Corpus
Modo: Corpus Pro

DERECHO HUMANO AL DEBIDO PROCESO EN SU VERTIENTE DE DEFENSA ADECUADA EN EL JUICIO LABORAL. PARA NO TRANSGREDIRLO, SI EL TRABAJADOR Y EL PATRÓN (PERSONA FÍSICA) ACUDEN SIN UN ABOGADO, LA AUTORIDAD DEBE CUESTIONARLES SI QUIEREN PROSEGUIR EL PROCESO POR PROPIO DERECHO O SI REQUIEREN ASESORÍA LEGAL A FIN DE, EN SU CASO, DARLE INTERVENCIÓN A LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO CUANDO LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO DENOTEN SU DESCONOCIMIENTO DE ESA RAMA DEL DERECHO Y DE LAS NORMAS QUE RIGEN EL PROCESO ANTE LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 455/2014. · Registro digital (IUS): 26094
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2016-01-15
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 26, Enero de 2016, Tomo IV, Pág. 3225.

AMPARO DIRECTO 455/2014. 28 DE MAYO DE 2015. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: HUGO SAHUER HERNÁNDEZ. PONENTE: NORMA NAVARRO OROZCO, SECRETARIA DE TRIBUNAL AUTORIZADA POR LA COMISIÓN DE CARRERA JUDICIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES DE MAGISTRADA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 81, FRACCIÓN XXII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 40, FRACCIÓN V, DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGLAMENTA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PROPIO CONSEJO. SECRETARIO: EDGAR DÍAZ CORTÉS.

CONSIDERANDO:

SEXTO.-Síntesis de los conceptos de violación y estudio del asunto. Los conceptos de violación se irán precisando y, al mismo tiempo se estudiarán, con el fin de no realizar repeticiones innecesarias al sintetizarlos y luego atenderlos por separado, si en un solo apartado pueden abordarse,(1) como se pondrá de manifiesto a continuación:

La quejosa **********, hace valer dos conceptos de violación, a saber:

1. La parte patronal, al contestar la demanda, negó lisa y llanamente la existencia de la relación laboral con la actora; sin embargo, su postura es contradictoria, ya que en su negativa utiliza el vocablo "trabajadora", al señalar "...lo manifestado por la trabajadora actora..."; por tanto, es claro que con ello está reconociendo implícitamente la existencia del vínculo laboral y dicha manifestación debió ser valorada como una confesión espontánea de su parte (violación formal).

2. La autoridad responsable dejó en estado de indefensión a la trabajadora, al desahogar la audiencia a que se refiere el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, sin que estuviera asesorada por un abogado o persona con conocimientos en la rama del derecho, cuando era su obligación velar porque todo trabajador estuviera asistido en esa audiencia y, en caso de no estarlo, verificar y hacer constar la falta de asesoramiento; consecuentemente, debió enviar un oficio a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para que la actora fuera asesorada debidamente (violación procesal).

Es fundado el segundo de ellos, como se pondrá de manifiesto a continuación:

Cabe precisar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que el debido proceso puede definirse como el conjunto de actos de diversas características que tienen como finalidad asegurar, tanto como sea posible, la solución justa de una controversia, aunado a que uno de los fines fundamentales del proceso es la protección de los derechos de los individuos.

En el derecho jurisprudencial interno se ha determinado que el derecho humano al debido proceso, establecido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consta de un "núcleo duro", que debe respetarse inexcusablemente en todo proceso jurisdiccional, el cual se ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra, a su vez, la "garantía de audiencia".(2)

Además, que el derecho al debido proceso se desdobla en dos vertientes: la referida a las formalidades esenciales del procedimiento -que a su vez admite dos perspectivas: desde quien es sujeto pasivo de su procedimiento, que puede resultar en un acto privativo, y desde quien insta la función jurisdiccional para reivindicar un derecho-, y la referida a la vertiente sustantiva, mediante la cual se enlistan determinados bienes, constitucionalmente protegidos por dichas formalidades esenciales del procedimiento: la libertad, la propiedad, la posesión y otros derechos.(3)

La segunda posición puede entenderse desde la perspectiva de quien insta la actividad jurisdiccional del Estado para lograr reivindicar un derecho, y no tanto para defenderse del mismo, en cuyo caso se ubica en una posición al interior de un juicio, de cuya suerte depende el ejercicio de un derecho, el cual, en caso de no dirimirse adecuadamente, podría tornar nugatorio su derecho.

Por su parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado, que esta segunda perspectiva del derecho al debido proceso se liga con el derecho de acceso a la justicia, en cuanto su cumplimiento conlleva garantizar que la realización de este derecho satisfaga las notas distintivas de prontitud, completitud, imparcialidad y efectividad, por ser una consecuencia de la interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos.(4)

Así, de acuerdo con el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,(5) toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad a la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones del orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

Por tanto, conforme a dicha disposición, el derecho a la jurisdicción debe reunir ciertas condiciones, entre las cuales se encuentra el derecho a ser oído con las debidas "garantías". A esto se le ha llamado el debido proceso.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha sostenido(6) que el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos consagra los lineamientos al debido proceso legal que deben respetarse en cualquier instancia procesal.

Dentro de las "garantías" que constituyen el debido proceso -según la Corte Interamericana de Derechos Humanos- se encuentra el acceso a la asistencia letrada (así denominada por la jurisprudencia interamericana)(7) a que hace referencia el artículo 8, apartado 2, incisos d) y e), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que consiste en el derecho de la persona a:

i. Defenderse personalmente;

ii. Ser asistida por un defensor de su elección; y,

iii. Si la persona no se defendiere por sí misma ni nombrara defensor en los plazos de ley, tiene el derecho a ser asistida por un defensor proporcionado por el Estado.

En ese orden de ideas, es de puntualizarse que para garantizar a las personas los derechos al debido proceso y de defensa -en el juicio laboral- se ha regulado la posibilidad de que las partes puedan comparecer al proceso jurisdiccional, ya personalmente, ya por conducto de apoderado jurídico -artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo- existiendo la posibilidad de que el trabajador (cuando así lo solicite) sea asesorado legalmente por defensores de oficio que en el Estado de Michoacán -nivel de competencia local- se encuentran adscritos a la Dirección del Trabajo y Previsión Social.

En el caso, constan en el juicio laboral de donde emana el acto reclamado, los antecedentes siguientes:

1. **********, aquí quejosa, por su propio derecho (sin abogado o asesor), demandó el pago de una indemnización constitucional por despido injustificado, entre otras prestaciones. Mientras que la patronal, al contestar la demanda, negó lisa y llanamente la existencia de la relación laboral.

2. El once de marzo de dos mil trece se llevó a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, conforme a lo dispuesto en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo abrogada (sic), en los términos siguientes:

3. En la primera fase (conciliación) compareció la actora, también por su propio derecho, es decir, sin asesoría legal, así como los codemandados ********** y **********. Dichos contendientes no pudieron llegar a un acuerdo amistoso para dar por concluido el conflicto; por tanto, se pasó a la siguiente etapa (demanda y excepciones).

4. En esta última se concedió el uso de la voz a la actora, quien manifestó: "desisto únicamente por lo que se refiere a **********, por lo demás que siga su curso la demanda". Por su parte, los codemandados físicos ratificaron su escrito de demanda y reiteraron la negativa de la relación laboral. En tanto que la autoridad laboral responsable acordó lo procedente y siguió con la fase siguiente.

5. En esta etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, nuevamente se dio el uso de la voz a la actora, y aquí manifestó lo siguiente: "Le concedo la voz a la parte demandada para que compruebe que nunca hubo relación laboral y en su momento haré llegar fehacientemente las pruebas que comprueban mi relación laboral con la señora **********, así como dar contestación a la vista que se me está dando en estos momentos dentro de los términos constitucionales..." (foja treinta y uno vuelta)

6. Por su parte, los codemandados físicos ofrecieron sus respectivos medios de convicción. Posteriormente, se inició con las objeciones, en donde la actora manifestó: "Me reservo el derecho de hacer manifestación alguna en estos momentos, por lo que se refiere a la vista que se me dan (sic), las cuales haré llegar en tiempo y forma (sic) la contestación de las mismas para estar en condiciones de dar cumplimiento, en virtud de que aun y cuando estando presente, no se pudo llevar a cabo la audiencia de conciliación, toda vez que las abogadas ********** y **********, que tienen el carácter y personalidad conferidos por la señora **********, se negaron a llevar a cabo conciliación alguna de la cual yo estuve en la mayor disponibilidad de conciliar para efectos de cerrar este expediente, pero ante la apatía de las abogadas no se pudo llevar a cabo ningún arreglo; asimismo, quiero dar por concluida mi comparecencia ante esta Junta Especial, reservándome el derecho que en su momento o en su oportunidad me confiere la Constitución y presentarme con mi abogado a efecto de que pueda defender mis derechos como trabajadora." (foja treinta y uno vuelta)

7. Por lo cual, la Junta responsable acordó, en lo que interesa: "Se declara cerrada y agotada la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, dentro de la cual se tiene a la parte actora por no ofreciendo pruebas, y por haciendo uso de su derecho de objeciones, en la forma y términos de su intervención en líneas que anteceden."

Ahora, es cierto el artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo,(8) permite que en el proceso laboral puedan comparecer las partes en forma directa o por conducto de apoderado legalmente autorizado.

Asimismo, el artículo 876, fracción I, del citado ordenamiento legal,(9) dispone que en la etapa conciliatoria las partes deben comparecer personalmente, es decir, sin abogados patronos, asesores o apoderados.

Esto último obedece a que la intención es que actor y demandado, solos y directamente, con la única intermediación de la Junta, propongan soluciones justas y satisfactorias a sus diferencias para evitar el litigio, ya que el derecho procesal del trabajo se distingue precisamente por la "conciliación" ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como una forma de autocomposición, tan es así que esos tribunales laborales llevan su nombre.

Es por eso que en la conciliación deben estar presentes el patrón y el trabajador, sin asesores o apoderados, y su ausencia es conveniente, porque de ese modo las partes actuarán en forma espontánea y probablemente atenderán las exhortaciones de los funcionarios de la Junta.

Si las partes no concurren personalmente a esa etapa de avenimiento con que se inicia la audiencia trifásica, entonces deberán hacerlo en la de litigio. Esto es, si las partes no comparecen a la etapa de conciliación -en el entendido de que esa comparecencia debe ser personal- la legislación laboral dispone que se les tenga por inconformes con cualquier arreglo conciliatorio y que deban presentarse a la etapa de demanda y excepciones.

No obstante lo anterior, no se prohíbe que los apoderados de las partes puedan comparecer a la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas pues, al respecto, el artículo 875 señala que esa audiencia iniciará con la comparecencia de las partes, lo que permite al trabajador y al patrón comparecer al juicio por conducto de apoderado. Sobre todo en la última fase (ofrecimiento y admisión de pruebas), ya que de ésta dependerá el resultado del litigio.(10)

En el caso, asiste razón a la quejosa cuando aduce que la Junta responsable transgredió en su perjuicio el derecho humano al debido proceso, en su aspecto de adecuada defensa, consagrado en el artículo 8, apartado 2, incisos d) y e), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no cuando permitió a la actora comparecer al juicio laboral por su propio derecho, porque así lo permite el artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo, y tampoco cuando dejó presentarse a la trabajadora sin abogado o asesor a la audiencia de conciliación, porque es de esa forma como debió hacerlo en términos de la fracción I del artículo 876 de la citada legislación laboral.

Sino en la etapa de demanda y contestación, ofrecimiento y admisión de pruebas, cuando la Junta responsable advirtió que las manifestaciones que aquella realizó en uso de la voz, dejó claro su desconocimiento total de las reglas jurídicas del proceso laboral y su necesidad de ser asesorada para salvaguardar su derecho humano al debido proceso.

En efecto, no se está cuestionando la personalidad o personería de alguna de las partes,(11) sino la violación al citado derecho fundamental, en su vertiente de una adecuada defensa en perjuicio de la parte trabajadora, en virtud de que ésta no estuvo asesorada en esa fase del proceso laboral (ofrecimiento de pruebas). Desde el momento en que, en uso de la voz para que ofreciera sus pruebas, dijo conceder la palabra a su contraparte para que fuera ésta quien demostrara la inexistencia de la relación laboral, cuando en el caso, esa carga le correspondía a la actora, precisamente, ante la negativa lisa y llana de su existencia expuesta por parte de la patronal. Eso por una parte.

Por otra, manifestó que se reservaba el derecho de ofrecer pruebas hasta presentarse con su abogado; lo cual, lógica y legalmente, no podía hacer, porque si no ofrecía pruebas en ese momento precluiría su derecho para hacerlo posteriormente.

Circunstancias que, evidentemente, denotan una impericia total del derecho laboral y de las normas que rigen el proceso ante las Juntas de Conciliación, que sólo podrían ser conocidas por alguien que tuviera conocimientos en esa rama del derecho; de ahí que la actora necesitara la asistencia letrada con el fin de que no se viera menoscabado su derecho humano al debido proceso, porque esa desventaja ante su contraparte, evidentemente traería, y a la postre trajo como consecuencia, un fallo desfavorable, no por circunstancias jurídicas, sino por falta de una defensa adecuada.

Así pues, la autoridad laboral responsable, como órgano del Estado encargado de velar porque la actora tuviera una asistencia letrada, si bien no podía obligarla a llevar el juicio por conducto de abogado, sí debió cuestionarla o requerirla si era su deseo proseguir el proceso por su propio derecho o si deseaba asesoría legal a fin de darle intervención a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, cuando advirtió que sus manifestaciones le perjudicarían, no por una conducta procesal indebida, sino por una falta evidente de asesoramiento legal que nada tiene que ver con la personalidad, personería o representación, sino como parte del derecho fundamental al debido proceso, en su vertiente de adecuada defensa, previsto en el artículo 8, apartado 2, incisos d) y e), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que consiste en el derecho de las personas a defenderse personalmente, ser asistidas por un defensor de su elección, o si aquéllas no se defienden por sí mismas ni nombran defensor en los plazos de ley, a ser asistidas por un defensor proporcionado por el Estado.

Aun cuando el Estado Mexicano no cuenta con una Ley Federal del Trabajo adecuada a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el sentido de que en el proceso laboral las partes tienen derecho a una asistencia jurídica, primero, la que voluntariamente elijan y, si no lo hacen, entonces el Estado cuando advierta que alguna de las partes llega al juicio sin abogado o asistencia letrada, éste debe ofrecerles uno de oficio o público, o al menos preguntarle si era su deseo seguir el proceso por su propia cuenta.

Como en este caso debió ocurrir, donde la Junta responsable, cuando advirtió que la actora acudió sin asesoría legal a la audiencia de ofrecimiento de pruebas y sus manifestaciones denotaban un total desconocimiento del derecho laboral que evidentemente le perjudicaría, y que hizo notable la falta de asesoramiento jurídico, debió prevenirla al menos para que manifestara si deseaba continuar la audiencia sola o con un abogado y, de ser el caso, proporcionarle uno o facilitar los medios a su alcance para que la actora estuviera asesorada a través de una asistencia letrada proporcionada por el Estado.

Lo anterior, no con el ánimo de suplantarse en los intereses de la parte actora, sino con el fin de salvaguardar su derecho humano consagrado en el citado tratado internacional.

Cabe resaltar que, en el caso concreto, la infracción al derecho humano al debido proceso en su vertiente de defensa adecuada, se dio en la etapa de demanda y excepciones; sin embargo, el mismo trato deberá darse en todos los procesos, independientemente de la fase en que se encuentren, esto es, desde la admisión de la demanda y hasta antes de la emisión del laudo.

Incluso, habrá casos en que la violación al citado derecho humano pueda darse no sólo a la parte trabajadora, sino también al patrón (persona física) que se ubique en similar hipótesis que el presente asunto; por lo que no hay motivo por el cual deba excluírsele si también acude al proceso laboral sin asesoría, lo anterior a fin de respetar el derecho fundamental de igualdad y de equidad procesal, y con base en el principio general de derecho de que donde existe la misma razón habrá de imperar igual disposición.

En tales condiciones, dicha conducta omisiva de la autoridad responsable es suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, sin necesidad de analizar el restante concepto de violación, ya que no traería mayor beneficio que la violación procesal que se actualiza, para los efectos que se precisan en el considerando siguiente:

SÉPTIMO.-Efectos de la concesión. La autoridad responsable, para cumplir con la presente ejecutoria de amparo deberá:

1. Dejar insubsistente el laudo reclamado.

2. Reponer el procedimiento laboral hasta la fase de ofrecimiento de pruebas y realizar lo siguiente:

3. Prevenir a la actora para que manifieste si desea continuar el proceso por sí misma o si prefiere nombrar un asesor de su elección; en caso contrario, hacerle saber que tiene derecho a ser asistida por un defensor proporcionado por el Estado y, de ser el caso, realice las gestiones necesarias para tal efecto.

OCTAVO.-Ejecutoria que deberá ser cumplida puntualmente en el plazo de tres días, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, con el apercibimiento que, de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá la multa mínima prevista en el diverso numeral 258 de la citada legislación, y se seguirá el procedimiento correspondiente para el cumplimiento y ejecución de las ejecutorias de amparo.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNICO.-La Justicia Federal ampara y protege a **********, contra el acto de la autoridad señalado en el resultando primero de la presente ejecutoria, para los efectos puntualizados en el considerando séptimo de la misma.

Notifíquese; publíquese, anótese en el libro de registro, y con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al lugar de su procedencia y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así, por mayoría de votos lo resolvieron los Magistrados que integran el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, Víctorino Rojas Rivera junto con Norma Navarro Orozco, esta última autorizada para desempeñar, de manera provisional, dicho cargo, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el veinte de mayo de dos mil catorce, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, desde esa fecha y hasta en tanto el Pleno del propio Consejo adscriba Magistrado que integre este Tribunal Colegiado de Circuito, contra el voto del Magistrado Hugo Sahuer Hernández -quien deja el proyecto original como voto particular- habiendo sido relatora la segunda de los nombrados

En términos de lo previsto en los artículos 8, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

________________

1. Con apoyo, además, en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 830, registro digital: 164618.

2. "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO.". Jurisprudencia 1a./J. 11/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, Tomo I, febrero de 2014, página 396 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 28 de febrero de 2014 a las 11:02 horas», registro digital: 2005716.-"DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO.". Tesis aislada 1a. LXXV/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVIII, Tomo 1, marzo de 2013, página 881, registro digital: 2003017.

3. Cfr. "DERECHO HUMANO AL DEBIDO PROCESO. ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN.". Tesis aislada 1a. IV/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 2, Tomo II, enero de 2014, materia constitucional, página 1112 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 31 de enero de 2014 a las 10:05 horas», registro digital: 2005401.

4. Cfr. "DEBIDO PROCESO LEGAL. LA INTERVENCIÓN PROCESAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 447 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE QUERÉTARO NO VULNERA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD PROCESAL DE LAS PARTES.". Tesis aislada 1a. XCVIII/2006, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 185 del Tomo XXIII, junio de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 174915.

5. Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José"

"Artículo 8. Garantías judiciales

"1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

"2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

"a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal;

"b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada;

"c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa;

"d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor;

"e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley;

"f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos;

"g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y

"h) derecho de recurrir del fallo ante Juez o tribunal superior.

"3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza.

"4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos.

"5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia."

6. Cfr. Corte IDH. Caso Barbani Duarte y otros vs. Uruguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 13 de octubre de 2011. Serie C, No. 234, párrafos 116 a 119, donde se estableció: "116. El artículo 8 de la Convención consagra los lineamientos del debido proceso legal, el cual está compuesto de un conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efecto de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos [207]. [207] Cfr. Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987. Serie A, No. 9, párr. 27; Caso Vélez Loor vs. Panamá, supra nota 15, párr. 142, y Caso Chocrón Chocrón vs. Venezuela, supra nota 18, párr. 115.-117. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Convención, en la determinación de los derechos y obligaciones de las personas, de orden penal, civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, se deben observar ‘las debidas garantías’ que aseguren, según el procedimiento de que se trate, el derecho al debido proceso [208]. [208] Cfr. Excepciones al agotamiento de los recursos internos (arts. 46.1, 46.2.a y 46.2.b, Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-11/90 del 10 de agosto de 1990. Serie A, No. 11, párr. 28; Caso de la ‘Panel Blanca’ (Paniagua Morales y otros) vs. Guatemala, supra nota 11, párr. 149; Caso Yatama vs. Nicaragua. Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C, No. 127, párr. 148 y Caso Claude Reyes y otros vs. Chile. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C, No. 151, párr. 117. El incumplimiento de una de esas garantías conlleva una violación de dicha disposición convencional [209]. [209] Cfr. Caso Claude Reyes y otros vs. Chile, supra nota 208, párr. 117.-118. El artículo 8.1 de la Convención no se aplica solamente a Jueces y tribunales judiciales. Las garantías que establece esta norma deben ser observadas en los distintos procedimientos en que los órganos estatales adoptan decisiones sobre la determinación de los derechos de las personas, ya que el Estado también otorga a autoridades administrativas, colegiadas o unipersonales, la función de adoptar decisiones que determinan derechos [210]. [210] Caso Claude Reyes y otros vs. Chile, supra nota 208, párr. 118. Asimismo, cfr. Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de febrero de 2001. Serie C, No. 72, párrs. 126 y 127.-119. Las garantías contempladas en el artículo 8.1 de la Convención son también aplicables al supuesto en que alguna autoridad pública adopte decisiones que determinen tales derechos, [211] tomando en cuenta que no le son exigibles aquellas propias de un órgano jurisdiccional, pero sí debe cumplir con aquellas garantías destinadas a asegurar que la decisión no sea arbitraria [212]. [211] Cfr. Caso del Tribunal Constitucional vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C, No. 71, párr. 71; Caso Yatama vs. Nicaragua, supra nota 208, párr. 149 y Caso Claude Reyes y otros vs. Chile, supra nota 208, párr. 119. [212] Cfr. Caso Claude Reyes y otros vs. Chile, supra nota 208, párr. 119."

7. Cfr. Corte IDH. Caso Nadege Dorzema y otros vs. República Dominicana. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de octubre de 2012. Serie C, No. 251, párrafo 164.

8. "Artículo 692. Las partes podrán comparecer a juicio en forma directa o por conducto de apoderado legalmente autorizado."

9. "Artículo 876. La etapa conciliatoria se desarrollará en la siguiente forma: I. Las partes comparecerán personalmente a la Junta, sin abogados patronos, asesores o apoderados."

10. Todo lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 4a. 10 de la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES, COMPARECENCIA DE LAS PARTES A LAS ETAPAS DE LA.", publicada en la página 330, Tomo IV, Primera Parte, julio-diciembre de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con registro digital: 207987.

11. Este Tribunal Colegiado de Circuito ya ha establecido que la personalidad consiste en la capacidad en la causa para accionar en ella, o sea, es la facultad procesal de una persona para comparecer a juicio por encontrarse en pleno ejercicio de sus derechos. En tanto que la personería estriba en la facultad conferida para actuar en juicio en representación de otra persona, pudiendo ser esa representación tanto legal como voluntaria. Mientras que la legitimación consiste en la situación en que se encuentra una persona con respecto a determinado acto

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26094-86e72df5/derecho-humano-al-debido-proceso-en-su-vertiente · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.