IMPUESTO SOBRE NÓMINAS. EL ARTÍCULO 160, FRACCIÓN II, INCISO D), DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, QUE PREVÉ LA EXENCIÓN DE SU PAGO A LAS EROGACIONES QUE EFECTÚEN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS. EL ARTÍCULO 160, FRACCIÓN II, INCISO D), DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, QUE PREVÉ LA EXENCIÓN DE SU PAGO A LAS EROGACIONES QUE EFECTÚEN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 10 DE NOVIEMBRE DE 2015. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JORGE MEZA PÉREZ Y SERGIO JAVIER COSS RAMOS. DISIDENTE Y PONENTE: JOSÉ ELÍAS GALLEGOS BENÍTEZ. ENCARGADO DEL ENGROSE: SERGIO JAVIER COSS RAMOS. SECRETARIO: EDMUNDO RAÚL GONZÁLEZ VILLAUMÉ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo; así como 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito; en virtud de que se trata de una denuncia de la posible contradicción de tesis entre las sustentadas por criterios de Tribunales Colegiados en Materia Administrativa de este Cuarto Circuito.
SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, ello toda vez que, la formuló el procurador fiscal de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, en ausencia del secretario de Finanzas y tesorero general del Estado de Nuevo León, quien figuró como parte en los amparos en revisión con expedientes números 18/2015 y 238/2014, resueltos, respectivamente, por el Primero y el Segundo Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al haber sido señalado como autoridad responsable en dichos juicios, por lo que es dable concluir que la denuncia proviene de parte legítima.
Ello de conformidad con lo previsto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo,(3) que establece que las contradicciones de tesis a que se refiere la fracción III del numeral 226 de la propia legislación,(4) podrán ser denunciadas ante los Plenos de Circuito, por el procurador general de la República, los Tribunales Colegiados contendientes y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que las motivaron.
TERCERO.-Determinación de la existencia de la contradicción de tesis. Precisado lo anterior, debe determinarse si existe la contradicción de criterios denunciada, pues constituye un presupuesto necesario para estar en posibilidad de resolver cuál es la postura que debe prevalecer como jurisprudencia.
Para ello es menester indicar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo abrogada, actual numeral 226, fracción III, estableció que para que se actualice la contradicción de tesis basta que exista oposición respecto de un mismo punto de derecho, aunque no provenga de cuestiones fácticas exactamente iguales. El criterio mencionado establece lo siguiente:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.-De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."(5)
La Suprema Corte de Justicia de la Nación definió que la existencia de la contradicción de tesis no depende de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, pues basta para estimar su existencia que los criterios jurídicos sean opuestos, debiendo ponderarse, en su caso, que la variación o diferencia en las cuestiones de hecho, que puedan existir no incidan o sean determinantes para el problema jurídico resuelto, esto es, que se trate de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifiquen la situación examinada por los órganos judiciales relativos, sino que formen parte de la historia procesal del asunto de origen.
También especificó que, si las cuestiones fácticas aun siendo parecidas influyen en las decisiones adoptadas por los órganos de amparo, ya sea porque el criterio jurídico se construya al partir de dichos elementos particulares o la legislación aplicable dé una solución distinta a cada uno de ellos, la contradicción de tesis no puede configurarse, en tanto que no puede arribarse a un criterio único ni tampoco es posible sustentar jurisprudencia por cada problema jurídico resuelto, pues ello implicaría una revisión de los juicios o recursos fallados por los Tribunales Colegiados de Circuito, ya que si bien las particularidades pueden dilucidarse, al resolver la contradicción de tesis -mediante aclaraciones-, ello es viable cuando el criterio que prevalezca sea único y aplicable a los razonamientos contradictorios de los órganos participantes.
De lo dicho se concluye que para poder determinar si existe una contradicción de tesis, debe verificarse lo siguiente:
a) Que los órganos jurisdiccionales contendientes sostengan tesis contradictorias, debiéndose entender por tesis el criterio adoptado con arbitrio judicial y a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar una determinada resolución; y,
b) Que los criterios sean discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo originan no sean iguales.
De acuerdo con lo anterior, este Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, concluye que en el caso sí existe la contradicción de tesis denunciada, de conformidad con las consideraciones que se exponen a continuación:
I. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, en sesión de once de marzo de dos mil quince, resolvió el amparo en revisión 18/2015, en el que sustancialmente se determinó que debía negarse la protección constitucional solicitada respecto al artículo 160, fracción II, inciso d), de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, por considerar que tal precepto normativo no es violatorio del principio de equidad tributaria.
Los antecedentes del caso, que dieron lugar a la ejecutoria del amparo en revisión 18/2015, se resumen en los siguientes puntos:
1. La empresa mercantil denominada **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, promovió juicio de amparo en contra del Congreso del Estado de Nuevo León y otras autoridades, de quienes reclamó, entre otros, la inconstitucionalidad del artículo 160, fracción II, incisos d) y f), de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, por considerar que la exención que previene a favor de las instituciones educativas, es contraria al principio de equidad tributaria respecto a los demás sujetos del impuesto sobre nóminas.
2. El Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado, a quien le tocó conocer del juicio, dictó resolución constitucional en la que, entre otras consideraciones, concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la quejosa respecto del artículo 160, fracción II, incisos d) y f), de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León.
3. Inconformes con la resolución constitucional, la empresa quejosa, así como el consejero jurídico de la autoridad responsable gobernador del Estado de Nuevo León, interpusieron sendos recursos de revisión.
Al resolver dicho amparo en revisión, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito determinó modificar la sentencia recurrida y, concretamente por cuanto hace al artículo 160, fracción II, incisos d) y f), de la Ley de Hacienda del Estado, que concierne a la presente contradicción de tesis, se negó el amparo a la quejosa.
Para llegar a tal conclusión, el referido Tribunal Colegiado de Circuito sintetizó el motivo de violación aducido por la quejosa en su demanda de amparo, en el sentido de que éste alegó que el artículo 160, fracción II, incisos d) y f), de la Ley de Hacienda del Estado, es violatorio del principio de equidad tributaria, al otorgar un tratamiento preferencial injustificado a personas que realizan erogaciones por concepto de remuneraciones al trabajo personal subordinado, ya que se encuentran exentas del pago del impuesto sobre nóminas, provocando la existencia de regímenes distintos respecto de iguales sujetos pasivos del impuesto.
Precisó que en relación con la garantía de equidad tributaria, consagrada en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha delimitado su contenido, al precisar que ésta radica en la igualdad ante la ley tributaria de los sujetos pasivos de un mismo gravamen; que dicho principio implica que los sujetos de una misma contribución guarden una situación de igualdad frente a la norma jurídica que establece y regula el gravamen; y que dicho principio involucra el derecho de todos los gobernados de recibir el mismo trato que el dado a quienes se ubican en similar situación de hecho, ya que se trata de igualdad ante la ley y su aplicación.
Refirió que el principio de equidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución, descansa fundamentalmente en que la igualdad ante la ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, que implica que deben recibir un trato idéntico en lo concerniente a la hipótesis de causación, acumulación de ingresos gravables, deducciones permitidas, plazos de pago, etcétera, debiendo únicamente variar las tarifas tributarias aplicables, según la capacidad económica de cada contribuyente. De ahí que la equidad tributaria significa que los sujetos de un mismo impuesto, deben guardar una situación de igualdad frente a la norma jurídica que establece y regula dicho tributo, que según ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contiene los rasgos esenciales siguientes:
a) No toda desigualdad de trato en la ley supone una infracción al artículo 31, fracción IV, de la Constitución, sino que dicha infracción la produce sólo aquella desigualdad que introduce una diferencia entre situaciones tributarias que pueden considerarse iguales y que carece de una justificación objetiva y razonable.
b) El principio de igualdad tributaria exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas, debiendo considerarse desiguales dos supuestos de hecho cuando la utilización o introducción de elementos diferenciadores sea arbitraria o carezca de fundamento racional.
c) El principio de igualdad no prohíbe al legislador ordinario cualquier desigualdad de trato, sino sólo aquellas desigualdades que resulten artificiosas o injustificadas por no venir fundadas en criterios objetivos y suficientemente razonables de acuerdo con juicios de valor generalmente aceptados y que pueden responder a finalidades económicas o sociales, razones de política fiscal o incluso extrafiscales.
d) Para que la diferenciación tributaria resulte constitucionalmente lícita, no basta con que lo sea el fin que con ella se persigue, sino que, además, es indispensable que las consecuencias jurídicas que resulten de tal disposición sean adecuadas y proporcionadas a dicho fin, de manera que la relación entre la medida adoptada, el resultado que se produce y el fin pretendido por el legislador, supere un juicio de equilibrio en sede constitucional.
Así, concluyó que la equidad tributaria significa que los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situación de igualdad frente a la norma jurídica que lo establece y regula, por lo que han de recibir el mismo trato en lo referente a dicho impuesto, resultando por consiguiente que, aunado al principio de proporcionalidad tributaria, en virtud del cual los impuestos deben ajustarse a la capacidad económica de quienes están obligados a pagarlos, la justicia tributaria consagrada en la Constitución, fija su razón de ser en las posibilidades económicas de cada contribuyente, debiéndose tratar por consiguiente igual a iguales condiciones de capacidad económica y, contrariamente, desigual a condiciones disímiles.
Sustentó lo anterior, en las tesis emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "EQUIDAD TRIBUTARIA. SUS ELEMENTOS.", "EQUIDAD TRIBUTARIA. IMPLICA QUE LAS NORMAS NO DEN UN TRATO DIVERSO A SITUACIONES ANÁLOGAS O UNO IGUAL A PERSONAS QUE ESTÁN EN SITUACIONES DISPARES.", "IMPUESTOS. PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA PREVISTO POR EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL." e "IMPUESTOS, PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD DE LOS."
Aunado a lo anterior, el tribunal estableció con motivo de las exenciones que el numeral impugnado prevé a favor de las instituciones educativas y de las asociaciones religiosas, que debía señalarse que toda exención, como forma de liberación a través del cumplimiento de ciertas reglas, requisitos o características previstos en ley, jurídicamente ha sido entendida como un medio para establecer criterios de justicia social y satisfacer otras finalidades tuteladas constitucionalmente o derivadas de índole económico, político y social que se consideren de ineludible cumplimiento; esto es, deben fundarse en valores y principios diversos a los que tradicionalmente justifican el gravamen, pues su existencia sobrepasa el objetivo recaudatorio para el sostenimiento del gasto público.
En apoyo a tal razonamiento se citó la jurisprudencia 1a./J. 97/2006, publicada en la página 231, Tomo XXV, enero de 2007, Novena Época, de la Primera Sala, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"EQUIDAD TRIBUTARIA. CUANDO SE RECLAMA LA EXISTENCIA DE UN TRATO DIFERENCIADO RESPECTO DE DISPOSICIONES LEGALES QUE NO CORRESPONDEN AL ÁMBITO ESPECÍFICO DE APLICACIÓN DE AQUEL PRINCIPIO, LOS ARGUMENTOS RELATIVOS DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LA GARANTÍA DE IGUALDAD.-La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé diferentes facetas de la igualdad y se refiere a ella tanto en un plano general como en el contexto de un ámbito material específico, sin establecer casos de excepción en su aplicación. Así, el artículo 31, fracción IV, constitucional proyecta las exigencias del principio de igualdad sobre el ámbito impositivo, es decir, la garantía de equidad tributaria es la manifestación del principio de igualdad en materia fiscal, por lo que no tiene menor o mayor valor que la igualdad garantizada en otros preceptos constitucionales. Por otra parte, debe tenerse presente que este Alto Tribunal ha delimitado el contenido de la garantía de equidad tributaria, precisando que ésta radica en la igualdad ante la misma ley tributaria de los sujetos pasivos de un mismo gravamen. En ese sentido, tratándose de disposiciones legales que no corresponden al ámbito específico de aplicación de la garantía de equidad tributaria -es decir, que no se refieren a contribuciones, exenciones o a la delimitación de obligaciones materialmente recaudatorias, así como en los casos de normas que tengan repercusión fiscal y sean emitidas por el Poder Ejecutivo- los argumentos que reclaman la existencia de un trato diferenciado o discriminatorio entre dos personas o grupos deben analizarse en el contexto más amplio, esto es, a la luz de la garantía de igualdad."
Así como la tesis de jurisprudencia P./J. 42/97, publicada en la página 36, Tomo V, junio de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:
"EQUIDAD TRIBUTARIA. IMPLICA QUE LAS NORMAS NO DEN UN TRATO DIVERSO A SITUACIONES ANÁLOGAS O UNO IGUAL A PERSONAS QUE ESTÁN EN SITUACIONES DISPARES.-El texto constitucional establece que todos los hombres son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social; en relación con la materia tributaria, consigna expresamente el principio de equidad para que, con carácter general, los Poderes públicos tengan en cuenta que los particulares que se encuentren en la misma situación deben ser tratados igualmente, sin privilegio ni favor. Conforme a estas bases, el principio de equidad se configura como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico, lo que significa que ha de servir de criterio básico de la producción normativa y de su posterior interpretación y aplicación. La conservación de este principio; sin embargo, no supone que todos los hombres sean iguales, con un patrimonio y necesidades semejantes, ya que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos acepta y protege la propiedad privada, la libertad económica, el derecho a la herencia y otros derechos patrimoniales, de donde se reconoce implícitamente la existencia de desigualdades materiales y económicas. El valor superior que persigue este principio consiste, entonces, en evitar que existan normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicación la ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas, o bien, propiciar efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares, lo que se traduce en desigualdad jurídica."
Luego, del análisis del artículo 160, fracción II, de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, el tribunal revisor advirtió que el legislador local estableció que no son objeto del pago del tributo controvertido las contraprestaciones pagadas, entre otras, por instituciones educativas y por asociaciones religiosas, a diferencia del régimen que en ese aspecto rige para la generalidad de los contribuyentes con actividades meramente empresariales, como la quejosa.
En ese tenor, determinó que dicho tratamiento especial no puede considerarse violatorio del principio de equidad tributaria, porque las instituciones a que hacen alusión las exenciones en comento, forman parte de un grupo de contribuyentes con características peculiares que justifican su trato desigual en la ley, debido a las actividades que realizan, puesto que esa exención se formula atendiendo a categorías abstractas de sujetos colocados en situaciones objetivamente distintas que, por razón de orden social, como en el caso de las asociaciones religiosas, y por razones de orden social, científico y/o cultural como es el caso de las instituciones educativas, que facultan al legislador para dar un trato desigual en atención a circunstancias objetivas relacionadas con las actividades que desarrollan, que ameritan un tratamiento fiscal distinto, no obstante que dichos sujetos realicen pagos por concepto de remuneraciones al trabajo personal prestado bajo la subordinación de éstos.
Así, refirió que, a diferencia de los demás contribuyentes del impuesto, las instituciones y personas morales a que se refiere la exención, prestan sus servicios que, por sus características difieren sustancialmente de las actividades meramente empresariales que realiza la parte quejosa.
Por tanto, si el establecimiento de un tributo sobre la capacidad contributiva revelada a través de las erogaciones que constituyen el hecho imponible del impuesto sobre nóminas, puede afectar el desarrollo de la actividad realizada por tales sectores de la sociedad, en la medida en que se disminuye su patrimonio adquirido por distintas vías de financiamiento permitidas por la ley, pero distintas de su actividad preponderante, es inconcuso que, se ubican en una situación objetivamente distinta que amerita un tratamiento fiscal distinto, no obstante que tales sujetos realizan pagos por conceptos de remuneraciones al trabajo personal prestado bajo subordinación.
Precisó que comparte el criterio sustentado en la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, publicada en la página 2377, Tomo XXII, octubre de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"IMPUESTO SOBRE NÓMINAS. EL ARTÍCULO 160, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, AL EXENTAR DEL PAGO DEL TRIBUTO A DIVERSAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.-El legislador local en el artículo 160, fracción II, de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, hace referencia a que no serán objeto del pago del tributo controvertido las contraprestaciones pagadas por el Estado y los Municipios, las instituciones sin fines de lucro, cámaras de comercio, industria, agricultura, ganadería, pesca o propietarios de bienes raíces, sindicatos obreros, asociaciones patronales y colegios profesionales, así como los organismos que los agrupen; instituciones educativas, clubes de servicio a la comunidad y asociaciones religiosas a diferencia del régimen que en ese aspecto rige para los demás contribuyentes; dicho tratamiento especial, es acorde al principio constitucional de equidad tributaria porque vincula a todas aquellas personas físicas y morales que están incluidas dentro de dicho sistema; y además de que tales personas forman parte de un grupo de contribuyentes con características tan peculiares que se consideran suficientes para justificar el trato desigual existente en la ley; motivos por los cuales se considera que ello no convierte a la ley en privativa, dado que los preceptos son de aplicación general, abstracta e impersonal, para aquellos sujetos que se encuentren dentro del supuesto legal, sin contraerse a un caso concreto y determinado y sin que estas disposiciones se apliquen a una persona particular o una empresa en lo individual; así pues, los causantes señalados en el numeral referido, son sujetos exentos del impuesto sobre nóminas porque dichos entes realizan actividades por una parte, dedicadas al sector primario y fueron declarados exentos con el fin de incentivar su producción y auge para el desarrollo económico nacional, y por otra, su actividad no tiene fines de lucro; es decir, se estimó conveniente considerarlas por razones de orden económico (agrícolas, pecuarias, etcétera, o de personas físicas o morales que no tienen fines de lucro), de orden social (actividades educativas y asociaciones religiosas), o de orden político o público (Estado y Municipios). Por tanto, el numeral en comento no genera trato inequitativo, ya que los sujetos exentos del pago del impuesto sobre nóminas, no se encuentran en un plano de igualdad frente a la norma, en relación con los sujetos que no están exentos, debido a las actividades que realizan, puesto que esa exención se formula atendiendo a categorías abstractas de sujetos colocados en situaciones objetivamente distintas que, por razón de orden económico y social, ameritan un tratamiento fiscal distinto, no obstante que dichos sujetos realizan pagos por concepto de remuneraciones al trabajo personal prestado bajo la subordinación de éstos."
En esa tesitura, afirmó que el artículo 160, fracción II, incisos d) y f), de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, no genera trato desigual o inequitativo que transgreda el artículo 31, fracción IV, de la Constitución, ya que los sujetos exentos del pago del impuesto sobre nóminas no se encuentran en un plano de igualdad frente a la norma en relación con los diversos sujetos que no están exentos, debido a las actividades que realizan, siendo que la exención se formula en atención a categorías abstractas de sujetos colocados en situaciones objetivamente diferentes, que ameritan un tratamiento fiscal distinto.
II. Por otro lado, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver el amparo en revisión 238/2014, en sesión de dos de octubre de dos mil catorce, resolvió que el artículo 160, fracción II, inciso d), de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, es contrario al principio de equidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, constitucional, en cuanto el incremento del uno por ciento en la tasa del impuesto sobre nóminas no tiene justificación objetiva para dar un trato de exención a favor de instituciones educativas.
Los antecedentes del caso se resumen en los siguientes puntos:
1. La empresa mercantil denominada **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, y otras, promovieron juicio de amparo en contra del Congreso del Estado de Nuevo León y otras autoridades, de quienes reclamaron, entre otros, la inconstitucionalidad del artículo 160, fracción II, inciso d), de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León.
2. El Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado, a quien le tocó conocer del juicio, dictó resolución constitucional en la que, entre otras consideraciones, determinó procedente decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo respecto al artículo 160, fracción II, inciso d), tildado de inconstitucional por las empresas quejosas, al razonar que el aumento en la tasa del impuesto sobre nóminas no incidió en la mecánica tributaria y que, por ello, la modificación de la tasa no permitía controvertir la totalidad de los preceptos normativos que contienen los elementos del impuesto.
3. Inconforme con la resolución constitucional, la parte quejosa interpuso recurso de revisión.
Al resolver dicho amparo en revisión, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito determinó, en lo que aquí concierne, modificar la sentencia recurrida en cuanto a la procedencia del juicio de amparo promovido en contra del artículo 160, fracción II, inciso d), de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León y, al asumir jurisdicción al respecto, examinó su constitucionalidad para concluir que es contrario al principio de equidad tributaria, de acuerdo a las siguientes consideraciones:
En esencia, se determinó que le asistía la razón a la parte quejosa en cuanto alegaba que el artículo 160, fracción II, inciso d), de la Ley de Hacienda del Estado, otorga un trato preferencial a personas que realizan erogaciones por concepto de remuneraciones al trabajo personal subordinado, que no está justificado (exención), pues el objeto del impuesto atiende a la capacidad contributiva del sujeto pasivo en la medida en que grava erogaciones para cubrir las remuneraciones pagadas por la prestación de un servicio personal subordinado, con independencia de sus aspectos personales o subjetivos, y tanto las personas físicas, morales o unidades económicas como las instituciones educativas, realizan el pago de ese tipo de remuneraciones, por lo que se encuentran en una situación comparable, s
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26147-0a0ddd12/impuesto-sobre-nominas-el-articulo-160-fraccion-ii · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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