BONO DE DESPENSA Y PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE. LOS PENSIONADOS CONFORME A LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO ABROGADA, TIENEN DERECHO AL INCREMENTO DE ESAS PRESTACIONES, CON INDEPENDENCIA DEL PUESTO QUE OCUPABAN AL MOMENTO DE RECIBIR LA PENSIÓN [APLICACIÓN POR ANALOGÍA DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 41/2012 (10a.)].
AMPARO DIRECTO 261/2015. 3 DE DICIEMBRE DE 2015. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: CARLOS CARMONA GRACIA. SECRETARIO: HUGO ALFONSO CARREÓN MUÑOZ.
Durango, Durango, acuerdo del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, correspondiente a la sesión tres de diciembre de dos mil quince.
Vistos los autos para resolver el amparo directo administrativo 261/2015; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.-Demanda de amparo. Por escrito presentado ante la autoridad responsable el tres de septiembre de dos mil quince, **********, por su propio derecho, promovió juicio de amparo contra la autoridad y por el acto que a continuación se indican:
III. Autoridad responsable:
La Sala Regional del Norte Centro III y Cuarta Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
IV. Acto reclamado:
La sentencia definitiva de 30 de junio de 2015, dictada por los CC. Magistrados que integran la Sala Regional del Norte Centro III y Cuarta Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el expediente No. **********, en la cual se reconoce la validez.
Asimismo, señaló como derechos fundamentales violados, los reconocidos en los artículos 1o., 14, 16, 17 y 123, apartado B, fracción XI, inciso a), constitucionales.
SEGUNDO.-Trámite del juicio de amparo. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Segundo Tribunal Colegiado de Circuito, en donde, por acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil quince, el Magistrado presidente la registró con el número 261/2015 y la admitió a trámite; tuvo como tercera interesada a la autoridad demandada en el juicio de origen, quien fue emplazada al juicio de amparo, y con fundamento en el artículo 5o., fracción IV, de la Ley de Amparo, dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento; concediéndose a las partes el plazo legal para que presentaran sus alegatos o promovieran amparo adhesivo.
Por otra parte, mediante proveído de veintiuno de octubre de dos mil quince, se tuvieron por formulados los alegatos que hizo valer la tercera interesada.
TERCERO.-Turno. Encontrándose los autos en estado de resolución, mediante proveído de veintinueve de octubre siguiente, se turnaron a la ponencia del Magistrado Carlos Carmona Gracia, para efectos del artículo 183 de la Ley de Amparo.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Este Segundo Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer del amparo directo, de conformidad con los artículos 107, fracción V, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción II, 34, párrafos primero y segundo y 170, fracción I, de la Ley de Amparo y 37, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en términos de los puntos primero, segundo y tercero, fracción XXV, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el quince de febrero de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación; adicionado por el diverso Acuerdo General 53/2014 del mismo órgano, publicado en el citado medio oficial el veintiuno de noviembre de dos mil catorce, así como el Acuerdo General 37/2015, también emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de agosto de dos mil quince, relativo a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funcionamiento de este Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, con residencia en la ciudad de Durango; y por impugnarse una sentencia emitida por la Sala Regional del Norte Centro III y Cuarta Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con residencia en esta ciudad, lugar donde este órgano colegiado ejerce jurisdicción.
SEGUNDO.-Aplicación de jurisprudencia. Las jurisprudencias citadas en el presente fallo se invocan en concordancia con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, el cual dispone que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley.
TERCERO.-Legitimación. El juicio de amparo fue promovido por parte legitimada en términos de los artículos 5o., fracción I y 6o. de la Ley de Amparo, pues lo promueve directamente **********, quien es parte actora en el juicio de donde deriva la sentencia reclamada.
CUARTO.-Oportunidad. La demanda fue interpuesta oportunamente, ya que la resolución reclamada le fue notificada al promovente el veintiuno de agosto de dos mil quince (foja 121 del expediente de nulidad), mientras que la demanda se presentó el tres de septiembre siguiente, esto es, dentro del plazo de quince días hábiles establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues dicha notificación surtió sus efectos el día hábil siguiente, es decir, el veinticuatro de agosto siguiente, conforme al artículo 70 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo,(1) y el plazo corrió del veinticinco de agosto al dieciocho de septiembre de este año, descontando del cómputo los días veintidós, veintitrés, veintisiete, veintiocho, veintinueve y treinta de agosto; cinco, seis, doce, trece, quince y dieciséis de septiembre de la anualidad en curso, por ser inhábiles en términos de los artículos 19 y 22 de la Ley de Amparo y 74, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo,(2) con relación al Acuerdo G/1/2015, emitido por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de enero de dos mil quince.
QUINTO.-Certeza del acto. El acto reclamado es cierto, como se aprecia de las constancias remitidas por la responsable, en vía de informe justificado, consistentes en el juicio contencioso administrativo **********; además, obra agregada en autos del presente asunto la demanda de amparo que contiene los motivos de disenso relativos, sin que sea necesaria su transcripción, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 58/2010,(3) del siguiente rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN."
No obstante lo anterior, se ordena al secretario de tribunal adscrito, se sirva agregar al expediente en que se actúa, copia certificada del acto reclamado para los efectos legales conducentes, en términos de los artículos 77 de la Ley de Amparo y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición de su numeral 2o.
SEXTO.-Antecedentes. Para la resolución del asunto importa destacar que, de las constancias del juicio de origen se aprecia que la parte actora demandó de la Delegación Estatal en Durango del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la actualización, determinación y cálculo de los incrementos a su pensión, por los conceptos de previsión social múltiple y bono de despensa.
Sustanciado el juicio, la Sala Regional del Norte Centro III y Cuarta Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en Durango, dictó la sentencia reclamada, en la que, esencialmente, consideró que para la procedencia de la actualización de los conceptos "bono de despensa" y "previsión social múltiple" era necesario que fueran compatibles con la pensión que percibe el actor.
La Sala responsable afirmó que ello no acontece en el particular, dado que se trata de percepciones presupuestales destinadas a servidores públicos y empleados de las dependencias y entidades de la administración pública federal en activo (grupo de la población al que, se sostuvo, el accionante no pertenece), por lo que no encuadran en los supuestos establecidos en el último párrafo del artículo 43 del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (sic).
SÉPTIMO.-Estudio. Son fundados los motivos de disenso, suplidos en su deficiencia e, incluso, ausencia, según lo establecen el penúltimo párrafo y la fracción V del artículo 79 de la Ley de Amparo;(4) con apoyo, además, en la tesis 2a. XCV/2014 (10a.),(5) de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA LABORAL. OPERA EN FAVOR DE LOS PENSIONADOS Y DE SUS BENEFICIARIOS."
Ahora, para abordar el estudio de los conceptos de violación, debe identificarse previamente la materia a debate, a fin de determinar las reglas aplicables a la misma y estar en aptitud de resolver el asunto.
En este sentido, se observa que el aquí quejoso señaló como acto impugnado en el juicio de origen, el siguiente:
"En contra de la omisión consistente en la actualización, determinación y cálculo de los incrementos a mi pensión número **********, otorgada por la Delegación Estatal de Durango del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por los conceptos de previsión social múltiple y bono de despensa.
"Por ende, solicito se me cubran las diferencias por dichos conceptos desde el momento del incumplimiento de la Ley del ISSSTE, al no incrementarse dichos conceptos a mi pensión conforme lo marca el procedimiento." (foja 1 de expediente de nulidad)
Así expuesto el acto impugnado, pudiera considerarse que el tema a debate es la inclusión en la cuota diaria pensionaria de conceptos distintos al salario tabular y, como consecuencia de ello, el pago de las diferencias relativas; tópico que ha sido abundantemente explorado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto a la integración de dicha base salarial, su diferencia con el tabulador regional, a qué parte le corresponde la carga probatoria en el juicio contencioso administrativo y los medios probatorios idóneos para acreditar tal inclusión, entre otros aspectos.(6)
Sin embargo, el juzgador debe interpretar el escrito de cualquier demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia, al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos impugnados.
Desde esta perspectiva, atendiendo a los hechos narrados por el demandante, las pruebas ofrecidas y los argumentos sustentados en el escrito inicial de demanda, como en la contestación a ésta, se colige que la cuestión efectivamente planteada en el juicio consiste en dilucidar si de conformidad con el artículo 57, último párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, el actor pensionado tiene o no derecho al incremento de las prestaciones que recibe adicionales a su pensión, denominadas bono de despensa y previsión social múltiple, en proporción al aumento de las prestaciones en dinero que reciben de manera general los trabajadores en activo.
Consecuentemente, la litis del asunto se configuró en los términos arriba precisados y, desde esa óptica debe abordarse, sin llegar a confundir el tema a discusión con la inclusión de los conceptos bono de despensa y previsión social múltiple en la pensión jubilatoria, ya que se trata de prestaciones adicionales a la pensión que ha venido recibiendo el actor por parte del instituto demandado, pero que no han sido incrementadas en términos del artículo 57, último párrafo, de la ley en comento.
Ahora, para abordar el punto controvertido, es indispensable determinar, primero, cuál es el marco normativo aplicable, pues si el derecho que reclama el demandante se reconoce en una ley que no le es aplicable a su pensión, resultarán entonces infundadas sus pretensiones.
Aquí, el punto de referencia lo constituye la fecha en que se otorgó la pensión, ya que los trabajadores del Estado que se pensionaron antes de la fecha en que entró en vigor la actual Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que fue el uno de abril de dos mil siete, continúan ejerciendo sus derechos en los términos y condiciones precisados en las disposiciones vigentes en la época en que se pensionaron, según lo dispone el artículo décimo octavo transitorio de este último ordenamiento.(7)
Sobre esta base, se aprecia que en el capítulo de hechos de la demanda de nulidad, el actor expresó que el uno de agosto de mil novecientos noventa y siete, el instituto demandado le otorgó la pensión por jubilación número ********** (foja 2 del expediente de nulidad), y en el rubro de fecha de inicio de pensión del comprobante de pago, que en copia simple anexó a su demanda, consta que se otorgó el "01/08/1997", es decir, la misma fecha que afirmó le fue concedida.
Al contestar la demanda, la autoridad no afirmó ni desconoció el hecho narrado por el actor, ni -contrario a lo sustentado por la responsable- objetó o controvirtió el alcance y valor probatorio de dicha prueba, en virtud de que constituía la materia de la litis (foja 28 del expediente de nulidad), por lo que ante tales circunstancias, es posible llegar a la convicción que desde esa fecha se le otorgó el beneficio pensionario.
Por tanto, el precepto aplicable al asunto, y que es objeto de controversia en cuanto a su interpretación, es el artículo 57, último párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete.
No pasa desapercibido que la Sala responsable fijó la litis en torno al artículo 43 del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente a partir del veintidós de julio de dos mil nueve; sin embargo, a la fecha en que se pensionó el actor no existía dicho ordenamiento, por lo que la Sala realizó una indebida apreciación del acto impugnado, al invocar un precepto no aplicable al caso.
Además, por acuerdo de once de mayo de dos mil quince, el Magistrado instructor tuvo por no cumplido el requerimiento formulado a la demandada en el acto admisorio, consistente en la exhibición del expediente administrativo que dio origen a la pensión, e hizo efectivo el apercibimiento relativo a presumir ciertos los hechos que la parte actora pretende acreditar con dicha prueba; por lo que se colige que en la indicada fecha le fue otorgada la pensión y, por tanto, el ordenamiento jurídico aplicable al caso es la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo del dos mil siete.
Ahora bien, el artículo 57 de la señalada ley, dispone lo siguiente:
"Artículo 57. La cuota mínima y máxima de las pensiones, con excepción de las concedidas por riesgo del trabajo, serán fijadas por la Junta Directiva del instituto, pero la máxima no podrá exceder del 100% del sueldo regulador a que se refiere el artículo 64, aún en el caso de la aplicación de otras leyes.
"...
"Los jubilados y pensionados tendrán derecho a una gratificación anual igual en número de días a las concedidas a los trabajadores en activo, según la cuota diaria de su pensión. Esta gratificación deberá pagarse en un cincuenta por ciento antes del quince de diciembre y el otro cincuenta por ciento a más tardar el quince de enero, de conformidad con las disposiciones que dicte la Junta Directiva. Asimismo, tendrán derecho en su proporción, a las prestaciones en dinero que les sean aumentadas de manera general a los trabajadores en activo siempre y cuando resulten compatibles a los pensionados." (énfasis añadido)
Una interpretación literal y aislada del precepto transcrito pudiera llevar a dos determinaciones que resultarían insostenibles; por un lado, que el derecho de los jubilados ahí reconocido sea obtener las prestaciones en dinero que reciben los trabajadores en activo que les sean aumentadas y de las que no gozan aquéllos y, por el otro, que la compatibilidad deba determinarse entre dicha prestación en dinero y los pensionados, es decir, entre una prestación (cosa) y la calidad de una persona (pensionado).
Por el contrario, si se parte de una interpretación teleológica y armónica del numeral en comento, se arriba a la conclusión de que dicho precepto realmente reconoce el derecho de los jubilados a un incremento de las prestaciones en dinero que ya reciben, en función del incremento que se conceda a las prestaciones en dinero que reciben los trabajadores en activo; de tal suerte que la compatibilidad a que se refiere el precepto legal, se debe establecer entre las "prestaciones en dinero" que reciben los trabajadores en activo, y las "prestaciones en dinero" y la "pensión" que reciben los pensionados.
En tal virtud, para que se adquiera el derecho de pago reconocido en la citada porción normativa, deberán actualizarse las siguientes hipótesis: a) que quien pretenda recibir el incremento tenga la calidad de jubilado o pensionado; b) que las prestaciones en dinero de los trabajadores en activo sean compatibles con las prestaciones en dinero y la pensión que reciben los pensionados; y, c) que exista un aumento a las prestaciones en dinero que reciben los trabajadores en activo, y que ese aumento se realice en forma general.
El primer supuesto ya fue arriba dilucidado, por lo que a continuación se abordarán los restantes requisitos aquí extraídos del precepto de mérito:
b) Compatibilidad
En primer lugar, la compatibilidad entre las prestaciones en dinero de los trabajadores en activo y las prestaciones que reciben los pensionados se da en función de que sean de la misma naturaleza, pues no resultaría procedente que los pensionados tengan derecho al incremento de una prestación de la que no gozan, ya que se les estarían constituyendo prestaciones adicionales que sólo el legislador puede atribuir, si la política financiera del Estado permite solventarlas; piénsese, por ejemplo, el caso de que se aumentara la prestación en dinero que reciben los trabajadores en activo, consistente en la "compensación por desarrollo y capacitación"; concepto al que no tienen derecho los pensionados, por lo que no podría incrementarse una prestación de la que no gozan.
Por su parte, la compatibilidad entre las prestaciones en dinero de los trabajadores en activo y la pensión que reciben los jubilados o pensionados, se actualiza en función de si existe la posibilidad legal de que ambas puedan subsistir al mismo tiempo; es decir, si existe una disposición legal que prevea que los pensionados tienen derecho a percibir, además de su pensión, otras prestaciones en dinero que también recibe el personal en activo, ya que en este supuesto, la prestación en dinero y la pensión no son legalmente excluyentes entre sí, al concurrir en el pensionado, a pesar de que tienen una naturaleza y fuente financiera distintiva, pues mientras las pensiones se financian de las aportaciones y cuotas que se cotizan al instituto de mérito, las prestaciones adicionales se sufragan del presupuesto federal.
Estas compatibilidades se actualizan en el caso concreto, toda vez que las prestaciones en dinero, consistentes en el bono de despensa y previsión social múltiple, que también reciben los trabajadores en activo, han sido reconocidas a favor de los pensionistas en diversos ordenamientos legales, como prestaciones adicionales a su pensión.
En efecto, el artículo 94 del Manual de Procedimientos de Pensiones Directas y Otras Prestaciones Derivadas, expedido por acuerdo del director general del referido instituto el veinticinco de abril de mil novecientos noventa y cuatro,(8) preveía a favor de los pensionados, además de la pensión y otras prestaciones, el pago del bono de despensa, que constituye la gratificación mensual que se concede a los pensionistas directos y cuyo monto era fijado por la Junta Directiva, así como del concepto de previsión social múltiple, que es la gratificación diaria que la citada junta les otorga a los pensionados.
Este manual fue abrogado por disposición del artículo tercero transitorio del "Acuerdo de la directora general del ISSSTE, por el que se expide el Manual de Procedimientos para las Delegaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado",(9) publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de octubre de dos mil, en el cual se estableció que a partir de que se adquiere la calidad de pensionista, el instituto demandado está obligado a cubrirle al pensionado, entre otras prestaciones, los conceptos de bono de despensa y previsión social múltiple, cuyos montos serían definidos por la Junta Directiva de ese instituto. En específico, las páginas 3527 y 3528 de dicho manual, establecían lo siguiente:
Ver imágenes 1
Las imágenes insertas demuestran que en la liquidación de pago de la pensión, quedó comprendida la obligación del instituto de pagar a los pensionados, entre otros conceptos, el bono de despensa y la previsión social múltiple.
Dicho ordenamiento fue, a su vez, abrogado en términos del numeral tercero transitorio del "Acuerdo del director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por el que se expiden los manuales de procedimientos de delegaciones del instituto, que se indican",(10) publicado en el citado medio oficial de difusión el dieciséis de agosto de dos mil cuatro, por virtud del cual se expidieron cuatro manuales (A, B, C y D),(11) y en los cuales fue reiterada la obligación del instituto de pagar las prestaciones adicionales de mérito.
Esta obligación de pago fue prescrita de nuevo en el Manual de Procedimientos de Delegaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado tipo "A", tomo IV, parte 3-1, páginas 3644 y 3645, el cual fue expedido por virtud del "Acuerdo del director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por el que se reexpiden los Manuales de Organización y Procedimientos de Delegaciones tipos ‘A’ y ‘B’ del instituto", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil siete.
Incluso, los trabajadores que a la entrada en vigor de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicada en el citado medio el treinta y uno de marzo de dos mil siete, hubieren elegido mantenerse en el sistema de pensiones previsto en la abrogada ley de mil novecientos ochenta y tres, bajo las modalidades establecidas en el artículo décimo transitorio del primer ordenamiento mencionado,(12) también tienen derecho al incremento de las prestaciones adicionales que reciben, según lo dispone el artículo 43 del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado,(13) cuya redacción coincide con la del último párrafo del artículo 57 de la ley que aquí se analiza.
En suma, los comentados manuales, que detallaron el régimen de pensiones establecido por la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, establecieron el derecho y, por ende, la obligación del instituto de pagar ciertas cantidades de dinero adicionales a la pensión por concepto de bono de despensa y previsión social múltiple; derecho aquel que no está sujeto a prueba, porque esa prerrogativa la concede la normatividad vigente al momento en que se otorgó la pensión.
Así, mientras los citados manuales otorgaron el derecho de los pensionados a percibir ciertas prestaciones en dinero adicionales a su pensión; el artículo 57, último párrafo, de la ley en comento prevé el derecho a incrementar proporcionalmente esos conceptos.
Lo anterior lleva a concluir que sí se surte la hipótesis normativa aquí analizada; esto es, las prestaciones en dinero de los trabajadores en activo son compatibles con la pensión que recibe el quejoso, pues legalmente está reconocido el derecho de los pensionados a percibir, además de su pensión, otras prestaciones en dinero que también recibe el personal en activo, consistentes en el bono de despensa y previsión social múltiple.
Es más, si esos conceptos no fueran compatibles, simple y sencillamente no estarían previstos en los múltiples ordenamientos que arriba se han citado e, incluso, no serían pagados por el instituto de forma adicional a la pensión, como se advierte del recibo de pago que en copia simple acompañó el actor a su demanda de nulidad, correspondiente al periodo de diciembre de dos mil catorce. (foja 7 del expediente de origen)
c) Aumento generalizado a los trabajadores en activo
El primer problema de interpretación que se enfrenta al respecto, es determinar lo que debe entenderse por "trabajadores en activo", para efectos del indicado artículo 57, último párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, hoy abrogada, pues dicha expresión puede entenderse en dos sentidos; es decir, como todos los trabajadores de la administración pública federal, o bien, como todos aquellos trabajadores de la dependencia o entidad para la que concretamente prestó sus servicios el pensionado o los trabajadores que tienen el mismo puesto que finalmente ocupó el pensionado al momento de recibir su pensión.
La determinación del alcance de dicha locución es importante, pues si se arriba a esta última determinación en el sentido de que por trabajadores en activo debe entenderse a los de la dependencia o entidad para la que laboró el pensionado o a los que tienen el mismo puesto que ocupó éste, debe entonces acreditarse que dentro de ese órgano efectivamente se realizó el incremento autorizado, o que los trabajadores del puesto que ocupó recibieron realmente el incremento respectivo.
Por el contrario, si por la expresión de mérito se entiende a los trabajadores de la administración pública federal, bastará con que se acredite que el aumento relativo se autorizó de manera general para dichos trabajadores.
Con relación al tema, al resolver la contradicción de tesis 458/2011, en sesión de veintinueve de febrero de dos mil doce, la Segunda Sala del Máximo Tribunal Constitucional en este País, desentrañó a qué trabajadores en activo se hace referencia en la primera porción normativa que contiene el aquí analizado último párrafo del artículo 57 de la ley en comento, en la que se prevé el derecho de los pensionados a una gratificación anual igual en número de días a las concedidas a los trabajadores en activo; argumentando que, en virtud de que el artículo 1 de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado(14) establece que es aplicable a todos los trabajadores de la administración pública federal, debe entenderse entonces que los trabajadores en activo a los que se refiere el artículo 57 que se estudia, son precisamente aquéllos, los que están sujetos a la misma ley que rige las prestaciones a las que tienen derecho los jubilados.
Sostuvo que no se debe atender al puesto que ocupaban los pensionados al momento de recibir la pensión, pues si bien es cierto que este último es el que, en su momento, se toma en cuenta para determinar la pensión respectiva, esto es porque hasta ese entonces se han venido cotizando y cubriendo las cuotas correspondientes conforme a dicho puesto, lo que, ciertamente, hace que las pensiones no sean iguales en todos los casos; sin embargo, una vez que el trabajador se da de alta como pensionado o jubilado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, su situación queda bajo el imperio de la ley que rige a ese órgano desconcentrado y, por tanto, ya no le son aplicables las disposiciones que rigen a los trabajadores en activo.
La contradicción de tesis de mérito dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 41/2012 (10a.),(15) misma que se considera aplicable al caso, por analogía, y que es del tenor literal siguiente:
"TRABAJADORES DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL, JUBILADOS CONFORME A LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007). GRATIFICACIÓN ANUAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 57.-Para determinar la compensación anual a que se refiere el citado precepto, debe tenerse en cuenta que los ‘trabajadores en activo’ a los que alude, son los trabajadores de la Administración Pública Federal; por tanto, si estos últimos reciben por concepto de gratificación anual el número de días previsto en el artículo 42 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, ese es el número de días que deben recibir por concepto de gratificación anual quienes, perteneciendo al Sistema Educativo Estatal, hayan sido jubilados conforme a la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en virtud de algún convenio de incorporación de los previstos en sus artículos 146 y 147, salvo que en dicho instrumento se hubiera pactado un pago adicional a cargo del Gobierno Federal."
Partiendo de esta premisa, se observa que a través de los oficios circulares en los que el inconforme apoya su pretensión, se autorizó un incremento general a los trabajadores en activo, esto es, a los trabajadores al servicio de las dependencias y de las entidades de la administración pública federal; oficios circulares números 307-A.-0972, 307-A.-1504, 307-A.-0634, 307-A.-3386, 307-A.-2942, 307-A.-3796, 307-A.-2468 y 307-A.-2021, emitidos por la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Públ
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26259-60baf33c/bono-de-despensa-y-prevision-social-multiple-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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