ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS. PARA TENER POR RECONOCIDA LA PERSONALIDAD DE QUIEN COMPARECE AL JUICIO LABORAL EN SU REPRESENTACIÓN, ES SUFICIENTE QUE SE CUMPLA CON EL REQUISITO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 692, FRACCIÓN III, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 370/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO CIRCUITO. 21 DE OCTUBRE DE 2015. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS EDUARDO MEDINA MORA I., JUAN N. SILVA MEZA, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIO: OSCAR VÁZQUEZ MORENO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción VII, y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios suscitada entre Tribunales Colegiados de diferente circuito, en un tema que, por ser de naturaleza laboral, corresponde a la materia de su especialidad.
SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, ya que fue formulada por el Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Décimo Primera Región, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, atento a lo establecido por el artículo 227, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal.
TERCERO.-Criterios contendientes. A fin de establecer si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente analizar los antecedentes y consideraciones esenciales que sustentan las ejecutorias de las que provienen los criterios materia de contradicción.
I. Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito
Resolvió el amparo en revisión **********, interpuesto por **********, contra la sentencia dictada por el Juez Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal, en el amparo indirecto **********.
Los antecedentes del caso son los que a continuación se resumen:
1. ********** y ********** demandaron en la vía laboral al Centro de Investigaciones y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, el cumplimiento de diversas prestaciones.
2. Una vez admitido el referido juicio laboral y radicado bajo el número de expediente **********, la parte demandada compareció a contestar la demanda, a través de quien se ostentó como su apoderado legal, conforme al instrumento público exhibido para tal efecto.
3. En la audiencia de ley, la parte actora promovió incidente de falta de personalidad en contra de quienes se apersonaron en defensa de la parte demandada.
4. Posteriormente, la Junta Especial Número Catorce Bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje emitió la interlocutoria correspondiente, a través de la cual, no reconoció la personalidad de quienes se ostentaron apoderados de la parte demandada y, por consecuencia, tuvo por contestada la demanda en sentido afirmativo.
5. Inconforme con dicha determinación, el Centro de Investigaciones y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional promovió el juicio de amparo indirecto **********, en el que el Juez Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal determinó conceder el amparo solicitado.
6. Finalmente, contra la referida sentencia ********** y ********** interpusieron el recurso de revisión **********, a través del cual, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito revocó la sentencia recurrida y negó el amparo.
Las consideraciones que dieron sustento a dicha determinación, para lo que aquí interesa, fueron las siguientes:
"CUARTO.-Son fundados los agravios hechos valer, los que se estudian de manera conjunta.
"...
"Lo expuesto lleva a concluir a este órgano colegiado, que fue incorrecto lo determinado por el a quo en la sentencia que se revisa, lo que da lugar a entrar al estudio de lo demás argumentado que omitió su análisis el Juez de Distrito, expuestos en los conceptos de violación que formuló el quejoso Centro de Investigaciones y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo.
"QUINTO.-En lo correspondiente, el quejoso Centro de Investigaciones y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, hizo valer el siguiente concepto de violación:
(Se transcribe contenido)
"...
"Como ya se dijo, es infundado lo alegado por el impetrante del amparo.
"Lo anterior es así, ya que como se aprecia del acto señalado como reclamado en el juicio de amparo biinstancial, consistente en la resolución incidental de catorce de agosto de dos mil doce, contrariamente a como lo sostiene el quejoso, fue correcto que la responsable considerara que, en el caso, no tenía aplicación lo establecido en el artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo y para determinar que quienes comparecieron a contestar la demanda a nombre y representación del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, ahora quejoso, no acreditaron la calidad de apoderados que ostentaron, aplicando para ello lo que establecen la Ley Federal de Entidades Paraestatales, su Reglamento y los Lineamientos para regular el funcionamiento del Registro Público de Organismos Descentralizados.
"Ahora bien, el artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo, en lo conducente, establece:
"(Se transcribe el contenido)
"De lo que dispone el transcrito precepto de la Ley Federal del Trabajo, si bien se advierte que cuando el compareciente que actúe como representante legal o apoderado de una persona moral, deberá exhibir poder notarial o carta firmada por el otorgante ante dos testigos, o bien, el testimonio notarial respectivo que lo acredite. Ahora, de lo anterior puede colegirse que no se establece obligación alguna de que ese poder o testimonio notarial deban ser inscritos ante algún registro público; sin embargo, de la redacción de dicho dispositivo tampoco se aprecia que deba soslayarse la norma que rige, como en el presente caso, la formalidad para la validez del testimonio notarial expedido por algún organismo público descentralizado, regulado conforme a la Ley Federal de Entidades Paraestatales, Reglamento y Lineamientos para regular su funcionamiento del Registro Público de Organismos Descentralizados, ya que la misma exige que la personalidad en estos casos debe acreditarse con el testimonio notarial que lo acredite, esto es, que conforme a dichos ordenamientos, la forma o requisitos a satisfacer para que los poderes otorgados por los organismos públicos descentralizados surtan efecto contra terceros, entonces, es dable que se cumplan con los mismos, o sea, que sean inscritos en el mencionado registro.
"En efecto, **********, **********, ********** y ********** comparecieron a dar respuesta a la demanda laboral y al incidente de falta de personalidad, a nombre y como apoderados del demandado Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, no acreditaron tal carácter.
"Esto es así, tomando en consideración que la escritura ********** (**********) agregado a folio 139 del cuaderno de amparo, como se desprende de su contenido, es de fecha quince de febrero de dos mil doce y firmada al día siguiente (fojas 139 y 194 vuelta, folio irregular del expediente de amparo).
Para determinar si era o no necesario el registro de la precitada escritura, es menester considerar lo dispuesto en la Ley Federal de Entidades Paraestatales, en sus artículos 22, fracción VII, 23, 24, 25 y 26 disponen:
"(Se transcribe el contenido)
"Por su parte, los numerales 35, 39, 40, 42 y 44 del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales correspondientes a las reformas y adiciones conforme al decreto publicado en el Diario oficial de la Federación del veintitrés de noviembre de dos mil diez, establecen:
"(Se transcribe el contenido)
"Asimismo, los preceptos 1, 4, 8, fracción V, 13, primero, segundo y cuarto transitorios de los Lineamientos para regular el funcionamiento del Registro Público de Organismos Descentralizados establecen:
"(Se transcribe el contenido)
"De las disposiciones transcritas se establece lo siguiente:
"1. Los poderes que conforme a sus facultades otorguen los directores generales de los organismos públicos descentralizados, para que surtan efectos contra terceros, los deberán inscribir en el Registro Público de Organismos Descentralizados.
"2. Las bases para el funcionamiento del registro de organismos descentralizados fueron establecidas en la publicación en el Diario Oficial de la Federación de veintitrés de noviembre de dos mil diez; y,
"3. Los lineamientos y funcionamiento del aludido registro de organismos descentralizados inició a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, que fue el veintitrés de noviembre de dos mil once.
"Conforme a lo expuesto, es dable concluir que procedió correctamente la emisora del acto reclamado, al considerar que la escritura ********** (**********) con la que las personas que comparecieron a nombre y representación de la quejosa, a contestar la demanda, no acreditaron su carácter de apoderados con que se ostentaron con dicho documento.
"Lo anterior es así, ya que esa escritura, de fecha quince de febrero de dos mil doce, firmada al día siguiente, para que pudiera surtir efectos frente a terceros debió ser inscrita en el Registro Público de Organismos Descentralizados, ya que el funcionamiento de éste inició el veintitrés de noviembre de dos mil once, conforme a sus lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación de esa fecha, por lo que, al comparecer a las audiencias de veinte de febrero y ocho de marzo, ambas de dos mil doce, correspondientes a las etapas de conciliación, demanda y excepciones, y no acreditar esa personalidad, dada la falta de la formalidad que le obliga al demandado de registrar, entre otros, los documentos que contengan los poderes expedidos por el director general, entre ellos, la escritura ********** (**********), de fecha quince de febrero de dos mil doce, firmada el dieciséis de ese mes y año, como se desprende del texto de dicho poder agregado a folios 138 a 194 del cuaderno de amparo (folio irregular), toda vez que esa obligación se estableció a partir del veintitrés de noviembre de dos mil once, fecha de la publicación de los Lineamientos para Regular el Funcionamiento del Registro Público de Organismos Descentralizados en que entraron en vigor y, al no haber acreditado en autos del juicio natural al exhibir ese documento ni en el incidente de falta de personalidad que se realizó dicha inscripción, careció de validez y, se reitera, en esas condiciones, que fue correcta la determinación a que arribó la autoridad del conocimiento que resolvió ese incidente el catorce de agosto de dos mil doce, al desconocer la personalidad como apoderado del demandado a aquellas personas que ostentan dicho carácter.
"Por otra parte, cabe decir que si bien la tesis de jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘PODERES OTORGADOS POR ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. EL REQUISITO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY FEDERAL DE LAS ENTIDADES FEDERALES, NO ES EXIGIBLE MIENTRAS NO SE CONSTITUYA MATERIALMENTE EL REGISTRO PÚBLICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS.’, tuvo su origen en la contradicción de tesis 63/96, entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, conforme a lo razonado, este tribunal considera que sí es aplicable al presente asunto, porque el Registro Público de Organismos Descentralizados ya se constituyó, por lo que existe la obligación del registro de la referida escritura ********** ante dicho registro.
"Ahora, por lo que hace a la diversa escritura ********** (**********), con la que compareció **********, como apoderado del demandado, ahora quejoso, en audiencia de nueve de marzo, tampoco crea convicción para tener por acreditada dicha personalidad, toda vez que si bien ese documento es de veintisiete de noviembre de dos mil nueve, firmado en la misma fecha (fojas 189 y 198 del expediente de amparo), anterior al veintitrés de noviembre de dos mil once, fecha de la publicación de los Lineamientos para Regular el Funcionamiento del Registro Público de Organismos Descentralizados y que obligaron a la inscripción de los poderes del demandado; sin embargo, no se debe perder de vista lo que establece el tercero transitorio del Reglamento de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, que dispone:
"(Se transcribe contenido)
"Del artículo tercero transitorio transcrito se establece la obligación del demandado, ahora quejoso, de solicitar la inscripción en el registro de los actos, documentos e información con la que cuenten a la entrada en funcionamiento del registro, en un plazo no mayor a 60 días naturales posteriores a la habilitación del mismo. Luego, es de concluirse por este Tribunal Colegiado que la escritura ********** (**********), con la que compareció **********, como apoderado del demandado Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, para que surtiera efectos, debió ser registrado, lo que tampoco se advierte de ese documento que se hubiese cumplido ni que se hubiera acreditado en el incidente de falta de personalidad; por lo tanto, esa persona física carece de representación del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional.
"En las anotadas condiciones, y al resultar infundado lo analizado, procede revocar la sentencia impugnada y negar el amparo. ..."
Dichas consideraciones dieron origen a la tesis aislada I.9o.T.20 L (10a.),1 de rubro y texto siguientes:
"ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS. PARA LA VALIDEZ DEL PODER POR EL QUE DESIGNAN APODERADO ES REQUISITO QUE EL TESTIMONIO NOTARIAL SE INSCRIBA EN EL REGISTRO PÚBLICO A QUE SE REFIERE LA LEY FEDERAL DE ENTIDADES PARAESTATALES.-El artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo dispone que el apoderado de una persona moral debe acreditar dicho carácter con el testimonio notarial respectivo, de lo que se colige que no establece obligación alguna respecto a que ese poder o testimonio notarial deba ser inscrito ante algún registro público; sin embargo, de la redacción de la citada disposición tampoco se advierte que deba soslayarse lo que establecen los artículos 22, fracción VII y 25, fracción IV, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, que obligan a la inscripción de los poderes expedidos por los organismos públicos descentralizados para que surtan efectos contra terceros. Entonces es dable cumplir con ese requisito de inscripción en el mencionado registro, para que el testimonio notarial alcance validez y así acreditar el carácter de apoderado de quien comparezca a nombre y representación de algún organismo público descentralizado, de lo contrario carecerá de eficacia ese documento."
II. Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito
Conoció del amparo en revisión **********, interpuesto por el Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Tabasco, contra la sentencia dictada por el Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Décimo Primera Región, con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, en el juicio de amparo indirecto **********.
Los antecedentes del caso son los que a continuación se resumen:
1. El Instituto Mexicano de Seguridad Social, Delegación Tabasco, por conducto de su apoderada legal, **********, promovió juicio de amparo indirecto contra el acto de la Junta Especial Número 36 Bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, consistente en el acuerdo de fecha treinta de enero de dos mil trece, dictado en el expediente laboral número **********.
2. Por razón del turno, le correspondió conocer de la demanda de amparo al Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Tabasco, quien la admitió a trámite y ordenó su registro con el número **********.
3. En la audiencia constitucional, la tercera interesada ********** objetó la firma contenida en el escrito inicial de demanda, por considerar que no pertenecía a la de la apoderada de la parte quejosa; motivo por el cual, se suspendió la celebración de la audiencia y, una vez que se recibieron las pruebas correspondientes, fue reanudada.
4. En auxilio de las labores del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Tabasco, el Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Décimo Primera Región, con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, dictó sentencia en la que, por una parte, declaró procedente y fundado el incidente de objeción de falsedad de documentos planteado por la tercero interesada y, por otro, sobreseyó en el juicio de amparo.
5. Inconforme con dicha resolución, el Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Tabasco, interpuso el recurso de revisión número **********, y el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y del Trabajo del Décimo Circuito, por una parte, determinó revocar la sentencia recurrida y declarar infundado el incidente de objeción de falsedad de documentos y, por otra, negar el amparo solicitado, al tenor de lo siguiente:
"... IV.-Los agravios son infundados e inoperantes en parte, y fundados en otra.
"...
"Entonces, se arriba al convencimiento de que el Juez Federal que dictó la sentencia recurrida, ilegalmente, decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo de origen, con fundamento en los artículos 73, fracción XVIII, en relación con los numerales 4o. y 74, fracción III, todos de la Ley de Amparo, es decir, conforme a la falta de acreditación del principio de instancia de parte agraviada, ya que, como se explicó, **********, sí fue quien firmó la demanda de amparo.
"Ahora bien, dado que en la revisión en el amparo no existe reenvío, con apoyo en el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo abrogada, procede que este Tribunal Colegiado examine los conceptos de violación no abordados por el a quo y resuelva como en derecho corresponda, inconformidades propuestas en el sentido de que la Junta responsable, en el acuerdo reclamado:
"...
"En cambio, lo fundado de las inconformidades deviene de que en el acuerdo reclamado, en consenso con los conceptos de violación, la Junta responsable estuvo ilegal, al considerar fundado el incidente de falta de personalidad en el juicio laboral de origen, interpuesto por la tercero perjudicada **********, al otorgarle razón en sus pretensiones de que el nombramiento o mandato del director y de los apoderados contenidos en el instrumento notarial respectivo debe encontrarse inscrito en el Registro Público de Organismos Descentralizados ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que pueda surtir efectos frente a terceros, ya que el veintitrés de noviembre de dos mil once entró en funcionamiento la inscripción de los poderes en el Sistema de Registro Público de Organismos Descentralizados, pero que no consta la certificación de la inscripción correspondiente.
"Para arribar a esa determinación, es preciso tener en consideración que la Ley Federal del Trabajo dispone lo siguiente:
"‘Artículo 692.’
"(Se transcribe contenido)
"Ahora, según se advierte de las constancias procesales inherentes, en especial del testimonio notarial ochenta y siete mil ochenta y nueve, exhibido por los comparecientes ********** y **********, en la etapa de la demanda y excepciones del juicio laboral de origen, para demostrar el carácter de apoderados del Instituto Mexicano del Seguro Social, tal como ésta lo alegó en los conceptos de violación, sí es eficaz para acreditar tal personalidad.
"Ello, en virtud de que, contrario a lo que consideró la Junta responsable, el poder general fue otorgado por **********, en su carácter de director general y apoderado general del Instituto Mexicano del Seguro Social, quien acreditó tal carácter ante el fedatario público, el cual certificó lo siguiente:
"(Se transcribe contenido)
"Luego, es manifiesto que la personalidad en el juicio laboral se justificará en términos del artículo 962, (sic) en relación con el diverso numeral 693, ambos de la Ley Federal del Trabajo, y que, entonces, el poder general respectivo debe satisfacerse únicamente con los requisitos que prevé la mencionada ley.
"En efecto, en el juicio laboral, tratándose de personas morales, éstas pueden concurrir por conducto de apoderados, los cuales podrán acreditar su personalidad mediante testimonio notarial o a través de carta poder, previa comprobación de que quien otorga el poder está legalmente autorizado para ello.
"Luego, contrario al acuerdo reclamado, tal como se aduce en los conceptos de violación, de las constancias del juicio laboral de origen se advierte, en lo que importa, que quienes comparecieron al mismo en nombre de la persona moral demandada, denominada Instituto Mexicano del Seguro Social, fueron ********** y **********, quienes para justificar su personería, exhibieron el testimonio de la escritura pública ochenta y siete mil ochenta y nueve, celebrada en México, Distrito Federal, ante el titular de la Notaría Ciento Cuatro de ese Distrito.
"Ello, porque del referido poder se observa, entre otras cosas, que el aludido instituto, a través de su director general, quien cuenta con facultades para otorgar poderes generales y especiales, como se vio con anterioridad, otorgó poder general para pleitos y cobranzas, entre otras personas, a los referidos ********** y **********, con las facultades para comparecer ante particulares y ante toda clase de autoridades judiciales o administrativas, ya fueren federales, estatales o municipales, aun tratándose de Juntas de Conciliación y Arbitraje, representando al mandante en todos los negocios que le ofrezcan, así como promover y contestar toda clase de demandas o de asuntos, y seguirlos en todos sus trámites, instancias o incidentes hasta su final decisión.
"De lo que se concluye que **********, en su carácter de director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, le otorgó el referido poder a ********** y **********; por tanto, es indudable que la representación conferida a quienes comparecieron al juicio laboral de origen en nombre del instituto demandado, aquí inconforme, se otorgó por quien se encontraba facultado para ello; en consecuencia, la personalidad con la que comparecieron al propio juicio laboral de origen ********** y **********, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, quedó debidamente acreditada en los términos establecidos por el artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo y, así, lo considerado al respecto en el acuerdo reclamado ante el Juez de Distrito es ilegal.
"En complemento, debe precisarse que, tal como se aduce en los conceptos de violación, en el caso, no era exigible que el instrumento notarial y el nombramiento del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, exhibido por quienes comparecieran su representación al juicio de origen (********** y **********) estuvieran inscritos en el Registro Público de Organismos Descentralizados, pues al tenor de la legislación aplicables al momento de la emisión del acto reclamado, es una cuestión administrativa y no laboral, en atención a lo siguiente:
"El artículo 5 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales dispone:
"(Se transcribe contenido)
"Del precepto transcrito se desprende que el Instituto Mexicano del Seguro Social se rige por sus leyes específicas, en cuanto a las estructuras de sus órganos de gobierno y vigilancia, y sólo en cuanto a su funcionamiento, operación, desarrollo y control, se sujetará a las disposiciones de dicha ley federal, en lo que no se oponga a las leyes específicas.
"Ahora, los artículos 267, 268, 268 A y 269 de la Ley del Seguro Social disponen:
"(Se transcribe contenido)
"De lo anterior se advierte que el director general será nombrado por el presidente de la República, así como sus facultades, entre las que se encuentran, representar legalmente al instituto, con todas las facultades que corresponden a los mandatarios generales para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio, y las especiales que requieran cláusula especial, conforme al Código Civil Federal o cualesquiera otra ley, así como ante todas las autoridades.
"Por tanto, no puede exigirse que el nombramiento del director del citado instituto esté inscrito en el Registro Público de Organismos Descentralizados, menos la constancia de registro y certificación respectiva, en los términos del artículo 23 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, pues ese requisito no está contemplado en la Ley del Seguro Social que rige la estructura de sus órganos de gobierno y vigilancia, ni tampoco lo prevé la Ley Federal del Trabajo, que señala los términos en que se debe acreditar su personalidad quien comparece al juicio laboral como representante de una persona moral, siendo suficiente que el notario público respectivo haya dado fe de la existencia del nombramiento original de dicho funcionario.
"Sirve de apoyo a lo anterior la tesis IV.3o.T.98 L, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, visible en la página 1742, Tomo XIV, diciembre de 2001, Novena Época del Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, que este Tribunal Colegiado comparte, cuyos rubro y texto señalan:
"‘INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. PERSONALIDAD EN EL JUICIO LABORAL. EL NOMBRAMIENTO DE SU DIRECTOR GENERAL NO ES NECESARIO QUE ESTÉ INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY FEDERAL DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES.’
"(Transcribe contenido)
"Tampoco puede exigirse, para acreditar la personalidad de quien comparece a favor de persona moral al juicio laboral, que el poder otorgado esté inscrito en el Registro Público de Organismos Descentralizados, en términos del artículo 25, fracción IV, de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, como exigió la responsable, porque ese requisito no está contemplado en la Ley Federal del Trabajo, el cual señala los términos en que debe acreditar su personalidad quien comparece a juicio laboral como representante de una persona moral, siendo suficiente que el notario público respectivo haya dado fe de que quien confirió el poder tenga facultades para delegar su representación, como se advierte del testimonio notarial ochenta y siete mil ochenta y nueve, pasado ante la fe del notario público ciento cuatro del Distrito Federal, insertos que hizo constar en el mismo.
"Por tanto, el contenido de los artículos citados no tiene vigencia en el procedimiento laboral, debido a que ese juicio ordinario se rige por principios propios y que sobre el particular la Ley Federal del Trabajo, es categórica al establecer quien comparece a juicio ostentándose como mandatario de una persona moral, para justificar dicha personería, tiene necesariamente que exhibir poder notarial o carta poder ante dos testigos, previa comprobación de que quien le otorgue el poder, en ambos casos, está legalmente autorizado para ello, como se infiere del artículo 692, fracción III, de la citada ley laboral; por lo que esa regla es la que debe atenderse para dilucidar lo atinente a las cuestiones de personalidad que se planteen en un juicio en materia de trabajo y no las establecidas en diversas leyes, como lo asentó la responsable, y como, en esencia, lo adujo la quejosa en su causa de pedir.
"En efecto el artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo establece que la personalidad del apoderado se podrá acreditar cuando se trate de personas físicas mediante poder notarial o carta poder firmada ante dos testigos, sin necesidad de ser ratificada ante la Junta, que cuando actúe como representante legal de una persona moral deberá exhibir testimonio notarial y cuando actúe como apoderado, podrá acreditar su personalidad mediante testimonio notarial o carta poder otorgada ante dos testigos, previa comprobación de que quien le otorga el poder está legalmente autorizado para ello; sin embargo, dicho precepto no establece ninguna disposición especial en cuanto a la forma de ejercer el mandato.
"Luego, si en la especie se cuestionó la personalidad de quienes comparecieron al juicio laboral de origen, en su carácter de apoderados del Instituto Mexicano del Seguro Social, resulta que debe atenderse, como se consideró en principio de esta ejecutoria, a la Ley Federal del Trabajo; entonces, si bien es cierto que se otorgó un poder general para pleitos y cobranzas y de representación legal en materia laboral, en términos de la legislación civil del Distrito Federal, no implica que para efectos del juicio laboral, sean aplicables diversas reglas a las que rigen el procedimiento del juicio laboral, en el que se impugnó la personalidad de quien compareció a juicio en representación del instituto demandado, aquí inconforme, toda vez que, como se vio, el artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo no exige ningún requisito para poder ejercer el mandato, esto es, no es necesario demostrar los extremos expuestos por la responsable, sino que, conforme al artículo en comento, basta que quien comparezca en representación de una persona moral compruebe fehacientemente su personalidad; es decir, que se le otorgó poder con el documento notarial o carta poder otorgada ante dos testigos, previa comprobación de que quien se lo otorga está legalmente autorizado para ello; por tanto, lo que la responsable sostuvo en contrario resulta inexacto.
"En relación con lo anterior, tiene aplicación la jurisprudencia III.1o.T. J/77 (9a.), sustentada por el Primer Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, que se comparte y publicó en el Se
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26100-c09cf507/organismos-publicos-descentralizados-para-tener-por-reconocida-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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