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Modo: Corpus Pro

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, EN SU VERTIENTE PSICOLÓGICA. ATENTO A QUE ESTE DELITO PUEDE SER DE REALIZACIÓN OCULTA, Y CONFORME A UNA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, LA DECLARACIÓN DE LA VÍCTIMA Y LA PRUEBA PERICIAL EN PSICOLOGÍA PRACTICADA A ÉSTA, ENTRELAZADAS ENTRE SÍ, TIENEN VALOR PROBATORIO PREPONDERANTE PARA SU ACREDITACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 303/2017. · Registro digital (IUS): 28603
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2019-04-26
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 65, Abril de 2019, Tomo III, Pág. 2131.

AMPARO DIRECTO 303/2017. 14 DE JUNIO DE 2018. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: MARTÍN ÁNGEL RUBIO PADILLA. PONENTE: JOSÉ LUIS GONZÁLEZ. SECRETARIA: SAIRA LIZBETH MUÑOZ DE LA TORRE.

CONSIDERANDO:

SEXTO.—Perspectiva de género.

Dada la naturaleza del delito y de sus intervinientes, se estima necesario plasmar que al tratarse el presente asunto de un delito de violencia intrafamiliar, cometido en contra de una mujer, debe juzgarse desde una perspectiva de género.

Se explica, en los últimos veinte años, México ha firmado y ratificado diferentes tratados internacionales que son la base para el reconocimiento y la protección de los derechos humanos de las mujeres, niños, niñas y adolescentes a vivir una vida libre de violencia; estos compromisos asumidos ante la comunidad internacional han favorecido que en el ámbito nacional se haya dado una paulatina reforma legislativa, a fin de establecer un marco jurídico de protección de los derechos humanos de las mujeres y de los niños.

A partir de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), son varios los instrumentos internacionales que hacen referencia a este fenómeno: la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la cual señala que la violencia es una violación de derechos humanos; la Convención sobre los Derechos del Niño, que proscribe todas las formas de abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual contra los niños y, en el ámbito regional latinoamericano, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

El reconocimiento de que el fenómeno de la violencia contra la mujer atenta contra sus derechos humanos y el reconocimiento de que toda persona tiene derecho a vivir una vida libre de violencia, han quedado plasmados en normas internacionales que establecen la obligación para los Estados Parte de establecer los mecanismos de protección para las personas, respecto de prácticas violatorias de sus derechos, que se dan no sólo en el ámbito público, sino también y particularmente en la familia, que es donde se ejerce mayor violencia en contra de mujeres, niños y niñas, en las relaciones familiares disfuncionales.

Como parte de lo anterior, México firmó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, por sus siglas CEDAW, durante la Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada en la Ciudad de México en 1975, en la cual, como parte de las recomendaciones, se advierte la inscripción de la violencia familiar, la cual pone en grave riesgo la salud física y mental de las mujeres, imposibilitándolas para tener una vida familiar pública basada en la equidad; se señala que en las relaciones familiares se somete a las mujeres de cualquier edad a violencia de todo tipo; en la recomendación se considera que la atención de la violencia en la familia requiere de leyes en las que se contemplen las sanciones penales en los casos necesarios, así como recursos civiles eficientes y accesibles a las víctimas de violencia que les brinden protección y apoyo.

De igual forma, México firmó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, aprobada en 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas; en esta declaración se incluye en la categoría de actos de violencia contra la mujer, entre otros, la violencia psicológica que se produzca en familia.

La declaración reconoce que la violencia contra la mujer constituye una manifestación de las relaciones desiguales de poder que históricamente se han dado entre el hombre y la mujer; asimismo, afirma que la violencia contra ésta constituye una violación a sus derechos humanos y sus libertades fundamentales que le impide, total o parcialmente, disfrutar de esos derechos y libertades.

La importancia de la declaración radica en el hecho de considerar como actos de violencia contra la mujer, no solamente los perpetrados por los agentes del Estado, sino también aquellos actos de violencia física, sexual y psicológica que ocurren dentro de la familia y la comunidad, cometidos por alguno de sus propios miembros.

A partir de la promulgación de la declaración se inició en nuestro país, como en muchos otros, un proceso de visibilización de las diferentes formas de violencia contra las mujeres, especialmente la violencia doméstica, lo que llevó a una adecuación del marco jurídico hasta entonces vigente.

De igual forma, en el ámbito regional latinoamericano, es el de la Organización de los Estados Americanos, y el documento más representativo de la lucha contra la violencia, es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, también conocida como la Convención de Belém do Pará, creada el nueve de junio de mil novecientos noventa y cuatro, y que México ratificó hasta noviembre de mil novecientos noventa y ocho.

Esta convención entiende por violencia contra la mujer, cualquier acción o conducta basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado, aun la que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica, o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer.

La convención ratifica que la violencia contra las mujeres es una de las manifestaciones de desigualdad entre varones y mujeres, y constituye una violación a los derechos humanos y libertades fundamentales de éstas, y les limita total o parcialmente el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades.

El instrumento establece para los Estados Parte, obligaciones específicas, como la adopción de medidas legislativas, administrativas y programas que tengan por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer; entre las medidas legislativas se puntualiza la necesidad de incluir en la legislación interna de los Estados Parte, normas penales, civiles y administrativas, o de otra naturaleza, así como la forzosa modificación o abolición de las leyes o reglamentos vigentes que permiten la persistencia o tolerancia de la violencia contra la mujer.

Asimismo, se señala la necesidad de que se establezcan los mecanismos judiciales y administrativos eficaces, basados en procedimientos legales justos, para que la mujer que haya sido sometida a la violencia, se valga de ellos y tenga acceso efectivo al resarcimiento, reparación de los daños u otros medios de compensación justos y eficaces.

Perspectiva de género.

Con la finalidad de acatar y actuar de conformidad con los precitados tratados, el Estado Mexicano ha establecido diversas metodologías para juzgar con perspectiva de género.

De acuerdo con la doctrina de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el tema, la perspectiva de género constituye una categoría analítica –concepto– que acoge las metodologías y mecanismos destinados al estudio de las construcciones culturales y sociales, entendidas como propias para hombres y mujeres, es decir, lo que histórica, social y culturalmente se ha entendido como "lo femenino" y "lo masculino".

En estos términos, la obligación de las y los operadores de justicia de juzgar con perspectiva de género, puede resumirse en su deber de impartir justicia sobre la base del reconocimiento de la particular situación de desventaja en la cual históricamente se han encontrado las mujeres –pero que no necesariamente está presente en cada caso–, como consecuencia de la construcción que socioculturalmente se ha desarrollado en torno a la posición y al rol que debieran asumir, como un corolario inevitable de su sexo.

La importancia de este reconocimiento estriba en que de él surgirá la posibilidad de que quienes tengan encomendada la función de impartir justicia, puedan identificar las discriminaciones que de derecho o de hecho pueden sufrir hombres y mujeres, ya sea directa o indirectamente, con motivo de la aplicación del marco normativo e institucional mexicano. Dicho de otra manera, la obligación de juzgar con perspectiva de género exige a quienes imparten justicia que actúen remediando los potenciales efectos discriminatorios que el ordenamiento jurídico y las prácticas institucionales pueden tener en detrimento de las personas, principalmente de las mujeres.

Así, del reconocimiento de los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación por razones de género, deriva que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en una perspectiva de género, para lo cual, debe implementarse un método en toda controversia judicial, aun cuando las partes no lo soliciten, a fin de verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de género, impida impartir justicia de manera completa e igualitaria. Para ello, el juzgador debe tomar en cuenta lo siguiente:

i) Identificar primeramente si existen situaciones de poder que, por cuestiones de género, den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia;

ii) Cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género;

iii) En caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones;

iv) De detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria, de acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones de género;

v) Para ello debe aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas; y,

vi) Considerar que el método exige que, en todo momento, se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo que debe procurarse un lenguaje incluyente, con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por motivos de género.

Argumentos los anteriores que se encuentran contenidos en la jurisprudencia y tesis, respectivamente, emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de títulos y subtítulos siguientes:

"ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO." y "JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. CONCEPTO, APLICABILIDAD Y METODOLOGÍA PARA CUMPLIR DICHA OBLIGACIÓN."(4)

Así, tratándose de delitos en que exista la posibilidad de discriminaciones que de derecho o hecho puedan sufrir hombres o mujeres, debe abordarse el tema con perspectiva de género, sobre la base del reconocimiento de la particular situación de desventaja de las víctimas, en su mayoría mujeres, donde regularmente son partícipes de un ciclo en el que intervienen fenómenos, como son la codependencia y el temor que propician la denuncia del delito.

En el caso concreto, se trata de un delito de violencia intrafamiliar cometido por parte del cónyuge masculino a su cónyuge femenina, la cual señala que dependía económicamente de él; fue víctima de actos de control, porque no le permitía salir libremente; agresiones verbales en público, porque le decía que era una "puta", "una zorra" o "una cualquiera", celos excesivos y humillaciones personales por cuestiones económicas; es decir, sufrió maltrato verbal, psicológico, amenazas de muerte, dependencia económica, como se desarrollará más adelante, lo que se traduce en una situación vejatoria y que genera desventaja por cuestiones de género, por lo que, se insiste, se realizará el estudio con perspectiva de género.

SÉPTIMO.—Determinación que adopta este tribunal.

Los conceptos de violación hechos valer por el promovente resultan infundados, sin que se advierta queja deficiente que suplir, de conformidad con lo establecido en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo.

Ahora bien, se continúa con el estudio relativo a la transgresión al artículo 1o. constitucional que señala, pues obliga a todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquellos contenidos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se conoce en la doctrina como principio pro persona.

En relación con dichos mandatos, el Tribunal Pleno ha determinado que deben interpretarse junto con lo establecido en el artículo 133 constitucional; así, se obtiene que los Jueces están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario que se encuentren en cualquier norma inferior. En estos casos, precisó la superioridad, los Jueces están obligados a dejar de aplicar las normas inferiores, dando preferencia a las contenidas en la Constitución y en los tratados en la materia.

Quedando lo anterior manifestado en la siguiente tesis aislada P. LXVII/2011(9a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(5) de rubro y texto siguientes:

"CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD.—De conformidad con lo previsto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquellos contenidos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se conoce en la doctrina como principio pro persona. Estos mandatos contenidos en el artículo 1o. constitucional, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 10 de junio de 2011, deben interpretarse junto con lo establecido por el diverso 133 para determinar el marco dentro del que debe realizarse el control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos a cargo del Poder Judicial, el que deberá adecuarse al modelo de control de constitucionalidad existente en nuestro país. Es en la función jurisdiccional, como está indicado en la última parte del artículo 133 en relación con el artículo 1o. constitucionales, en donde los jueces están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario que se encuentren en cualquier norma inferior. Si bien los jueces no pueden hacer una declaración general sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados (como sí sucede en las vías de control directas establecidas expresamente en los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución), sí están obligados a dejar de aplicar las normas inferiores dando preferencia a las contenidas en la Constitución y en los tratados en la materia."

Así las cosas, ha señalado nuestro Máximo Tribunal que queda claro que los Jueces (y todas las autoridades en general, dentro del ámbito de sus competencias) tienen que cumplir con dos tipos de obligaciones concretas, a saber:

1) Velar por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable (principio pro persona); y,

2) Preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario que se encuentren en cualquier norma inferior, pudiendo en estos casos dejar de aplicar las normas inferiores, dando preferencia a las contenidas en la Constitución y en los tratados en la materia.

Asimismo, que para cumplir con la primera de las señaladas obligaciones, los Jueces deberán adoptar la interpretación más favorable de acuerdo con el principio pro persona, y que antes de aplicar una norma jurídica, deben realizar un control ex officio que pasa por tres momentos claramente diferenciados:

a) Una interpretación en sentido amplio del orden jurídico, a la luz y conforme a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el Estado Mexicano sea Parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia;

b) Una interpretación conforme en sentido estricto, que tendrá lugar cuando haya varias interpretaciones jurídicamente válidas; la misma deberá llevarse a cabo partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, y prefiriendo la interpretación que haga la ley acorde con los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea Parte, para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos; y,

c) Inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no sean posibles.

En esas condiciones, este Tribunal Colegiado procede a realizar el estudio mandado por la Superioridad, esto es, si los derechos humanos de los quejosos contenidos en un instrumento internacional fueron respetados.

En el caso, los derechos fundamentales de los promoventes del amparo, que se encuentran resguardados en el caso concreto en los artículos 14 y 16 constitucionales, similarmente se protegen también en los artículos 1,(6) 7(7) y 8(8) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, llamados "Garantías Judiciales".

Establecido lo anterior, y conforme a una interpretación en sentido amplio se tiene que, contrario a lo expuesto por el justiciable, no se advierte que se violaron en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales, pues se aprecia que en el particular fueron cumplidas las formalidades del procedimiento, en mérito a que fue juzgado por un tribunal previamente establecido, competente y conforme a las leyes expedidas con anterioridad a los hechos delictivos que se le imputan; se le hicieron saber la naturaleza y causa de la acusación; las circunstancias de modo, lugar y tiempo que mediaron en la comisión del ilícito por el que fue procesado; se citaron los preceptos legales que prevén y sancionan el injusto de que se trata; fue oído por sí, y a través de los defensores designados durante la secuela del procedimiento para tal efecto; se le dio a conocer el nombre de las personas que declararon en su contra y los derechos que le otorga el artículo 20 de la Constitución General de la República.

En efecto, en el proceso que se le instruyó, el justiciable tuvo la oportunidad de defenderse en el juicio, ofrecer y desahogar pruebas, así como formular conclusiones, para luego emitirse la sentencia correspondiente, en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional.

A su vez, la ad quem responsable, al resolver en la forma como lo hizo, en el trámite del recurso de apelación interpuesto por el agente del Ministerio Público y la ofendida contra la resolución absolutoria de primer grado, tomó en cuenta todas y cada una de las probanzas relacionadas con la conducta delictiva por la que el enjuiciado fue procesado, y que constan en la causa; expuso las razones y citó los preceptos legales en que se apoyó para otorgar o negar valor a cada una de esas pruebas y, posteriormente, llevó a cabo la imposición de las medidas correspondientes.

De lo que se colige que en la especie se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento en sus correspondientes instancias, para llegar al respectivo juicio de reproche contra el quejoso.

Por lo anterior, no se advierte que exista violación al derecho fundamental contenido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Además, en cumplimiento a lo previsto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la sentencia reclamada se precisó el delito por el que el quejoso fue procesado, se hizo referencia a las pruebas con las que se consideró que se acreditaba, así como la plena responsabilidad del aquí promovente del amparo en su comisión; asimismo, se señalaron con corrección los preceptos legales aplicables al caso concreto, así como las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas que se tuvieron en consideración para emitir el acto.

En tales condiciones, es obvio que en el caso no existe violación que haga nugatorio el acto de autoridad reclamado.

Por ende, se aprecia que la responsable ordenadora cumplió con los derechos humanos de seguridad jurídica, que incluyen el de legalidad, toda vez que llevó a cabo la correcta fundamentación y motivación de la sentencia condenatoria, debido a que expuso los fundamentos y motivos que la encaminaron a concluir en esa forma, lo que se estima, fue apegado a la legalidad.

Además, se advierte que el acto reclamado cumple con el derecho fundamental de exacta aplicación de la ley penal, toda vez que el peticionario de amparo fue juzgado por el delito de violencia intrafamiliar, previsto por el artículo 176 Ter, en relación con el diverso 6o., fracción I (sic), ambos del Código Penal para el Estado de Jalisco, cometido en agravio de **********, debido a que los preceptos y fracciones que prevén tales conductas señalan:

"Artículo 176 Ter.

"Comete el delito de violencia intrafamiliar quien infiera maltrato en contra de uno a varios miembros de su familia, tales como cónyuge, pariente consanguíneo hasta cuarto grado, pariente afín hasta cuarto grado, concubina o concubinario, adoptante o adoptado.

"Para efectos del párrafo anterior, se entiende por maltrato los actos u omisiones que causen un deterioro a la integridad física o psicológica, o que afecte la libertad sexual de alguna de las víctimas, independientemente de que se comete o no otro delito.

"Al responsable de este delito se le impondrán de seis meses a cuatro años de prisión, sin perjuicio de la sanción que corresponda por la comisión de cualquier otro delito previsto por este código aplicándose para ello las reglas de concurso de delitos. Además, se impondrán a juicio del Juez, las penas conjuntas o separadas de la pérdida de la custodia que tenga respecto de la víctima, la prohibición de ir a lugar determinado o residir en él y tratamientos psicológicos, reeducativos, integrales, especializados y gratuitos que serán impartidos por instituciones públicas.

"Se equipara a violencia intrafamiliar el maltrato que se infiera en contra del tutor, curador, pupilo, amasia o amasio, hijos de éste o aquélla, de quien habite en el domicilio del agresor o de la persona a quien el agresor le deba dar cuidado o protección. Al responsable de este delito se le impondrá la pena señalada en el párrafo tercero de este artículo."

"Artículo 6o.

"Las disposiciones establecidas en este código se aplicarán respetando la dignidad humana de las personas, sin establecerse diferencia alguna por razón de origen étnico, idioma, nacionalidad, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, credo o religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil, cualesquiera otra circunstancia de análoga naturaleza u otros universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional."

Ahora bien, planteado lo anterior, se advierte que la ad quem efectuó el análisis y la valoración correcta de las pruebas que obran en autos, conforme a lo dispuesto por los artículos 263, 264, 265, 266, 268, 269, 271 y 272 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Jalisco, mismas que resultaron suficientes para tener por demostrados los elementos del delito mencionado y la intervención del quejoso en su ejecución.

Así, los elementos constitutivos del delito de violencia intrafamiliar, que fueron ponderados por el tribunal de apelación, son:

a) Que alguien infiera maltrato (se entiende por maltrato los actos u omisiones que causen un deterioro a la integridad física o psicológica, o que afecte la libertad sexual de alguna de las víctimas, independientemente de que se cometa o no otro delito);

b) Que ese maltrato se infiera en contra de uno o varios miembros de su familia, tales como cónyuge, pariente consanguíneo hasta el cuarto grado, pariente afín hasta el cuarto grado, concubina o concubinario, adoptante o adoptado.

Demostración de los elementos del delito y responsabilidad del sentenciado.

La Sala responsable realizó el análisis de las siguientes pruebas existentes en la causa:

1. La denuncia formulada por la ofendida **********, quien ante la autoridad ministerial señaló lo siguiente:

"...Que desde hace aproximadamente 5 cinco años conocí a ********** de ********** años de edad, y ya que un día me encontraba comiendo con mi familia, afuera esperándome fue así en que él se presentó y después intercambiamos teléfonos, él me llamó y después ya no nos volvimos a ver y fue hasta en el mes de mayo del año 2011 dos mil once, en que empezamos a salir ya formal, y de ahí empezamos a frecuentarnos y nos hicimos novios a los quince días de volver a saber de él, y cuando lo conocí me dijo que él era viudo y que tenía dos hijos que ahora tienen ********** años de edad de nombres **********(9) y **********(10) de apellidos **********;(11) y es así que cuando ya estábamos saliendo de novios duramos de novios dos años en los cuales yo conviví mucho tiempo con los niños, y al año de estar de novios tuvimos una discusión donde él se portó muy grosero, mas sin embargo, no recuerdo exactamente por qué motivo empezó la discusión y esas groserías de él hacia mi parte, fueron en una ocasión estando en la casa en donde actualmente vivo fue entonces en que empezamos a discutir y me dijo que me fuera de su casa que no lo estuviera chingando, que me metiera el dedo y fue así en que me fui a casa de mis papás, y después él me volvió a buscar a los días y hablamos y nos arreglamos, y yo le decía que no fuera así de grosero conmigo y él me decía que sí, que ya no lo iba a volver a hacer, después de esos años que estuvimos de novios tuvimos como 10 diez peleas fuertes, y los motivos de esas discusiones eran porque él quería que yo lo obedeciera, ya que en algunas ocasiones me prohibió ver a mis amigos hombres y yo le decía que eran muy buenos amigos y sólo eso, y él me decía que esos no eran amigos, que de seguro ellos me la querían meter y esto a lo que se refería era a que querían tener relaciones sexuales conmigo; entonces, yo le decía que no era cierto que yo los consideraba como mis amigos y nada más, y en muchas ocasiones me quedaba a dormir en la casa y salíamos mucho de viaje, y así me empecé a quedar en la casa de ********** por algunas noches pero no definitivamente y ese tiempo me empecé a dar cuenta de que ********** era agresivo con su hijo **********, ya que en algunas ocasiones tuve que intervenir para que no le siguiera dando un mal trato al niño y con la niña era diferente, ya que la niña sí lo obedece y ********** no, y esto es porque ********** mi ahora esposo le decía al niño que hiciera algo y el niño no lo obedecía y por eso le pegaba en la cabeza y jalaba las orejas de ********** y yo hablaba con mi esposo ********** para que no tratara así al niño, y él me decía que ya no lo iba a ser pero que ********** lo desesperaba, fue así en que hace como ocho meses y medio ********** y yo contrajimos nupcias bajo el régimen de bienes separados, ya que ********** así me lo pidió y yo acepté, fue entonces en que así nos casamos y me fue (sic) a vivir a la casa en la que hoy vivo, entonces en este tiempo de casados ********** y yo al principio llevábamos una relación cordial, y así pasó un mes en donde él ya se mostró muy grosero y también no hallaba forma de como humillarme, ya que al mes de casados le hice una broma y a él no le pareció y fue entonces que me dijo que me fuera a la chingada, entonces así empezaron a darse varias ocasiones en que si yo hacía algo y no le parecía, me humillaba diciéndome que me fuera a la chingada, que si no me parecía que ahí estaba la puerta y cuando le pedía dinero ya que él me pidió que dejara de trabajar para atenderlo, también atender su casa y a sus hijos y que él me iba dar mi sueldo por yo dejar de trabajar (sic) y ocuparme de él y su familia, por eso yo dejé de trabajar y así casada con ********** yo no trabajaba, ya que desde novia él me propuso esa situación y yo acepté, fue así en que dependía económicamente de él para mis necesidades, es así que cuando yo le pedía dinero y me decía que yo no había cogido y que mi responsabilidad era atenderlo, y que si no lo atendía o tenía relaciones sexuales con él pues él no me iba a dar dinero; y discutía con él y pues acababa dando el dinero y empezaron los problemas más fuertes, a los cinco meses de casados siendo en el mes de octubre del año 2013 dos mil trece, ya que nos encontramos en un viaje en Los Cabos, Baja California, y fue así en que pasó que como íbamos con amigos y yo no estuve todo el tiempo con él, ya que andaba yo platicando con mis amigas fue en que él se molestó y en todo ese viaje se portó grosero, ya que en constantes ocasiones me hacía señas con el dedo grosero y me decía que me metiera el dedo; y fue esto enfrente de todos mis amigos y yo hablé con él, y me dijo que él estaba bien, que no pasaba nada y no aceptaba que había estado comportándose grosero, después regresamos y en el mes de octubre del año 2013 dos mil trece sin recordar el día exacto, fue que estando aquí en Guadalajara, me fui a comer con una amiga y un amigo y yo le dije que iba a ir a comer con ellos y estando comiendo me habló por teléfono ya que estaba él en un viaje, y fue así que me dijo por

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28603-b7c4fb0c/violencia-intrafamiliar-en-su-vertiente-psicologica-atento-a · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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