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Modo: Corpus Pro

I. APORTACIONES FEDERALES A LOS MUNICIPIOS. PARÁMETRO DE CONTROL CONSTITUCIONAL EN EL ESTABLECIMIENTO DE SUS MONTOS. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS MUNICIPIOS TIENEN LEGITIMACIÓN PARA IMPUGNAR EN EL JUICIO VIOLACIONES A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL. III. HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS QUE LA RIGEN. IV. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. SUS DIFERENCIAS. V. APORTACIONES FEDERALES. EL ACUERDO EMITIDO EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 34 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 13 DE ENERO DE 2014, ES VÁLIDO. VI. APORTACIONES FEDERALES. EL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LA FÓRMULA, METODOLOGÍA, DISTRIBUCIÓN Y CALENDARIO DE LAS ASIGNACIONES POR MUNICIPIO QUE CORRESPONDEN AL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF), PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO EL 31 DE ENERO DE 2014, ES VÁLIDO.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 28/2014. · Registro digital (IUS): 25891
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2015-10-09
Promovente: MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 23, Octubre de 2015, Tomo I , Pág. 668.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 28/2014. MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. 8 DE DICIEMBRE DE 2014. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: DAVID GARCÍA SARUBBI.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al ocho de diciembre de dos mil catorce, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la que se resuelve la controversia constitucional 28/2014, promovida por el Municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, en contra del Poder Ejecutivo Federal, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Poder Ejecutivo del Estado de México.

I. Antecedentes del caso

1. Presentación de la demanda. Por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el dieciocho de marzo de dos mil catorce, Vicente Estrada Iniesta, quien se ostentó como presidente municipal de Almoloya de Juárez, Estado de México, promovió demanda de controversia constitucional en representación del citado Municipio (de ahora en adelante el "Municipio actor").

2. En tal demanda, por un lado, se impugnaron: 1) los resultados definitivos del XIII Censo General de Población y Vivienda del año dos mil diez, en el Estado de México, publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía; 2) el Acuerdo que tiene por objeto dar cumplimiento a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 34 de la Ley de Coordinación Fiscal, para los efectos de la formulación del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaría de Desarrollo Social el tres de diciembre del año dos mil trece [sic];(1) 3) el Acuerdo por el que se dan a conocer la fórmula, metodología, distribución y calendario de las asignaciones por Municipio que corresponden al Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), para el ejercicio fiscal dos mil catorce, el cual fue publicado el treinta y uno de enero del año dos mil catorce [sic], emitido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México;(2) 4) del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, la reducción de las aportaciones federales para las entidades federativas y Municipios, en que está incluido el Fondo para la Infraestructura Social Municipal para el ejercicio fiscal dos mil catorce y sucesivos, como consecuencia de los resultados definitivos del XIII Censo de Población y Vivienda dos mil diez en el Estado de México; y, 5) la declaración de invalidez de todos los actos de cualquier índole que se deriven del acuerdo impugnado.

3. Por tanto, en el escrito inicial se señalaron como autoridades demandadas al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, al Poder Ejecutivo y al secretario de Finanzas, ambos del Gobierno del Estado de México, y se tuvo como preceptos violados a los artículos 2o., 4o., 14, 16, 25, 26 e inciso b) de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (de ahora en adelante la "Constitución Federal").

4. De igual manera, se relataron como hechos relevantes los siguientes:

5. En fecha treinta y uno de enero de dos mil catorce fue publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, Número 20, el Acuerdo por el que se dan a conocer la fórmula, metodología, distribución y calendario de las asignaciones por Municipio que corresponden al Fondo para la Infraestructura Social Municipal, para el ejercicio fiscal 2014, [sic] el cual establece: "Segundo. El total de los recursos que conforma este fondo asciende a la cantidad de $3,294'614,486.00 (tres mil doscientos noventa y cuatro millones seiscientos catorce mil cuatrocientos ochenta y seis pesos 00/100 M.N.), cifra que fue publicada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el Diario Oficial de la Federación, el tres de diciembre del año 2013 y su distribución fue convenida con la Sedesol, como lo establecen los artículos 34 y 35 de la Ley de Coordinación Fiscal; de los cuales fueron asignados al Municipio de Almoloya de Juárez $33'752,211.70 (treinta y tres millones setecientos cincuenta y dos mil doscientos once pesos con setenta centavos 70/100 M.N.). Quinto. Para la distribución y cálculo de la formula descrita en el presente acuerdo se utilizó la información pública de la base de datos y tabuladores básicos de la muestra censal del ‘XIII Censo General de Población y Vivienda del año 2010’, en el apartado correspondiente al Estado de México que fue publicado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Séptimo. La distribución a los Municipios obtenida con las fórmulas y metodología antes descritos es la que se presenta en el siguiente cuadro: ... (Municipio) Almoloya de Juárez (porcentaje de asignación) 0.010244662 (asignación 2014 [pesos] FISM) 33'752,211.70."

6. Trámite de la demanda. El diecinueve de marzo de dos mil catorce,(3) el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por recibida la demanda, ordenó formar y registrar el expediente como 28/2014 y, por razón de turno, designó como instructor del procedimiento al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

7. En consecuencia, el Ministro instructor, por acuerdo de veinte de marzo siguiente,(4) admitió la demanda, tuvo como autoridades demandadas al Poder Ejecutivo Federal, al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, así como al Poder Ejecutivo del Estado de México -no así a la Secretaría de Finanzas de ese Estado-, se ordenó su emplazamiento, a fin de que dieran contestación a la demanda; asimismo, ordenó dar vista del asunto al procurador general de la República para que manifestara lo que a su interés conviniera.

8. Conceptos de invalidez. En su escrito de demanda, el Municipio actor desarrolló los tres siguientes conceptos de invalidez:

9. Primero. El artículo 4o. de la Constitución Federal establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, y al disfrute de todos los servicios que preste el Estado.

10. Del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) se observa que en las cantidades asignadas al Municipio de Almoloya de Juárez, respecto al año fiscal 2014, en comparación con el 2011, existe una marcada diferencia, que representa una disminución de hasta el 70% del presupuesto asignado, lo cual afecta en gran manera las actividades planeadas por el Municipio actor para el ejercicio de 2014.

11. Diferencias que pueden apreciarse con las documentales que se anexan, así como con la consulta que aparece en la liga de Internet: http://www1.edomexico.gob.mx/dgip/contenido/discrecramo33.asp?m=005, correspondiente a la Dirección de Gasto Público, en donde se advierte que de los ejercicios fiscales comprendidos de 1998 a 2013, existe una disminución desproporcionada respecto del ejercicio fiscal 2014.

12. Segundo. Del contenido del artículo 25 de la Constitución Federal se advierte que al Estado corresponde la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que sea integral y sustentable, fortalecer la soberanía de la nación y su régimen democrático y, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, se permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales. Asimismo, dispone que el Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional y llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general.

13. En ese mismo orden de ideas, el artículo 26 de la Constitución Federal establece la facultad del Poder Ejecutivo para establecer los procedimientos de participación y consulta en el sistema nacional de planeación democrática y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo, contando con un sistema nacional de información, estadística y geografía, cuyos datos serán considerados oficiales para la Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios.

14. Atendiendo la realidad histórica del Municipio de Almoloya de Juárez, se desprende que la superficie territorial del Municipio es de 479.55 kilómetros, cuyas colindancias describe. Afirma que dentro del territorio municipal se encuentran dos villas, cincuenta y cuatro delegaciones y veinticinco subdelegaciones, las que enlista.

15. Ahora bien, las delegaciones y subdelegaciones que pertenecen al Municipio de Almoloya de Juárez constituyen zonas de mayor magnitud y profundidad de pobreza extrema y rezago social, lo cual se advierte del Plan de Desarrollo 2011-2017 del Gobierno del Estado de México.

16. Tercero. De la fracción IV, inciso b), del artículo 115 de la Constitución Federal se advierte que las participaciones federales serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados; así, afirma que el Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), asignada para el ejercicio fiscal 2014 al Municipio de Almoloya de Juárez resulta insuficiente, tomando en consideración que la dinámica demográfica del Municipio actor ha sido consistentemente alta, destacando como un Municipio tradicional que también se está convirtiendo en receptor de la población.

17. En ese sentido, las tasas anuales de crecimiento han sido de 2.8% en la década de 1970-1980, 2.7% en la década de 1980-1990, 2.8% en el periodo de 1990-2000, 2.7% para 2000-2005, estimándose en 2.6% para el periodo 2005-2010. Así, la población ha pasado de 64,620 habitantes en 1980 a 126,163 en 2005, lo cual representa que en veinticinco años el Municipio actor casi duplicó su población.

18. Luego, los resultados preliminares del XIII Censo de Población y Vivienda del 2010 indican que el Municipio cuenta con una población de 148,081 habitantes para el año 2010. En donde las localidades más dinámicas son la cabecera municipal (Almoloya de Juárez) y San Francisco Tlalcilalcapan, en donde el crecimiento natural se suma a la migración de la población, toda vez que Almoloya de Juárez es un Municipio integrado en la Zona Metropolitana de Toluca (ZMT), que combina las características propias de la transacción de lo rural a lo urbano.

19. Además, cuenta con 14 localidades consideradas urbanas, que alojan el 48% de la población y las restantes 92 localidades albergan el 52% de la población. De estas últimas, las menores de mil habitantes suman 71 localidades, cuya característica principal es la dispersión y la ocupación desordenada del territorio.

20. El Municipio actor afirma que le ha correspondido ser el receptáculo de grandes desarrollos de vivienda de interés social, por lo que es previsible que en los próximos años se autoricen más tipos de fraccionamientos habitacionales.

21. Los niveles de alfabetismo y escolaridad en el año dos mil cinco, así como la población de quince años y más que no sabía leer ni escribir en el Estado de México se ubicó en un 3.5% con respecto a la población total, en tanto que en el Municipio de Almoloya de Juárez, esta proporción fue mayor, representando el 7.7% (más del doble de incidencia). Además, a nivel local, once de las localidades registran una proporción mayor al 7% respecto de la población que es analfabeta. Afirma que existe una situación similar en el promedio de escolaridad, en el que el promedio municipal se encuentra dos años por debajo del promedio de la entidad.

22. A pesar de que se han construido diversos fraccionamientos dentro del territorio municipal de Almoloya de Juárez, a partir del año dos mil tres -los cuales enuncia el Municipio actor-, sin embargo, en su mayoría ya se encuentran habitados.

23. Así, es aplicable el Censo de Población y Vivienda 2010, del que se destaca que las condiciones del Municipio actor no han cambiado en cuanto a los rubros de marginación y extrema pobreza; afirma que aún existe un alto índice de marginación y rezago social en las comunidades que conforman el territorio municipal, luego, concluye que resultan insuficientes las asignaciones de los diferentes programas federales, como el Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM). En su opinión, la asignación comprendida para el Municipio actor debería ser, cuando menos, similar al monto asignado para el ejercicio fiscal de 2011.

24. A continuación, el Municipio actor desarrolla las consideraciones que, en su opinión, demuestran la inconstitucionalidad de los actos impugnados:

a) Del contenido de los artículos 1o., 4o., 25, 26 y 115 de la Constitución Federal se desprende la responsabilidad del Estado de organizar y conducir el desarrollo nacional, mediante el establecimiento de un sistema de planeación democrático que sea sólido, dinámico, permanente y equitativo al crecimiento de la economía para la independencia y democratización política, social y cultural de la nación. Planeación que deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable del país y deberá atender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en la Constitución Federal.

b) De la distribución de participaciones impugnada se advierte que no se ajusta a los fines y garantías sociales contenidos en los artículos previamente citados, pues las garantías allí previstas están por encima de cualquier otro interés.

c) Para la distribución de participaciones no se tomó en cuenta la realidad histórica social y económica del Municipio actor, pues basta un simple comparativo de las asignaciones de participación otorgadas al Municipio actor en el ejercicio fiscal de 2011, por cuanto hace al Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), con las otorgadas en el año 2014, de lo que se podrá advertir que las últimas participaciones fueron notablemente inferiores a las del 2011; de donde se infiere que la distribución de participaciones se realizó de manera irracional y sin metodología, porque en ella no se tomó en consideración que la población aumentó derivado de la condición receptora de población que tiene el Municipio por integrar la Zona Metropolitana de Toluca.

d) No obstante lo anterior, la mayoría de las comunidades se encuentran con un rezago social importante y un alto índice de marginación, en la que se advierte la ilegalidad de la distribución de participaciones.

e) El Municipio actor estima que la fórmula aplicada para la distribución del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) fue realizado por personas que no conocen la realidad económico social del Municipio; señala que para la distribución de las participaciones federales de los diferentes ramos no se realizaron inspecciones de campo, aunado a que la fórmula se hizo burocráticamente, atendiendo a los resultados del censo.

f) De una simple comparación entre los recursos asignados en el ejercicio fiscal 2011 y el 2014 se aprecia una disminución del 70%, lo cual es ilógico e imposible, tanto social como económicamente, pues no es óbice que la población del Municipio actor haya crecido ese porcentaje en un término de diez años; sin embargo, las condiciones son de extrema pobreza y, por lo tanto, son insuficientes las participaciones asignadas.

g) Afirma que las autoridades demandadas no deben tomar en cuenta el censo de población para la asignación de participaciones, sino que deben ajustarse a la realidad histórica y socioeconómica de los habitantes del Municipio de Almoloya de Juárez, toda vez que la población marginada tiene derecho a ciertas garantías, en donde el bienestar está por encima de cualquier otro interés.

h) El Municipio actor afirma: "en ese contexto se solicita se declare procedente la controversia constitucional, así como la invalidez del acto que se reclama y no se tome en consideración el censo de población referido para la asignación de participaciones, sino que dicha asignación debe ajustarse a la realidad histórica y socioeconómica de los habitantes del Municipio de Almoloya de Juárez, para cumplir con los imperativos constitucionales contenidos en las normas que se estiman vulneradas."

i) En ese sentido, -estima el Municipio actor- deben tomarse en cuenta los resultados del grado de marginación por localidad 2010, publicados por el Coespo con base en Conapo, el cual contiene el índice de marginación del Ayuntamiento de Almoloya de Juárez por localidad de 2010.

j) Finalmente, el actor adujo que el Municipio se encuentra incluido dentro del "Decreto por el que se emite la declaratoria de zonas de atención prioritaria para el año 2014", con comunidades que presentan un alto nivel de marginación, lo que se contrapone con los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010, pues del resumen municipal del catálogo de localidades del Sistema de Apoyo para la Planeación se advierte que en las localidades por grado de marginación existió un incremento, esto es, en el año 2005 se contaba con 61 localidades con grado de marginación alto y en el año 2010 se incrementaron a 72, datos publicados por la Secretaría de Desarrollo Social.

25. Contestación de la demanda del Poder Ejecutivo del Estado de México. Por escrito presentado el seis de mayo de dos mil catorce, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(5) la consejera jurídica del Gobierno del Estado de México, en representación del gobernador de ese Estado, presentó ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación contestación de demanda, exponiendo, en síntesis, los siguientes razonamientos:

26. Dijo que era cierto el hecho consistente en la publicación del Acuerdo por el que se dan a conocer la fórmula, metodología, distribución y calendario de las asignaciones por Municipio que corresponden al Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, para el ejercicio fiscal 2014, en el periódico oficial "Gaceta del Gobierno", del Estado de México, el 31 de enero de 2014, lo que realizó el secretario de Finanzas.

27. Al respecto, hizo valer la causal de improcedencia consistente en la fracción VIII del artículo 19, en relación con lo establecido en el artículo 22, fracción VII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo siguiente:

a) El Municipio actor, en sus conceptos de invalidez, únicamente se dedica a transcribir diversa información relacionada con el Municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México; sin embargo, para ser un agravio lo suficientemente fuerte, debe atacar todas las consideraciones esenciales, lo cual no aconteció, pues se trata de manifestaciones generales y sin fundamento jurídico, ni razonamiento lógico alguno que combatan alguna de las consideraciones por las que se emitió el acuerdo.

b) No es óbice que el Municipio actor refiera que para el ejercicio fiscal 2014 sufrió una disminución desproporcionada en razón del 70%, respecto de las participaciones federales del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) recibidas en 2011, lo cual se debió a los resultados definitivos del Censo General de Población y Vivienda del año 2010, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y como consecuencia de la aplicación de la fórmula establecida en los artículos 34 y 35 de la Ley de Coordinación Fiscal; por lo que, estima, no tomó en cuenta la realidad histórica, social y económica del Municipio de Almoloya de Juárez, con lo que basta la comparación de las participaciones del año 2011, en donde se advierte que se redujeron de modo irracional y sin una metodología que atienda al rezago social y la pobreza existente en el Municipio de Almoloya de Juárez.

c) Las consideraciones expuestas en el párrafo precedente deben ser calificadas como infundadas, en atención a que no realiza razonamiento lógico jurídico alguno que permita llevar a cabo un análisis de lo expuesto, pues sólo son opiniones subjetivas. Contrariamente a lo expuesto, el Municipio actor debió argumentar, por ejemplo, qué es la pobreza, así como las cuestiones relacionadas con la vulnerabilidad y la marginación; además, debió atacar los posibles errores de la autoridad responsable, al realizar las mediciones y la forma como utilizó indicadores relacionados con los estándares, lo cual no aconteció.

d) El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social es quien establece los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza, cuyos criterios e indicadores son de aplicación obligatoria para las entidades y dependencias públicas que ejecuten programas de desarrollo social, que toman como base la información generada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

e) Los criterios y lineamientos para la definición, identificación y medición de la pobreza, son aspectos que toma en cuenta la Secretaría de Desarrollo Social del Poder Ejecutivo Federal, a través del "Acuerdo que tiene por objeto dar cumplimiento a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 34 de la Ley de Coordinación Fiscal para los efectos de la formulación del proyecto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014".

f) Los grupos sociales en situación de vulnerabilidad son sujetos que tienen derecho a recibir acciones y apoyos tendientes a disminuir su desventaja, ya que son prioritarios y de interés público para la política nacional de desarrollo social, mediante la aplicación de programas dirigidos a las personas en situación de vulnerabilidad. El Municipio actor debió combatir estos datos de forma objetiva y no sólo meras manifestaciones subjetivas que, insisten, no combaten la emisión del acuerdo.

g) Atento a lo anterior, el Municipio actor debió haber identificado puntualmente la definición de "grupos en situación de vulnerabilidad", "marginación" y "pobreza", y basar sus argumentos en la exploración de esos conceptos, para aplicarlos al caso concreto, lo que tampoco sucedió.

28. A continuación, el gobernador del Estado procede a desestimar los argumentos de fondo del Municipio actor:

29. El acto de publicación del Acuerdo por el que se dan a conocer la fórmula, metodología, distribución y calendario de las asignaciones por el Municipio correspondiente al Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2014, no es inconstitucional, ya que atiende al sistema de distribución de competencias entre la Federación y las entidades federativas, previsto en el artículo 124 de la Constitución Federal.

30. El acto realizado por la Secretaría de Finanzas, consistente en ordenar la publicación en el periódico oficial "Gaceta de Gobierno" del Estado de México, no es inconstitucional y está regulado en la Constitución Local de la referida entidad federativa, en el Código Financiero y en el Reglamento Interior de la Consejería Jurídica del Gobierno, todos del Estado de México.

31. Las participaciones realizadas al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FISM) no son fijas, sino que requieren de factores, cálculos y fórmulas para determinar su cantidad anualmente, por lo que el Poder Ejecutivo Local no transgrede lo previsto en los artículos 1o., 4o., 14, 16, 25, 26 y 115 de la Constitución Federal, en detrimento del Municipio actor.

32. Conforme a los artículos 2, 7 y 9 de la Ley de Coordinación Fiscal, la Federación y los Estados convienen en evitar la doble tributación, por lo que la Federación es la única que grava y reparte los fondos obtenidos; así existe el "Fondo General de Participación Federal", que se constituye con el veinte por ciento de la recaudación obtenida por la Federación en un ejercicio fiscal; en donde se incluye el Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), cuyo cálculo es mensual y del cual, las entidades federativas reciben mensualmente un anticipo a cuenta de participaciones.

33. Atendiendo a que las participaciones federales entregadas a los Municipios son variables, las Leyes de Coordinación Fiscal Estatales también cuentan con una disposición similar para llevar a cabo las compensaciones correspondientes, en donde se autoriza al Poder Ejecutivo Local, a través de la Secretaría de Finanzas, a efectuar el cálculo de las diferencias recibidas participables a Municipios, así como las participaciones pagadas provisionalmente, teniendo la facultad de determinar los ajustes de participaciones que procedan.

34. Con base en lo expuesto, el Municipio actor carece de argumentos para que se declare una invalidez de los actos impugnados, pues no combate las cuestiones relevantes, de las cuales depende el cálculo de las cantidades que por concepto de participaciones federales le corresponden al Municipio actor para el ejercicio fiscal de 2014, pues, insiste, se tratan de cantidades variables, que dependen en su totalidad de la recaudación captada por la Federación.

35. Finalmente, refiere que, de conformidad con el artículo 115, fracción IV, inciso b), de la Constitución Federal, así como de la tesis de jurisprudencia, de rubro: "PARTICIPACIONES FEDERALES. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, INCISO B), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, LOS MUNICIPIOS TIENEN DERECHO AL CONOCIMIENTO CIERTO DE LA FORMA EN QUE AQUÉLLAS SE LES ESTÁN CUBRIENDO Y, POR TANTO, A EXIGIR ANTE LA AUTORIDAD ESTADUAL LA INFORMACIÓN NECESARIA RESPECTO DE SU DISTRIBUCIÓN.", los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se conformará de los rendimientos de los bienes que le pertenezcan, así como de las contribuciones y otras participaciones federales, por ende, -los Municipios- tienen derecho a recibir determinado porcentaje y conocer cuál es el monto global de las participaciones, pero no a intervenir en el procedimiento de cálculo de las cantidades que les corresponden, ya que ello es facultad de la Federación, a través de la dependencia correspondiente y de las Legislaturas de los Estados, que a su vez pueden autorizar al Gobierno Estatal, a través del área designada, para efectos de su cálculo y distribución.

36. Contestación de la demanda por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). El director general de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, por escrito recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el catorce de mayo de dos mil catorce, dio contestación a la demanda,(6) en la que manifestó lo siguiente:

37. El instituto demandado destaca los antecedentes que estima relevantes, entre ellos, que, en ejercicio de la facultad de coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, el veintinueve de enero de dos mil diez, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se establecen las bases para la coordinación, participación y colaboración en la organización, levantamiento, procesamiento y publicación del Censo de Población y Vivienda 2010, en el cual, expresamente, se requiere la colaboración de diversas instancias de gobierno, entre ellas, la de los Gobiernos Estatales y Municipales.

38. Mediante comunicado 06/2011, del siete de marzo de dos mil once, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer los resultados definitivos del Censo de Población y Vivienda 2010; ahora bien, con el oficio número 604.6/155/2011, de quince de agosto del dos mil once, se dieron a conocer al Gobernador Constitucional del Estado de México, los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010, desglosadas a nivel estatal, municipal, el cual fue notificado el dieciséis de agosto de dos mil once.

39. Mediante oficio número 604.6/189/2011, de veintidós de agosto de dos mil once, se dio a conocer al presidente municipal del Municipio actor los resultados definitivos del Censo de Población y Vivienda 2010, el que quedó notificado el cinco de septiembre de dos mil once, según se demuestra con la copia certificada de ese oficio.

40. Destaca el hecho de que el nueve de abril de dos mil doce, el Municipio actor promovió controversia constitucional contra los resultados definitivos del Censo de Población y Vivienda de dos mil diez, entre otros; este asunto quedó registrado con el número 25/2012 y lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de nueve de enero de dos mil trece, sobreseyendo en el mismo.

41. Sobre las causales de improcedencia, estimó que se actualizaban los supuestos contenidos en los artículos 19 y 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, por lo siguiente:

• El acto reclamado, consistente en el Censo de Población y Vivienda 2010 fue materia de una ejecutoria dictada en la controversia constitucional 25/2012, en la cual existe identidad de partes, pues el Municipio actor también fue el Municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, y la autoridad demandada, entre otras, fue el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

42. Se actualiza la causal contenida en la fracción VII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, toda vez que la presentación de la demanda en contra del resultado del Censo de Población y Vivienda 2010 está fuera del término establecido en el artículo 21 de la referida ley reglamentaria.

• Lo anterior es así, toda vez que el veintinueve de enero de dos mil diez, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Acuerdo (sic) las bases para la coordinación, participación y colaboración en la organización, levantamiento, procesamiento y publicación del Censo de Población y Vivienda 2010"; posteriormente, el dieciocho de febrero de do

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25891-d5cfccbc/i-aportaciones-federales-a-los-municipios-parametro-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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