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Modo: Corpus Pro

SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE ANALIZARSE ACORDE CON EL MARCO SOBRE DERECHOS HUMANOS RESGUARDADO POR EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011.

Tipo de asunto: RECURSO DE INCONFORMIDAD 187/2014. · Registro digital (IUS): 26032
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2015-12-04
Promovente: —
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I , Pág. 291.

RECURSO DE INCONFORMIDAD 187/2014. 9 DE ABRIL DE 2014. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ, ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. SECRETARIO: ALBERTO RODRÍGUEZ GARCÍA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer del presente recurso de inconformidad, en términos de lo dispuesto en los artículos 201, fracción I y 203 de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, y; 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Pleno de este Alto Tribunal, toda vez que se promueve en contra del acuerdo por el que se declaró cumplida la sentencia dictada en un juicio de amparo directo que causó estado con posterioridad al tres de abril de dos mil trece, fecha en que entró en vigor la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos del mes y año en comento.

Al respecto, conviene destacar que la sentencia a través de la que se concedió el amparo a **********, se emitió el veintitrés de mayo de dos mil trece, en tanto que la Ley de Amparo, entró en vigor el día tres de abril del mismo año, por lo que es evidente que causó estado con posterioridad a la entrada en vigor a la ley reglamentaria en vigor y, por ende, resulta aplicable al presente asunto, esta última normatividad.

Ilustra lo anterior, la jurisprudencia de esta Segunda Sala, que a la letra dispone lo siguiente:

"Registro: 2003841

"Décima Época

"Instancia: Segunda Sala

"Tesis: Jurisprudencia

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Libro XXI, Tomo 1, junio de 2013,

"Materia: común

"Tesis: 2a./J. 91/2013 (10a.)

"Página: 623

"CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. LAS DISPOSICIONES RELATIVAS QUE PREVÉ LA LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 CONSTITUCIONALES, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 2 DE ABRIL DE 2013, SON APLICABLES A LOS JUICIOS INICIADOS ANTES DE SU ENTRADA EN VIGOR, CUANDO LA SENTENCIA RESPECTIVA CAUSE ESTADO CON POSTERIORIDAD A ESA FECHA. En el artículo tercero transitorio del citado ordenamiento legal, el legislador estableció que los juicios de amparo iniciados con anterioridad a su entrada en vigor continuarían tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones vigentes a su inicio, haciendo dos salvedades. Una por lo que se refiere al sobreseimiento por inactividad procesal y la caducidad de la instancia y, otra en lo concerniente al cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo. En relación con esta última excepción debe tenerse en cuenta, por un lado, la situación procesal en la que se ubicaron las partes cuando la sentencia concesoria causó estado antes del 3 de abril de 2013, supuesto que al actualizarse da lugar al inicio del respectivo procedimiento de ejecución, en términos de lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo y, por ende, la consecuencia de que dicho procedimiento se haya sujetado a lo dispuesto en la legislación de amparo vigente en aquel momento y, por otro lado, que tanto ese procedimiento como los medios de defensa que se regulan en la anterior legislación de amparo y en la ley vigente son sustancialmente distintos. Por tanto, las disposiciones relativas al cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo que prevé la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013 son aplicables a los juicios iniciados con anterioridad a su entrada en vigor, siempre y cuando la sentencia relativa haya causado estado con posterioridad a esa fecha, esto es, a partir del 3 de abril de 2013, toda vez que los aspectos definidos en los procedimientos de ejecución que se iniciaron antes de esa fecha, no se pueden dejar sin efectos en virtud de una norma transitoria para ordenar la sustanciación de un procedimiento distinto que, además de no encontrarse vigente en la época en que causaron ejecutoria las sentencias de amparo respectivas podría, en ciertos casos, alterar sustancialmente la situación procesal en la que se ubicaron las partes, desconociendo sin justificación alguna decisiones firmes dictadas en su oportunidad conforme a las disposiciones aplicables y constitucionalmente válidas."

SEGUNDO.-Antes de emitir un pronunciamiento en relación con el presente recurso de inconformidad, esta Segunda Sala advierte de oficio que existe una incongruencia importante que debe corregir a efecto de generar certeza en el presente asunto, así como a la conclusión que habrá de alcanzar.

En el auto de veintiocho de enero de dos mil catorce, el presidente del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, determinó enviar los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con motivo de que en diligencia de veintiocho de noviembre de dos mil trece, la quejosa **********, manifestó no estar conforme con la resolución de cinco de noviembre de dos mil trece, mediante la cual, el Pleno de dicho órgano jurisdiccional declaró cumplida la ejecutoria de veintitrés de mayo de ese año.

Sin embargo, del análisis de la notificación a que ahí se hace referencia, es decir, la de veintiocho de noviembre de dos mil trece (foja 225 del expediente del juicio de amparo directo 91/2013), se desprende que ésta se desahogó con la parte tercero interesada en el asunto, **********, por lo que deberá tenerse como inconforme en esos términos a la última mencionada, pues el Tribunal Colegiado de Circuito incurrió en una imprecisión que obsta a la certeza con que, en su caso, debiera tramitarse el presente asunto.

Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia del Tribunal Pleno, que a la letra dispone lo siguiente:

"Registro: 192836

"Novena Época

"Instancia: Pleno Tesis: Jurisprudencia

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: X, noviembre de 1999

"Materia: común

"Tesis: P./J. 133/99

"Página: 36

"SENTENCIA DE AMPARO. INCONGRUENCIA ENTRE LOS RESOLUTIVOS Y LA PARTE CONSIDERATIVA, EL TRIBUNAL REVISOR DEBE CORREGIRLA DE OFICIO.-Siendo el dictado de las sentencias de amparo y su correcta formulación una cuestión de orden público, al constituir la base del cumplimiento correcto que eventualmente pudiera darse a la ejecutoria de amparo, evitando ejecutorias forzadas e incongruentes que lleven a un imposible cumplimiento, además de que en las incongruencias puedan verse involucradas causales de improcedencia que son también de orden público y de estudio oficioso, y en atención a que el artículo 79 de la Ley de Amparo otorga al juzgador la facultad de corregir los errores en la cita de garantías violadas, para amparar por las realmente transgredidas dicha facultad debe ser aplicada, por igualdad de razón, al tribunal revisor para corregir de oficio las incongruencias que advierta en las sentencias, ajustando los puntos resolutivos a las consideraciones de la misma, pues son éstas las que rigen el fallo y no los resolutivos, contemplándose la posibilidad de que, en el supuesto de que una incongruencia fuese de tal modo grave que su corrección dejara a alguna de las partes en estado de indefensión, el órgano revisor revocará la sentencia y ordenará la reposición del procedimiento para que el Juez de Distrito emita otra resolución, toda vez que es un error no imputable a ninguna de las partes y que puede depararles un perjuicio no previsto en su defensa. Lo anterior no debe confundirse con la suplencia de la queja, en virtud de que la coherencia en las sentencias de amparo al igual que la improcedencia del juicio es de orden público y por ello de estudio oficioso, y la suplencia de la queja presupone la interposición del medio de defensa por la parte perjudicada y sólo se lleva a cabo en los supuestos previstos por el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, para beneficio o por interés del sujeto a quien se le suple la queja, y no del bien común de la sociedad que deposita su orden jurídico, entre otros, en los órganos judiciales. Por las razones expuestas se abandona el criterio sostenido en la tesis visible en las páginas mil doscientos cuarenta y siete y mil doscientos cuarenta y ocho de la Primera Parte, Sección Segunda del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a mil novecientos ochenta y ocho, cuyo rubro dice: ‘SENTENCIA DE AMPARO CONTRA LEYES. INCONGRUENCIA ENTRE LOS RESOLUTIVOS Y LA PARTE CONSIDERATIVA. CUÁNDO NO PUEDE CORREGIRSE DE OFICIO.’, en virtud de que éste se supera con lo mencionado, toda vez que, como se explicó el dictado de la sentencia y su congruencia son de orden público, y por ende, de estudio oficioso, existiendo la posibilidad de revocar la sentencia y ordenar la reposición del procedimiento para el efecto de que se dicte otra, cuando la corrección de la incongruencia sea de tal manera grave que se deje en estado de indefensión a alguna de las partes, pero de no ser así, el órgano revisor de oficio debe corregir la incongruencia que advierta en la sentencia recurrida, máxime que se encuentra sub júdice y constituirá la base del cumplimiento que eventualmente pudiera dársele."

TERCERO.-Precisado lo anterior, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deduce que debe declararse improcedente el recurso de inconformidad remitido por el Magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, en contra del auto de cinco de noviembre de dos mil trece, en el cual se declaró cumplida la sentencia de veintitrés de mayo del mismo año, emitida en el juicio de amparo directo 91/2013, promovido por **********, del índice de dicho órgano jurisdiccional.

A efecto de sustentar lo anterior, conviene relatar brevemente los antecedentes del presente asunto:

1. Por escrito presentado el siete de febrero de dos mil doce, en el Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Nueve, **********, demandó la validez del contrato de enajenación de derechos de tres de febrero de dos mil cinco, respecto de la parcela **********, ubicada en el ejido denominado "Acaponeta", Municipio de Acaponeta, Nayarit; así como la prescripción positiva de ese inmueble y las inscripciones correspondientes ante el Registro Agrario Nacional, para que le expidiera el certificado parcelario que la acreditara como su legítima titular.

2. Por acuerdo de trece de febrero de dos mil doce, se admitió a trámite la demanda agraria y se fijó fecha para la audiencia de ley, ordenando emplazar a la parte demandada.

3. Así, una vez que la demandada **********, contestó la demanda y a su vez, la actora formuló su reconvención, el Tribunal Unitario del conocimiento desahogó las etapas del procedimiento y dictó sentencia el diez de julio de dos mil doce, en el sentido siguiente:

"Primero.-En el juicio principal **********, acreditó los elementos constitutivos de sus pretensiones, conforme a lo razonado en la parte considerativa de esta sentencia.-Segundo.-En consecuencia, se declara la validez del contrato de enajenación de tres de febrero de dos mil cinco, suscrito por ********** y **********, sobre la parcela **********, con superficie de ********** hectáreas, ubicada en el ejido denominado ‘Acaponeta’, Municipio de Acaponeta, Nayarit.-Por otra lado, se declara sin materia la pretensión consistente en la expedición del certificado parcelario que acredite a **********, como titular de la parcela ya señalada, por las razones expuestas al final de la parte considerativa de esta sentencia.-Tercero.-En la reconvención **********, demostró parcialmente los hechos constitutivos de sus pretensiones.-En consecuencia, con lo resuelto en el punto que antecede, resulta improcedente declarar la nulidad del contrato de enajenación de tres de febrero de dos mil cinco, suscrito por ********** y **********, sobre la parcela **********, con superficie de ********** hectáreas, ubicada en el ejido denominado ‘Acaponeta’, Municipio de Acaponeta, Nayarit.-Cuarto.-Por otro lado, es procedente y fundada la pretensión sucesoria de **********, sobre los derechos agrarios que tenía reconocidos **********, en el ejido denominado ‘Acaponeta’, Municipio de Acaponeta, Nayarit, amparados con los certificados parcelarios ********** y **********. Por tal razón, se le transmiten esos derechos a **********; asimismo, se ordena al Registro Agrario Nacional, las inscripciones y cancelaciones relativas, así como la expedición en su momento de los nuevos certificados parcelarios que acrediten a la nueva ejidataria como titular de esos derechos.-Quinto.-En cuanto a los derechos que amparaba el certificado parcelario **********, constituidos sobre la parcela **********, con superficie de ********** hectáreas, no es procedente la sucesión reclamada por **********. Consecuentemente, deberá declararse improcedente la entrega de la citada parcela a favor de la antes mencionada. Se absuelve a ********** de esa pretensión.-Sexto.-Una vez que cause ejecutoria esta sentencia, remítase copia certificada a la Delegación del Registro Agrario Nacional en Nayarit, para los efectos precisados en los puntos que anteceden, así como para su inscripción en términos del artículo 152, fracción I, de la Ley Agraria.-Séptimo.-Hecho lo anterior, previas las anotaciones de estilo en el Libro de Gobierno, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.-Notifíquese personalmente a las partes."

4. Inconformes con esa determinación, **********, y **********, promovieron demanda de amparo directo, de las que conoció el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, donde las radicó en los expedientes de los juicios de amparo directo 90/2013, 91/2013 y 92/2013.

5. En su demanda de amparo directo, **********, formuló cuatro conceptos de violación, sustancialmente dirigidos a combatir las cuestiones siguientes:

- Primero: Lo relativo a que no se le notificó el derecho del tanto en relación con la parcela **********;

- Segundo: La declaración de validez del contrato de enajenación de tres de febrero de dos mil cinco, sobre la parcela **********;

- La declaración de improcedencia de la entrega a favor de ********** de la parcela **********; y, el hecho de no prever que no podía haber pronunciamiento definitivo alguno, porque la autoridad responsable sabía que ante su competencia se estaba tramitando un juicio diverso en el que se demandaba por parte de **********, y sus demás hermanos, la nulidad de la designación de sucesores que había hecho a favor de **********, ********** (su difunto padre).

6. En sesión de veintitrés de mayo de dos mil trece, se fallaron dichos asuntos, respecto de los cuales se negó la protección constitucional en los amparos directos promovidos por ********** y ********** (90/2013 y 92/2013), y se concedió el amparo en el que hizo valer ********** (91/2013).

7. La protección federal se otorgó sobre la base de las consideraciones y para los efectos siguientes:

"...

"Ahora bien, una vez precisado lo anterior, cabe señalar que le asiste la razón a la quejosa, cuando refiere en el primero de sus conceptos de violación, que la sentencia reclamada resulta incorrecta, en virtud de que la autoridad responsable sustentó su criterio en una tesis aislada, cuyos texto y rubro son: ‘ENAJENACIÓN DE DERECHOS PARCELARIOS REALIZADA POR EL EJIDATARIO EN FAVOR DE UNO DE SUS HIJOS. NO LE ES APLICABLE LA NULIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 80 DE LA LEY AGRARIA, POR NO HABERSE NOTIFICADO EL DERECHO DEL TANTO A LOS OTROS HIJOS DEL EJIDATARIO NI PUESTO EN CONOCIMIENTO EL ACTO JURÍDICO DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL.’; misma que no es aplicable en la especie, ya que del contenido del artículo 80 de la Ley Agraria, se advierte que no prohíbe de ninguna manera que se otorgue al cónyuge e hijos del ejidatario el ejercicio del derecho del tanto que por ley les corresponde, cuando el titular venda su derecho agrario o parcelario a cualquiera de sus hijos; es decir, contrario a lo que señala la responsable en la sentencia reclamada, el citado artículo no exenta de la obligación que ahí consigna para quienes en su calidad de progenitor e hijo celebren una compraventa, ya que no pueden ni deben soslayar los derechos de preferencia por igualdad que les otorga la ley a los demás familiares, para que cualquiera de ellos en ejercicio del derecho del tanto, puedan adquirirlos cuando el acto celebrado sea de naturaleza netamente onerosa.

"Luego entonces (sic), es obvio que la autoridad responsable, pasó por alto que el acto de enajenación que celebraron el tres de febrero de dos mil cinco, ********** y su finado padre **********, fue a cambio de una contraprestación que se fijó a precio cierto y en dinero; además de que, en este tipo de operaciones sí resulta procedente que previamente a esa compraventa, se le notificara a la ahora quejosa y, se le otorgara el derecho del tanto como hija y familiar del enajenante, ya que se trataba de una operación de compraventa, y no de un acto de donación.

"Por lo tanto, **********, hermana de la impetrante de garantías y su finado padre **********, no estaban exentos del cumplimiento a lo previsto por el artículo 80 de la Ley Agraria, ya que ineludiblemente tanto uno como otro, tenían la obligación previa de haberle notificado a la quejosa por escrito de la enajenación onerosa que pretendían celebrar y en ningún momento lo hicieron por ningún medio legal, tal y como se desprende de dicho contrato, coartándose en su agravio el ejercicio al derecho del tanto que por ley en su momento le correspondía ejercerlo en igualdad de derechos preferenciales respecto a su hermana **********, pues tanto como ella, al igual que la quejosa, tenían iguales derechos para haber comprado la parcela que presuntamente en vida le vendió su extinto padre **********, en la cantidad de $********** (**********).

"De ahí que, si el acto de compraventa ocurrido el tres de febrero de dos mil cinco, no fue ajustado a los lineamientos previstos por el artículo 80 de la Ley Agraria, en el sentido de que no se le notificó a la quejosa ********** previamente por escrito de la operación de compraventa, con el fin de que se le otorgara en tiempo y forma el derecho del tanto, es incuestionable que el contrato de enajenación de derechos parcelarios celebrado a título oneroso, es un acto de naturaleza jurídica irregular que se encuentra afectado de nulidad absoluta, por habérsele excluido de un derecho de preferencia que le correspondía por igualdad legal y por no haberse realizado con estricto apego a lo dispuesto por el artículo precisado.

"Lo anterior, encuentra apoyo en la tesis aislada VI.2o.A.77 A, visible a página 1044, Tomo XIX, febrero de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, materia administrativa, que a la letra dice:

"‘DERECHO DEL TANTO. PARA LA VALIDEZ DE LA COMPRAVENTA O CESIÓN DE DERECHOS EJIDALES A TÍTULO ONEROSO, DEBE EXISTIR NOTIFICACIÓN A LOS HIJOS Y CÓNYUGE DEL ENAJENANTE CON ANTERIORIDAD A ESOS ACTOS.-Del análisis a lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley Agraria se desprende lo siguiente: a) La prerrogativa que tienen los ejidatarios para enajenar o ceder sus derechos parcelarios a otros ejidatarios o avecindados del mismo núcleo de población; b) Como condición de validez de la enajenación o cesión, se establece la conformidad por escrito de las partes ante dos testigos y la notificación que se haga al Registro Agrario Nacional; c) Que el cónyuge y los hijos del enajenante o cedente, en ese orden, gozarán del derecho del tanto, el cual deben ejercer dentro de un término de treinta días naturales contados a partir de la notificación, a cuyo vencimiento caducará tal derecho; y d) Que si no se lleva a cabo la notificación para el ejercicio del derecho del tanto, la venta o cesión podrá ser anulada. Ahora bien, a fin de que el cónyuge e hijos del titular de la parcela estén en aptitud de ejercer el derecho del tanto dentro del término de treinta días naturales, debe entenderse que la notificación relativa es con antelación a la venta o cesión, pues sólo de ese modo empezará a transcurrir el aludido término dentro del cual harán valer su derecho preferencial, so pena de caducidad. Por ende, resulta irrelevante que el interesado a quien se dejó inaudito haya estado presente en el momento en que se llevó a cabo el acto traslativo de derechos ejidales y por ello deba decirse que a partir de entonces estuvo en posibilidad de ejercer su derecho de preferencia sobre la enajenación o cesión, dentro del término de treinta días naturales ya que, se insiste, la exigencia de notificar al cónyuge y a los hijos del enajenante o cedente para que se impongan del derecho del tanto tiene que hacerse antes de realizarse la transmisión de derechos, no después; además, el conocimiento de vender o ceder los derechos parcelarios deriva de la notificación misma, pues si la intención del legislador hubiere sido que fuere suficiente la existencia del conocimiento de la operación contractual por cualquier otra circunstancia distinta al acto de notificación, así lo habría consignado en la norma jurídica, por lo que si la ley no hace esa distinción, el juzgador no tiene por qué interpretarlo de otra manera’".

"En consecuencia de lo anterior, procede conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal, para efectos de que la autoridad responsable deje insubsistente la sentencia reclamada, y en su lugar emita otra, en la que reiterando lo que no fue materia de la concesión, conforme a las consideraciones expuestas en la presente ejecutoria, declare la invalidez del contrato de enajenación de tres de febrero de dos mil cinco, suscrito entre ********** y **********, sobre la parcela **********, con una superficie de ********** hectáreas, ubicada en el ejido denominado ‘Acaponeta’, Municipio de Acaponeta, Nayarit.

"Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

"ÚNICO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, quien interpuso demanda de garantías por su propio derecho, en contra del acto y autoridad puntualizados en el resultando primero de esta resolución, para los efectos indicados en el último considerando de la presente ejecutoria.

...".

8. En cumplimiento a esa determinación, el Tribunal Unitario responsable dejó insubsistente su anterior resolución y emitió una nueva el tres de junio de dos mil trece, en la que declaró la invalidez del contrato de enajenación de tres de febrero de dos mil cinco, suscrito entre ********** y **********, sobre la parcela **********, ubicada en el ejido denominado "Acaponeta", Municipio de Acaponeta, Nayarit; además señaló que no procedía ordenar la inscripción en el mencionado contrato en el Registro Agrario Nacional, así como tampoco la expedición del certificado parcelario a favor de **********; y, por último adujo que reiteraba lo que no fue materia de la concesión del amparo.

9. Así, los puntos resolutivos de ese fallo fueron los siguientes:

"Primero.-En el juicio principal y en la reconvención, se declara la invalidez del contrato de enajenación de tres de febrero de dos mil cinco, suscrito entre ********** y **********, sobre la parcela **********, con superficie de ********** hectáreas, ubicada en el ejido denominado ‘Acaponeta’, Municipio de Acaponeta, Nayarit. En consecuencia, tampoco procede la inscripción en el Registro Agrario Nacional de ese contrato de enajenación, y la expedición del certificado parcelario a favor de **********.

"Tercero.-Es procedente y fundada la pretensión sucesoria de **********, sobre los derechos agrarios que tenían reconocidos **********, en el ejido denominado ‘Acaponeta’, Municipio de Acaponeta, Nayarit, amparados con los certificados parcelarios ********** y **********.

"Por tal razón, se le trasmiten esos derechos a **********; asimismo, se ordena al Registro Agrario Nacional las inscripciones y cancelaciones relativas, así como la expedición en su momento de los nuevos certificados parcelarios que acrediten a la nueva ejidataria como titular de esos derechos.

"Cuarto.-No procede condenar a ********** a desocupar y entregar a favor de **********, la parcela **********, con superficie de **********, Municipio de Acaponeta, Nayarit de la citada parcela a favor de la antes mencionada.

"Quinto.-Remítase copia certificada de esta sentencia al Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, en cumplimiento al amparo directo 91/2013, promovido por **********.

...".

10. En auto de siete de junio de dos mil trece, el Magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, ordenó dar vista con la sentencia emitida en cumplimiento a la quejosa -por lista-, y a la tercero interesada, por medio de exhorto.

La notificación por lista a la quejosa se realizó el diez de junio de dos mil trece (foja 90 vuelta del expediente 91/2013), y a la entonces tercero interesada el veintiocho de julio de dos mil trece, a través de exhorto desahogado por la notificadora del Juzgado Mixto de Primera Instancia, con residencia, en Acaponeta, Nayarit, en auxilio del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, de la ciudad de Tepic, Nayarit.

11. Por escrito presentado el veinticuatro de junio de dos mil trece, en la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, **********, expresó su desacuerdo con la sentencia emitida por la autoridad responsable, en cumplimiento al fallo protector de amparo.

Lo anterior sobre la base sustancial de que la autoridad responsable colmó en mínima parte y no a plenitud la ejecutoria de amparo directo que fue pronunciada por el órgano colegiado en el juicio de amparo directo 91/2013, ya que relativamente en su nueva determinación definitiva se limitó a resolver de manera parcial sobre la nulidad, invalidez y cancelación del contrato de enajenación de derechos agrarios de tres de febrero de dos mil cinco, omitiendo en su perjuicio modificar con base al fallo protector, los puntos resolutivos tercero y cuarto, que a su parecer, ya no debían ser los mismos en la resolución que se mandó anular, con motivo de que prosperó la nulidad plena del contrato y, que a raíz de ello la responsable estaba en obligación de resolver en sentido distinto al de su primera resolución.

Por otra parte, adujo que como consecuencia de la nulidad, invalidez y cancelación del contrato de enajenación de derechos agrarios de tres de febrero de dos mil cinco, la responsable debía emitir en su resolutivo tercero, el reconocimiento absoluto para heredar por sucesión preferente.

Finalmente, señaló que tampoco estaba de acuerdo con el resolutivo cuarto de la nueva resolución, por no encontrarse ajustado ni relacionado tanto en el cuerpo de hechos y pruebas del juicio principal, como de las prestaciones 1 y 2 que hizo valer en la reconvención, pues al declarar la invalidez y nulidad del contrato, de enajenación, era incuestionable que la responsable debió decretar, a su favor, la procedencia de la desocupación y entrega de la parcela en conflicto.

12. Previa certificación de la secretaria de Acuerdos, el Magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, emitió un acuerdo el diecisiete de septiembre de dos mil trece, en el que señaló que había fenecido el plazo concedido a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto de la resolución en cumplimiento.

13. Mediante acuerdo plenario de cinco de noviembre de dos mil trece, el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, determinó que la ejecutoria de amparo había quedado cumplida en razón de que:

"... el Tribunal Unitario Agrario responsable, en la nueva sentencia dictada en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, sí dio cabal cumplimiento a lo ordenado por este Tribunal Colegiado; pues dejó insubsistente la sentencia reclamada de diez de julio de dos mil doce, y en su lugar, emitió otra, en la que declaró la invalidez del contrato de enajenación de tres de febrero de dos mil cinco, suscrito entre ********** y **********, sobre la parcela **********, con superficie de ********** hectáreas, ubicada en el ejido denominado Acaponeta, Municipio de Acaponeta, Nayarit (amparada por el certificado parcelario **********); siendo que, los efectos de la concesión del amparo fueron para esos términos, es decir, que dejara insubsistente la sentencia reclamada, y en su lugar emitiera otra, en la que reiterando lo que no fue materia de la concesión, declarara la invalidez del contrato de enajenación antes citado.

"Sin que obste a lo anterior, lo señalado por la parte quejosa en sus manifestaciones precisadas con antelación, en donde refiere, que el Tribunal Unitario Agrario responsable, de manera incongruente al final de la sentencia que se analiza, declaró improcedente condenar a **********, a desocupar y entregar a favor de **********, la parcela en comento. Lo que a su juicio resulta incorrecto, porque al ordenarse por este Tribunal Colegiado que se declarara la invalidez del referido contrato de enajenación de tres de febrero de dos mil cinco, la consecuencia lógica e inmediata era que también se condenara a **********, a desocupar y entregar a favor de **********, la parcela **********, con superficie de ********** hectáreas, ubicada en el ejido denominado Acaponeta, Municipio de Acaponeta, Nayarit.

"Lo anterior, en virtud de que el aspecto que señala la quejosa en sus manifestaciones, no resulta ser un aspecto vinculado a la ejecutoria de amparo, sino en todo caso, serían cuestiones materia de impugnación mediante un diverso juicio de amparo en contra de la sentencia de fecha tres de junio del año en curso, por tratarse de cuestiones que no fueron materia de los e

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26032-ccbddc9d/suplencia-de-la-queja-deficiente-en-el-juicio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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