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Modo: Corpus Pro

DERECHOS POR REFRENDO DE LICENCIA DE ANUNCIOS. EL EFECTO DEL AMPARO CONCEDIDO CONTRA EL ARTÍCULO 36, APARTADO A, FRACCIONES I, INCISOS A) Y B) Y VIII, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015, QUE PREVÉ LAS CUOTAS RELATIVAS, POR VIOLAR EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA, SON PARA QUE SE COBRE AL QUEJOSO LA TARIFA MÍNIMA [APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 29/2012 (10a.)].

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 409/2015 · Registro digital (IUS): 26260
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2016-04-29
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, Pág. 2241.

AMPARO EN REVISIÓN 409/2015. 8 DE OCTUBRE DE 2015. UNANIMIDAD DE VOTOS, CON VOTO ACLARATORIO DEL MAGISTRADO JUAN JOSÉ ROSALES SÁNCHEZ, QUIEN ESTÁ EN CONTRA DEL CRITERIO CONTENIDO EN ESTA TESIS. PONENTE: JORGE HUMBERTO BENÍTEZ PIMIENTA. SECRETARIA: ANA CATALINA ÁLVAREZ MALDONADO.

CONSIDERANDO:

QUINTO.-El estudio de los agravios conduce a las siguientes consideraciones.

Previo a su análisis, para una mejor comprensión de la conclusión a que se arribará, es menester traer a colación los antecedentes del caso, que por su importancia es necesario destacar.

Como se recordará, el quejoso reclamó las disposiciones de observancia general y preceptos legales siguientes: a) Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, en sus artículos 138 a 147 y sus decretos reformatorios; y, b) numeral 36, apartado A, fracciones I, incisos a) y b) y VIII, de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil quince.

En relación con la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, en sus artículos 138 a 147 y sus decretos reformatorios, el Juez de Distrito calificó como infundados los conceptos de violación, pues estimó que si la materia del decreto promulgatorio está constituida por la orden del gobernador para que se publique o dé a conocer el decreto para su debida observancia, entonces el decreto respectivo única y exclusivamente requiere, para su validez constitucional, de la firma del secretario de Gobierno, cuyo ramo administrativo es el que resulta afectado por dicha orden de publicación, pues la materia del decreto reclamado fue aprobada por el Congreso del Estado.

Respecto del numeral 36, apartado A, fracciones I, incisos a) y b) y VIII, de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil quince, el Juez a quo también calificó como infundados los conceptos de violación, porque consideró que la valoración de las características estructurales, ubicación y superficie de los anuncios publicitarios, así como las medidas de seguridad y mantenimiento que contempla ese numeral, son los aspectos que se toman en consideración para determinar el costo de la expedición del refrendo de licencias, en virtud de que la actividad del Estado, en tratándose del refrendo de la licencia para anuncios publicitarios, no se concreta a recibir la documentación correspondiente, sino que tiene a su cargo la vigilancia permanente de los anuncios, instalaciones e inmuebles que los soportan, a fin de preservar la seguridad de la población y de los bienes, el orden y la estética urbana.

Ahora bien, conviene puntualizar que por razón de técnica jurídica, los argumentos de impugnación planteados por los quejosos serán atendidos en un orden distinto de aquel en que fueron plasmados; desde luego, sin que lo anterior conlleve la existencia de alguna omisión por parte de este Tribunal Colegiado de Circuito, pues lo trascendente del caso estriba en que todos y cada uno de ellos serán objeto de examen en esta ejecutoria, con el fin de satisfacer plenamente los principios de exhaustividad y congruencia que deben prevalecer en toda resolución judicial.

Al respecto, es ilustrativa la jurisprudencia VI.2o.C. J/304 (número de registro digital: 167961) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que se comparte, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, febrero de 2009, página 1677, que cita:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO.-El artículo 79 de la Ley de Amparo previene que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito pueden realizar el examen conjunto de los conceptos de violación o agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero no impone la obligación al juzgador de garantías de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente en su escrito de inconformidad, sino que la única condición que establece el referido precepto es que se analicen todos los puntos materia de debate, lo cual puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso."

El "segundo" agravio es inoperante, pues el recurrente se limita a afirmar que: "...no obstante que el a quo establece razonamientos tendientes a establecer la constitucionalidad del decreto 11558 y sus decretos reformatorios, por considerar innecesario el refrendo por parte del secretario del ramo (además del correspondiente al secretario General de Gobierno), esta parte quejosa considera que los mismos son desacertados..."; empero, no controvierte la razón por la cual el juzgador estimó que no es inconstitucional la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco y sus decretos reformatorios, por no haberse satisfecho uno de los requisitos legales para la formación válida del acto legislativo, pues no había necesidad de que dichos decretos se hubieran firmado en forma conjunta por el secretario General de Gobierno y el secretario del ramo correspondiente, a efecto de que tuviesen validez, de conformidad con el artículo 46 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, porque -estimó el Juez a quo- la orden de publicación es el acto que emana de la voluntad del titular del Ejecutivo Federal y, por ende, no es válido exigir la firma del secretario o de los secretarios de Estado a quienes corresponda la materia de la ley o decreto que se promulgue o publique, pues sería tanto como refrendar un acto que ya no proviene del titular o del órgano Ejecutivo, sino del órgano Legislativo.

El juzgador federal precisó que si la materia del decreto promulgatorio está constituida por la orden del gobernador para que se publique o dé a conocer el derecho para su debida observancia, debe concluirse que el decreto respectivo única y exclusivamente requiere, para su validez constitucional, de la firma del secretario de Gobierno cuyo ramo administrativo es el que resulta afectado por dicha orden de publicación, pues la materia del decreto reclamado fue aprobada por el Congreso del Estado; por tanto, si el secretario del despacho cuyo ramo administrativo resulta afectado con la orden de publicación del decreto, previamente aprobada por el Congreso del Estado, es el secretario de Gobierno, consiguientemente, para la validez constitucional de esta orden de publicación se requiere su firma y no la de otro secretario.

En tanto que los recurrentes, en los agravios, sólo se inconforman de tal proceder, pero sin expresar razones para evidenciar el porqué son "incongruentes" y "contradictorios" los argumentos del juzgador.

Entonces, es claro que con lo que aducen los inconformes, realmente no se evidencia la ilegalidad de la sentencia, ni constituye un verdadero argumento que contenga la causa de pedir; esto es, el razonamiento concreto que ponga en evidencia que los que sustentan dicha resolución sean contrarios a la ley o a su interpretación.

A lo anterior cobra aplicación, al caso, la jurisprudencia 1a./J. 81/2002 (número de registro digital: 185425), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, diciembre de 2002, página 61, que dice:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO.-El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse."

Por lo demás, no es procedente resolver favorablemente la solicitud de los recurrentes, consistente en que se aplique el criterio que resulte al resolverse la contradicción de tesis 21/2014, que sobre el tema se encuentra pendiente de resolución por el Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito.

Lo anterior es así, pues este órgano colegiado tiene conocimiento, a través del Portal de Internet del Consejo de la Judicatura Federal, en el apartado de Sistema de Plenos de Circuito, de que la contradicción de tesis 21/2014, del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, se encuentra pendiente de resolución.

En cambio, es fundado el motivo de agravio "primero", respecto de que el artículo 36, apartado A, fracciones I, incisos a) y b) y VIII, de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil quince, vulnera los principios de proporcionalidad y equidad tributarias, porque los metros de la cartelera del anuncio y las características propias del mismo no guardan relación con el costo del servicio prestado por el Municipio de Guadalajara por la expedición de la licencia municipal del anuncio refrendada.

En efecto, la inspección y vigilancia de los anuncios son una función estatal y no un servicio público.

Se afirma lo anterior, puesto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los derechos cobrados por servicios públicos no pueden imponerse respecto de una actividad estatal generalizada, donde la prestación recibida por los particulares es indivisible e indeterminada, sino que se beneficia en conjunto con el resto de la población que requiere de la intervención del Estado, quedando comprendidas, en dicho supuesto, las funciones públicas asignadas constitucionalmente, como la administración de justicia, la seguridad pública o las facultades administrativas o fiscales de comprobación.

En ese orden de ideas, las visitas de verificación, inspecciones y procedimientos previstos en los artículos 341, fracción III, del Código Urbano del Estado; 12, fracciones VIII, IX, X y XI, 76 a 83 del título quinto, capítulo I, del Reglamento de Anuncios para el Municipio de Guadalajara, y demás disposiciones aplicables, para la fijación, colocación, emisión, instalación, conservación, modificación, ampliación o retiro de anuncios, no forman parte del derecho por la expedición del refrendo de la licencia de anuncios previsto en el numeral 36 de la Ley de Ingresos de la misma municipalidad para el ejercicio fiscal dos mil quince, en virtud de que aquellas son funciones estatales y no servicios públicos, de las que se desconoce si se individualizarán contra el titular de la licencia, de manera que aun cuando pudiera valorarse el costo que representa para el Estado el despliegue técnico que realiza antes de que se otorgue una licencia nueva, lo cierto es que ello no significa que pueda incorporarse como parte de la expedición del refrendo la actividad general y permanente de verificación o inspección llevada a cabo después de esa renovación.

En esos términos lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. CLVIII/2009 (número de registro digital: 165570), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, enero de 2010, página 322, cuyos rubro y texto son:

"DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS PARA CONSTRUIR, INSTALAR, FIJAR, MODIFICAR O AMPLIAR ANUNCIOS EN AZOTEA O AUTOSOPORTADOS. LAS VISITAS Y PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA REALIZADAS CON POSTERIORIDAD A ESE ACTO NO FORMAN PARTE DEL TRIBUTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 214, FRACCIÓN I, INCISO A), DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, VIGENTE EN 2008).-La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los derechos cobrados por servicios públicos no pueden imponerse respecto de una actividad estatal generalizada donde la prestación recibida por los particulares es indivisible e indeterminada, sino que se beneficia en conjunto con el resto de la población que requiere de la intervención del Estado, quedando comprendidas en dicho supuesto las funciones públicas asignadas constitucionalmente como la administración de justicia, la seguridad pública o las facultades administrativas o fiscales de comprobación, siendo que estas últimas son distintas a la vigilancia en la aplicación de subsidios económicos que otorga el gobierno, con base en el artículo 28, último párrafo, de la Carta Magna. En ese tenor, las visitas y procedimientos previstos en el Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal no forman parte del derecho por la expedición de licencia de anuncio establecido en el artículo 214, fracción I, inciso a), del Código Financiero de esa entidad federativa, vigente en 2008, en virtud de que aquéllas son funciones estatales y no servicios públicos, de las que se desconoce si se individualizarán contra el titular de la licencia, aunado a que la inspección del anuncio opera aunque no se tenga la autorización, se haya tramitado o no, o esté vencida, que revelaría que únicamente la pagarían quienes cuentan con ese documento, por lo que si bien puede valorarse el costo que representa para el Estado el despliegue técnico que realice antes de que se otorgue la licencia, no conlleva a que pueda incorporarse en ese tributo la actividad (general y permanente) de verificación llevada a cabo después de tal expedición."

No representa obstáculo para acudir al criterio en cita, el hecho de que se refiere a la expedición de licencias, aunque no propiamente del refrendo para construir, instalar, fijar, modificar o ampliar anuncios en azotea o autosoportados, así como a la legislación del Distrito Federal; habida cuenta que lo relevante para la solución del presente recurso radica en que las visitas y procedimientos de verificación administrativa realizados por el Estado con posterioridad a la expedición de la licencia y, en este caso, del refrendo, no forman parte del derecho respectivo, debido a que aquéllas son funciones estatales y no servicios públicos, de las que se desconoce si se individualizarán contra el titular de la licencia o el refrendo.

Por tanto, contrario a lo estimado por el juzgador de Distrito, las verificaciones, inspecciones o procedimientos administrativos que lleven a cabo las autoridades correspondientes, después de la expedición del refrendo de las licencias de anuncios, no pueden ser considerados como parte del derecho contenido en el artículo 36 de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil quince.

Así las cosas, resulta fundado su agravio relativo a que el artículo 36 de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil quince, viola los principios de equidad y proporcionalidad tributarias, previstos en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución General de la República, toda vez que la cuantificación del derecho no atiende al costo del servicio prestado por el Municipio, consistente en la expedición del refrendo municipal, sino a elementos ajenos a éste, pues varía según las características estructurales del anuncio y los metros cuadrados de la superficie total por la cual fue autorizado, cuando estos elementos no provocan que al Estado le cueste más la expedición del refrendo de la licencia.

El artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República dispone:

"Artículo. 31. Son obligaciones de los mexicanos: ...IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes."

En términos de la norma constitucional transcrita, es obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos de la Federación, del Distrito Federal o del Estado o Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que disponga la ley.

Por su parte, el artículo 7, fracción II, del Código Fiscal del Estado establece lo siguiente:

"Artículo 7. Para los efectos de aplicación de este código, se entenderá por: ...II. Derechos. Las contraprestaciones establecidas en la ley, por los servicios que preste el Estado en su función de derecho público; ..."

Del numeral transcrito se observa que define los derechos, como las contraprestaciones establecidas en la ley, por los servicios que presta el Estado en su función de derecho público.

De tal definición de derechos se advierte que éstos dimanan, esencialmente, del uso o aprovechamiento de bienes del dominio público, así como por prestar servicios el Estado en sus funciones de derecho público, por lo que de acuerdo con estos matices, los principios tributarios no pueden aplicarse de manera igual que en los impuestos, que es otro ingreso tributario.

Así lo estableció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 569 (número de registro digital: 1011861), publicada en el Tomo I, Constitucional, 3. Derechos Fundamentales, Primera Parte-Suprema Corte de Justicia de la Nación, Vigésima Primera Sección-Principios de justicia tributaria, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, página 1679, que dice:

"DERECHOS POR SERVICIOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD SE RIGEN POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS. Las garantías de proporcionalidad y equidad de las cargas tributarias establecidas en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que el legislador trata de satisfacer en materia de derechos a través de una cuota o tarifa aplicable a una base, cuyos parámetros contienen elementos que reflejan la capacidad contributiva del gobernado, se traduce en un sistema que únicamente es aplicable a los impuestos, pero que en manera alguna puede invocarse o aplicarse cuando se trate de la constitucionalidad de derechos por servicios, cuya naturaleza es distinta de la de los impuestos y, por tanto, reclama un concepto adecuado de esa proporcionalidad y equidad. De acuerdo con la doctrina jurídico-fiscal y la legislación tributaria, por derechos han de entenderse: ‘las contraprestaciones que se paguen a la hacienda pública del Estado, como precio de servicios de carácter administrativo prestados por los poderes del mismo y sus dependencias a personas determinadas que los soliciten’, de tal manera que para la determinación de las cuotas correspondientes por concepto de derechos ha de tenerse en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio y que las cuotas de referencia sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos."

A partir de las premisas anteriores, para ser proporcional la imposición de un derecho por servicios debe atenderse, ordinariamente, a los aspectos que enseguida se enlistan:

1. El monto de las cuotas debe guardar congruencia con el costo que para el Estado tenga la realización del servicio, sin que este costo sea el exacto, sino aproximado.

2. Las cuotas deben ser fijas e iguales para los que reciban un idéntico servicio, porque el objeto real de la actividad pública se traduce, generalmente, en la realización de actividades que exigen de la administración un esfuerzo uniforme, a través del cual puede satisfacer todas las necesidades que se presenten, sin un aumento apreciable en el costo del servicio.

A lo anterior es aplicable la jurisprudencia 570 (número de registro digital: 1011862), del Pleno del Máximo Tribunal del País, consultable en el Tomo I, Constitucional, 3. Derechos Fundamentales, Primera Parte-Suprema Corte de Justicia de la Nación, Vigésima Primera Sección-Principios de justicia tributaria, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, página 1680, que señala:

"DERECHOS POR SERVICIOS. SUBSISTE LA CORRELACIÓN ENTRE EL COSTO DEL SERVICIO PÚBLICO PRESTADO Y EL MONTO DE LA CUOTA. No obstante que la legislación fiscal federal, vigente en la actualidad, define a los derechos por servicios como las contribuciones establecidas en la ley por los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, modificando lo consignado en el Código Fiscal de la Federación de 30 de diciembre de 1966, el cual en su artículo 3o. los definía como ‘las contraprestaciones establecidas por el poder público, conforme a la ley, en pago de un servicio’, lo que implicó la supresión del vocablo ‘contraprestación’; debe concluirse que subsiste la correlación entre el costo del servicio público prestado y el monto de la cuota, ya que entre ellos continúa existiendo una íntima relación, al grado que resultan interdependientes, pues dicha contribución encuentra su hecho generador en la prestación del servicio. Por lo anterior, siendo tales características las que distinguen a este tributo de las demás contribuciones, para que cumpla con los principios de equidad y proporcionalidad que establece la fracción IV del artículo 31 constitucional, debe existir un razonable equilibrio entre la cuota y la prestación del servicio, debiendo otorgarse el mismo trato fiscal a los que reciben igual servicio, lo que lleva a reiterar, en lo esencial, los criterios que este Alto Tribunal ya había establecido conforme a la legislación fiscal anterior, en el sentido de que el establecimiento de normas que determinen el monto del tributo atendiendo al capital del contribuyente o a cualquier otro elemento que refleje su capacidad contributiva, puede ser correcto tratándose de impuestos, pero no de derechos, respecto de los cuales debe tenerse en cuenta ordinariamente el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio; y que la correspondencia entre ambos términos no debe entenderse como en derecho privado, de manera que el precio corresponda exactamente al valor del servicio prestado, pues los servicios públicos se organizan en función del interés general y sólo secundariamente en el de los particulares."

En tal virtud, para analizar la proporcionalidad y equidad de la disposición normativa que establece un derecho, debe tomarse en cuenta la actividad del Estado que genera su pago, que permitirá decidir si el parámetro de medición seleccionado para cuantificar la respectiva base gravable, resulta congruente con el costo que representa para la autoridad el servicio relativo, en la que la cuota no puede contener elementos ajenos al costo del servicio prestado, porque daría lugar a que, por un mismo servicio, se contribuya en un monto diverso.

Esta última premisa no es absoluta tratándose de derechos por servicios, porque el legislador puede establecer varias cuotas y tarifas progresivas, de manera excepcional, cuando la prestación del referido servicio requiere de una compleja conjunción de actos materiales de alto costo o que tiendan a agotar la prestación del servicio, para lo cual pueden tomarse en consideración elementos adicionales al costo del servicio, como los beneficios recibidos por los usuarios, o los fines de política fiscal para favorecer a quienes no tienen posibilidades económicas de acceder a tales servicios de gran importancia humana.

En otras palabras, las cuotas siempre deben guardar relación directa con el tipo de servicio prestado, aunque el monto no resulte acorde con el costo del servicio, debido a razones de política fiscal que el legislador ordinario establece con el fin de reducir o disminuir la carga económica del contribuyente, lo que da pauta, sin duda, a imponer válidamente, por un mismo servicio, cuotas diferentes, así como tarifas progresivas.

Al respecto, es ilustrativa la tesis 135, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (número de registro digital: 900808), localizable en el Tomo I, Materia Constitucional, de los Precedentes Relevantes, SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice:

"AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. LA TARIFA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 54, FRACCIÓN II, PUNTO 3, DE LA LEY DE INGRESOS DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 1997, RELATIVA AL SERVICIO MEDIDO PARA USO INDUSTRIAL, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA SÓLO POR ATENDER AL CONSUMO.-Conforme a la jurisprudencia 4/98 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte, que lleva por rubro: ‘DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE. PARA EXAMINAR SI CUMPLEN CON LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD, DEBE ATENDERSE AL OBJETO REAL DEL SERVICIO PRESTADO POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CONSIDERANDO SU COSTO Y OTROS ELEMENTOS QUE INCIDEN EN SU CONTINUIDAD.’ (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, enero de 1998, página 5), tratándose de derechos por servicios y, específicamente, por los de agua potable, para cumplir con el principio de proporcionalidad tributaria es menester atender no sólo al costo del servicio sino también a los beneficios recibidos por los usuarios, a sus posibilidades económicas y a otras razones de tipo extrafiscal, entre ellas, el destino que se da al agua y la necesidad de racionalizar su consumo, así como a los demás elementos que inciden en la continuidad del servicio. Por tanto, la tarifa contenida en la fracción II, punto 3, de la Ley de Ingresos de Puerto Vallarta, Jalisco, para el ejercicio fiscal de 1997, aplicable sólo para el servicio medido de uso industrial, no resulta violatoria del principio de proporcionalidad por el solo hecho de que atienda al consumo, estableciendo las cuotas aplicables a cada metro cúbico consumido al mes, tratándose de los derechos por el servicio de agua potable, así como el 25% de esas cuotas según el volumen de agua consumido para los derechos por el servicio de alcantarillado, porque con ello lógicamente se atiende no sólo al costo que representa la prestación de los servicios, pues lógicamente existe relación entre éste y el volumen de agua consumida y que tendrá que transportarse por la red de alcantarillado, sino, además, a otros aspectos, como son los beneficios recibidos por los usuarios, las posibilidades económicas de éstos, el uso que se da al agua, el fin extrafiscal de racionalizar el consumo del líquido y demás elementos que aseguran la continuidad de dichos servicios, todo lo cual se refleja en una cuota por metro cúbico de agua consumido, que si bien se eleva según aumenta el consumo, ello responde al señalado fin extrafiscal de racionalizar el consumo del líquido vital."

En ese orden de ideas, la cuantificación de las cuotas debe identificarse, en principio, con el tipo de servicio público prestado, luego, con su costo, en el que la cuota puede ser menor al último, es decir, no atender fielmente al costo del servicio por razones de política fiscal que deben justificarse en el proceso legislativo que culmine con la imposición del derecho o se desprendan claramente de la norma o de otras que tengan relación con ella.

Ahora bien, el artículo 36 de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil quince, dispone:

"Artículo 36. Las personas físicas o jurídicas que se anuncien en estructuras propias o en arrendamiento o cuyos productos o actividades sean anunciados en la forma que en este artículo se indica, deberán obtener previamente la licencia y pagar anualmente los derechos por la autorización y refrendo correspondiente, el cual se desprende de multiplicar el monto del derecho en razón de las características del anuncio y la superficie total por la cual fue autorizado el anuncio, conforme a la siguiente:

"Tarifa

"A. Tratándose de licencias nuevas o refrendos de los siguientes tipos de anuncios, los derechos correspondientes se pagarán, de conformidad con las fracciones siguientes:

"I. Anuncios sin estructura soportante tipo toldo; gabinete corrido; gabinete individual por figura; voladizo, rotulado, adosado y saliente; por cada metro cuadrado o lo que resulte del cálculo proporcional por fracción del mismo, sobre la superficie total que se publicite:

"a) De hasta 5 metros cuadrados: $42.00

"b) Por metro cuadrado excedente: $79.00

"II. Anuncios adosados o pintados no luminosos en placas de nomenclatura o señalamientos de propiedad municipal, por cada metro cuadrado o lo que resulte del cálculo proporcional por fracción del mismo, sobre la superficie total que se publicite:

"III. Anuncios en casetas telefónicas, por cada anuncio, por cada metro cuadrado o lo que resulte del cálculo proporcional por fracción del mismo, sobre la superficie total que se publicite: $71.00

"IV. Anuncios en parabuses y mupiteles, por cada anuncio, por cada metro cuadrado o lo que resulte del cálculo proporcional por fracción del mismo, sobre la superficie total que se publicite: $345.00

"V. Anuncios en puestos de periódico, de acuerdo al reglamento aplicable en la materia, por cada metro cuadrado o lo que resulte del cálculo proporcional por fracción del mismo, sobre la superficie total que se publicite: $79.00

"VI. Anuncios en sanitarios públicos, por cada anuncio, por cada metro cuadrado o lo que resulte del cálculo proporcional por fracción del mismo, sobre la superficie total que se publicite: $121.00

"VII. Anuncios publicitarios sobre puentes peatonales, de acuerdo al reglamento aplicable en la materia, por cada metro cuadrado o lo que resulte del cálculo proporcional por fracción del mismo, sobre la superficie total que se publicite: $780.00

"VIII. Anuncios instalados en semiestructuras de

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26260-d009d19b/derechos-por-refrendo-de-licencia-de-anuncios-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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