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Modo: Corpus Pro

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. CONDICIONES GENERALES PARA SU EJERCICIO.

Tipo de asunto: RECURSO DE RECLAMACIÓN 753/2014. · Registro digital (IUS): 26132
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2016-02-19
Promovente: —
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I , Pág. 411.

RECURSO DE RECLAMACIÓN 753/2014. 25 DE FEBRERO DE 2015. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: ARMANDO ARGÜELLES PAZ Y PUENTE.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer y resolver el presente recurso de reclamación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 104 de la Ley de Amparo vigente y 11, fracción V, en relación con el 10, fracción V, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en el punto tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se interpone en contra de un acuerdo de trámite dictado por el presidente de este Alto Tribunal.

SEGUNDO.-Oportunidad. El presente recurso fue interpuesto oportunamente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley de Amparo, pues de las constancias de autos se advierte que el acuerdo reclamado fue dictado por el presidente de este Alto Tribunal, el cuatro de agosto de dos mil catorce, y notificado personalmente al autorizado de la quejosa el viernes ocho de agosto de dos mil catorce,(9) por lo que dicha notificación surtió efectos al día siguiente hábil, es decir, el lunes once de agosto de dos mil catorce.

En este sentido, el término de tres días para la interposición del recurso previsto en el artículo 104 de la Ley de Amparo, transcurrió del día martes doce al jueves catorce de agosto de dos mil catorce. Por lo tanto, si el recurso que nos ocupa fue presentado el doce de agosto de dos mil catorce, entonces, resulta claro que su presentación es oportuna.

TERCERO.-Agravios. En su escrito de reclamación, la recurrente expresó, en síntesis, los agravios siguientes:

• En el primer agravio señala que el acuerdo que se combate es ilegal, pues contrariamente a lo sostenido en el auto combatido, en el caso, sí se satisface lo establecido por los artículos 81, fracción II, de la Ley de Amparo, 10, fracción III y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación e, incluso, se cumple con el contenido de las jurisprudencias que se invocan en el referido auto, ya que en la demanda de amparo se planteó, como primer agravio, la violación al artículo 16, párrafo quinto, de la Constitución Federal, en donde se argumentó que la detención de la quejosa fue prolongada, y que la Constitución establece que debe ser sin dilaciones injustificadas, señalando, al respecto, que el Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento, en la parte de la sentencia recurrida que al efecto transcribe, realizó una interpretación del artículo 16, párrafo quinto, de la Constitución Federal.

• En su segundo agravio manifiesta que en la demanda de amparo se hizo el planteamiento de la violación al artículo 20, apartado B, fracciones II, III y IV, de la Constitución Federal, en donde se argumentaron violaciones al debido proceso y defensa adecuada dentro de la averiguación previa, por parte del Ministerio Público, al realizar éste la constancia de derechos, en el auto de siete de octubre de dos mil doce, de donde se desprende que la quejosa, hoy recurrente, no estuvo asistida en esa diligencia por ningún defensor, ya sea público o privado, y que, contrariamente a lo argumentado por el auto recurrido, el Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento, sí realizó una interpretación del artículo mencionado, transcribiendo, al efecto, la parte de la sentencia recurrida en que se contiene.

Sostiene, además, que el presidente de este Alto Tribunal se extralimitó en sus competencias, al realizar un ejercicio de revisión sustantiva de los argumentos de la demanda de amparo o de la sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito, a fin de validar si se efectuó un estudio de constitucionalidad de una norma general o si, efectivamente, se solicitó la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal o de un derecho humano reconocido en un tratado internacional ratificado por México.

Asimismo, aduce que el presidente de este Alto Tribunal no advirtió que en la sentencia de amparo existen ciertos razonamientos de interpretación constitucional y explicó, de manera parcial, los supuestos de procedencia del recurso de revisión, incurriendo en una falta de fundamentación y motivación.

Finalmente, argumenta que el hecho de no haberse analizado en el acuerdo recurrido el estudio de convencionalidad y con perspectiva de género, hace procedente al recurso de revisión, porque de no ser así, se deja a la quejosa en estado de indefensión, violando los artículos 1o. y 4o. constitucionales, así como los artículos 2, 6 y 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, "Convención de Belém do Pará".

• En el tercer agravio sostiene que en la demanda de amparo también hizo el planteamiento de la violación a la cadena de custodia, en donde argumentó violaciones a los artículos 14 y 20 constitucionales, en lo referente a la presunción de inocencia, debido proceso y defensa adecuada dentro de la averiguación previa, y que, al estudiar el mencionado argumento, el Tribunal Colegiado de Circuito realizó una mala interpretación del artículo 3o. del Código Federal de Procedimientos Penales, como se desprende, a su juicio, de las consideraciones de la sentencia recurrida que sobre el particular transcribe.

Concluye señalando que, contrario a lo argumentado en el auto de presidencia combatido, en la sentencia recurrida el órgano colegiado sí realizó interpretaciones constitucionales y de leyes federales.

• En su cuarto agravio señaló que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no advirtió que el asunto es de trascendencia jurídica, ya que se plantean diversas violaciones constitucionales dentro de la averiguación previa.

CUARTO.-Estudio del asunto. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que el presente recurso de reclamación resulta fundado, en atención a las consideraciones siguientes:

Primeramente, debe señalarse que la materia del recurso de reclamación consiste en determinar si el recurrente, con sus agravios, logra desvirtuar las razones contenidas en la resolución impugnada para desechar por improcedente el recurso de revisión intentado.

En ese sentido, como se puede apreciar de la transcripción de la citada resolución, la razón fundamental del presidente de este Alto Tribunal, para desechar el amparo directo en revisión, radicó en que del análisis de las constancias de autos se advierte que en la demanda no se planteó concepto de violación alguno sobre la inconstitucionalidad, incluyendo inconvencionalidad, de una norma general o se solicitó la interpretación de algún precepto constitucional o tratado internacional y, en consecuencia, en el fallo impugnado no se decidió u omitió decidir sobre tales cuestiones, ni se estableció su interpretación directa, por lo que concluyó que no se surten los supuestos de procedencia que establecen los artículos 81, fracción II, de la Ley de Amparo, 10, fracción III y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para que proceda el recurso que se interpone, razón por la cual, debía desecharse.

Al respecto, debe tenerse presente que de una interpretación sistemática de los artículos 107, fracción IX,(10) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 81, fracción II,(11) de la Ley de Amparo, se llega a la conclusión de que el recurso de revisión contra resoluciones pronunciadas en amparo directo por los Tribunales Colegiados de Circuito, no admiten recurso alguno, a menos que en ella se decida:

a) Sobre la constitucionalidad de una norma general, se establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal, o se haya omitido el estudio respectivo cuando en los conceptos de violación se haya planteado una cuestión de inconstitucionalidad o la interpretación directa de un precepto constitucional; y,

b) El problema de constitucionalidad entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia, según lo disponga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento de los acuerdos generales del Pleno.

Lo anterior encuentra apoyo en las tesis de jurisprudencia números 2a./J. 64/2001 y 2a./J. 149/2007, de rubros: "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA."(12) y "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA.",(13) respectivamente, los cuales comparte esta Primera Sala y siguen siendo aplicables al presente asunto, no obstante que se rige por la nueva Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, conforme a lo establecido en su artículo sexto transitorio,(14) dado que dicha legislación mantiene en lo que interesa a este caso, los mismos términos y requisitos de procedencia del recurso de revisión en amparo directo, previstos desde la ley anterior, en concordancia con lo establecido en el artículo 107 constitucional, fracción IX.

Ahora bien, por lo que se refiere al segundo de los requisitos antes mencionados, el propio punto primero del acuerdo en cita señala que, por regla general, se entenderá que no se surten los requisitos de importancia y trascendencia cuando exista jurisprudencia sobre el problema de constitucionalidad hecho valer en la demanda de garantías, así como cuando no se hayan expresado agravios o, en su caso, éstos resulten ineficaces, inoperantes, inatendibles o insuficientes y no haya que suplir la deficiencia de la queja, o bien, en casos análogos.

Es de precisar también que la llamada "cuestión de constitucionalidad", para efectos de la procedencia del recurso de revisión en amparo directo, se surte cuando su materia versa sobre la colisión entre una ley secundaria y un tratado internacional, o la interpretación de una norma de fuente convencional, y se advierta, prima facie, que existe un derecho humano en juego, como se desprende de la jurisprudencia P./J. 22/2014 (10a.), emitida por el Tribunal Pleno, consultable bajo el rubro: "CUESTIÓN CONSTITUCIONAL. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO, SE SURTE CUANDO SU MATERIA VERSA SOBRE LA COLISIÓN ENTRE UNA LEY SECUNDARIA Y UN TRATADO INTERNACIONAL, O LA INTERPRETACIÓN DE UNA NORMA DE FUENTE CONVENCIONAL, Y SE ADVIERTA PRIMA FACIE QUE EXISTE UN DERECHO HUMANO EN JUEGO."(15)

Teniendo presente lo anterior, esta Primera Sala estima que resultan infundados, los argumentos contenidos en los agravios segundo, tercero y cuarto, sintetizados con antelación, pues no logran desvirtuar las consideraciones por las que el presidente de este Alto Tribunal, desechó el recurso de revisión interpuesto.

En efecto, por lo que hace a los argumentos de la recurrente, contenidos en el segundo agravio, en el que señala que en la demanda de amparo planteó la violación al artículo 20, apartado A, fracciones II, III y IV, de la Constitución Federal, ya que durante la fase de averiguación previa, en momento alguno, contó con la asistencia de defensor y que, al analizar dichos planteamientos el Tribunal Colegiado de Circuito, realizó una interpretación de dicho precepto, debe decirse que es infundado, en virtud de que, contrariamente a lo que sostiene, el órgano colegiado no realizó una interpretación directa del referido precepto constitucional, como se desprende de las consideraciones relativas contenidas en el considerando sexto de la sentencia recurrida, por las que estimó que el referido planteamiento era infundado, apoyando su conclusión en jurisprudencia emitida por esta Primera Sala, las cuales se sintetizan a continuación:

• Estimó que fue infundado lo aducido, en cuanto a que durante la fase de averiguación previa la quejosa, en momento alguno, contó con la asistencia de defensor, cuenta habida que de la causa penal de la que deriva el acto reclamado, se desprende que, mediante diligencia de siete de octubre de dos mil doce, el agente del Ministerio Público de la Federación hizo saber a la ahora quejosa los derechos que en su favor tutela la Constitución Federal y la ley adjetiva penal, particularmente, que tiene derecho a contar con un defensor, cargo que confirió al licenciado **********, en su carácter de defensor público federal, hasta en tanto compareciera su defensor particular, con quien, incluso, contrario a lo que se alegó, sostuvo una entrevista con dicho profesionista, en la que le explicó los alcances de su derechos, la naturaleza y causa de los hechos que se le atribuían.

• Aunado a ello, señaló que del acta en la que consta la declaración ministerial de la peticionaria del amparo, se obtiene que, de nueva cuenta, el órgano investigador le reiteró los derechos que en su favor establecen los ordenamientos apuntados, particularmente, el referente a que se le recibirían los testigos y demás pruebas que ofreciera y que se tomarían en cuenta para dictar la resolución que en derecho procediera y, en ejercicio de éstos, designó como defensora particular a la licenciada **********.

• Por tanto, -concluyó- era evidente que, contrario a lo que afirmó la quejosa, durante la fase de investigación sí contó con un defensor, incluso, sostuvo una entrevista con aquel que designó en primer término, sin que en autos del sumario penal se advierta que haya solicitado expresamente una diversa entrevista con su defensa y el representante social, haya negado o impedido su verificativo, por lo cual, concluyó que eran infundados los conceptos de violación que sobre tales aspectos se hicieron valer.

• Precisó, además, que no era obstáculo para así considerarlo, la circunstancia de que el órgano técnico federal, no haya levantado acta respecto de los términos en los que se verificó dicha entrevista, pues atento a que ésta debe realizarse en privado entre la defensa y el inculpado, es claro que la intervención del Ministerio Público queda constreñida únicamente a facilitar su desahogo, sin que tampoco le sea imputable la omisión de su práctica, en caso de no haber sido expresamente solicitada.

• Precisó, igualmente, que era cierto lo alegado, en torno a que durante la averiguación previa se practicaron varias actuaciones sin la intervención del defensor de la entonces inculpada, entre ellas, la ratificación del parte informativo por sus emisores, diligencia en el que, además, se puso a la vista de la peticionaria de amparo a los elementos captores, así como los paquetes con droga asegurados, a efecto de que éstos los identificaran. Sin embargo, -señaló- contra lo que se adujo, el hecho de que algunas diligencias de la indagatoria se verificaran sin la presencia de la defensa de la peticionaria del amparo, no transgrede en su perjuicio garantías o derechos procesales, pues en esa etapa del procedimiento, el representante social, hace constar hechos para decidir sobre una conducta propia, lo que se traduce en la potestad de ejercer la acción penal; empero, la constatación de tales eventos no afecta, por sí misma, la esfera jurídica de la inculpada y, por tanto, no tiene por qué dársele invariablemente intervención durante el desarrollo de la misma.

• El Tribunal Colegiado de Circuito apoyó las consideraciones anteriores en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 31/2004, de esta Primera Sala, publicada en la página 325, Tomo XIX, mayo de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, consultable bajo el rubro: "DEFENSA ADECUADA EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA. SU EJERCICIO NO ESTÁ SUBORDINADO A QUE EL MINISTERIO PÚBLICO TENGA QUE DESAHOGAR TODAS LAS DILIGENCIAS QUE PRACTIQUE CON LA PRESENCIA DEL INCULPADO O SU DEFENSOR (INTERPRETACIÓN DE LAS FRACCIONES IX Y X DEL ARTÍCULO 20 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL)."

De la anterior síntesis se advierte que, en lo que hace particularmente a la violación aducida del artículo 20, apartado A, fracciones II, III y IV, de la Constitución Federal, contrariamente a lo aducido, en la sentencia recurrida no existen "razonamientos de interpretación constitucional" que justifiquen, como se pretende, la procedencia del recurso intentado en cuanto hace a este punto, ya que el fallo recurrido no decidió sobre la interpretación directa del referido precepto de la Constitución Federal, o de los derechos humanos relacionados establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte, sino que resolvió las cuestiones de legalidad que le fueron planteadas, con base en las constancias de autos y con apoyo en la jurisprudencia que citó el propio órgano colegiado establecida por esta Primera Sala, sobre el tópico planteado, pero sin introducir oficiosamente -se reitera- la interpretación novedosa o propia del precepto constitucional invocado o de un derecho humano relacionado, pues adoptó, en lo conducente, al caso concreto, el referido criterio establecido por este Alto Tribunal sobre el tema, y de ahí lo infundado del agravio en estudio.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de esta Primera Sala, de rubro y texto siguientes:

"INTERPRETACIÓN DIRECTA DE NORMAS CONSTITUCIONALES. CRITERIOS POSITIVOS Y NEGATIVOS PARA SU IDENTIFICACIÓN.-En la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueden detectarse, al menos, dos criterios positivos y cuatro negativos para identificar qué debe entenderse por ‘interpretación directa’ de un precepto constitucional, a saber: en cuanto a los criterios positivos: 1) la interpretación directa de un precepto constitucional con el objeto de desentrañar, esclarecer o revelar el sentido de la norma, para lo cual puede atenderse a la voluntad del legislador o al sentido lingüístico, lógico u objetivo de las palabras, a fin de entender el auténtico significado de la normativa, y ello se logra al utilizar los métodos gramatical, analógico, histórico, lógico, sistemático, causal o teleológico. Esto implica que la sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito efectivamente debe fijar o explicar el sentido o alcance del contenido de una disposición constitucional; y, 2) la interpretación directa de normas constitucionales que por sus características especiales y el carácter supremo del órgano que las crea y modifica, además de concurrir las reglas generales de interpretación, pueden tomarse en cuenta otros aspectos de tipo histórico, político, social y económico. En cuanto a los criterios negativos: 1) no se considera interpretación directa si únicamente se hace referencia a un criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia en el que se establezca el alcance y sentido de una norma constitucional. En este caso, el Tribunal Colegiado de Circuito no realiza interpretación alguna sino que simplemente refuerza su sentencia con lo dicho por el Alto Tribunal; 2) la sola mención de un precepto constitucional en la sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito no constituye una interpretación directa; 3) no puede considerarse que hay interpretación directa si deja de aplicarse o se considera infringida una norma constitucional; y, 4) la petición en abstracto que se le formula a un Tribunal Colegiado de Circuito para que interprete algún precepto constitucional no hace procedente el recurso de revisión si dicha interpretación no se vincula a un acto reclamado."

Las consideraciones hasta aquí expuestas, en cuanto hace a los supuestos de procedencia del recurso de revisión, permiten calificar también de infundados los argumentos aducidos por la recurrente en el agravio tercero, en el que sostiene que en la demanda de amparo se hizo el planteamiento de la violación a la cadena de custodia, en donde la quejosa argumentó violaciones a los artículos 14 y 20 constitucionales, en lo referente a la presunción de inocencia, debido proceso y defensa adecuada dentro de la averiguación previa, derivadas del incumplimiento que, a su juicio, existió respecto de los requisitos procedimentales relativos, señalando en dicho agravio que, al estudiar el mencionado argumento, el Tribunal Colegiado de Circuito realizó una mala interpretación del artículo 3o. del Código Federal de Procedimientos Penales.

Lo anterior se considera así, ya que el planteamiento e interpretación que refiere constituyen tan sólo cuestiones de mera legalidad, relativas al cumplimiento de requisitos o formalidades establecidas en el ordenamiento penal adjetivo antes referido, sin que pueda desprenderse de ahí una interpretación directa de la Constitución, o de los derechos humanos reconocidos en los instrumentos internacionales de los que México sea Parte, en los términos que ya se han señalado en este fallo, pues, como se desprende de las consideraciones del Tribunal Colegiado de Circuito, en la sentencia recurrida se concluyó, con base en el análisis e interpretación de los artículos 3o. y 123 al 123 Quintus del referido ordenamiento procesal, así como de las pruebas que obran en la causa penal, que las autoridades correspondientes, no vulneraron los preceptos relativos a la cadena de custodia, como lo pretendió la quejosa, lo que a juicio de esta Primera Sala, constituye una cuestión de mera legalidad, sin que se haya introducido de oficio alguna interpretación constitucional o de un derecho humano que a juicio de esta Sala justifique la procedencia del recurso de revisión.

Igualmente, resulta infundado el argumento contenido en el segundo agravio, consistente en que el presidente de este Alto Tribunal, se extralimitó en sus competencias, al realizar un ejercicio de revisión sustantiva de los argumentos de la demanda de amparo y de la sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito, para determinar la improcedencia del recurso de revisión.

Se considera así, pues como se desprende del artículo 91 de la Ley de Amparo vigente, corresponde, entre otros, al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación calificar la procedencia del recurso de revisión, admitiéndolo o desechándolo, para lo cual debe examinar aquellos requisitos de procedencia que pueden ser advertidos de una inmediata apreciación, entre los que se encuentra la existencia de un planteamiento de inconstitucionalidad de una ley o la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal (ya sea que se haya planteado en la demanda de amparo directo o que en la sentencia a revisar se hubiera omitido su estudio o se hubiera realizado de manera oficiosa por el Tribunal Colegiado de Circuito), tal como se desprende de la jurisprudencia de la Primera Sala de este Alto Tribunal número 1a./J. 101/2010 -por identidad de razones-, con el encabezado siguiente: "AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN. REQUISITOS DE PROCEDENCIA QUE DEBEN SER REVISADOS POR EL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O DE SUS SALAS."(16) en que se apoya el auto combatido, el cual se emitió, además, con fundamento en el precepto 14, fracción II, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(17) así como en el punto segundo, fracción I, y primero transitorio del Acuerdo Número 5/1999, del Pleno de este Alto Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintidós de junio de mil novecientos noventa y nueve, que le confieren la competencia para resolver como lo hizo; y de ahí lo infundado del agravio en estudio.

En este sentido, esta Primera Sala estima que son infundados también los argumentos contenidos en el segundo agravio, en los que la recurrente aduce que el hecho de que en el acuerdo recurrido no se realizó un estudio de convencionalidad y con perspectiva de género, hace procedente al recurso de revisión, porque de no ser así, se deja a la quejosa en estado de indefensión, violando los artículos 1o. y 4o. constitucionales, así como los artículos 2, 6 y 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, "Convención de Belém do Pará".

Se considera infundado el argumento anterior, ya que si bien es cierto que en el auto recurrido no se realizó el estudio de convencionalidad que se pretende, no menos cierto es que el presidente de este Alto Tribunal, para decidir sobre la admisión o no del recurso de revisión, no se encontraba obligado a ello, si no advirtió esa necesidad, lo que no se traduce, como se afirma, en que la quejosa o los justiciables, en general, queden en estado de indefensión, por la circunstancia de que el juzgador no ejercite en un caso concreto -como aconteció en el presente asunto- su facultad de ejercer el control de constitucionalidad y convencionalidad ex officio, que le autoriza el artículo 1o., segundo párrafo, de la Constitución Federal, pues ni de este Máximo Ordenamiento, ni de los tratados internacionales en materia de derechos humanos se desprende que en las condiciones señaladas, el no ejercicio del control de constitucionalidad o convencionalidad ex officio signifique una vulneración al derecho de acceso a la justicia, que deje en estado de indefensión a los justiciables, esto es, que el pleno ejercicio de este derecho humano no exige la condición de que en todos los casos la autoridad judicial realice un control de convencionalidad, como el que se aduce en el presente asunto.

Al respecto, cabe destacar que, como lo estableció la Segunda Sala de este Alto Tribunal en la jurisprudencia 2a./J. 69/2014 (10a.), consultable bajo el encabezado: "CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD. CONDICIONES PARA SU EJERCICIO OFICIOSO POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES FEDERALES.",(18) que esta Sala comparte en lo sustancial, que aunque los tribunales, en los asuntos de su competencia, deben realizar el estudio y análisis ex officio sobre la constitucionalidad y convencionalidad de las normas aplicadas en el procedimiento, o en la resolución respectiva que en ejercicio de su función jurisdiccional deban emitir, tal obligación se actualiza únicamente cuando el órgano jurisdiccional advierta que una norma contraviene derechos humanos contenidos en la Constitución Federal o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, lo que debe entenderse en el sentido de que la autoridad judicial, debe asegurarse que se ha actualizado la necesidad de hacer ese tipo de control y, entonces, ejercerlo, pues de lo contrario, esto es, cuando el juzgador no lo estime así, en razón de que una norma no le genera sospechas de invalidez, por no parecer potencialmente violatoria de derechos humanos, debe abstenerse de ejercer ese control, a fin de evitar una carga innecesaria en la labor jurisdiccional que en nada beneficiaría al quejoso, pero que sí incidiría en la pronta y expedita administración de justicia, y de ahí lo infundado del argumento examinado.

Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis 1a. LXVII/2014 (10a.), de esta Primera Sala, de título, subtítulo y texto siguientes:

" La autoridad judicial, para ejercer el control ex officio en los términos establecidos en el expediente varios 912/2010 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe asegurarse que se ha actualizado la necesidad de hacer ese tipo de control, es decir, en cada caso debe determinar si resulta indispensable hacer una interpretación conforme en sentido amplio, una en sentido estricto o una inaplicación, lo cual ocurre cuando se está en presencia de una norma que resulta sospechosa o dudosa de cara a los parámetros de control de los derechos humanos. De este modo, cuando una norma no genera sospechas de invalidez para el juzgador, por no parecer potencialmente violatoria de derechos humanos, entonces no se hace necesario un análisis de constitucionalidad y convencionalidad exhaustivo, porque la presunción de constitucionalidad de que gozan todas las normas jurídicas no se ha puesto siquiera en entredicho. Lo anterior es así, porque como se señaló en el citado expediente varios, las normas no pierden su presunción de constitucionalidad sino hasta que el resultado del control así lo refleje, lo que implica que las normas que son controladas puedan incluso salvar su presunción de constitucionalidad mediante la interpretación conforme en sentido amplio, o en sentido estricto."(19)

Lo anterior se traduce en que en todos los casos en que el presidente de este Alto Tribunal no advierta, de oficio, la necesidad de realizar un control de constitucionalidad o convencionalidad en un caso concreto, en el que deba resolver sobre la admisión o no de un recurso de revisión en amparo directo, deberá revisar únicamente -como ya se estableció con antelación en este fallo- el cumplimiento de los requisitos de procedencia que pueden ser advertidos de una inmediata apreciación, como lo son: i) la oportunidad del recurso; ii) la existencia de un planteamiento de inconstitucionalidad de una ley o interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal (ya sea que se haya planteado en la demanda de amparo directo o que en la sentencia a revisar se hubiera omitido su estudio o se hubiera realizado de manera oficiosa por el Tribunal Colegiado de Circuito); y, iii) la falta de legitimación procesal del promovente del recurso de revisión intentado.

Finalmente, resulta igualmente infundado el argumento contenido en el cuarto agravio, en el que la recurrente se duele de que el presidente de este Alto Tribunal, no advirtió en el auto combatido que el asunto es de trascendencia jurídica, ya que se plantean diversas violaciones constitucionales dentro de la averiguación previa.

Lo anterior es así, pues como ya se ha señalado, y se desprende de la ya citada jurisprudencia 1a./J. 101/2010, de esta Primera Sala, el presidente de este Alto Tribunal, al resolver sobre la admisión o desechamiento del recurso de revisión, sólo debe ocuparse de revisar las cuestiones de inmediata apreciación, entre las que no se encuentra la importancia y trascendencia del asunto, que requieren forzosamente un estudio profundo del planteamiento rea

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26132-b4a7e2e4/control-de-constitucionalidad-y-convencionalidad-ex-officio-condiciones · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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