Corpus
Modo: Corpus Pro

DEMANDA LABORAL. EL REQUERIMIENTO DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE PARA QUE EL PROMOVENTE ACREDITE SU IDENTIDAD, BAJO EL APERCIBIMIENTO DE TENERLA POR NO INTERPUESTA, ES ILEGAL Y CONTRARÍA EL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JUSTICIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 387/2015. · Registro digital (IUS): 26158
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2016-02-19
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Febrero de 2016, Tomo III, Pág. 1925.

AMPARO DIRECTO 387/2015. 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: SAMUEL ALVARADO ECHAVARRÍA. SECRETARIO: RUBÉN LAUREANO BRIONES DEL RÍO.

CONSIDERANDO:

QUINTO.-Acto reclamado. El acuerdo que se reclama textualmente dice:

"Cuatro veces heroica Puebla de Zaragoza, a veintidós de mayo de dos mil quince.

"ÚNICO. Toda vez que mediante auto de fecha siete de mayo de dos mil quince, mismo que fue notificado a la parte actora el día once del mismo mes y año citados, este tribunal le requirió presentara ante este tribunal (sic) documento idóneo por virtud del cual acredite su identidad; sin embargo, como se desprende del escrito de cuenta, se presentó un escrito firmado por el C. **********, quien no goza de personalidad dentro del presente procedimiento. Asimismo, se anexó una carta poder firmada por el actor C. **********, en la cual concede facultades a los CC. **********, **********, **********, **********, ********** y **********, sin que con ello este tribunal pueda dar certeza del cumplimiento al requerimiento realizado a la parte actora, por lo que esta autoridad laboral considera pertinente hacer efectivo el apercibimiento señalado en el acuerdo que antecede, teniéndose por no presentada la demanda promovida por el C. **********, mediante escrito de fecha diecinueve de agosto de dos mil catorce, toda vez que el citado actor no dio cabal cumplimiento al requerimiento señalado en autos.

"Cabe hacer mención que los requerimientos señalados en los diversos proveídos de veintisiete de marzo y siete de mayo, ambos de dos mil quince, se debieron a que esta autoridad consideró pertinente que la parte actora acreditara su identidad ante este órgano colegiado, con la finalidad de no vulnerar los derechos de carácter personalísimo y en atención a las facultades que le confieren los artículos 83 y 94 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla; y toda vez que como ya quedó plasmado, la parte actora fue omisa en dar cumplimiento al requerimiento en comento, se evidencia una falta de interés jurídico para la continuación de la presente causa laboral, por lo que se ordena archivar el presente expediente como asunto totalmente concluido, por carecer de interés jurídico de la (sic) parte actora."

SEXTO.-Conceptos de violación. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa son los siguientes:

"Conceptos de violación

"Por cuestión de orden y método hago del conocimiento a este tribunal que la procedencia de todos y cada uno de los conceptos de violación hechos valer por el suscrito encuentran fundamento en lo dispuesto en los arábigos 1o., 14 y 16 de nuestra Carta Magna, ya que el primero de estos tres establece de forma clara y específica la obligación que tienen las autoridades jurisdiccionales de siempre realizar sus actuaciones buscando hacer respetar los derechos humanos fundamentales que otorga la Constitución Federal así como los tratados internacionales que en términos del (sic) 133 constitucional tienen la obligación de observar, ya que dicho principio, el cual se encuentra denominado como pro homine, pretende hacer que las autoridades que encuentran sus facultades conforme a las normas del Estado aplicables, hagan respetar y hacer respetar todos y cada uno de los derechos humanos de los gobernados, situación que en la especie de ninguna forma aconteció, ya que la autoridad laboral no sólo pasó por alto dicho principio si no (sic) que por si esto no fuera suficiente, omitió observar las obligaciones y facultades que le otorga la ley del procedimiento aplicable, violando así el principio de legalidad que todo gobernado goza por el simple y sencillo hecho de ser ciudadano mexicano, de igual forma los diversos dispositivos constitucionales establecen las garantías y derechos que todo mexicano goza para el acceso a la impartición de la justicia por tribunales competentes los cuales deberán de observar todos y cada uno de los derechos procesales que emanen de las leyes adjetivas aplicables, motivo por el cual en el momento en que la autoridad señalada como responsable emite un acuerdo que viola dichos principios procedimentales, resulta en consecuencia procedente a criterio del hoy quejoso que este tribunal, en su esfera jurisdiccional haga valer dichos derechos y los proteja de las acotaciones por demás ilegales que realiza la autoridad señalada como responsable.

"Así las cosas tenemos que el proveído combatido de fecha veintidós de mayo del año dos mil quince se encuentra dictado en completa contravención a lo establecido por el arábigo 14 constitucional, el cual a la letra dice: (reproduce el mencionado artículo).

"A la luz del precepto constitucional transcrito, tenemos que la Constitución Federal es muy específica al momento de establecer como obligación de las autoridades judiciales el observar todas y cada una de la (sic) formalidades esenciales del procedimiento que se encuentran establecidas en la ley adjetiva aplicable, lo que en la especie se traduce en el título XIV de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria al procedimiento de origen, conforme al numeral 11 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla, situación que en la especie de ninguna forma aconteció, ya que del análisis de las constancias que integran el expediente laboral de origen, se desprenden las siguientes violaciones:

"Primero. Causa agravios al suscrito el acuerdo de fecha veintisiete de marzo el año dos mil quince, por virtud del cual se apercibe al suscrito que para el caso en que no exhiba documento por virtud del cual acredite su (sic) personalidad, se tendrá por no interpuesta la demanda laboral de origen, por las razones que se expondrán a continuación:

"Es ilegal y contrario a derecho el acuerdo de fecha veintisiete de marzo del año dos mil quince, por carecer de la debida fundamentación y motivación necesaria para que pudiera surtir efectos legales derivado de que del mismo se desprende lo siguiente:

"‘...con fundamento en los artículos 83, 85 y demás relativos aplicables de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado (sic), así como 685, 686 y 873 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria a la ley de la materia y a efecto de no transgredir tanto derechos procesales así como derechos humanos, así como para tener debidamente integrada la presente causa laboral y para mejor proveer, requiérase al actor para que en el términos (sic) de tres días posteriores a la notificación del presente proveído, exhiba carta poder debidamente requisitada, a efecto de que los profesionistas mencionados en el escrito de cuenta, puedan representarlo en el presente juicio laboral, debiendo acompañar documento idóneo que acredite que estos últimos tengan el carácter con el que se pretenden ostentar, apercibido que en caso de ser omisa al presente requerimiento se tendrá por no interpuesta la demanda, lo anterior con fundamento en lo establecido en los artículos 85 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado; 17, 685 y 735 de la Ley Federal del Trabajo...’

"Así las cosas podemos percatarnos que la autoridad señalada como responsable se encuentra ordenando el archivo definitivo del juicio laboral de origen mediante la resolución combatida, ya que según su dicho no se había proveído lo necesario por parte del suscrito para la continuación del procedimiento y en consecuencia se presumía una falta de interés en la causa laboral de origen, situación completamente falsa y alejada de la realidad ya que omite percatarse que la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla, a través de su arábigo 129 impone al suscrito como requisitos para promover juicio laboral burocrático los siguientes:

"‘Artículo 129. La demanda deberá contener:

"‘I. El nombre y domicilio del reclamante;

"‘II. El nombre y domicilio del demandado;

"‘III. El objeto de la demanda;

"‘IV. Una relación de los hechos, y

"‘V. La indicación del lugar en que puedan obtenerse las pruebas que el reglamante (sic) no pudiere aportar directamente y que tengan por objeto la verificación de los hechos en que funde su demanda, y las diligencias cuya práctica solicite con el mismo fin.

"‘A la demanda acompañará las pruebas de que disponga y los documentos que acrediten la personalidad de su representante, si no concurre personalmente.’

"De lo anterior podemos observar que la ley de la materia de origen, en ningún momento impone al suscrito los requerimientos que fueran realizados por la autoridad señalada como responsable, por lo que al dictar un acuerdo que no se encuentre debidamente fundamentado hace ilegal y contrario a derecho el acuerdo combatido. Ahora bien y para que no exista lugar a dudas me permito hacer ver (sic) autoridad federal que el dispositivo legal que aplica de forma supletoria al procedimiento de origen, la Ley Federal del Trabajo, a través de sus ordenamientos (sic) 871 y 872, señala requisitos para presentar la demanda laboral, que en ningún momento difieren en cuanto a su esencia de los anteriormente mencionados, los cuales me permito citar a continuación:

"(Transcribe los mencionados artículos).

"De todo lo anterior podemos concluir, que las leyes que rigen el procedimiento natural, en ningún momento establecen como requisitos para presentar la demanda inicial, los que se encuentra requiriendo la autoridad señalada como responsable, lo que se traduce, sin lugar a dudas, en un acuerdo carente de toda fundamentación y motivación y en consecuencia una violación a los derechos procesales a los que tiene acceso el suscrito por el simple y sencillo hecho de ser ciudadano mexicano. Lo anterior encuentra relevancia en virtud de que los principios procesales que rigen las controversias laborales que se ventilan ante la autoridad señalada como responsable, los cuales se esgrimen de la Ley Federal del Trabajo, que en términos del artículo 11 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla se aplica de forma supletoria, establecen de forma clara y específica que por excelencia (sic) la carga de la prueba le corresponde al patrón cuando se trate de condiciones generales de trabajo, ya que al respecto los artículos 784 y 804 del código obrero, imponen a la parte demandada la carga de la prueba cuando exista alguna controversia que tenga a (sic) lugar entre los tópicos señalados anteriormente, del tal suerte que para el caso de que la parte patronal sea omisa en exhibir la documentación relacionada con la misma, se tendrá por acreditado el dicho del trabajador, es decir, de la parte actora, numerales que en virtud de su importancia me permito transcribir y a la letra dice:

"(Transcribe los artículos 784 y 804 del código obrero).

"Lo anterior se afirma derivado de que el mismo principio de la carga de la prueba, se aplica de forma procesal para el caso del escrito de contestación a la demanda, ya que tal y como se puede apreciar de la literalidad del artículo 879 del mismo dispositivo legal, el cual establece que para el caso de que la parte demandada no comparezca al desahogo de la audiencia de ley en su etapa de conciliación, demanda y excepciones, se tendrá por contestado en sentido afirmativo el escrito inicial de demanda, es decir se reconocerá la existencia de los hechos plasmados por el accionante y en consecuencia la procedencia de las acciones pretendidas en contra del demandado, numeral que en su parte conducente a la letra dice:

"(Transcribe parte del artículo 879 de la Ley Federal del Trabajo).

"Ahora bien, lo anterior encuentra relevancia derivado de que el requerimiento combatido en el acuerdo de referencia resulta ser violatorio de los derechos procesales a los que tiene acceso al (sic) suscrito, por el simple y sencillo hecho de ser ciudadano mexicano y que se encuentra previsto y tutelado en el artículo 16 constitucional, ya que la autoridad señalada como responsable requiere que el hoy quejoso se encuentra, es decir el trabajador en el juicio natural, tiene que exhibir documental con la que acredite el vínculo laboral sostenido con el organismo demandado, situación que se encuentra realizado en contravención con los principios antes referidos, derivado de que el estudio de la existencia del vínculo obrero patronal, es materia del laudo que dirima las controversias que existan dentro del litigio que nos ocupa y específicamente con la litis que se esgrima del escrito de contestación a la demanda que en su momento realice el representante legal de la parte demandada, ya que será éste quien se encontrará en las aptitudes necesarias para poder objetar y oponer las excepciones (perentorias o dilatorias) relacionadas con las prestaciones reclamadas por el suscrito.

"Al respecto cabe resaltar que la personalidad es un requisito para la procedencia de la acción, ya que emana de un vínculo procesal previamente existente derivado de que un sujeto adquirió un derecho sustantivo, por lo que se puede entender que la personalidad consiste en la capacidad en la causa para accionar de ella, esto eso (sic), la facultad de una persona para hacer valer sus derechos antes (sic) una autoridad jurisdiccional, de tal suerte que si la parte adjetiva de la Ley Federal del Trabajo en ningún momento le impone al trabajador la carga de acreditar su personalidad resulta por demás incongruente que la autoridad de origen pretenda realizar dicho acto en contra del hoy demandante, lo que a todas luces violaría los derechos humanos del quejoso y que esta autoridad tiene la obligación de observar bajo el principio pro homine previsto en el artículo 1o. constitucional.

"Finalmente tenemos que efectivamente la autoridad señalada como responsable fundamenta el acto que por este medio se combate en diversos numerales de la Ley Federal del Trabajo, sin embargo omite percatarse que dichos numerales en ningún momento facultan a los tribunales laborales el poder ordenar el archivo de un expediente por el (sic) no dar cumplimiento a un requerimiento en el tiempo y forma de ley, sino que por el contrario la Ley Federal del Trabajo prevé como único medio para archivar el expediente, lo que se encuentra previsto por su numeral 773 y el cual establece que se tendrá por desistida de la acción a toda persona que no realice promoción alguna en el término de seis meses siempre y cuando ésta sea necesaria para la continuación del procedimiento, de tal suerte que tal virtud es de notarse que la autoridad señalada como responsable de forma ilegal y completamente alejada de derecho, violando de forma colosal el derecho del suscrito al debido proceso previsto por el arábigo 16 constitucional, ordenando un apercibimiento que carece de un fundamento legal necesario para su validez, en virtud de que los arábigos invocados por la responsable para sustentar su medida de apremio resultan ser por demás inoperantes para el supuesto en el que se encontraba la responsable, lo que por sí solo transgrede las garantías de legalidad y seguridad jurídica al que tiene acceso el suscrito por el simple y sencillo hecho de ser ciudadano mexicano. De todo lo anterior podemos percatarnos que la autoridad señalada como responsable fundó y motivó sus actuaciones en artículos elegidos al azar, situación que por sí solo no satisfizo la carga impuesta por los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que la fundamentación en la que basen sus acuerdos las autoridades jurisdiccionales, deberán de tener una correcta aplicación para el caso en el que sean ocupados, a fin de no dejar en estado de indefensión al afectado. Esto encuentra lugar en virtud de que el principio hecho valer al inicio del presente capítulo denominado pro homine y que resulta ser aplicable derivado de que este principio busca el hacer respetar los derechos humanos de los gobernados, y que en la especie resultaron ser vulnerados por parte de la responsable al fundamentar de forma indebida sus actuaciones en artículos que no encuentran una correcta aplicabilidad en el juicio laboral de donde emanan los actos reclamados, ya que tal y como se manifestó anteriormente la Ley Federal del Trabajo y/o la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla, en ningún momento facultan a la autoridad señalada como responsable para realizar el apercibimiento combatido, motivo por el cual el mismo resulta ser ilegal y contrario a derecho, lo que por sí solo se traduce en un apercibimiento nulo por ser violatorio de los derechos humanos del suscrito, motivo por el cual al encontrarse la responsable en contravención con lo establecido por los numerales 14 y 16 de nuestra Carta Magna, y que como se ha hecho mención con anterioridad la responsable debe observar el debido procedimiento.

"En ese mismo orden de ideas e independientemente de lo expuesto en el párrafo que antecede y sin que implique contradicción con el mismo, se advierte que siendo una obligación de la autoridad responsable de conformidad con el artículo 16 constitucional de en todo momento fundar y motivar debidamente sus resoluciones, esto no acontece, al apercibir al suscrito fundando su actuación en numerales que no tienen aplicación al caso concreto, violando de esta manera las garantías de legalidad y seguridad jurídicas de mi representada, debido a que el citado artículo 16 constitucional constriñe al juzgador a expresar las circunstancias especiales y razones particulares que justifican la aplicación del derecho, esto es, los motivos de hecho y fundamentos de derecho aplicables a tales hechos que justifiquen su resolución; de tal suerte que si no existe adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, entonces el acto de autoridad carece de respaldo constitucional, hipótesis ésta de indebida fundamentación y motivación que se actualiza al caso que nos ocupa este estudio, esto al no cumplir con tales requisitos la autoridad responsable al momento de apercibir al suscrito que de no dar cabal cumplimiento al requerimiento, se ordenara el archivo definitivo del expediente laboral al no tenerse por interpuesta la demanda de origen, debido a que no tiene aplicación al caso concreto el criterio que aplicó la responsable, esto es, existe una indebida fundamentación y motivación en la resolución emitida, de tal suerte que al carecer la resolución combatida de los requisitos sine qua non de debida fundamentación y motivación consagrados por el artículo 16 de nuestra Carta Magna, requisitos éstos que deben revestir todo acto de autoridad, tenemos que en tales condiciones resulta procedente la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal para que se deje sin efecto el acuerdo reclamado y se le restituya a mi representada en el goce de sus derechos humanos violados con la finalidad de que se reponga el procedimiento y le sea ordenado a la autoridad responsable requiera al suscrito debiéndole de apercibir que para el caso de que no se dé cumplimiento empezaría a correr el término previsto por el artículo 773 de la Ley Federal del Trabajo aplicable, emitiendo una resolución debidamente fundada y motivada.

"Por si lo anterior no fuese suficiente, me permito hacer del conocimiento a esta autoridad que bajo la literalidad del artículo 693 de la Ley Federal del Trabajo, que de forma supletoria se aplica al procedimiento de origen, establece de forma clara y específica que le podrá reconocer la personería a los profesionistas que acrediten de forma fehaciente que representa los intereses de la parte actora, por lo que en tal óbice resulta procedente que lo expuesto en el proemio del escrito primigenio de demanda laboral de origen en la que se autorizó a diversas personas para representar al hoy suscrito, y tal argumento debería de haber sido suficiente para que la autoridad señalada como responsable tenga por acreditada tales facultades a los profesionistas allí mencionados, situación que en la especie de ninguna forma aconteció y que viola en perjuicio del hoy quejoso sus derechos humanos previstos y tutelados en los artículos 14 y 16 constitucionales.

"En tal premisa y de conformidad con lo dispuesto por la normatividad citada y transcrita tenemos que los actos de autoridad para que tengan el respaldo constitucional previsto por los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna deben ser emitidos por autoridad competente en el que además funde y motive correctamente su competencia, de lo contrario carecerán de respaldo constitucional tales resoluciones dando como consecuencia que produzcan su nulidad total, cuestiones éstas que no dio cumplimiento la autoridad hoy indicada como responsable, en virtud de que tal y como se ha demostrado anteriormente los artículos invocados resultan ser inoperantes para el apercibimiento que fuera establecido, razones todas las anteriores por las cuales resulta procedente la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal con la finalidad de que se deje insubsistente el acto reclamado y se le restituya a mi mandante en el goce de sus derechos humanos violados, lo anterior por ser la resolución que hoy se combate violatoria del derecho humano de mi mandante a la correcta administración de justicia.

"Segundo. Causa agravios al suscrito el acuerdo de fecha seis de mayo el (sic) año dos mil quince, por virtud del cual se apercibe al suscrito que para el caso en que no exhiba documento por virtud del cual acredite su identidad, se tendrá por no interpuesta la demanda laboral de origen, por las razones que se expondrán a continuación:

"Es ilegal y contrario a derecho el acuerdo de fecha seis de mayo del año dos mil quince, por carecer de la debida fundamentación y motivación necesaria para que pudiera surtir efectos legales derivado de que del mismo se desprende lo siguiente:

"‘...con fundamento en el artículo 83 y demás relativos aplicables de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, en relación con el artículo 735 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria a la de la materia, se ordena requerir de nueva cuenta a la parte actora, para que en el término de tres días posteriores a la notificación del presente acuerdo, exhiba ante esta autoridad documento idóneo por virtud del cual acredite su identidad con la finalidad de que esta autoridad no vulnere derechos personalísimos de la parte señalada como actora, apercibiéndole que en caso de ser omiso al requerimiento se le tendrá por no interpuesta la demanda (sic)...’

"Así las cosas podemos percatarnos que la autoridad señalada como responsable se encuentra ordenando el archivo definitivo del juicio laboral de origen mediante la resolución combatida, ya que según su dicho no se había proveído lo necesario por parte del suscrito para la continuación del procedimiento y en consecuencia se presumía una falta de interés en la causa laboral de origen, situación completamente falsa y alejada de la realidad ya que omite percatarse que la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla, a través de su arábigo 129 impone al suscrito como requisitos para promover juicio laboral burocrático los siguientes:

"(Vuelve a transcribir el mencionado artículo 129).

"De lo anterior podemos observar que la ley de la materia de origen, en ningún momento impone al suscrito los requerimientos que fueran realizados por la autoridad señalada como responsable, por lo que al dictar un acuerdo que no se encuentre debidamente fundamentado hace ilegal y contrario a derecho el acuerdo combatido. Ahora bien y para que no exista lugar a dudas me permito hacer ver (sic) autoridad federal que el dispositivo legal que aplica de forma supletoria al procedimiento de origen, la Ley Federal del Trabajo, a través de sus ordenamientos 871 y 872, señala requisitos para presentar la demanda laboral, que en ningún momento difieren en cuanto a su esencia de los anteriormente mencionados, los cuales me permito citar a continuación: (transcribe los artículos 871 y 872 de la Ley Federal del Trabajo).

"De todo lo anterior podemos concluir, que las leyes que rigen el procedimiento natural, en ningún momento establecen como requisitos para presentar la demanda inicial, los que se encuentra requiriendo la autoridad señalada como responsable, lo que se traduce, sin lugar a dudas, en un acuerdo carente de toda fundamentación y motivación y en consecuencia una violación a los derechos procesales a los que tiene acceso el suscrito por el simple y sencillo hecho de ser ciudadano mexicano.

"Así las cosas tenemos que efectivamente la autoridad señalada como responsable fundamenta el acto que por este medio se combate en diversos numerales de la Ley Federal del Trabajo, sin embargo omite percatarse que dichos numerales en ningún momento facultan a los tribunales laborales de poder realizar lo siguiente:

"1. Solicitar a la parte actora documento alguno por virtud del cual se pueda tener por acreditada su identidad.

"2. El apercibir a la parte actora que para el caso de no dar cumplimiento en el tiempo y forma que se encuentra ordenado, se podrá ordenar el archivo definitivo de la demanda primigenia laboral.

"En tal virtud tenemos que la autoridad señalada como responsable se encuentra violando en perjuicio del suscrito el derecho al debido proceso que se encuentra previsto y tutelado por el artículo 16 constitucional en perfecta concomitancia con la garantía de legalidad que impone a toda autoridad el artículo 14 del mismo dispositivo de referencia, ya que en el acuerdo que por este medio se combate se observa que la responsable solicita a la parte actora exhiba un documento con el cual acredite su identidad, no obstante lo anterior y conforme a un análisis íntegro y sistemático del proveído de cuenta, me permito hacer del (sic) notar a esta autoridad, que previo estudio del contenido de la Ley Federal del Trabajo, la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla, y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, el suscrito jamás encontró algún dispositivo legal por virtud del cual pudiera obtener la correcta definición del concepto de identidad, y en consecuencia la obligación de la hoy parte quejosa para exhibir ante la autoridad responsable la documental en referencia, lo que se traduce en una flagrante violación a los derechos humanos del hoy impetrante de amparo, ya que momento (sic) en que la autoridad de origen incurre en actos que no le es facultado por las leyes competentes, resulta una transgresión al principio de legalidad de nuestra Carta Magna, lo que por sí solo resulta procedente la concesión del amparo federal a fin de que instruya a la autoridad señalada como responsable se apegue a los términos y condiciones previstos por las leyes correspondientes para realizar el correcto desahogo del procedimiento de origen, por así establecerlo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"De igual forma resulta ilegal y contrario a derecho el acuerdo combatido por virtud del cual apercibe al suscrito de poder ordenar el archivo de un expediente por el caso (sic) no dar cumplimiento a un requerimiento en el tiempo y forma de ley, sino que por el contrario la Ley Federal del Trabajo prevé como único medio para archivar el expediente, lo que se encuentra previsto por su numeral 773 y el cual establece que se tendrá por desistida de la acción a toda persona que no realice promoción alguna en el término de seis meses siempre y cuando ésta sea necesaria para la continuación del procedimiento, de tal suerte que tal virtud (sic) es de notarse que la autoridad señalada como responsable de forma ilegal y completamente alejada de derecho, violando de forma colosal el derecho del suscrito al debido proceso previsto por el arábigo 16 constitucional, ordenando un apercibimiento que carece de un fundamento legal necesario para su validez, en virtud de que los arábigos invocados por la responsable para sustentar su medida de apremio resultan ser por demás inoperantes para el supuesto en el que se encontraba la responsable, lo que por sí solo transgrede las garantías de legalidad y seguridad jurídica al que tiene acceso el suscrito por el simple y sencillo hecho de ser ciudadano mexicano.

"Por si lo anterior no fuese suficiente me permito resaltar a este Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, que no es suficiente que la autoridad jurisdiccional funde y motive sus actuaciones en artículos elegidos al azar, tal y como pretendió realizar la autoridad señalada como responsable, sino que éstos deben tener una correcta aplicación para el caso en el que sean ocupados, esto a la luz del principio hecho valer al inicio del presente capítulo denominado pro homine, y que resulta ser aplicable derivado de que este principio busca el hacer respetar los derechos humanos de los gobernados, y que en la especie resultaron ser vulnerados por parte de la responsable al fundamentar de forma indebida sus actuaciones, ya que al momento en el que la Ley Federal del Trabajo no faculta a la autoridad señalada como responsable para realizar dicho apercibimiento, tenemos en consecuencia que el mismo resulta ser ilegal y contrario a derecho, lo que por sí solo se traduce en un apercibimiento nulo por ser violatorio de los derechos humanos del suscrito, motivo por el cual al encontrarse la responsable en contravención con lo establecido por los numerales 14 y 16 de nuestra Carta Magna, y que como se ha hecho mención con anterioridad la responsable debe observar el debido procedimiento.

"En ese mismo orden de ideas e independientemente de lo expuesto en el párrafo que antecede y sin que implique contradicción con el mismo, se advierte que siendo una obligación de la autoridad responsable de conformidad con el artículo 16 constitucional de en todo momento fundar y motivar debidamente sus resoluciones, esto no acontece, al apercibir al suscrito fundando su actuación en numerales que no tienen aplicación al caso concreto, violando de esta manera las garantías de legalidad y seguridad jurídicas de mi representada, debido a que el citado artículo 16 constitucional constriñe al juzgador a expresar las circunstancias especiales y razones

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26158-27f0918e/demanda-laboral-el-requerimiento-del-tribunal-de-arbitraje · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.