SALARIOS CAÍDOS. LA REFORMA AL ARTÍCULO 48, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2012, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD NI ES VIOLATORIA DE DERECHOS HUMANOS. PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI LA LIMITACIÓN AL EJERCICIO DE UN DERECHO HUMANO DERIVA EN LA VIOLACIÓN DE AQUEL PRINCIPIO.
SALARIOS CAÍDOS. LA REFORMA AL ARTÍCULO 48, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2012, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD NI ES VIOLATORIA DE DERECHOS HUMANOS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 291/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO SEXTO DEL PRIMER CIRCUITO Y PRIMERO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO, Y PRIMERO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO. 20 DE ENERO DE 2016. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS EDUARDO MEDINA MORA I., JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. DISIDENTES: JAVIER LAYNEZ POTISEK Y MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIA: TERESA SÁNCHEZ MEDELLÍN.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con los puntos primero y segundo, fracción VII, del Acuerdo General Número 5/2013, del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diferente circuito, en un tema que corresponde a la materia laboral, en la que se encuentra especializada esta Sala.
SEGUNDO.-La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima conforme a lo establecido en el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por el presidente del Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que dictó una de las resoluciones que participan en la presente contradicción.
TERCERO.-Criterios contendientes. A fin de establecer si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente analizar los antecedentes y consideraciones esenciales que sustentan las ejecutorias de las que provienen los criterios materia de contradicción.
El Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo **********, en sesión de dieciocho de septiembre de dos mil quince, en la parte que interesa consideró:
"SEXTO.-Estudio. Son infundados por una parte y fundados por otra los conceptos de violación hechos valer por **********, aunque para ello haya que suplir la deficiencia de la queja.
"...
"Resultan fundados los expresados conceptos de violación.
"El tema a dilucidar es si la reforma al artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo vigente, al limitar el pago de los salarios vencidos por despido injustificado, transgrede los principios que tutelan los numerales 1o. y 123 constitucionales.
"...
"De acuerdo a la definición de nuestro Máximo Tribunal, el principio de progresividad es indispensable para consolidar la garantía de protección de la dignidad humana, porque la observancia a dicho principio impide, por un lado, la interpretación restrictiva de las normas de derechos humanos y la regresión respecto de su sentido y alcance de protección y, por otro lado, favorece la evolución de dichas normas para ampliar su alcance de protección; este principio debe observarse en las leyes, políticas públicas, decisiones judiciales y en general, en toda conducta estatal que afecte derechos.
"El principio de progresividad se comparte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en los artículos 26 y 29.(1)
"El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales también sustenta este principio de progresividad.(2)
"...
"En suma, resulta fundamental retomar el lineamiento de nuestro Máximo Tribunal contenido en varias de sus jurisprudencias, en el sentido de que debe atenderse a la situación real y los hechos notorios que operan en distintos procesos sociales, en este caso, en el espacio de la interpretación de las normas de trabajo y en específico, las consecuencias del despido injustificado para efecto del goce de los salarios vencidos durante el proceso laboral.
"...
"Debe subrayarse la importancia del claro juicio de nuestro Máximo Tribunal, al formular un diagnóstico sobre el desenvolvimiento fáctico de la norma, distinguiendo el plazo legal del tiempo real en el que concluyen los juicios. Y apoyado en esta visión, señala que la interpretación encuentra justificación, en virtud de que el patrón alargaba innecesariamente los juicios, al no verse obligado a cubrir los salarios vencidos después de concluido el plazo formal.
"...
"Sin embargo, en el año dos mil doce se dio un sensible viraje en la materia, sin que se formulara un diagnóstico que acreditara la necesidad de un cambio de rumbo en la materia, sin una justificación económica o social que arrojara una interpretación distinta de los principios que habían sustentado nuestra legislación social y laboral, admitiendo expresamente la existencia de una indebida práctica de prolongar artificialmente la duración de los procedimientos laborales, se transitó por una vía totalmente en sentido contrario, partiendo implícitamente de la indebida consideración de que dicha prolongación artificial era imputable a los trabajadores y, por ello, se les imponía la carga de que deberían dejar de percibir aproximadamente uno o dos tercios de sus salarios, según se calcule, a partir del segundo año de juicio. Ello contraviene claramente el carácter protector de nuestra Constitución y los principios y criterios con los cuales debe ser interpretada ésta.
"...
"La justificación de la reforma laboral de treinta de noviembre de dos mil doce, en cuanto al tema de limitar el pago de los salarios vencidos estribó en combatir la duración excesiva de los juicios y así conservar las fuentes de empleo, pues se dijo:
"... Establecer un límite a la generación de salarios vencidos para combatir la indebida práctica de prolongar artificialmente la duración de los procedimientos laborales. Se prevé que se generarán solamente entre la fecha del despido y hasta por un periodo máximo de doce meses. Una vez concluido este periodo, si el juicio aún no se ha resuelto, se generaría solamente un interés.
"Con esta fórmula, se estima que se preserva el carácter indemnizatorio de los salarios vencidos y también se atiende la necesidad de conservar las fuentes de empleo, a la par de que se contribuye a la disminución -de manera sustancial- de los tiempos procesales para resolver los juicios.
"...
"El numeral 48 de la legislación laboral en cita, al establecer que, por concepto de salarios vencidos o caídos sólo se pagará al trabajador injustificadamente despedido un monto máximo de doce meses de salarios en el primer año y un tercio aproximado en los subsecuentes, atenta contra los principios de progresividad, justicia y equilibrio social y derecho al mínimo vital, consagrados en los artículos 1o., 3o., 4o., 6o., 13, 14, 16, 17, 27, 31 y 123 de la Carta Magna, el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 21.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pues con tal determinación se hace pagar al trabajador el costo de la tardanza de la resolución de los juicios, lo cual es imputable en todo caso, al Estado.
"...
"Atendiendo a la interpretación que hizo el Máximo Tribunal en cuanto a que el párrafo segundo del artículo 48 de la ley laboral de mil novecientos setenta, no violaba el numeral 123, apartado A, fracción XXII, de la Constitución, pues no contradecía su contenido, ni sus postulados y menos aún los excedía, la reforma a ese párrafo segundo del numeral en comento a partir del treinta de noviembre de dos mil doce, viola el principio de progresividad establecido en el artículo 1o. de la Carta Magna, en tanto constituye una regresión al impedir al trabajador que perciba el pago íntegro de los salarios caídos hasta el cumplimiento del fallo, pues le impide con ello el goce de una vida digna.
"...
"Aún más, el pago íntegro de los salarios caídos, limitado a doce meses, y establecido en el segundo párrafo del artículo 48 actual, es un acto discriminatorio al atribuirle al trabajador despedido injustificadamente, un salario desigual frente a otros trabajadores, pues por esa cualidad, despedido injustificadamente, no podrá obtener el ciento por ciento de los salarios que le corresponderían, por una conducta imputable al patrón, pues la indemnización que se le cubra no resarce de manera plena el daño causado.
"De estimar el empleador que pagó en exceso los salarios caídos, dada la lentitud del juicio laboral, en todo caso debe demandar al Estado la reparación del daño, quien conforme al artículo 1o. de la Carta Magna, es quien está obligado a reparar las violaciones a los derechos humanos, mas no hacerse pagar al trabajador o trabajadora, la parte débil, el retraso o lentitud de la resolución.
"Así, el hecho de que se establezca un límite para el pago de los salarios caídos, a juicio de este Tribunal Colegiado, es violatorio de los derechos humanos de la trabajadora accionante, por los siguientes motivos:
"A) El legislador federal tiene la obligación de apegarse a los principios de progresividad, justicia y equilibrio social, y el derecho al mínimo vital, establecidos en los artículos 1o. y 123 de la Constitución, 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2.1. del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, para el pago de los salarios vencidos a que tienen derecho los trabajadores con motivo del despido injustificado.
"...
"La medida legislativa no es razonable ni proporcional, en tanto que:
"No es idónea. La medida legislativa que limita el pago de salarios caídos no es adecuada para alcanzar los fines pretendidos:
"a) No se logra evitar que los juicios laborales se prolonguen, pues los procedimientos se extienden por razones distintas a la representación obrera que es a quien implícitamente se imputa dicha tardanza. Ello es así, puesto que el reducir el pago de los salarios vencidos de manera sustancial a partir del segundo año es con cargo al trabajador.
"...
"b) Es infundado el argumento sostenido en la exposición de motivos en el sentido de que limitar el pago de los salarios vencidos, protege de la quiebra a las fuentes de trabajo, pues no existe evidencia empírica que acredite esta afirmación, y tampoco que cancelando esta protección traiga como consecuencia necesaria la generación de más empleos.
"...
"No es proporcional la disposición legislativa, en virtud de que no se acredita la relación entre la medida y las consecuencias supuestamente benéficas que las sustentan. En esencia se trata de afirmaciones infundadas. Basta revisar los argumentos que sostienen esta tesis de que tal limitación a este derecho encuentra correspondencia con sus beneficios para confirmar que cada uno de los argumentos no se corroboran con la realidad sino que se limitan a ser pretensiones en el ámbito del deseo y no de la comprobación.
"La medida contraviene directamente la fracción XXII del apartado A del 123 constitucional,(3) mismo que señala que en caso de despido el trabajador podrá optar por el cumplimiento del contrato o la indemnización. La contradicción se hace evidente, ya que el pago de los salarios caídos es una consecuencia del cumplimiento del contrato.
"...
"Así las cosas, al haber resultado fundado el concepto de violación analizado, la autoridad para efectos del pago de los salarios caídos, no deberá aplicar a la quejosa lo dispuesto en el artículo 48 del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de noviembre de dos mil doce, debiendo estarse a lo dispuesto en el citado numeral antes de la reforma mencionada.
"Cobra aplicación al respecto, la jurisprudencia que a la letra señala:
"‘AMPARO DIRECTO CONTRA LEYES. ALCANCE DE LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA POR LA APLICACIÓN DE UNA NORMA ESTIMADA INCONSTITUCIONAL.’ (se transcribe)
"En las apuntadas condiciones, ha lugar a conceder el amparo para que la autoridad, siguiendo los lineamientos de la presente ejecutoria:
"...
"b) No aplique lo dispuesto en el artículo 48 reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de treinta de noviembre de dos mil doce y, por tanto, condene al pago de los salarios caídos hasta que se dé cumplimiento al fallo y con base en el salario percibido por la accionante. ..."
CUARTO.-El Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, al resolver el amparo directo **********, en sesión de tres de abril de dos mil catorce, esencialmente sostuvo:
"SÉPTIMO.- ... Por otra parte, es infundado lo que asevera la quejosa, en relación a que el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo -reformado mediante decreto publicado el treinta de noviembre de dos mil doce, en el Diario Oficial de la Federación-, contraviene los diversos (sic) 123, apartados A, fracción XXII y B, fracción IX, de la Carta Magna; habida cuenta que (aduce) aquél prevé un lapso doce meses para el pago de salarios caídos, cuando ésta no establece ningún límite; a más de que los juicios laborales pueden durar hasta siete u ocho años, por lo que son una consecuencia de la sanción que se impone al patrón por haber despedido injustificadamente al operario, por lo que dicha reforma atenta contra el derecho a la estabilidad en el empleo, aunado a que es regresiva en oposición al principio pro homine previsto en el normativo 1o. de la Ley Suprema del País, citando en apoyo de sus consideraciones la tesis de rubro: ‘SALARIOS CAÍDOS. LOS ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XIV Y 52 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, AL ESTABLECER QUE SU PAGO NO EXCEDERÁ DEL IMPORTE DE 6 MESES, CONTRAVIENEN LOS ARTÍCULOS 123, APARTADO B, FRACCIÓN IX, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA Y 43, FRACCIÓN III, DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO.’
"Es así, porque el artículo 123 constitucional, en lo que interesa, dice:
"‘Artículo 123.’ (se transcribe)
"De lo anterior se desprende que un trabajador que sea separado por el patrón sin causa justificada, tiene derecho a ser reinstalado u obtener una indemnización por el importe de tres meses de salario. Es decir, reconoce un derecho genérico a la reinstalación, pero no precisa qué prestaciones deben cubrirse al trabajador que haya sido separado injustificadamente de su trabajo, por lo que deja libertad a los legisladores de cada Estado para prever el tipo de prestación que se otorgará en estos casos. Por ende, si el artículo 123 constitucional no establece los conceptos que deben pagarse al trabajador cuando la acción haya sido la reinstalación y se haya demostrado el despido injustificado, es claro que esa cuestión se reservó a la legislación secundaria, pues el Congreso de la Unión tiene potestad para dictar las leyes sobre el trabajo sin contravenir las bases establecidas en el mismo; por tanto, éste puede determinar cuáles rubros deben cubrirse al operario que haya sido separado de ese modo, con la única limitación de no contravenir las bases establecidas en el mismo.
"En consecuencia, no puede considerarse que el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo se oponga a lo previsto en el diverso 123, apartados A, fracción XXII, y B, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que éstos no establecen el derecho de salarios caídos por todo el tiempo que dure el juicio o hasta que se dé cumplimento al laudo respectivo, sino únicamente que los trabajadores que sean separados injustificadamente puedan optar por la reinstalación o la indemnización.
"Por ello, el legislador federal en ejercicio de su libertad configurativa del derecho a la reinstalación, determinó que cuando la autoridad laboral califique de injusto el despido del trabajador será reinstalado inmediatamente en su puesto, pagándosele los salarios caídos computados desde la fecha de ese suceso hasta por un periodo máximo de doce meses, así como el pago de un interés a razón del dos por ciento mensual sobre el importe de quince meses de salario -en caso de que el juicio no se resuelva en ese plazo o no se cumpla con el laudo-.
"De ahí que, si el Congreso de la Unión tiene la potestad para establecer las prestaciones a que tendrán derecho los empleados que hayan sido separados sin motivo justificado, es claro que también está en aptitud de precisar que los salarios vencidos es uno de los conceptos que la conforman.
"Ahora bien, es menester analizar si la norma que delimita los salarios caídos en caso de reinstalación es razonable, en términos de la posible afectación que tenga respecto de los derechos de los trabajadores despedidos sin justificación.
"En efecto, el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo (reformado) dice:
"‘Artículo 48.’ (se transcribe)
"De dicho normativo se colige que, en caso de que un trabajador sea despedido sin justificación, la patronal tiene la obligación de reinstalarlo inmediatamente en su puesto, más el pago correspondiente a los salarios caídos, los cuales deberán ser ‘computados desde la fecha del despido hasta por un periodo máximo de doce meses’. De igual modo, prevé que una vez concluido este periodo, si el juicio aún no se ha resuelto o no se ha cumplido con el laudo se generará únicamente un interés a razón del dos por ciento mensual sobre el importe de quince meses de salario capitalizable al momento del pago.
"Por ende, ello no puede traducirse en una transgresión al derecho a la estabilidad en el empleo -como erróneamente lo alega la impetrante-, porque el citado precepto legal establece dos acciones que puede ejercer el trabajador en contra del patrón, en caso de que sea separado de sus labores sin causa justificada (su reinstalación o la indemnización por el importe de tres meses de salario).
"En efecto, el Congreso de la Unión determinó que si un operario es despedido injustificadamente y demanda su reinstalación en el empleo, tiene tanto ese derecho como a que se le cubran los salarios caídos, computados desde la fecha del despido hasta por un periodo máximo de doce meses y una vez concluido ese lapso sin que el juicio se resuelva o no se cumpla con laudo, se generaría sólo un interés.
"En congruencia con lo anterior, el hecho que se haya establecido un límite de doce meses al pago del rubro en comento, a partir de la fecha del despido -cuando la misma norma general, pero vigente hasta el treinta de noviembre de dos mil doce, establecía que éstos tenían que pagarse desde la fecha del despido hasta que se cumplimente el laudo-, no es violatorio de los derechos humanos de los trabajadores, por las siguientes razones:
"a) El Congreso de la Unión tiene la facultad de expedir las leyes que estime pertinentes para regir las relaciones de trabajo, siempre y cuando no resulten contrarias a lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"b) El legislador federal tiene potestad para establecer cuáles conceptos integrarán la indemnización que en sentido amplio -como sanción para el patrón- tienen derecho los trabajadores con motivo del despido injustificado.
"En ese contexto, contrariamente a lo esgrimido por la discrepante, no puede considerarse que la norma controvertida vulnere sus derechos fundamentales, dado que sólo delimita de manera concreta cuáles son las prestaciones que integran la indemnización en sentido amplio a que debe condenarse al patrón como sanción por la separación injustificada del trabajador; a más de que en la norma constitucional no se establece ningún lineamiento mínimo sobre el pago de salarios caídos.
"Además, la medida legislativa tildada de inconstitucional es razonable y proporcional, dado que cumple con los requisitos siguientes:
"...
"De ahí que el establecimiento del pago de los salarios vencidos computados desde la fecha del despido hasta por un periodo máximo de doce meses, busca eliminar la prolongación injustificada de los juicios laborales, para equilibrar los factores de la producción y el trabajo, en la medida que busca tutelar el derecho de los operarios a ser indemnizados -en sentido amplio por haber sido separados injustificadamente de la fuente de trabajo- armonizándolo con el legítimo interés de los patrones para encontrar mecanismos que favorezcan la competitividad y la productividad, en especial de la micro, pequeña y mediana empresas, para que no se dañen sus economías cuando sean condenadas a salarios caídos excesivos derivados de la práctica de prolongar artificialmente la duración del procedimiento laboral.
"III. Además, el pago de los salarios vencidos por doce meses, así como del interés a razón del dos por ciento mensual sobre el importe de quince meses de salario -en caso de que el juicio no se resuelva en ese plazo o no se cumpla con el laudo-, constituye el importe de los daños y perjuicios que legalmente debe cubrir el patrón, como una consecuencia ineludible de la responsabilidad en que incurre si se demuestra lo injustificado del despido.
"...
"Ahora bien, el tiempo en que se cubrirán los salarios caídos cuando se ejerza la acción de reinstalación está dentro del margen de apreciación del legislador federal; ya que no previó para su integración un parámetro inferior al único lineamiento constitucional -previsto en la fracción XXII del apartado A del artículo 123-, sino que es superior, a pesar de establecer un límite al monto que puede pagarse por salarios caídos a un operario; por tanto, la medida no es la menos restrictiva, atendiendo a que podría haberse fijado únicamente el derecho a la reinstalación o salarios caídos en una cantidad inferior a la contenida en el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo vigente.
"...
"Conforme a la norma estudiada, uno de los elementos que integra la acción otorgada a los trabajadores despedidos injustificadamente es el pago de salarios caídos, computados desde la fecha del despido hasta por un periodo máximo de doce meses, así como el pago de un interés a razón del dos por ciento mensual sobre el importe de quince meses de salario -en caso de que el juicio no se resuelva en ese plazo o no se cumpla con el laudo-.
"Los salarios caídos o vencidos y el pago de intereses previstos en el artículo 48 que se tilda de inconstitucional, equivalen a la indemnización en sentido amplio -como sanción para el patrón por haber separado injustificadamente al trabajador de la fuente de trabajo-.
"En efecto, es razonable y proporcional que el legislador federal hubiera limitado el pago de los salarios vencidos a doce meses, así como el pago de un interés a razón del dos por ciento mensual sobre el importe de quince meses de salario -en caso de que el juicio no se resuelva en ese plazo o no se cumpla con el laudo-, ya que en materia de términos y plazos, el juicio ordinario laboral se desarrolla de la siguiente manera:
"...
"De lo anterior se colige que, una de las característica esenciales del juicio ordinario laboral reformado mediante decreto publicado el treinta de noviembre de dos mil doce, en el Diario Oficial de la Federación, no sólo es su sencillez, sino también la prontitud con la cual se tienen que desarrollar cada una de sus etapas, en las cuales algunos de los actos se desenvuelven en forma inmediata; terminología empleada por la ley para referirse a la contigüidad o cercanía de tales actos en el tiempo, lo que aunado al hecho de que la unidad temporal más grande que utiliza la norma para graduar el procedimiento es el ‘día’, evidencia que la intención del legislador es que los juicios laborales se tramiten y se resuelvan de forma expedita.
"Por ende, resulta razonable que el procedimiento en estudio, concluya en un plazo de doce meses; por lo que no es desproporcionado el referido límite fijado por el legislador federal en cuanto al pago de los salarios caídos, porque no se producen efectos desmesurados en relación con el derecho de obtener su reinstalación en caso de despido injustificado y la indemnización en sentido amplio (como sanción para el patrón por haber separado injustificadamente al trabajador de la fuente de trabajo).
"...
"En otro aspecto, a discrepancia de lo que asevera la quejosa, no es verdad que el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo (reformado), atente contra el principio de progresividad a que alude el ordinal 1o. de la Ley Suprema del País; ya que ese postulado está vinculado con el normativo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prevé que los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados. De tal suerte que una vez ingresado un derecho humano al sistema jurídico interno se arriba a un estadio que no puede ser desconocido ni retrogradado en el futuro.
"Así, ello supone una tendencia hacia la extensión de los derechos humanos, pero tales principios -de progresividad y no regresividad- no tienen el alcance pretendido por la quejosa, es decir, que el legislador secundario tenga prohibido modificar una ley que regule las relaciones entre particulares -en la especie entre obreros y patrones-.
"Se sostiene lo anterior, porque si bien es cierto que el numeral 48 de la ley obrera (anterior), establecía el pago de los salarios vencidos desde la fecha del despido hasta que se cumplimente el laudo; mientras que en el actual prevé que ese rubro debe computarse desde la data del despido hasta por un periodo máximo de doce meses, así como el pago de un interés a razón del dos por ciento mensual sobre el importe de quince meses de salario -en caso de que el juicio no se resuelva en ese plazo o no se cumpla con el laudo-; también lo es que dicha modificación no atenta contra el principio de progresividad previsto en el artículo 1o. constitucional, pues con ello no se está desconociendo ni retrogradando derecho humano alguno reconocido en la Constitución Federal; ya que la acción por despido injustificado continúa siendo tutelada en la Ley Federal del Trabajo, a través de la reinstalación o la indemnización por el importe de tres meses, a elección del trabajador; además, la indemnización en sentido amplio (como sanción para el patrón por haber separado injustificadamente al trabajador de la fuente de trabajo) se preveía tanto en el texto reformado como en el vigente. Es decir, antes estaba compuesta por el pago de salarios caídos desde el despido injustificado hasta el cumplimiento del laudo y ahora se integra por los salarios caídos limitados hasta por un periodo máximo de doce meses y al pago de intereses que se generen sobre el importe de quince meses de salario a razón del dos por ciento mensual, capitalizables al momento del pago. De ahí que, contrario a lo que alega la quejosa, el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo vigente no pugna con el principio de progresividad a que alude el diverso 1o. de la Carta Magna.
"...
"En congruencia con lo anterior, al no advertirse deficiencia que suplir en términos del ordinal 79, fracción V, de la Ley de Amparo, lo que se impone es negar la protección constitucional solicitada. ..."
Dicha ejecutoria dio origen a la tesis aislada XVI.1o. T.2 L (10a.), de rubro, texto y datos de identificación siguientes:
"Décima Época
"Registro digital: 2007330
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Tipo de tesis: aislada
"Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
"Libro 9, Tomo III, agosto de 2014 «Semanario Judicial de la Federación del viernes 29 de agosto de 2014 a las 8:13 horas»
"Materia: constitucional
"Tesis: XVI.1o.T.2 L (10a.)
"Página: 1953
"SALARIOS CAÍDOS. EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012, AL ESTABLECER SU PROCEDENCIA HASTA POR 12 MESES EN CASO DE INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO INJUSTIFICADO, NO VIOLA DERECHOS HUMANOS.-Dicho precepto legal, al establecer la obligación del patrón de reinstalar inmediatamente a los trabajadores que hubieran sido despedidos injustificadamente y pagar los salarios caídos, computados desde la fecha de ese suceso hasta por un periodo máximo de 12 meses, así como de un interés a razón del 2% mensual sobre el importe de 15 meses de salario -en caso de que el juicio no se resuelva en ese plazo o no se cumpla con el laudo- no viola los derechos humanos de los trabajadores. Es así porque, del artículo 123, apartados A, fracción XXII, y B, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se advierte que consagre a favor de los trabajadores el derecho a percibir salarios caídos por todo el tiempo que dure el juicio laboral o hasta que se dé cumplimiento al laudo respectivo, sino únicamente que aquellos trabajadores que sean separados injustificadamente puedan optar por la reinstalación o la indemnización. De ahí que el citado artículo 48 sea acorde con el lineamiento mínimo previsto en el apartado A del precepto constitucional aludido, en el sentido de que la referida indemnización comprenderá el monto de 3 meses de salario. Medida legislativa que es razonable y proporcional, habida cuenta que resulta idónea para alcanzar los fines que la Ley Fundamental prevé al respecto, tales como evitar que los juicios laborales se prolonguen artificialmente para obtener una mayor condena por ese concepto; preservar el carácter indemnizatorio de esa prestación, logrando la efectiva protecció
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26189-ee36de36/salarios-caidos-la-reforma-al-articulo-48-parrafo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- SALARIOS VENCIDOS. EL ARTÍCULO 48, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE NOVIEMBRE DE (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- SALARIOS CAÍDOS DE LOS TRABAJADORES BUROCRÁTICOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO VIGENTE NO ES APLICABLE SUPLETORIAMENTE A LA LEY DEL SERVICI (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- SALARIOS CAÍDOS E INTERESES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. SU PAGO ES IMPROCEDENTE A PARTIR DE LA FECHA DE REINSTALACIÓN DEL TRABAJADOR CON MOTIVO DE LA (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- INTERESES GENERADOS CONFORME AL ARTÍCULO 48, TERCER PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. FORMA DE CUANTIFICARLOS. (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- SALARIOS CAÍDOS. EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012, AL ESTABLECER (XVI.1o.T.2 L (10a.))
- SALARIOS VENCIDOS. EL ARTÍCULO 48, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, QUE PREVÉ SU PAGO A UN PERIODO MÁXIMO DE 12 MESES EN CASO DE DESPIDO INJUSTIFICADO, VULNERA EL PR (I.16o.T.2 L (10a.))
- SALARIOS CAÍDOS. EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO APLICABLE, ES EL VIGENTE EN LA FECHA EN QUE SE PRODUZCA EL DESPIDO INJUSTIFICADO. (III.1o.T.19 L (10a.))
- SALARIOS CAÍDOS. LA REFORMA AL ARTÍCULO 48, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2012, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD NI ES VIOLATORIA (2a./J. 28/2016 (10a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis