CONCURSO APARENTE DE NORMAS EN LOS DELITOS DE ROBO O EXTORSIÓN. ANTE LA INCOMPATIBILIDAD DE LAS CALIFICATIVAS PARA AQUELLOS CASOS EN QUE DICHOS ILÍCITOS SE COMETAN POR TRES O MÁS PERSONAS ARMADAS O PORTANDO INSTRUMENTOS PELIGROSOS Y LA RELATIVA A QUE SE REALICEN EN PANDILLA, CONFORME AL PRINCIPIO DE ABSORCIÓN, DEBE SUBSISTIR LA PRIMERA POR TENER MAYOR ÁMBITO DE APLICACIÓN Y ALCANCE (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).
AMPARO DIRECTO 48/2015. 28 DE MAYO DE 2015. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: HÉCTOR LARA GONZÁLEZ. SECRETARIA: MARTHA GARCÍA GUTIÉRREZ.
CONSIDERANDO:
CUARTO.-Determinación de este tribunal.
Los conceptos de violación planteados por **********, son parcialmente fundados, aunque suplidos en su deficiencia, conforme al artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, en lo relativo a la calificativa de pandilla y al grado de culpabilidad, por lo que debe otorgarse el amparo federal en relación con tales tópicos.
I. Análisis de las formalidades esenciales del procedimiento.
El estudio íntegro de los autos de primera y segunda instancia que conforman el proceso penal, permite observar que la sentencia reclamada fue dictada luego de un proceso tramitado con arreglo a los derechos fundamentales previstos tanto en la Constitución citada como en las leyes secundarias.
Así es, pues la sentencia definitiva la emitió de forma colegiada la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, autoridad que en lo formal como en lo material es jurisdiccional, y conforme a la integración orgánica fue establecida no sólo con anterioridad al hecho materia del proceso, sino, incluso, también previo a la instauración del juicio mismo. El Código Penal y el Código de Procedimientos Penales, ambos del Distrito Federal, aplicados por la responsable, son leyes expedidas con esa misma anterioridad.
La intervención del Juez en primera instancia derivó de la acción penal ejercida por el Ministerio Público contra **********, por el evento delictivo de robo agravado cometido en pandilla, en un lugar cerrado, por más de una persona armada y con violencia moral, en agravio de **********.
Lo que implica que no actuó oficiosamente, respetó la división establecida constitucionalmente entre autoridad de acusación y autoridad de decisión.
Celebró audiencia pública en la que le recibió la declaración preparatoria, a quien previamente le informó de los derechos que le otorga la Constitución Federal en el apartado A del artículo 20; en tal diligencia, el indiciado estuvo asistido por el defensor de oficio, defensa técnica con la que contó, incluso, durante todo el proceso; además, fue informado de los hechos materia del ejercicio de la acción penal y de las personas que deponían en su contra.
El doce de septiembre de dos mil ocho el Juez natural, con apoyo en el material probatorio, decretó auto de formal prisión a **********, por el evento delictivo de robo agravado cometido en pandilla, en un lugar cerrado y por más de una persona armada, y estimó que no se actualizó la calificativa de violencia moral.
Se dispuso la apertura del procedimiento sumario, se le hizo de su conocimiento el derecho a impugnar esa resolución, sin que interpusiera el recurso respectivo.
En ejercicio del derecho de defensa del procesado, se ofrecieron como pruebas:
- La ampliación de declaración de **********, del policía auxiliar **********; de los policías preventivos ********** y **********; la instrumental en su doble aspecto tanto legal como humana y los careos constitucionales y procesales.
Probanzas que se admitieron y se desahogaron.
Al hacerle de su conocimiento el contenido del ordinal 20 constitucional, ********** decidió carearse con los policías auxiliar y preventivos.
Después se declaró cerrada la instrucción.
El Ministerio Público presentó conclusiones acusatorias precisamente por los mismos hechos y delito materia del auto de formal prisión y, posteriormente, la defensa formuló las de inculpabilidad.
El veintiuno de octubre de dos mil ocho, el Juez Sexto Penal del Distrito Federal dictó sentencia en la que consideró a **********, culpable del evento delictivo de robo agravado cometido en pandilla, en un lugar cerrado y por más de una persona armada.
Resolución que fue impugnada en apelación por el defensor de oficio del quejoso **********; recurso ordinario cuyo conocimiento correspondió a la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; se observa que el impetrante designó como su defensor al de oficio, quien en audiencia de vista ratificó los agravios que expresó a favor de su defenso; una vez desahogado el respectivo procedimiento de segunda instancia, el **********, luego de analizar los motivos de disenso expresados, confirmó la sentencia de primer grado; el derecho fundamental de audiencia en esa instancia, como puede verse, fue respetado.
En esa tesitura, este órgano de control constitucional considera que no se transgredió garantía fundamental alguna durante la sustanciación del proceso seguido contra el peticionario de garantías, porque indudablemente tuvo conocimiento de la acusación por la cual se le dictó la sentencia que actualmente constituye el acto reclamado, la oportunidad de ofrecer pruebas y la sentencia dictada legalmente resolvió la controversia debatida; por ende, ejerció su derecho de defensa antes de que se pronunciara la propia sentencia de segunda instancia, que es la que entraña el acto privativo de libertad personal.
En tal contexto, es claro que se cumplieron con las formalidades esenciales del procedimiento a que alude la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1156, Tomo I, Materia Constitucional 3, Derechos Fundamentales, Primera Parte, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Segunda Sección-Debido Proceso, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO."
Por otra parte, este Tribunal Colegiado advierte que la Sala responsable, con la salvedad que se precisará, fundó y motivó suficientemente el acto reclamado, toda vez que citó los preceptos legales aplicables que sirvieron de apoyo a su resolución, concretamente, los artículos 220, párrafo inicial, fracción IV, 223, fracción I, 225, fracción II y 252 del Código Penal para el Distrito Federal, los cuales contienen la descripción típica del delito de robo agravado cometido en un lugar cerrado, por más de una persona armada y en pandilla; asimismo, fundó la sentencia en los preceptos 15 (acción), 17, fracción I (instantáneo), 18, párrafo primero (acción dolosa), párrafo segundo (conocer y querer) y 22, fracción II, todos del Código Penal para el Distrito Federal, en los cuales se describe la forma de comisión, el momento de su consumación, su naturaleza dolosa y la forma de intervención del quejoso.
De igual forma, invocó los ordinales 245, 246, 250, 253, 254, 255, 261 y 286 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, que establecen los principios rectores de valoración de la prueba.
Asimismo, basta remitirse al acto reclamado para advertir que la responsable tanto en el aspecto sustantivo como adjetivo, expresó en forma razonada las circunstancias especiales y particulares que la llevaron a resolver en el sentido en que lo hizo, concluyendo esencialmente, con base en los medios de prueba que se aportaron al sumario, que los hechos encuadran en los preceptos normativos que invocó y, por tanto, acreditan los elementos del ilícito de referencia, así como la plena responsabilidad del quejoso en su comisión; además, en todos los casos, se expresaron las razones particulares por las que se concedió o negó valor convictivo a la totalidad de los medios de prueba que estaban íntimamente relacionados con la mecánica delictiva.
Consecuentemente, se satisfacen las exigencias del artículo 16, párrafo primero, constitucional y de la jurisprudencia 266, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1239, Tomo I, Materia Constitucional 3, Derechos Fundamentales, Primera Parte, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décimo Tercera Sección, Fundamentación y Motivación, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre de 2011, cuyo rubro señala: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN."
II. Exclusión de pruebas.
Este tribunal advierte que la declaración ministerial del quejoso fue obtenida con violación a su derecho a una defensa adecuada, por lo que debe excluirse.
En efecto, ********** rindió declaración ministerial el diez de septiembre de dos mil ocho, estando asistido únicamente de la persona de confianza que designó (**********).
Lo cual es violatorio del derecho a una defensa adecuada, conforme al arábigo 20, apartado A, fracción II, constitucional, pues ese testimonio lo rindió sin asistencia técnica jurídica de un abogado, de modo que con independencia de su contenido esa diligencia ministerial debe ser excluida como medio de prueba, porque se practicó en contravención a los derechos del implicado.
Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 1a./J. 34/2015 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 18, Tomo I, mayo de 2015, página 267, «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 8 de mayo de 2015 a las 9:30 horas» que reza:
"DEFENSA ADECUADA EN MATERIA PENAL. LA VIOLACIÓN AL CARÁCTER TÉCNICO DEL DERECHO HUMANO GENERA LA ILICITUD DE LA DECLARACIÓN RENDIDA POR EL IMPUTADO SIN LA ASISTENCIA JURÍDICA DE UN DEFENSOR PROFESIONAL EN DERECHO, POR LO QUE DEBE SER OBJETO DE EXCLUSIÓN VALORATIVA.-Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que de la interpretación armónica de los artículos 14, 17 y 20, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, deriva el reconocimiento implícito del derecho fundamental a la exclusión de prueba ilícita en materia penal, tal como se refleja en el contenido de la jurisprudencia 1a./J. 139/2011 (9a.), que tiene el rubro: ‘PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO A UN DEBIDO PROCESO COMPRENDE EL DERECHO A NO SER JUZGADO A PARTIR DE PRUEBAS OBTENIDAS AL MARGEN DE LAS EXIGENCIAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES.’. Lo anterior significa que la exclusión de la prueba ilícita es una garantía del derecho a ser juzgado por tribunales imparciales, a contar con una defensa adecuada y a que se respete el debido proceso, derivado de la posición preferente de los derechos humanos en el ordenamiento jurídico y su condición de inviolabilidad. En consecuencia, toda prueba que haya sido obtenida con violación al derecho del imputado (lato sensu) a contar con una defensa adecuada tendrá el carácter de ilícito, como acontece cuando declara sin la asistencia jurídica de un defensor que tenga el carácter de profesional en derecho (abogado particular o defensor público). Por lo que no puede tomarse en cuenta para efectos de valoración al dictar cualquier resolución por la que se determine la situación jurídica de la persona sujeta a un procedimiento penal."
De igual manera, debe excluirse la declaración preparatoria del quejoso emitida ante el Juez de la causa, en la cual ratificó su declaración ministerial, ante la ilicitud primigenia de la prueba de origen (ante el Juez se negó a declarar).
En efecto, la anulación de la declaración ministerial del quejoso obliga a este cuerpo colegiado a que se excluya también su posterior deposado en el cual la ratifica, porque la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que toda prueba obtenida directa o indirectamente violando derechos fundamentales no surtirá efecto alguno.
Asimismo, ha establecido que la ineficacia de la prueba no sólo afecta a la prueba obtenida directamente en el acto constitutivo de la violación de un derecho fundamental, sino también a las adquiridas a partir de aquéllas, aunque en su consecución se hayan cumplido todos los requisitos constitucionales.
Pues tanto una como otra han sido conseguidas dada la violación de un derecho fundamental -la primera de forma directa y la segunda de modo indirecto-, por lo que, en pura lógica, no pueden ser utilizadas en el proceso penal.
Lo anterior tiene sustento en la tesis 1a. CLXII/2011, emitida por la Primera Sala del Máximo Tribunal de Justicia del País, consultable en la página 226, Tomo XXXIV, agosto de 2011 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señala:
"PRUEBA ILÍCITA. LAS PRUEBAS OBTENIDAS, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, VIOLANDO DERECHOS FUNDAMENTALES, NO SURTEN EFECTO ALGUNO.-La fuerza normativa de la Constitución y el carácter inviolable de los derechos fundamentales se proyectan sobre todos los integrantes de la colectividad, de tal modo que todos los sujetos del ordenamiento, sin excepciones, están obligados a respetar los derechos fundamentales de la persona en todas sus actuaciones, incluyendo la de búsqueda y ofrecimiento de pruebas, es decir, de aquellos elementos o datos de la realidad con los cuales poder defender posteriormente sus pretensiones ante los órganos jurisdiccionales. Así, a juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las pruebas obtenidas, directa o indirectamente violando derechos fundamentales, no surtirán efecto alguno. Esta afirmación afecta tanto a las pruebas obtenidas por los poderes públicos, como a aquellas obtenidas, por su cuenta y riesgo, por un particular. Asimismo, la ineficacia de la prueba no sólo afecta a las pruebas obtenidas directamente en el acto constitutivo de la violación de un derecho fundamental, sino también a las adquiridas a partir o a resultas de aquéllas, aunque en su consecución se hayan cumplido todos los requisitos constitucionales. Tanto unas como otras han sido conseguidas gracias a la violación de un derecho fundamental -las primeras de forma directa y las segundas de modo indirecto-, por lo que, en pura lógica, de acuerdo con la regla de exclusión, no pueden ser utilizadas en un proceso judicial."
En ese sentido, no obstante la exclusión de la declaración ministerial y su ratificación que en preparatoria hizo el quejoso, ello es insuficiente para otorgarle el amparo, pues el delito y su responsabilidad penal, como se verá, se encuentran edificados en otros elementos de prueba que suficientemente los sustentan, por lo que sería ocioso e, incluso, atentaría contra el derecho fundamental de obtener justicia pronta, concederle el amparo pedido para que la autoridad responsable dictara una nueva resolución en la que, sin considerar tales probanzas, se pronunciara nuevamente sobre la demostración de la plena responsabilidad penal del quejoso en la comisión del ilícito, cuando es evidente que existen datos que así lo permitan, los cuales no están contaminados por las pruebas excluidas.
III. Delito y responsabilidad penal.
Este Tribunal Colegiado llega a la convicción de que la Sala responsable conculcó los derechos fundamentales del aquí quejoso, al tener por demostrada la calificativa de pandilla, por lo que habrá de concederse la protección constitucional por los tópicos (sic) y, por ende, en el estudio del resto de la sentencia reclamada no se aludirá a tal calificativa.
En efecto, los hechos que nos ocupan son constitutivos del delito de robo, pues el sentenciado **********, junto con otras tres personas actualmente prófugas, ejecutaron la conducta típica de apoderarse, en el caso de diversa mercancía, que constituyen cosas por ser tangibles y, por ende, con calidad de objetos materiales de dicho ilícito; además, son muebles, ya que por su naturaleza pueden ser desplazados de un lugar a otro y eran ajenos al sujeto activo, ya que no eran de su propiedad; lo que el quejoso llevó a cabo junto con otras personas sin el consentimiento de la pasivo **********, quien a través de su apoderado legal podía otorgarlo, por ser propietaria y se hizo junto con otros de los referidos objetos para apropiárselos, por lo que actuó con ánimo de dominio y, por ello, afectó el patrimonio de la denunciante que constituye el bien jurídico tutelado.
Lo anterior es así, pues la autoridad responsable ponderó:
Lo declarado por el policía auxiliar **********, quien hizo del conocimiento del Ministerio Público que se encontraba comisionado en la tienda denominada "**********", sita en avenida **********, colonia **********, delegación **********, de esta ciudad capital, razón por la cual traía una escopeta **********, calibre **********, matrícula **********; alrededor de las tres horas con treinta minutos, se encontraba en la parte superior, de pronto escuchó un golpe en la puerta de entrada de la cortina metálica, misma que fue derribada y vio a cuatro sujetos en el interior, los que individualmente portaban armas de fuego, rompían los vidrios de los aparadores de la planta baja; oprimió el botón de pánico de la central de alarmas; gritó "¡alto, policía, no se muevan, policía!", escuchó que el quejoso gritaba "maten al policía"; por temor a que le fueran a hacer algo, ya que le apuntaban con las pistolas, accionó la escopeta de cargo a la parte superior de la cortina de acceso y al piso, a la vez que les ordenó que dejaran las armas de fuego, pero se salieron de la tienda de la que se llevaron la mercancía relacionada con la causa en una maleta oscura y en las manos; el conductor de un carro rojo se aproximó a la negociación, escuchó que comentaban "vamos a entrar por él, vamos a chingarlo", pero de pronto se arrancó; posteriormente, llegaron otros policías en una patrulla en la que traían al quejoso, al que reconoció como uno de los individuos que entró a la tienda e introducía a la mochila varios productos. Atesto del que se advierte la conducta de apoderamiento, los objetos materiales, las calificativas de haberse cometido el robo en lugar cerrado y por más de una persona armada.
Los deposados de los representantes legales ********** y **********, luego de que acreditaron su personalidad, ratificaron la denuncia hecha por ********** respecto del desapoderamiento de las cosas muebles de que fueron objeto sus poderdantes el nueve de septiembre de dos mil ocho, ya que es propiedad de **********.
La inspección ministerial realizada en el sitio del evento delictivo, en el que se observó que se trata de un inmueble con la leyenda **********; un vidrio, el cual se aprecia estrellado y cuatro perforaciones; en el interior de la tienda mercancía varia, un exhibidor de telefonía celular **********, roto, en forma de entrepaño; otro, con la leyenda **********, con dos cristales como entrepaños, vacío; a diez centímetros aproximadamente hacia el norte está otro con la leyenda **********, con tres vidrios como entrepaños, vacío; al fondo de dicha tienda, hacia el norte, una escalera con estructura metálica que da acceso a un segundo nivel, en forma de tapanco, en donde se exhiben **********; y, **********; asimismo, dio fe de: 1. Una **********, **********, **********, **********, **********, 2. una **********, **********, **********, **********; 3. una **********, **********; 4. Una **********, **********; 5. una **********, **********; 6. Una **********, **********; 7. una **********, **********; 8. Un **********, **********; 9. Un **********; 10. un ********** 11. un **********; 12. un **********, con instructivo; 13. Un **********; 14. Una **********; 15. una **********; 16. una**********; de la documentación con la que se acreditó la propiedad de esos objetos; de una pistola **********, **********, matrícula ********** y ********** del mismo calibre; de una **********, negra **********, calibre **********, matrícula ********** y ********** útiles **********, **********, otro marca ********** y otro percutido marca **********.
El dictamen en materia de valuación emitido por el perito de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en el que determinó que las cosas muebles antes descritas que tuvo a la vista tenían un valor de cincuenta y seis mil quinientos cuarenta y ocho pesos.
El peritaje en materia de criminalística de campo en el que el técnico oficial concluyó:
"1. Con base en el examen del lugar, es factible que los daños descritos en la cortina y en la puerta de paso peatonal se hayan ocasionado desde el exterior, realizando forzadura de las mismas por medio del uso de fuerza de tracción (jalar), la cual fue aplicada principalmente a la puerta de paso.
"2. Producto de dicha maniobra que era la cortina y la puerta desprendida, dejando abierto el lugar y usando este medio como forma de acceso al interior del lugar.
"3. Por lo que hace a los daños en los exhibidores de ********** y **********, éstos son similares a los ocasionados por el impacto de un cuerpo duro dotado de fuerza y velocidad desde el exterior.
"4. Por lo que hace a los daños marcados de la A a la G, éstos son similares a los producidos por el impacto y perforación de un proyectil proveniente de un disparo por arma de fuego.
"5. Por lo que hace a los daños marcados como H e I, éstos son similares a los producidos por el impacto de un proyectil proveniente de un disparo de arma de fuego.
"6. Por lo cual se estima que los anteriores daños descritos por su ubicación y distribución, fueron muy probablemente ocasionados por el disparo de un cartucho de proyectiles múltiples, el cual proviene del interior del lugar.
"7. Por lo que hace a la presencia de manchas hemáticas y pieza dental en el lugar, se estima la presencia de al menos una persona herida, la cual fue lesionada dentro del lugar en el área de exhibidores junto a la columna norte de la cortina, se dirige hacia la salida, pasando sobre la puerta de paso y termina su desplazamiento sobre el arroyo de circulación, lugar en donde el rastro hemático termina. Siendo este lugar donde cambia su medio de traslado.
"8. En relación con el medio de salida, siendo el daño ocasionado en la cortina, el mismo que se utiliza como medio de salida del lugar y usando como probable forma de escape un medio móvil.
"9. Dado las dimensiones de los daños en el lugar, se estima al menos la participación de al menos tres sujetos."
La experticial en materia de balística en la que el perito oficial opinó:
"Primera: Las armas de fuego descritas, sí han sido disparadas y con base en los disparos de prueba efectuados, se comprobó que sus mecanismos de disparo funcionan correctamente, se pueden realizar disparos con ellas de manera convencional.
"Segunda: Con base en el resultado arrojado en el estudio comparativo, le manifestó que el casquillo ‘problema’ descrito en dígito 6, fue percutido por el arma de fuego tipo una **********, negra **********, modelo **********, calibre **********..."
La ********** y la pistola **********, antes descritas, se contemplan en los artículos 11, inciso e) y 9, fracción II, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, respectivamente.
El dictamen en materia de química, en el que los peritos oficiales concluyeron que en el lugar de los acontecimientos se identificó la presencia de sangre sobre el arroyo de circulación de calzada de **********, en la puerta de la cortina metálica de la tienda **********, la cual se encuentra derribada, a 0.7 metros de la guarnición y a 3.8 metros al norte del parámetro sur, en el piso interior de la tienda junto a la segunda columna de norte a sur, que se localiza junto a las cortinas de acceso, en el interior de la puerta de acceso y piso de la tienda a 5.2 metros del muro sur.
Los atestos de los policías preventivos ********** y **********, quienes ante la representación social precisaron que el nueve de septiembre de dos mil ocho, como a las tres horas con treinta minutos, por central de radio les ordenaron que se trasladaran a la negociación de referencia; en el trayecto observaron que el quejoso cargaba en la mano derecha una **********; al asegurarlo le encontraron en la cintura del lado derecho la pistola **********, calibre **********, fedatada; en el interior de la mochila llevaba las cosas muebles relacionadas con la causa, así como un par de guantes grises, mismo que fue trasladado a la tienda en cuestión, en donde el testigo ********** indicó que junto con otros tres individuos armados, momentos antes, robaron esos objetos y reconoció la pistola relacionada con la causa, como la que portaba, ya que le había apuntado con ella, además de que en la mochila negra guardaba la mercancía propiedad de la empresa ofendida.
Manifestaciones que ratificaron ante el Juez del procedimiento en ampliación de declaración y en careos constitucionales.
Pruebas que fueron ponderadas de manera correcta por la Sala de apelación, los deposados de los representantes legales ********** y **********, del policía auxiliar **********; de los policías preventivos ********** y **********, fueron valorados como testimonios y a partir de los dos primeros se obtuvo la denuncia realizada en contra del quejoso y otros, del tercero en cuanto refirió del desapoderamiento de los objetos relacionados con la causa, mayormente que los aludidos elementos oficiales ********** y **********, precisaron que detuvieron a ********** e hicieron alusión al hallazgo de los productos robados a la empresa ********** y la puesta a disposición del Ministerio Público dado el ilícito de mérito; además de que fueron valorados como indicios, por reunir los requisitos del precepto 255 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal; asimismo, a partir de las diligencias practicadas por la representación social, mismas que fueron valoradas en términos del dispositivo 286, en relación con el ordinal 261 del precitado ordenamiento legal, se acreditó la existencia de los bienes materiales de mérito; y a los dictámenes oficiales, medios de convicción a los cuales se les otorgó eficacia conforme al artículo 254 del precitado cuerpo legal, por reunir los requisitos que establece el arábigo 175 ídem.
Ello es así, porque el Ministerio Público demostró que el nueve de septiembre de dos mil ocho, alrededor de las tres horas con treinta minutos, **********, previo acuerdo con otros tres sujetos actualmente prófugos, ingresó en la negociación denominada **********, sita en avenida **********, colonia **********, delegación **********, de esta metrópoli, y con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente podía otorgarlo, se apoderó de diversas cosas muebles relacionadas con la causa.
Además, en el caso quedaron demostradas las agravantes de lugar cerrado y por más de una persona armada, a que se contraen los arábigos 223, fracción I y 225, fracción II, del Código Penal para el Distrito Federal, ya que en la sucursal de **********, en donde ********** se introdujo junto con otras tres personas que llevaban pistolas, luego de que derribaron la puerta de la cortina metálica, que cerraba el local de **********, es decir, se reunió ocasionalmente sin estar organizado con fines delictuosos con otros tres.
La autoridad judicial no le violó derechos fundamentales al declarar, con la facultad que le otorga el artículo 1o., fracciones I y II del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, que los hechos demostrados son delito y que el procesado es responsable de su comisión.
También es cierto que el Ministerio Público demostró la responsabilidad del accionante y, por ende, la declaratoria que al respecto hizo la autoridad jurisdiccional no es violatoria de sus derechos fundamentales, esto no sólo porque **********, entre otros, intervino como coautor en la comisión del delito de robo agravado, sino además, porque actuó culpablemente, esto es, con conciencia de la antijuridicidad, siendo imputable y en circunstancias tales que le era exigible ajustar su conducta a la norma penal, ello por no actualizarse alguna de las hipótesis de exclusión del delito que prevén las fracciones VII, VIII, inciso b) y IX del arábigo 29 del código sustantivo invocado.
Siendo así, la conducta la ejecutó el quejoso junto con otros individuos, con dolo directo y sin que mediara a su favor una causa de licitud, de ahí que sea correcto que se actualizara el injusto penal, esto es, el hecho típico y antijurídico; mayormente que este órgano de control constitucional no advierte infracción a las reglas de valoración, toda vez que la Sala responsable ajustó su arbitrio judicial a las mismas y a los principios de la lógica elemental, la razón y la propia naturaleza; factores que obligadamente atendió a efecto de realizar adecuadamente la valoración de los medios de prueba, en apego al precepto 246 del código adjetivo penal local.
En esa tesitura, es claro que los medios de prueba que aportó el Ministerio Público y que se relacionaron con el acto reclamado, son conducentes, idóneos y suficientes para integrar la prueba circunstancial, a través de la cual se acreditó que **********, es responsable del ilícito de robo agravado cometido en lugar cerrado y por más de una persona armada, así como su plena responsabilidad penal en su comisión, como consecuencia jurídica, se encuentra apegada a derecho la aplicación de una sanción.
IV. Individualización de sanciones.
En aras de una pronta administración de justicia, este tribunal considera conveniente pronunciarse desde luego sobre la legalidad de las penas y medidas impuestas por la responsable, que no se verán afectadas con la concesión del amparo.
Es correcta la determinación de la Sala responsable, en lo relativo a que la pena de prisión deberá compurgarla en el lugar que para tal efecto (en esa época) designara la Dirección Ejecutiva de Sanciones Penales dependiente de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, con abono de la prisión preventiva que fue a partir del nueve de septiembre de dos mil ocho, data en que el peticionario de amparo fue privado de su libertad con motivo de los hechos que nos ocupan.
Se ajusta a los preceptos 42 a 45 de la ley sustantiva que rige en el fuero que lo condenara a la reparación del daño material, debiendo restituir a la persona moral ofendida **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, representada legalmente por **********: 1. una **********, ***
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25855-c0a675f4/concurso-aparente-de-normas-en-los-delitos-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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