I. APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES A CARGO DE LOS PENSIONISTAS. VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE IGUALDAD EN RELACIÓN CON LOS TRABAJADORES EN ACTIVO (INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 16 Y 19 DE LA LEY DE PENSIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ). II. TRÁMITES ANTE EL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ CONDICIONADOS A QUE EL PENSIONISTA ESTÉ AL CORRIENTE EN EL PAGO DE SUS APORTACIONES (INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 32 DE LA LEY DE PENSIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ). III. APORTACIÓN AL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ. LIMITACIÓN A LA DEVOLUCIÓN DE LOS INTERESES GENERADOS PARA LOS TRABAJADORES SIN DERECHO A UNA PENSIÓN (ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE PENSIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 101/2014. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 18 DE AGOSTO DE 2015. PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIOS: LAURA PATRICIA ROJAS ZAMUDIO Y RAÚL MANUEL MEJÍA GARZA.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día dieciocho de agosto de dos mil quince, por el que se emite la siguiente:
Sentencia
Mediante la que se resuelve la presente acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de los artículos 16, 19, 32 y 59 de la Ley de Pensiones del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicada en la Gaceta Oficial de la entidad de veintiuno de julio de dos mil catorce.
I. Trámite
1. Presentación del escrito, autoridades (emisoras y promulgadoras) y normas impugnadas. El veinte de agosto de dos mil catorce, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por conducto de Raúl Plascencia Villanueva, quien se ostentó como presidente de este organismo, promovió acción de inconstitucionalidad en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
2. Normas generales cuya invalidez se reclama. En esta acción de inconstitucionalidad se impugnaron los artículos 16, 19, 32 y 59 de la Ley de Pensiones del Estado de Veracruz, publicada en la Gaceta Oficial de la entidad el veintiuno de julio de dos mil catorce.
3. Conceptos de invalidez. El promovente en sus conceptos de invalidez, manifestó, en síntesis, lo siguiente:
A) Primer concepto de invalidez. Inconstitucionalidad de la obligación a los pensionados de aportar el 12% de su percepción para el fondo de pensiones. Los artículos 16 y 19, en relación con el diverso 17 de la Ley de Pensiones del Estado, transgreden los artículos 1o. y 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, porque se vulneran el derecho a la igualdad en materia de seguridad social y el principio de previsión social, ya que se obliga a los pensionados en igual medida que a los trabajadores en activo a aportar el 12% de sus respectivas percepciones, siendo que no se encuentran en un plano de igualdad sin que exista una justificación legítima.
El artículo 16 dispone que, para cubrir el costo de las prestaciones establecidas en la ley y los gastos de administración correspondientes, los recursos se obtendrán de las cuotas y aportaciones que están obligados a pagar los trabajadores, pensionistas y el patrón; asimismo, el artículo 17 señala que las aportaciones a cargo de los trabajadores serán del 12% del sueldo de cotización; y el artículo 19, por su parte, señala que los pensionistas aportarán al instituto el 12% de la jubilación o pensión que disfruten.
Lo anterior, transgrede el derecho a la igualdad en materia de seguridad social y el principio de previsión social, en virtud de que se da un trato inequitativo entre un trabajador en activo y un pensionado, pues la cuota impuesta al trabajador en activo se justifica, porque su economía no se ve afectada y puede incrementar su salario escalando puestos o compaginar su función con cualquier otra labor, mientras que el pensionado, sólo puede ver incrementado el monto de su pensión en proporción al porcentaje que aumente el salario mínimo general de la zona, por tanto, se viola el derecho de igualdad previsto en el artículo 1o. de la Constitución Federal.
La finalidad de todo fondo de pensiones radica en que cuando se haya otorgado la pensión, ésta se cuantifique con base en las aportaciones realizadas durante la vida laboral y en relación con el porcentaje correspondiente a los años trabajados.
B) Segundo concepto de invalidez. Inconstitucionalidad de la condición para el trabajador o sus familiares derechohabientes de estar al corriente en el pago de las cuotas y aportaciones para realizar cualquier trámite ante el instituto. El artículo 32 de la ley impugnada es violatorio de los artículos 1o. y 123, apartado B, fracción XI, de la Constitución Federal; así como 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al condicionar la realización de trámites ante el instituto, al pago de las cuotas respectivas, las que deberán estar cubiertas.
El concepto de seguridad social entendido como el derecho de los trabajadores y sus familias consagrado, tanto en convenios internacionales, como en la Constitución Federal, representa un compromiso del Estado como ente garante y de la sociedad que respalda a los trabajadores ante eventualidades que limiten el desarrollo de las capacidades laborales del trabajador o de sus familiares.
Esta garantía participa de los principios de evolución progresiva de los beneficios de la seguridad social, de inmediatez y de subsidiariedad del Estado, lo que se traduce en que los beneficios de la seguridad social deben aumentarse de sus mínimos de manera progresiva y una vez alcanzado un nivel subsecuente, es imposible retroceder a uno menor.
La norma impugnada no sólo trasgrede la garantía del trabajador -quien sí está obligado a hacer los pagos correspondientes-, sino a los familiares derechohabientes, quienes no tienen esa carga; sin embargo, también se les impide realizar cualquier tipo de trámite de índole administrativo ante el instituto, siendo que el responsable de enterar las cuotas y aportaciones es el empleador, por lo que no se debería imponer a los trabajadores cargas que excedan su ámbito, porque no sólo se daña a éstos, sino a todo aquel que tenga un vínculo de parentesco con él, lo que se traduce en una falta de protección de derechos humanos, como obligación general del Estado en la materia. Tal como refiere la Organización Internacional del Trabajo, el Estado debe garantizar a las personas protegidas (derechohabientes) la concesión de prestaciones, como lo es el poder acceder al instituto y, por supuesto, ser atendido o cuando menos realizar las diligencias necesarias para dar lugar a la atención eficaz y oportuna del mismo.
Los trámites que quieran realizar los trabajadores o sus familiares derechohabientes podrían verse obstaculizados por causas no imputables a los mismos, pues no podrían responder ante la omisión de su empleador, dejándolos en un estado de indefensión, ante las negligencias del patrón moroso o aquel que retenga las cuotas aportadas por los trabajadores, sin que las entere. Esto ocasionaría la reversión de la carga de la prueba, donde correspondería a los trabajadores probar que han enterado los pagos correspondientes y que es el empleador quien no ha hecho entrega de los mismos, pero aun así, entre tanto se dirime esa controversia, los trabajadores no podrían realizar los trámites que les sean necesarios, en menoscabo de sus derechos, como por ejemplo y en un segundo momento, el de la obtención de sus pensiones por incapacidad o por invalidez.
Cita en apoyo a sus argumentaciones la tesis P./J. 188/2008, de rubro: "ISSSTE. EL ARTÍCULO 25, PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO, DE LA LEY RELATIVA, AL PERMITIR LA SUSPENSIÓN DE LOS SEGUROS OBLIGATORIOS, ES VIOLATORIO DE LOS ARTÍCULOS 4o. Y 123, APARTADO B, FRACCIÓN XI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007)."
C) Tercer concepto de invalidez. Inconstitucionalidad de la determinación de renunciar a los intereses generados por las cuotas enteradas al instituto por los trabajadores sin derecho a una pensión jubilatoria. El artículo 59 de la ley impugnada es violatorio de los artículos 1o. y 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Federal, así como del artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el diverso 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al contravenir el derecho a la igualdad en materia de seguridad social y los principios de equidad y previsión social, puesto que establece que los trabajadores sin derecho a pensión, renuncien a los intereses generados por sus cuotas de aportación enteradas al instituto de pensiones.
Se transgreden los principios que rigen la seguridad social porque de conformidad con los artículos 24 y 105 de la ley impugnada, el instituto tiene la facultad de cobrar los intereses respectivos cuando los trabajadores no enteren oportunamente sus cuotas; sin embargo, el trabajador no podrá exigir aquellos intereses generados por sus cuotas de aportación que retire cuando no se hayan dado las condiciones para el derecho a una pensión jubilatoria.
El instituto de pensiones maneja los recursos con desigualdad, pues por un lado, cobra intereses en la mora del pago de aportaciones, y por otro, cuando el trabajador no logra concretar su derecho a una pensión jubilatoria lo priva del derecho de cobrar los intereses que hayan generado sus aportaciones.
Por tanto, el artículo impugnado genera una distinción de situaciones en el sistema de seguridad social de la entidad, donde se le priva al trabajador de la obtención de los beneficios económicos derivados de la seguridad social y, en cambio, les imponen onerosas obligaciones, lo que carece de una finalidad constitucionalmente válida, pues no puede encontrarse una justificación directamente conectada con el fin perseguido.
Finalmente, solicita que si las normas impugnadas se estiman inconstitucionales, también se invaliden todas aquellas normas que se encuentren relacionadas con éstas.
4. Disposiciones que el promovente señala como violadas. Los artículos 1o. y 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 31, 39, 42 y 71 del Convenio 102; 1 y 2 del Convenio 111; 7 del Convenio 118; y, 5, 8 y 9 del Convenio 161, todos de la Organización Internacional del Trabajo.
5. Admisión y trámite. Mediante proveído de veintiuno de agosto de dos mil catorce, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 101/2014,(1) promovida por el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y, por razón de turno, designó como instructor al Ministro José Ramón Cossío Díaz.
6. Por acuerdo de veinticinco de agosto dos mil catorce, el Ministro instructor admitió la demanda de acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Veracruz, por ser quienes respectivamente emitieron y promulgaron las normas impugnadas para que rindieran sus informes. También dio vista al procurador general de la República para que formulara el pedimento correspondiente.(2)
7. Informes de los Poderes Legislativo(3) y Ejecutivo(4) de la entidad.
A) El Poder Legislativo señaló, en síntesis, lo siguiente:
• Es cierto que la Ley de Pensiones del Estado de Veracruz fue aprobada y emitida el diecinueve de julio de dos mil catorce y publicada el veintiuno siguiente, los dos primeros actos fueron realizados conforme a lo dispuesto por los artículos 33, fracción I, 36, fracción I y 38 de la Constitución Política del Estado; 18, fracción I y 47, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 75 y 76 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, cumpliendo con su compromiso de proteger a los veracruzanos en cuanto a su seguridad social.
• Es improcedente la acción de inconstitucionalidad, porque las normas impugnadas no son contradictorias de la Constitución Federal; además, la accionante debió citar y precisar cuáles son las disposiciones jurídicas que supuestamente se contradicen con lo expuesto en las normas jurídicas impugnadas. Suponiendo sin conceder que se hubieran afectado derechos personales o garantías constitucionales de algún interesado, ello de ninguna manera puede generar la inconstitucionalidad de las normas impugnadas, pues para ello es necesario que contravengan a la Constitución Federal.
• La acción de inconstitucionalidad no es la vía idónea para defender o proteger violaciones a los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, si es que existieran dichas violaciones, por lo que no hay violación alguna al principio de legalidad. Es equívoco que al promover acciones de inconstitucionalidad todos los derechos fundamentales expresados en la Constitución puedan invocarse como violados, pues para ello existe el juicio de amparo, ya que no puede considerarse que sea el mismo procedimiento y la misma ley aplicable para defender un derecho personal, por tanto, la accionante se equivoca en el modo, tiempo y lugar que le asiste a sus expresiones, confundiendo el juicio de amparo con la acción de inconstitucionalidad.
• En el caso del artículo 16 impugnado que establece que los recursos para cubrir el costo de las prestaciones establecidas en la ley y los gastos de administración correspondientes se obtendrán de las cuotas y aportaciones de los trabajadores, pensionistas y el patrón, la persona que se sintiera agraviada con dicha norma, tiene expedita la vía del juicio de amparo, mas no se puede pretender que se trata de una norma inconstitucional, porque ello nos llevaría a confundir el juicio de amparo con la acción de inconstitucionalidad. En el caso, los pensionistas no sufren agravio alguno puesto que se trata de una disposición administrativa que nada tiene que ver con los contribuyentes.
• El artículo 19 impugnado que establece que los pensionistas aportaran al instituto el 12% de la jubilación o pensión que disfruten, no contradice alguna norma constitucional, ya que la propia Constitución General otorga la facultad a las entidades federativas de organizar y establecer su propio régimen tributario y financiero y, si el 12% que se impuso resulta ser una carga para la pensión que recibe un jubilado, éste en su momento oportuno, puede hacer valer dichos derechos, a través del juicio de amparo.
• El artículo 32 impugnado no contraviene ninguna norma de la Constitución Federal por lo que no puede considerarse como inconstitucional, pues el hecho de que en su contexto no sea concordante con los deseos de la actora, no por ello, resulta inconstitucional. Además, hasta este momento no se ha causado daño alguno a los interesados que dicen les afecta la nueva ley de pensiones del Estado, por lo que no existe afectación alguna a la promovente.
• El artículo 59 tampoco es aplicable a una acción de inconstitucionalidad, puesto que no existe norma constitucional que establezca que a los familiares de un pensionista se les debe reintegrar las cuotas aportadas al instituto con sus respectivos intereses, y suponiendo sin conceder que los familiares sufrieran algún daño en relación a que los intereses les fueran negados, no pueden exigirlos a través de una acción de inconstitucionalidad, pues existen procedimientos administrativos para reclamar los intereses correspondientes.
• A los pensionados no se les ha incrementado de manera alguna la cuota que han venido otorgando por concepto de aportación al instituto porque están protegidos por el artículo tercero transitorio y además, porque ellos se sujetan al régimen con el cual se jubilaron, por lo que las normas jurídicas impugnadas no son inconstitucionales.
• Se respeta la igualdad contenida en el artículo 1o. de la Constitución Federal, ya que no se ha provocado ningún daño a quienes no tienen forma de incrementar su percepción económica por estar protegidos por la Ley de Pensiones del Estado.
• La accionante resalta los principios de proporcionalidad, equidad e igualdad tributaria, pero éstos no responden a una acción de inconstitucionalidad de la norma, es decir, no es la vía y forma idónea para hacer válida la violación de los mismos, ya que son aplicables de manera personal, debido a que cada uno de los pensionados tienen características diferentes en cuanto a sus emolumentos que reciben y aportaciones que otorgan, de aquí que la propia Constitución Federal les otorgue y les proteja sus garantías constitucionales.
B) El Poder Ejecutivo, por su parte manifestó, en síntesis, lo siguiente:
• Es cierto que promulgó la Ley Número 287 de Pensiones del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la que contiene los numerales 16, 19, 32 y 59 impugnados, y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 35, párrafo segundo y 49, fracción II, de la Constitución Local, ordenó su publicación en la Gaceta Oficial de la entidad, número extraordinario 288, de veintiuno de julio de dos mil catorce, en virtud de que no se estimó violatoria de disposición constitucional o legal alguna, ni tampoco de convención internacional.
• El proceso legislativo que dio lugar a la ley impugnada no vulnera los principios de democracia deliberativa e igualdad de las minorías, publicidad, legalidad y certeza jurídica, pues todas las fuerzas políticas se encontraban presentes en el Congreso del Estado, y participaron en su discusión y aprobación.
• Los argumentos de invalidez son infundados, en virtud de que no están expresados en su justa dimensión, ya que en una situación similar respecto del sistema de reparto que adoptó el Estado de Veracruz, en el cual el patrón, los trabajadores y los futuros pensionistas de mediano a alto ingreso colaboren en el sostenimiento de la nómina de los pensionistas a través de un fondo denominado reserva técnica, pero del Estado de Sonora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar la constitucionalidad del artículo 60 Bis B de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores reconoció implícitamente la constitucionalidad de los descuentos a los pensionados, estableciendo como condición a dicho esquema, que deben sujetarse a los principios de justicia fiscal contenidos en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Federal.
• Del citado criterio derivó la tesis 2a./J. 111/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, de rubro: "FONDO DE PENSIONES. LA APORTACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 60 BIS B DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA ES DE SEGURIDAD SOCIAL Y, POR TANTO, CONSTITUYE UNA CONTRIBUCIÓN SUJETA A LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE JUSTICIA FISCAL."
• El principio de justicia fiscal a que se refiere la tesis anterior, fue retomado por el Tribunal Pleno en la diversa tesis P./J. 21/2013 (10a.), de rubro: "RENTA. EL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL ESTABLECER UNA EXENCIÓN LIMITADA SOBRE LOS INGRESOS PROVENIENTES DE JUBILACIONES, PENSIONES Y OTRAS FORMAS DE RETIRO, Y GRAVAR POR EL EXCEDENTE, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 25 DE MAYO DE 2012)."
• El artículo 17 en relación con el artículo tercero transitorio de la ley impugnada se ajustan a los aludidos criterios jurisprudenciales, ya que sólo aplicará para aquellos pensionistas que llegaran a tener un ingreso superior al equivalente a tres salarios mínimos generales de la zona "A" elevado al mes, ya que se garantiza un rango de exención y sólo sobre el excedente se descontará el porcentaje del 12% (doce por ciento), con base en el salario mínimo general vigente en dicha zona, que es de 67.29 (sesenta y siete pesos veintinueve centavos), lo que significa que los pensionistas que tengan ingresos hasta de $6,056.10 (seis mil cincuenta y seis pesos diez centavos), estarán exentos del descuento porcentual, además de que este porcentaje solamente incidirá en aquellos que tengan una expectativa de derecho de jubilación a partir de la entrada en vigor de la ley pensionaria estatal, tal y como se encuentra previsto en el artículo tercero transitorio. Consecuentemente, los actuales pensionistas no entrarán en este esquema.
• Así, este esquema de descuento respeta el principio de justicia fiscal que exige el Máximo Tribunal de Justicia, lo cual se puede comprobar al revisar el sistema pensionario de diversas entidades federativas, pues existen Estados que ya tienen establecido un porcentaje a los jubilados y pensionados, aun y cuando en alguno de ellos tienen un sistema de cuentas individuales.
• En la iniciativa de la ley impugnada se tomaron en consideración diversas opiniones sindicales, debido a que el sistema pensionario ha venido enfrentado una creciente situación deficitaria y de no realizar una acción inmediata, se provocaría su colapso financiero en perjuicio de los actuales jubilados. Al respecto, se ofrece como prueba el estudio actuarial realizado y presentado a la Dirección General del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, en el que se constata que sus resultados y costos financieros impactarían negativamente al sistema de pensiones estatal.
• Al mes de junio de dos mil catorce, la población derechohabiente del Instituto de Pensiones del Estado fue: a) Trabajadores activos 96,315 y b) pensionados 25,691, lo que se traduce en una proporción de 3.75 trabajadores activos por cada pensionado, cuando la recomendación actuarial a nivel nacional es que sea de cuando menos 12 trabajadores. Es decir, se tendría que incrementar la nómina de trabajadores activos para los entes incorporados a dicho instituto en una proporción adicional de 8 trabajadores, lo que representaría un enorme costo fiscal con muy fuertes repercusiones sociales, ya que se tendrían que cancelar muchos programas de educación, salud y obra pública.
• Durante el ejercicio dos mil trece, los ingresos por cuotas y aportaciones fueron de $2,607'600,000.00 (dos mil seiscientos siete millones seiscientos mil pesos), mientras que el pago por pensiones y jubilaciones ascendió a la cantidad de $3,720'800,000.00 (tres mil setecientos veinte millones ochocientos mil pesos). Lo que significa que dicho organismo tuvo en déficit de $1,113'200,000.00 (mil ciento trece millones doscientos mil pesos), monto que el Gobierno del Estado tuvo que aportar para hacer frente a esa problemática financiera y no se paralizara el pago de la nómina de pensionados.
• No existe alguna disposición de un tratado internacional que impida que las pensiones sean objeto de un gravamen. La Suprema Corte ha sostenido que no es inconstitucional el cobro del impuesto sobre la renta respecto de las pensiones, en las tesis P./J. 24/2013 (10a.) y P./J. 23/2013 (10a.), de rubros: "RENTA. EL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL PREVER UNA RETENCIÓN PARA INGRESOS QUE EXCEDEN UN MONTO DETERMINADO, NO DESATIENDE LA CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE EL DERECHO DE LOS TRATADOS, EN RELACIÓN CON EL CONVENIO NÚMERO 102 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, NI EL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 25 DE MAYO DE 2012)." y "RENTA. EL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL PREVER UNA RETENCIÓN POR INGRESOS QUE EXCEDEN UN MONTO DETERMINADO, NO DESATIENDE EL CONVENIO NÚMERO 102 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO NI EL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y, POR ENDE, NO VIOLA LOS ARTÍCULOS 1o. Y 133 CONSTITUCIONALES (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 25 DE MAYO DE 2012)."
• La referencia al principio de previsión social no tiene sustento, pues en la doctrina del derecho de la seguridad social no existe dicho principio como tal, en todo caso, debería considerarse que la aportación de los pensionados busca fortalecer la previsión social si se entiende que ésta, en su sentido esencial, consiste en hacer previsiones, a fin de asegurar que las futuras generaciones disfruten de beneficios sociales como la pensión. Las medidas adoptadas en la reforma del sistema de pensiones de Veracruz, incluida la cuota aplicada a las pensiones mayores de tres salarios mínimos, se ubican precisamente en el cumplimiento del objetivo de la previsión social para que dicho sistema sea viable y pueda atender las futuras necesidades de los trabajadores hoy activos.
• La considerable carga que representa para el gasto público, que es financiado por los contribuyentes, hace concluir que el complemento que debe otorgar el Estado para cubrir el monto mensual de las pensiones permite, a su vez, considerar que una aportación hecha por quienes disfrutan de las mismas, es realmente una contribución al gasto público, lo cual está permitido constitucionalmente, siempre y cuando esa contribución sea proporcional y equitativa, características que se mantienen en la aplicación de la cuota que ha sido impugnada.
• En cuanto a la impugnación del artículo 32, el promovente no toma en cuenta que en múltiples ocasiones el patrón, ya sea estatal o municipal, se encuentra imposibilitado para retener las cuotas que le correspondan al trabajador para enterarlas al Instituto de Pensiones del Estado, lo cual se supera con la redacción del artículo 32 impugnado, que tiene por objeto garantizar el cumplimiento de las cuotas y aportaciones afectas al pago de pensiones, lo cual de ninguna manera es inconstitucional porque lo que se persigue es garantizar el flujo para el pago de los pensionistas, para la vigencia del derecho de los trabajadores bajo el principio de solidaridad con el fin de hacer extensiva a todas las personas el poder participar de los beneficios que le sean brindados por el sistema de seguridad social. Lo que no es violatorio de las disposiciones constitucionales, legales o convenciones internacionales que refiere el promovente.
• Finalmente en cuanto a la impugnación del artículo 59, el promovente pretende hacer similares dos cuestiones diferentes, una cosa es la mora por falta de pago oportuno y otra, la devolución de las cuotas. En el primer caso, aplica a los patrones que no enteran en forma oportuna las cuotas y aportaciones, y trae como consecuencia el pago de intereses moratorios, además de las sanciones administrativas a las que pueden hacerse acreedores los servidores públicos responsables por el retraso. Por el contrario, en ninguna parte de la Constitución Federal ni tampoco en la ley se establece que las cuotas y aportaciones en materia de seguridad social generarán intereses porque no tienen carácter de inversión financiera. Por tanto, no se transgrede el principio de igualdad que aduce el promovente, pues no es el trabajador quien está obligado a pagar los intereses por el entero no oportuno de las cuotas a su cargo, como para alegar una situación de desigualdad en la devolución sin intereses del monto total de sus aportaciones en los casos de retiro sin derecho a pensión, consecuentemente, no puede existir una proporción paramétrica como lo pretende hacer parecer el promovente.
8. Opinión del procurador general de la República. Este funcionario no emitió opinión alguna.
9. Cierre de instrucción. Una vez cerrada la instrucción se envió el expediente al Ministro instructor para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente. Ver votación 1
II. Competencia
10. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(5) toda vez que se plantea la posible contradicción entre diversos preceptos de la Ley de Pensiones del Estado de Veracruz y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ver votación 2
III. Oportunidad.
11. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal,(6) dispone que el plazo para promover una acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir del día siguiente al en que se haya publicado en el correspondiente medio oficial, la norma general o tratado internacional impugnados, considerando para el cómputo cuando se trate de materia electoral, todos los días como hábiles.
12. El decreto por el que se expide la "Ley Número 287 de Pensiones del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave" se publicó en la Gaceta Oficial de la entidad de veintiuno de julio de dos mil catorce,(7) de donde se desprenden los artículos 16, 19, 32 y 59 como normas impugnadas.
13. Tomando en cuenta esta fecha -veintiuno de julio-, el primer día del plazo para efectos del cómputo respectivo fue el veintidós de julio, de lo que resulta que el plazo de treinta días naturales venció el veinte de agosto de dos mil catorce.
14. Por tanto, la demanda de acción se presentó dentro del plazo respectivo -veinte de agosto-, según se advierte del reverso de la foja sesenta y uno del expediente, por ende, la impugnación resulta oportuna. Ver Votación 3
IV. Legitimación
15. Se procederá a analizar la legitimación de quien promueve la acción de inconstitucionalidad, por ser presupuesto indispensable para el ejercicio de la acción.
16. Suscribe la demanda, Raúl Plascencia Villanueva, ostentándose como presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que acredita con la copia certificada de su designación por el Senado de la República de fecha cinco de noviembre de dos mil nueve.(8)
17. De conformidad con el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(9) la Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá ejercer la acción de inconstitucionalidad en contra de leyes estatales, entre otras, y, si en el caso, se promovió la acción en contra de diversos artículos de la Ley de Pensiones del Estado de Veracruz, expedida por el Congreso Local, esto es, de una ley estatal, y además se plantea, entre otros aspectos, la vulneración a los derechos humanos relacionados con la seguridad social en materia de pensiones, no cabe duda que cuenta con la legitima
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25937-8ac391d1/i-aportaciones-al-fondo-de-pensiones-a-cargo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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