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HONORARIOS DE LOS ABOGADOS QUE ACTUARON EN REPRESENTACIÓN DEL PARTICULAR EN UN JUICIO DE NULIDAD. SU PAGO NO ENCUADRA DENTRO DEL CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 6o. DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 237/2015. · Registro digital (IUS): 26207
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2016-03-18
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO Y PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II, Pág. 1119.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 237/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO Y PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 20 DE ENERO DE 2016. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS EDUARDO MEDINA MORA I., JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. PONENTE: EDUARDO MEDINA MORA I. SECRETARIO: ETIENNE MAXIMILIEN LUQUET FARÍAS.

II. Competencia

7. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo vigente y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, vigente a partir del veintidós siguiente, pues se refiere a la posible contradicción entre tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de distinto circuito.(2)

III. Legitimación

8. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el amparo en revisión, asunto del que resultó un criterio discrepante de la tesis aislada XI.1o.A.T.28 A (10a.).

IV. Criterios denunciados

9. En el presente considerando se dará cuenta de los criterios de los Tribunales Colegiados de Circuito que pudieran ser contradictorios.

A. Sentencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito en el amparo directo **********.

10. A continuación, se exponen los hechos que dieron lugar al juicio natural, el seguimiento procesal que comprende el dictado de la sentencia de amparo y las consideraciones esgrimidas por el Tribunal Colegiado de Circuito en dicha resolución.

1. Antecedentes procesales

11. **********, mediante escrito presentado el veinticuatro de julio de dos mil doce, ante la Sala Regional del Pacífico-Centro del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, demandó la nulidad de la negativa ficta recaída a la reclamación presentada ante la Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal, Subsecretaría de Finanzas, de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno de Michoacán de Ocampo, el nueve de enero de dos mil doce, en los términos de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, por la actividad irregular del Estado derivado de la resolución contenida en el oficio **********, de treinta y uno de agosto de dos mil diez, en el que se le determinó ilegalmente un crédito fiscal por la cantidad de ********** (**********).

12. Asimismo, **********, mediante escrito presentado el veinticuatro de julio de dos mil doce, ante la misma Sala Regional, demandó la nulidad de la negativa ficta recaída a la solicitud de reclamación para el pago de daños, perjuicios y lesión patrimonial que sufrió, derivado de la obligación de pagar los honorarios al abogado que le tramitó diversos juicios de nulidad, para lograr la declaración de la nulidad de la actividad administrativa irregular contenida en los oficios donde determinaba créditos fiscales, presentada el nueve de enero de dos mil doce ante la misma autoridad demandada en el juicio anterior. Se admitió a trámite la demanda y mediante resolución interlocutoria se decretó la acumulación del juicio ********** y se registró un nuevo expediente **********, para continuar con el juicio.

13. El diecinueve de febrero de dos mil trece, la Sala Regional del conocimiento dictó sentencia definitiva, en la que tuvo por parcialmente probadas las pretensiones de la actora, por lo que se declaró la nulidad de las negativas fictas impugnadas.

14. Inconforme, **********, presentó una demanda de amparo, por conducto de su representante legal **********, reclamando la sentencia dictada por la Sala Regional del Pacífico-Centro del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en los autos del juicio de nulidad **********.

15. De dicho amparo correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, quien lo admitió bajo el número **********. En sesión del veinte de septiembre de dos mil trece, el Tribunal Colegiado dictó sentencia definitiva, en el sentido de otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal, para efectos de que la autoridad responsable determine que el reclamo de honorarios forma parte de los daños, no así del pago de costas.

2. Argumentación de la sentencia

16. Para ello, el Tribunal Colegiado del conocimiento interpretó el artículo 6o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 1o. constitucional, párrafos segundo y tercero, que obligan a toda autoridad a ejercer un control de convencionalidad ex officio, consistente en aplicar la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate y, en el caso en concreto, del derecho a la indemnización de daños y perjuicios por el actuar irregular del Estado.

17. Sostuvo que en lo relativo a la indemnización a que está obligado el Estado, como consecuencia de su actuar irregular que conllevó a una violación de un derecho fundamental del gobernado, no se limita a la sola delimitación de daño que se ha considerado en el sistema jurídico mexicano, sino, además, se debe atender a lo que el sistema convencional interamericano ha sostenido por dicha figura.

18. Por lo anterior, se basó en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual se tiene que el daño por la violación de derechos humanos no se limita a la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio y privación de cualquier ganancia ilícita, sino también a los gastos efectuados con motivo de los hechos, incluyendo la erogación por concepto de honorarios profesionales.

19. En ese sentido, el órgano colegiado concluyó que no debe entenderse a la erogación por concepto de honorarios profesionales como parte de las costas en un juicio, sino como un menoscabo que sufre el patrimonio del gobernado a raíz de la actuación ilegal de la autoridad, noción que para el Tribunal Colegiado en comento guarda mayor similitud con el concepto de daños establecido en la normatividad interna y el derecho convencional, por lo que debe entenderse que forma parte de la indemnización que el particular tiene derecho a recibir, de conformidad con el cuarto párrafo del artículo 6o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

20. Que el hecho de que se haya declarado la nulidad de los créditos fiscales, por existir una incorrecta apreciación de los hechos de la autoridad para determinarlos, implica que ésta haya incurrido en una falta grave contemplada en la fracción I, cuarto párrafo, del artículo en mención, por lo que la quejosa no tenía que soportar tal ilegalidad del acto.

3. Criterio derivado de la sentencia

21. En consecuencia de lo anterior, sostuvo que el pago de honorarios de los abogados que actuaron en representación del particular demandante encuadra en el concepto de indemnización de daños y perjuicios, por derivar de una actuación irregular de la autoridad. Derivado de tal sentencia, el Tribunal Colegiado emitió la tesis XI.1o.A.T.28 A (10a.), del siguiente tenor:

"INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE. EN APLICACIÓN DE LA NORMA INTERNA, EL DERECHO CONVENCIONAL Y EL PRINCIPIO PRO PERSONAE, PUEDEN RECLAMARSE LOS HONORARIOS DE LOS ABOGADOS QUE LO REPRESENTARON EN EL JUICIO DE NULIDAD CORRESPONDIENTE, COMO PARTE DE AQUÉLLA. La indemnización por daños y perjuicios a favor del contribuyente, establecida en el artículo 6o., párrafo cuarto, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, puede derivar de: i) una pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio; ii) la privación de cualquier ganancia lícita que debería haberse obtenido; iii) los gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario; no obstante, el otorgamiento de los pagos correspondientes por este tipo de daño, deberá determinarse con base en ciertos criterios de valoración, sin incluir el relativo a que el Estado se presume siempre solvente, lo que no implica que los juzgadores deban condenarlo a satisfacer indemnizaciones excesivas solicitadas por las partes; por lo cual, siempre debe analizarse la naturaleza del daño ocasionado, la valoración de los derechos lesionados y el grado de responsabilidad de los sujetos involucrados. En ese sentido, por nociones de ‘daños’ y ‘perjuicios’, no debe entenderse a la erogación por concepto de honorarios profesionales, como parte de las costas en un juicio, sino de los daños -por ser un menoscabo que sufre el patrimonio del particular a raíz de la actuación ilegal de la autoridad, como consecuencia de la emisión de un acto irregular al incumplir con la obligación esencial de acatar la normatividad y que se materializa en sede jurisdiccional- establecido en la ley interna y el derecho convencional, que forma parte del pago que el particular tiene derecho a recibir; de ahí que su importe sea reclamable como indemnización. Consecuentemente, aplicando el contenido de la norma interna, el derecho convencional -obligatorio para el Estado Mexicano- y el principio hermenéutico pro personae, pueden reclamarse los honorarios de los abogados que representaron al contribuyente en el juicio de nulidad, necesario para obtener la invalidez de los actos de autoridad, porque es un daño ocasionado en vía jurisdiccional que derivó como consecuencia de un acto irregular de la autoridad emitido en sede administrativa."

B. Sentencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el amparo en revisión **********.

22. A continuación, se exponen los hechos que dieron lugar al juicio natural, el procedimiento seguido hasta la sentencia de amparo y las consideraciones esgrimidas por el Tribunal Colegiado de Circuito en esta última.

1. Antecedentes procesales

23. **********, mediante juicio de nulidad impugnó el oficio **********, del treinta de abril de dos mil doce, emitido por la subtesorera de Fiscalización de la Tesorería del Distrito Federal, en el que le determinó un crédito fiscal.

24. Una vez que causó ejecutoria el fallo de nulidad, la particular promovió un incidente de indemnización en el que solicitó el pago que realizó al despacho de abogados que contrató para nulificar la resolución combatida. Dicho incidente se resolvió en sentencia interlocutoria del veintiocho de enero de dos mil quince, emitida por la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la que determinó improcedente condenar a la autoridad demandada al pago de daños y perjuicios solicitados.

25. Posteriormente, impugnó la resolución anterior en demanda de amparo, la cual correspondió conocer al Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, bajo el expediente **********. Mismo que en sentencia del trece de mayo de dos mil quince amparó a **********, contra el acto reclamado, al considerar que se vedó el derecho de la quejosa de demostrar, a través del incidente de daños y perjuicios que los gastos generados, independientemente que se traten de pago de honorarios de los abogados y del efectuado para garantizar el crédito fiscal, son consecuencia inmediata y directa de la resolución anulada por la falta grave de la autoridad, que le ocasionaron una afectación en su patrimonio. Invocó en apoyo de su decisión, la jurisprudencia 2a./J. 194/2007, de rubro: "DAÑOS Y PERJUICIOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 6o., CUARTO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA SENTENCIA DEBE RECONOCER SÓLO EL DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN SOLICITADA POR ESE CONCEPTO, MIENTRAS QUE LA DEMOSTRACIÓN DE LA AFECTACIÓN PATRIMONIAL, DEL NEXO CAUSAL RELATIVO Y DE SU CUANTÍA DEBEN RESERVARSE AL INCIDENTE RESPECTIVO."

26. Inconformes con la sentencia anterior, la subtesorera de Fiscalización de la Tesorería del Distrito Federal y el jefe del Servicio de Administración Tributaria interpusieron recursos de revisión, de los que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, bajo el expediente **********.

27. El trece de agosto de dos mil quince, el órgano colegiado en comento dictó sentencia definitiva, en la que revocó la sentencia recurrida; no amparó ni protegió a **********, contra la resolución interlocutoria dictada el veintiocho de enero de dos mil quince en el incidente de indemnización por daños y perjuicios, derivado del juicio de nulidad **********, y denunció una posible contradicción de tesis.

2. Argumentación de la sentencia

28. Dado que con la protección constitucional, el tribunal responsable debía emitir una nueva sentencia interlocutoria en la que, con libertad de jurisdicción, resolviera sobre la indemnización de daños y perjuicios, partiendo de que los honorarios forman parte de estos últimos, la subtesorera de Fiscalización de la Tesorería del Distrito Federal y el jefe del Servicio de Administración Tributaria alegaron que la decisión del Juez fue ilegal, toda vez que los honorarios de los abogados no son consecuencia de la emisión del acto declarado nulo, sino que constituyen costas, las cuales están prohibidas a favor del particular por el artículo 6o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

29. El órgano colegiado del conocimiento determinó que el tema a resolver era si el derecho a la indemnización por daños y perjuicios en favor del particular comprende los gastos efectuados por honorarios de los profesionales a quienes contrató para su defensa jurídica.

30. Consideró importante citar lo resuelto por la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 182/2007-SS, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 194/2007, en la cual, si bien es cierto que el tema a dilucidar fue la etapa procesal del juicio de nulidad federal en que debe establecerse la condena en daños y perjuicios, así como su cuantificación, por falta grave de la autoridad, las explicaciones dadas fueron orientadoras para la problemática del recurso.

31. Lo anterior, pues la contradicción de tesis citada sirvió para establecer como premisa que la indemnización que prevé el artículo 6o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en favor del particular vencedor, se identifica con la afectación patrimonial y ganancias lícitas que se dejaron de percibir, que en forma directa e inmediata haya generado la resolución administrativa impugnada, o bien, su ejecución.

32. Es decir, que para llegar a la conclusión de que el pago por honorarios de abogados a manera de indemnización quedaban comprendidos en los alcances del artículo en mención, debía verificarse si se generaron por la emisión del acto declarado nulo.

33. En ese sentido, llegó a la conclusión de que la disminución en el patrimonio del quejoso, por la erogación realizada para cubrir la prestación de servicios de sus abogados, no era un efecto directo e inmediato de que la autoridad demandada hubiera, en ejercicio de sus facultades de comprobación, liquidado un crédito fiscal, por lo que no puede identificarse con el concepto de daños y perjuicios previstos en el artículo en comento.

34. Que en realidad el gasto en el que incurrió la parte quejosa se vinculaba con el concepto de costas, por lo que su origen se encuentra en el propio juicio contencioso y no en la emisión del oficio impugnado.

35. Asimismo, no pasó inadvertido que tanto en el fallo protector como en la demanda hayan invocado la tesis aislada XI.1o.A.T.28 A (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, de título y subtítulo: "INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE. EN APLICACIÓN DE LA NORMA INTERNA. EL DERECHO CONVENCIONAL Y EL PRINCIPIO PRO PERSONAE, PUEDEN RECLAMARSE LOS HONORARIOS DE LOS ABOGADOS QUE LO REPRESENTARON EN EL JUICIO DE NULIDAD CORRESPONDIENTE, COMO PARTE DE AQUÉLLA."; anteriormente citada, de la cual no compartió el criterio.

36. Lo anterior, pues de lo que se desprende de la sentencia que le dio origen a la tesis aislada mencionada, consideró que las condiciones que debe observar el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para reconocer el derecho a la indemnización, son diversas a las que operan en el contexto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, por lo que el artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no puede servir de base interpretativa del artículo 6o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por lo tanto, que no pueden encontrar parámetro interpretativo en la norma convencional.

37. Por ende, ante la aparente existencia de posturas jurídicas divergentes, denunció la posible contradicción, a fin de que este Alto Tribunal se pronuncie.

V. Existencia de la contradicción

38. Para poder determinar si existe una contradicción de tesis, debe verificarse lo siguiente: (a) que los órganos contendientes sostengan tesis contradictorias, debiéndose entender por tesis el criterio adoptado con arbitrio judicial y a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar una determinada resolución; y, (b) que los criterios sean discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo originan no sean iguales.(3)

39. De acuerdo a lo anterior, la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que, en el caso, existe la contradicción de tesis denunciada, de conformidad con las consideraciones que se exponen a continuación:

40. Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron en los diversos amparos sometidos a su consideración, el siguiente punto jurídico: (i) si el derecho de indemnización por daños y perjuicios reconocida en favor del particular promovente comprende los gastos efectuados por honorarios de los profesionales a quienes contrató para su defensa jurídica.

41. En relación con dicho punto, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito sostuvo, en el amparo directo **********, que no debe entenderse a la erogación por concepto de honorarios profesionales como parte de las costas en un juicio, sino como un menoscabo que sufre el patrimonio del gobernado a raíz de la actuación ilegal de la autoridad que se materializa en sede jurisdiccional, noción que guarda similitud con el concepto de daños establecido tanto en la normatividad interna, como en el derecho convencional, por lo que debe entenderse que ese derecho forma parte de la indemnización que envuelve el cuarto párrafo del artículo 6o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

42. En esta línea emitió la tesis aislada XI.1o.A.T.28A (10a), ya antes mencionada, de rubro: "INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE. EN APLICACIÓN DE LA NORMA INTERNA, EL DERECHO CONVENCIONAL Y EL PRINCIPIO PRO PERSONAE, PUEDEN RECLAMARSE LOS HONORARIOS DE LOS ABOGADOS QUE LO REPRESENTARON EN EL JUICIO DE NULIDAD CORRESPONDIENTE, COMO PARTE DE AQUÉLLA."

43. Por otro lado, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito argumentó, en el amparo en revisión **********, que el derecho a recibir la indemnización por daños y perjuicios a que se refiere el artículo 6o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo se configura con dos elementos que se reflejan hasta el dictado de la sentencia, pues los daños y perjuicios son consecuencia directa e inmediata de la resolución o acto nulificado; sin embargo, concluyó que la indemnización que solicitó la parte quejosa en concepto de daños por los honorarios de los abogados en su defensa, no es un efecto directo e inmediato del dictado o ejecución del acto administrativo impugnado, sino que se identifican con las costas, cuya restitución no está prevista en favor de la parte actora del juicio de nulidad en algún supuesto del artículo en comento.

44. Por lo tanto, este último Tribunal Colegiado no comparte el criterio de la tesis aislada XI.1o.A.T.28A (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, ya que la noción de reparación que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido jurisprudencialmente y que el tribunal mencionado consideró, abarca no sólo el daño emergente y lucro cesante, sino también los gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario, en los que están comprendidos los honorarios de la defensa, lo cual, no puede servir de base interpretativa del artículo 6o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

45. De lo anterior se desprende que ambos tribunales se pronunciaron respecto al pago de honorarios del abogado que defendió en el juicio de nulidad al particular promovente, siendo que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito sostuvo que dicho pago se ubica dentro del concepto de indemnización de daños y perjuicios en favor del contribuyente, mientras que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito consideró que dicho pago no encuentra lugar dentro de los daños y perjuicios, sino que se refiere al pago de costas, el cual, específicamente, la ley establece que será únicamente procedente en favor de la autoridad.

46. Al respecto, cabe hacer una precisión muy importante. Si bien los criterios de los Tribunales Colegiados de Circuito no parten de la misma premisa, ambos interpretaron de distintas formas el artículo 6o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, lo que genera criterios discrepantes y, por lo tanto, incertidumbre jurídica a los gobernados y a los órganos jurisdiccionales.

47. Esta Segunda Sala no pasa por alto que en el amparo **********, el Tribunal Colegiado hizo una interpretación, tal vez errónea, sobre el artículo 6o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues la parte demandante en el juicio de nulidad reclamaba la indemnización de daños como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado, lo cual está regulado por la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y no por la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

48. Lo que se corrobora con lo que reclamó la quejosa en sus conceptos de violación y con lo que dijo el Tribunal Colegiado en su estudio de fondo de la resolución citada en el párrafo anterior, que a continuación se transcriben:

"SEXTO.-Síntesis de los conceptos de violación.

"...

"6.2. La reclamación de indemnización se soporta en la ilegalidad de la resolución determinante de créditos fiscales objeto de un primer juicio contencioso administrativo, la cual implicaba por sí la actividad irregular que es supuesto de responsabilidad patrimonial del Estado.

"...

"6.8. Hay inobservancia del artículo 1 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, toda vez que ahí se establece con toda claridad la obligación del Estado de indemnizar por su actividad irregular, y el derecho del particular que tal haya sufrido a reclamar indemnización por el daño que le produjera esa actividad irregular; asimismo, se desatiende lo establecido en el artículo 22 del ordenamiento citado, pues de ahí se desprende que si hay una actividad irregular del Estado y ésta produce daño, se debe indemnizar al que lo sufre.

"...

"6.10. Los daños patrimoniales reclamados en este caso consistieron en montos que el particular reclamante debía pagar al abogado que lo defendió en el asunto subyacente, conforme al contrato de prestación de servicios celebrado entre ellos y merced a que se cumplió la condición suspensiva de terminación exitosa del juicio de nulidad contra la resolución sancionatoria y procedimiento antecedentes.

"...

"SÉPTIMO.-Estudio de fondo (primera parte).

"Los conceptos de violación a estudio son fundados.

"...

"Así como aquellos (6.8 a 6.13) donde sostiene que los daños patrimoniales reclamados consistieron en que debía pagar al abogado que lo defendió lo pactado en el contrato de prestación de servicios y que no se reclamó el pago de costas, sino el daño sufrido de pagar los honorarios; de igual forma, manifiesta que la sola obligación de pagar le genera una carga económica que implica daño, lo que no fue atendido por la responsable.

"Para sustentar la posición que adopta este Tribunal Colegiado de Circuito, es necesario resaltar que el artículo 113, segundo párrafo,(4) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos regula el derecho fundamental patrimonial de los particulares frente a los daños sufridos por la actividad irregular del Estado, de contenido sustantivo, que no tenga la obligación jurídica de soportar.(5)

"Dentro de las obligaciones del Estado de reparar los daños, se ubica lo previsto en el artículo 6o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo que dispone:

"(Se hace transcripción del artículo)

"...

"Por tanto, los daños reclamados por la quejosa se originaron en la tramitación de los juicios de nulidad donde la actividad irregular del Estado se califica como ‘falta grave’, en términos del cuarto párrafo del artículo 6o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la cual se considera que es una especie de responsabilidad objetiva y directa del Estado, al existir la obligación de pago al particular y estar sujeta a que se verifiquen aquellas hipótesis tendientes a acreditar la existencia real del daño y que éste sea imputable al Estado de manera grave.

"...

"Efectivamente, como lo sostiene la quejosa y contrario a lo manifestado por la autoridad responsable, sí existe una actividad irregular y se encuentra acreditada al provenir de la emisión de las sentencias de dieciocho y veintiuno de marzo de dos mil trece por la Sala Regional del Pacífico Centro del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, donde se declaró la nulidad de los oficios números ********** y **********, de treinta y treinta y uno de agosto de dos mil diez emitidos por la Dirección de Auditoría y Revisión Fiscal, Subsecretaría de Finanzas de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán(6) y donde se concluyó que en dicho acto administrativo existió una incorrecta apreciación de los hechos de la autoridad tercero interesada para determinar créditos fiscales.

"Ese supuesto se encuadra dentro de la hipótesis normativa prevista en el artículo 6o., fracción I, de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, al anularse el acto de fondo por existir una incorrecta apreciación de los hechos para determinar créditos fiscales; por lo cual, no había razón que justificara a la hoy quejosa el soportar la ilegalidad del acto de autoridad, además de no haberse allanado a la demandada.

"...

"Lo anterior es así, porque la responsable al momento de interpretar lo que se debe entender por ‘actividad administrativa irregular’ y el derecho del gobernado a ser indemnizado de los daños y perjuicios, omitió aplicar el derecho convencional y el principio hermenéutico pro personae, contenido en el artículo 1o. de la Constitución, esto es, el derecho interno se complementa con los tratados internacionales, así como su interpretación que realizan los tribunales internacionales, como lo es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya jurisprudencia que emite es obligatoria para el Estado Mexicano.

"Esto es, se omitió hacer una interpretación sistemática del bloque de constitucionalidad y hacerlo a través de un sentido más favorable para la efectividad del derecho fundamental previsto en el artículo 113 constitucional, lo cual se traducía en interpretar que el derecho proviene del principio indemnizatorio donde la autoridad debe responder de sus actividades irregulares que causen daños a los bienes y derechos de los particulares -como son los derivados de los gastos erogados en la tramitación de un juicio de nulidad en los que se comprenden los honorarios del abogado- que no tengan obligación de soportar y que puede provenir no sólo de hechos, sino también de actos, además que el gobernado tiene la posibilidad de reclamarlos en vías diferentes (atendiendo al ‘principio de libre opción de instauración de reclamo’); todo lo anterior viene al caso, en razón de que injustificadamente se deja de observar en el acto reclamado lo que dispone la Constitución, pues debe privilegiarse no sólo la interpretación conforme a ella, sino también el principio pro personae, lo cual constituye una obligación constitucional para todos los Jueces nacionales, sin importar la jurisdicción, cuando con el criterio sustento de la sentencia reclamada se favorece una interpretación a favor de los agentes del Estado y no pro persona,(7) dejando de garantizar los derechos fundamentales y, en particular el ya mencionado, cuando las reformas constitucionales tanto del seis como del diez de junio de dos mil once, tuvieron como objetivo -entre otros tantos- la de abandonar la justicia del Juez tradicional, letrista y que rinde culto al derecho normativo, para ahora establecer la del Juez garantista de los derechos fundamentales; de manera que, a fin de reparar la violación en comento y de que esta jurisdicción extraordinaria no incurra en una corresponsabilidad(8) en la infracción de tales derechos fund

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26207-edb0677b/honorarios-de-los-abogados-que-actuaron-en-representacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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