, inclusive, ya no lo recuerda, es decir, esto constituye una discrepancia relevante con la querella de su padre, quien refirió que la quejosa golpeaba de manera reiterada a sus dos hijos.
Por su parte, ********** declaró que su mamá los regaña mucho, pero ya no le pega, lo que es notoriamente contrario a lo que sostuvo su progenitor en la querella, pues este último afirmó que la inculpada, aquí quejosa, agredía físicamente a sus dos hijos con manotazos, cachetadas, pellizcos, jalones de pelo u orejas, arañazos, con cintos, zapatos, palos, varillas de construcción y cables.
De modo que estas discrepancias, en una correcta ponderación de dichos testimonios, genera una duda respecto a la libertad con la que hubieran declarado los menores, por lo que no probaría la violencia física imputada a la quejosa en contra de sus hijos y, por ende, lo declarado por dichos atestes no es jurídicamente apto para arribar a la certeza de que la impetrante de amparo realizó en su agravio la conducta establecida como primer elemento del tipo penal de violencia familiar, es decir, que hubiere ejercido actos de violencia física, moral u omisión grave contra otro integrante de la familia, en su integridad física, psíquica o emocional.
Lo anterior, partiendo de la base de que la Sala responsable únicamente justipreció el material probatorio destacado para tener por acreditado el primer elemento del ilícito en comento; sin embargo, atendiendo que este asunto es analizado con perspectiva de género, es preciso destacar que los hechos relatados por los atestes referidos constituyen una premisa para que la justiciable sea condenada en la forma en que se hizo en la sentencia reclamada; empero, no se apreciaron las contradicciones e inconsistencias relatadas.
En efecto, en el presente asunto existe una endeble e ilegal valoración del material probatorio por la autoridad responsable, para tener por acreditado el primer elemento del delito relatado, pues de acuerdo con el principio ontológico de la prueba, lo ordinario se presume y lo extraordinario debe probarse; y es ordinario que en una relación el varón ejerza un rol de poder, es decir, de dominio, tendiente a ejercer los actos de violencia destacados; sin embargo, lo extraordinario es precisamente que la mujer actúe de tal manera y, por ello, esta circunstancia debe demostrarse con el material probatorio que refuerce la declaración emitida en su querella por el denunciante, lo que, como se explica, no ocurre en el caso concreto, y dado que las declaraciones referidas adolecen de dicha característica; entonces, no desvirtúan las contradicciones y divergencias destacadas, pese a que de acuerdo con el principio referido, debe quedar demostrada la certeza con la cual el juzgador tiene la plena convicción de que se encuentra actualizado el primer elemento del delito de violencia familiar.
Es ilustrativa al respecto la tesis 1a. CCCXCVI/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 706, Libro 12, noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro digital: 2007973, que dice:
"CARGA DE LA PRUEBA. SU DISTRIBUCIÓN A PARTIR DE LOS PRINCIPIOS LÓGICO Y ONTOLÓGICO. El sistema probatorio dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal acoge los principios lógico y ontológico que la teoría establece en torno a la dinámica de la carga de la prueba, cuyos entendimiento y aplicación facilitan la tarea del juzgador, pues permite conocer de qué forma se desplazan dichas cargas, en función de las posiciones que van tomando las partes de acuerdo a las aseveraciones que formulan durante el juicio. Ahora bien, el principio ontológico parte de la siguiente premisa: lo ordinario se presume, lo extraordinario se prueba, y se funda, en que el enunciado que trata sobre lo ordinario se presenta, desde luego, por sí mismo, con un elemento de prueba que se apoya en la experiencia común; en tanto que el aserto que versa sobre lo extraordinario se manifiesta, por el contrario, destituido de todo principio de prueba; así, tener ese sustento o carecer de él, es lo que provoca que la carga de la prueba se desplace hacia la parte que formula enunciados sobre hechos extraordinarios, cuando la oposición expresada por su contraria la constituye una aseveración sobre un acontecimiento ordinario. Por su parte, en subordinación al principio ontológico, se encuentra el lógico, aplicable en los casos en que debe dilucidarse a quién corresponde la carga probatoria cuando existen dos asertos: uno positivo y otro negativo; y en atención a este principio, por la facilidad que existe en demostrar el aserto positivo, éste queda a cargo de quien lo formula y libera de ese peso al que expone una negación, por la dificultad para demostrarla. Así, el principio lógico tiene su fundamento en que en los enunciados positivos hay más facilidad en su demostración, pues es admisible acreditarlos con pruebas directas e indirectas; en tanto que un aserto negativo sólo puede justificarse con pruebas indirectas; asimismo, el principio en cuestión toma en cuenta las verdaderas negaciones (las sustanciales) y no aquellas que sólo tienen de negativo la forma en que se expone el aserto (negaciones formales). De ahí que, para establecer la distribución de la carga probatoria, debe considerarse también si el contenido de la negación es concreto (por ejemplo, ‘no soy la persona que intervino en el acto jurídico’) o indefinido (verbigracia, ‘nunca he es
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30421-d996faf3/acceso-a-la-justicia-en-el-proceso-penal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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