COMUNIDAD CONYUGAL NO INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD. ES INOPONIBLE FRENTE A LOS TERCEROS QUE PRETENDAN U OBTENGAN LA DECLARACIÓN, RECONOCIMIENTO O CONSTITUCIÓN DE DERECHOS REALES SOBRE BIENES SUPUESTAMENTE GANANCIALES EN UN JUICIO SEGUIDO CONTRA UNO DE LOS CÓNYUGES, POR LO QUE EL OTRO CONSORTE CARECERÁ DE INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO PARA RECLAMAR LOS CORRESPONDIENTES ACTOS U OMISIONES JURISDICCIONALES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO).
AMPARO EN REVISIÓN 102/2014. 19 DE JUNIO DE 2014. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JUAN RAMÓN RODRÍGUEZ MINAYA. SECRETARIO: SAMUEL RENÉ CRUZ TORRES.
CONSIDERANDO:
SÉPTIMO.-Causa de improcedencia distinta a la declarada en el considerando quinto de la sentencia recurrida.
No se analizarán los agravios en los que se controvierte el sobreseimiento decretado en el considerando quinto de la sentencia recurrida, respecto a las sentencias de primer y segundo grado y su ejecución, actos atribuidos al Juez, la Sala y los actuarios responsables, respectivamente. Es así, porque se advierte la actualización de una causa de improcedencia distinta a la declarada por el Juez de Distrito.
Lo anterior, de conformidad con los artículos 62 y 93, fracción III, de la Ley de Amparo;(22) la jurisprudencia P./J. 122/99 y la tesis aislada P. LXV/99 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubros y textos dicen:
"IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA.-Es cierto que las consideraciones expuestas en la sentencia recurrida, que no son impugnadas en vía de agravio por el recurrente a quien perjudican, deben tenerse firmes para seguir rigiendo en lo conducente al fallo, pero esto no opera en cuanto a la procedencia del juicio de amparo, cuando se advierte la existencia de una causa de improcedencia diferente a la que el juzgador de primer grado estimó actualizada o desestimó o, incluso, de un motivo diferente de los apreciados en relación con una misma causa de improcedencia, pues en este caso, el tribunal revisor debe emprender su estudio de oficio, ya que sobre el particular sigue vigente el principio de que siendo la procedencia de la acción constitucional de orden público, su análisis debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no, y en cualquier instancia en que el juicio se encuentre, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo. Este aserto encuentra plena correspondencia en el artículo 91 de la legislación de la materia, que establece las reglas para resolver el recurso de revisión, entre las que se encuentran, según su fracción III, la de estudiar la causa de improcedencia expuesta por el Juez de Distrito y, de estimarla infundada, confirmar el sobreseimiento si apareciere probado otro motivo legal, lo que patentiza que la procedencia puede examinarse bajo supuestos diversos que no sólo involucran a las hipótesis legales apreciadas por el juzgador de primer grado, sino también a los motivos susceptibles de actualizar esas hipótesis, lo que en realidad implica que, a pesar de que el juzgador haya tenido por actualizada o desestimado determinada improcedencia, bien puede abordarse su estudio bajo un matiz distinto que sea generado por diversa causa constitucional, legal o jurisprudencial, o aun ante la misma causa por diverso motivo, pues no puede perderse de vista que las causas de improcedencia pueden actualizarse por diversos motivos, por lo que si el inferior estudió sólo alguna de ellas, es dable e incluso obligatorio que se aborden por el revisor, pues al respecto, no existe pronunciamiento que pueda tenerse firme."(23)
"IMPROCEDENCIA. SU ESTUDIO OFICIOSO, EN EL RECURSO DE REVISIÓN, PUEDE HACERSE SIN EXAMINAR LA CAUSA ADVERTIDA POR EL JUZGADOR DE PRIMER GRADO.-La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el tribunal revisor tiene plenas facultades para examinar la existencia de una causal de improcedencia diversa de la advertida por el juzgador de primer grado, inclusive en torno a un motivo diferente de los apreciados respecto de una misma hipótesis legal, toda vez que como el análisis de la procedencia del juicio de garantías es una cuestión de orden público, es susceptible de estudio en cualquier instancia. También se ha sostenido que ciertas causas de improcedencia son de estudio preferente, por los efectos que producen, y que basta el examen de una sola de ellas para resolver en el sentido de decretar el sobreseimiento en el juicio. Con base en los criterios anteriores debe concluirse que si bien, en rigor literal, el artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo consagra el estudio del agravio relacionado con los motivos de improcedencia en que el juzgador de primera instancia se apoyó para sobreseer, la práctica judicial ha reconocido la conveniencia de omitir su estudio al decretar el sobreseimiento por diversas razones, porque tener que abordar el examen relativo, implicaría, en muchos casos, una innecesaria dilación en la resolución del asunto, en detrimento de la garantía de prontitud en la administración de justicia que consagra el artículo 17 constitucional, pues sólo se generaría la realización de estudios para considerar ilegal el fallo recurrido, siendo que será la causa de improcedencia que determine el tribunal revisor la que, de cualquier modo, regirá el sentido de la decisión."(24)
Para exponer claramente en qué radica la causa de improcedencia advertida, conviene destacar algunos antecedentes del asunto:
1. En el juicio natural ********** demandó a ********** (cónyuge de la quejosa) la entrega del inmueble ubicado en el lote **********, manzana **********, región **********, en **********, Quintana Roo. Lo anterior, en cumplimiento al contrato de "cesión de derechos" de treinta y uno de agosto de dos mil siete, en el cual el demandado dijo "ceder" al actor el referido inmueble a cambio de la cantidad de $ ********** (********** pesos).(25)
2. Mediante sentencia emitida el dos de agosto de dos mil doce en el juicio ordinario civil **********, la Juez Tercera Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, declaró fundada la acción y, por tanto, condenó al demandado a entregar al actor el inmueble litigioso.(26)
3. En sentencia de veintisiete de junio de dos mil trece, emitida en el toca ********** de la apelación promovida por el demandado (cónyuge de la quejosa), la Sala Mixta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo confirmó la sentencia de dos de agosto de dos mil doce.(27)
4. El trece de enero de dos mil catorce, ********** (cónyuge del demandado) ********** promovió amparo indirecto con el carácter de tercera extraña contra las sentencias de primer y segundo grado y su ejecución. La quejosa argumentó, en esencia, que los actos reclamados la privan del inmueble litigioso sin haber sido oída ni vencida en el juicio natural. Al respecto, expuso lo siguiente:
a) El quince de marzo de mil novecientos noventa y cinco, la inconforme contrajo matrimonio civil bajo el régimen de comunidad conyugal con ********** demandado en el juicio de origen.
b) Mediante contrato de "cesión de derechos" de veinte de mayo de dos mil seis, el cónyuge de la quejosa adquirió el inmueble ubicado en el lote **********, manzana **********, región **********, en **********, Quintana Roo. Dado que el inmueble fue adquirido durante la vigencia de la sociedad conyugal, ingresó al patrimonio común de los consortes.
c) El veinte de diciembre de dos mil trece, un actuario se apersonó al sobredicho inmueble para requerir al demandado que entregara ese bien raíz al actor, en cumplimiento a la sentencia definitiva dictada en el juicio natural.
d) Los actos emanados del referido juicio afectan los derechos de propiedad y posesión de la quejosa, a pesar de que ésta no fue parte en el proceso. Por tanto, tales actos son contrarios al derecho de audiencia previsto en el artículo 14 de la Constitución Federal.
5. Sustanciado el amparo indirecto, el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Quintana Roo resolvió lo siguiente:
a) Sobreseyó el juicio por lo que respecta a los actos de ejecución reclamados al agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Tercero de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún y al secretario municipal de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Benito Juárez. Al respecto, consideró que la quejosa no había desvirtuado la negativa de aquellas autoridades respecto a los actos de ejecución que se les reclamaron.
b) Sobreseyó el juicio por lo que respecta a los actos reclamados al actuario, al Juez y a la Sala responsables, por la actualización de la causa de improcedencia derivada de los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción VI (a contrario sensu), de la Ley de Amparo.(28) Lo anterior, porque estimó que la quejosa no es una auténtica tercera extraña a juicio, pues -según el a quo- fue representada por su cónyuge en ese proceso, conforme a los artículos 733 y 744 del Código Civil de Quintana Roo y la jurisprudencia VI.4o. J/1 del Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro:
"SOCIEDAD CONYUGAL, BIENES DE LA. SI UNO DE LOS CÓNYUGES COMPARECIÓ AL JUICIO DONDE ÉSTOS RESULTARON AFECTADOS, LA REPRESENTACIÓN IMPLÍCITA IMPIDE QUE EL OTRO CONSORTE SE OSTENTE AJENO A LA CONTROVERSIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)."(29)
6. En desacuerdo con la sentencia de sobreseimiento, la quejosa interpuso el recurso de revisión del que ahora conoce este Tribunal Colegiado de Circuito.
Como se anticipó, en el caso se actualiza una causa de improcedencia distinta a la declarada por el Juez de Distrito, respecto a los actos reclamados consistentes en las sentencias de primer y segundo grado y su ejecución, atribuidas al Juez, a la Sala y a los actuarios responsables.
A fin de explicar claramente lo anterior, primero se expondrá en qué consiste la causa de improcedencia advertida oficiosamente por este órgano revisor. Posteriormente, se expondrá por qué se estima actualizada dicha causa, a pesar de los planteamientos expuestos por la quejosa al desahogar la vista que se le dio en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo.(30)
Pues bien, la quejosa no acreditó su interés jurídico para reclamar los sobredichos actos en defensa del inmueble litigioso, causa de improcedencia derivada de los artículos 5o. y 61, fracción XII, de la ley de la materia, que establecen:
"Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:
"I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o. de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.
"...
"Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; ..."
"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:
"...
"XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o. de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia."
De acuerdo con los preceptos transcritos, es improcedente el amparo promovido contra un acto jurisdiccional que no afecte el interés jurídico del quejoso, es decir, que no afecte alguno de sus derechos subjetivos, de forma real, actual, personal y directa.
Por derecho subjetivo se entiende el conjunto de facultades concretas atribuidas a la persona cuya situación se subsuma en la hipótesis de una norma objetiva.
Todo derecho subjetivo comprende dos tipos de facultades:
i. La facultad relativa a la conducta propia, es decir, la potestad de hacer u omitir lícitamente lo que la norma objetiva permite (facultas agendi o facultas omitendi); y,
ii. La facultad relativa a la conducta ajena, esto es, el poder de exigir a los sujetos pasivos el cumplimiento de la obligación correlativa al derecho subjetivo (facultas exigendi).(31)
Partiendo de las precisiones anteriores, el interés jurídico no puede considerarse satisfecho en estos casos:
i. Si el quejoso omite acreditar que su situación se subsume en la hipótesis de una norma objetiva que le atribuya el derecho subjetivo alegado; o,
ii. Si demuestra que una norma objetiva le atribuye cierta facultad de actuar u omitir, pero esa facultad resulta inoponible al sujeto frente al cual se pretende hacer valer (ausencia de la facultas exigendi).
Así las cosas, no puede tenerse por demostrado el interés jurídico de la quejosa en el caso que nos ocupa, por los siguientes motivos:
i. No está acreditado que la legislación civil local le atribuya a la inconforme el derecho real que aduce. Esto, porque invoca como fuente de su propiedad inmobiliaria un contrato -celebrado por su cónyuge- que no fue inscrito en el Registro Público de la Propiedad, requisito legal indispensable para que surtan efectos los actos traslativos de derechos reales sobre inmuebles ubicados en Quintana Roo.
ii. Aun si el contrato celebrado por el cónyuge de la quejosa hubiera sido inscrito, los derechos gananciales de ésta resultarían inoponibles frente a terceros (como el actor). Lo anterior, porque no se acreditó que se haya dado publicidad al régimen de comunidad conyugal, mediante su inscripción en el Registro Público de la Propiedad.
Enseguida se desarrollará cada una de las afirmaciones precedentes.
I. Inscripción de los actos traslativos de dominio como requisito constitutivo de derechos reales.
En palabras de Roca Sastre, el sistema de registro de propiedad sobre bienes raíces es una institución "destinada a robustecer la seguridad jurídica inmobiliaria, que tiene por objeto la registración de constitución, transmisión, modificación y extinción de los derechos reales sobre inmuebles."(32)
La inscripción de la propiedad raíz en registros oficiales puede generar diversos efectos, de acuerdo con la forma en la que el legislador haya considerado necesario garantizar la seguridad jurídica inmobiliaria.
Así, en algunos sistemas el registro tiene efectos meramente publicitarios, es decir "no genera por sí mismo la situación jurídica a la que da publicidad... (sino que) se limita...a declarar, a ser un espejo de un derecho nacido extrarregistralmente, mediante un acto jurídico celebrado previamente".(33) En estos casos, el acto jurídico surte sus efectos entre las partes desde que es celebrado, de modo que su inscripción sólo es un requisito para que pueda ser opuesto contra terceros.
En otros sistemas registrales, la inscripción resulta constitutiva, esto es, se trata de un requisito de eficacia indispensable para que los actos inscritos produzcan consecuencias jurídicas, incluso, entre las partes. A guisa de ejemplo, Antonio de Ibarrola expresa:
"En otros sistemas...la inscripción no es simplemente un medio publicitario, sino que es atributiva de propiedad...En el derecho alemán, por ejemplo, lo no inscrito no existe: el registro es obligatorio...Nuestro código agrario se inclinó hacia el sistema alemán al expresar en su artículo 335: ‘Sólo mediante la inscripción en el Registro Agrario Nacional podrá acreditarse la propiedad de tierras, bosques, pastos y aguas...’."(34)
La legislación civil quintanarroense adopta un sistema de registro constitutivo en materia inmobiliaria. Así se infiere de los artículos 2549, 2598, 2228, 3158, 3159, 3160 y 3168 del Código Civil del Estado, que establecen:
"Artículo 2549. Tratándose de muebles, la venta se perfecciona en el momento en que las partes se ponen de acuerdo en el bien y en el precio, aunque el primero no haya sido entregado ni el segundo satisfecho, en tanto que si se trata de inmuebles, la venta se perfecciona hasta que se inscriba la operación en el Registro Público de la Propiedad."
"Artículo 2598. El contrato de compraventa no requiere para su validez formalidad alguna especial, sino cuando recae sobre un inmueble, en cuyo caso el contrato se perfeccionará y surtirá plenamente sus efectos, hasta que se inscriba en el Registro Público de la Propiedad."
"Artículo 2228. Salvo convenio en contrario, en las enajenaciones de bienes ciertos y determinados la traslación de la propiedad se verifica entre los contratantes, por mero efecto del contrato, sin dependencia de tradición, ya natural, ya jurídica, ya virtual o ya simbólica; debiendo tenerse en cuenta las disposiciones relativas del Registro Público."
"Artículo 3158. El Registro Público de la Propiedad de Quintana Roo será en cuanto a la forma y manera de llevarlo a cabo, por el sistema de folio registral, y en cuanto a sus efectos será, en unos casos, además de publicitario, constitutivo, y en otros, meramente publicitario. ..."
"Artículo 3159. El registro será constitutivo en lo que respecta a los convenios y contratos por los cuales se adquiere, transmite, modifica o extingue el dominio de bienes raíces o una hipoteca.
"Artículo 3160. Los contratos a que se refiere el artículo anterior sólo se perfeccionan y surten plenamente efectos hasta que se registren.
"La función en los casos de adquisición de la propiedad por usucapión, accesión, sucesión hereditaria o ejecución forzosa se realiza mediante la inscripción de la resolución judicial que la declare o decrete respectivamente.
"Es también constitutivo el registro tratándose de asociaciones y sociedades civiles.
"En todos los demás casos en que la ley establezca la inscripción registral, los efectos de ésta no serán constitutivos, sino meramente publicitarios."
"Artículo 3168. Los hechos, actos, negocios o contratos que conforme a este código sean registrables y no se registren, sólo producirán efectos entre quienes los otorguen, pero no podrán perjudicar a terceros, quienes, por el contrario, podrán aprovecharlos en cuanto les fueren favorables.
"La anterior disposición no es aplicable a los casos en que se trate de hechos, actos o contratos cuya inscripción sea constitutiva, ya que sólo surtirán plenamente sus efectos entre quienes los otorgan y con la salvedad de lo dispuesto en los artículos 435 y 455,(35) a favor o en contra de terceros, hasta que se registran. ..."
De acuerdo con los preceptos transcritos, en el Estado de Quintana Roo la inscripción de actos jurídicos inmobiliarios posee efectos constitutivos y no meramente publicitarios.
Esto implica que tales actos sólo surten efectos cuando se registran. Expuesto en otro giro, la adquisición, transmisión, modificación o extinción del dominio de los bienes raíces no se genera inmediatamente con la celebración del acuerdo de voluntades respectivo. Antes bien, la producción de esas consecuencias jurídicas se posterga hasta la inscripción del contrato, por lo que ésta constituye un requisito de eficacia del acto inscrito.
Así pues, cuando el quejoso aduzca como base de su interés jurídico algún derecho real sobre un inmueble ubicado en Quintana Roo, no sólo deberá demostrar la existencia del acto jurídico que pretendidamente haya originado tal derecho. Además, tendrá que demostrar que el título respectivo se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad, pues tal inscripción es una condición sine qua non para el nacimiento de los derechos reales sobre bienes raíces localizados en la entidad.
Al respecto, es aplicable el criterio sustentado en las tesis XXVII.3o.9 C (10a.), de este tribunal y XIV.2o.86 C, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, cuyos rubros y textos dicen: "CONTRATO DE COMPRAVENTA DE FECHA CIERTA CARENTE DE INSCRIPCIÓN REGISTRAL. ES INSUFICIENTE PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO).-De conformidad con los artículos 2548, 2549, 2598, 2228, 3159 y 3160 del Código Civil para el Estado de Quintana Roo, la compraventa se perfecciona y surte plenamente sus efectos, tratándose de bienes inmuebles, hasta su inscripción en el Registro Público de la Propiedad. Ahora bien, dados sus efectos constitutivos, para estimar válida tanto la traslación del dominio como la constitución del derecho real de propiedad a favor del comprador, resulta indispensable que se verifique su inscripción. En tales condiciones, para efectos del juicio de amparo, debe considerarse inidóneo el contrato de compraventa carente de inscripción registral si a través de dicho documento el quejoso pretende acreditar su interés jurídico al instar el amparo biinstancial en defensa de su derecho de propiedad, aun cuando aquél cuente con fecha cierta, en virtud de actualizarse una hipótesis distinta a la citada inscripción registral, ya que en tal caso, el consabido derecho subjetivo público de propiedad aún no se encuentra constituido, dados los términos en que el legislador local lo dispuso, pues será hasta que se inscriba ante el Registro Público de la Propiedad cuando el pacto volitivo se perfeccione y surta plenamente sus efectos."(36)
"REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, EFECTOS CONSTITUTIVOS DEL, RESPECTO DE LA INSCRIPCIÓN DE LA ADQUISICIÓN, TRANSMISIÓN, MODIFICACIÓN O EXTINCIÓN DEL DOMINIO DE BIENES RAÍCES E HIPOTECAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO).-A diferencia de otras entidades federativas, en las que el Registro Público de la Propiedad tiene efectos declarativos por tener únicamente la finalidad de dar a conocer el verdadero estado de la propiedad inmueble, haciendo constar de un modo público y solemne la historia de sus transmisiones y modificaciones; en el Estado de Quintana Roo los artículos 3159 y 3160 del Código Civil de dicha entidad, contenidos en el título primero del libro cuarto, denominado ‘Del Registro Público de la Propiedad’, señalan que el registro será constitutivo respecto de los convenios y contratos por los cuales se adquiere, transmite, modifica o extingue el dominio de bienes raíces o de una hipoteca y que dichos contratos sólo se perfeccionan y surten plenamente efectos hasta que se registren."(37)
No riñe con lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 36/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONTRATO DE COMPRAVENTA. NO SE REQUIERE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO."(38) Esta jurisprudencia es inaplicable al Código Civil de Quintana Roo, pues en ella se interpretaron otros ordenamientos, en los que no se reconocen efectos constitutivos a la inscripción de operaciones inmobiliarias.(39)
Sentado lo anterior, a continuación se analizarán las particularidades del asunto que nos atañe.
Como ya se ha dicho, la quejosa invocó como fuente de sus derechos reales sobre el inmueble litigioso, el contrato de "cesión de derechos" celebrado por su cónyuge el veinte de mayo de dos mil seis y ratificado el treinta de mayo siguiente ante el notario público número diez del Estado de Quintana Roo. En lo que al asunto interesa, el acuerdo de voluntades dice:
"Contrato privado de cesión de derechos que celebran por una parte el C. **********, a quien en lo sucesivo...se le denominará ‘el cedente’ y por otra parte el C. ********** (cónyuge de la quejosa) a quien en lo sucesivo se le denominará ‘el cesionario’, quienes se sujetan al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas.
"Declaraciones
"Primera. El cedente manifiesta...que es el legítimo propietario del inmueble que se ubica en región **********, manzana **********, lote ********** de esta ciudad de **********, Quintana Roo, dicho predio lo adquirió del InviQRoo ahora Infovir, de la delegación **********.
"Segundo. El cesionario manifiesta...que conoce el predio a que se refiere la declaración primera y que es su deseo adquirirlo en cesión de derechos.
"Cláusulas
"Primera. El cedente cede en forma definitiva e irrevocable al cesionario el terreno que se identifica como lote ********** manzana **********, región **********, de la ciudad de **********, Quintana Roo.
"Segunda. El cedente se obliga a solicitar a Infovir que le expidan el título de propiedad respecto del inmueble objeto del presente contrato y obligándose a firmar la escritura definitiva a favor del cesionario.
"Tercera. El precio de la presente operación de cesión de derechos es por la cantidad de $ ********** (********** M.N.), cantidad que ha recibido con anterioridad a su entera satisfacción del propio cedente.
"Cuarta. El cedente dio posesión al cesionario del bien inmueble descrito desde el día 28 de agosto de 1997. ..."
Cabe mencionar que un contrato de cesión de derechos, propiamente dicho, no es apto para transmitir derechos reales, sino que sólo sirve para transmitir los personales vinculados con un crédito.(40) Sin embargo, si en un contrato intitulado como "cesión de derechos", una de las partes se obliga a transferir bienes, en realidad se estará ante un acto traslativo de derechos reales, como la compraventa, la permuta, la donación, la dación en pago, etcétera.(41)
Tal es el caso que nos ocupa, pues en el precitado contrato de "cesión de derechos" el "cedente" se obligó a transmitir al "cesionario" un inmueble a cambio de cierto precio. Así, a pesar de la inexactitud del título asignado al acuerdo de voluntades, en sus estipulaciones subyace un acto traslativo de dominio, específicamente, un contrato de compraventa.(42)
De tal suerte, para que ese contrato pudiera surtir sus efectos traslativos de derechos reales inmobiliarios, era indispensable su inscripción en el Registro Público de la Propiedad. Esto, conforme a los precitados artículos 2549, 2598, 2228, 3158, 3159, 3160 y 3168 del Código Civil del Estado de Quintana Roo.
Sin embargo, la quejosa no ofreció pruebas dirigidas a demostrar que el contrato fue inscrito ante el mencionado organismo registrador, por lo que no quedó acreditado que su consorte haya adquirido derechos reales sobre el bien raíz en beneficio de la comunidad conyugal. De ahí se sigue que la inconforme no demostró el interés jurídico que se atribuye, ya que no acreditó que en virtud del contrato invocado, la legislación estatal (norma objetiva) le confiera derechos reales sobre el inmueble litigioso (derecho subjetivo).
No pasa inadvertido que en la sentencia definitiva dictada en el juicio natural se condenó al cónyuge de la quejosa a entregar el sobredicho inmueble al actor, en cumplimiento de un contrato de "cesión de derechos" (compraventa) de treinta y uno de agosto de dos mil siete.
Sin embargo, es pertinente aclarar que en aquel juicio no se dilucidó la eficacia del contrato base de la acción como acto traslativo de dominio. Antes bien, ese proceso únicamente versó sobre el cumplimiento o incumplimiento de la obligación personal de entrega contraída por el demandado en el referido contrato. Es decir, la potestad común sólo examinó si el demandado (cónyuge de la quejosa) había incumplido su obligación personal de entregar el bien objeto del contrato, no si efectivamente había contado con el derecho de propiedad que dijo transmitir.(43) De ahí que no exista oposición entre lo examinado en el juicio natural y el análisis realizado en este considerando.
II. Inscripción del acta de matrimonio como requisito de oponibilidad del régimen de comunidad conyugal.
Por otra parte, aunque la comunidad conyugal en la que participa la quejosa hubiera adquirido el inmueble mediante un acto inscrito en el Registro Público de la Propiedad, los derechos reales obtenidos por aquélla a título de gananciales resultarían inoponibles frente a terceros (como el actor). Lo anterior, porque no se acreditó que se haya inscrito el acta de matrimonio celebrado bajo el régimen de comunidad conyugal en el Registro Público de la Propiedad.
Al respecto, los artículos 719, 720, 728, 3160 y 3168 del Código Civil de Quintana Roo establecen:
"Artículo 719. Las personas que vayan a contraer matrimonio deben manifestar, en el acto de la celebración de éste, si optan por el régimen de separación de bienes o por el de comunidad de los mismos, en la inteligencia de que si omiten hacerlo, se les tendrá por casados bajo el régimen de separación de bienes."
"Artículo 720. El acta de matrimonio debe inscribirse en el Registro Público de la Propiedad, por cuanto hace al régimen patrimonial de aquél."
"Artículo 728. El régimen de comunidad de bienes consiste en la formación y administración de un patrimonio común, diferente de los patrimonios propios de los consortes."
"Artículo 3160. ...
"En todos los demás casos en que la ley establezca la inscripción registral, los efectos de ésta no serán constitutivos, sino meramente publicitarios."
"Artículo 3168. Los hechos, actos, negocios o contratos que conforme a este código sean registrables y no se registren, sólo producirán efectos entre quienes los otorguen, pero no podrán perjudicar a terceros, quienes, por el contrario, podrán aprovecharlos en cuanto les fueren favorables.
"La anterior disposición no es aplicable a los casos en que se trate de hechos, actos o contratos cuya inscripción sea constitutiva, ya que sólo surtirán plenamente sus efectos entre quienes los otorgan y con la salvedad de lo dispuesto en los artículos 435 y 455, a favor o en contra de terceros, hasta que se registran. ..."
De acuerdo con los preceptos transcritos, el acta de matrimonio debe inscribirse con efectos publicitarios en el Registro Público de la Propiedad por cuanto hace al régimen patrimonial estipulado.
Mientras no se registre el acta, la comunidad conyugal que se hubiese pactado sólo producirá efectos entre los contrayentes, pero no frente a terceros. Así, el cónyuge cuyos derechos gananciales hayan permanecido ocultos no podrá oponerlos contra los terceros que hayan contratado con el otro consorte o litigado contra él. Expuesto en otro giro, la falta de inscripción del acta matrimonial restringe la facultad de exigencia del cónyuge ignoto, pues le impide hacer valer sus gananciales frente a los terceros.
En este contexto, no se tendrá por acreditado el interés jurídico de la parte quejosa, por falta de la facultad de exigencia, cuando concurran las siguientes circunstancias: i. En un juicio, el actor obtiene a su favor la entrega de un bien inmueble o el reconocimient
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25853-bfb2d48e/comunidad-conyugal-no-inscrita-en-el-registro-publico · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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